Registro Oficial

Registro Oficial No 271 - Viernes 13 de Febrero de 2015 Edicion Especial

Viernes, 13 de febrero de 2015

Última modificación: Lunes, 16 de marzo de 2015 | 11:30

 

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Viernes 13 Febrero de 2015 - R. O. No. 271

 

 

EDICIÓN ESPECIAL

 

SUMARIO

 

Función Judicial y Justicia Indígena

 

Resoluciones                      

 

Corte Nacional de Justicia: Sala de lo Contencioso Tributario:

 

Recursos de casación en los juicios interpuestos por las siguientes personas naturales y/o jurídicas:

 

223-2010 Jorsan Renta Carros Cía. Ltda. en contra del Director Regional y Recaudador Especial del Servicio de Rentas Internas, Litoral Sur

 

               

248-2010 BIRA Bienes Raíces S. A. en contra del Servicio de Rentas Internas de El Oro

 

               

271-2010 Andes Petroleum Ecuador Cía. Ltda. en contra del Director General y Regional Norte del Servicio de Rentas Internas

 

               

310-2010 Ideal Alambrec S. A. en contra del Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana

 

               

360-2010 Contadores Eléctricos C. A. CONTELECA en contra del Director General del Servicio de Rentas Internas

 

               

364-2010 Elena del Pilar Vásquez en contra del Director General del Servicio de Rentas Internas

 

Sala de la Familia, Niñez y Adolescencia:

 

Recursos de casación de los juicios interpuestos por las siguientes personas:

 

006-2012 Dalton Cuesta Gómez en contra de Sulma Uzho Ortíz

 

               

007-2012 George Clemente Suárez en contra de Norma Pezo Ortega

 

               

08-2012 Milco Orbe Terán en contra de María Martínez Pérez

 

               

09-2012 César Cervantes en contra de María Velásquez

 

               

010-2012 Graciela Naranjo en contra de Cristóbal Zapata Regalado

               

012-2012 Ana Gabriela Mugmal Carlosama en contra de José Rodolfo Irua Iles

Función Judicial y Justicia Indígena

 

Resoluciones       

 

013-2012 Jaime Izurieta en contra de Rosa Cano

 

Primera Sala de lo Penal:

 

Recursos de casación de los juicios interpuestos por las siguientes personas:

 

546-06 Dora Marcillo Zambrano en contra de Carlos Quiñonez Angulo

 

               

400-2008 Eduardo Benites en contra de Dario Xavier Trejo Alvarado

 

               

432-2008 José Corazón Yamasca en contra de Victoria Dutan Yamasca y Sergio Antonio Yamasca Dutan

 

               

445-2008 Manuela Romero en contra de Luis Cristóbal Guzmán Farinango

               

44-2009 Felix Enrique Moya Veintimilla en contra de Pablo Roque Bermudez Moran

 

 

CONTENIDO

 


 

No. 223-2010

 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO

 

JUEZA PONENTE: DRA. MARITZA TATIANA PÉREZ VALENCIA.

 

ACTORA:               María del Carmen Molina Cabrera, representante legal de la Cía. Jorsan Renta Carros Ltda.

 

DEMANDADO:       Director Regional y Recaudador Especial del Servicio de Rentas Internas, Litoral Sur. (Recurrente)

 

Quito, a 26 de septiembre de 2012, las 09h10.

 

VISTOS: Avocamos conocimiento del presente juicio, conforme la Resolución No. 004-2012 de 25 de Enero de 2012, emitida por el Consejo de la Judicatura y por la Resolución de Conformación de Salas de 30 de enero de 2012, dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario es competente para conocer y pronunciarse sobre el recurso de casación, en virtud de lo establecido en los artículos 184, numeral 1 de la Constitución de la República; y, 185 segundo inciso, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial y 1 de la Ley de Casación.

 

I. ANTECEDENTES

 

1.1.- El Director Regional y el Jefe de Coactivas del Servicio de Rentas Internas del Litoral Sur, interponen recurso de casación en contra de la sentencia de 22 de marzo de 2010, expedida por la Cuarta Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2, con sede en la ciudad de Guayaquil, dentro del juicio de Acción Directa No. 6324- 4069-05-S4, propuesto por María del Carmen Molina Cabrera, representante legal de la Compañía JORSAN RENTA CARROS CÍA. LTDA. Negado el recurso, se interpuso el de hecho, el cual fue aceptado en auto dictado por esta Sala Especializada el 8 de julio de 2010, dándose curso a la casación. Corrido el traslado, la empresa actora no lo ha contestado. Concluida la tramitación de la causa y pedidos los autos para resolver, se considera: 1.2.- El recurrente se fundamenta en la causal primera del Art. 3 de la Ley de Casación y alega que al expedirse la sentencia impugnada, se erró en la interpretación de lo dispuesto en el artículo 54 del Código Tributario y falta de aplicación del artículo 268 del Código Tributario. Sustenta su recurso manifestando: a) Que los títulos de crédito tuvieron su origen en las actas de fiscalización que fueron notificadas el 13 de diciembre de 1996 y que el contribuyente Jorsan Renta Carros C. Ltda., no las impugnó, convirtiéndose éstas por efectos de la Ley en actos firmes y ejecutoriados, dando paso así a la emisión de los Títulos de Crédito y posteriormente al inicio del proceso coactivo No. 87-2004; b) Que ante la declaración de abandono del juicio de excepciones a la coactiva planteado por la compañía Jorsan Renta Carros C. Ltda., en contra del proceso coactivo No. 87-2004, el efecto del mismo es que queda en firme el acto o resolución impugnadas, y que en éstos casos quedaron en firme los títulos de créditos que dieron origen al proceso coactivo; c) Que no cabe, que la parte actora, compañía Jorsan Renta Carros C. Ltda., ponga en controversia nuevamente una materia que ya fue declarada en abandono con sus consiguientes efectos jurídicos, tal como lo dispone la Ley de la materia; d) Que la Cuarta Sala del H. Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 de Guayaquil, no se pronunció en ningún sentido sobre el abandono.

 

II. ARGUMENTOS QUE CONSIDERA LA SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

 

2.1.- Validez: En la tramitación de este recurso extraordinario de casación, se han observado las solemnidades inherentes a esta clase de impugnaciones, y no existe nulidad alguna que declarar. 2.2.- Determinación de los problemas jurídicos a resolver: La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia examinará si la sentencia sujeta al análisis casacional por  el  recurrente,  tiene  sustento legal y para ello es necesario determinar cuáles son los fundamentos que se plantean dentro del recurso: A. ¿Se ha configurado la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación por la supuesta errónea interpretación del artículo 55 (ex 54) del Código Tributario en la sentencia recurrida, que llevó a determinar que existe prescripción de la obligación y de la acción de cobro de los títulos de crédito y a su vez; existe una supuesta falta de aplicación del artículo 268 ibídem en la sentencia de marras?

 

III. MOTIVACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO

 

3.1. En primer lugar, hay que señalar que la casación es un recurso extraordinario que tiene como objetivo la correcta aplicación e interpretación de las normas de derecho sustanciales como procesales dentro de la sentencia del inferior, teniendo como impedimento la revaloración de la prueba, criterio que ha sido puesto de manifiesto en varios fallos de la Sala. 3.2. Sobre la causal primera alegada por el recurrente, que tiene fundamento en el artículo 3 numeral 1 de la Ley de Casación, hay que anotar que ésta se trata de una infracción sustancial al ordenamiento jurídico: el error in iudicando in jure, cuando a causa de no haberse entendido apropiadamente el sentido jurídico del caso sometido a decisión, se aplica a éste, una norma diferente a la que debió en realidad aplicarse: cuando por ?falta de aplicación? ya sea por dejar de aplicar normas que necesariamente debían ser consideradas para la decisión; o cuando por ?aplicación indebida? de la norma, ya sea que ésta ha sido entendida rectamente en su alcance y significado, pero se la ha utilizado para un caso que no es el que ella contempla; o, cuando se le concede a la norma aplicable un alcance equivocado por ?errónea interpretación? sea que la norma aplicada es la adecuada para el caso, y no obstante se la ha entendido equivocadamente, dándole un alcance que no tiene. Se da entonces, por parte del juzgador de instancia, un falso juicio de derecho sobre la norma y por tanto la sentencia debe ser casada, porque ésta declara una falsa voluntad de la norma estatal. 3.3. Sobre el problema planteado, esta Sala considera: a) Al referirnos a la primera parte del mismo, es preciso analizar lo siguiente: a.1. La actora, María del Carmen Molina Cabrera, representante legal de la Compañía JORSAN RENTA CARROS C. LTDA., propone juicio de Excepciones, el cual es signado con el No. 5405- 3420-04, alegando la extinción total o parcial de la obligación por encontrarse prescritos los títulos de créditos emitidos por concepto de retenciones a la fuente de los ejercicios fiscales 1993, 1994 y 1995 y por impuesto a la renta sociedades de los años 1994, 1995 y 1996; a.2. Dentro de este proceso, la Sala Única del Tribunal Distrital NO. 2 con sede en Guayaquil, por inacción de la parte actora, mediante auto de 26 de abril de 2005, declaró el abandono de la causa y ordenó la prosecución del procedimiento de ejecución No. 87-2004, por tanto, no cabe continuar alegando la prescripción de la acción de cobro de los títulos de crédito descritos en líneas anteriores, porque éstos quedaron firmes y ejecutoriados, pues la alegación de que si estaba prescrita o no la acción de cobro, concluyó con el juicio de excepciones No. 5405-3420-04 con el auto de abandono dictado; por tanto, la Sala, observa que en la sentencia recurrida, si se ha configurado la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación por errónea  interpretación  del


 

artículo 55 (ex 54) del Código Tributario, por cuanto, la Sala juzgadora no tomó en cuenta lo que determina el inciso segundo del mencionado artículo, que a la letra dice: ?Art. 55.- Plazo de prescripción de la acción de cobro.- [?] En el caso de que la administración tributaria haya procedido a determinar la obligación que deba ser satisfecha, prescribirá la acción de cobro de la misma, en los plazos previstos en el inciso primero de este artículo, contados a partir de la fecha en que el acto de determinación se convierta en firme, o desde la fecha en que cause ejecutoria la resolución administrativa o la sentencia judicial que ponga fin a cualquier reclamo o impugnación planteada en contra del acto determinativo antes mencionado??. En el caso, hay que señalar que es válida la aplicación del segundo inciso de la norma citada y no otro, porque los títulos de crédito tienen como antecedente las Actas de fiscalización Nos. 12-03-3407, 12- 03-3408, 12-03-1747, 12-03-3403, 12-03-3404 y 12-03- 3406, lo que quiere decir que, la Administración Tributaria procedió a determinar las obligaciones tributarias anteriormente señaladas, con lo cual los plazos para computar la prescripción es a partir de la fecha en que el acto de determinación se convierta en firme, o desde la fecha en que cause ejecutoria la resolución administrativa o la sentencia judicial que ponga fin a cualquier reclamo o impugnación planteados en contra del acto determinativo antes mencionado, en este caso aún no opera dicha prescripción, por tanto se ha configurado la errónea interpretación del artículo citado, pues como se ha expuesto, siendo la norma cuya transgresión se señala la pertinente para el caso, el juzgador de instancia le ha dado un sentido y alcance que no tiene, que es contrario al espíritu de la Ley; b. Al referirnos a la segunda parte del problema, el cual es, determinar si existe una supuesta falta de aplicación del artículo 268 ibídem en la sentencia de marras, al efecto la Sala observa que, el Tribunal juzgador no tomó en consideración los efectos que produce una declaratoria de abandono, que son: 1.- Poner término al juicio en favor del sujeto activo del tributo, 2.- Queda firme el acto o resolución impugnados, o deja ejecutoriadas las providencias o sentencias de que se hubiere recurrido, y 3.- El Juez o Jueza A quo ordenará la continuación de la coactiva que se hubiere suspendido o su iniciación si no se hubiere propuesto, por lo tanto, no se aplicó el artículo 268 (ex 263) ibídem, pues los títulos de crédito mencionados, por efectos de la declaratoria de abandono del juicio de excepciones No. 87-2004, se encontraban firmes y por ende la acción de cobro continúa. 3.4. Esta Sala, en virtud del análisis expuesto y de lo establecido en el segundo inciso del artículo 273 del Código Tributario, pasa a conocer sobre la pretensión de nulidad que propusiere la actora, María del Carmen Molina Cabrera, representante legal de la Compañía JORSAN RENTA CARROS C. LTDA. en su demanda, la misma que, no fue considerada en la sentencia recurrida y que textualmente dice: ?[?] la nulidad del Juicio Coactivo No. 87/2004, seguida en mi contra por LA UNIDAD DE RECAUDACIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LITORAL SUR; amparado en el artículo 355, regla 4ta, del Código de Procedimiento Civil [?]?; al respecto, cabe analizar que para demandar la nulidad del procedimiento coactivo, la norma aplicable para el efecto, es la señalada en el numeral 3 del artículo 221 del Código Tributario que se refiere a las acciones directas, las cuales son: ?? 1ª. De las que se deduzcan para obtener la declaración de la   prescripción  de  los  créditos  tributarios,  sus  intereses  y multas; 2ª. De las de pago por consignación de créditos tributarios?; 3ª. De las de nulidad de procedimiento coactivo por créditos tributarios que se funden en la omisión de solemnidades sustanciales u otros motivos que produzcan nulidad, según la ley cuya violación se denuncie?; 4ª. De nulidad de remate o subasta en el caso 4 del artículo 207 (ex 208); 5ª. De las de pago indebido o del pago en exceso?? (el subrayado pertenece a la Sala); por tanto se deviene en improcedente solicitar la nulidad del procedimiento coactivo invocando una norma supletoria que se refiere a las solemnidades sustanciales comunes a todos los juicios y más aún, cuando alega la regla cuarta que se refiere a la citación de la demandada al demandado o a quien legalmente lo represente. El artículo 165 (ex 169) del Código Tributario dispone que son solemnidades sustanciales del procedimiento de ejecución: a) Legal intervención del funcionario ejecutor; b) Legitimidad de personería del coactivado; c) Existencia de la obligación de plazo vencido, cuando se hayan concedido facilidades para el pago; d) Aparejar la coactiva con títulos de crédito válidos o liquidaciones o determinaciones firmes y ejecutoriadas y e) citación legal del auto de pago al coactivado. En la especie, ninguna de estas solemnidades ha sido alegada por el actor como causa para solicitar la nulidad de procedimiento coactivo No. 87-2004, el cual es válido por las consideraciones que en líneas anteriores se expresó. 3.5. La Sala puede apreciar también, que la pretensión del actor era continuar con la alegación de prescripción formulada en el juicio de excepciones No. 5405-3420-04, el mismo que fue declarado abandonado mediante auto de 26 de abril de 2005, las 15h54, sin percatarse que en este nuevo proceso tenía la obligación legal de probar lo alegado en su demanda, de acuerdo con lo preceptuado en el Art. 258 del Código Tributario.

 

IV. DECISIÓN

 

Por las consideraciones expuestas, la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y, POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, expide la siguiente:

 

SENTENCIA

 

1. Casa la sentencia, en los términos del Apartado 3. Notifíquese, publíquese y devuélvase.

 

f.) Dr. José Suing Nagua, Juez Nacional.

 

f.) Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia, Jueza Nacional.

 

f.) Dr. Gustavo Durango Vela, Conjuez. Certifico.

 

f.) Dra. Carmen Elena Dávila Yépez, Secretaria Relatora encargada.

 

En Quito, a veintiséis de septiembre del dos mil doce, a partir de las quince horas, notifico la Sentencia que antecede al DIRECTOR REGIONAL Y RECAUDADOR ESPECIAL DE COACTIVAS DEL LITORAL SUR DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, en el casillero judicial No. 2424 de la Abogada María  Cristina  Villacreses.-  No  notifico  a  JORSAN  RENTA CARROS CIA. LTDA., por cuanto no ha señalado casillero judicial para el efecto.- Certifico.

 

f.) Dra. Carmen Elena Dávila Yépez, Secretaria Relatora encargada.

 

RAZÓN: Las cuatro copias que anteceden son iguales a su original constantes en el juicio de ACCIÓN DIRECTA No. 223-2010 que sigue MARIA DEL CARMEN MOLINA, JORSAN RENTA CARROS CIA. LTDA en contra de la UNIDAD DE RECAUDACIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL LITORAL SUR. Quito, a 08 de octubre del 2012. Certifico.

 

f.) Dra. Carmen Dávila Yépez, Secretaria Relatora encargada.

 

No. 248-2010

 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO

 

JUEZ PONENTE: DR. GUSTAVO DURANGO VELA.

 

Quito, a 26 de septiembre de 2012, las 11h30.

 

VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en virtud de la Resolución No. 004-2012 de 25 de enero de 2012 emitida por el Consejo de la Judicatura; y, por la Resolución de conformación de Salas 30 de enero de 2012 dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. En lo principal, el Ing. Jaime Ordóñez Andrade, en calidad de Director Regional del Servicio de Rentas Internas de El Oro, mediante escrito de 03 de marzo de 2010, interpone recurso de casación en contra de la sentencia dictada el 10 de febrero de 2010 por la Segunda Sala Temporal del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 con sede en la ciudad de Guayaquil, dentro del juicio de impugnación No. 942- 2009 (7433-4915-07) seguido por BIRA BIENES RAÍCES S.A. en contra del Servicio de Rentas Internas de El Oro, el Tribunal de Instancia mediante auto de 19 de abril del mismo año concede el recurso de casación. Subidos que han sido los autos para su aceptación o rechazo, esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, lo admite a trámite mediante providencia de 09 de julio de 2010 y se pone en conocimiento de las partes para que se dé cumplimiento a lo que establece el Art. 13 de la Ley de Casación. La Empresa BIRA BIENES RAÍCES S.A, contesta el recurso en escrito de 16 de agosto de 2011. Siendo el estado de la causa el de dictar sentencia para hacerlo se considera: PRIMERO: Esta Sala es competente para conocer y resolver el recurso en conformidad con el Art. 184 numeral 1 de la Constitución vigente, Art. 1 de la Codificación de la Ley de Casación y numeral 1, parte II del Art. 185 del Código Orgánico de la Función Judicial. SEGUNDO: El representante de la Administración Tributaria fundamenta su recurso en las causales primera y tercera del Art. 3 de la Ley de Casación, manifiesta que la sentencia de la Segunda Sala Temporal del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 se ha dictado con falta de aplicación del Art. 135 del Código Tributario, del Art. 37 del Código Civil, aplicación indebida del Art. 165 de la Ley de Minería (causal primera), y falta de aplicación de preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, en especial los Artículos 113, 114 y 115 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los Artículos 258 y 270 del Código Tributario, (causal tercera). Uno de los cuestionamientos que la Autoridad demandada hace a la sentencia, aunque en forma confusa, es el que tiene relación a la falta de motivación. Considera que no se ha aplicado el Art. 135 del Código Tributario y ello según el recurrente, porque se acepta en forma simple y escueta y con fuerza vinculante la consulta absuelta por el Procurador General del Estado, declarando la vigencia del Art. 165 de la Ley de Minería, lo cual no cabe porque, la atribución exclusiva de absolver consultas tributarias es del Director General del Servicio de Rentas Internas. Afirma en su fundamentación que, el Art. 165 de la Ley de Minería vigente desde 1991, fue derogado por la Ley 99-24 (Registro Oficial No. 181-S del 30 de abril de 1999), cuando establece los bienes cuya transferencia está gravada con tarifa ?0%?. Sostiene como fundamento de la causal tercera que la sentencia considera que la Administración Tributaria no ha aportado pruebas, lo que no corresponde puesto que la carga de la prueba es del actor, según lo dispone el Art. 270 del Código Tributario en concordancia con los Artículos 113, 114 y 115 del Código de Procedimiento Civil. Por los argumentos expuestos, solicita se case la sentencia y en su lugar se expida la que corresponde en derecho.- TERCERO: La sentencia cuya casación se solicita, acepta totalmente la demanda, declara ilegal la resolución impugnada, pues considera que es aplicable al caso concreto los Arts. 274, 275, 276 y 280 del Código de Procedimiento Civil y Arts. 75 y 82 de la Constitución de la República del Ecuador; por considerar que habiendo dispensa legal (Art. 165 de la Ley de Minería de marzo de 1991) ?no procede referirse a carga tributaria?, en mérito de lo cual se acepta la demanda.- CUARTO: Lo primero que debe afrontarse por parte de esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, es sin duda lo referente a la ?falta de motivación?, porque de ser cierto, la aseveración hecha por el recurrente, dicha omisión produciría la nulidad de la sentencia, al tenor de lo ordenado en el art. 76, numeral 7, literal l) de la Constitución de la República, nulidad de orden público que, ha sido esgrimida como motivo del recurso, sin embargo no explica ni aún en forma genérica en cuál de las causales del art. 3 de la Ley de Casación se encasilla esta polémica, lo que, según lo ha mantenido esta Sala en varios fallos concordantes y reiterados, es suficiente motivo para desechar la solicitud de casación, y por lo tanto se rechaza la pretensión del recurrente. QUINTO: Como consecuencia de lo anotado, la litis en el recurso propuesto, se contrae a dilucidar, si efectivamente en la sentencia recurrida no se ha aplicado (falta de aplicación, causal 1ra.) el Art. 135 del Código Tributario, Art. 37 del Código Civil, lo que ha ocasionado una aplicación indebida del Art. 165 de la Ley de Minería; para efecto de lo cual, esta Sala Especializada hace las siguientes consideraciones: 5.1.- La Resolución, N° 107012007RREC003588 de 30 de agosto de 2007, dictada por el Director Regional del Servicio de Rentas Internas de El Oro, dentro del reclamo propuesto por BIRA BIENES RAICES S.A., (fs. 12 a 17 de los autos) confirma la Liquidación de Pago por Diferencias No. 0720070200123 que corresponden al período Marzo 2004, por el que se pretende el cobro de USD$39.558,28 que según la Empresa no debía pagar por exención legal expresa contenida en el Art. 165 de la Ley de Minería, criterio que es compartido por la Sala juzgadora; 5.2. La impugnación que hace la Administración  y  por  lo  que  solicita  se  case  la sentencia, es justamente por la indebida aplicación del referido artículo, ya que dicho fallo en base a la certificación del H. Congreso Nacional y del informe de la Procuraduría General del Estado, considera que tal norma se encuentra plenamente vigente. El Art. 165 de la Ley de Minería, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 695 del 31 de mayo de 1991, a la letra dice: ?Exoneración del impuesto al valor agregado.- La importación de implementos mineros singularizados en el artículo anterior está exenta del impuesto al valor agregado; sin embargo, en caso de existir producción nacional que reúna similares características de los bienes a importarse, éstos pagarán dicho impuesto. Para el efecto el Ministerio de Finanzas y Crédito Público en forma obligatoria recabará el informe de la Comisión Ecuatoriana de bienes de Capital. También está exenta del impuesto al valor agregado la comercialización de sustancias minerales?. Es justamente en el último inciso en que fundamenta su pretensión la Empresa actora. Sin embargo, cuando se expide la Ley 99-24, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 181 del 30 de abril de 1999, se ?deroga toda norma especial o general que se le oponga y solamente podrá ser reformada o derogada de manera expresa?. (Disposición Final Cuarta), adicionalmente es principio de la tributación ecuatoriana, consagrado en el art. 2 del Código Tributario que, las disposiciones de éste Código y las demás leyes tributarias, prevalecerán sobre las demás leyes generales y prohíbe a la administración y a los órganos jurisdiccionales aplicar leyes y decretos que de cualquier manera contravengan este precepto, y por supuesto, la Ley de Minería a pesar de ser especial, no es de carácter tributario, por tanto debe enmarcarse en la normativa tributaria. 5.3. La Ley 99-24, publicada en el Registro Oficial de 30 de abril de 1999, considerando la necesidad de actualizar las normas sobre la relación jurídica tributaria, impidiendo que los sujetos pasivos se amparen en escudos fiscales y para que sus normas estén más acordes con los principios de igualdad, generalidad y proporcionalidad, en su Art. 54 establece con precisión y exactitud, las ?transferencias e importaciones gravadas con tarifa cero?. En ninguno de sus nueve numerales consta esta tarifa especial del ?0%? en favor de la comercialización de sustancias minerales, lo que significa que el legislador, en forma expresa, derogó aquella concesión prevista en el Art. 165 de la Ley de Minería, sin que se pueda al efecto argumentar que el Procurador General del Estado ha emitido una absolución de consulta sobre la vigencia de esta norma, pues sus consultas no son aplicables en materia tributaria, según lo ha sostenido en varios fallos de esta Sala Especializada, a los que se agrega las decisiones que en este sentido ha dictado la Administración Tributaria y menos aplicable todavía, el oficio del funcionario responsable del Archivo de la Biblioteca de la función legislativa, los que de ninguna manera pueden ser vinculantes y modificar la relación jurídica tributaria proveniente del impuesto al valor agregado. Por lo expuesto sin que sea necesario realizar otras consideraciones, la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y, POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA por la aplicación indebida del Art. 165 de la Ley de Minería y falta de aplicación de los Artículos 135 del Código Tributario y 37 del Código Civil acepta el recurso interpuesto y declara válida la Resolución N° 107012007RREC003588 que niega  el  reclamo  propuesto  por


 

BIRA BIENES RAÍCES S.A. Notifíquese, publíquese, devuélvase.

 

f.) Dr. José Suing Nagua, Juez Nacional.

 

f.) Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia, Jueza Nacional.

 

f.) Dr. Gustavo Durango Vela, Conjuez.

 

Certifico.

 

f.) Dra. Carmen Elena Dávila Yépez, Secretaria Relatora encargada.

 

En Quito, a veintiséis de septiembre del dos mil doce, a partir de las quince horas, notifico mediante boletas judiciales la sentencia que antecede a los señores ING. OSCAR EMILIO LOOR O. REPRESENTANTE LEGAL DE LA CIA. BIRA BIENES RAICES S.A., en el casillero judicial No. 1816 de los doctores Klever Manrique y Mauricio Murillo. DIRECTOR REGIONAL DEL ORO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, en el casillero judicial No. 2424 de los doctores Evelyn Escaleras, Gabriel Romero y Juan Córdova. Certifico.

 

f.) Dra. Carmen Dávila Yépez, Secretaria Relatora encargada.

 

RAZÓN: Las cuatro copias que anteceden son iguales a su original constantes en el juicio de IMPUGNACION No. 248-2010 que sigue OSCAR EMILIO LOOR, BIRA BIENES RAÍCES S.A., en contra del DIRECTOR REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE EL ORO. Quito, a 05 de octubre del 2012. Certifico.

 

f.) Dra. Carmen Dávila Yépez, Secretaria Relatora encargada.

 

No. 271-2010

 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR SALA DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO

 

JUEZA PONENTE: DRA MARITZA TATIANA PÉREZ VALENCIA.

 

ACTOR   Zhao Xinjun, apoderado especial de la

RECURRENTE:     Compañía Andes Petroleum Ecuador LTD.

 

DEMANDADO:       Director General y Regional Norte del Servicio de Rentas Internas.

 

Quito, a 01 de agosto de 2012, las 10h05.

 

VISTOS: Avocamos conocimiento del presente juicio, conforme la Resolución No. 004-2012 de 25 de Enero de 2012 emitida por el Consejo de la Judicatura y por la Resolución de Conformación de Salas de 30 de enero de 2012, dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Esta Sala Especializada de lo Contencioso Tributario es competente para conocer y pronunciarse sobre el recurso de casación en virtud de lo establecido en el Art. 184, numeral 1 de la Constitución de la República, Art. 185, segundo inciso, numeral 1 del Código Orgánico   de   la   Función  Judicial,  artículo  1  de  la  Ley  de

 

Casación.

 

I. ANTECEDENTES

 

1.1.- El señor Zhao Xinjun, apoderado especial de la compañía Andes Petroleum Ecuador LTD, interpone recurso de casación en contra de la sentencia de 19 de mayo de 2010, expedida por la Quinta Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1 con sede en la ciudad de Quito, dentro del juicio de Impugnación No. 24075-50-09-SV. 1.2.- El recurrente fundamenta el recurso en las causales primera, tercera y quinta del Art. 3 de la Ley de Casación. Considera que en la sentencia existe falta de aplicación del Art. 217 del Código Tributario, Arts. 295 y 297 del Código de Procedimiento Civil, Art. 9 del Reglamento de Contabilidad de costos aplicable a los Contratos de participación, 273 del Código Tributario, 300 y 301 de la Constitución del Ecuador (anteriores artículos 256 y 257), actual Art. 82 de la Constitución (anterior artículo 23 numeral 26), Arts. 4 y 5 del Código Tributario, Art. 13 numeral 3 de la Ley de Régimen Tributario Interno y Art. 17 del Código Tributario; en cuanto a la causal tercera indica la fundamentación de la errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba que condujeron a la no aplicación del Art. 9 del Reglamento de Contabilidad de costos aplicable a los contratos de participación, del Art. 23 numerales 16 y 18 de la Constitución de 1998 y la equivocada aplicación del Art. 19 de la Ley de Casación, de los Arts. 131 del Código Tributario vigente a la fecha de expedición del oficio 0045; 13, numeral 3 de la Ley de Régimen Tributario Interno y 19 numeral 2do del Reglamento a la Ley del Régimen Tributario Interno y finalmente indica sobre la causal cuarta, resolución en la sentencia o auto, de lo que no fuera materia del litigio u omisión de resolver en ella todos los puntos de la litis (sic). Sostiene el recurrente que la Quinta Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal ha incurrido en una falta de aplicación del Art. 217 del Código Tributario ya que ha llegado a la conclusión de que la Administración Tributaria utilizó correctamente los datos de los que disponía para levantar la GLOSA POR AMORTIZACION DE INVERSIONES DE PRODUCCIÓN en la cantidad de USD $ 199.098, 25, y que para establecer dicha glosa tomó como base los datos provenientes del Acta de Determinación No. 172004010155 correspondiente al impuesto a la renta y anticipos del ejercicio económico 2000, ignorando los efectos de una resolución de carácter tributario sin considerar la sentencia emitida en el recurso de casación No. 225-2009 en la que se resolvió el recurso interpuesto por la Administración Tributaria dentro del juicio iniciado por Andes Petroleum, en contra de las determinaciones tributarias practicadas por el SRI, correspondiente al impuesto a la Renta de los ejercicios económicos 1998, 1999 y 2000, sentencia que declaró nulas las mencionadas actas y las dejó sin efecto; concluye que si la Sala hubiera tenido en cuenta que las actas de determinación de los años 1998, 1999 y 2000 habían sido declaradas nulas, jamás habría podido declarar como válida y legal el establecimiento de la glosa por amortización de inversiones de producción del año 2001, efectuada por la Administración Tributaria con base a los saldos determinados en las actas de los años precedentes, en especial del año 2000. También manifiesta que existe la falta de aplicación de los artículos 295 y 297 del Código de Procedimiento Civil, ya que el efecto de la sentencia emitida en el recurso de Casación 225-2009, no es otro  que  reconocer  la


 

firmeza e inmovilidad de la declaración de impuesto a la renta del ejercicio económico 2000, y que la sentencia recurrida al confirmar la glosa de amortización de inversiones de producción, altera el efecto de cosa juzgada de la sentencia emitida anteriormente; que la doctrina establece que la jurisprudencia y los precedentes jurisprudenciales obligatorios constituyen fuente de derecho, por lo tanto, haber ignorado las sentencias no constituye una falta de aplicación de las normas antes citadas y no puede ampararse en el pretexto de que dichas sentencias no fueron presentadas como prueba dentro del proceso, ya que el derecho no se prueba y que en el supuesto de que no hubiese sido invocado por las partes, de conformidad con lo establecido en el Art. 280 del Código de Procedimiento Civil y Art. 273 del Código Tributario es obligación del juzgador suplir esa omisión. Considera que la falta de aplicación de la sentencia en el juicio 225-09 no se justifica más aún cuando la Sala fue informada de la existencia de esta sentencia en el escrito de solicitud de aclaración de la misma, por lo que demuestra que en la sentencia recurrida existe una falta de aplicación de la norma que regula la jurisdicción contenciosa tributaria tutelada por el Art. 217 del Código Tributario. Sobre la causal tercera, respecto a la fundamentación de la errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba que, condujeron a la no aplicación del Art. 9 del Reglamento de Contabilidad sobre costos aplicables a los contratos de participación indica que, en la sentencia la Quinta Sala estima que la Administración Tributaria actuó correctamente al considerar para el cálculo de las amortizaciones del año 2001, el saldo de la cuenta 12 ?NON CURRETS ASSETS? al 31 de diciembre del 2000 por el valor de USD $436?842.402,00 acudiendo para ello a los informes periciales presentadas por las peritos María Rosa Guerra y Sandra Fernández; por esta razón la sentencia objeto del recurso adolece de una errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, ya que uno de los medios de prueba considerados por la Sala son los informes periciales que, no fueron apreciados de acuerdo con el precepto de la sana crítica identificado en el Art. 115 del Código de Procedimiento Civil, ya que existe una contradicción y falta de razón suficiente en la valoración de la prueba que pese a la coincidencia de los peritos en el sentido de que la producción del campo unificado Mariann 4 A se inició en el año 1999 (realidad económica), toda vez que la Sala sin expresar el sentido de valoración que hizo a dicha pruebaprovocando otra vez falta de aplicación del Art. 115 del Código de Procedimiento Civil, esta vez por no cumplir con la obligación de expresar en la resolución la valoración de todas las pruebas producidas, determinó la fecha del Acuerdo Ministerial No. 003 de 4 de febrero del 2000 como inicio de la producción y reservas del Campo Mariann 4 A, ocasionando con ello la no aplicación de lo dispuesto por el Art. 9 del Reglamento de Contabilidad de Costos aplicable a los contratos de participación (sic) y, por lo tanto la lógica jurídica se inclinaría en aceptar que los presupuestos de hecho debieron concluir con la declaración de la realidad económica que, permitió a su representada iniciar la producción del Campo Marian 4 A a partir del 25 de noviembre de 1999, fecha en la que se firmó el convenio operacional de explotación unificada del referido campo, inscrito en el registro de hidrocarburos el 19 de enero del 2000. Alega también que, sobre los intereses y comisiones al exterior en la sentencia ha existido una falta de aplicación de los principios de  legalidad  y

de reserva de ley contenido en los Arts. 300 y 301 de la Constitución (anteriores 256 y 257), así como una falta de aplicación de los Arts. 4 y 5 del Código Tributario que han ocasionado una aplicación indebida del Art. 17 del Código Tributario que, constituye en esencia la norma a la que se ha remitido la Quinta Sala para confirmar la glosa; sostiene que la potestad de la administración no puede rebasar los límites de la razonabilidad ni alterar los requisitos legales definidos en materia de deducción de impuestos y concretamente de la deducibilidad de los intereses pagados por créditos externos contratados para obtener, mantener y mejorar la renta gravada; el principio de legalidad ha sido inaplicado en la sentencia recurrida y al omitirlo también se ha inaplicado el principio de la seguridad jurídica recogido en el Art. 23, numeral 26 de la Constitución de 1998 y también en el Art. 82 de la actual Constitución; el recurrente indica que la falta de aplicación de los principios incorporados en normas constitucionales y legales impiden que la calificación del hecho generador dispuesto por el Art. 17 del Código Tributario pueda sobrepasar los límites de la legalidad y la razonabilidad de las transacciones sujetas a esta calificación. Invoca el recurrente que, en la sentencia ha existido una falta de aplicación de lo dispuesto en el Art. 257 de la Constitución de 1998 y 300 de la actual Constitución, que se relaciona con el Art. 11 al advertir que, será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. En cuanto a la aplicación indebida de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, que llevó a la no aplicación del Art. 23 numerales 16 y 18 de la Constitución de 1998 y a la equivocada aplicación del Art. 19 de la Ley de Casación señala que, la aplicación del principio de realidad económica implica desconocer la eficacia de los efectos jurídicos tributarios, cuando las partes han distorsionado la realidad de una operación económica, utilizando una forma jurídica inapropiada que busca otros propósitos, en aplicación de este principio procede la predominancia de la sustancia sobre la forma; señala que el precepto jurídico aplicable a la valoración de la prueba es el Art. 115 del Código de Procedimiento Civil y que se lo ha aplicado indebidamente porque al citar la jurisprudencia perteneciente al Recurso de Casación 127-2007, la Sala parte del supuesto de que lo que sucedió en dicha causa es comparable al presente caso, lo que ha ocasionado la equivocada aplicación del Art. 19 de la Ley de Casación que establece que, las sentencias de Corte Nacional serán precedentes para la aplicación de la Ley. Luego de transcribir los Considerandos del Cuarto al Décimo Cuarto del recurso 127-2007 indica el recurrente que el caso objeto de la litis, no es comparable con el recurso referido el cual erróneamente fue usado por la Sala como precedente de aplicación del Art. 17 del Código Tributario; manifiesta que el precepto de valoración de la prueba inicia con el análisis íntegro de la sentencia que contribuyó a decidir que, los préstamos contratados fueron en realidad provisiones de fondos, para posteriormente integrar dicha prueba al resto de pruebas existentes y hacer una valoración en conjunto de las mismas indicando que tal precepto ha sido aplicado indebidamente, ocasionando con ello la no aplicación del Art. 23 numerales 16 y 18 de la Constitución de 1998 y la equivocada aplicación del Art. 19 de la Ley de Casación. En cuanto a la fundamentación por la falta de aplicación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba que, llevó a  la  no  aplicación  de  los Arts. 131 del Código Tributario, vigente a la fecha de expedición del oficio 0045, 13 numeral 3 de la Ley de Régimen Tributario Interno y 19 numeral 2do del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno sostiene que, en la sentencia recurrida no se ha expresado la valoración de todas las pruebas producidas como lo exige el precepto establecido en el Art. 115 del Código de Procedimiento Civil, especialmente la relacionada con el Oficio No. 00045 del 18 de abril del 2000, que absolvió una consulta tributaria formulada por el Gerente del Banco Central del Ecuador, respecto a la deducibilidad de los intereses de préstamos extranjeros; la falta de valoración de las pruebas producidas y en especial la de la absolución de la consulta, ocasionó la no aplicación de los efectos establecidos en el Art. 131 del Código Tributario que de acuerdo a la legislación vigente de aquella época, era vinculante para la Administración Tributaria ya que, esta absolución fue emitida con anterioridad a las reformas del 14 de mayo del 2001 y al haber ignorado esta prueba, la Sala ha incurrido en una falta de aplicación de los preceptos jurídicos fundamentales aplicables a la valoración de la prueba que, conllevó a la no aplicación del Art. 131 del Código Tributario y a la no aplicación de los Arts. 13 numeral 3 de la Ley de Régimen Tributario Interno y 19 numeral segundo del Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno vigentes al 2001 que, establecían los requisitos para deducirse intereses pagados por créditos externos. Finalmente, sobre la AMORTIZACION DE PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES el recurrente manifiesta: ?Causal cuarta. Resolución, en la sentencia o auto, de lo que no fuera materia del litigio u omisión de resolver en ella todos los puntos de la litis?(sic); indica que la sentencia de la Quinta Sala se limita a describir las razones de la Administración Tributaria para no aplicar la amortización de pérdidas de años anteriores, conforme la nueva pérdida que hubiera generado la confirmación de la determinación del año 2000 y omite resolver sobre la reformatio in pejus que, considera se aplicó por parte de la Administración Tributaria, pues por un lado el SRI utilizó el valor de la amortización acumulada según la determinación contenida en el Acta 1720040100155 correspondiente al Impuesto a la Renta del ejercicio 2000 y por otro lado cuando liquida el Impuesto a la Renta del ejercicio 2001, no utilizó el valor derivado de la nueva base imponible que surgiría de los saldos determinados en años anteriores. 1.3.- Concedido el recurso de casación, la parte demandada lo ha contestado y manifiesta que sobre la Glosa Intereses y Comisiones al exterior por USD $ 43.770.069,22 la sentencia aplica acertadamente el Art. 17 del Código Tributario, que prevé el principio de realidad económica y que la sentencia señala que, el conflicto se retrotrae a establecer si los valores registrados por la compañía bajo el concepto de préstamos son tales o si efectivamente es una provisión de fondos, como sostiene la Administración Tributaria y al ser el asunto del litigio es obligación de la Administración de Justicia, determinar la verdadera esencia económica que subyace tras los fingidos contratos de préstamos en que se basan los gastos de intere

 

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