Registro Oficial

Registro Oficial No 288 - Lunes 14 de Julio de 2014 Primer Suplemento

Lunes, 14 de julio de 2014

Última modificación: Jueves, 28 de agosto de 2014 | 14:22

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Lunes 14 de Julio  2014 - R. O. No. 288

 

SUPLEMENTO

 

SUMARIO

               

Presidencia de la República:

 

 

Ejecutivo:

Decretos               

 

362 Ratifícase en todos sus artículos el ?Acuerdo de Cooperación Económica, Comercial y Técnica entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno del Estado de Catar?

 

               

363 Ratifícase en todos sus artículos el ?Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno del Reino de Tailandia sobre Exención de Visas para Titulares de Pasaportes Diplomáticos, Servicios/Oficiales?

 

               

364 Ratifícase en todos sus artículos el ?Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la República del Ecuador y la República Dominicana para la Protección, Conservación, Recuperación y Restitución de bienes del Patrimonio Cultural y Natural, que hayan sido materia de robo, saqueo, transporte, tráfico y/o comercialización ilícitos?

 

               

367 Ratifícase en todos sus artículos el ?Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Costa Rica para la Protección Conservación, Recuperación y Restitución de bienes del Patrimonio Cultural, que hayan sido materia de robo, hurto, saqueo, transporte, tráfico y/o comercialización ilícitos?

 

               

368 Promúlganse las Normas que deberán aplicarse, en materia de contratación pública de ejecución de obra a cargo del Servicio Nacional de Contratación de Obras

 

               

369 Refórmase el Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado

               

Gobiernos Autónomos Descentralizados: Ordenanzas Municipales:

 

Ordenanzas         

 

-       Cantón Gonzanamá: Que regula la formación de los catastros prediales urbanos y rurales, la determinación, administración y recaudación del impuesto a los predios urbanos y rurales para el bienio 2014 - 2015

 

Ordenanzas         

 

-        Cantón Guaranda: Que regula la formación de los catastros prediales urbanos y rurales, la determinación, administración y recaudación del impuesto a los predios urbanos y rurales para el bienio 2014-2015

 

               

23-2013 Cantón Loja: Que implementa y regula el sistema de igualdad y protección integral de derechos de las personas y grupos de atención prioritaria

 

 

 

CONTENIDO

 


 

No. 362

 

Rafael Correa Delgado

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que el "Acuerdo de Cooperación Económica, Comercial y Técnica entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno del Estado de Catar", fue suscrito en la ciudad de Quito el 16 de febrero de 2013;

 

Que el objetivo del Acuerdo es ampliar y fortalecer las relaciones entre los dos países en las áreas de cooperación económica, comercial y técnica en beneficio mutuo de las Partes incluida la industria, las minas, la energía, la agricultura, las comunicaciones, el transporte, la construcción, las inversiones y el turismo;

 

Que el artículo 418 de la Constitución de la República establece que al Presidente de la República le corresponde suscribir o ratificar los tratados y otros instrumentos internacionales;

 

Que en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el Secretario General Jurídico de .la Presidencia de la República, con Oficio No. T. 6657-SNJ- 13-272 de 25 de marzo de 2013, remitió a la Corte Constitucional el referido Acuerdo, para que resuelva si requiere de aprobación legislativa;

 

Que en base a lo expuesto, mediante Dictamen No. 033-13- DTI-CC de 26 de noviembre de 2013, la Corte Constitucional en sesión ordinaria, resolvió que el mencionado "Acuerdo de Cooperación Económica, Comercial y Técnica entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno del Estado de Catar", requiere de aprobación previa por parte de la Asamblea Nacional;

 

 

Que de conformidad con el segundo inciso del artículo 418 de la Constitución de la República, el Presidente Constitucional de la República solicitó con oficio N° T. 6657-SGJ-13-1138 de 27 de diciembre de 2013, a la Asamblea Nacional la aprobación del mentado Acuerdo;

 

Que el Pleno de la Asamblea Nacional, el 17 de junio de 2014, resolvió aprobar el referido Acuerdo; y,

 

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 147, número 10, de la Constitución de la República,

 

Decreta:

 

Artículo 1.- Ratificase en todos sus artículos el "Acuerdo de Cooperación Económica, Comercial y Técnica entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno del Estado de Catar", suscrito en la ciudad de Quito el 16 de febrero de 2013.

 

Disposición Final.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial y de su ejecución encárgase al Ministro de Relaciones Exteriores y Movi1idad Humana

 

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito a 27 de junio de 2014.

 

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.

 

Quito 30 de Junio del 2014, certifico que el que antecede es fiel copia del original.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Alexis Mera Giler

 

SECRETARIO GENERAL JURÍDICO

 

Secretaría General Jurídica

 

No. 363

 

Rafael Correa Delgado

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que el "Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno del Reino de Tailandia sobre Exención de Visas para Titulares de Pasaportes Diplomáticos, Servicios/Oficiales", fue suscrito en la ciudad de New York, el 26 de septiembre de 2013;

 

Que el objetivo del Acuerdo es facilitar el desplazamiento sin visa, de los ciudadanos de las Partes Contratantes, titulares de pasaportes diplomáticos y de servicio u oficial para ingresar, transitar, permanecer o salir del territorio de la otra Parte por un período que no exceda los 30 días desde la fecha de ingreso;

 

Que el artículo 418 de la Constitución de la República establece que al Presidente de la República le corresponde suscribir o ratificar los tratados y otros instrumentos internacionales;

 

Que en este sentido y en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el Secretario General Jurídico de la Presidencia de la República, con Oficio No. T. 6899-SGJ-13-1006 de 12 de noviembre de 2013, remitió a la Corte Constitucional, el referido Acuerdo, para que resuelva si requiere de aprobación legislativa:

 

Que en base a lo expuesto, el Pleno de la Corte Constitucional en sesión extraordinaria de 21 de mayo de 2014 resolvió que el instrumento internacional sometido a análisis no se encuentra incurso en los casos que requieren aprobación legislativa, y por tanto no necesita aprobación previa por parte de la Asamblea Nacional;

 

Que el segundo inciso del artículo 418 de la Constitución de la República dispone que un Tratado sólo podrá ser ratificado, para su posterior canje o depósito, diez días después de que la Asamblea haya sido notificada sobre el mismo;

 

Que en cumplimiento con la precitada disposición, se ha notificado a la Asamblea Nacional, en la interpuesta persona de la señora Gabriela Rivadeneira Burbano, Presidenta del mencionado organismo, mediante oficio N° 6899-SGJ-14-374 de 4 de junio de 2014 y recibido por la Asamblea Nacional el 5 del mismo mes y año, y una vez que ha transcurrido el tiempo dispuesto; y,

 

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 147, número 10, de la Constitución de la República.

 

 

Decreta:

 

Artículo Único.- Ratificase en todos sus artículos el "Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno del Reino de Tailandia sobre Exención de Visas para Titulares de Pasaportes Diplomáticos. Servicios/Oficiales", suscrito en la ciudad de New York, el 26 de septiembre de 2013.

 

Disposición Final.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial y de su ejecución encárgase al Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

 

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, a 27 de junio de 2014.

 

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.

 

Quito 30 de Junio del 2014, certifico que el que antecede es fiel copia del original.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Alexis Mera Giler

 

SECRETARIO GENERAL JURÍDICO

 

Secretaría General Jurídica

 

No. 364

 

Rafael Correa Delgado

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que el "Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la República del Ecuador y la República Dominicana para la Protección, Conservación, Recuperación y Restitución de bienes del Patrimonio Cultural y Natural, que hayan sido materia de robo, saqueo, transporte, tráfico y/o comercialización ilícitos" fue suscrito en Santo Domingo, República Dominicana, el 22 de abril de 2013;

 

Que el objetivo del Convenio es promover la cooperación de las Partes para proteger, conservar, recuperar y restituir de los bienes arqueológicos, artísticos, históricos, culturales y los que conforman el patrimonio natural que hayan sido materia de robo, saqueo, transporte, tráfico o comercialización ilícita en sus territorios estableciendo bases y procedimientos, así como también regula la reciprocidad entre los dos países para la asistencia judicial respecto a la investigación, enjuiciamiento y sentencia de los responsables de estos delitos;

 

Que el artículo 418 de la Constitución de la República establece que al Presidente de la República le corresponde suscribir o ratificar los tratados y otros instrumentos internacionales;

 

Que en este sentido y en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el Secretario General Jurídico de la Presidencia de la República, con Oficio No. T. 6724-SNJ-13-500 de 6 de junio de 2013, remitió a la Corte Constitucional el referido Convenio, para que resuelva si requiere de aprobación legislativa;

 

Que en base a lo expuesto, el Pleno de la Corte Constitucional en sesión ordinaria de 7 de agosto de 2013, resolvió que el instrumento internacional sometido a análisis no se encuentra incurso en los casos que requieren aprobación legislativa, y por tanto no necesita aprobación previa por parte de la Asamblea Nacional;

 

Que en cumplimiento del segundo inciso del artículo 418 de la Constitución, se ha notificado a la Asamblea Nacional, en la interpuesta persona de la señora Gabriela Rivadeneira Burbano, Presidenta del mencionado organismo, mediante  oficio N° 6724-SNJ-13-720 de 20 de agosto de 2013 y recibido por la Asamblea Nacional el 22 del mismo mes y año, y una vez que ha trascurrido el tiempo dispuesto; y,

 

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 147, número 10, de la Constitución de la República,

 

Decreta:

 

Artículo Único.- Ratifícase en todos sus artículos el "Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la República del Ecuador y la República Dominicana para la Protección, Conservación, Recuperación y Restitución de bienes del Patrimonio Cultural y Natural, que hayan sido materia de robo, saqueo, transporte, tráfico y/o comercialización ilícitos", suscrito en Santo Domingo, República Dominicana, el 22 de abril de 2013;

 

Disposición Final.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial y de su ejecución encárgase al Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

 

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, a 27 de junio de 2014.

 

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.

 

Quito 30 de Junio del 2014, certifico que el que antecede es fiel copia del original.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Alexis Mera Giler

 

SECRETARIO GENERAL JURÍDICO

 

Secretaría General Jurídica

 

No. 367

 

Rafael Correa Delgado

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que el "Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Costa Rica para la Protección, Conservación, Recuperación y Restitución de bienes del Patrimonio Cultural, que hayan sido materia de robo, hurto, saqueo, transporte, tráfico y/o comercialización ilícitos", fue suscrito en San José, Costa Rica, el 23 de enero de 2014;

 

Que el objetivo del Convenio es promover la cooperación de las Partes para proteger, conservar, recuperar y restituir de los bienes arqueológicos, artísticos, históricos, culturales que hayan sido materia de robo, hurto, saqueo, transporte, tráfico o comercialización ilícita en sus territorios estableciendo bases y procedimientos, así como también regula la reciprocidad entre los dos países para la asistencia judicial respecto a la investigación, enjuiciamiento y sentencia de los responsables de estos delitos;

 

Que el artículo 418 de la Constitución de la República establece que al Presidente de la República le corresponde suscribir o ratificar los tratados y otros instrumentos internacionales;

 

Que en este sentido y en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el Secretario General Jurídico de la Presidencia de la República, con Oficio No. T. 6942-SGJ-14-174 de 26 de febrero de 2014, remitió a la Corte Constitucional el referido Convenio, para que resuelva si requiere de aprobación legislativa;

 

Que en base a lo expuesto, el Pleno de la Corte Constitucional en sesión extraordinaria de 21 de mayo de 2014, resolvió que el instrumento internacional sometido a análisis no se encuentra incurso en los casos que requieren aprobación legislativa, y por tanto no necesita aprobación previa por parte de la Asamblea Nacional;

 

Que el segundo inciso del artículo 418 de la Constitución de la República dispone que un Tratado sólo podrá ser ratificado, para su posterior canje o depósito, diez días después de que la Asamblea haya sido notificada sobre el mismo;

 

Que en cumplimiento con la precitada disposición, se ha notificado a la Asamblea Nacional, en la interpuesta persona de la señora Gabriela Rivadeneira Burbano, Presidenta del mencionado organismo, mediante oficio N° 6942-SGJ-14-375 de 4 de junio de 2014 y recibido por la Asamblea Nacional el 5 del mismo mes y año, y una vez que ha transcurrido el tiempo dispuesto; y,

 

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 147, número 10, de la Constitución de la República, Decreta:

 

Artículo Único.- Ratifícase en todos sus artículos el "Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Costa Rica para la Protección, Conservación, Recuperación y Restitución de bienes del Patrimonio Cultural, que hayan sido materia de robo, hurto, saqueo, transporte, tráfico y/o comercialización ilícitos", suscrito en San José, Costa Rica, el 23 de enero de 2014;

 

 

Disposición Final.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial y de su ejecución encárgase al Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

 

 

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, a 27 de junio de 2014.

 

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.

 

Quito 30 de Junio del 2014, certifico que el que antecede es fiel copia del original.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Alexis Mera Giler

 

 

SECRETARIO GENERAL JURÍDICO

 

Secretaría General Jurídica

 

No. 368

 

Rafael Correa Delgado

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública fue promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente, el 4 de agosto de 2008 y estableció un paradigma en búsqueda de la eficiencia y calidad de gasto público;

 

Que mediante decretos ejecutivos: No. 731 publicado en la edición suplemento No. 430 de 19 de abril de 2011; No. 992 publicado en la edición del Registro Oficial No. 619 de 16 de enero de 2012; y, No. 49 publicado en la edición suplemento del Registro Oficial No. 57 de 13 de agosto de 2013, se estableció la entidad de contratación de obras para optimizar la capacidad del sector público y contar con una instancia técnica altamente especializada en los aspectos de contratación pública y administración de la ejecución de la obra pública, inicialmente para los sectores de: justicia, deporte, salud, educación, y que luego se amplió a todas las entidades de la administración pública central e institucional.

 

Que, no obstante lo anterior, persisten atavismos en las diferentes instancias de la Administración Pública Central e Institucional, originados en costumbres perniciosas; que van en perjuicio de la eficiencia Estado;

 

Que, por lo tanto, se hace necesario dictar normas para optimizar al máximo nivel la contratación pública en el Ecuador; y,

 

En ejercicio de la facultad que le confiere el numeral 3 del artículo 147 de la Constitución de la República,

 

Decreta:

 

LAS SIGUIENTES NORMAS QUE DEBERÁN APLICAR, EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE EJECUCIÓN DE OBRA A CARGO DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN DE OBRAS.

 

Artículo 1.- En todo contrato de obra pública a cargo del Servicio de Contratación de Obras se deberá constituir una comisión que resuelva los problemas que surjan durante la ejecución del contrato.

 

Esta Comisión estará conformada:

 

Delegado o delegados del director ejecutivo del Servicio de Contratación de Obras, uno de ellos coordinará la Comisión;

 

Delegado o delegados de la Presidencia de la República;

 

Delegado de la Fiscalización.

 

Delegado o delegados del contratista.

 

El consultor que realizó los estudios o los diseños. de conformidad con la norma técnica de control de la Contraloría General del Estado, podrá ser requerido para aclaraciones o ampliaciones respecto de la consultoría realizada.

 

Artículo 2.- Los documentos precontractuales deberán incorporar los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados; además: planos, cálculos, especificaciones técnicas y presupuesto referencial, bajo el concepto de "Proyecto Integral" las siguientes actividades y obras esenciales, que a manera de ejemplo se indican, sin que limiten aquellas que integren el concepto de proyecto integral:

 

Cantidad y costos de expropiaciones, si fuere del caso.

 

Habilitación asfáltica del perímetro de la obra y sus accesos, de ser necesario.

 

Medidas de seguridad.

 

Señalización preventiva, informativa y turística.

 

Iluminación ornamental si fuere del caso

 

Arborización, si fuere del caso.

 

Cambio de tuberías de agua y redes de alcantarillado que sea necesario realizar. así sean de competencia de Gobiernos Autónomos Descentralizados y sin perjuicio de la coordinación respectiva.

 

Letreros que informen a la ciudadanía respecto del proyecto a construirse. plazo, cuantía, obras esenciales y partes contratantes.

 

Trabajo por tres turnos diarios, siete días a la semana, y con al menos dos frentes de trabajo de ser necesario.

 

Costos de relocalización de redes de energía eléctrica y de telecomunicaciones.

 

Artículo 3.- Los estudios deberán contener un concepto de "Proyecto Integral", de tal manera que las infraestructuras se las considere como parte del desarrollo de una determinada zona del país. Además, se homologará el diseño y el método constructivo así como se estudiará la necesidad de la construcción por módulos para alcanzar la máxima optimización de la infraestructura pública tanto para su uso como en el tiempo.

 

Artículo 4.- Toda consultoría que se refiera a estudios y diseños definitivos de obras señalados en el artículo 2 deberá rendir, al momento de recibirse los estudios respectivos, una garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato emitido por un banco o compañía de seguros autorizada, equivalente al cien por ciento (100%) del estudio contratado por un plazo de cinco (5) años, para asegurar que los estudios hayan sido bien realizados una vez contratada la obra. Esta disposición será incluida en los pliegos para la contratación de los estudios y diseños.

 

Artículo 5.- Los presupuestos referenciales no podrán incluir el rubro por concepto de adquisición o alquiler de activo fijo alguno para el respectivo campamento.

 

Artículo 6.- La entidad contratante estará obligada a ejercer la acción de responsabilidad civil contra cualquier persona natural o jurídica que retrase la obra culposa o dolosamente, por cualquier motivo.

 

Artículo 7.- Los estudios de impacto ambiental del proyecto, si los hubiere, deberán obligatoriamente prever todas las posibilidades de conflictividad social por razones ambientales.

 

Artículo 8.- Toda ampliación de plazo o aumento del monto de contrato deberá ser aprobada por la Comisión señalada en el artículo 1.

 

Artículo 9.- La Fiscalización de las obras será contratada por el Servicio Ecuatoriano de Contratación de Obras, excepto en obras de menor significación económica, caso en el que se realizará con personal de la Entidad. En todo contrato de fiscalización debe incluirse la responsabilidad del fiscalizador de informar al supervisor o administrador del contrato de los eventuales retrasos del contratista, estableciendo que la falta de cumplimiento de esta obligación será sancionada con multa. En caso de reincidencia, con la terminación unilateral del contrato de fiscalización.

 

En todo contrato debe establecerse:

 

Que en caso de existir cualquier caso de conflictividad social que retrase la obra, se tendrá que informar por escrito a la Comisión en un plazo no mayor de 48 horas, para registrar el retraso respectivo. La Comisión se responsabilizará de solucionar el conflicto en el menor tiempo posible. De resultar la conflictividad resultado de acción indebida u omisión del contratista, no podrá utilizarse como justificación.

 

Que en el caso de eventos fortuitos que puedan retrasar la obra, de no informarse a la Comisión por escrito hasta después de 48 horas de ocurrido el evento, no podrán utilizarse como justificativo para incrementar el plazo o el monto del contrato.

 

Que todo evento no contemplado en el presente decreto y que genere retraso en la entrega de la obra, deberá ser informado a la comisión en el plazo de 48 horas para que pueda ser usado como justificación de ampliación de plazo.

 

Artículo 10.- Al presentar su oferta, el oferente y, posteriormente el contratista y el fiscalizador deben certificar haber revisado los estudios de la obra y encontrarse debida y suficientemente informado de ellos, de tal manera que, exceptuando imponderables, no se permitan incrementos de montos ni de plazos argumentando errores en los estudios. En caso de supuestos imponderables, la Comisión tendrá que certificar que era imposible para el contratista y el fiscalizador detectar el respectivo error en el estudio, y sólo entonces se podrá extender el plazo y monto de los mismos.

 

Artículo 11.- Sólo por incremento de obras decididas por la entidad contratante, luego del informe de la Comisión, y no imputables a falencias en los estudios, o por motivos de fuerza mayor, se podrá otorgar ampliación de montos y plazos de contrato u órdenes de cambio.

 

Sólo se podrá argumentar "exceso de lluvias", con un certificado el Instituto Nacional de Meteorología que el promedio de lluvias ha sido al menos treinta por ciento (30%) superior al establecido en el contrato, por los últimos cinco años, en la zona del contrato por los meses de la respectiva ejecución.

 

Artículo 12.- En todo contrato se deberá establecer multas por incumplimientos de plazos y cronogramas. Los cronogramas establecerán el lapso en el cual se ejercerá el control o fiscalización, pudiendo ser semanal, bisemanal, mensual, entre otros El fiscalizador deberá cotejar dicho cronograma y, en caso de retraso, aplicar la multa diaria correspondiente por incumplimiento de plazos parciales, cuya determinación deberá estar establecida en el contrato.

 

Artículo 13.- Es responsabilidad de la entidad contratante realizar oportunamente las expropiaciones para un contrato de ejecución de obra; por lo tanto se le prohíbe expresamente a la entidad contratante suscribir contrato alguno si antes no se han establecido los correspondientes derechos sobre los inmuebles; de conformidad con la ley. La omisión de esta obligación deberá ser sancionada.

 

Artículo 14.- El pago de los contratos de fiscalización de obra se efectuará en directa proporción con el avance de obra fiscalizada y en los respectivos pliegos se deberán establecer puntajes de calificación adicional a favor de los oferentes de fiscalización que hayan sido diseñadores de la obra que se va a fiscalizar.

 

Artículo 15.- Se dispone al Servicio Nacional de Contratación Pública emitir las regulaciones correspondientes sobre el alcance de cada una de las etapas de contratación.

 

Artículo 16.- Notifíquese con este Decreto Ejecutivo a los señores Contralor General del Estado y Procurador General del Estado, para el mejor cumplimiento de sus facultades de control de conformidad con la Constitución y la Ley.

 

Artículo Final.- De la ejecución de este Decreto, que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, encárguese toda la Administración Pública Central e Institucional, el Director Ejecutivo del Servicio Nacional de Contratación de Obras y el Director Ejecutivo del Servicio Nacional de Contratación Pública.

 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 27 de junio de 2014.

 

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.

 

Quito 30 de Junio del 2014, certifico que el que antecede es fiel copia del original.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Alexis Mera Giler

 

SECRETARIO GENERAL JURÍDICO

 

Secretaría General Jurídica

 

No. 369

 

Rafael Correa Delgado

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que la letra c) del Artículo 4 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado establece que la seguridad pública y del Estado se guiará, entre otros, por los principios de prioridad y oportunidad, por los cuales el Estado en sus planes y acciones de seguridad dará prioridad a la prevención basada en la prospección y en medidas oportunas en casos de riesgos de cualquier tipo;

 

Que el Artículo 13 de la misma Ley establece que la Secretaría Nacional de Inteligencia es una entidad de derecho público, con independencia administrativa y financiera, con personalidad jurídica.1, responsable del Sistema Nacional de Inteligencia;

 

Que el Artículo 6 del Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado determina al Sistema Nacional de Inteligencia, como el conjunto de organismos de inteligencia independientes entre sí, funcionalmente coordinados y articulados por la Secretaría Nacional de Inteligencia, que ejecutan actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia, para asesorar y proporcionar inteligencia estratégica a los niveles de conducción de la política del Estado, con el fin de garantizar la soberanía nacional, la seguridad pública y del Estado, el buen vivir y defender los intereses del Estado;

 

Que el Artículo 7 del supradicho Reglamento establece los organismos que conforman el Sistema Nacional de Inteligencia;

 

Que el Artículo 8 del antedicho Reglamento establece que la Secretaría Nacional de Inteligencia es el órgano rector del Sistema Nacional de Inteligencia, responsable de producir inteligencia, inteligencia estratégica y contrainteligencia;

 

Que la letra a) del Artículo 9 del Reglamento antes citado prevé entre otros competencias de la Secretaría Nacional de Inteligencia, coordinar e integrar a los distintos organismos de Inteligencia existentes del Estado y otros de similar naturaleza que se crearen en el futuro;

 

Que el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, dentro de su estructura orgánica, cuenta con la Dirección Nacional de la Unidad de Vigilancia Aduanera, a la que le corresponde de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional procesos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, entre otras funciones, ejecutar las operaciones de inteligencia acorde a los sectores establecidos, en la planificación nacional de vigilancia aduanera; y planificar, diseñar y presentar para la autorización de la Dirección Nacional de Intervención toda acción de investigación o inteligencia que se inicie dentro de ella y toda acción operativa que se derive de ésta;

 

Que es necesario coordinar actividades de inteligencia con otras dependencias estatales;

 

Que por su trascendental participación deben pasar a formar parte del Sistema de Inteligencia, las instituciones que ejecuten actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia para asesorar a los niveles de conducción política del Estado; y,

 

En ejercicio de la facultad conferida por el número 13 del Artículo 147 de la Constitución de la República,

 

Decreta:

 

Artículo Único.- Refórmase el Artículo 7 del Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, de la siguiente forma:

 

Al final de la letra f), suprímase lo siguiente: "y,";

 

La letra g) pasará a ser la letra h); y,

 

Añádase como letra g), la que consta con el texto siguiente:

 

?g) La Dirección Nacional de la Unidad de Vigilancia Aduanera del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador; y,?

 

Este Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 27 de junio de 2014.

 

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.

 

f.) Fernando Cordero Cueva, Ministro Coordinador de Seguridad.

 

Quito 30 de Junio del 2014, certifico que el que antecede es fiel copia del original.

 

Documento firmado electrónicamente

 

Alexis Mera Giler

 

SECRETARIO GENERAL JURÍDICO

 

Secretaría General Jurídica

 

EL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL

CANTÓN GONZANAMÁ

 

Considerando:

 

Que, el Art. 1 de la Constitución de la República determina que el ?Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.?

 

Que, en este Estado de Derechos, se da prioridad a los derechos de las personas, sean naturales o jurídicas, los mismos que al revalorizarse han adquirido rango constitucional; y, pueden ser reclamados y exigidos a través de las garantías constitucionales, que constan en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

 

Que, el Art. 10 de la Constitución de la República prescribe que, las fuentes del derecho se han ampliado considerando a: ?Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrum

 

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