Registro Oficial No 572 - Martes 25 de Agosto de 2015 Suplemento

Martes, 25 de agosto de 2015

Última modificación: Martes, 05 de enero de 2016 | 19:16



Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado                       

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Martes 25 de Agosto de 2015 - R. O. No. 572

 

SUPLEMENTO

 

SUMARIO               

               

Asamblea Nacional:

 

 

Legislativo:

Ley         

 

-       Expídese la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural

               

Ministerio del Ambiente:

 

Ejecutivo:

Acuerdo 

 

079 Expídese la normativa para la inclusión de un ciclo en la cadena de valor del vidrio

               

Consejo de la Judicatura:

 

Judicial y Justicia Indígena

 

Resoluciones         

 

219-2015 Apruébese el informe final del ciclo II, especialidad no penal, del curso de formación inicial para la carrera judicial jurisdiccional a nivel nacional y declárese elegibles a las y los postulantes que lo aprobaron

               

220-2015 Apruébese el informe técnico y desígnese Notaria Suplente en el cantón Quito, provincia de Pichincha

               

224-2015 Apruébense los informes técnicos y desígnense notarias suplentes en la provincia de Guayas y Notario Suplente en la provincia de Pastaza

               

228-2015 Nómbrese Juez en el cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana

               

Gobiernos Autónomos Descentralizados: Ordenanzas Municipales:

 

Ordenanzas          

 

-       Cantón Tosagua: Que regula el cobro tarifario de las tasas por servicios administrativos de la Unidad Técnica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

               

-       Cantón Tosagua: De aprobación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015-2019

               

05-2015 Cantón La Troncal: Que regula la limpieza y mantenimiento de los bienes inmuebles baldíos

 

 

CONTENIDO

 


 

REPÚBLICA DEL ECUADOR

 

ASAMBLEA NACIONAL

 

Oficio No. SAN-2015-1457

 

Quito, 18 de agosto del 2015

 

Ingeniero

Hugo Del Pozo Barrezueta

Director Del Registro Oficial

En su despacho.-

 

De mis consideraciones:

 

La Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, discutió y aprobó el PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL.

 

En sesiones de 4 y 18 de agosto de 2015, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y se pronunció sobre la objeción parcial presentada por el señor Presidente Constitucional de la República.

 

Por lo expuesto, y, tal como dispone el artículo 138 de la Constitución de la República del Ecuador y al Artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, acompaño el texto de la LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, para que se sirva publicarlo en el Registro Oficial.

 

Atentamente,

 

f.) DRA. LIBIA RIVAS ORDÓÑEZ, Secretaria General.

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR

 

ASAMBLEA NACIONAL

 

CERTIFICACIÓN

 

En mi calidad de Secretaria General de la Asamblea Nacional, me permito CERTIFICAR que la Asamblea Nacional discutió y aprobó el ?PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL?, en primer debate el 12 de febrero y 5 de marzo de 2015; en segundo debate el 23 y 30 de junio de 2015; y se pronunció sobre la objeción parcial del Presidente Constitucional de la República el 4 y 18 de agosto de 2015.

 

Quito, 18 de agosto de 2015

 

f.) DRA. LIBIA RIVAS ORDÓÑEZ, Secretaria General.

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR

 

ASAMBLEA NACIONAL

 

EL PLENO

 

CONSIDERANDO

 

Que, el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a la educación como un derecho que las personas lo ejercen a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo;

 

Que, el artículo 27 de la Norma Suprema, establece que la educación debe estar centrada en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional;

 

Que, el artículo 343 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: ?El Sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El Sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El Sistema Nacional de Educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades?;

 

Que, el artículo 344 de la Norma Suprema establece: ?El Sistema Nacional de Educación comprenderá las instituciones, programas, por ideas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el Sistema de Educación Superior. El Estado ejercerá la rectoría del Sistema a través de la autoridad educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del Sistema.?;

 

Que, en el Segundo Suplemento del Registro Oficial número 417, del 31 de marzo de 2011, se publicó la Ley Orgánica de  Educación Intercultural (LOEI);

 

Que, es deber del Estado el garantizar la eficacia y eficiencia de las acciones técnicas, administrativas y pedagógicas en las diferentes instancias del sistema educativo del país, unificando y actualizando los nuevos criterios técnicos y legales vigentes; y,

 

En ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 120, numeral 6 de la Constitución de la República, expide la siguiente:

 

LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY

ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL

 

Artículo 1.- Incorpórese en el artículo 65 las siguientes reformas:

 

Al final del inciso primero agréguese el siguiente texto:

 

?La Junta Distrital estará presidida por el Director Distrital.?

 

Sustituir el último inciso por el siguiente:

 

?Las resoluciones de las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos serán apelables únicamente con efecto devolutivo ante la máxima autoridad del Nivel de Gestión Zonal correspondiente, sin perjuicio del derecho a recurrir ante sede contencioso administrativa.?

 

Artículo 2.- Sustitúyase el inciso segundo del artículo 74, por el siguiente texto:

 

?El Director Ejecutivo o Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa durará cuatro años en el cargo, podrá ser nombrado por un período adicional, cumpliendo el procedimiento establecido en el inciso anterior. En caso de incumplir con sus funciones podrá ser removido del cargo por acuerdo de al menos dos de los tres miembros de la Junta Directiva.?

 

Artículo 3.- Sustituir el Art. 93 por el siguiente:

 

?Art. 93.- La carrera educativa pública incluye al personal docente con nombramiento fiscal que labore en establecimientos educativos fiscales o fiscomisionales, en cualquiera de sus funciones, modalidades y niveles. Los docentes que laboren en instituciones particulares estarán amparados por el Código del Trabajo.

 

La Autoridad Educativa Nacional para satisfacer las necesidades del sistema, excepcionalmente, podrá otorgar nombramientos provisionales o suscribir contratos de servicios ocasionales de conformidad con la Ley.?

 

Artículo 4.- Sustitúyase el Artículo 96, por el siguiente:

 

?Art. 96.- Niveles y títulos reconocidos.- Para ingresar a la carrera educativa pública se deberá contar con título de educación superior.

 

Los profesionales cuyos títulos de tercer nivel no correspondan a los de ciencias de la educación en sus distintas menciones y especialidades tendrán un plazo máximo de tres (3) años para obtener un título de cuarto nivel en ciencias de la educación, caso contrario se dará por terminado su nombramiento provisional.

 

Los profesionales con título de nivel técnico o tecnológico superior que no correspondan a los de Ciencias de la Educación, deberán aprobar programas de capacitación en pedagogía, didáctica y profesionalización docente de acuerdo al Reglamento de la presente Ley, caso contrario se dará por terminado su nombramiento provisional.?

 

Artículo 5.- Reformar en el Art. 98 lo siguiente:

 

?Art. 98.- Traslados y planificación de partidas docentes.- Traslado es el cambio de un docente de un lugar o puesto de trabajo a otro, dentro de cada nivel, especialización y modalidad del sistema, que no implique modificación en el escalafón; podrán realizarse a petición del docente o por reubicación de partidas docentes por necesidades del sistema educativo, de acuerdo a lo siguiente:

 

1. Todo docente que haya laborado al menos dos (2) años lectivos completos en un mismo establecimiento educativo, podrá solicitar su traslado.

 

Los docentes habilitados para solicitar traslado lo harán de manera expresa y podrán ingresar al registro de candidatos elegibles para llenar la vacante de su interés.

 

El docente que solicita traslado tendrá preferencia para llenar una vacante en los siguientes casos:

 

a) Los que deban vivir cerca de un centro de salud por necesidad de atención médica especializada o por discapacidad propia, o de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad, que dependa económicamente de él o de su cónyuge o conviviente;

 

b) Los que requieran cambiar de lugar de trabajo por amenaza a su integridad física, debidamente comprobada;

 

c) Las y los docentes jefes de familia que tengan a su cargo hijos menores de cinco (5) años; y,

 

d) Los que hayan laborado en áreas o zonas rurales.

 

2. La Autoridad Educativa Nacional, en sus distintos niveles de gestión realizará la planificación de las partidas docentes necesarias para la adecuada atención del sistema.

 

 

Cuando exista exceso o déficit de docentes en una institución educativa, el respectivo nivel de gestión de la Autoridad Educativa Nacional, previo análisis y justificación técnica del área de planificación correspondiente, podrá disponer la reubicación de una partida, siempre que no implique cambio de residencia.

 

De forma excepcional se podrá disponer la reubicación de una partida y el traslado del docente que implique cambio de residencia, dentro de una misma zona y por una sola vez, por un máximo de dos (2) años, en los primeros cinco (5) años de ejercicio de la carrera docente. Se establece una bonificación por tal concepto, cuyo monto fijará la Autoridad competente.?

 

Artículo 6.- Sustitúyase el artículo 113, por el siguiente:

 

Art. 113.- Categorías escalafonarias y requisito para el ascenso de categoría.- El escalafón docente está conformado por siete categorías con denominación alfabética ascendente, desde la G, que constituirá la categoría general de ingreso, hasta la A.

 

La regulación del ingreso, permanencia y ascenso en las diferentes categorías del escalafón docente será establecida en el Reglamento General a esta Ley, en base a criterios de experiencia docente, titulación, resultados en los procesos de evaluación y desarrollo profesional. La permanencia mínima en cada categoría será de 4 años.

 

Artículo 7.- Sustituir el Art. 114 por el siguiente:

 

?Art. 114.- Funciones.- Dentro de la carrera docente pública, los profesionales de la educación podrán ejercer la titularidad de las siguientes funciones:

 

Docentes;

 

Docentes consejeros estudiantiles;

 

Docentes mentores;

 

Vicerrectores y Subdirectores;

 

Inspectores y subinspectores;

 

Asesores educativos;

 

Auditores educativos; y,

 

Rectores y directores.

 

Para optar por la función de docentes mentores, inspectores, subinspectores o subdirectores se requiere acreditar al menos los requisitos de la categoría E. Para ser asesores educativos, auditores educativos, vicerrectores, rectores o directores, se requiere acreditar al menos los requisitos determinados para la Categoría Descalafonaria. El acceso a las funciones descritas, definidas por el reglamento a la Ley, será por concurso público de méritos y oposición.?.

 

Artículo 8.- Sustitúyase el artículo 117, por el siguiente:

 

Art. 117.- De la Jornada Laboral.- La jornada ordinaria semanal de trabajo será de cuarenta horas reloj, de la siguiente manera: seis horas diarias, cumplidas de lunes a viernes. El tiempo restante hasta cumplir las ocho horas reloj diarias podrá realizarse dentro o fuera de la institución y estará distribuido en  actualización, capacitación pedagógica, coordinación con los representantes, actividades de recuperación pedagógica, trabajo en la comunidad, planificación, revisión de tareas, coordinación de área y otras actividades contempladas en el respectivo Reglamento.

 

Sin perjuicio de lo anterior, por necesidades del sistema educativo, las seis horas diarias cumplidas de lunes a viernes al interior del establecimiento educativo, pueden ser aumentadas hasta llegar a las ocho horas, por requerimiento de la máxima autoridad del plantel, previa autorización del Nivel Zonal Intercultural y Bilingüe correspondiente.

 

Artículo 9.- A continuación del Art. 123, agréguese el siguiente artículo: ?Art. 123.1. Promoción de los docentes consejeros estudiantiles.- Para ser promovidos a docentes consejeros, se deberán aprobar los siguientes requisitos previos al concurso público de méritos y oposición:

 

a) Superar las evaluaciones del Instituto Nacional de Evaluación Educativa;

 

b) Aprobar los exámenes correspondientes;

 

c) Acreditar la formación de consejería estudiantil; y,

 

d) Estar al menos en la categoría F del escalafón.?

 

Artículo 10.- Sustitúyase el Art. 142, por el siguiente:

 

Art. 142.- De los recursos.- A excepción de lo establecido en el artículo 65, contra los actos administrativos expedidos por las autoridades educativas con fundamento en las disposiciones de esta Ley, podrán interponerse los recursos previstos en el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, en la forma, plazos y procedimiento determinados en dicho Estatuto, sin perjuicio de las acciones judiciales y constitucionales a las que hubiere lugar.

 

Los actos normativos expedidos por dichas autoridades, con arreglo a la presente ley, podrán ser impugnados únicamente ante sede contenciosa administrativa.

 

Artículo 11.- Sustitúyase la Disposición General Cuarta, por la siguiente:

 

CUARTA.- La Autoridad Educativa Nacional es responsable y garante de producir y distribuir los textos, cuadernos y ediciones de material educativo, uniformes y alimentación escolar gratuitos para los niños, niñas y adolescentes de la educación pública y fiscomisional, en la medida de la capacidad institucional del Estado.

 

Los textos deberán ser actualizados cada tres años con arreglo a la calidad de los contenidos en relación con los principios y fines de la educación, en el marco del ordenamiento jurídico que regula la contratación pública.

 

 

Es igualmente responsabilidad de la Autoridad Educativa  Nacional dictar la política de cuidado y actualización de los bienes didácticos.

 

El Reglamento de aplicación a la Ley determinará las regulaciones de producción, distribución, uso, aprovechamiento, responsabilidad y devolución de aquellos textos y materiales que por sus características, contenidos y utilidad, deban ser proporcionados por el Estado en calidad de préstamo a docentes y estudiantes. En todos los casos y ámbitos educativos y sin perjuicio del ejercicio del dominio de los bienes escolares, se propenderá al cuidado y uso adecuado de cada uno de los instrumentos del proceso de aprendizaje.

 

Artículo 12.- A continuación de la Disposición General Décima Tercera, agréguese la siguiente:

 

DÉCIMA CUARTA.- La autoridad Educativa Nacional, en atención a las prescripciones contenidas en la presente ley, garantizará, por los medios que considere oportunos y convenientes, que las instituciones educativas privadas cancelen a su personal docente un sueldo no menor al salario mínimo legal, así como los demás beneficios de ley.

 

En caso de incumplimiento, podrá sancionar a los responsables de conformidad con la presente ley, luego del procedimiento respectivo.

 

Artículo 13.- Sustitúyase el tercer inciso y el Cuadro de Equiparación de la Disposición Transitoria Quinta, por el siguiente texto:

 

Los docentes públicos percibirán la bonificación para zonas de difícil acceso, atendiendo lo que establece el Art. 113 de la Ley Orgánica del Servicio Público. La equivalencia de cada categoría escalafonaria en relación a la escala de remuneración mensual unificada del servicio público se establecerá en el Reglamento de la presente ley.

 

Artículo 14.- Sustitúyase la Disposición Transitoria Décima Cuarta por la siguiente:

 

?DÉCIMA CUARTA.- Los bachilleres que se encuentren en la carrera docente pública deberán obtener un título de tercer nivel o del nivel técnico o tecnológico en ciencias de la educación hasta el 31 de diciembre de 2020, y con ello su nombramiento definitivo en la categoría G, caso contrario se dará por terminado su nombramiento provisional; al mismo plazo se someterán aquellos bachilleres que encontrándose en la base de elegibles al momento de la publicación de la presente Ley, accedan a la carrera docente pública tras ganar los respectivos concursos de mérito y oposición.

 

Los bachilleres que actualmente se encuentren ubicados en la categoría J, y los que se encuentren en el registro de candidatos elegibles al momento de la promulgación de la presente Ley e ingresen a la carrera docente, percibirán la remuneración mensual unificada fi jada para la categoría J vigente antes de la presente reforma.?

 

Artículo 15.- Agréguese como Disposición Transitoria  Cuadragésima Primera la siguiente:

 

?CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- Los docentes que, actualmente, se encuentran en las categorías H e I de la carrera docente, serán ubicados en la categoría G del escalafón.

 

La Autoridad Educativa Nacional en el plazo de treinta (30) días, establecerá el cronograma para la reubicación de categoría de los y las docentes de conformidad a lo dispuesto en la presente Ley.?

 

Artículo 16.- Agréguese como Disposición Transitoria Cuadragésima Segunda la siguiente:

 

?CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- En el plazo de hasta noventa (90) días contados a partir de la publicación de la presente Ley en el Registro Oficial, la Autoridad Educativa Nacional emitirá la normativa que establezca los criterios para la reubicación de partidas en aquellos casos en que dicho cambio implique traslado de domicilio de los docentes?.

 

Artículo 17.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los dieciocho días del mes de agosto de dos mil quince. f) GABRIELA RIVADENEIRA BURBANO, Presidenta. f) DRA. LIBIA RIVAS ORDÓÑEZ, Secretaria General.

 

En mi calidad de Prosecretario General de la Asamblea Nacional, certifico que la presente es fiel copia de la LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, que reposa en los archivos de la Asamblea Nacional.

 

f.) Ab. Christian Proaño, Prosecretario General.

 

No. 079

 

Lorena Tapia Nuñez

MINISTRA DEL AMBIENTE

 

Considerando:

 

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, establece el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente así como la prevención del daño ambiental;

 

Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador señala que, se reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza;

 

Que, el inciso tercero del artículo 71 de la Constitución de la  República del Ecuador establece que, el Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema;

 

Que, numeral 6 del artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador, señala como deber y responsabilidad de las ecuatorianas y ecuatorianos el respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible;

 

Que, el numeral 2 del artículo 278 de la Constitución de la República del Ecuador establece que, para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental;

 

Que, los artículos 395 y 396 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce como principios ambientales la adopción y aplicación transversal de las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño;

 

Que, el numeral 2 del artículo 397 de la Constitución de la República del Ecuador establece que, para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales;

 

Que, el artículo 232 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, establece, que se entenderán como procesos productivos eficientes el uso de tecnologías ambientales limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto; adoptadas para reducir los efectos negativos y los daños en la salud de los seres humanos y del medio ambiente. Estas medidas comprenderán aquellas cuyo diseño e implementación permitan mejorar la producción, considerando el ciclo de vida de los productos así como el uso sustentable de los recursos naturales.

 

Que, los artículos 1, 2 y 10 de la Ley de Gestión Ambiental, establecen los principios y directrices de la política ambiental en las cuales se señalan las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental; se determina los límites permisibles, controles y sanciones en esa materia; y, se preceptúa que son obligaciones de las instituciones del Estado del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su competencia aplicar los principios establecidos en dicha Ley y ejecutar las acciones específicas del medio ambiente y de los recursos naturales, así como el de regular y promover la conservación del ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales en armonía con el interés social.

 

Que, el artículo 8 de la Ley de Gestión Ambiental, establece  que la Autoridad Ambiental Nacional será ejercida por el Ministerio del Ambiente, que actuará como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones que dentro del ámbito de sus competencias y conforme a las leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado;

 

Que, el artículo 151 del Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales, describe los principios que rigen en la Normativa Ambiental aplicable, entre los cuales se encuentra el de la responsabilidad extendida del productor;

 

Que, el artículo 73 del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 061 publicado en la Edición Especial No. 316 del Registro Oficial de 04 de mayo de 2015, establece que, en el marco de la gestión integral de residuos sólidos no peligrosos, es obligatorio para las empresas privadas y municipalidades el impulsar y establecer programas de aprovechamiento mediante procesos en los cuales los residuos recuperados, dadas sus características, son reincorporados en el ciclo económico y productivo en forma eficiente, por medio del reciclaje, re-utilización, compostaje, incineración con fines de generación de energía, o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o económicos

 

Que, el artículo 2 del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 061 publicado en la Edición Especial No. 316 del Registro Oficial de 04 de mayo de 2015, establece que, los productores o importadores, según sea el caso, individual y colectivamente, tienen la responsabilidad de la gestión del producto a través de todo el ciclo de vida del mismo, incluyendo los impactos inherentes a la selección de los materiales, del proceso de producción de los mismos, así como los relativos al uso y disposición final de estos luego de su vida útil. La Autoridad Ambiental Nacional, a través de la normativa técnica correspondiente, establecerá los lineamientos en cuanto al modelo de gestión que se establecerá para el efecto.

 

Que, la problemática suscitada en el Ecuador respecto a la recuperación del vidrio como residuo ha llevado a la necesidad de construir una política pública nacional que viabilice su reducción, recuso y reciclaje en el marco de una cadena de valor sustentable;

 

Que, mediante taller multicriterio realizado el 28 de agosto de 2014 todos los actores involucrados tomaron conocimiento de las propuestas de política para la inclusión de un circuito cerrado en la cadena de valor del vidrio en el Ecuador, aprobando la iniciativa referente a la implementación de la responsabilidad extendida;

 

En uso de las atribuciones establecidas en el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva;

 

Acuerda:

 

EXPEDIR LA NORMATIVA PARA LA INCLUSIÓN DE

UN CICLO EN LA CADENA DE VALOR DEL VIDRIO

APLICANDO EL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD

EXTENDIDA DE LOS PRODUCTORES,

ENVASADORES E IMPORTADORES

 

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

 

Art. 1. Objetivo.- El presente Acuerdo Ministerial tiene por objeto establecer como política nacional la inclusión de un ciclo en la cadena de valor del vidrio, que viabilice la reducción, re-uso y reciclaje o reproceso del residuo, mediante la implementación del principio de responsabilidad extendida del productor en todas las fases del ciclo de vida útil del material.

 

Art. 2. Principios generales.- Sin perjuicio de los demás principios que rigen la legislación ambiental aplicable, para la cabal aplicación del presente Acuerdo, se tomará en cuenta los siguientes:

 

Principio de responsabilidad extendida del productor: Establece que los productores o importadores, según sea el caso, individual y colectivamente, tienen la responsabilidad de la gestión del producto a través de todo el ciclo de vida del mismo, incluyendo los impactos inherentes a la selección de los materiales, del proceso de producción de los mismos, así como los relativos al uso y disposición final de estos luego de su vida útil. La Autoridad Ambiental Nacional, a través de la normativa técnica correspondiente, establecerá los lineamientos en cuanto al modelo de gestión que se establecerá para el efecto.

 

Este principio, frecuentemente utilizado en la región, permite que las empresas que ponen el producto en el mercado sean las encargadas de recuperarlo luego de su vida útil y promover procesos de reducción, re-utilización y reciclaje.

 

Principio precautorio: Determina que es la obligación del Estado, a través de sus instituciones y órganos de acuerdo a las potestades públicas asignadas por ley, de adoptar medidas protectoras eficaces y oportunas cuando haya peligro de daño grave o irreversible al ambiente, aunque haya duda sobre el impacto ambiental de alguna acción, u omisión o no exista evidencia científica del daño.

 

El principio de precaución se aplica cuando es necesario tomar una decisión u optar entre alternativas en una situación en que la información técnica y científica es insuficiente o existe un nivel significativo de duda en las conclusiones del análisis técnico-científico. En tales casos el principio de precaución requiere que se tome la decisión que tiene el mínimo riesgo de causar, directa o indirectamente, daño al ecosistema. Principio de jerarquía del manejo de residuos sólidos: Establece el fomento al desarrollo del aprovechamiento y valorización de los residuos y/o desechos, considerándolos un bien económico. En base a este principio se deben considerar las acciones en el siguiente orden jerárquico: Prevención y/o minimización de la generación en la fuente, como forma efectiva de disminución del impacto.

 

Aprovechamiento y/o valorización de los residuos, a través del re-uso o reciclaje.

 

Tratamiento; y

 

Disposición final

 

Art. 3. Ámbito de aplicación.- Se hallan sujetos al cumplimiento y aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que dentro del territorio ecuatoriano participe en la importación, fabricación y/o en el envasado de alimentos y bebidas contenidos en vidrio, siendo los responsables de la implementación y ejecución de los Planes de Gestión Integral que se anexan a este instrumento (anexo 2).

 

La corresponsabilidad para el efectivo cumplimiento de estos objetivos, recae sobre los distribuidores, comerciantes, detallistas y consumidores de productos envasados en vidrio.

 

CAPÍTULO II

DE LAS POLÍTICAS DE IMPLEMENTACIÓN

EFECTIVA DEL CICLO EN LA CADENA

DE VALOR DEL VIDRIO

 

TÍTULO I

REDUCCIÓN DE ENVASES DE VIDRIO

 

Art 4. Del sistema de reducción del residuo vidrio.- Las empresas embotelladoras/envasadoras deberán reducir la cantidad de vidrio puesto en el mercado (toneladas de vidrio anuales) bajo los siguientes lineamientos:

 

 

Las empresas sujetas al cumplimiento de este sistema deberán presentar un ?Registro Base? (Anexo 1), donde se detallen las toneladas de vidrio puestas en el mercado en el año de registro, es decir, el total de sus ventas en el año cero.

 

Deberán desarrollar sistemas logísticos y/o tecnológicos para garantizar la reducción del 2% del total de vidrio puesto en el mercado bianualmente e iniciará a partir del año 2 de implementado el Acuerdo Ministerial. Cabe recalcar que la meta de reducción se incrementa en un 2% en relación a lo puesto en el mercado, lo que significa que al año cuarto de implementación se debe reducir el 4% y al año sexto el 6%.

 

Se consideran posibles estrategias para el sistema de reducción las siguientes:

 

Uso de contenedores de mayor capacidad que reemplacen envases de vidrio retornables y/o no retornables en locales detallistas.

 

Reducir el peso de cada envase mediante avances tecnológicos.

 

Entre otros mediante los cuales se pueda reducir la cantidad de vidrio puesto en el mercado.

 

d.             Deberán reportar a la Autoridad Ambiental Nacional un informe bianual (anexo 3) de cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Gestión de vidrio que responde a este Acuerdo, referente a la reducción de los envases puestos en el mercado en unidades de toneladas de vidrio reducidas.

 

TÍTULO II

RE-UTILIZACIÓN DE ENVASES DE VIDRIO

 

Art. 5. Del sistema de re-utilización del residuo vidrio.- Las empresas embotelladoras/envasadoras deberán incentivar el uso de botellas retornables a fin de evitar que su vida útil se enmarque en un solo uso, todo ello bajo los siguientes lineamientos:

 

Las empresas sujetas al cumplimiento de este sistema serán embotelladoras/envasadoras de bebidas alcohólicas y/o no alcohólicas cuyas ventas (toneladas de vidrio anuales) en envases de vidrio retornables represente menos del 20% del total de vidrio puesto en el mercado por cada empresa sujeta de control.

 

Las empresas sujetas al cumplimiento de este sistema deberán presentar un ?Registro Base? (Anexo 1), donde se detallen las toneladas de vidrio puestas en el mercado en el año de registro, es decir, el total de sus ventas en el año cero.

 

Deberán reemplazar gradualmente envases no retornables por retornables para garantizar la reutilización del 10% del total de vidrio puesto en el mercado, iniciará a partir del año 2 de implementado el Acuerdo Ministerial con la meta de reutilización del 5% de lo puesto en el mercado en esos dos años. Cabe recalcar que la meta de reutilización se incrementa en un 5% en el año cuatro y se mantiene en un 10 % alcanzando así la meta establecida.

 

Se consideran posibles estrategias para cumplir con el sistema de re-utilización las siguientes:

 

Contar con sistemas eficientes de recogida periódica de los envases vacíos de sus canales de comercialización y redes de distribución en los que se entregaron los envases llenos, acortando el tiempo de retorno.

 

Promover la retornabilidad de los envases a través de campañas enfocadas a elevar los niveles de conocimiento y responsabilidad de la sociedad sobre el manejo del vidrio y su efecto sobre el ambiente, para lograr prácticas de consumo responsable.

 

Entre otros mediante los cuales se pueda re-utilizar la  cantidad de vidrio puesto en el mercado.

 

e.             Las empresas sujetas al cumplimiento del sistema de reutilización deberán reportar a la Autoridad Ambiental Nacional un informe bianual de cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Gestión de vidrio que responde a este Acuerdo, referente a la retornabilidad de los envases puestos en el mercado en unidades de toneladas anuales re-utilizadas.

 

TÍTULO III

RECICLAJE DE ENVASES DE VIDRIO

 

Art. 6. Del sistema de reciclaje.- Las empresas envasadoras/ embotelladoras, productoras e importadoras, a mas del cumplimiento de las metas establecidas en los sistemas de reducción y re-utilización, deberán desarrollar un sistema logístico que permita su recuperación o reciclaje bajo los siguientes lineamientos:

 

Las empresas sujetas al cumplimiento de este sistema deberán presentar un ?Registro Base? (Anexo 1), donde se detallen las toneladas de vidrio puestas en el mercado en el año de registro, es decir, el total de sus ventas en el año cero.

 

Las empresas productoras deberán reciclar al menos 55% del vidrio puesto en el mercado, en un período de 6 años, lo que iniciará a partir del año uno con un 30% y tendrá un incremento anual del 5%, hasta alcanzar la meta establecida. Dentro de este porcentaje de recuperación no podrá constar el material de descarte de producción (residuo post industrial).

 

Las empresas importadoras, embotelladoras y envasadoras deberán recolectar para su reciclaje al menos el 65% del vidrio puesto en el mercado en un período de 6 años, iniciando con un 15% a partir del año uno y con un incremento anual del 10% hasta llegar a la meta mínima establecida.

 

Las empresas sujetas al cumplimiento del sistema de reciclaje deberán reportar a la Autoridad Ambiental Nacional un informe anual de cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Gestión de vidrio que responde a este Acuerdo, referente a reciclaje de los envases de vidrio puestos en el mercado representado en toneladas anuales recicladas.

 

Art. 7. De la corresponsabilidad.- La responsabilidad extendida de las empresas productoras, embotelladoras, envasadoras e importadoras se desplegará hacia los distribuidores y consumidores para aumentar el reciclaje en envases no retornables, y fomentar el uso de envases retornables, utilizando estrategias, que pueden incluir:

 

Canje de incentivos al consumidor a cambio de un número de envases vacíos.

 

Dispositivos tecnológicos y/o no tecnológicos para  recuperar el vidrio directamente del consumidor en lugares estratégicos.

 

Empleo de sistemas de transporte existentes para la recolección del vidrio recuperado.

 

Ente otros mediante los cuales se pueda recuperar y reciclar la cantidad de vidrio puesto en el mercado.

 

Art. 8. De los recicladores organizados.- Las empresas productoras deberán reportar al menos el 20% del vidrio total recuperado procedente de asociaciones de recicladores de la Economía Popular y Solidaria (EPS), en un período de 6 años y deberá realizarse bajo el siguiente esquema:

 

Primer año 3%

 

Segundo año 6%

 

Tercero año 9%

 

Cuarto año 12%

 

Quinto año 15% f. Sexto año 20%

 

Esto deberá realizarse a través del establecimiento de negocios inclusivos que configuren una alianza, para lo cual el Plan de Gestión debe contemplar los siguientes ejes:

 

Comercial: Pago a los recicladores asociados con un precio competitivo y estandarizado para estimular la recolección de envases de vidrio.

 

Logístico: Planificación adecuada con los recicladores organizados para el retiro de los materiales de vidrio recuperados.

 

Acceso a financiamiento (reembolsable y no reembolsable) para la dotación de equipos para recolección y trituración.

 

Capacitación para el manejo seguro de los residuos sólidos de vidrio.

 

Capacitación en buenas prácticas de gestión empresarial y construcción de confianza entre los actores.

 

Art. 9. De los actores.- A efectos de establecer los negocios inclusivos con los ejes comerciales, de transferencia de tecnología, acceso a financiamiento y desarrollo de capacidades, las empresas privadas podrán, de manera complementaria, tomar contacto con los siguientes actores:

 

Municipios; a fin de trabajar en la concientización y promoción de la recolección selectiva a nivel de los recicladores, promoviendo y brindando asistencia técnica para su asociatividad empresarial y a nivel de los centros de acopio asociativo.

 

Instituto de Economía Popular y Solidaria; los sujetos de  control podrán apoyar a asociaciones de EPS para fortalecer o establecer centros de acopio asociativo de reciclaje, a través de la dotación de equipamiento, recursos para infraestructura, desarrollo de capacidades de gestión empresarial y en general en el fortalecimiento de la asociatividad.

 

Organismos multilaterales, Agencias de cooperación u ONGs nacionales o internacionales; como fuentes potenciales adicionales, con fondos disponibles para responsabilidad ambiental, con proyectos de duración entre 2 a 4 años, que se centrarán en la sensibilización de la sociedad sobre la importancia del reciclaje por sus impactos positivos ambientales y sociales; tal participación tendrá un carácter complementario y alineado a la estrategia nacional expresada en esta alternativa o aquella que la autoridad ambiental nacional establezca.

 

CAPÍTULO III

DE LAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES

 

Art. 10. De la responsabilidad extendida a los a

 

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