Registro Oficial

Registro Oficial No 171 - Martes 28 de Enero de 2014 Segundo Suplemento

Martes, 28 de enero de 2014

Última modificación: Miércoles, 26 de febrero de 2014 | 11:45

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Martes 28 de Enero de  2014 - R. O. No. 171

 

 

SEGUNDO SUPLEMENTO

 

SUMARIO

               

Presidencia de la República del Ecuador:

 

 

Ejecutivo:

Decretos               

 

208 Ratifícase el Acuerdo entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República Popular China

 

               

209 Ratifícase el ?Acuerdo entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Consejo de Ministros de la República de Albania para la supresión del requerimiento de visa para titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales o especiales del Gobierno de la República del Ecuador, diplomáticos y de servicio de la República de Albania?

 

               

210 Expídense las disposiciones para la organización, atribuciones y responsabilidades de las unidades de Planificación, Gestión Estratégica, Asesoría Jurídica y Administración de Talento Humano de las instituciones de la Función Ejecutiva

               

Ministerio de Industrias y Productividad:

 

Acuerdo

 

14 114 Establécese el Registro de Operadores, para el ingreso y comercialización de productos reglamentados, así como para aquellos que se produzcan en el país, como requisito de carácter obligatorio

 

               

Gobiernos Autónomos Descentralizados: Ordenanza Municipal:

Ordenanza           

 

-       Cantón Gualaceo: Que reglamenta la ocupación de almacenes y puestos en el mercado minorista

 

 

CONTENIDO

 


 

No. 208

 

Rafael Correa Delgado

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que el ?Acuerdo entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República Popular China para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal con respecto a los impuestos sobre la renta? y su Protocolo fue suscrito en Quito, el 21 de enero de 2013;

 

Que el artículo 418 de la Constitución de la República establece que al Presidente de la República le corresponde suscribir o ratificar los tratados y otros instrumentos internacionales;

 

Que en este sentido y en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el Secretario General Jurídico de la Presidencia de la República, con Oficio No. T. 6594-SNJ-13-118 del 4 de febrero del 2013, remitió a la Corte Constitucional el referido Acuerdo para que resuelva si requiere de aprobación legislativa;

 

Que en base a lo expuesto, mediante Dictamen No. 023-13- DTI-CC de 7 de agosto de 2013, la Corte Constitucional resolvió que el mencionado ?Acuerdo entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República Popular China para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal con respecto a los impuestos sobre la renta? y su protocolo, requieren del dictamen de constitucionalidad previo y vinculante antes de su aprobación por parte de la Asamblea Nacional;

 

Que de conformidad con el segundo inciso del artículo 418 de la Constitución de la República, el Presidente de la República solicitó con oficio N° T.6594-SNJ-13-802, de fecha 12 de septiembre de 2013, a la Asamblea Nacional la aprobación del Acuerdo antes mencionado;

 

Que el Pleno de la Asamblea Nacional el 3 de diciembre del 2013 resolvió aprobar el Acuerdo entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República Popular China para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal con respecto a los impuestos sobre la renta y su Protocolo;

 

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 147 numeral 10 de la Constitución de la República,

 

 

Decreta:

 

Artículo Primero.- Ratifíquese el Acuerdo entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República Popular China para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal  con respecto a los impuestos sobre la renta y su Protocolo, suscrito en Quito el 21 de enero de 2013.

 

Artículo Segundo.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial y de su ejecución encárguese al Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración.

 

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito a 13 de enero de 2014.

 

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.

 

Quito 20 de Enero del 2014, certifico que el que antecede es fiel copia del original.

 

Documento firmado electrónicamente. Alexis Mera Giler.

 

SECRETARIO GENERAL JURÍDICO.

 

Secretaría General Jurídica.

 

No. 209

 

Rafael Correa Delgado

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA C

 

Considerando:

 

Que el "Acuerdo entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Consejo de Ministros de la República de Albania para la supresión del requerimiento de visa para los titulares de pasaportes diplomáticos oficiales o especiales del Gobierno de la República del Ecuador, diplomáticos y de servicio de la República de Albania?, fue suscrito en la ciudad de Viena el 4 de junio de 2013;

 

Que el objetivo del Acuerdo es facilitar la entrada, salida, movimiento y permanencia sin visa, de los ciudadanos de la República del Ecuador titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales o especiales y los ciudadanos de la República de Albania titulares de pasaportes diplomáticos y de servicio, legalmente válidos, por un tiempo de 90 días en un plazo de 180 días a partir de la fecha de entrada;

 

Que el artículo 418 de la Constitución de la República establece que al Presidente de la República le corresponde suscribir o ratificar los tratados y otros instrumentos internacionales;

 

Que en este sentido y en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el Secretario General Jurídico de la Presidencia de la República, con Oficio No. T. 6746-SNJ-13-593 de 11 de julio de 2013, remitió a la Corte Constitucional, el  referido Acuerdo, para que resuelva si requiere de aprobación legislativa;

 

Que en base a lo expuesto, mediante Informe del caso No. 0028-13- TI de 11 de diciembre de 2013, la jueza ponente, pone en conocimiento del Pleno de la Corte Constitucional que el instrumento internacional sometido a análisis no se encuentra incurso en los casos que requieren aprobación legislativa, y por tanto no necesita aprobación previa por parte de la Asamblea Nacional;

 

Que el segundo inciso del artículo 418 de la Constitución de la República dispone que un Tratado sólo podrá ser ratificado, para su posterior canje o depósito, diez días después de que la Asamblea haya sido notificada sobre el mismo;

 

Que en cumplimiento de la precitada disposición, se ha notificado a la Asamblea Nacional, en la interpuesta persona de la señora Gabriela Rivadeneira Burbano, Presidenta del mencionado Organismo mediante oficio N° 6746-SGJ-13-1137 de 27 de diciembre de 2013, y recibido en la Asamblea Nacional el 2 de enero de 2014, y una vez que ha transcurrido el tiempo dispuesto; y,

 

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 147, número 10, de la Constitución de la República,

 

Decreta:

 

Artículo Único.- Ratificase en todos sus artículos el ?Acuerdo entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Consejo de Ministros de la República de Albania para la supresión del requerimiento de visa para titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales o especiales del Gobierno de la República del Ecuador, diplomáticos y de servicio de la República dé Albania?, que fue suscrito en la ciudad de Viena el 4 de junio de 2013.

 

Disposición Final.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial y de su ejecución encárgase al Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

 

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, a 13 de enero de 2014.

 

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.

 

 

Quito 20 de Enero del 2014, certifico que el que antecede es fiel copia del original

 

 

Documento firmado electrónicamente. Alexis Mera Giler.

 

 

SECRETARIO GENERAL JURÍDICO.

 

 

Secretaría General Jurídica.

 

No. 210

 

Rafael Correa Delgado

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPUBLICA

 

Considerando:

 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

 

Que, los numerales 3, 5 y 6 del artículo 147 de la Constitución de la República del Ecuador asignan al Presidente Constitucional de la República, entre otras facultades y atribuciones, las de definir y dirigir las políticas públicas de la Función Ejecutiva, dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control y, crear, modificar y suprimir los ministerios, entidades e instancias de coordinación;

 

Que, el artículo 280 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos, la programación y ejecución del Presupuesto del Estado y la inversión y la asignación de los recursos públicos, coordinará las competencias exclusivas entre el Estado Central y los gobiernos autónomos descentralizados, siendo su observancia de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores;

 

Que, el artículo 297 de la Constitución de la República del Ecuador establece que todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y que las instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas que las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público;

 

Que, el artículo 54 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas señala que las instituciones sujetas al ámbito de dicha norma, excluyendo los Gobiernos Autónomos Descentralizados, reportarán sus instrumentos de planificación institucionales a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo para verificar que las propuestas de acciones, programas y proyectos correspondan a las competencias institucionales y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, para lo cual, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo mediante normativa técnica, establecerá las metodologías, procedimientos, plazos e instrumentos necesarios, que serán de obligatorio cumplimiento;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1011, publicado en el Registro Oficial No. 324 de 25 de abril del 2008, se establece que los ministerios de la Función Ejecutiva realizarán su  planificación institucional sobre la base de los objetivos nacionales de desarrollo determinados por la SENPLADES, las políticas de Estado pertinentes a su sector y los lineamientos determinados por el Ministerio al que pertenecen, y de acuerdo con los lineamientos metodológicos que la SENPLADES apruebe para el efecto;

 

Que, en el artículo 52, literal t) Ley Orgánica del Servicio Público, establece como atribución de las Unidades de Administración del Talento Humano, realizar bajo su responsabilidad los procesos de movimientos de personal y aplicar el régimen disciplinario, de acuerdo a la normativa legal vigente;

 

Que, las letras a) y b) del artículo 5 de la Ley de de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos establecen como atribuciones del Presidente Constitucional de la República: el racionalizar y simplificar la estructura administrativa y económica del sector público, distribuyendo adecuada y eficientemente las competencias, funciones y responsabilidades de sus entidades u organismos; establecer mecanismos de descentralización y desconcentración de las actividades administrativas y recursos del sector público;

 

Que, el artículo 40 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, determina de competencia exclusiva del Ejecutivo la regulación de la estructura, funcionamiento y procedimientos de todas sus dependencias y órganos administrativos, dentro de los límites que impone la Constitución;

 

Que, el artículo 13 del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva establece que la Secretaría Nacional de la Administración Pública es una entidad de derecho público a cargo de establecer las políticas, metodologías de gestión e innovación y herramientas necesarias para el mejoramiento de la eficiencia, calidad y transparencia de la gestión en las entidades y organismos de la Función Ejecutiva, con quienes coordinará las acciones que sean necesarias para la correcta ejecución de dichos fines, así también realizar el control, seguimiento y evaluación de la gestión de los planes, programas, proyectos y procesos de las entidades y organismos de la Función Ejecutiva, que se encuentran en ejecución, y de la calidad en la gestión de los mismos;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 195, se emitieron los lineamientos estructurales para organizar las unidades administrativas en los niveles de dirección, asesoría, apoyo y operativo, de los Ministerios de Coordinación y Sectoriales, Secretarías e Institutos Nacionales pertenecientes a la Función Ejecutiva;

 

 

Que, median Decreto Ejecutivo No. 726, de 8 de abril de 2011, se establecen disposiciones para la creación de una Coordinación General de Gestión Estratégica en los ministerios sectoriales, con sus instituciones adscritas y dependientes, la  Banca Pública y empresas públicas creadas mediante Decreto Ejecutivo;

 

Que, el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 106 del 11 de septiembre de 2013 señala que la Secretaría Nacional de la Administración Pública, además de las competencias señaladas en el Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, ejercerá la rectoría en materia de: calidad de servicio y excelencia; denuncias y quejas en la prestación de los servicios públicos; atención al usuario; estatutos orgánicos y estructuras institucionales en la Administración Pública Central, Institucional y dependiente de la Función Ejecutiva;

 

Que, el artículo 4 del Decreto Ejecutivo precitado determinó que los procesos de diseño, rediseño e implementación de estructuras organizacionales de las instituciones de la Administración Pública Central, Institucional y que dependen de la Función Ejecutiva, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo aprobará la matriz de competencias institucional, la Secretaría Nacional de la Administración Pública aprobará el modelo de gestión, estatuto orgánico y las estructuras institucionales y el Ministerio de Relaciones Laborales determinará las escalas remunerativas;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1577 publicado en el Registro Oficial No. 535 de 26 de febrero de 2009 se determinó como atribuciones de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo formular, promover, impulsar y monitorear los procesos de desconcentración y descentralización de competencias y funciones de los organismos y entidades de la Función Ejecutiva;

 

Que, es necesario que las instituciones de la Función Ejecutiva cuenten dentro de su organización y funcionamiento con coordinaciones que impulsen, bajo mejores prácticas y en forma estratégica, la gestión institucional para el mejoramiento de la eficiencia de acuerdo a los nuevos parámetros establecidos; y,

 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 5 del artículo 147 de la Constitución de la República y el literal f) del artículo II del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva;

 

Decreta:

 

Expedir las disposiciones para la organización, atribuciones y responsabilidades de las unidades de planificación, gestión estratégica, asesoría jurídica y administración de talento humano de las instituciones de la Función Ejecutiva.

 

Artículo 1.- De las Unidades de Planificación y Gestión Estratégica.- Las instituciones de la Administración Pública Central, Institucional y que dependen de la Función Ejecutiva, fusionarán las unidades de planificación y gestión estratégica e implementarán y organizarán su estructura, atribuciones y responsabilidades de acuerdo a los tipos de estructura institucional que la Secretaría Nacional de la Administración Pública y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, en el ámbito de sus competencias, determinen para el efecto.

 

Se exceptúan de la presente disposición a los Ministerios Coordinadores, Empresas Públicas y Banca Pública.

 

Los responsables de las unidades de planificación y gestión estratégica deberán realizar sus funciones en estricta coordinación con la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y la Secretaría Nacional de la Administración Pública, de las cuales dependerán funcionalmente en el ámbito de sus competencias.

 

Artículo 2.- De las Unidades de Asesoría Jurídica.- Las unidades de Asesoría Jurídica de las instituciones de la Administración Pública Central, Institucional y que dependen de la Función Ejecutiva, deberán incluir en sus atribuciones y responsabilidades el seguimiento, gestión, dirección y supervisión de las acciones judiciales y administrativas, emprendidas en materia de transparencia de la gestión en el ejercicio de los derechos que le corresponda a la institución.

 

Artículo 3.- De las Unidades de Administración del Talento Humano.- Las unidades de Administración del Talento Humano de las instituciones de la Administración Pública Central, Institucional y que dependen de la Función Ejecutiva, coordinarán en la aplicación del régimen disciplinario establecido en la ley con la Secretaría Nacional de la Administración Pública cuando se informe sobre presuntos actos de corrupción de los servidores públicos.

 

Artículo 4.- Deróguense los artículos 3, 4, 5 y Disposiciones Generales Décima y Undécima del Decreto Ejecutivo No. 726, publicado en el Registro Oficial No. 433 de 25 de abril de 2011.

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 

PRIMERA.- En el plazo de 30 días la Secretaría Nacional de la Administración Pública y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, dentro del ámbito de sus competencias, determinarán las estructuras de las coordinaciones fusionadas conforme el presente Decreto Ejecutivo. De igual manera, dentro del mismo plazo, definirán las instituciones que por su naturaleza y misión institucional requieran un proceso agregador de valor en materia de tecnologías de la información.

 

SEGUNDA.- En un plazo de 90 días a partir de que se determine los tipos de estructura institucional conforme a la Disposición Transitoria Primera, las instituciones de la Administración Pública Central, Institucional y que dependen de la Función Ejecutiva, deberán adaptar sus estructuras a las disposiciones establecidas en el presente Decreto y adecuar sus estatutos conforme al tipo de estructura institucional que les corresponda.

 

DISPOSICIÓN FINAL.- De la ejecución del presente Decreto Ejecutivo, encárguese a la Secretaría Nacional de la Administración Pública, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Relaciones Laborales y el Ministerio de Finanzas.

 

El presente Decreto Ejecutivo, entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el  Registro Oficial.

 

Dado en el Palacio Nacional en Quito, a los 13 días del mes de 2014.

 

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.

 

Quito 20 de Enero del 2014, certifico que el que antecede es fiel copia del original.

 

Documento firmado electrónicamente.

 

Alexis Mera Giler.

 

SECRETARIO GENERAL JURÍDICO.

 

Secretaría General Jurídica.

 

No. 14 114

 

EL MINISTRO DE INDUSTRIAS Y

PRODUCTIVIDAD

 

Considerando

 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador, ?Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características?;

 

Que el artículo 66, numeral 25 de la Constitución de la República reconoce y garantiza a las personas: ?El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características?;

 

Que el artículo 23, numeral 7, de la Constitución de la República, señala que es deber del Estado garantizar el derecho a disponer de bienes y servicios públicos y privados, de óptima calidad; a elegirlos con libertad, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características;

 

Que el artículo 244, numeral 8, de la Constitución de la República, señala que al Estado le corresponderá proteger los derechos de los consumidores, sancionar la información fraudulenta, la publicidad engañosa, la adulteración de los productos, la alteración de pesos y medidas y el incumplimiento de las normas de calidad;

 

Que mediante la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, No. 2007-76, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 26 del 22 de febrero de 2007, reformada en la Novena Disposición Reformatoria del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 351 de 29 de diciembre de 2010, se constituye el Sistema Ecuatoriano de la Calidad, que tiene como objetivo establecer el marco jurídico destinado a: ?ii)  Garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del consumidor contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, iii) Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la sociedad ecuatoriana?;

 

Que el artículo 2, numeral 4, de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, establece el siguiente principio del Sistema Ecuatoriano de la Calidad: ?2. Excelencia.- Es obligación de las autoridades gubernamentales propiciar estándares de calidad, eficiencia técnica, eficacia, productividad y responsabilidad social;?;

 

Que de acuerdo con el artículo 4, numeral 2, de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 116, de 10 de julio de 2000, el consumidor tiene: ?2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad;?;

 

Que de acuerdo al artículo 8, literal e), de la Ley No. 2007- 76 del Sistema Ecuatoriano de la Calidad: ?El Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), será la institución rectora del Sistema Ecuatoriano de la Calidad?;

 

Que de acuerdo al artículo 29, inciso primero, de la Ley No. 2007-76 del Sistema Ecuatoriano de la Calidad: ?La reglamentación técnica comprende la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos necesarios para precautelar los objetivos relacionados con la seguridad, la salud de la vida humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente y la protección del consumidor contra prácticas engañosas?;

 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 último inciso, de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad: ?Los reglamentos técnicos estarán de acuerdo con los intereses de la economía nacional, el nivel existente de desarrollo de la ciencia y tecnología así como las particularidades climáticas y geográficas del país?;

 

Que el Ministerio de Industrias y Productividad, dentro de sus competencias, debe propiciar el mejoramiento de la calidad de los productos que se ofrecen en el país;

 

En ejercicio de sus atribuciones legales,

 

Acuerda:

 

Art. 1.- Establecer el Registro de Operadores, para el ingreso y comercialización de productos reglamentados, así como para aquellos que se produzcan en el país, como requisito de carácter obligatorio, a cargo del Ministerio de Industrias y Productividad.

 

Art. 2.- Los Operadores, sean personas naturales o jurídicas dedicadas a la producción y/o comercialización, deberán registrar todos los bienes y/o productos sujetos a reglamentación técnica en el Ministerio de Industrias y  Productividad, previo a su ingreso al país y por cada embarque, para lo cual deberán cumplimentar el formulario respectivo.

 

Art. 3.- La información y documentación remitida por el operador estará sujeta a comprobación por parte del Ministerio de Industrias y Productividad, y respecto a dicha información el Ministerio mantendrá estricta confidencialidad.

 

En caso de que se compruebe que la información suministrada no corresponde a la verdad o se detecte alguna irregularidad en los documentos remitidos, dicho Registro será suspendido, sin perjuicio de las demás acciones de control y sanción a que hubiere lugar, de conformidad con las leyes vigentes.

 

Art. 4.- De la ejecución de la presente Resolución, se encargará la Subsecretaría de la Calidad del Ministerio de Industrias y Productividad.

 

Art. 5.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio de su posterior publicación en el Registro Oficial.

 

24 de enero de 2014.

 

f.) Ing. Byron Proaño Ayabaca, Ministro de Industrias y Productividad Subrogante.

 

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.- Certifico.- Es fiel copia del original que reposa en Secretaría General.- Fecha: 24 de enero de 2014.- f.) Ilegible,

 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUALACEO

 

Considerando:

 

Que, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales son personas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera;

 

Que, el último inciso del art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador faculta a los gobiernos autónomos descentralizados municipales en el ámbito de sus competencias y territorios expedir ordenanzas cantonales;

 

Que, el art. 7 del Código orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, reconoce a los concejos municipales la capacidad para dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones para el pleno ejercicio de sus competencias, aplicables dentro de su circunscripción territorial;

 

Que, al tenor de lo que se dispone en el art. 57, literal a) del COOTAD, es atribución del concejo municipal ejercer la facultad normativa en las materias de competencia del Gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones;

 

Que, es función del Gobierno Autónomo Descentralizado de Gualaceo, entre otras, la de promover el desarrollo sustentable  de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales;

 

Que, le corresponde al Gobierno Autónomo Descentralizado de Gualaceo ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la Ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública cantonal correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiaridad, participación y equidad;

 

Que, de conformidad a lo previsto en el art. 54, letra l) del COOTAD, es función del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, la de prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas, entre ellos el correspondiente a plazas de mercado;

 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado de Gualaceo, ha priorizado la ejecución de la obra: Construcción del Mercado Minorista Santiago de Gualaceo, misma que ha sido recibida provisionalmente con fecha 12 de Julio del 2013.

 

Que, en armonía con las disposiciones constitucionales y legales anteriormente expuestas, se hace necesario normar el uso y la administración de almacenes, puestos interiores y exteriores del Mercado Minorista Santiago de Gualaceo, a fin de brindar un eficiente servicio a sus usuarios; y,

 

En uso de las facultades que le confiere la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización

 

Expide:

 

La siguiente ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA OCUPACIÓN DE ALMACENES Y PUESTOS EN EL MERCADO MINORISTA MUNICIPAL SANTIAGO DE GUALACEO.

 

SECCIÓN PRIMERA

 

DISPOSICIONES GENERALES

 

Art. 1.- La presente ordenanza regula las actividades comerciales que se realicen en el Mercado Minorista Municipal Santiago de Gualaceo, destinadas esencialmente a la venta de productos alimenticios de primera necesidad y otros bienes de consumo popular.

 

Art. 2.- El arriendo de los puestos a los comerciantes para la venta de los bienes referidos en el artículo anterior, tendrá lugar mediante el pago de los valores que se establecen en la presente normativa.

 

Los puestos existentes en el Mercado minorista Santiago de Gualaceo se clasifican en:

 

Almacenes.- Se entiende por almacenes, a aquellos  locales que son de expendio de insumos tales como calzado, ropa, plásticos, huevos, artesanías, y artículos varios, y que poseen puertas individuales de protección.

 

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