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Registro Oficial No 289 - Martes 15 de Julio de 2014 Suplemento

Martes, 15 de julio de 2014

Última modificación: Lunes, 01 de septiembre de 2014 | 12:31

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Martes 15 de Julio  2014 - R. O. No. 289

 

 

 

SUPLEMENTO

 

SUMARIO

               

               

Corte Constitucional del Ecuador:

 

 

Sentencias           

 

241-12-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección planteada por el señor Mariano Curicama Guamán y otro

 

               

003-14-SAN-CC Niégase la acción por incumplimiento planteada por el señor César Alberto López Sarmiento y otros

 

               

056-14-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección planteada la señora Erika Susana Galárraga Mora

 

               

087-14-SEP-CC Niégase la acción extraordinaria de protección presentada por el señor Carlos Enrique Ojeda Jaramillo

 

               

090-14-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección planteada por el señor Oscar Vinicio Albán Chicaiza

 

               

091-14-SEP-CC Niégase la acción extraordinaria de protección planteada por el Director Regional del Servicio de Rentas Internas Litoral Sur

 

               

093-14-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección presentada por el señor Zenón Estuardo Bajaña García

 

               

094-14-SEP-CC Niégase la acción extraordinaria de protección planteada por el señor por Alex Patricio Valencia Revelo

 

               

095-14-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección planteada por el abogado Marco Antonio Apolo Granda

 

               

096-14-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección planteada por el señor Olivero Quintero Quintero

 

               

Sentencias           

 

097-14-SEP-CC Niégase la acción extraordinaria de protección presentada por la señora Margarita Jaramillo Noguera

 

               

100-14-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección planteada por el señor Cicerón Raúl Bernal Espinoza

 

 

CONTENIDO

 


 

Quito, D. M., 05 de julio del 2012

 

SENTENCIA N.º 241-12-SEP-CC

 

CASO N.º 0384-12-EP

 

CORTE CONSTITUCIONAL PARA EL PERIODO

DE TRANSICIÓN

 

Juez constitucional sustanciador: Dr. Fabián Sancho Lobato

 

I. ANTECEDENTES

 

Resumen de admisibilidad

 

La demanda se presentó ante la Corte Constitucional, para el período de transición, el 1 de marzo del 2012.

 

El secretario general, el 1 de marzo del 2012, certificó que no se ha presentado otra solicitud con identidad de sujeto, objeto y acción.

 

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, el 11 de abril del 2012, admitió a trámite la acción extraordinaria de protección N.º 0384-12-EP. De conformidad con el sorteo realizado por el Pleno de la Corte Constitucional, en sesión extraordinaria del 7 de junio del 2012, y de acuerdo con lo dispuesto en la normativa constitucional aplicable, el día 19 de junio del 2012, el doctor Fabián Sancho Lobato, juez sustanciador, avocó conocimiento de la presente causa.

 

De la demanda y sus argumentos

 

El señor Mariano Curicama Guamán y Newton Estuardo Mestanza Arboleda, en sus calidades de prefecto y procurador síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo, respectivamente, amparados en lo dispuesto en el artículo 94 de la Constitución de la República del Ecuador, presentan una acción extraordinaria de protección en contra del fallo del 17 de noviembre del 2011, emitido por el Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje de la Dirección Regional de Trabajo y Empleo de la ciudad de Ambato, por considerar que se vulneraron los derechos constitucionales previstos en los artículos 10, 11, 75, 76, numeral 7 literal l; 82, 83, 275, 424, 425, 426 y 427 de la Constitución de la República.

 

Como antecedentes, informan los accionantes que el Comité bEspecial de Obreros del Gobierno Provincial de Chimborazo, con fecha 22 de noviembre del 2010, presenta un pliego de peticiones ante el inspector de trabajo de Chimborazo, que fue tramitado en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Ministerio de Relaciones Laborales de la ciudad de Riobamba. Evacuadas las diligencias dentro del proceso, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el 3 de junio del 2011, emite un fallo en el que acepta parcialmente el pliego de peticiones y dispone que el Gobierno Autónomo de la Provincia de Chimborazo cumpla con lo dispuesto en los considerandos cuarto, quinto y sexto del presente fallo.

 

Ante este hecho, señalan los accionantes que presentaron un recurso de apelación que fue conocido por el Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje, y resuelto con fecha 17 de noviembre del 2011, en el cual se desecha el recurso de apelación interpuesto y se confirma en todas sus partes el fallo de primera instancia.

 

Así, los accionantes consideran que la providencia en mención vulnera varios de sus derechos constitucionales, puesto que, en primer lugar, el pliego de peticiones materia del conflicto debió ser archivado por disposición expresa del artículo 234 del Código del Trabajo, es decir, todos y cada uno de los planteamientos que se realizan en el pliego de peticiones son temas contemplados en el contrato colectivo vigente y en el proyecto de décimo cuarto contrato colectivo que se encuentra en proceso de negociación, y por tanto, el pliego de peticiones es improcedente por expresa disposición legal.

 

Además, argumentan los accionantes que el pago de diferencias en viáticos, movilizaciones, subsistencias y alimentación y su concesión por parte del Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje vulnera expresas normas constitucionales y legales, puesto que se encuentra vigente el acuerdo ministerial N.º MRL-2012-00080 dictado por el Ministerio de Relaciones Laborales, que regula el beneficio de alimentación tanto por persona como por día laborado, como así lo reconocen los propios trabajadores en su reclamo. En efecto, sostienen que aceptar el planteamiento de los trabajadores es improcedente, puesto que al existir un techo, cualquier excedente al valor establecido es un privilegio del que disponen los trabajadores a través de la contratación colectiva, y que por prescripción de la Disposición Transitoria Tercera del Mandato Constituyente N.º 8, las cláusulas que constituyen privilegios para los trabajadores son nulas, de nulidad absoluta y no pueden generar ningún efecto jurídico. Respecto a la resolución de pago de los valores a ser cancelados a los trabajadores que se acojan al derecho de jubilación, consideran los accionantes que se trata de una cláusula privilegiada de aquellas a las que se refiere la Disposición Transitoria Tercera del Mandato Constituyente N.º 8 y, por tanto, son nulas, y no pueden generar ningún efecto jurídico. De esta forma, manifiestan que los trabajadores, pretendiendo camuflar la realidad jurídica, no mencionan que dicho aspecto está establecido en el artículo 41 del contrato colectivo y, por tanto, es otra razón para aplicar el artículo 234 del Código del Trabajo.

 

En este orden, señala que dieciocho extrabajadores del Consejo Provincial de Chimborazo plantearon sendas demandas laborales en contra de la Institución, pidiendo la aplicación del artículo 41 del contrato colectivo vigente, y el juez de trabajo de Chimborazo rechazó dichas demandas, justamente porque se trataba de cláusulas privilegiadas. La Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo revocó tales sentencias, estando los procesos en trámite de resolución ante la Corte Nacional de Justicia, al haberse interpuesto recurso de casación. Por tanto, consideran que jamás podía ser objeto de resolución del Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje, contraviniendo normas legales y constitucionales.

 

Pretensión concreta

 

Por lo expuesto, solicitan que se declare lo siguiente:

 

?1.- Que el fallo de fecha 17 de noviembre de 2011, emitido por el Tribunal Superior de conciliación y Arbitraje de la Dirección Regional de Trabajo y Empleo de la ciudad de Ambato, vulnera los derechos constitucionales antes invocados y como consecuencia de ello se deje sin efecto el referido fallo.

 

2.- Se declare la efectiva violación de las normas constitucionales citadas y consecuentemente se ordene que el Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje, remita el expediente a la Corte Constitucional, para el trámite correspondiente, a fin de que el Gobierno Provincial de Chimborazo, pueda acceder efectivamente a la justicia de manera imparcial y expedita y que sus derechos sean reconocidos?.

 

De la contestación y sus argumentos

 

Mediante providencia del 19 de junio del 2012, el juez sustanciador dispone notificar el contenido de demanda y del auto referido al Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje de la Dirección Regional de Trabajo y Empleo de Ambato, a fin de que en el término de cinco días presenten un informe debidamente motivado de descargo sobre los argumentos que fundamentan la demanda.

 

En tal virtud, mediante oficio DRTSPA-2012-1396 del 27 de junio del 2012, el abogado Juan Antonio Flores, director regional del trabajo y servicio público de Ambato, remite 16 cuerpos del expediente original del pliego de peticiones  presentado por el Comité Especial de Obreros del Gobierno Provincial de Chimborazo, y el informe de descargo solicitado. De esta forma, el Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje, mediante providencia del 27 de junio del 2012, manifiesta:

 

En lo principal señalan que conforme el artículo 60 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la acción fue presentada fuera de plazo, con exceso de ocho días.

 

En este orden, informan que el Tribunal tiene enormes imposibilidades de presentar descargos respecto de afirmaciones o asertos que no contienen ninguna determinación precisa de cómo, por qué o en qué se han violado los derechos constitucionales invocados en el escrito de acción extraordinaria de protección. Consideran que las invocaciones a las garantías constitucionales no son elemento suficiente para amparar una acción y las mismas que se contienen en el escrito de los accionantes constituyen garantías jurídicas que operan igualmente para los trabajadores, y en algunos casos, son normas garantistas de derechos exclusivos de estos, sin que quepa que los pueda invocar a su favor el empleador.

 

 

Así, arguyen que con respecto a los temas que fueron materia de resolución del Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje, en aplicación de las garantías constitucionales que preservan derechos de los trabajadores que están además amparados por Convenios Internacionales de derechos humanos y que se orientan a lograr eficacia de la asociatividad obrera cuanto de la negociación libre de la contratación colectiva, y en aplicación precisa de los contenidos normativos que los accionantes parecen no conocer, se decidió ratificar la decisión del Tribunal de Primera Instancia, que apegada a derecho reconocía que no era lo mismo disponer el pago de un valor para alimentación diaria, que el valor determinado para alimentación en caso de subsistencias o viáticos a pagarse cuando el empleado o trabajador cumple una comisión de servicios. De tal suerte, que consideran que los accionantes actúan inobservando principios procesales de buena fe y lealtad procesal.

 

 

Finalmente, con respecto a la resolución en torno a la jubilación por renuncia o retiro voluntario, el Tribunal Superior estimó que la litis no se había trabado en ningún momento con respecto al argumento presentado a última hora por el Consejo Provincial de Chimborazo, y por lo mismo, no fue considerado ni en la primera instancia, puesto que de haberlo hecho, habría incurrido en una violación a sus capacidades jurisdiccionales, ya que habría pronunciamiento sobre excepción inexistente al momento de trabarse la litis.

 

 

Comparecencia de la Procuraduría General del Estado

 

Comparece en la presente acción extraordinaria de protección el abogado Marcos Arteaga Valenzuela, en su calidad de director nacional de patrocinio, delegado del procurador general del Estado, y señala casilla constitucional para notificaciones que le correspondan.

 

De los argumentos de terceros interesados en el proceso

 

Comparecen los señores Wilson Velasteguí Álvarez, Celso Morocho Chávez, Ángel Adán Herrera, Gonzalo Barahona Ocaña, Joselito Ebla Olmedo, Eduardo Coronel Velastegui y Gonzalo Vimos Damián, en sus calidades de secretario general, secretario de Actas y Comunicaciones, secretario de Organización y Estadística, secretario de Defensa Jurídica, secretario de Finanzas, secretario de Cultura y Deportes y secretario de Beneficencia y Ayuda Mutua, respectivamente, de la Directiva del Comité Especial de Obreros del Gobierno de la Provincia de Chimborazo, y en lo principal señalan:

 

En cuanto a la admisibilidad del presente recurso, sostienen los comparecientes que no comprenden cómo la Sala de Admisión dio paso a dicho recurso, cuando el Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje negó este trámite. A más de lo manifestado, afirman que la presentación de la acción extraordinaria de protección es extemporánea, conforme lo previsto en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, debiendo, en estricta aplicación del principio de justicia y equidad, ser rechazada.

 

Solicitan al juez sustanciador acoger sus puntos de vista.

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

Competencia

 

El Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición, es competente para conocer y pronunciarse sobre las acciones extraordinarias de protección, en virtud de lo previsto en los artículos 94 y 437 de la Constitución de la República, y en los artículos 63 y 191 literal d de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el artículo 3 numeral 8 literal b y el tercer inciso del artículo 35 del Reglamento de Sustanciación de procesos de la Corte Constitucional.

 

En el presente caso, se presenta acción extraordinaria de protección en contra del fallo del 17 de noviembre del 2011, emitido por el Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje de la Dirección Regional de Trabajo y Empleo de la ciudad de Ambato.

 

Análisis constitucional

 

En el presente caso, el accionante argumenta que la resolución impugnada vulnera fundamentalmente los derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa, por falta de motivación, consagrados en el artículo 76, numeral 7, literal l de la Constitución de la República, puesto que el Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje de la Dirección Regional de Trabajo y Empleo de la ciudad de Ambato, no consideró las alegaciones realizadas en cuanto a la nulidad del pliego de peticiones presentado, entre otros argumentos.

 

En este sentido, corresponde a la Corte determinar si la resolución impugnada vulnera o no el derecho al debido  proceso, en los términos que constan en la demanda. Sin embargo, para el efecto, es necesario precisar que esta Corte, en ejercicio del principio iura novit curia, ?el juez conoce el derecho?, está plenamente facultada para analizar y pronunciarse respecto a temas no argüidos por las partes, pero que podrían acarrear vulneración a derechos constitucionales.

 

Ahora bien, previo a realizar un análisis de fondo, resulta pertinente pronunciarnos respecto a los argumentos expuestos tanto por el Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje como por los terceros interesados, en cuanto a que la presente acción extraordinaria de protección debió ser inadmitida por haberse presentado fuera del término previsto en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Al respecto, se precisa que dichos argumentos fueron considerados por la Sala de Admisión, la cual mediante providencia del 11 de abril del 2012, resolvió que la demanda cumplía con todos los requisitos de procedibilidad establecidos en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica de la materia. En consecuencia, no cabe efectuar un nuevo pronunciamiento respecto a un tema de admisibilidad que, como lo manifestamos, fue examinado por la Sala de Admisión en su oportunidad.

 

Igualmente, se llama la atención al Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje, puesto que inobserva lo previsto en el artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que establece que en el término de cinco días se remitirá el expediente completo a la Corte Constitucional, sin mayor trámite. Esto se desprende de la providencia del 17 de febrero del 2012, que textualmente señala:

 

?(?) 1.- El Art. 488 del Código de Trabajo determina: ?Trámite del recurso de segunda instancia.- Para el trámite del recurso de segunda instancia se observará lo siguiente:? El fallo del Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje no será susceptible de recurso alguno, pero las partes podrán pedir aclaración o ampliación del mismo, dentro de los dos días siguientes a la notificación de dicho fallo.?. Por lo referido, se establece que la acción que pretende el empleador contraviene a norma expresa, por lo que cuya tramitación no procede??.

 

La falta de conocimiento de los miembros del Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje hace que se produzcan una serie de actuaciones procesales, que lo único que provocan es vulneración de derechos constitucionales de las partes, al no remitir el expediente para el correspondiente trámite de la acción extraordinaria de protección planteada por los accionantes. Se insiste en que la competencia única y exclusiva para conocer y resolver la presente acción, es de la Corte Constitucional, siendo el máximo órgano de justicia constitucional, y a la que le corresponde conocer sobre la admisibilidad o no de la acción de la referencia y su posterior sustanciación, mas no a los operadores judiciales, cuya labor, una vez interpuesta una acción extraordinaria de protección, se centra en remitir la demanda conjuntamente con el expediente a la Corte Constitucional, para los fi nes establecidos en la propia Constitución y en la ley de la materia. No se puede  permitir bajo ningún argumento que los legitimados pasivos en las acciones de extraordinarias de protección que se presenten, actúen y se pronuncien sobre aspectos de admisibilidad o procedencia de la acción extraordinaria que no les corresponde.

 

En este orden, esta Corte examinará el siguiente problema jurídico:

 

La resolución impugnada ¿vulnera el derecho al debido proceso, por falta de motivación, consagrado en el artículo 76 numeral 7 literal l de la Constitución de la República?

 

Conforme se desprende de la demanda, los accionantes argumentan que la decisión impugnada vulnera su derecho al debido proceso por falta de motivación, puesto que precisamente, al estar los legitimados pasivos obligados a motivar sus resoluciones, no cumplen con su deber. Esto se explica, conforme lo señalan los accionantes, porque emitieron una decisión inobservando normas legales expresas que tornaban improcedente el pliego de peticiones, y adicionalmente, porque al determinarse ciertos rubros no se consideraron las disposiciones de los Mandatos Constituyentes 2 y 8.

 

En este sentido, corresponde analizar los cargos formulados por los accionantes y examinar si efectivamente la decisión impugnada cumple con la exigencia constitucional de la motivación.

 

El artículo 76 numeral 7 literal l de la Constitución de la República consagra el deber de motivar las resoluciones judiciales, de la siguiente forma:

 

?Art. 76.- En todo proceso en donde se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:

 

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos??1.

 

La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el deber de motivar, y ha señalado que:

 

«La motivación de las resoluciones judiciales es requisito para la observancia de un proceso debido, y más concretamente dentro del litigio, para la observancia del derecho a la tutela efectiva y expedita de los derechos e intereses de las personas, sin que en ningún caso quede en indefensión. Es decir: ?las resoluciones judiciales que

 









 

1              Ver articulo 76, numeral 7, literal l) de la Constitución de la República.


 

contengan contradicciones internas, arbitrariedades y errores lógicos que las conviertan en manifiestamente irrazonables, aún teniéndola, se las considerará carentes de motivación y, por lo tanto, vulnerarán el derecho a la tutela efectiva (?). Para que se considere cumplido el requisito de la motivación, es necesario que lleve a cabo la doble finalidad de exteriorizar, de un lado, el fundamento de la decisión adoptada, haciendo explícito que éste responda a una determinada interpretación del Derecho, y de permitir, de otro, su eventual control jurisdiccional mediante el efectivo ejercicio de los derechos?(?).

 

Es decir, la motivación responde a la debida y lógica coherencia de razonabilidad que debe existir entre la pretensión, los elementos fácticos, las consideraciones y vinculación de la norma jurídica y la resolución tomada2». De esta forma, la motivación, como garantía constitucional, consiste en: ?la exteriorización por parte del juez o tribunal de la justificación racional de determinada conclusión jurídica (?) No existiría motivación si no ha sido expresado en la sentencia el porqué de determinado temperamento judicial, aunque el razonamiento no exteriorizado del juzgador ?suponiendo que hubiera forma de elucidarlo? hubiera sido impecable. Por ello (?) ?falta de motivación?, se refiere tanto a la ausencia de expresión de la motivación ?aunque esta hubiese realmente existido en la mente del juez? cuanto a la falta de justificación racional de la motivación que ha sido efectivamente explicitada?3.

 

Por tanto, el deber de motivar las resoluciones judiciales nos permite conocer los fundamentos de hecho y de derecho que amparan la decisión, sin los cuales carecería de sentido, con la finalidad de asegurar el respeto de los derechos constitucionales.

 

En el caso sub iudice, la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje, expresamente señala en su parte resolutiva

 

?Por las consideraciones expuestas por este Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA Resuelve PRIMERO: Desechar el recurso de apelación interpuesto y confirmar en todas sus partes el fallo de primera instancia?.

 

Lo expuesto nos lleva necesariamente a analizar el fallo del 3 de junio del 2011, expedido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en aplicación del principio iura novit curia, en el cual se resolvió:

 

??Siendo este el estado de la causa para resolver ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO

 

2              Ver sentencia No. 0069-10-SEP-CC, en el caso No. 0005-10-EP, de fecha 9 de diciembre de 2010.

 

3              Fernando Díaz Cantón, ?La motivación de la sentencia penal y otros estudios?, Buenos Aires, Editores del Puerto srl, 2009, p. 99.

 

SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y DE LAS LEYES DE LA REPUBLICA, este Tribunal RESUELVE: 1) Aceptar parcialmente el Pliego de Peticiones y disponer que el Gobierno Descentralizado Autónomo de la Provincia de Chimborazo cumpla con lo dispuesto en los considerandos cuarto, quinto y sexto del presente fallo.- 2) Se rechaza los puntos cinco, seis siete y ocho del Pliego de Peticiones por falta de prueba.- 3) Con relación al Punto nueve del Pliego de Peticiones las partes estén a lo dispuesto en el contrato colectivo y en las decisiones de los correspondientes jueces competentes??.

 

Esta remisión es necesaria, tomando en consideración que el Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje ratifica el fallo de primera instancia. Ahora bien, del análisis integral de los referidos fallos, esta Corte determina que los mismos no cumplen con la exigencia constitucional de motivar las resoluciones judiciales, y por tanto, vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso. Esta conclusión se explica, puesto que si bien las resoluciones impugnadas resuelven todos los puntos de la pretensión, lo hacen en base a criterios e interpretaciones erróneas, que acarrean vulneración de derechos constitucionales como el principio de aplicación directa de la Constitución, derecho al trabajo, derecho a la igualdad y no discriminación, entre otros.

 

Es decir, en el caso sub examine, al basarse la sentencia del Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje en los recaudos procesales del juez a quo, sin considerar nuevos argumentos o hechos, o por lo menos desvirtuar los argumentos del empleador motivadamente, provoca vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, y en consecuencia, los operadores judiciales no cumplieron con su obligación de motivar sus fallos.

 

Habíamos mencionado que se realizan interpretaciones erróneas que conllevan a conclusiones también erradas por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, principalmente, nos referimos al considerando quinto de la resolución, que señala textualmente:

 

?(?) El Tribunal considera revisadas las disposiciones del Mandato Constituyente No. 8 en su Disposición Transitoria Tercera, el Decreto 1701 y el Decreto 225, en ninguna de estos normativos consta el pago de aportes personales del trabajador o trabajadora al IES asumido por el Empleador como exceso, privilegio y consecuentemente una limitación en el texto de los contratos colectivos?.

 

Como se observa, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje desconoce completamente el contenido y espíritu del Mandato 8, el cual procura la eliminación de las cláusulas de los contratos colectivos que contienen privilegios o beneficios desmedidos, puesto que las mismas no forman parte del núcleo esencial del derecho al trabajo, que se fundamenta en los principios constitucionales de igual trabajo igual remuneración, estabilidad laboral, salario mínimo, libertad de trabajo, entre otros. Todas las demás cláusulas o excesos que consagran privilegios para cierto grupo de trabajadores amparados en un contrato colectivo, no pueden formar parte del núcleo del

 

derecho al trabajo y por tanto, su eliminación no implica vulneración alguna de derechos laborales. De esta forma, el establecimiento de estipulaciones, como el pago de los aportes personales del trabajador al IESS, asumido por el empleador, que consagra abiertamente un privilegio exclusivo en beneficio de los trabajadores del Gobierno Autónomo de la Provincia de Chimborazo, es considerado como un trato preferencial, que da lugar a un trato discriminatorio frente a otros grupos de trabajadores, que no gozan de tal privilegio, vulnerando el principio de igualdad, establecido en la Constitución de la República, en el artículo 11 numeral 2. En consecuencia, el trato preferencial otorgado a los trabajadores en mención no goza de validez constitucional.

 

Se argumenta que dichas cláusulas no están contenidas en el Mandato 8 y en normas de inferior jerarquía y, por tanto, no son considerados como un exceso o privilegio, sin embargo, no se considera que la enumeración que se realiza en el Mandato referido es ejemplificativa. Los juzgadores olvidan la voluntad del constituyente expresada en el Mandato 8, en el cual se estableció como un imperativo la revisión y regulación de las cláusulas de los contratos colectivos de trabajo celebrados por instituciones del sector público, empresas públicas estatales, de organismos seccionales y por las entidades de derecho privado en las que, bajo cualquier denominación, naturaleza o estructura jurídica, el Estado o sus Instituciones tienen participación accionaria mayoritaria y/o aportes directos o indirectos de recursos públicos, que contienen privilegios y beneficios desmedidos o exagerados de grupos minoritarios, que atentan contra el interés general y de los propios trabajadores.

 

 

Expresamente, la Disposición Transitoria Tercera del Mandato 8 señala:

 

?El proceso de revisión de los contratos colectivos de trabajo a los que se refi ere esta disposición transitoria, en el que participarán empleadores y trabajadores, se hará de manera pública y establecerá claras restricciones a todas las cláusulas en las que se consagran excesos y privilegios, tales como: transferencia y transmisión de cargos a familiares en caso de jubilación o fallecimiento del trabajador, horas suplementarias y extraordinarias no trabajadas y cobradas por dirigentes laborales, pago de vacaciones y reconocimiento de otros beneficios para el grupo familiar del trabajador, gratificaciones y beneficios adicionales por retiro voluntario, entrega gratuita de productos y servicios de la empresa, entre otras cláusulas de esta naturaleza.

 

Las cláusulas de los contratos colectivos que no se ajusten a los parámetros a los que se refiere esta disposición transitoria y que contengan privilegios y beneficios desmedidos y exagerados que atentan contra el interés general, son nulas de pleno derecho.

 

Los jueces, tribunales y las autoridades administrativas vigilarán el cumplimiento de esta disposición?. (Lo subrayado es nuestro) Por otra parte, respecto al pago de diferencias en viáticos, movilizaciones, subsistencias y alimentación, los legitimados pasivos vulneraron el derecho al debido proceso por falta de motivación, que como lo hemos manifestado reiteradamente, se produce por la falta de análisis de los hechos en se funda la litis, de las pruebas aportadas, de las normas jurídicas pertinentes y de los argumentos de las partes. Así, el Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje contrarió tal mandato constitucional, al desconocer la existencia de norma legal expresa al respecto, esto es, el acuerdo ministerial N.º MRL 2010-00080, publicado en el Registro Oficial N.º 199 del 25 de mayo del 2010, que regula el servicio de alimentación.

 

De esta forma, en atención al acuerdo ministerial referido, el director regional de trabajo de Ambato, al absolver una consulta planteada por el prefecto de Chimborazo, mediante ofi cio N.º 319-DRTA-MRL-2010 del 11 de marzo del 2011, se pronuncia señalando lo siguiente:

 

?El Gobierno de la Provincia de Chimborazo, debió sujetarse desde el año 2010 a lo establecido en el literal e) del artículo 4 del Acuerdo Ministerial MRLNo. 2010-00080 publicado en el Registro Oficial No. 199, de 25 de mayo de 2020, que regula el servicio de alimentación, entendiéndose por lo tanto que el Gobierno de la Provincia de Chimborazo podrá proveer el servicio de alimentación cuyo techo de negociación estará establecido en USD 3,50 dólares por persona y por día laborado. Y en el caso de que no pudiese proveer el servicio de alimentación debió considerar el valor de hasta US 3,50 dólares por persona y por cada día laborado, valor que podrá ser pagado a las trabajadoras y trabajadores adicional a su remuneración mensual unificada?.

 

Frente a tales argumentos, el Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje, en su resolución, se limita únicamente a señalar que: ?el derecho reclamado por los trabajadores no es el mismo que ha sido establecido mediante el Acuerdo Ministerial No. 0080-2010, relacionado con el servicio de alimentación??, sin especificar motivadamente las razones para llegar a esa conclusión, tal como lo impone el artículo 76 numeral 7 literal l de la Constitución de la República.

 

Se recuerda que para la vigencia del derecho al debido proceso, es necesario, en primer lugar, que el proceso haya sido conducido conforme el procedimiento constitucional previsto para el efecto, y en segundo lugar, que el proceso haya sido resuelto en cuanto al fondo, en base a normas constitucionales; caso contrario, no hablamos de un debido proceso, y la resolución no será motivada.

 

Lo expuesto anteriormente evidencia falta de motivación en las resoluciones impugnadas y, en consecuencia, al ser esencial para la vigencia del derecho a la defensa, provoca indefensión.

 

En este sentido, por los argumentos expuestos, esta Corte concluye que la vulneración del derecho constitucional al debido proceso por parte de las autoridades judiciales, trae consigo la vulneración de los derechos a la tutela efectiva, imparcial y expedita y a la seguridad jurídica. Es decir, al verifi  carse la vulneración del derecho a la defensa en la garantía de la motivación, esta Corte debe declarar adicionalmente, la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica, consagrados en los artículos 75 y 82 de la Constitución de la República, respectivamente, puesto que de otra forma, no se garantiza plenamente los derechos constitucionales de las partes en el presente caso.

 

En cuanto al ámbito del derecho a la tutela judicial efectiva, como lo ha mencionado esta Corte, conforme el artículo 75 de la Constitución de la República, este comprende el acceso gratuito a la justicia, el obtener una resolución fundada en derecho y el conseguir la ejecución integral de la sentencia, en forma oportuna. En tal circunstancia, cuando la resolución o resoluciones que se expiden no son de fondo o se fundan en normas abiertamente inconstitucionales, tales resoluciones resultan arbitrarias o irrazonables, puesto que no cumplen con la exigencia constitucional expresada.

 

Por su parte, el derecho a la seguridad jurídica opera en la Constitución como un límite a los operadores judiciales, puesto que obliga a los mismos a garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales. Al respecto, la Corte ha señalado:

 

?Por otra parte, el derecho a la seguridad jurídica -artículo 82- consiste en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por la autoridades competentes. Es decir, la observancia por parte de todos los ciudadanos y de las autoridades públicas a las normas preexistentes y que dichas normas impongan los mismos derechos y oportunidades a todas las personas que se encuentran en la misma situación, aseguran efectivamente la vigencia de estos derechos constitucionales?4.

 

Así, en el presente caso, ha quedado razonada la procedencia de declarar la vulneración de derechos constitucionales y, como consecuencia, dejar sin efecto las resoluciones impugnadas, al haber impedido el pleno ejercicio de los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, porque los legitimados pasivos incumplieron su deber constitucional de motivar sus resoluciones, y a la seguridad jurídica, conforme lo previsto en los artículos 75, 76 numeral 7 literal l, y 82, respectivamente, de la Constitución de la República.

 

III. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional, para el periodo de transición, expide la siguiente:

 

SENTENCIA

 

Declarar vulner

 

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