Registro Oficial

Registro Oficial No 216 - Martes 01 de Abril de 2014 Suplemento

Martes, 01 de abril de 2014

Última modificación: Lunes, 28 de abril de 2014 | 11:07

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Martes 01 Abril de  2014 - R. O. No. 216

 

 

SUPLEMENTO

 

SUMARIO

 

Ministerio de Relaciones Laborales:

 

 

Ejecutivo:

Acuerdos              

 

0034 Expídese el Reglamento para el ejercicio de la jurisdicción coactiva

 

               

0058 Expídese el Reglamento que regula la relación laboral en el sector de la construcción

 

               

0059 Expídese la Norma técnica para la contratación de consejeros de gobierno y asesores en las instituciones del Estado

 

               

MRL-2014-0071 Expídese el Reglamento para la contratación de gerentes institucionales

               

Gobiernos Autónomos Descentralizados: Ordenanza Municipal:

 

 

Ordenanza           

 

-       Cantón Pedro Moncayo: Que regula la formación de los catastros prediales urbanos y rurales, la determinación, administración y recaudación del impuesto a los predios urbanos y rurales para el bienio 2014-2015

 

 

CONTENIDO

 


 

No. 0034

 

Francisco Vacas Dávila

MINISTRO DE RELACIONES LABORALES

 

Considerando:

 

Que, el Código del Trabajo, en su artículo 630 establece que para la recaudación de las multas se empleará el proceso coactivo y que, para el efecto, se concede al Ministerio de Trabajo y Empleo la jurisdicción coactiva, que la ejercitará conforme a las normas del Código de Procedimiento Civil;

 

Que, a través del Decreto Ejecutivo No. 10 de 13 de agosto de 2009, publicado en el Registro Oficial No. 10 de 24 de los mismos mes y año, se fusiona la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público, SENRES, y el Ministerio de Trabajo y Empleo, y se crea el Ministerio de Relaciones Laborales, el cual asume las  competencias y atribuciones determinadas para el Ministerio de Trabajo y Empleo en el Código del Trabajo;

 

Que, el Código de Procedimiento Civil, en el artículo 941 dispone que el proceso coactivo tiene por objeto hacer efectivo el pago de lo que, por cualquier concepto, se deba al Estado y a sus instituciones que por ley tienen este procedimiento; y en el artículo 942, inciso primero, prescribe que el ejercicio del proceso coactivo está sujeto a las prescripciones de esta Sección, y, en su falta, a las reglas generales de este Código, a las de la ley orgánica de cada institución, y a los estatutos y reglamentos de la misma;

 

Que, la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 797 de 26 se septiembre de 2012, en el artículo 1, inciso primero, dispone: ?Las instituciones del Estado que por ley tienen jurisdicción coactiva, con el objeto de hacer efectivo el cobro de sus acreencias, podrán ejercer subsidiariamente su acción no sólo en contra del obligado principal, sino en contra de todos los obligados por Ley, incluyendo a sus herederos mayores de edad que no hubieren aceptado la herencia con beneficio de inventario. En el caso de personas jurídicas usadas para defraudar (abuso de la personalidad jurídica), se podrá llegar hasta el último nivel de propiedad, que recaerá siempre sobre personas naturales, quienes responderán con todo su patrimonio, sean o no residentes o domiciliados en el Ecuador.?;

 

Que, el inciso segundo de este precepto establece: ?Las medidas precautelares podrán disponerse en contra de los sujetos mencionados en el inciso anterior y sus bienes. Así mismo, podrán, motivadamente, ordenarse respecto de bienes que estando a nombre de terceros existan indicios que son de público conocimiento de propiedad de los referidos sujetos, lo cual deberá constar en el proceso y siempre y cuando el obligado principal no cumpla con su obligación.?; y,

 

Que, mediante Acuerdo No. 71 de 13 de abril de 2010, publicado en el Registro Oficial No. 222 de 25 de junio del mismo año, se expidió el Reglamento para el Ejercicio de la Jurisdicción Coactiva por parte del Ministerio de Relaciones Laborales.

 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 154, numeral 1, de la Constitución de la República, 539 del Código del Trabajo, y 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

 

 

Acuerda:

 

Expedir el siguiente:

 

REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LA

JURISDICCIÓN COACTIVA POR PARTE DEL

MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES

 

Capítulo I

NORMAS GENERALES

 

Art. 1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 630 del Código del Trabajo, el Ministro de Relaciones Laborales ejerce la jurisdicción coactiva a nivel nacional con el objeto de recaudar los valores que se adeudan a la institución por imposición de multas y sanciones; quien delega esta facultad al correspondiente Juez (a) de Coactiva de las Direcciones Regionales del Trabajo y Servicio Público, el mismo que será seleccionado por la mencionada autoridad, previo informe favorable de la Unidad de Administración del Talento Humano.

 

Art. 2.- En cada Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público, se conformará un Juzgado de Coactiva, con la competencia territorial prevista en el artículo 631 del Código del Trabajo.

 

Art. 3.- Los Juzgados de Coactivas estarán conformados por el (la) Juez (a), Secretario, Amanuense, Citador, Perito y Depositario.

 

El Juez (a), Secretario, Amanuense y Citador serán nombrados o contratados de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Servicio Público y demás normas aplicables. En cuanto al Perito y al Depositario se estará a lo dispuesto en el capítulo IV del presente Reglamento.

 

Art. 4.- Para los procesos coactivos, actuará como Secretario (a), el (la) profesional del derecho que haya sido nombrado o contratado por el Ministro de Relaciones Laborales.

 

El Secretario (a) cumplirá con las siguientes funciones:

 

Impulsar los procesos coactivos;

 

Realizar el desglose de los documentos originales;

 

Mantener un registro de los bienes objeto de medidas cautelares o embargados dentro de los procesos coactivos;

 

Llevar un registro detallado de las causas que se sustancian en el Juzgado, así como actualizar el sistema informático o base de datos establecida para el efecto;

 

Custodiar la documentación y los expedientes de los procesos coactivos; y,

 

Las demás que el Juez (a) de Coactiva le asigne de conformidad con la Ley.

 

Para el ejercicio de sus funciones, el Secretario (a) deberá observar lo establecido por el Código de Procedimiento Civil y el presente Reglamento.

 

Art. 5.- La jurisdicción coactiva del Ministerio de Relaciones Laborales se ejercerá de conformidad con lo establecido en el Código del Trabajo, Código de Procedimiento Civil, Mandato Constituyente Nº 8, Acuerdos Ministeriales y demás leyes y reglamentos aplicables.

 

Capítulo II

DEL PROCEDIMIENTO

 

Art. 6.- En cumplimiento de lo establecido en la Sección 30ª ?De la Jurisdicción Coactiva?, del Título II del Libro II del Código de Procedimiento Civil; el Director Regional del Trabajo debe previamente verificar que la deuda por multa o sanción reúna los requisitos de fondo y forma establecidos en el artículo 948 del Código de Procedimiento Civil, esto es, que sea líquida, pura y de plazo vencido.

 

En los casos en los cuales la deuda por multa o sanción careciere de las características de ser líquida, pura y de plazo vencido; el Director Regional del Trabajo practicará las correspondientes diligencias, notificaciones y liquidaciones, de tal forma que en el título de crédito, conste con precisión y detalle el valor de la obligación, la identificación del sancionado deudor y el saldo impago de lo adeudado.

 

Una vez que la deuda por multa o sanción reúna los requisitos de fondo y forma establecidos en el artículo 948 del Código de Procedimiento Civil; el Director Regional del Trabajo deberá remitir al Juzgado de Coactiva, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la fecha en que se notificó el acta de juzgamiento o resolución de sanción a quien hubiere sido multado o sancionado, la respectiva orden de cobro.

 

A la orden de cobro se adjuntará la resolución de sanción o acta de juzgamiento, con la razón de notificación y de que se encuentra ejecutoriada, así como la razón de cumplimiento o incumplimiento, sentadas por el Secretario (a) de la Dirección Regional del Trabajo. Estos documentos constituyen los habilitantes necesarios descritos en el artículo 945 del Código de Procedimiento Civil.

 

La orden de cobro, de conformidad con los artículos 945 y 946 del Código de Procedimiento Civil, tendrá la calidad de título de crédito y lleva implícita la facultad de proceder al ejercicio de la jurisdicción coactiva.

 

Art. 7.- Recibida la orden de cobro y la documentación habilitante, el Juez (a) de Coactiva verificará que reúna los requisitos de fondo y forma establecidos en el artículo 948 del Código de Procedimiento Civil. Si cumple con dichos requisitos, el Juez (a) de Coactiva dictará el auto de pago dentro del término de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la misma.

 

Si faltare alguno de los requisitos determinados en el artículo 948 del Código de Procedimiento Civil, el Juez (a) de Coactiva devolverá la orden de cobro y sus documentos adjuntos, a la respectiva Dirección Regional del Trabajo, con la indicación de las omisiones incurridas.

 

Art. 8.- Una vez recibida a orden de pago en el Juzgado de Coactiva, el Secretario, dentro del término de setenta y dos (72) horas, anotará su ingreso en el registro físico o digital, que llevará en orden numérico de recepción.

 

En el registro físico o digital constará el número de proceso coactivo correspondiente, el nombre de la persona natural o jurídica deudora, con su representante legal, el número de la orden de cobro, el número del acta de juzgamiento o resolución de sanción en el que se impone la multa, la fecha de emisión del auto de pago, el valor adeudado por el deudor coactivado, la fecha de pago, el número de comprobante de pago y fecha, y las observaciones del caso.

 

Art. 9.- Para el trámite de citación y notificación, se estará a lo dispuesto en la Sección 3ª del Título I del Libro II del Código de Procedimiento Civil. Los gastos por la publicación por la prensa de las citaciones se incluyen dentro de las costas judiciales a cargo del deudor coactivado.

 

Capítulo III

DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEL

EMBARGO

 

Art. 10.- El Juez (a) de Coactiva, al mismo tiempo en que emite el auto de pago y hasta antes del remate, podrá dictar las medidas cautelares establecidas en los artículos 421 y 422 del Código de Procedimiento Civil.

 

Art. 11.- Al tenor de lo dispuesto por el artículo 955 del Código de Procedimiento Civil, el procedimiento para el embargo, avalúo y remate de bienes será el establecido en dicho Código para el juicio ejecutivo.

 

Los gastos por la publicación por la prensa de los avisos de remate, se incluyen dentro de las costas judiciales a cargo del deudor coactivado.

 

Art. 12.- El Juez (a) de Coactiva, dentro del proceso coactivo, debe cumplir lo dispuesto en la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 797 de 26 se septiembre de 2012.

 

Art. 13.- Para el caso de embargos anteriores al del proceso coactivo, se observarán las reglas del artículo 956 del Código de Procedimiento Civil, que faculta solicitar la cancelación del embargo anterior recaído sobre un inmueble y la cancelación del embargo de muebles.

 

En caso de ser necesario y una vez sentada la razón por parte del Secretario del Juzgado de Coactiva, el Juez (a) de Coactiva dictará la orden de descerrajamiento en aquellos casos que sea imposible realizar el embargo sin dicha orden.

 

Art. 14.- Corresponde al Juez (a) de Coactiva designar para cada proceso coactivo, al Depositario que deba ejecutar las medidas cautelares, los embargos y otras providencias del Juzgado de Coactiva.

 

 

El Juez (a) de Coactiva podrá designar como Depositario a personal del Ministerio de Relaciones Laborales o a los Depositarios acreditados por el Consejo de la Judicatura.

 

El Depositario se posesionará del cargo y prestará juramento ante el mismo Juez (a) de Coactiva, lo que se sentará en el acta que constará en autos.

 

Art. 15.- La aprehensión de los bienes cuyo embargo, secuestro o retención haya sido dispuesto por el Juez (a) de Coactiva, la realizará el Depositario y el Secretario del Juzgado de Coactiva, quienes suscribirán la respectiva acta; y previo inventario en el que se hará constar el estado en que se encuentran los bienes, los entregarán a la de la Dirección Administrativa, en el caso de la matriz, o a la Unidad que haga sus veces, en las respectivas Direcciones Regionales de Trabajo, o al funcionario que expresamente se le hubiere delegado.

 

Será responsabilidad de la Dirección Administrativa, el registrar, custodiar, mantener y cuidar los bienes embargados, secuestrados o retenidos por el Juzgado de Coactiva, en el caso de la matriz; y en las respectivas Direcciones Regionales de Trabajo, de la Unidad que hiciere sus veces, o al servidor a quien expresamente se le hubiere delegado tal atribución y responsabilidad.

 

Art. 16.- En el secuestro de títulos valores, alhajas u objetos preciosos, el Depositario entregará dichos bienes a la custodia del Director Administrativo o su delegado, para que los mantenga en depósito. Cuando se retenga dinero se depositará en una de las cuentas de la institución; este depósito no generará intereses.

 

Art. 17.- Las actas de embargos, secuestros o retenciones, se elaborarán por triplicado, y deberán ser suscritas por el Secretario del Juzgado de Coactiva y el Depositario; una se incorporará al expediente del proceso, otra será para el archivo en el Juzgado de Coactiva, y la última para la Dirección Administrativa, en el caso de la matriz, o para la Unidad que haga sus veces, en las respectivas Direcciones Regionales de Trabajo, o al funcionario que expresamente se le hubiere delegado tal atribución y responsabilidad.

 

Art. 18.- En el caso de que el embargo recaiga en negocios en marcha, la Dirección Administrativa, en el caso de la matriz, o la Unidad que haga sus veces, en las respectivas Direcciones Regionales de Trabajo, o el funcionario que expresamente se le hubiere delegado tal atribución y responsabilidad, vigilará que se mantengan rentables y con flujos permanentes hasta el remate.

 

El Juez (a) de Coactiva podrá nombrar un Administrador de la empresa según el giro del negocio, cuya remuneración, en caso de no ser un servidor del Ministerio de Relaciones Laborales, será pagada por la misma empresa.

 

 

Art. 19.- Los gastos y costas incurridos en la administración, mantenimiento y cuidado de los bienes embargados, secuestrados o retenidos en el proceso coactivo, serán cargados como costas judiciales a la cuenta del deudor coactivado, lo que se informará al Juez (a) de Coactiva para que se incorpore al expediente de la causa.

 

Art. 20.- En los casos en que el Depositario pertenezca a la Función Judicial, éste deberá tomar todas las medidas dispuestas en el Código de Procedimiento Civil para la custodia, cuidado y mantenimiento de los bienes. El procedimiento será el establecido en el Código de Procedimiento Civil y la responsabilidad de la custodia, cuidado y mantenimiento de los bienes correrá a cargo del Depositario, quien por esta labor tendrá derecho al pago de honorarios y gastos de bodegaje.

 

Los honorarios del Depositario serán fijados por el Juez (a) de Coactiva, considerando el instructivo que para el efecto será emitido por el Ministerio de Relaciones Laborales, valor que junto con los gastos de bodegaje, será en todos los casos cargado a costas judiciales.

 

Art. 21.- El Juez (a) de Coactiva podrá remover inmediatamente al Depositario por negligencia en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las acciones legales a las que hubiere lugar.

 

Art. 22.- Para el cumplimiento de las medidas cautelares y el embargo, el Juez (a) de Coactiva contará con el auxilio de la Fuerza Pública de conformidad con lo dispuesto en el artículo 963 del Código de Procedimiento Civil.

 

Art. 23.- En aplicación a lo dispuesto en el parágrafo 6o., Sección 7a., del Título I, y Secciones 2a. y 30a. del Título II, del Libro II del Código de Procedimiento Civil, el Juez (a) de Coactiva designará para cada proceso coactivo a un Perito que deba avaluar los bienes embargados, actividad para la cual se le concederá un plazo no mayor a diez (10) días laborables.

 

El Juez (a) de Coactiva podrá designar como Perito, a personal del Ministerio de Relaciones Laborales o de los acreditados por la Consejo de la Judicatura.

 

El Perito se posesionará del cargo y prestará juramento ante el mismo Juez (a) de Coactiva, lo que se sentará en el acta que constará en autos.

 

Art. 24.- Los peritos y depositarios designados en un proceso coactivo, en los casos en que no sean servidores del Ministerio de Relaciones Laborales, por las labores a ellos encomendadas, que serán las mismas que las establecidas en el Código de Procedimiento Civil, percibirán un honorario por cada proceso en el que participen. Para tal efecto, el Ministerio de Relaciones Laborales emitirá el correspondiente instructivo, tanto para el procedimiento de pago de servicios profesionales, así como también con el fin de establecimiento de las tablas de honorarios correspondientes.

 

Los servidores del Ministerio de Relaciones Laborales que fueren designados para el ejercicio de cargo Depositario o Perito, no recibirán remuneración adicional alguna por esta labor.

 

Capítulo IV

DE LAS COSTAS PROCESALES

 

Art. 25.- Los gastos y costas que genere el trámite del proceso coactivo, sean estos honorarios de peritos, depositarios, bodegajes y otros, judiciales o extrajudiciales, serán cargados a la cuenta del respectivo deudor coactivado, al amparo de lo que dispone el artículo 1587 del Código Civil, debiendo en cada caso adjuntarse los justificativos correspondientes.

 

Art. 26.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 965 del Código de Procedimiento Civil, en los casos en los que se tramiten excepciones ante la justicia ordinaria y cuando el deudor coactivado litigante fuere condenado en costas, éste pagará tales costas al igual que las generadas en el proceso coactivo.

 

En todos los casos se calcularán para el pago de las respectivas multas y sanciones los intereses que se hubieren producido desde la fecha en que se cumplió el plazo para hacer exigible la obligación, esto es luego de las cuarenta y ocho (48) horas que determina el acta de juzgamiento o la resolución sanción para el pago de la multa, hasta la fecha del pago efectivo de los valores adeudados al Ministerio de Relaciones Laborales.

 

Art. 27.- Actuará como Liquidador de gastos y costas judiciales e intereses, el Director Financiero en el caso de la matriz del Ministerio de Relaciones Laborales, y en las Direcciones Regionales de Trabajo, el responsable de la Unidad Financiera, o los servidores a quienes se delegue estas atribuciones, sin que pueda percibir honorarios o estipendios por esta labor. Para el efecto, el Juzgado de Coactiva remitirá la información pertinente.

 

Capítulo V

DE LAS EXCEPCIONES

 

Art. 28.- Dictado y citado el respectivo auto de pago, el Juez (a) de Coactiva conocerá de las excepciones planteadas por el deudor coactivado, únicamente cuando éste hubiere consignado la cantidad a que asciende la deuda, sus intereses y costas judiciales, ante el órgano judicial competente.

 

Para la resolución de las excepciones que se planteen en contra de los procesos coactivos, el Juez deberá observar los artículos 629 del Código del Trabajo y 968 del Código de Procedimiento Civil.

 

Capítulo VI

DEL PAGO DE LA DEUDA

 

Art. 29.- Los valores adeudados por concepto de multas o sanciones dentro de los procesos coactivos, incluidos los valores por intereses y costas y gastos judiciales, serán cancelados en efectivo o por medio de cheque certificado a nombre del Ministerio de Relaciones Laborales, en la correspondiente institución financiera que para el efecto el Ministerio haya designado. Por ningún concepto los servidores del Juzgado de Coactivas recibirán dinero efectivo o cheques a título de pago.

 

Los valores adeudados por concepto de multas o sanciones, de conformidad con el numeral 5 del artículo 84 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, devengarán intereses calculados a la tasa máxima de interés convencional que establezca la institución legalmente competente para hacerlo, desde la fecha de notificación de la resolución de sanción o acta de juzgamiento hasta la fecha de pago.

 

Constituyen documentos de pago los comprobantes de ingreso y las certificaciones emitidas por el servidor responsable de la Dirección Financiera, en la matriz del Ministerio de Relaciones Laborales, o Unidad Financiera de cada Dirección Regional de Trabajo, quien tendrá la obligación de reportar de manera inmediata a los Juzgados de Coactiva, los pagos que se han registrado.

 

Con el documento de pago presentado ante la Dirección Financiera, en la matriz del Ministerio de Relaciones Laborales, o Unidad Financiera de cada Dirección Regional de Trabajo, y una vez perfeccionado el canje de los comprobantes de depósito, el interesado deberá entregarlo al Juzgado de Coactiva para que de esta forma pueda declarar el archivo del proceso coactivo.

 

Con la declaratoria de archivo por parte del Juez (a) de Coactiva, cesarán el embargo y las medidas cautelares dictadas dentro del proceso coactivo.

 

Art. 30.- Previo a la aceptación de la dimisión de bienes, el deudor coactivado deberá sujetarse al avalúo que el Juzgado de Coactiva dispondrá se realice para el efecto. Sólo si el bien a dimitir cubre el valor total de la multa o sanción, más sus intereses y costas judiciales, podrá ser aceptado por el Juez (a) de Coactiva.

 

En los casos que los bienes materia de dimisión no hubieren sido rematados, éstos serán devueltos de manera inmediata al deudor coactivado, quien queda en la obligación de cancelar los valores que se hayan generado hasta la fecha del remate.

 

Art. 31.- Se concederán facilidades de pago hasta antes del remate; para tal efecto, el Juzgado de Coactiva aplicará en lo que fuere pertinente, el Acuerdo que al respecto dicte el Ministerio de Relaciones Laborales.

 

Con la suscripción del convenio de pago se suspenderá el proceso coactivo en la etapa en que se encuentre.

 

De presentarse incumplimiento del convenio de pago, se declarará de plazo vencido la deuda objeto del mismo y se levantará la suspensión, y se continuará con el proceso coactivo.

 

Art. 32.- El Juez (a) de Coactiva podrá solicitar la declaración de insolvencia del deudor coactivado que carezca de bienes; para lo cual, con el patrocinio de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional de Trabajo deberá presentar la acción judicial correspondiente.

 

DISPOSICIONES GENERALES

 

PRIMERA.- En caso de falta del Juez (a) de Coactiva en las Direcciones Regionales de Trabajo y Servicio Público, será la máxima autoridad del Ministerio de Relaciones Laborales quien delegará el ejercicio de la jurisdicción coactiva a uno de los Jueces de Coactiva de la Dirección Regional más cercana.

 

SEGUNDA.- Las actuaciones dentro de un proceso coactivo que se deban realizar en la jurisdicción territorial de otro Juzgado de Coactiva, se deprecarán al Juez (a) de Coactiva de la correspondiente Dirección Regional del Trabajo, remitiendo los documentos procesales pertinentes para la práctica de las diligencias solicitadas.

 

TERCERA.- El Juez (a) de Coactiva informará mensualmente o cuando se lo requiera, al Ministro de Relaciones Laborales o su delegado, sobre el avance de los procesos coactivos que se encuentren en trámite y de las recaudaciones que se hubieren efectuado.

 

CUARTA.- El Juez (a) de Coactiva podrá requerir de las Unidades del Ministerio de Relaciones Laborales o de la Dirección Regional del Trabajo, la información que estime necesaria.

 

QUINTA.- Todas las disposiciones del Juez (a) de Coactiva constarán única y exclusivamente en las respectivas providencias.

 

Disposición transitoria.- Mientras se dicten los Instructivos y tablas para el pago de honorarios de los Peritos y Depositarios externos que actúen en los procesos coactivos iniciados por el Ministerio del Relaciones Laborales a los que se refieren los artículos 24 y 40 del presente Reglamento, se utilizarán los instructivos y tablas de honorarios vigentes dictados por el Consejo de la Judicatura.

 

Disposición final.- Deróguense el Acuerdo No. 71 de 13 de abril de 2010, publicado en el Registro Oficial No. 222 de 25 de junio del mismo año, y todas las disposiciones de igual o inferior jerarquía que se opongan al presente Acuerdo, el que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a, 28 de febrero de 2014.

 

f.) Dr. José Francisco Vacas Dávila, Ministro de Relaciones Laborales.

 

No. 0058

 

Dr. Francisco Vacas Dávila

MINISTRO DE RELACIONES LABORALES

 

Considerando:

 

Que, el artículo 33 de la Constitución de la República, establece que ?el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado?;

 

Que, el numeral 2 del Artículo 276 de la Constitución de la República establece que el régimen de desarrollo, tiene entre sus objetivos el de construir un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible, basado en la distribución equitativa de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable;

 

Que, es deber del Estado ?Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los derechos laborales?, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 284 de la Constitución del República;

 

Que, el artículo 325 de la Constitución de la República establece que el Estado garantizará el derecho al trabajo;

 

Que, en el mundo actual la producción y comercialización de productos así como la prestación de servicios requieren de modalidades contractuales que se ajusten a sus reales actividades, utilizando como base las opciones de contratación definidas en el Código de Trabajo;

 

Que, es deber primordial del Estado alcanzar el Objetivo número 6 del Plan Nacional para el Buen Vivir, publicado en el Suplemento del Registro Oficial N° 144 de 5 de marzo de 2010, ?Garantizar el trabajo estable, justo y digno, en su diversidad de formas?;

 

Que, la actividad de la construcción por su naturaleza es especial, y es una actividad altamente generadora de fuentes de trabajo, por lo que se hace imprescindible regularla de forma adecuada y acorde a dicha actividad.

 

Que, el Código Orgánico de la Producción, en su disposición reformatoria quinta, numeral cuatro, que establece que a continuación Artículo 23 del Código del Trabajo, se agregue el siguiente artículo: ?Art. 23.1.- El Ministerio del ramo podrá regular aquellas relaciones de trabajo especiales que no estén reguladas en esté Código.?

 

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución de la República del Ecuador, lo dispuesto en el artículo 23.1 del Código del Trabajo.

 

Acuerda:

 

EXPEDIR EL SIGUIENTE REGLAMENTO QUE REGULA LA RELACIÓN LABORAL EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.

 

TÍTULO I

DE LA CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

 

CAPÍTULO I

ÁMBITO, DEFINICIÓN Y TERMINOLOGÍA

 

Art. 1.- Ámbito.- El presente acuerdo regula las relaciones


 

laborales de los trabajadores de la construcción, que realicen las actividades comprendidas en la respectiva Comisión Sectorial.

 

Art. 2.- Empleadores de la Construcción.- Se considerarán empleadores de la construcción, a toda persona natural y jurídica que desarrolle actividades y/o ejecute obras de construcción.

 

Art. 3.- Trabajo de Construcción.- Se considera trabajo de construcción cualquier tipo de trabajo relativo a servicios de ingeniería, arquitectura, mantenimiento constructivo especializado, entre otras actividades necesarias para la ejecución de obras de construcción o infraestructuras.

 

Art. 4.- Trabajadores de la Construcción.- Serán trabajadores de la Construcción, toda persona natural que preste sus servicios lícitos y personales, en actividades propias de la construcción y que ejecuten una obra en virtud de un contrato de trabajo celebrado directamente con un constructor, y reciba a cambio el pago de una remuneración.

 

Art. 5.- Contratación directa.- El empleador de la construcción contratará de manera directa a los trabajadores de la construcción y no a través de contratistas o terceros, salvo en los casos que se refieran a servicios complementarios o técnicos especializados en los términos del Mandato Constituyente 8.

 

El empleador de la construcción podrá contratar civilmente servicios técnicos especializados relacionados con actividades subsidiarias de la construcción tales como la provisión e instalación de sistemas hidráulicos, hidrosanitarios, eléctricos, electrónicos, instalación de ventanas, climatización, acabados de la construcción, los mismos que serán prestados por personas naturales, o jurídicas con su propio personal y que contarán con sus propias herramientas, equipos y demás implementos que garanticen la prestación del servicio contratado, además de la adecuada infraestructura física y estructura organizacional, administrativa y financiera. La relación laboral será directa y bilateral entre los prestadores de servicios técnicos especializados y sus trabajadores. No se podrán contratar aquellos servicios técnicos especializados que impliquen sólo mano de obra, es decir, que se presten con los equipos o herramientas del constructor.

 

CAPÍTULO II

Del Registro Laboral Único para el Sector de la Construcción ? RELUC

 

Art. 6.- Definición.- Es la base de datos en la que consta la información de las obras, proyectos o etapas que desarrollen las personas naturales o jurídicas que realizan actividades de construcción dentro del territorio nacional. Su administración estará a cargo del Ministerio de Relaciones Laborales.

 

Art. 7.- De la obligación de registro de las obras, proyectos o etapas de la construcción.- El constructor deberá registrar en el Ministerio de Relaciones Laborales cada obra, proyecto o etapa que desarrolle dentro de sus actividades de construcción, así como todos los trabajadores que se han contratado por cada obra, proyecto o etapa.

 

El registro se realizará en línea y de forma gratuita, a través del portal de internet del Ministerio de Relaciones Laborales, debiendo posteriormente entregar los documentos de respaldo dentro del plazo máximo señalado en el sistema, en las Direcciones Regionales del Trabajo y Servicio Público y en sus respectivas delegaciones a nivel nacional.

 

Art. 8.- De la información a suministrarse por parte del trabajador de la construcción: El trabajador deberá suministrar la siguiente información, para acreditarse como trabajador de la construcción:

 

Nombres y apellidos completos.

 

Número de cédula de ciudadanía

 

Fecha de nacimiento

 

Lugar de domicilio, número telefónico y correo electrónico donde recibirá citaciones o notificaciones.

 

Certificado de cuenta bancaria en que se le realizarán los pagos correspondientes por concepto de remuneración y demás haberes legales derivados de su relación laboral.

 

El trabajador deberá registrarse por una sola vez, debiendo notificar al Ministerio de Relaciones Laborales, cualquier modificación a los datos inscritos en su registro, en un plazo no mayor de 30 días, contados a partir de la fecha en que suceda el acontecimiento que motiva la modificación de su información.

 

Luego de efectuada la inscripción y registro, el trabajador recibirá una cédula de trabajo, documento que acredita a una persona como trabajador de la construcción en los términos del presente reglamento; y además, el sistema del portal de internet del Ministerio de Relaciones Laborales creará automáticamente una cuenta electrónica y clave para el trabajador.

 

Art. 9.- De la información a suministrarse por parte del empleador de la construcción.- El empleador de la construcción deberá registrarse en el portal de internet del Ministerio de Relaciones Laborales, por una sola vez, debiendo notificar, cualquier modificación a los datos inscritos en su registro, en un plazo no mayor de 30 días, para lo cual deberá suministrar la siguiente información:

 

 

Nombres y apellidos completos

 

Número de cédula de ciudadanía o Registro Único de Contribuyentes,

 

Número patronal del IESS

 

Lugar de domicilio donde recibirá citaciones o notificaciones.

 

Correo electrónico.

 

Luego de efectuada la inscripción y registro, el Ministerio de Relaciones Laborales creará automáticamente una cuenta electrónica con su respectiva clave para el constructor, en la cual constará el registro de sus contrataciones, obras, proyectos o etapas, y el número de trabajadores a su cargo; así como cualquier notificación o citación que verse sobre su función como empleador de la construcción.

 

 

CAPÍTULO III

DEL CONTRATO DE TRABAJO PARA

ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN

 

Art. 10.- Contrato de trabajo para actividades de la construcción.- El contrato que regirá para los trabajadores y empleadores de la construcción, tendrá como objeto la ejecución de labores determinadas de manera general, las cuales serán realizadas por el trabajador dentro de un proyecto de construcción, arquitectónico o de ingeniería, siendo por lo tanto diferente del contrato de obra cierta, contemplado en el artículo 16 del Código del Trabajo.

 

Art. 11.- Duración.- El periodo de duración de los contratos para el sector de la construcción, podrá ser:

 

A plazo fijo o por tiempo indefinido, según lo establecido en el Código del Trabajo.

 

Si el empleador requiriere a uno o varios de sus trabajadores para que labore en más de una fase, etapa o proyecto de construcción, deberá realizar contratos a plazo fijo o a plazo indefinido, conforme las normas del Código de Trabajo.

 

Por el tiempo de duración del proyecto de construcción y/o de la obra, o de acuerdo a la planificación de trabajo realizada por el empleador en función de las etapas o frentes del servicio de la construcción para las cuales se contrata al trabajador.

 

 

El plazo de duración del contrato de trabajo de la construcción se determinará expresamente en función de la duración de la referida etapa o frente de la obra correspondiente para el que fue contratado.

 

El contratante establecerá el inicio y terminación de las actividades, etapas y/o frentes de trabajo. El contratante deberá adjuntar al contrato del trabajador, el cronograma detallado de ejecución en que se establezcan, aproximadamente, la duración de las etapas, fases o proyecto en el cual laborará el trabajador de la construcción.

 

 

Art 12.- Período de prueba.- En todo contrato para trabajadores de la construcción, se podrá establecer un período de prueba de 90 días, que regirán a partir de la fecha de suscripción del contrato.

 

CAPÍTULO IV

DE LA REMUNERACIÓN

 

Art. 13.- Remuneración.- La remuneración mínima que perciba el trabajador de la construcc

 

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