Registro Oficial No 196 - Jueves 06 de Marzo de 2014 Segundo Suplemento

Jueves, 06 de marzo de 2014

Última modificación: Viernes, 28 de marzo de 2014 | 12:04

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Jueves 06 de Marzo de  2014 - R. O. No. 196

 

SEGUNDO SUPLEMENTO

 

SUMARIO

               

               

Ministerio de Finanzas:

 

 

Ejecutivo:

Acuerdos              

 

001 Nómbrase a la economista Madeleine Leticia Abarca Runruil, Viceministra de Finanzas

 

               

002 Nómbrase a la economista María Gabriela Carrasco Espinoza, Subsecretaria de Relaciones Fiscales

               

Ministerio de Relaciones Laborales e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social:

 

Acuerdo Interinstitucional  

 

-       Expídese el Instructivo para la Implementación del Sistema Nacional de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales (SGP)

 

               

Consejo de la Judicatura:

 

Judicial y Justicia Indígena

 

Resolución           

 

027-2014 Refórmase la Resolución 108-2012, mediante la cual el Pleno resolvió: ?EXPEDIR EL REGLAMENTO SUSTITUTIVO DE CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN, IMPUGNACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, PARA LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE SERVIDORAS Y SERVIDORES DE LA FUNCIÓN JUDICIAL?

               

Gobiernos Autónomos Descentralizados: Ordenanzas Municipales:

 

Ordenanzas         

 

-       Cantón Archidona: Reformatoria para la aplicación del factor que permita definir el valor comercial catastral a cobrarse en el impuesto predial urbano para el bienio 2014 ? 2015

 

               

-       Cantón Balao: Que regula la formación de los catastros prediales urbanos y rurales, la determinación, administración y recaudación del impuesto a los predios urbanos y rurales para el bienio 2014-2015

 

 

CONTENIDO

 


 

No. 001

 

EL MINISTRO DE FINANZAS

 

Considerando:

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008, en su artículo 154 dispone que las Ministras y Ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la Ley, les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

 

Que, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva en sus artículo 10 primer inciso determina que todos los órganos y autoridades de la Administración Pública Central que conforman la Función Ejecutiva se hallan sometidos a la jerarquía del Presidente de la República y a la de los respectivos Ministros de Estado;

 

Que, la norma ibídem en sus artículo 17 señala que los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus Ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales;

 

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, publicado el 22 de octubre de 2010, en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 306, en su artículo 75 dispone que, él o la Ministro (a) a cargo de las finanzas públicas, podrá delegar por escrito las facultades que estime conveniente hacerlo;

 

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica del Servicio Público determina que para el ejercicio de la función pública los nombramientos podrán ser: c) de libre nombramiento y remoción;

 

Que, el artículo 85 de la norma ibídem señala que las autoridades nominadoras podrán designar, previo el cumplimiento de los requisitos previstos para el ingreso al servicio público, y remover libremente a las y los servidores que ocupen los puestos señalados en el literal a) y literal h) del artículo 83 de esta Ley, los cuales hacen referencia entre otros a quienes tienen a su cargo la dirección política y administrativa del Estado como las o los puestos de coordinadores y subcoordinadores nacionales;

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No 380 de 13 de diciembre de 2013, el señor Ministro de Finanzas, encarga el Viceministerio de Finanzas a la economista Madeleine Leticia Abarca Runrul, Subsecretaria de Relaciones Fiscales, sin descuidar sus funciones actuales, a partir del 13 de diciembre de 2013 y hasta el nombramiento del titular del Viceministerio;

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere los artículos 154  de la Constitución de la República del Ecuador, 75 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 47 y 85 de la Ley Orgánica del Servicio Público y 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

 

Acuerda:

 

Art. 1.- Nombrar a partir de la presente fecha a la Economista Madeleine Leticia Abarca Runruil, como Viceministra de Finanzas.

 

Art. 2.- A partir de la firma de este instrumento jurídico, dejar sin efecto el Acuerdo No. 380 de 13 de diciembre de 2013.

 

Art. 3.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado, en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco de Quito, a 08 de enero de 2014.

 

f.) Econ. Fausto Herrera Nicolalde, Ministro de Finanzas.

 

MINISTERIO DE FINANZAS.- Es fiel copia del original.- f.) Dayana Rivera, Directora de Certificación.

 

No. 002

 

EL MINISTRO DE FINANZAS

 

Considerando:

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008, en su artículo 154 dispone que las Ministras y Ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la Ley, les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

 

Que, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva en sus artículo 10 primer inciso determina que todos los órganos y autoridades de la Administración Pública Central que conforman la Función Ejecutiva se hallan sometidos a la jerarquía del Presidente de la República y a la de los respectivos Ministros de Estado;

 

Que, la norma ibídem en sus artículo 17 señala que los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus Ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales;

 

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, publicado el 22 de octubre de 2010, en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 306, en su artículo 75 dispone que, él o  la Ministro (a) a cargo de las finanzas públicas, podrá delegar por escrito las facultades que estime conveniente hacerla;

 

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica del Servicio Público determina que para el ejercicio de la función pública los nombramientos podrán ser: c) de libre nombramiento y remoción;

 

Que, el artículo 85 de la norma ibídem señala que las autoridades nominadoras podrán designar, previo el cumplimiento de los requisitos previstos para el ingreso al servicio público, y remover libremente a las y los servidores que ocupen los puestos señalados en el literal a) y literal h) del artículo 83 de esta Ley, los cuales hacen referencia entre otros a quienes tienen a su cargo la dirección política y administrativa del Estado como las o los puestos de coordinadores y subcoordinadores nacionales;

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere los artículos 154 de la Constitución de la República del Ecuador, 75 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 47 y 85 de la Ley Orgánica del Servicio Público y 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

 

Acuerda:

 

Art. 1.- Nombrar a partir de la presente fecha a la Economista María Gabriela Carrasco Espinoza, como Subsecretaria de Relaciones Fiscales.

 

Art. 2.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado, en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco de Quito, a 06 de enero de 2014.

 

f.) Econ. Fausto Herrera Nicolalde, Ministro de Finanzas.

 

MINISTERIO DE FINANZAS.- Es fiel copia del original.- f.) Dayana Rivera, Directora de Certificación.

 

Dr. Francisco Vacas Dávila

MINISTRO DE RELACIONES LABORALES

 

Dr. Francisco Vergara Ortiz

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO

ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

 

Considerando:

 

Que, de conformidad con el artículo 4 del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, adoptado mediante Decisión 584 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, los Países Miembros, en el marco de sus Sistemas Nacionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, deben propiciar el mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, a fin de prevenir daños en la integridad física y mental de los trabajadores que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el trabajo;

 

Que, los artículos 11 y 12 de la Decisión 584 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores determina que en todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales, a base de directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como responsabilidad social y empresarial, debiendo los empleadores adoptar y garantizar el cumplimiento de tales medidas, entre otros, a través de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo;

 

Que, el artículo 1 del Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, adoptado mediante Resolución 957 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, determina los componentes técnicos de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a ser desarrollados por los Países Miembros;

 

Que, el artículo 3 numeral 1 de la Constitución de la República dispone que es deber primordial del Estado garantizar, sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos a la salud y seguridad social;

 

Que, el articulo 326 numeral 5 de la Constitución de la República consagra, como principio del derecho al trabajo, que toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar;

 

Que, el artículo 370 de la Constitución de la República establece que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma regulada por la Ley, será responsable de la prestación de las contingencias del seguro universal obligatorio a sus afiliados;

 

Que, de conformidad con el artículo 539 inciso primero del Código del Trabajo, corresponde al Ministerio de Relaciones Laborales la reglamentación, organización y protección del trabajo;

 

Que, el artículo 410 del Código del Trabajo obliga a los empleadores a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida; y, que su artículo 432 señala que en las empresas sujetas al régimen del seguro de riesgos del trabajo deberán observarse también las disposiciones o normas que dictare el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social;

 

Que, el artículo 1 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 2393 de 13 de noviembre de 1986, señala que sus disposiciones se aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo;

 

Que, el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, mediante Resolución No. CD. 333 de 07 de octubre de 2010, expidió su Reglamento para el Sistema de Auditada de Riesgos del Trabajo "SART"; y, estableció,  conforme consta en el artículo 51 de su Resolución No. CD.390 de 10 de noviembre de 2011, la obligación de las empresas de implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como medio de cumplimiento obligatorio de las normas legales o reglamentarias; siendo encargados de su ejecución el Director General y el Director del Seguro General de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; y,

 

Que, es de interés del Ministerio de Relaciones Laborales y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social establecer, a nivel nacional, un sistema de gestión para la prevención de riesgos laborales, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, como un proyecto que coadyuve a su desarrollo interinstitucional.

 

En ejercicio de sus atribuciones y facultades,

 

Acuerdan:

 

EXPEDIR EL INSTRUCTIVO PARA LA

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE

GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

LABORALES (SGP)

 

Art. 1.- Todo empleador, de los sectores público y privado, para efecto de la gestión de la prevención, identificación, medición, evaluación y control de los riesgos del trabajo, implementara de forma obligatoria el Sistema Nacional de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales (SGP), de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que será auditado por el Ministerio de Relaciones Laborales.

 

Art. 2.- Los empleadores podrán acceder al Sistema Nacional de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales (SGP), en forma gratuita a través del portal web oficial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a fin de conocer sus elementos y subir la información solicitada, que arrojará en tiempo real su nivel de cumplimiento técnico -legal o índice de eficacia.

 

El Sistema Nacional de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales (SGP) contará con un módulo tutorial y de consultas en línea, que permitirá su correcta utilización por parte de los empleadores.

 

Art. 3.- Dentro del plazo de noventa (90) días, contado a partir de la fecha de inicio de vigencia de este Instructivo, los empleadores deberán completar el módulo de autoevaluación del Sistema Nacional de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales (SOP).

 

El mismo plazo se concederá, a continuación, a todo nuevo empleador desde la fecha en que inicie sus actividades.

 

Art. 4.- Una vez cumplido el plazo previsto en el artículo anterior, el Ministerio de Relaciones Laborales, de acuerdo a las muestras de auditoría establecidas conjuntamente con la Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo, auditará el cumplimiento, por parte de los empleadores, de la implementación del Sistema Nacional de Gestión de Prevención  de Riesgos Laborales (SGP), dentro de los plazos establecidos en el propio Sistema.

 

Art. 5.- El incumplimiento del presente Instructivo dará lugar a las sanciones administrativas previstas en la Ley, por parte del Ministerio de Relaciones Laborales; así como al correspondiente incremento de la prima de recargo del Seguro General de Riesgos del Trabajo a ser establecido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

 

DISPOSICIONES GENERALES

 

PRIMERA.- Para efecto de aplicación del presente Instructivo, el Sistema Nacional de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales (SGP) será operado libremente por el Ministerio de Relaciones Laborales y será administrado por el Seguro General de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

 

SEGUNDA.- El Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo se encargará de recopilar y analizar la información estadística que genere el Sistema Nacional de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales (SGP), a fin de informar al Ministerio de Relaciones Laborales y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para la toma de decisiones.

 

El presente Acuerdo Interinstitucional tendrá vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los quince días del mes de enero de 2014.

 

f.) Dr. Francisco Vacas Dávila, Ministro de Relaciones Laborales

 

f.) Dr. Francisco Vergara Ortiz, Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

 

TESTIGO DE HONOR

 

f.) Fernando Cordero Cueva, Presidente, Consejo Directivo, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

 

No. 027-2014

 

EL PLENO DEL

CONSEJO DE LA JUDICATURA

 

CONSIDERANDO:

 

Que, el artículo 170 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: ?Para el ingreso a la Función Judicial se observarán los criterios de igualdad, equidad, probidad, oposición, méritos, publicidad, impugnación y participación ciudadana??;

 

Que, el artículo 177 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: ?La Función Judicial se compone de órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos. La ley determinará su estructura,  funciones, atribuciones, competencias y todo lo necesario para la adecuada administración de justicia?;

 

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: ?El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial??;

 

Que, los numerales 1, 3 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador determinan: ?Serán funciones del Consejo de la Judicatura, además de las que determine la ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial;(?) 3. Dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función Judicial, así como, su evaluación, ascensos y sanción. Todos los procesos serán públicos y las decisiones motivadas;(?) 5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial??;

 

Que, el artículo 52 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece: ?Todo ingreso de personal de la Función Judicial se realizará mediante concurso público de oposición y méritos, sujeto a procesos de impugnación, control social y se propenderá a la paridad entre mujeres y hombres??;

 

Que, el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial determina: ?El Consejo de la Judicatura es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, que comprende; órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos?.?;

 

Que, de conformidad con lo previsto en el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: ?10. Expedir, modificar, derogar e interpretar obligatoriamente el Código de Ética de la Función Judicial, el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.?;

 

Que, mediante Resolución 108-2012, de 11 de septiembre de 2012, el Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición resolvió: ?Expedir el Reglamento de Sustitutivo de Concursos de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social, para la Selección y Designación de Servidoras y Servidores de la Función Judicial?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó la Resolución 021-2013, en sesión de 15 de abril de 2013, en la que se reformó la Resolución 108-2012;

 

 

Que, en sesión de 9 de julio de 2013, el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó la Resolución 067-2013, en la que se reformó la Resolución 108-2012 que contiene el ?Reglamento Sustitutivo de Concursos de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social, para la selección y designación de servidoras y servidores de la Función Judicial?;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó la Resolución 203-2013, en sesión de 20 de diciembre de 2013, en la que se reformó la Resolución 108-2012 que contiene el ?Reglamento Sustitutivo de Concursos de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social, para la selección y designación de servidoras y servidores de la Función Judicial?;

 

Que, mediante Memorando CJ-EFJ-2014-211, de 10 de febrero de 2014, el doctor TOMÁS ALVEAR PEÑA, Director de la Escuela Judicial, pone en conocimiento de la Dirección General y de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el: ?Informe Técnico para propuesta de reforma al Reglamento de Selección de Servidores, en el marco que no se requiere de Curso de Formación Inicial para Carrera Administrativa?, en el cual recomienda reformar el Reglamento Sustitutivo de Concursos de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social, para la Selección y Designación de Servidoras y Servidores de la Función Judicial, contenido en la Resolución 108-2012;

 

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2014-994, de 12 de febrero de 2014, suscrito por la abogada DORIS GALLARDO CEVALLOS, Directora General, quien remite el Memorando CJ-EFJ- 2014-211, suscrito por el doctor TOMÁS ALVEAR PEÑA, Director de la Escuela de la Función Judicial, que contiene el ?Informe Técnico para propuesta de reforma al Reglamento de Selección de Servidores, en el marco que no se requiere de Curso de Formación Inicial para Carrera Administrativa?; y, el Memorando CJ-DNJ-2014-349, suscrito por el doctor ESTEBAN ZAVALA PALACIOS, Director Nacional de Asesoría Jurídica, en relación al informe jurídico y proyecto de resolución para reformar el Reglamento Sustitutivo de Concursos de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social, para la Selección y Designación de Servidoras y Servidores de la Función Judicial, contenido en la Resolución 108-2012; y,

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad de los presentes,

 

RESUELVE:

 

REFORMAR LA RESOLUCIÓN 108-2012,

MEDIANTE LA CUAL EL PLENO DEL CONSEJO

DE LA JUDICATURA RESOLVIÓ: ?EXPEDIR EL REGLAMENTO SUSTITUTIVO DE CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN, IMPUGNACIÓN

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, PARA LA

SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE SERVIDORAS Y SERVIDORES DE LA FUNCIÓN JUDICIAL?

 

Artículo Único.- Sustituir el primer inciso del artículo 1 de la Resolución 108-2012, de 11 de septiembre de 2012, por el siguiente texto:

 

?Art. 1.- Objeto.- El presente reglamento se aplicará en todo procedimiento para la postulación, selección y designación por Concurso Público de Méritos y Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social para las y los aspirantes de las carreras misionales: judicial  jurisdiccional, fiscal y defensorial, y será de cumplimiento obligatorio para todas las servidoras y servidores de la Función Judicial, que de acuerdo con la Constitución y la ley están a cargo del Consejo de la Judicatura. Las servidoras y servidores de la Función Judicial de la carrera Judicial, Fiscal y Defensorial administrativa, se rigen por este reglamento con excepción de la fase de formación inicial, fase que no aplica para la selección de dichos funcionarios.?

 

DISPOSICIONES FINALES

 

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus competencias, de la Dirección General y la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura.

 

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial.

 

Dado en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, a los trece días del mes de febrero de dos mil catorce.

 

f.) GUSTAVO JALKH RÖBEN, Presidente

 

f.) Dr. ANDRÉS SEGOVIA SALCEDO, Secretario General

 

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó esta resolución a los trece días del mes de febrero de dos mil catorce.

 

f.) Dr. ANDRÉS SEGOVIA SALCEDO, Secretario General.

 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA

 

Considerando:

 

Que, el Art. 264 numeral 9 de la Constitución Política de la República, confiere competencia exclusiva a los Gobiernos Municipales para la formación y administración de los catastros inmobiliarios urbanos y rurales.

 

Que, la Constitución Política de la República, determina que los Gobiernos Cantonales gozarán de plena autonomía y que, en uso de su atribución legislativa, están facultados para emitir ordenanzas;

 

Que el artículo 55 del COOTAD establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales tendrán entre otras las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que determine la ley: ?i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales?;

 

Que, es necesario actualizar los sistemas de valoración del suelo y de las edificaciones, de conformidad con la realidad económica del país;

 

Que, la nueva estructura económica ha incrementado considerablemente la valoración de los bienes inmuebles,  mientras que los avalúos del suelo y de las edificaciones se han tornado deficientes, que no guardan relación directa con el precio real de los referidos bienes;

 

Que, la ley faculta a las municipalidades fijar los valores comerciales para efectos tributarios.

 

Que, es necesario considerar los efectos de la dolarización y de la crisis económica de los últimos años, a efecto de cumplir, cabalmente, con los principios tributarios de proporcionalidad, igualdad, generalidad y de justicia tributaria, con cargas impositivas equitativas y razonables; y,

 

Amparado en lo que determinan los Arts. 238 y 240 de la Constitución de la República del Ecuador; Art. 5 del COOTAD; y, en ejercicio de las atribuciones contempladas en los Arts. 7, 57 y Art. 323 del Código Orgánico invocado,

 

Expide:

 

La siguiente ORDENANZA REFORMATORIA PARA LA APLICACIÓN DEL FACTOR QUE PERMITA DEFINIR EL VALOR COMERCIAL CATASTRAL A COBRARSE EN EL IMPUESTO PREDIAL URBANO PARA EL BIENIO 2014 - 2015.

 

Art. 1.- Para la obtención del avalúo comercial catastral, para fines económicos-tributarios, sobre los valores obtenidos de conformidad con el procedimiento establecido en la Ordenanza Municipal ?Que reglamenta los procedimientos para el mantenimiento y actualización catastral y la aplicación del plano de valoración de zonas geo-económicas para la valoración de los terrenos y la tabla de agregación de valores para la valoración de las construcciones en la ciudad de Archidona?, se adopta el factor de aplicación tributaria equivalente al 1.5 por mil.

 

Art. 2.- La presente Ordenanza entrará en vigencia inmediatamente de su aprobación por parte del Concejo, de la sanción pertinente por parte del señor Alcalde y de su publicación como manda el COOTAD, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ARCHIDONA, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013.

 

f.) Sr. José Toapanta Bastidas, Alcalde.

 

f.) Lic. Kenya Guerrero Díaz, Secretaria General (E).

 

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA.- La Ordenanza que antecede fue analizada y aprobada en sesión ordinaria del 16 de diciembre y sesión extraordinaria del 27 de diciembre de 2013, Resoluciones N: 0849 y 0850, en su orden. LO CERTIFICO.-

 

 

f.) Lic. Kenya Guerrero Díaz, Secretaria General (E).  SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA.- Archidona, 6 de enero del 2014. Las 16H00. De conformidad con lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 322 del COOTAD, remítase la presente Ordenanza al señor Alcalde, en original y dos copias, para su sanción u observación.

 

f.) Lic. Kenya Guerrero Díaz, Secretaria General (E).

 

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA.- Archidona, 10 de enero del 2014. Por reunir los requisitos legales exigidos, y al no existir observaciones a la presente Ordenanza, amparado en lo que determina el inciso cuarto del artículo 322 del COOTAD, EJECÚTESE LA PRESENTE ORDENANZA REFORMATORIA PARA LA APLICACIÓN DEL FACTOR QUE PERMITA DEFINIR EL VALOR COMERCIAL CATASTRAL A COBRARSE EN EL IMPUESTO PREDIAL URBANO PARA EL BIENIO 2014 ? 2015 Y PROMÚLGUESE, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 324 del COOTAD.

 

f.) Sr. José Toapanta Bastidas, Alcalde.

 

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA.- Proveyó y firmó el decreto que antecede, el señor José Alejandro Toapanta Bastidas, Alcalde del cantón Archidona, en la fecha y hora señaladas. LO CERTIFICO.

 

f.) Lic. Kenya Guerrero Díaz, Secretaria General (E).

 

EL CONCEJO CANTONAL DEL GOBIERNO

AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE

BALAO, PROVINCIA DEL GUAYAS

 

Considerando:

 

Que, el Art. 1 de la Constitución de la República determina que el ?Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.?

 

Que, en este Estado de Derechos, se da prioridad a los derechos de las personas, sean naturales o jurídicas, los mismos que al revalorizarse han adquirido rango constitucional; y, pueden ser reclamados y exigidos a través de las garantías constitucionales, que constan en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

 

Que, el Art. 10 de la Constitución de la República prescribe que, las fuentes del derecho se han ampliado considerando a: ?Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos que garantiza la Constitución y en los instrumentos internacionales.?

 

Que, el Art. 84 de la Constitución de la República determina que: ?La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados  internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades.?. Esto significa que los organismos del sector público comprendidos en el Art. 225 de la Constitución de la República, deben adecuar su actuar a esta norma.

 

Que, el Art. 264 numeral 9 de la Constitución de la República, confiere competencia exclusiva a los Gobiernos Municipales para la formación y administración de los catastros inmobiliarios urbanos y rurales.

 

Que, el Art. 270 de la Constitución de la República determina que los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus propios recursos financieros y participarán de las rentas del Estado, de conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad.

 

Que, el Art. 321 de la Constitución de la República establece que el Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental.

 

Que, de acuerdo al Art. 426 de la Constitución de la República: ?Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución. Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente.?. Lo que implica que la Constitución de la República adquiere fuerza normativa, es decir puede ser aplicada directamente y todos y todas debemos sujetarnos a ella.

 

Que, el Art. 599 del Código Civil, prevé que el dominio, es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social. La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad.

 

Que, el Art. 715 del Código Civil, prescribe que la posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño; sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo, o bien por otra persona en su lugar y a su nombre. El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifica serlo.

 

Que, el artículo 55 del COOTAD establece que los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán entre otras las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que determine la ley: ?I) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales.?

 

Que, el artículo 57 del COOTAD dispone que al concejo municipal le corresponde: El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones; Regular, mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la ley  a su favor. Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, para regular temas institucionales específicos o reconocer derechos particulares;

 

Que, el artículo 139 del COOTAD determina que la formación y administración de los catastros inmobiliarios urbanos y rurales corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, los que con la finalidad de unificar la metodología de manejo y acceso a la información deberán seguir los lineamientos y parámetros metodológicos que establezca la ley y que es obligación de dichos gobiernos actualizar cada dos años los catastros y la valoración de la propiedad urbana y rural.

 

Que, los ingresos propios de la gestión según lo dispuesto en el Art. 172 del COOTAD, los gobiernos autónomos descentralizados regionales, provinciales, metropolitano y municipal son beneficiarios de ingresos generados por la gestión propia, y su clasificación estará sujeta a la definición de la ley que regule las finanzas públicas.

 

Que, la aplicación tributaria se guiará por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria.

 

Que, las municipalidades y distritos metropolitanos reglamentarán por medio de ordenanzas el cobro de sus tributos;

 

Que, el COOTAD prescribe en el Art. 242 que el Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. Por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de población podrán constituirse regímenes especiales. Los distritos metropolitanos autónomos, la provincia de Galápagos y las circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales serán regímenes especiales.

 

Que, las municipalidades según lo dispuesto en el artículo 494 del COOTAD reglamentan los procesos de formación del catastro, de valoración de la propiedad y el cobro de sus tributos, su aplicación se sujetará a las siguientes normas: Las municipalidades y distritos metropolitanos mantendrán actualizados en forma permanente, los catastros de predios urbanos y rurales. Los bienes inmuebles constarán en el catastro con el valor de la propiedad actualizado, en los términos establecidos en este Código.

 

Que, en aplicación al Art. 495 del COOTAD, el valor de la propiedad se establecerá mediante la suma del valor del suelo y, de haberlas, el de las construcciones que se hayan edificado sobre el mismo. Este valor constituye el valor intrínseco, propio o natural del inmueble y servirá de base para la determinación de impuestos y para otros efectos tributarios, y no tributarios.

 

Que, el Artículo 561 del COOTAD señala que: ?Las inversiones, programas y proyectos realizados por el sector público que generen plusvalía, deberán ser consideradas en la revalorización bianual del valor catastral de los inmuebles. Al  tratarse de la plusvalía por obras de infraestructura, el impuesto será satisfecho por los dueños de los predios beneficiados, o en su defecto por los usufructuarios, fideicomisarios o sucesores en el derecho, al tratarse de herencias, legados o donaciones conforme a las ordenanzas respectivas.?

 

Que, el artículo 68 del Código Tributario le faculta a la Municipalidad a ejercer la determinación de la obligación tributaria.

 

Que, los artículos 87 y 88 del Código Tributario de la misma manera, facultan a la Municipalidad a adoptar por disposición administrativa la modalidad para escoger cualquiera de los sistemas de determinación previstos en este Código.

 

Por lo que en aplicación directa de la Constitución de la República y en uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización en los artículos 53, 54, 55 literal i); 56, 57, 58, 59 y 60 del Código Orgánico Tributario.

 

Expide:

 

LA ORDENANZA QUE REGULA LA FORMACIÓN DE LOS CATASTROS PREDIALES URBANOS Y RURALES, LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS Y RURALES PARA EL BIENIO 2014 -2015, EN EL CANTON BALAO, PROVINCIA DEL GUAYAS.

 

CAPITULO I

 

DEFINICIONES

 

Art. 1.- De los bienes nacionales.- Se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la Nación toda. Su uso pertenece a todos los habitantes de la Nación, como el de calles, plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales de uso público o bienes públicos. Así mismo; los nevados perpetuos y las zonas de territorio situadas a más de 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar.

 

Art. 2.- Clases de bienes.- Son bienes de los gobiernos autónomos descentralizados aquellos, sobre los cuales ejercen dominio. Los bienes se dividen en bienes del dominio privado y bienes del dominio público. Estos últimos se subdividen, a su vez, en bienes de uso público y bienes afectados al servicio público.

 

Art. 3.- Del catastro.- Catastro es ?el inventario o censo, debidamente actualizado y clasificado, de los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares, con el objeto de lograr su correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica?.

 

Art. 4.- Formación del catastro.- El objeto de la presente ordenanza es regular la formación, organización, funcionamiento, desarrollo y conservación del Catastro inmobiliario urbano y rural en el Territorio del Cantón.

 

El Sistema Catastro Predial Urbano y Rural en los Municipios del país, comprende; el inventario de la información catastral, la determinación del valor de la propiedad, la estructuración de procesos automatizados de la información catastral, y la administración en el uso de la información de la propiedad, en la actualización y mantenimiento de todos sus elementos, controles y seguimiento técnico de los productos ejecutados.

 

Art. 5. De la propiedad.- Es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella.

 

La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad.

 

Posee aquél que de hecho actúa como titular de un derecho o atributo en el sentido de que, sea o no sea el verdadero titular.

 

La posesión no implica la titularidad del derecho de propiedad ni de ninguno de los derechos reales.

 

Art. 6. Jurisdicción territorial.- Para la administración del catastro se establecen dos procesos de intervención:

 

a) Codificación Catastral:

 

La localización del predio en el territorio está relacionado con el código de división política administrativa de la República del Ecuador INEC, compuesto por seis dígitos numéricos, de los cuales dos son para la identificación provincial; dos para la identificación cantonal y dos para la identificación parroquial urbana y rural, las parroquias urbanas que configuran por si la cabecera cantonal, el código establecido es el 50, si la cabecera cantonal está constituida por varias parroquias urbanas, la codificación de las parroquias va desde 01 a 49 y la codificación de las parroquias rurales va desde 51 a 99.

 

En el caso de que un territorio que corresponde a la cabecera cantonal, se compone de una o varias parroquias urbanas, en el caso de la primera, en esta se ha definido el límite urbano con el área menor al total de la superficie de la parroquia urbana o cabecera cantonal, significa que esa parroquia o cabecera cantonal tiene tanto área urbana como área rural, por lo que la codificación para el catastro urbano en lo correspondiente a zona, será a partir de 01, y del territorio restante que no es urbano, tendrá el código de rural a partir de 51.

 

Si la cabecera cantonal está conformada por varias parroquias urbanas, y el área urbana se encuentra constituida en parte o en el todo de cada parroquia urbana, en las parroquias urbanas en las que el área urbana cubre todo el territorio de la parroquia, todo el territorio de la parroquia será urbano, su código de zona será a partir de 01, si en el territorio de cada parroquia existe definida área urbana y área rural, la codificación para el inventario catastral en lo urbano, el código de zona será a partir del 01. En el territorio rural de la parroquia urbana, el código de zona para el inventario catastral será a partir del 51.

 

El código territorial local está compuesto por doce dígitos  numéricos de los cuales dos son para identificación de zona, dos para identificación de sector, dos para identificación de manzana (en lo urbano) y polígono ( en lo rural), tres para identificación del predio y tres para identificación de la propiedad horizontal, en lo urbano y de división en lo rural.

 

b) Levantamiento Predial:

 

Se realiza con el formulario de declaración mixta (Ficha catastral) que prepara la administración municipal para los contribuyentes o responsables de entregar su información para el catastro urbano y rural, para esto se determina y jerarquiza las variables requeridas por la administración para la declaración de la información y la determinación del hecho generador.

 

Estas variables nos permiten conocer las características de los predios que se van a investigar, con los siguientes referentes:

 

01.- Identificación del predio:

02.- Tenencia del predio:

03.- Descripción física del terreno:

04.- Infraestructura y servicios:

05.- Uso de suelo del predio:

06.- Descripción de las edificaciones.

 

Estas variables expresan los hechos existentes a través de una selección de indicadores que permiten establecer objetivamente el hecho generador, mediante la recolección de los datos del predio, que serán levantados en la ficha catastral o formulario de declaración.

 

Art. 7. Catastros y Registro de la Propiedad.- El Municipio de cada cantón o Distrito Metropolitano se encargará de la estructura administrativa del registro y su coordinación con el catastro.

 

Los notarios y registradores de la propiedad enviarán a las oficinas encargadas de la formación de los catastros, dentro de los diez primeros días de cada mes, en los formularios que oportunamente les remitirán a esas oficinas, el registro completo de las transferencias totales o parciales de los predios urbanos y rurales, de las particiones entre condóminos, de las adjudicaciones por remate y otras causas, así como de las hipotecas que hubieren autorizado o registrado. Todo ello, de acuerdo con las especificaciones que consten en los mencionados formularios.

 

Si no recibieren estos formularios, remitirán los listados con los datos señalados. Esta información se la remitirá a través de medios electrónicos.

 

 

CAPÍTULO II

 

DEL PROCEDIMIENTO, SUJETOS Y RECLAMOS

 

Art. 8. Valor de la propiedad.- Para establecer el valor de la propiedad se considerará en forma obligatoria, los siguientes elementos:

 

El valor del suelo que es el precio unitario de suelo, urbano o rural, determinado por un proceso de comparación con precios de venta de parcelas o solares de condiciones similares u homogéneas del mismo sector, multiplicado por la superficie de la parcela o solar.

 

El valor de las edificaciones que es el precio de las construcciones que se hayan desarrollado con carácter permanente sobre un solar, calculado sobre el método de reposición; y,

 

El valor de reposición que se determina aplicando un proceso que permite la simulación de construcción de la obra que va a ser avaluada, a costos actualizados de construcción, depreciada de forma proporcional al tiempo de vida útil.

 

Art. 9. Notificación.- A este efecto, la Dirección Financiera notificará por la prensa a los propietarios, haciéndoles conocer la realización del avalúo. Concluido el proceso se notificará al propietario el valor del avalúo.

 

Art. 10. Sujeto activo.- El sujeto activo de los impuestos señalados en los artículos precedentes es el Gad Municipal de Balao.

 

Art. 11. Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos, los contribuyentes o responsables de los impuestos que gravan la propiedad urbana y rural, las personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las sociedades de bienes, las herencias yacentes y demás entidades aún cuando careciesen de personalidad jurídica, como señalan los Art.: 23, 24, 25, 26 y 27 del Código Orgánico Tributario y que sean propietarios o usufructuarios de bienes raíces ubicados en las zonas urbanas y rurales del Cantón.

 

Art. 12. Reclamos y recursos.- Los contribuyentes responsables o terceros, tienen derecho a presentar reclamos e interponer los recursos administrativos previstos en los Art. 115 del Código Orgánico Tributario y 383 y 392 del COOTAD, ante el Director Financiero Municipal, quien los resolverá en el tiempo y en la forma establecida.

 

En caso de encontrarse en desacuerdo con la valoración

 

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