Registro Oficial

Registro Oficial No 332 - Viernes 12 de Septiembre de 2014 Suplemento

Viernes, 12 de septiembre de 2014

Última modificación: Martes, 28 de octubre de 2014 | 12:05

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Viernes 12 de Septiembre  2014 - R. O. No. 332

 

 

SUPLEMENTO

 

SUMARIO

 

Ordenanzas         

               

Gobiernos Autónomos Descentralizados: Ordenanzas Municipales

 

               

-       Cantón Archidona: Que implementa el Sistema de protección integral de derechos de las personas y grupos de atención prioritaria

 

               

-       Cantón Macará: Sustitutiva de la Ordenanza que reglamenta la ocupación de la vía pública y los espacios públicos; y determina los valores a pagarse por su utilización

 

               

-       Cantón Macará: Que regula la formación de los catastros prediales urbanos y rurales, la determinación, administración y recaudación del impuesto a los predios urbanos y rurales para el bienio 2014-2015

 

               

-       Cantón Taisha: Que reglamenta la aprobación de planos, permisos de construcción, líneas de fábrica, ornato y mantenimiento de las viviendas

 

CONTENIDO

 


 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DE ARCHIDONA

 

Considerando:

 

Que, el Art. 1, de la Constitución de la República del Ecuador, establece: ?Que el Ecuador es un estado Constitucional de Derechos y Justicia Social?.

 

Que, el Art. 3, de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: Que son deberes primordiales del estado:

 

1.- Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, salud, la alimentación, la seguridad social, etc.

 

 

Que, el Art. 10, de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales.

 

Que, Art. 11 de la Constitución de la República, demanda el cumplimiento de los principios de aplicación de los derechos de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades de manera individual y colectiva.

 

Que, el artículo 35, de la Constitución de la República del Ecuador, establece que las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.  

 

Que, los artículos 36, 37 y 38, de la Constitución de la República del Ecuador, establecen y garantizan los derechos de las personas adultas mayores.

 

Que, el Art. 39, de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce a las y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país.

 

Que, los artículos 40, 41 y 42, de la Constitución de la República del Ecuador, reconocen el derecho de las personas a migrar así como garantizar los derechos de las personas, cualquiera sea su condición migratoria.

 

Que los artículos 44, 45 y 46, de la Constitución de la República del Ecuador, garantizan los derechos de la niñez y la adolescencia, imponiendo al Estado, la sociedad y la familia, en sus diversos tipos, la promoción de su desarrollo integral de una manera prioritaria.

 

Que, los artículos 47, 48 y 49, de la Constitución de la República del Ecuador reconocen los derechos para las personas con discapacidad, procurando la equiparación de oportunidades y su integración social.

 

Que, los artículos 56, 57, 58, 59, y 60, de la Constitución de la República del Ecuador, reconocen y garantizan los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades indígenas, del pueblo afroecuatoriano y el pueblo montubio que forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible.

 

Que, el artículo 85 de la Carta Magna establece: La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones:

 

1.             Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir de todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad.

 

2.             Sin prejuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando los efectos del a ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o prestación deberá formularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto.  

 

3.             El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos.

 

En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.

 

Que, el Art. 156, de la Constitución, establecen los órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos, denominados consejos nacionales para la igualdad.

 

Que, el Art. 340, de la Constitución de la República del Ecuador, instaura el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social que es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo.

 

Que, el Art. 341, de la Constitución de la República del Ecuador, establece que, el Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su consideración etaria, de salud o de discapacidad.

 

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad social.

 

El Sistema Nacional Descentralizado de Protección integral a la niñez y la adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema, las instituciones públicas, privadas y comunitarias.

 

Que, el Art. 3, numeral 3, de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, determina que es necesario ?Instituir mecanismos y procedimientos para la aplicación e implementación de medios de acción afirmativa que promuevan la participación a favor de titulares de derechos que se encuentren situados en desigualdad.

 

Que, el Art. 3, del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial autonomías y descentralización, de los Principios, Unidad a) inciso 5, manifiesta que la Igualdad de trato implica que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, en el marco del respeto a los principios de interculturalidad, y plurinacional, equidad de género, generacional, los usos y costumbres.

 

Que, el Art. 4 literal h), del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial autonomías y descentralización, tiene entre sus fines, la generación de condiciones que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución de la República a través de la creación y funcionamiento del sistema de protección integral de sus habitantes.

 

Que, el Art. 54, literal j) del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización, dispone que son funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales: Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria.

 

Que, el Art. 57 literal ab), del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial autonomías y descentralización, señala que los Gobiernos Autónomos Descentralizados, deben; Instituir el sistema Cantonal de Protección Integral para los grupos de atención prioritaria.

 

Que, el Art. 64, literal k), del COOTAD, establece que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural le corresponde: Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias.

 

Que, el Art. 249, del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, referente a los presupuestos para los grupos de atención prioritaria, dispone que no se aprobará el presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas sociales para la atención a grupos de atención prioritaria.

 

Que, el Art. 302, del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, en relación con el Art. 95, de la Constitución de la República del Ecuador establece que: La ciudadanía, en forma individual o colectiva, podrán participar de manera protagónica en la toma de decisiones, la planificación y gestión de los asuntos públicos, y el control social de las instituciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano; y el Art. 303 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, establece que los grupos de atención prioritaria, tendrán instancias específicas de participación para la toma de decisiones relacionadas con sus derechos.

 

Que, el Art. 598, del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y  Descentralización,  manifiesta:  Cada Gobierno Autónomo Descentralizado, Municipal organizará y financiará un Consejo Cantonal para la Protección de los Derechos, consagrados por la Constitución y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos que tendrán como atribuciones la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas municipales de protección de derechos, articulada a las políticas públicas de los Consejos Nacionales para la Igualdad. Los Consejos de Protección de Derechos, coordinarán con las entidades así como con las redes interinstitucionales especializadas en protección de derechos.

 

En ejercicio de la competencia y facultad normativa que le confiere los artículos 240 de la Constitución de la República del Ecuador, artículos, 7 y 57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, expide la siguiente:

 

ORDENANZA QUE IMPLEMENTA EL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL CANTÓN ARCHIDONA

 

CAPITULO I

 

DEFINICIÓN, ÁMBITO DE APLICACIÓN, OBJETIVO, PRINCIPIOS Y NIVELES

 

Art. 1.- Definición.- El Sistema de Protección Integral de Derechos de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria del Cantón Archidona, es un conjunto articulado y coordinado de organismos, entidades y servicios, públicos y privado cuyo propósito es garantizar la protección Integral, asegurar la vigencia, ejercicio, exigibilidad y restitución de sus derechos.

 

Art. 2.- Ámbito de Aplicación.- La presente ordenanza es un instrumento legal de aplicación general y de observancia obligatoria para el cantón Archidona, rige para la implementación y funcionamiento del Sistema de Protección de Derechos de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria.

 

Art. 3.- Objetivos.-

 

a)            Garantizar los derechos establecidos en la Constitución, tratados internacionales y Leyes Orgánicas, así como delinear de manera coordinada e integrada las acciones de planes, programas y proyectos que dan cumplimiento al Plan Nacional del Buen Vivir, contribuyendo a la reducción de las desigualdades e incumplimientos a la vulneración de derechos en el cantón Archidona.

 

b)            Generar condiciones que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución a través de la creación y funcionamiento del sistema de protección integral de los habitantes del cantón Archidona.

 

c)            Promover la articulación, coordinación y corresponsabilidad entre los organismos del Sistema Cantonal de Protección Integral de los grupos de Atención Prioritaria y con el Sistema Nacional de Inclusión Y equidad Social; y,  con  el Sistema Nacional Descentralizado de la Protección Integral a la Niñez y Adolescencia

 

d)            Garantizar la asignación de los recursos económicos oportunos y permanentes para el cumplimiento de las Políticas Públicas en el ámbito cantonal y parroquial, el funcionamiento del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, de la Junta Cantonal de Protección de Derechos; a fin de garantizar el ejercicio de derechos de las personas y grupos de Atención Prioritaria.

 

e)            Fortalecer la participación de manera protagónica de las personas y grupos de Atención Prioritaria, en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, en el cantón.

 

f)             Crear el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Archidona.

 

Art. 4.- Principios.- Los principios que rigen el funcionamiento del Sistema de Protección Integral de Derechos de los grupos de atención prioritaria, serán: Universalidad, Igualdad, Equidad, Progresividad, Interculturalidad, Solidaridad y No Discriminación. Funcionará bajo los criterios de Calidad, Eficiencia, Eficacia, Transparencia, Responsabilidad y Participación.

 

Art. 5.- Niveles.- El Sistema de Protección Integral de Derechos para los grupos de atención prioritaria del cantón Archidona está integrado por los siguientes niveles y organismos.

 

1.             Organismos de formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas:

 

Consejo Cantonal de Protección de Derechos.

 

2.             Organismos de protección, defensa y exigibilidad de derechos:

 

Junta Cantonal de Protección de Derechos.

 

Administración de Justicia.

 

Comisaría Nacional de Policía y Tenencias Políticas.

 

Otros

 

3.             Organismos de ejecución de políticas, planes, programas y proyectos:

 

Las entidades públicas de atención;

 

Las entidades privadas de atención.

 

Organizaciones no Gubernamentales nacionales e internacionales.

 

4.             Organismos de participación ciudadana:

 

a)            Consejos Consultivos

 

Defensorías Comunitarias

 

Otros.

 

 

CAPÍTULO II

 

DEL CONSEJO CANTONAL DE

PROTECCIÓN DE DERECHOS

 

Art. 6.- Naturaleza jurídica.- Naturaleza Jurídica.- El Consejo Cantonal de Protección de Derechos es un organismo colegiado de nivel cantonal, integrado paritariamente por representantes del Estado y de la Sociedad Civil, encargado de Formular Políticas Públicas locales al Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal. Goza de personería jurídica de derecho público y de autonomía orgánica, funcional y presupuestaria. Estará presidido por el/la Alcalde/sa.

 

Art. 7.- El Consejo de Protección de Derechos de Archidona, tiene como instancias estructurales las siguientes:

 

a) Consejo de Protección de Derechos y su Presidencia;

 

b) Comisiones Especializadas;

 

c) Secretaría Ejecutiva.

 

Art. 8.- De la conformación.-El Consejo Cantonal de Protección de Derechos, estará conformado de manera paritaria, con los representantes del Estado y los de la Sociedad Civil, de la siguiente manera:

 

Por el Estado:

 

El Alcalde o Alcaldesa o su delegado/a permanente.

 

b) El/a Concejal(a) Presidente(a) de la Comisión de Desarrollo Social o quien lo subrogue.

 

c) Un representante de los Gobiernos Autónomos Parroquiales y su respectivo suplente.

 

d) Un/a representante principal y suplente del Ministerio de Salud, designado/a por la Dirección Distrital o Coordinación Circuital.

 

e) Un/a representante principal y suplente del Ministerio de Educación, designado/a por la Dirección Distrital o Coordinación Circuital.

 

f) Un/a representante principal y suplente del Ministerio de Inclusión Económica y Social designado/a por la Dirección Distrital.

 

g) El/a Comisario/a Nacional de Policía o su delegado/a permanente.

 

Por la Sociedad Civil:

 

a) Un o Una representante de las organizaciones sociales que represente a los grupos de Atención Prioritaria de niñez y adolescencia y su respectivo suplente.

 

b) Un o Una representante de las organizaciones que represente a los grupos de Atención Prioritaria de juventud y su respectivo suplente. Con posibilidad de alternar la suplencia y la principalización.

 

c) Un o Una representante de las organizaciones que represente a los grupos de Atención Prioritaria de Adultos Mayores y su respectivo suplente. Con posibilidad de alternar la suplencia y la principalización.

 

d) Un o Una representante de las organizaciones que represente al grupo de Atención Prioritaria de las personas con discapacidades y su respectivo suplente.

 

e) Una representante de las organizaciones de mujeres y su respectiva suplente.

 

f) Un o Una representante de las organizaciones que represente al grupo de Atención Prioritaria de pueblos, nacionalidades y afroecuatorianos y su respectivo suplente. Con posibilidad de alternar la suplencia y la principalización.

 

g) Un o Una representante de las organizaciones que represente al grupo de movilidad humana con su respectivo suplente. Con posibilidad de alternar la suplencia y la principalización.

 

Art. 9.- Representantes del Estado.- Los representantes del Estado acreditarán su participación ante el Presidente/a del Consejo Cantonal de Protección de Derechos con su nombramiento, en caso de ausencia injustificada a tres sesiones consecutivas, se sancionará de acuerdo al reglamento y demás leyes afines.

 

Los representantes del Estado tienen la misión de ser el vínculo entre éstas y el Concejo Cantonal de Protección de Derechos; deben mantener informadas a las autoridades y responsable institucionales de las decisiones y resoluciones a fin de que sean acatadas sus disposiciones.

 

Art. 10.- Representantes de la sociedad civil.- Los representantes de la sociedad civil tendrán su respectivo suplente con el mismo poder decisorio si es principalizado; en caso de ausencia injustificada del principal a tres sesiones consecutivas se titularizará a su respectivo suplente previa notificación a la organización que representa.

 

Los representantes de la sociedad civil tienen la misión de ser el vínculo entre ésta y el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, deben mantener informadas a las organizaciones que representan de las decisiones y resoluciones a fin de que sean acatadas sus disposiciones.

 

Art. 11.- De la elección de  los  miembros  de  la  sociedad civil. Los miembros principales y suplementes de la sociedad civil serán elegidos democráticamente de acuerdo al reglamento, el cual deberá garantizar paridad de género.

 

El/a Vicepresidente/a del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, será elegido/a de entre los representantes de la sociedad civil por un período de dos años, pudiendo ser reelegido/a por un período más. La elección se realizará mediante Asamblea.

 

Art. 12.- Del tiempo de duración.-La duración de cada período del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, será el tiempo para el que son elegidas las autoridades de elección popular del Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal. Se puede considerar su remoción si no cumplen las funciones para las cuales fueron elegidas, que estará regulada en el reglamento de Funcionamiento del Consejo Cantonal de Protección de derechos del cantón Archidona.

 

Art. 13.- Atribuciones y Funciones.- Las atribuciones y funciones del Consejo Cantonal de Protección de Derechos son las siguientes:

 

a)            Formular Políticas Públicas y planes de aplicación local para la protección de los derechos de las personas o grupos de Atención Prioritaria.

 

b)            Presentar ante el Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal las propuestas de políticas públicas para su aprobación y promulgación mediante ordenanzas, de acuerdo con el ámbito de sus competencias. Las mismas que deberán estar en concordancia con el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social garantizando la igualdad de derechos consagrados en la Constitución.

 

c)            Transversalizar las políticas públicas de género, étnicas, niñez y adolescencia, intergeneracionales, interculturales, de discapacidades y movilidad humana en todas en toda la institucionalidad pública, privada y comunitaria en su jurisdicción

 

d)            Observar la aplicación de los servicios relacionados con las políticas de igualdad; y activar mecanismos para exigir el cumplimiento de los derechos individuales y colectivos que permitan identificar y tomar acciones para potenciar y corregir la acción del Estado, sociedad y familia en su jurisdicción.

 

e)            Exigir a las autoridades locales la aplicación de las medidas legales, administrativas y de otra índole, que sean necesarias para la protección de los derechos de las personas o grupos de Atención Prioritario.

 

f)             Denunciar ante las autoridades competentes las acciones u omisiones que atenten contra los derechos de las personas o grupos de Atención Prioritario, cuya protección le corresponde.

 

g)            Conocer, analizar y evaluar los informes sobre la situación de los derechos de las  personas  o  grupos  de  Atención Prioritaria  en  el  ámbito  local;  elaborar  los  que  corresponda  a  su  jurisdicción;  y,  colaborar  en  la  elaboración  de  los  informes  que  el  cantón,  la  provincia  o  el  país  que  deban  ser  presentados  por  Gobierno  Autónomo  Descentralizado  Cantonal,  de  acuerdo  a  las  políticas  locales,  provinciales  y  a  los  compromisos  internacionales  asumidos  por  el  país.

 

h)            Crear y desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración con los organismos internacionales, públicos y privados, que se relacionen con los derechos de las personas o grupos de Atención Prioritaria.

 

i)             Desarrollar y aplicar mecanismos de seguimiento y evaluación a la aplicación de las Políticas Públicas nacionales, provinciales y locales para las personas o grupos de Atención Prioritaria a nivel cantonal.

 

j)             Aprobar el organigrama funcional del Consejo Cantonal de Protección de Derechos.

 

k)            Aprobar el presupuesto anual del Consejo Cantonal de Protección de Derechos enmarcado en el Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón y enviarlo al Gobierno Autónomo Descentralizado para asegurar su financiamiento en los tiempos que señala la ley.

 

l)             Apoyar a la conformación y fortalecimiento de las Defensorías Comunitarias y demás espacios de participación, veeduría y exigibilidad que representen a los grupos de intervención prioritaria.

 

m)           Promover la conformación de los consejos consultivos que estime para el desarrollo de sus atribuciones.

 

n)            Promover la coordinación y participación de otros entes que trabajen en la protección de Derechos de las personas o grupos de Atención Prioritaria.

 

ñ)            Aprobar los reglamentos necesarios que le permitan desarrollar sus funciones

 

o)            Las demás que señalen las leyes.

 

 

Art. 14.-  El  Consejo  de  Protección  de  Derechos,  se  reunirá  obligatoriamente  cada  dos  meses.  Será  convocado  de  manera  escrita  por  el  Presidente,  pudiendo  convocar  cuando  sea  solicitado  de  manera  expresa  por  lo  menos  por  la  mitad  más  uno  del  total  de  sus  miembros.  Podrá  reunirse  de  manera  extraordinaria  cuando  la  situación  lo  amerite.  En  cualquier  caso  deberá  formularse  la  convocatoria  con  48  horas  de  anticipación.

 

 

Art. 15.- Se Conformarán las Comisiones especializadas por cada grupo de atención prioritaria para los distintos niveles e instituciones que forman el Sistema de Protección Integral de Derechos, de acuerdo a la necesidad y en base a un reglamento.

 

CAPITULO III

 

DE LAS FUNCIONES DEL/A PRESIDENTE/A, VICEPRESIDENTE/A DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS Y DE PAGO DE DIETAS

 

Art. 16.- De las funciones del presidente:

 

a)            Representar legal, judicial y extrajudicial al Consejo Cantonal de Protección de Derechos.

 

b)            Convocar y presidir las sesiones del Consejo Cantonal, orientar los debates, conceder el uso del a palabra, ordenar las votaciones y suscribir las actas conjuntamente con el/a Secretario/a Ejecutivo/a del Consejo;

 

c)            Celebrar los convenios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Consejo Cantonal de Protección de Derechos con instituciones pública y ONGs, nacionales e internacionales;

 

d)            Delegar por escrito al/la Secretario/a Ejecutivo/a la administración de la Secretaría Ejecutiva del Consejo;

 

e)            Someter los asuntos aprobados por el Consejo Cantonal de Protección de Derechos a consideración del Concejo Municipal o a la Asamblea Cantonal, cuando deban conocerlos, según sus atribuciones y;

 

f) Las demás que determine la ley y normas vigentes.

 

 

Change password



Loading..