Registro Oficial No 453 - Viernes 06 de Marzo de 2015

Viernes, 06 de marzo de 2015

Última modificación: Jueves, 07 de mayo de 2015 | 11:01

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Viernes 06 de Marzo de 2015 - R. O. No. 453

 

 

SUMARIO

               

               

Presidencia de la República:

 

 

Ejecutivo:

Decretos               

 

581 Expídense las normas de transición al Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito

 

               

582 Expídese el Reglamento del Régimen de Colaboración Público-Privada

 

               

583 Dispónese la extinción de la Empresa Pública de Revisión Técnica Vehicular RETEVE EP

 

               

584 Modifíquese el Decreto Ejecutivo No. 1121

 

               

585 Acéptense las renuncias de varios funcionarios de Estado

 

               

586 Agradézcanse los servicios prestados y dense por terminadas las funciones del Embajador del Servicio Exterior, Carlos Alberto Patricio Játiva Naranjo, ante la República de Francia

 

               

587 Agradézcanse los servicios prestados y dense por terminadas las funciones del Embajador del Servicio Exterior, Patricio Alberto Chávez Zavala, ante la Federación de Rusia

 

               

Vicepresidencia de la República:

 

Acuerdos              

 

003-2015 Convalídense y ratifíquense las actuaciones administrativas y financieras de varios funcionarios

               

004-2015 Deléguense atribuciones al Secretario/a General y otros

 

               

Ministerio Coordinador de Seguridad y Ministerio de Salud Pública:

 

Acuerdo Interministerial     

 

001 Dispónese el traspaso a perpetuidad de varios bienes a favor de la Coordinación Zonal 9 ? Salud

               

Ministerio del Interior:

 

Acuerdos              

 

5040-A Dispónese con carácter permanente y obligatorio la transversalización del enfoque de género en todas las dimensiones de gestión y estructura de este Ministerio, Gobernaciones y Policía Nacional del Ecuador

 

5041 Legalícese la comisión de servicios y deléguense atribuciones a las siguientes personas:

 

Señor Luis David Varese Scotto, Asesor 3 del Despacho Ministerial y otro

 

               

5042 Ingeniero Ricardo Gómez Vega, Servidor Público 7 y otros

 

               

5042-A Doctor Diego Fuentes Acosta, Viceministro de Seguridad Interna y otra

 

               

5060 Doctor Diego Fuentes Acosta, Viceministro de Seguridad Interna y otra

 

               

5164 Abogado Marcelo Dueñas Gallo, Servidor Público 7 y otros

 

               

5165 Teniente Coronel William Posso Mejía, Edecán del Ministro

 

               

5166 Señor Sergio Correa Romero, Asesor 5 y otros

 

               

5171 Déjese sin efecto la baja de las filas policiales del señor Teniente de Policía Higor Horacio Zambrano Falcones

               

5227 Cabo Primero Angel Esmeli Guarnizo Rosillo y otro servidor policial de Interpol

               

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos:

               

0442 Dispónese la obligatoriedad del uso de software ESIGPEN

 

               

0443 Revóquese y déjese sin efecto el Acuerdo Ministerial 414 de 27 de marzo de 2013

 

               

0444 Deléguense funciones a la abogada Vanessa Adriana Rovayo Boschetti, Viceministra de Atención a Personas Privadas de la Libertad

               

Ministerio del Trabajo:

               

MDT-2015-0041 Determínese la clasificación municipal de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, en las categorías A, B, C, o D y establécese la escala de pisos y techos de las remuneraciones mensuales unificadas de las y los servidores

 

Gobiernos Autónomos Descentralizados: Ordenanzas Municipales:

 

Ordenanzas         

 

-       Cantón Portoviejo: Que regula la utilización u ocupación del espacio público o la vía pública y el espacio aéreo municipal, suelo y subsuelo, por la colocación de estructuras, postes y tendido de redes pertenecientes a personas naturales o jurídicas privadas

               

001-2015 Cantón Santa Ana: Que regula el uso de los espacios públicos en cuanto a la compra, venta, entrega gratuita y consumo de bebidas alcohólicas

               

-       Cantón Santa Elena: De constitución y Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos

 

 

 

CONTENIDO

 

 


 

Nº 581

 

Rafael Correa Delgado

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que, en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 407 de 31 de diciembre del 2014, se publicó la ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial;

 

Que, a fin de garantizar la protección de las personas con motivo de accidentes de tránsito, en el primer artículo innumerado contemplado en el artículo 31 de dicha ley reformatoria, se establece el Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito;

 

Que la precitada disposición reformatoria indica que corresponde al Gobierno Central determinar la entidad que asuma la administración del sistema;

 

Que la Disposición Transitoria Cuarta de la ley reformatoria establece un plazo de 180 días para la depuración de datos e implementación de las plataformas tecnológicas necesarias para el pleno funcionamiento del sistema; y,

 

Que, es necesario regular el régimen de transición hasta el inicio del funcionamiento del Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito.

 

En ejercicio de las facultades previstas en los numerales 5 y 13 del artículo 147 de la Constitución de la República del Ecuador

 

Expide:

 

Las siguientes normas de transición al Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito

 

Artículo 1.- Hasta que se implemente en su totalidad el Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito, corresponde al Fondo de Accidentes de Tránsito, FONSAT cubrir a nivel nacional a los centros de salud los montos originados en accidentes de tránsito, sean éstos por víctimas, transportadas y no transportadas o deudos de las mismas, en accidentes ocasionados por vehículos o sin que hubieren contado con el seguro obligatorio de accidentes de tránsito.

 

En caso de que los vehículos a motor contaren al momento del accidente de tránsito con el SOAT vigente, los valores serán cubiertos por la aseguradora, pudiendo en todo caso el FONSAT repetir el cobro de dichos valores en caso de pago inadecuado, de lo cual reportará a la Superintendencia de Bancos para el cobro respectivo.

 

Artículo 2.- Hasta que el FONSAT expida las correspondientes normas técnicas, el monto de la tasa a ser cancelada por los propietarios de automotores al momento de la matriculación, será similar al valor de las primas por seguros vigente antes de la expedición de la ley reformatoria. Dichas disposiciones comprenderán las condiciones, exclusiones y límites pertinentes.

 

De igual manera, los montos de las prestaciones médicas por accidentes de tránsito a ser cancelados a los centros de salud, será similar al monto vigente para las aseguradoras hasta antes de la expedición de la ley reformatoria.

 

Los valores de las prestaciones médicas serán uniformes, obligatorios y fijos y serán fijados por el Ministerio de Salud y el FONSAT según su competencia. De ser pertinente, serán revisadas cada año y modificadas, en los casos que amerite, de acuerdo a las variables que se establezcan en las respectivas normas técnicas.

 

Artículo 3.- Los vehículos a motor no podrán circular si, al momento de la obtención de la matrícula, no procedieren al pago de la tasa respectiva al FONSAT, de conformidad con la calendarización correspondiente.

 

El FONSAT estará facultado para establecer periodos especiales para el pago de las tasas correspondientes en caso de que durante el periodo de transición se presentaren imprevistos respecto de dicho pago, estableciendo al efecto los mecanismos que considere más adecuados.

 

El cobro de la tasa de los automotores cuyo SOAT hubiere fenecido o no hubieren dispuesto de él con anterioridad al momento de su matriculación se efectuará con los recargos y multas del caso.

 

Artículo 4.- El FONSAT sustituirá en todos los derechos y obligaciones a que hubiere lugar en los convenios y contratos que estimen necesario continúen vigentes con las instituciones de salud bajo el régimen de seguros anterior, sin perjuicio de celebrar nuevos convenios o contratos.

 

Artículo 5.- Hasta que se expidan las normas correspondientes por parte del FONSAT, los centros de salud atenderán a las personas que hubieren sufrido accidentes de tránsito con la sola presentación de la respectiva matrícula del automotor cuando aquello fuere posible.

 

Artículo 6.- Los valores cubiertos por el FONSAT no sustituyen en ningún caso las responsabilidades civiles originadas por los accidentes de tránsito, sin embargo, las indemnizaciones que son cubiertas por el FONSAT serán deducidas de la responsabilidad civil.

 

Los valores cubiertos por el FONSAT no excluyen otros  seguros, siendo en tal caso acumulativos, incluyendo seguro médico, a cualquier cobertura que por otras pólizas haya a favor de terceras personas, para efectos de indemnizaciones.

 

Artículo 7.- El Estado, con la intervención de la Superintendencia de Bancos y Seguros y el Ministerio de Salud Pública, dentro del ámbito de sus competencias, continuará garantizando el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las pólizas de seguros SOAT, así como de la prestación de los servicios de salud que requieran las víctimas de accidentes de tránsito amparadas por el SOAT durante su vigencia.

 

Del cumplimiento del presente Decreto Ejecutivo encargase al Ministerio de Finanzas, Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Ministerio de Salud, Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Fondo de Accidentes de Tránsito y Sistema de Rentas Internas.

 

DISPOSICION FINAL.- el presente Decreto Ejecutivo regirá a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 18 de febrero de 2015.

 

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.

 

Quito 24 de febrero del 2015, certifico que el que antecede es fiel copia del original.

 

Documento firmado electrónicamente.

 

Alexis Mera Giler. SECRETARIO GENERAL JURÍDICO. Secretaría General Jurídica.

 

Nº 582

 

Rafael Correa Delgado

 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que el Artículo 313 de la Constitución de la República prevé que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de su decisión y control exclusivos;

 

Que según el mismo Artículo se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua y los demás que determine la ley;

 

Que el Artículo 314 de la Constitución de la República establece que el Estado será responsable de la provisión de los servicios de agua potable y de riego, saneamiento, energía  eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias y los demás que determine la ley;

 

Que el segundo inciso del Artículo 316 señala que el Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos que establezca la ley;

 

Que el Artículo 100 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones dispone en forma excepcional, debidamente decretada por el Presidente de la República cuando sea necesario y adecuado para satisfacer el interés público, colectivo o general, cuando no se tenga la capacidad técnica o económica o cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por empresas públicas o mixtas, que el Estado o sus instituciones podrán delegar a la iniciativa privada o a la economía popular y solidaria, la gestión de los sectores estratégicos y la provisión de los servicios públicos de electricidad, vialidad, infraestructuras portuarias o aeroportuarias, ferroviarias y otros;

 

Que el tercer inciso del mismo Artículo determina la modalidad de delegación, que podrá ser la concesión, alianza estratégica u otras formas contractuales de acuerdo a la ley, observando, para la selección del delegatario los procedimientos de concurso público determinados en el reglamento, salvo cuando se trate de empresas de propiedad estatal de los países que formen parte de la comunidad internacional, en cuyo caso la delegación podrá hacerse de forma directa;

 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 810, publicado en el Registro Oficial No. 494 de julio 19 de 2011, se expidió el Reglamento de aplicación de régimen excepcional de delegación de servicios públicos de transporte;

 

Que el Artículo 4 de dicho Decreto regula las modalidades de delegación, a saber: concesión y autorización;

 

Que es necesario establecer las normas que prevean a la asociación entre la entidad pública y las empresas privadas, como modalidad de delegación excepcional de cualquier proyecto en las áreas a que se refiere el Artículo 100 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; y,

 

En ejercicio de la atribución conferida por el número 13 del Artículo 147 de la Constitución de la República,

 

Decreta:

 

REGLAMENTO DEL RÉGIMEN

DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

 

Artículo 1.- Iniciativa oficiosa y privada.- La iniciativa de cualquier Proyecto puede provenir de cualquiera de los órganos y entidades del sector público titulares de la competencia a ser delegada.

 

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo precedente, la iniciativa de un Proyecto puede provenir de cualquier sujeto de Derecho Privado. En este caso, el sujeto se denomina ?Proponente  Privado? y el proyecto propuesto la ?Iniciativa Privada?, que puede originarse previa invitación del Promotor Público o de motu propio, de cualquier persona jurídica o un conjunto de ellas.

 

Artículo 2.- Ámbito de las propuestas de Iniciativa Privada.- Las Iniciativas Privadas pueden referirse a cualquier Proyecto relacionado con sectores estratégicos, servicios públicos o cualquier otro servicio de interés general, tanto nuevos como aquellos existentes, respecto de los cuales exista contratos en ejecución.

 

Artículo 3.- De la Propuesta.- Como consecuencia de lo dispuesto en este Reglamento, la empresa privada puede presentar, para consideración y decisión del Promotor Público, propuestas para la gestión delegada de Proyectos, lo que no implica la constitución de derecho alguno a su favor, ni que el Promotor Público tenga la obligación de dar trámite o aceptar la Iniciativa Privada, por acto expreso o silencio administrativo.

 

Las Iniciativas Privadas no constituyen ofertas mercantiles y su presentación no otorga al Proponente Privado, más derechos que los previstos en este Reglamento y, en su caso, los Pliegos correspondientes.

 

Asimismo, en ningún caso la falta de actividad o de respuesta del Promotor Público, en cualquiera de las etapas del procedimiento regulado en este Reglamento, implica la aceptación de la propuesta del proponente privado o de sus pedidos o requerimientos. Por tanto, el Proponente Privado no tiene derecho a exigir al Promotor Público ninguna prestación económica, indemnización o retribución con motivo de los gastos y costos en los que hubiere incurrido en la preparación de su propuesta, salvo en el evento de que la Iniciativa Privada hubiera sido sometida a concurso público y el Proponente Privado no haya resultado adjudicatario.

 

Tampoco tendrá derecho de exclusividad sobre la idea del Proyecto ni de confidencialidad sobre la propuesta presentada hasta la fecha de conclusión de la evaluación de interés público. Una vez concluida la fase de evaluación de interés público, toda la documentación que forma parte de la propuesta, una vez presentada, será de carácter público.

 

La presentación de la propuesta autoriza al Promotor Público a realizar todas las modificaciones, aclaraciones o adiciones en la Iniciativa Privada.

 

Artículo 4.- Procedimiento en la etapa de diseño del Proyecto aplicable a las Iniciativas Privadas.- Las Iniciativas Privadas se sujetan en la etapa de diseño del Proyecto a los procedimientos de presentación, evaluación de interés público y análisis de viabilidad.

 

Todo Proponente Privado debe sujetarse al procedimiento precontractual pertinente, sin otra ventaja en relación con los otros oferentes, que el puntaje de bonificación o los beneficios que se hayan contemplado en los pliegos respectivos.

 

Artículo 5.- Iniciativas Privadas en relación con contratos  en ejecución.- Cuando la Iniciativa Privada se refiera a proyectos existentes, el Proponente se encuentra obligado a lo siguiente:

 

Vincular su propuesta a un contrato de gestión delegada en ejecución, suscrito por el mismo Proponente Privado, en su caso, por uno de sus miembros.

 

Presentar una descripción detallada de la manera en que la propuesta se vincula técnicamente con el Proyecto en ejecución.

 

Para efectos de la vinculación de un contrato existente al nuevo Proyecto, el Proponente Privado debe presentar, como componente económico de la Iniciativa Privada, una valoración del Proyecto en ejecución.

 

Artículo 6.- Presentación de la Iniciativa Privada.- Tratándose de una propuesta nueva, deberá considerar el contenido preliminar previsto en el artículo siguiente y ser entregada ante el órgano o entidad titular de la competencia a ser delegada.

 

Recibida la comunicación con la propuesta, será revisada en el plazo de 15 días. De ser necesario que se complete o aclare la información presentada, se dispondrá su cumplimiento en el plazo de 15 días. En caso de incumplimiento se considerará la propuesta como no presentada, sin perjuicio de que pueda ser renovada posteriormente.

 

Artículo 7.- Contenido preliminar de la Iniciativa Privada.- En todos los casos de Iniciativa Privada, el Proponente Privado debe aportar preliminarmente, al menos, lo siguiente:

 

En caso de que la Iniciativa Privada suponga el diseño y construcción de una obra, el Proyecto propuesto debe contener el diseño, al menos, en el nivel de anteproyecto.

 

En caso de que la Iniciativa Privada suponga la operación y/o la explotación de una obra existente o por construir, el Proyecto propuesto debe contener, al menos, el plan económico-financiero y los criterios de calidad de los servicios derivados de la operación y/o la explotación de la obra, en caso de haberlos.

 

En caso de que la Iniciativa Privada suponga la conservación y mantenimiento de una obra, instalaciones, equipos o el espacio público, el Proyecto debe contener, al menos, los criterios de mantenimiento propuestos.

 

Los demás requisitos serán regulados por la entidad correspondiente.

 

Artículo 8.- Evaluación del interés público de la Iniciativa Privada.- Dentro del plazo de seis meses, contados a partir de la recepción de la Iniciativa Privada a satisfacción del Promotor, se evaluará si la propuesta es de interés público suficiente, lo que se determinará en función de los siguientes criterios:

 

Grado de contribución al cumplimiento de los  instrumentos de planificación del órgano o entidad públicos.

 

Grado de participación y rol del Estado en la prestación del servicio de que se trate y su modelo de gestión.

 

Para evaluar la existencia de interés público en la propuesta presentada, el Promotor correspondiente puede consultar respecto del contenido de sus antecedentes con cualquier otro ente público cuyas competencias podrían estar involucradas en el proyecto.

 

En cualquier caso, dentro del plazo previsto en el primer apartado de este artículo, el Promotor Público ha de calificar, motivadamente, el interés público en la propuesta presentada de conformidad con los parámetros indicados.

 

Esta decisión no implica la expedición de un acto administrativo ni la aprobación de ninguno de los componentes de la propuesta ni pronunciamiento sobre la viabilidad técnica, jurídica o económica del proyecto.

 

Calificado el servicio de interés público en relación con la Iniciativa Privada, la comunicación al Promotor Privado debe incluir:

 

La calificación de la existencia de interés público de la propuesta.

 

La indicación de los estudios adicionales o complementarios que debe presentar el Proponente Privado, con determinación de su forma, alcance, características y del plazo dentro del cual deben presentarse.

 

La designación del servidor público a cargo del seguimiento del Proyecto.

 

En el caso contrario se devolverá al Proponente Privado todos los estudios y demás documentos que haya entregado. Esta decisión no impide que el mismo Proponente Privado u otro distinto presenten otra propuesta en el futuro en relación con el mismo Proyecto.

 

Artículo 9.- Contenido de la Iniciativa Privada luego de la evaluación de interés público.- Sin perjuicio de otros requisitos establecidos en este Reglamento, la Iniciativa Privada que haya sido calificada como de interés público, debe incluir al menos:

 

Denominación o razón social, domicilio físico y electrónico y número de teléfono del Proponente Privado.

 

Identificación del representante legal o voluntario del Proponente Privado.

 

Documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica, consorcio, promesa de consorcio o cualquier otro mecanismo de asociación permitido por el régimen jurídico que intervenga como proponente.

 

En caso de que el Proponente Privado sea un consorcio, promesa de consorcio u otro mecanismo de asociación permitida por el régimen jurídico, deberá explicarse la modalidad de asociación y la participación de cada uno de los integrantes en la propuesta y la descripción de la capacidad financiera de cada uno de ellos.

 

Relación y descripción de las obras, infraestructura y servicio que formarían parte del proyecto, con identificación detallada de las etapas del proyecto y su cronograma tentativo.

 

Ubicación geográfica y área de influencia del Proyecto que se propone. con indicación de las necesidades de expropiación.

 

Inversión presupuestada para el diseño y construcción y costos proyectados de operación y mantenimiento.

 

Indicación y detalle de los estudios de prefactibilidad financieros, técnicos, jurídicos y cualquier otro que, de acuerdo con la naturaleza del Proyecto, sea necesario para determinar su viabilidad.

 

Estimación de la demanda y su tasa de crecimiento anual durante el período proyectado de duración del Proyecto en gestión delegada al sector privado.

 

Evaluación del impacto ambiental del proyecto que se propone.

 

Identificación y análisis de los riesgos previsibles asociados al proyecto.

 

Especificaciones financieras del Proyecto propuesto, con inclusión de la retribución del Colaborador Privado, fuentes de ingresos, niveles tarifarios, plazo y, de ser el caso, los aportes públicos requeridos.

 

Especificaciones técnicas de diseño, construcción, operación y mantenimiento del Proyecto propuesto.

 

Especificaciones jurídicas del proyecto propuesto, con indicación de la modalidad de asociación público privada que se sugiere aplicar.

 

Indicación de los beneficios económicos y sociales del Proyecto y explicación de la forma en que se enmarca en los planes nacionales de desarrollo.

 

Valoración de los estudios que se presenta, de conformidad con criterios objetivos y precios de mercado.

 

Indicación completa de la experiencia del Proponente Privado en proyectos similares.

 

Cualquier otro antecedente o estudio que el Promotor Público requiera luego de la evaluación de interés público.

 

Artículo 10.- Análisis de la viabilidad de la Iniciativa

 

Privada.- Dentro del plazo de seis meses posteriores a la entrega por parte del Proponente Privado, de los documentos adicionales requeridos una vez declarada la existencia de interés público de la Iniciativa Privada, el Promotor Público realizará los estudios complementarios y validaciones que estime necesarios para determinar la viabilidad jurídica, técnica y económica de la Iniciativa Privada.

 

Dentro del plazo al que se refiere este artículo, el Promotor Público debe emitir los informes y producir los restantes documentos.

 

Artículo 11.- Priorización de Proyectos y concurso público.- En caso de que el Proyecto sea viable a juicio del Promotor Público, este lo ha de incluir en el registro de Proyectos a ser priorizados y, mientras los estudios se encuentren actualizados, puede convocar al correspondiente concurso público.

 

Los estudios que han de servir para el concurso público están constituidos por aquellos presentados en la Iniciativa Privada, con las correcciones practicadas por el Promotor Público, y aquellos complementarios que haya elaborado en los términos establecidos en este Reglamento.

 

La viabilidad de la Iniciativa Privada no obliga al Promotor Público a iniciar el procedimiento precontractual para la adjudicación del contrato.

 

El Proponente Privado puede participar en el concurso público de selección siempre que cumpla con todos los requerimientos establecidos en los pliegos para cualquier oferente.

 

Los beneficios previstos en los pliegos para el Proponente Privado son aplicables Únicamente en el caso de que participe.

 

Artículo 12.- Modificaciones a la Iniciativa Privada.- En la elaboración de los pliegos del concurso público correspondiente, el Promotor puede realizar las innovaciones o adiciones que estime pertinentes a la propuesta, sin que por ello pierda su naturaleza de Iniciativa Privada.

 

El origen de la propuesta no altera ni limita, en forma alguna, las facultades del Promotor Público para establecer los requisitos de elegibilidad y, en general, para regular el procedimiento precontractual en la forma que considere más adecuada para los intereses públicos.

 

En caso que se produzcan innovaciones o adiciones sustanciales de la Iniciativa Privada, el Promotor puede iniciar un concurso público para la selección del adjudicatario del contrato de asociación público privada, con sujeción al régimen común. En este caso, se entiende, a todos los efectos, como innovaciones o adiciones sustanciales aquellas que impliquen una variación que supere el 25% en la cantidad o presupuesto de las obras, en los plazos de duración del proyecto o en los aportes que deba efectuar el Estado.

 

Disposición Final.- Derógase el Reglamento de Concesiones del Sector Vial, publicado en el Registro Oficial No. 182 de octubre 2 de 2003.

 

Este Reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en el palacio Nacional, en Quito, a 18 de febrero de 2015.

 

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.

 

Quito 24 de febrero del 2015, certifico que el que antecede es fiel copia del original.

 

Documento firmado electrónicamente.

 

Alexis Mera Giler.

 

SECRETARIO GENERAL JURÍDICO.

 

Secretaría General Jurídica.

 

Nº 583

 

Rafael Correa Delgado

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que, el artículo 315 de la Constitución de la República del Ecuador faculta la constitución de empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la presentación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas;

 

Que, de conformidad con el numeral 1 del artículo 5 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, la creación de empresas públicas constituidas por la Función Ejecutiva debe efectuarse mediante decreto ejecutivo;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo 152, publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nº 147 del 19 de diciembre de 2013, se creó la Empresa Pública de Revisión Técnica Vehicular RETEVE EP;

 

Que con el objeto de procurar un modelo de negocio que optimice la eficiencia en el sector público, se procedió a revisar la pertinencia de contar con una empresa pública que se dedique a la revisión técnica vehicular a nivel nacional creada por la Función Ejecutiva; y,

 

En ejercicio de las facultades y atribuciones previstas en el numeral 5 del artículo 147 de la Constitución de la República del Ecuador y la letra f) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva;

 

Decreta:

 

Artículo 1.- Disponer la extinción de la Empresa Pública de Revisión Técnica Vehicular RETEVE EP, previo el correspondiente proceso de liquidación, que deberá efectuarse  de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, y subsidiariamente la Ley de Compañías.

 

Durante la liquidación de la Empresa Pública de Revisión Técnica Vehicular RETEVE EP, a su denominación se agregará la frase ?en liquidación?.

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 

PRIMERA.- Confome establece el artículo 55 de la Ley orgánica de Empresas Públicas, en el plazo de 10 días contados a partir de la fecha de suscripción del presente Decreto Ejecutivo el Presidente del Directorio propondrá la liquidación y, en el mismo plazo, el Directorio resolverá la liquidación de la Empresa Pública de Revisión Técnica Vehicular RETEVE EP y nombrará el correspondiente liquidador. Una vez designado el liquidador de la empresa, éste dispondrá de un plazo de 30 días para concluir con la liquidación de la Empresa Pública de Revisión Técnica Vehicular RETEVE EP.

 

SEGUNDA.- De conformidad con el artículo 63 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, una vez cubiertos todos los pasivos, el remanente de activos de la Empresa Pública de Revisión Técnica Vehicular RETEVE EP liquidada pasará a propiedad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

 

TERCERA.- Concluida la liquidación de la Empresa Pública de Revisión Técnica Vehicular RETEVE EP, el Ministerio del Trabajo, de conformidad con lo previsto en la letra e) del artículo 51 de la Ley Orgánica de Servicio Público, procederá a actualizar el catastro de las instituciones, entidades, empresas y organismos del Estado.

 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Deróguese el Decreto Ejecutivo 152, publicado en el Suplemento del Registro Oficial Suplemento Nº 147 de 19 de diciembre de 2013.

 

DISPOSICIÓN FINAL.- De la ejecución del presente Decreto Ejecutivo, que entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguese a la Ministra de Transporte y Obras Públicas y al gerente general de la Empresa Pública de Revisión Técnica Vehicular RETEVE EP.

 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 18 de febrero de 2015.

 

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.

 

Quito 24 de febrero del 2015, certifico que el que antecede es fiel copia del original.

 

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