Registro Oficial No 209 - Viernes 21 de Marzo de 2014 Segundo Suplemento

Viernes, 21 de marzo de 2014

Última modificación: Viernes, 11 de abril de 2014 | 12:24

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Viernes 21 de Marzo de  2014 - R. O. No. 209

 

 

SEGUNDO SUPLEMENTO

 

SUMARIO

 

               

Secretaría Nacional de la Administración Pública:

 

 

Ejecutivo:

Acuerdos              

 

416 Autorízase la comisión de servicios del doctor Marco Albuja, Viceministro de Relaciones Exteriores

 

               

433 Legalízase la comisión de servicios del doctor Claudio Galarza Maldonado, Gerente General de ENFARMA EP

 

               

435 Legalízase la comisión de servicios del Ing. César Antonio Navas Vera, Director General del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

 

               

Corte Constitucional del Ecuador:

 

Sentencia             

 

028-14-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección presentada por la empresa Prophar S. A.

 

 

CONTENIDO

 


 

No. 416

 

Cristian Castillo Peñaherrera

SECRETARIO NACIONAL DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

 

Considerando:

 

Que, mediante acuerdo ministerial Nro. 037.1, de 29 de marzo de 2010, el Eco. Ricardo Patiño Aroca, Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, delega al Jefe/a de Gabinete las siguientes atribuciones conforme indica al artículo 3 en su  literal g) ?Autorizar y suscribir resoluciones, acciones de personal para conceder licencias, comisiones de servicio y para asistir a reuniones, conferencias, pasantía y visitas de observación en el exterior o en el país, que interese a la Institución incluyendo feriados y fines de semana...?

 

Que, mediante oficio Nro. MREMH-DARH-2013-0503-O de 14 de noviembre de 2013, la Dra. Vilma Paredes, Directora de Administración de Recursos Humanos, Encargada del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, solicita a la Secretaría Nacional de la Administración Pública, autorización para el desplazamiento del Dr. Marco Albuja,  Viceministro de Relaciones Exteriores, a la ciudad de Panamá - Panamá, del 19 al 20 de octubre de 2013, con la finalidad de participar en la Reunión Parlamentaria Iberoamericana.

 

Que, mediante memorando Nro. MREMH-GVMREIP- 2013-0386-M del 18 de octubre de 2013, la Arq. Patricia Dávila Aveiga, Jefe de Gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, avala el desplazamiento Dr. Marco Albuja, Viceministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

 

Que, en el presente caso se verifica el cumplimiento de las disposiciones para viajes al exterior, estipuladas en el oficio No. PR-SNADP-2013-000551-O, de fecha 30 de julio de 20 13, de conformidad con la revisión realizada a la documentación anexa y presentada para el efecto.

 

Que, en ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas en el artículo 15 letra n) del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva y conforme a lo que establece el artículo 7 del Reglamento de Viajes al Exterior de los Servidores Públicos de la Función Ejecutiva y entidades adscritas emitido mediante Acuerdo No. 1101 de 22 de marzo de 2012.

 

 

Acuerda:

 

Artículo Primero.- Legalizar la comisión de servicios del Dr. Marco Albuja, Viceministro de Relaciones Exteriores, a la ciudad de Panamá - Panamá, del 19 al 20 de octubre de 2013, con la finalidad de participar en la Reunión Parlamentaria Iberoamericana.

 

Artículo Segundo.- Los gastos que generó este desplazamiento fueron financiados con recursos del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

 

Artículo Tercero.- Este acuerdo entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

 

Dado y firmado en el Despacho Principal de la Secretaría Nacional de la Administración Pública, en la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de febrero del 2014.

 

 

f.) Cristian Castillo Peñaherrera, Secretario Nacional de la Administración Pública.

 

 

Es fiel copia del original.- LO CERTIFICO. Quito, 15 de marzo del 2014.

 

 

f.) Ab. Teresa Roca Espinel, Coordinadora General de Asesoría Jurídica, Subrogante, Secretaría Nacional de la Administración Pública.

 

No. 433

 

Cristian Castillo Peñaherrera

SECRETARIO NACIONAL DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

 

Considerando:

 

Que, mediante Oficio Nro. ENFARMA EP-GG-2014-0011- O del 13 de enero de 2014, el Dr. Claudio Galarza Maldonado, Gerente General de ENFARMA EP, solicita a la Secretaria Nacional de la Administración Pública, autorización para su desplazamiento, a las ciudades de Minsk - Bielorrusia y Seúl- Corea, del 27 de octubre de 2013 al 8 de noviembre de 2013, a fin de participar en la Gira Presidencial a Bielorrusia y Corea.

 

Que, en el presente caso se verifica el cumplimiento de las disposiciones para viajes al exterior, estipuladas en el oficio No. PR-SNADP-2013-000551-O, de fecha 30 de julio de 2013, de conformidad con la revisión realizada a la documentación anexa y presentada para el efecto.

 

Que, en ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas en el artículo 15 letra n) del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva y conforme a lo que establece el artículo 7 del Reglamento de Viajes al Exterior de los Servidores Públicos de la Función Ejecutiva y entidades adscritas emitido mediante Acuerdo No. 1101 de 22 de marzo de 2012.

 

 

Acuerda:

 

Artículo Primero.- Legalizar la comisión de servicios del Dr. Claudio Galarza Maldonado, Gerente General de ENFARMA EP, a la ciudades de Minsk - Bielorrusia y Seúl - Corea, del 27 de octubre de 2013 al 8 de noviembre de 2013, a fin de participar en la Gira Presidencial a Bielorrusia y Corea.

 

Artículo Segundo.- Los gastos de desplazamiento y permanencia serán cubiertos con recursos del presupuesto de la Empresa Pública de Fármacos ENFARMA EP.

 

Artículo Tercero.- Este acuerdo entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado y firmado en el Despacho Principal de la Secretaría Nacional de la Administración Pública, en la ciudad de Quito, a los 7 días del mes de marzo del 2014.

 

f.) Cristian Castillo Peñaherrera, Secretario Nacional de la Administración Pública. Es fiel copia del original.- LO CERTIFICO.

 

Quito, 15 de marzo del 2014.

 

f.) Ab. Teresa Roca Espinel, Coordinadora General de Asesoría Jurídica, Subrogante, Secretaría Nacional de la Administración Pública.

 

No. 435

 

Cristian Castillo Peñaherrera

SECRETARIO NACIONAL DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

 

Considerando:

 

Que, mediante Oficio Nro. SIS-CGAF-2014-0004 del 8 de marzo de 2014, la Dra. Janeth Yolanda Gamboa Gamboa, Coordinadora General Administrativa Financiera del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, solicita a la Secretaria Nacional de la Administración Pública, autorización para el desplazamiento del Ing. Cesar Antonio Navas Vera, Director General del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, a la ciudad de Farnbrough - Inglaterra, del 8 al 16 de marzo de 2014, para mantener reuniones con organismos británicos especializados en materia de seguridad ciudadana.

 

Que, en el presente caso se verifica el cumplimiento de las disposiciones para Viajes al exterior, estipuladas en el oficio No. PR-SNADP-2013-000551-O, de fecha 30 de julio de 2013, de conformidad con la revisión realizada a la documentación anexa y presentada para el efecto.

 

Que, en ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas en el artículo 15 letra n) del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva y conforme a lo que establece el artículo 7 del Reglamento de Viajes al Exterior de los Servidores Públicos de la Función Ejecutiva y entidades adscritas emitido mediante Acuerdo No. 1101 de 22 de marzo de 2012.

 

Acuerda:

 

Artículo Primero.- Legalizar la comisión de servicios del Ing. Cesar Antonio Navas Vera, Director General del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, a la ciudad de Farnbrough - Inglaterra, del 8 al 16 de marzo de 2014, para mantener reuniones con organismos británicos especializados en materia de seguridad ciudadana.

 

Artículo Segundo.- Los gastos de desplazamiento y hospedaje serán cubiertos con recursos de la Embajada Británica en Quito y los gastos de alimentación por el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, de conformidad con lo indicado por parte de la referida Institución del estado.

 

Artículo Tercero.- Este acuerdo entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado y firmado en el Despacho Principal de la Secretaría Nacional de la Administración Pública, en la ciudad de Quito, a los 8 días del mes de marzo del 2014.

 

f.) Cristian Castillo Peñaherrera, Secretario Nacional de la Administración Pública.

 

Es fiel copia del original.- LO CERTIFICO.

 

Quito, 15 de marzo del 2014.

 

f.) Ab. Teresa Roca Espinel, Coordinadora General de Asesoría Jurídica, Subrogante, Secretaría Nacional de la Administración Pública.

 

CORTE CONSTITUCIONAL

DEL ECUADOR

 

Quito, D. M., 12 de febrero del 2014

 

SENTENCIA N.º 028-14-SEP-CC

 

CASO N.º 1926-12-EP

 

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

 

I. ANTECEDENTES

 

Resumen de admisibilidad

 

La empresa Prophar S. A., representada por su gerente y representante legal, el señor Miguel Eduardo García Costa, amparada en lo dispuesto por el artículo 94 de la Constitución de la República del Ecuador, presenta acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia de casación dictada el 21 de septiembre de 2012, y el auto de aclaración y ampliación de esta, emitido el 27 de octubre de 2012 por la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, dentro del juicio ordinario N.º 1140- 2011 WP que por daños y perjuicios ha seguido en contra de Merck Sharp & Dohme (Interamerican) Corporation.

 

El 16 de enero de 2013, la Sala de Admisión, de conformidad con las normas de la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, admitió a trámite la presente acción extraordinaria de protección.

 

Efectuado el sorteo correspondiente, de conformidad con el artículo 195 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y el artículo 18 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, correspondió la sustanciación de la presente causa a la jueza constitucional Tatiana Ordeñana Sierra.

 

La jueza sustanciadora, mediante auto del 17 de abril de 2013, avocó conocimiento de la acción y dispuso notificar a los jueces de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, en su calidad de legitimados pasivos, a fin de que presenten un informe debidamente motivado de descargo.

 

Sentencia o auto que se impugna

 

Sentencia de casación dictada el 21 de septiembre de 2012, por la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia

 

?Por todo lo anterior, y sin necesidad de ya más consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE  DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA:

 

Se casa la sentencia dictada el 23 de septiembre de 2011, las 15h30, por la Primera Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, por las causales quinta y cuarta del artículo 3 de la Ley de Casación.

 

Se ordena que MERCK SHARP & DOHME (INTER AMERICAN) CORPORATION indemnice por daños y perjuicios a PROPHAR S.A. (antes Nifa S.A.) conforme los artículos 244, numeral 3, de la Constitución Política de 1998, y artículos 2214 y 2229 del Código Civil, por el cuasidelito civil de negativa de venta por actos de desorganización del competidor dentro del Derecho de la Competencia Desleal, con la cantidad de un millón quinientos setenta mil dólares de los Estados Unidos de América, por todo concepto indemnizatorio.

 

Sin costas, ni honorarios profesionales que regular.

 

De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Casación, entréguese a PROHPAR la suma de veinte tres mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América, que por caución consta consignada a fojas 11.890 del proceso.- Notifíquese, publíquese y devuélvase.- (?)??.

 

Auto de aclaración y ampliación emitido el 27 de octubre de 2012

 

?VISTOS: 1) PROPHAR S.A. mediante escritos de 27 de septiembre de 2012, 14h26 y 28 de septiembre de 2012, 11h35; y MERCK SHARP & DOHME (Inter American) CORPORATION, (en lo sucesivo MSD), mediante escrito de 27 de septiembre de 2012, 16h54, solicitan que se aclare la sentencia dictada el 21 de septiembre de 2012, 09h30, se corrió traslado mutuo entre las partes con sus escritos de aclaración, habiendo PROPHAR S.A. contestado en escrito de 2 octubre de 2012, 16h40; y escrito de 2 de octubre de 2012, 16h45. 2) Conforme el artículo 282 del Código de Procedimiento Civil, cabe la aclaración si la sentencia fuere obscura. 3) PROPHAR S.A. solicita que el tribunal explique la formula y método matemático utilizado para determinar el valor de la indemnización que se ordena pagar en la sentencia. Al respecto, este Tribunal de Casación hace notar a la peticionaria, que todas las consideraciones y parámetros en los que se fundamentó para fijar la indemnización constan clara y ampliamente analizadas en el considerando Décimo Sexto de la sentencia, páginas 38 a 46 de la misma, por lo que, no hay nada que aclarar al respecto. 4) PROPHAR S.A. solicita se aclare el considerando Décimo Tercero de la sentencia, en el sentido de que la actuación de MSD no sólo afectó el interés particular sino también el interés general. Tal  pretensión es improcedente, toda vez se estaría solicitando una reforma de la sentencia, dado que el considerando Décimo Tercero claramente sostiene que la negociación fallida entre PROPHAR Y MERCK por la compra de una planta industrial, de ninguna manera es un tema de Derecho de Defensa de la Competencia, siendo más bien un tema de cuasidelito civil por práctica desleal, que es un asunto completamente diferente, y en el considerando Décimo Cuarto claramente se determina que en el presente caso se está ante una acción, no de Derecho de Defensa de la competencia como ya de manera muy completa se explicó en el considerando Décimo Tercero de la sentencia (analizando también doctrina jurídica del Derecho de la Competencia Desleal muy actualizada), sino ante un caso de cuasidelito civil, por daños y perjuicios causados provenientes de otras prácticas que impidan y distorsionen la competencia, dentro de la institución mercantil que la doctrina del Derecho de la Competencia Desleal (no de ?defensa?? de la competencia), la califica de competencia desleal, por actos de desorganización del competidor, por negativa de venta; por lo que no hay nada que aclarar y se rechaza el pedido del peticionario en tal sentido, a más de que evidentemente está prohibido a los jueces, conforme el artículo 281 del CPC, reformar la sentencia. (?). 6) Finalmente, con relación a los puntos 16.4 y 16.5 del considerando Décimo Sexto, éstos son claros, y simplemente se refieren al memorando Nº 1942-DP-DPP que consta a fojas 367 del expediente de casación por lo que no hay nada que aclarar al respecto (?)?.

 

Argumentos planteados en la demanda

 

El legitimado activo, en lo principal, señala como vulnerados el derecho al debido proceso, el derecho a la reparación integral del daño, la tutela efectiva expedita e imparcial de los derechos, el derecho a la seguridad jurídica y el derecho a la defensa.

 

Sobre la alegación de la vulneración del derecho al debido proceso señala:

 

?La Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional no ha respetado las garantías básicas del debido proceso contempladas en el artículo 76 número 4 de la Constitución que determina que no hacen fe en juicio las pruebas obtenidas o actuadas con violación a la Constitución o la ley, no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. La sentencia (página 41) hace referencia al memorando N.º 1943-DP-DPP del Jefe de Personal de la Dirección Provincial de Pichincha, y sobre la base de este memorando desecha el peritaje del ingeniero Cristian Augusto Cabrera Fonseca. Ahora bien, el referido memorando N.º 1943- DP-DPP fue remitido a la Corte Nacional de manera extemporánea, ya que el proceso no se encontraba en etapa probatoria. No sé notificó a las partes su recepción y tampoco se dio al perito la posibilidad de que se defienda sobre lo aseverado en el mismo. No se trata de prueba que se actúo válidamente en el proceso, ni en primera ni en segunda instancia, y si bien se adjuntó al expediente de casación de forma ilegal y  extemporánea, no por ello podía pasar a formar parte de los autos?.

 

En referencia a la vulneración del derecho a la reparación integral, indica:

 

?Al momento de fijar el monto de la reparación que debe pagar Merk Sharp & Dohme (Interamerican) Corporation, la Corte debió determinar una indemnización suficiente para reparar los daños ocasionados a Prophar S.A. El cálculo de los daños ocasionados por la demanda fueron debidamente determinados por el perito Cristian Augusto Cabrera Fonseca. Sin embargo, la Corte Nacional, de manera ilegítima desestimó este peritaje y procedió a determinar una indemnización calculada de manera arbitraria, sin ningún sustento en el proceso, tal como se explica previamente?.

 

En relación a la vulneración del derecho a la tutela efectiva, el accionante argumenta:

 

?El Tribunal de Casación tenía la obligación de analizar el recurso de casación presentado por Prophar S.A. y pronunciarse sobre él de manera fundamentada, explicando las razones para aceptarlo o rechazarlo. No lo hizo para comprobar la omisión del Tribunal de Casación es suficiente con leer la sentencia y verificar que no existe ninguna referencia al recurso de casación presentado por mi representada, peor aún un pronunciamiento expreso sobre su contenido. Únicamente hacen referencia a este recurso en el auto evacuatorio de los pedidos de aclaración y ampliación, más no analizan los argumentos esgrimidos en él, sino que se limitan a manifestar que devino en improcedente en virtud de lo resuelto en la propia sentencia.?

 

Sobre la vulneración del derecho a la seguridad jurídica expresa:

 

?Para que sea procedente la impugnación de una sentencia de instancia por la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación, el casacionista debe determinar de forma clara y expresa qué normas de valoración de la prueba han sido inaplicadas, indebidamente aplicadas o erróneamente interpretadas. Pero no sólo ello, sino que deben determinar que como consecuencia de la inaplicación, indebida aplicación o errónea interpretación de las normas de valoración de la prueba, se ha aplicado indebidamente o se ha dejado de aplicar alguna norma de derecho sustantivo. Es por ello que a la causal tercera se la conoce como violación indirecta, ya que se puede casar el fallo sólo si como consecuencia de una indebida valoración de la prueba se aplica indebidamente o se deja de aplicar normas de derecho sustantivo?.

 

Finalmente, respecto a la alegación de la vulneración del derecho a la defensa, argumenta que:

 

?No es factible que el Tribunal de Casación realice una valoración de daños sin tener ningún elemento objetivo  para ello y que, en cambio utilice elementos que no han sido incorporados al proceso válidamente, pero que han sido proporcionados por las partes, sin respetar el derecho de contradicción. Los dichos del abogado de Merck Sharp & Dohme (Interamerican) Corporation nos permiten apreciar la claridad meridiana que tenía sobre el método utilizado para valorar los perjuicios, por lo que fácilmente se puede concluir que fue la compañía demandada quien realizó tal cálculo de daños y perjuicios?.

 

Pretensión

 

El accionante expresa su pretensión concreta dentro de la presente causa en los siguientes términos:

 

?(?) Solicito a la Corte Constitucional que, en aras de una correcta administración de justicia y en consonancia con los postulados y principios del Estado Constitucional de Derechos y Justicia, disponga la reparación integral de los derechos constitucionales de Prophar S.A., que han sido vulnerados por la sentencia de la Corte Nacional de Justicia dictada dentro del juicio 1140-2011 WP que mi representada sigue en contra de Merck Sharp & Dohme (interamerican) Corporation Nº 1140-2011 WP.

 

A fin de reparar de manera integral los derechos constitucionales de Prophar S.A. solicito se fije una indemnización pecuniaria acorde con el daño que se ha ocasionado a Prophar S.A., indemnización que deberá ser calculada sobre la base de la prueba debidamente actuada en el proceso y de la que se puede extraer parámetros objetivos a fin de fijar su monto.?

 

Contestación a la demanda

 

Jueces de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia

 

De fojas 240 a 242 del expediente constitucional obra el escrito del 23 de abril de 2013, presentado por los jueces de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, por el cual remiten informe de descargo respecto a los argumentos que sustentan la acción extraordinaria de protección, en cuyo contenido manifiestan que la sentencia impugnada no ha violado, ni por acción ni por omisión, ningún derecho reconocido en la Constitución o en los tratados internacionales de derechos humanos, por cuanto cumple a cabalidad con la Constitución de República y la Ley de Casación. Indican que la misma es justa, totalmente motivada y realiza una correcta aplicación e interpretación de la ley en la debida conceptualización y diferenciación de lo que implica el derecho de defensa de la competencia y el derecho de la competencia desleal.

 

Señalan además que la sentencia del 23 de septiembre de 2011, dictada por la Primera Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, materia de la casación, adolecía de fallas de motivación entre las normas y principios en que se fundó y la explicación de la pertinencia de su aplicación a los hechos  concretos que se discutían entre las partes, por cuanto se transformó un problema cuyo origen era evidentemente civil y de competencia desleal, en un tema exclusivo de derecho de defensa de la competencia; esto es, que de un conflicto que solo afectaba a las compañías Prophar S. A., y Merck Corporation, se dio un salto conceptual para convertirlo en un problema de los consumidores y usuarios de productos farmacéuticos en general, o lo que es peor, de un supuesto tema de mercado relevante de plantas industriales, resultando en una indebida conceptualización y una mezcla de instituciones jurídicas diferentes en tal sentencia de la Corte Provincial, como son el cuasidelito civil, temas de derecho de defensa de la competencia y otros de derecho de la competencia desleal, cuestión que la sentencia de casación corrigió.

 

Manifiestan que la compañía accionante, por el hecho de que la sentencia de casación no le da toda la razón, pretende, mediante acción extraordinaria de protección, hacer del más alto tribunal de justicia constitucional una cuarta instancia, a más que la acción extraordinaria de protección incumple lo preceptuado en el artículo 62, numerales 4, 5, 1, 3 y 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

 

Finalmente, concluyen su informe expresando que en la sentencia dictada se respetó el derecho al debido proceso y se realizó una tutela efectiva de los derechos de las partes involucradas, de manera expedita e imparcial, respetando siempre el derecho a la defensa y a la seguridad jurídica, en el complejo tema del derecho de competencia desleal.

 

Merck Sharp & Dohme, tercer interesado

 

El señor Timothy Daveler en su calidad de representante legal de Merck Sharp & Dohme (inter American), comparece y en lo principal señala:

 

?1. Conforme se ha descrito en detalle en los escritos presentados en la etapa de admisión, en el alegato presentado el pasado 3 de abril y en la audiencia por usted convocada, y se aprecia de la simple lectura del texto de la demanda, la acción no cumple ni con los requisitos de admisibilidad, ni con los requisitos de fondo para su procedibilidad, por lo que debe ser rechazada.

 

2. La acción debe ser rechazada porque no se han violado derechos fundamentales ni normas del debido proceso, y porque no cumple, la demanda, con los presupuestos establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (?LOGJCC?). PROPHAR pretende, de esta Corte, la determinación de un nuevo monto de indemnización, lo cual es ajeno a la naturaleza de la acción y a la competencia de la Corte Constitucional, que en su jurisprudencia reiterada ha señalado que no es un tribunal de cuarta instancia y que no puede ni valorar prueba ni resolver sobre asuntos discutidos en la justicia ordinaria, conforme se expone ampliamente en los párrafos 216 a 228 del memorial presentado el 3 de abril de 2013, en donde se transcriben citas textuales de la parte de la extensa jurisprudencia de la Corte en la materia.

 

?Prophar pide que esta Corte Constitucional, a título de reparación integral, incremente la ya excesiva indemnización de carácter civil, ordenada pagar por la Corte Nacional de Justicia, cubierta por MSD, a pedido de Prophar, y recibida por Prophar, sin reserva alguna, para lo cual exige que la Corte Constitucional valore nuevamente prueba que no se halla en el expediente enviado por la Corte Nacional de Justicia, pues ésta, sin objeción por parte de Prophar, sólo remitió el cuaderno de casación, en el cual ni siquiera los textos de los recursos de casación constan.

 

Tal pretensión desborda la competencia de la Corte Constitucional y significa exigir que, después de la resolución de un recurso de casación, guardián del ordenamiento jurídico, la Corte Constitucional se convierta en un nuevo tribunal de instancia para que resuelva un asunto exclusivamente civil. Respetuosamente señalamos que la acción encaminada a este objetivo no debió ser admitida a trámite. Adicionalmente señalamos que cuando la acción fue, sin embargo, admitida, el auto de admisión no fue adecuadamente motivado lo cual ocasiona su nulidad.?

 

No obstante lo argumentado por parte del representante legal de Merck Sharp & Dohme (inter American), cabe destacar que se ha remitido a esta Corte Constitucional de manera íntegra el proceso de casación N.º 1140-2011 por parte de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia.

 

Procuraduría General del Estado

 

A fojas 250 a 252 del expediente constitucional consta escrito presentado por el abogado Marcos Arteaga Valenzuela, en su calidad de director nacional de Patrocinio, delegado del procurador general del Estado, quien en relación a la presente acción manifiesta:

 

?La Procuraduría General del Estado mediante oficio No. 0087-CC-FAS-2013 ha sido notificada con la copia de la demanda presentada por la compañía PROPHAR S.A. y el auto de 17 de abril de 2013, en el que se avoca conocimiento y se convoca a las partes a ser oídas en audiencia dentro de la presenta acción extraordinaria de protección para el 30 de abril de 2013 a las 10h30. Se menciona en dicha providencia que esta acción se presenta contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, expedida dentro del recurso de casación No. 1140-2011, en el juicio ordinario por indemnización de daños y perjuicios; y, el auto evacuatorio de aclaración.

 

En el referido litigio, del cual el Estado ecuatoriano no es parte, intervienen como actor y demandado dos personas jurídicas privadas: Nueva Industria Farmacéuticos Asociados S.A. (Nifa S.A.), hoy compañía PROPHAR S.A. y MERCK SHARP & DOHME (Inter American) Corporation,

 respectivamente. En estas circunstancias, a la Procuraduría General del Estado no le corresponde pronunciase respecto del asunto materia de esta acción constitucional. Sin perjuicio de lo dicho me limito a informar a usted sobre el arbitraje internacional planteado por la compañía MERCK SHARP & DOHME (Inter American) Corporation en contra del Estado ecuatoriano en relación con el litigio que enfrenta en cortes locales, cuya defensa está a cargo de la Procuraduría General del Estado.

 

(?) La empresa norteamericana alega la violación del TBI por supuesta denegación de justicia, en referencia al Juicio 2003-1022, por Daños y Perjuicios iniciado por la compañía Nueva Industria Farmacéutica Asociada S. A. (NIFA S.A.), actualmente PROPHAR S.A. en contra de la compañía Merck Sharp & Dohme (Inter American) Corporation que posteriormente fue resuelto en apelación por la Primera Sala Civil, Mercantil, Inquilinato y Residuales dentro del proceso 2008-0421; y, finalmente conocido por la Corte Nacional de Justicia, cuya Sala de lo Civil, Mercantil y Familia decidió sobre la Casación planteada por las partes, signada con el Nº 1140-2011.

 

A esta fecha, el Tribunal Arbitral que conoce el caso está por establecer el calendario procesal en el que las partes presentaron sus alegaciones por escrito, así como la fecha de la audiencia o audiencias necesarias dentro del procedimiento arbitral.?

 

 

De la audiencia

 

Mediante providencia del 17 de abril del 2013, de conformidad con lo establecido por los artículos 19 y 38 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, se convocó a las partes a ser oídas en audiencia pública. Conforme consta en la razón sentada por el actuario, el 30 de abril del 2013 se llevó a cabo la audiencia señalada y se contó con la participación del doctor Juan Carlos Andrade, en representación del legitimado activo, y los doctores Raúl Moscoso y Alejandro Ponce Martínez, a nombre del tercero interesado, no asistiendo representante alguno por parte del legitimado pasivo, así como tampoco por parte de la Procuraduría General del Estado.

 

El representante del legitimado activo señala que el fundamento de la acción extraordinaria de protección presentada es la vulneración de varios derechos constitucionales en la sentencia de casación, la cual, pese a ser favorable a PROPHAR, no reparó de manera integral sus derechos.

 

El legitimado activo, a través de su representante, manifestó en lo principal que ha existido vulneración al debido proceso por cuanto los jueces han valorado prueba en casación, atacando la idoneidad del perito.

 

Señala que los jueces emplean un memorando para a través de él desechar un peritaje aportado dentro del proceso, lo cual, según el accionante, atentó el principio de imparcialidad judicial. Expresa además que en la sentencia no se determinó cuáles  son las normas de derecho que se aplicaron o se dejaron de aplicar.

 

Manifiesta que la Sala atentó el principio de seguridad jurídica, toda vez que no podía entrar a valorar prueba; señala que la Sala resuelve con elementos que no han sido incorporados al proceso, ya que según el accionante, el memorando fue adjuntado, mas no incorporado dentro del proceso.

 

Sostiene adicionalmente que se vulneró el derecho a la reparación integral del daño, ya que según el accionante se determina la indemnización sin tener ningún elemento objetivo.

 

Por otro lado, los terceros con interés (MERCK) manifiestan que a través de la acción extraordinaria de protección se trata de fijar un nuevo monto de una indemnización civil, ante lo cual no se trata de un tema de constitucionalidad, sino de legalidad. Señala que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental, pretendiendo que la Corte Constitucional se convierta en una cuarta instancia y valore prueba, y que la parte actora quiere valerse de esta acción para obtener una ?fortuna?.

 

Señala que existió una negociación fallida entre las firmas, y la compañía demandante busca un ?enriqueciendo exorbitante de Prophar?, por un negocio fallido por la compra de un inmueble. Expresa que la firma accionante fue la que se retiró de la negociación, y que la compra fallida de un inmueble no evidencia la existencia de un cuasi delito ni competencia desleal; por tanto, no se puede establecer responsabilidad subjetiva porque a través de un acta de confidencialidad las dos empresas suscribieron que si una de las partes se retira de la negociación, no se debía pagar multas.

 

Señala que PROPHAR solo quiere obtener ventaja con ayuda de actuaciones judiciales en todas las instancias procesales. Que los jueces provinciales nombraron a peritos no calificados y desecharon peritajes calificados. Que los jueces de la Corte Nacional determinan la existencia de un daño, en donde no existe, al establecer un daño por el cuasi delito civil de competencia desleal por dejar de producir dos años, fijando adicionalmente un monto indemnizatorio, el cual MERCK cumplió ante la amenaza inminente de embargo.

 

Finalmente, señala que la Sala de Admisión de la Corte Constitucional se equivocó al aceptar a trámite la acción extraordinaria de protección, y según el interviniente el auto no es motivado, señalando que la demanda presentada por el legitimado activo no cumple los requisitos de admisibilidad.

 

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