Registro Oficial No 165 - Lunes 20 de Enero de 2014

Lunes, 20 de enero de 2014

Última modificación: Viernes, 09 de mayo de 2014 | 17:38

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Lunes 20 de Enero de  2014 - R. O. No. 165

SUMARIO

               

Ministerio del Ambiente:

Ejecutiva:

Acuerdos              

119 Expídese el Instructivo para el pago al Facilitador Socio-ambiental dentro de los Procesos de Participación Social

               

120 Rectifícase la fecha de publicación del Acuerdo Ministerial No. 145 de 17 de octubre de 2012, efectuado en el Registro Oficial No. 843 de 3 de diciembre de 2012

               

122 Expídense las políticas de cumplimiento obligatorio de la Coordinación General de Gestión Estratégica

               

128 Expídese la Guía sobre los requisitos y procedimientos para el proceso de consulta o negociación para la implementación de actividades o proyectos REDD+

               

Secretaría Nacional del Agua:

               

2013-849 Refórmase el Acuerdo No. 2013-750 de 27 de junio de 2013

               

                Instrumentos Internacionales: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana:

               

-       Comunicado Conjunto sobre el Establecimiento deRelaciones Diplomáticas entre la República del Ecuador y el Estado de Eritrea

               

-       Memorando de Entendimiento para elEstablecimiento de Consultas Bilaterales entre el Ministerio de RelacionesExteriores y Movilidad Humana de la República de Ecuador y el Ministerio deRelaciones Exteriores y Negocios Internacionales de Grenada

               

-       Memorando de Entendimiento para el Establecimiento de Consultas Bilaterales entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior, Comercio e Información Tecnológica de San Vicente y Las Granadinas y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la República de Ecuador

               

Ministerio del Ambiente:

Resoluciones       

818 Apruébanse los estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental de los siguientes proyectos:

Fase de perforación exploratoria y avanzada del pozo INCHI, construcción de vía de acceso y plataforma, ubicado en el cantón La Joya de los Sachas, provincia de Orellana

               

Resoluciones       

819 ?Reevaluación al Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del Campo Edén Yuturi para la ampliación de plataformas: Edén A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, R, T, Dumbique, Yanahurco, Yuturi 1, ubicado en las provincias de Orellana y Sucumbíos

               

820 Perforación de hasta 6 pozos exploratorios desde 2 plataformas existentes del Campo Wanke (Plataformas Penke A: 1 pozo exploratorio y 2 de avanzada; Plataforma Sunka A: 2 pozos exploratorios y 1 de avanzada), ubicado en el cantón Orellana, provincia de Orellana

               

Ministerio de Industrias y Productividad: Subsecretaría de la Calidad:

               

Apruébanse y oficialízanse con carácter de voluntarias las siguientes normas técnicas ecuatorianas:

               

13 512 NTE INEN-ISO 729 (Semillas oleaginosas - Determinación de la acidez de los aceites (ISO 729:1988, IDT)

               

13 513 NTE INEN-ISO 11286 (Té - Clasificación de grados por el análisis del tamaño de las partículas (ISO 11286:2004, IDT))

               

13 514 NTE INEN-ISO 3659 (Frutas y vegetales - Maduración después del almacenamiento en frío)

               

13 515 NTE INEN-ISO 5500 (Residuos de semillas oleaginosas. Muestreo (ISO 5500:1986, IDT))

               

13 516 NTE INEN-ISO 6479 (Semilla dulce de damasco sin cáscara - Requisitos (ISO 6479:1984, IDT)

13 517 NTE INEN-ISO 6635 (Frutas, verduras y sus productos derivados - Determinación del contenido de nitrito y nitrato - Método de espectrometría de absorción molecular (ISO 6635:1984, IDT)

               

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador:

               

SENAE-DGN-2013-0581-RE Refórmase el Reglamento para los regímenes de excepción: ?Tráfico Postal Internacional? y ?Mensajería Acelerada o Courier?

               

Servicio de Rentas Internas:

               

RSU-SRERENI14-00001 Deléganse atribuciones al señor Jorge Luis Montesinos Quezada, servidor de la Dirección Regional del Sur

               

Superintendencia de Compañías:

Función de Transparencia y Control Social   

SC.DSC.G.13.017 Dispónese que las compañías sujetas a la supervisión y control de la perintendencia de Compañías deberán entregar hasta el 27 de febrero de 2014, a la Dirección Nacional del Registro de Datos Públicos, la información de cada una de las operaciones crediticias activas durante los últimos 3 años al 12 de diciembre del 2012

CONTENIDO


No. 119

Lorena Tapia

MINISTRA DEL AMBIENTE

Considerando:

Que, el artículo 395 numeral 3 de la Constitución de la  República del Ecuador reconoce, entre los principios ambientales, que el Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales;

Que, el artículo 28 de la Ley de Gestión Ambiental, consagra el derecho de toda persona natural o jurídica a participar en la  gestión ambiental a través de los diversos mecanismos de participación social que se establezcan para el efecto, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado;

Que, el artículo 29 de la Ley de Gestión Ambiental, prescribe el derecho que tiene toda persona natural o jurídica a ser informada oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que pueda producir impactos ambientales;

Que, el artículo 20 del Libro VI de Calidad Ambiental del Texto Unificado de Legislación Secundaria, establece como finalidad, la participación ciudadana en la gestión ambiental, considerar e incorporar los criterios y las observaciones de la ciudadanía, especialmente a la población directamente afectada de una obra o proyecto, sobre las variables ambientales relevantes de los estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental, siempre y cuando sea técnica y económicamente viable, para que las actividades o proyectos que puedan causar impacto ambientales se desarrollen de manera adecuada, minimizando y/o compensando estos impactos a fin de mejorar las condiciones ambientales para la realización de la actividad o proyecto propuesto en todas sus fases;

Que, el artículo 17-A de la Ley de Modernización del Estado, determina que las instituciones del Estado podrán establecer el pago por los servicios de control, inspecciones, autorizaciones, permisos, licencias u otros de similar naturaleza, a fin de recuperar los costos en los que incurrieren para este propósito;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1040 publicado en el Registro Oficial No 332 del 8 de mayo de 2008, se expidió el Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental;

Que, el artículo 13 del Decreto Ejecutivo No. 1040 publicado en el Registro Oficial No 332 del 8 de mayo de 2008, establece que el costo del desarrollo de los mecanismos de Participación Social será cubierto por la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable que deba aprobar el Estudio de Impacto Ambiental de un proyecto o actividad que pueda generar impactos ambientales. Dichos costos serán retribuidos por el promotor del proyecto o actividad a la autoridad ambiental de aplicación, en la forma prevista en la Ley de Modernización;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 121 publicado en el Registro Oficial No. 553 del 20 de marzo de 2009, se expidió el Instructivo para la Evaluación, Calificación y Registro de Facilitadores Ambientales;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 312 emitido por el Ministerio de Finanzas, publicado en el Registro Oficial No. 849 del 12 de diciembre del 2012, faculta a las entidades del sector público para que regulen y compensen las cuentas por cobrar IVA en compras en concordancia con lo establecido en la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado;

Que, mediante Informe Técnico No. 305-ULA-DNPCASCA- MA de fecha 06 de junio de 2013 por ?Pago de Servicios Administrativos para la Obtención de Licencias Ambientales Categoría II, III y IV? suscrito conjuntamente por la Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental y la Dirección Financiera; emite análisis técnico y las justificaciones pertinentes para la actualización del valor de pago por concepto de servicios de facilitación;

Que, mediante Memorando Nro. MAE-DF-2013-1407 de fecha 26 de noviembre de 2013 se solicita a la Coordinación General Jurídica del Ministerio del Ambiente generar la base normativa legal que sustente jurídicamente el proceso de pago a facilitadores.

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador; y, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva;

Acuerda:

Expedir el Instructivo para el pago al Facilitador Socio-ambiental dentro de los Procesos de Participación Social

Artículo 1.- La designación al Facilitador Socio-ambiental para el Proceso de Participación Social deberá ser comunicada mediante oficio emitido por la Autoridad de Aplicación Responsable, entiéndase por Director Nacional de Prevención, Directores Provinciales, y entes acreditados por el Ministerio del Ambiente.

Artículo 2.- El pago al Facilitador Socioambiental de $ 1500 más IVA por conceptos de Servicios de Facilitación de Procesos de Participación Social, cuando el trabajo sea realizado en Ecuador Continental, y de $1900 más IVA en el caso de proyectos desarrollados en la Provincia de Galápagos, cuando no exista un facilitador disponible en esa provincia, se realizará una vez presentados los siguientes requisitos:

Informe de sistematización definitivo presentado a la Autoridad de Aplicación Responsable, entiéndase como esta autoridad al Director Nacional de Prevención, a los Directores Provinciales, y a los entes acreditados por el Ministerio del Ambiente;

Informe técnico aprobado por la Autoridad de Aplicación Responsable, entiéndase como esta autoridad al Director Nacional de Prevención, a los Directores Provinciales, y a los entes acreditados por el Ministerio del Ambiente; y,

Factura del Facilitador Socioambiental que haya realizado el Proceso de Participación Social.

Artículo 3.- El pago a los Facilitadores Socioambientales cuyos Procesos de Participación Social hayan iniciado mediante el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), se realizará una vez presentados los siguientes requisitos:

Impresión del Informe de sistematización definitivo presentado a la Autoridad de Aplicación Responsable, entiéndase como esta autoridad al Director Nacional de Prevención, a los Directores Provinciales, y a los entes acreditados por el Ministerio del Ambiente;

Impresión del Informe técnico aprobado por la Autoridad de Aplicación Responsable, entiéndase como esta autoridad al Director Nacional de Prevención, a los Directores Provinciales, y a los entes acreditados por el Ministerio del Ambiente; y,

Factura del Facilitador Socioambiental que haya realizado el Proceso de Participación Social.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Para el pago a los Facilitadores Socioambientales se deberá aplicar los requisitos establecidos en el presente Acuerdo Ministerial.

SEGUNDA.- Para el pago a los Facilitadores Socioambientales que hayan iniciado el Proceso de Participación Social antes de la promulgación del presente Acuerdo Ministerial se deberán aplicar los valores de pago establecidos en la normativa con la que iniciaron dicho Proceso de Participación Social.

TERCERA.- Para el pago a los Facilitadores Socioambientales que no hayan iniciado el Proceso de Participación Social a la firma del presente Acuerdo Ministerial se deberán aplicar los valores de pago establecidos en el presente Acuerdo Ministerial

DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Quito, a 28 de noviembre de 2013.

f.) Mgs. Lorena Tapia Núñez, Ministra del Ambiente.

No. 120

Lorena Tapia Núñez

MINISTRA DEL AMBIENTE

Considerando:

Que, el artículo 10 de la Constitución de la República del Ecuador, las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución;

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay;

Que, el numeral 26 del artículo 66 de la Constitución de la República reconoce y garantiza a las personas el derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas;

Que, el artículo 26 de la Codificación de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, las personas naturales o jurídicas que reciban adjudicación de tierras conforme a lo previsto en esta Ley, quedarán prohibidas de recibir por segunda vez igual beneficio, salvo el caso comprobado de ampliación de su capacidad industrial. Igual prohibición se aplicará a los accionistas de las empresas beneficiadas. De comprobarse violación de lo dispuesto en este artículo, la adjudicación será nula y el responsable pagará la indemnización de daños y perjuicios;

Que, el artículo 38 de la Codificación de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, el Ministerio del Ambiente podrá adjudicar áreas del Patrimonio Forestal del Estado en favor de cooperativas u otras organizaciones de agricultores directos, que cuenten con los medios necesarios y se obliguen al aprovechamiento asociativo de los recursos forestales, a su reposición o reforestación y conservación, con la condición de que los adjudicatarios no podrán enajenar las tierras recibidas;

Que, el artículo 170 numeral 2 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, señala: "La Administración Pública Central podrá, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos";

Que, mediante Resolución No. 3 del INEFAN publicada en el Registro Oficial No. 274 de fecha 12 de marzo de 1998, se declaró a 31.000 ha., como Áreas de Bosque y Vegetación Protector denominado "La Cascada", en la provincia de Napo;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 011 publicado en el Registro Oficial No. 281 de fecha 25 de febrero de 2008, el Ministerio del Ambiente reformó el Procedimiento para la Adjudicación de tierras del Patrimonio Forestal del Estado y Bosques y Vegetación Protectores, expedido a través del Acuerdo Ministerial No. 265, publicado en el Registro Oficial No. 206 de fecha 7 de noviembre de 2007;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 145 de fecha 17 de octubre de 2012, publicado en el Registro Oficial No. 843 de 3 de diciembre de 2012, se acuerda adjudicar al "CENTRO KICHWA MIRADOR DEL ALTO COCA", representado por la señora Lourdes Lucila Grefa Tapuy en su calidad de Presidenta, las tierras sobre las cuales han ejercido una posesión ancestral por más de 19 años, de una superficie de ciento veinte y siete con cuarenta y tres hectáreas (127,43 ha) y que se encuentra localizados en el sitio Bosque Protector La Cascada, de la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, cantón El Chaco, provincia Napo;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No.070 de fecha 25 de junio de 2013, publicado mediante Registro Oficial No. 47 de fecha 30 de julio de 2013, se acuerda Reformar el Acuerdo Ministerial No. 145, suscrito con fecha 17 de octubre de 2012, y publicado en el Registro Oficial N° 843 de fecha miércoles 03 de diciembre de 2013, mediante el cual se adjudicó al "Centro Kichwa Mirador del Alto Coca" una superficie de ciento veinte y siete con cuarenta y tres hectáreas (127,43 ha) y que se encuentran localizados en la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, cantón El Chaco, provincia del Napo dentro del Bosque y Vegetación Protector La Cascada;

En ejercicio de las atribuciones que confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva;

Acuerda:

ARTÍCULO 1.- Reformar la fecha del Registro Oficial mediante el cual se publicó el Acuerdo Ministerial No. 145, de fecha 17 de octubre de 2012 constante en el Acuerdo Ministerial No. 070 de fecha 25 de junio de 2013, publicado mediante Registro Oficial No. 47 de fecha 30 de julio de 2013, conforme a lo siguiente: sustituir ?Registro Oficial N° 843 de fecha miércoles 03 de diciembre de 2013? por ?Registro Oficial N° 843 de fecha miércoles 03 de diciembre de 2012?.

ARTÍCULO 2.- El presente Acuerdo Ministerial será protocolizado en una Notaría e inscrito en el Registro de la Propiedad de la jurisdicción correspondiente, por parte del interesado. Una vez inscrito, el interesado está obligado a entregar una copia certificada a la Dirección Nacional Forestal del Ministerio del Ambiente para su registro en el catastro del Patrimonio Forestal el mismo que estará a cargo de la Dirección Nacional Forestal.

ARTÍCULO FINAL.- De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial encárguese a la Dirección Nacional Forestal y la Dirección Provincial del Napo del Ministerio del Ambiente.

El presente Acuerdo Ministerial, entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción sin perjuicio de su publicación, en el Registro Oficial.

Comuníquese y Publíquese.

Dado en Quito, 29 de noviembre de 2013.

f.) Lorena Tapia Núñez, Ministra del Ambiente.

No. 122

Lorena Tapia Núñez

MINISTRA DEL AMBIENTE

Considerando:

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 227 determina que ?la administración pública constituye un servicio  a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación?;

Que, mediante Decreto No. 1014 de fecha 10 de abril de 2008, el Presidente de la República del Ecuador, emitió el documento que establece como política pública para las Entidades de la Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y equipamiento informático; se entiende por Software Libre, a los programas de computación que se puedan utilizar, mejorar y distribuir sin restricción alguna. Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente cuando no exista una solución de Software Libre que supla las necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 183 de 12 de diciembre de 2012, se expidió la Reforma a la Codificación del ?Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio del Ambiente?, señalando las atribuciones y responsabilidades de la Coordinación General de Gestión Estratégica y de las Unidades que la conforman;

Que, mediante Acuerdo No. 1580 de fecha 13 de febrero de 2013, la Secretaría Nacional de la Administración Pública emite la Norma Técnica de Administración por Procesos, señalando en el artículo 8 las atribuciones de la Unidad de Administración de Procesos, entre ellas la de ?Asesorar y participar en la definición e implementación de políticas, objetivos, procesos, metodologías y herramientas para la administración por procesos y la calidad de los servicios de la institución?;

Que, mediante Acuerdo No. 166 de fecha 25 de septiembre de 2013, el Secretario Nacional de la Administración Pública, dispuso a las entidades de la Administración Pública Central, Institucional y que dependen de la Función Ejecutiva el uso obligatorio de las Normas Técnicas Ecuatorianas NTE INEN-ISO/IEC 27000 para la Gestión de Seguridad de la Información.

En uso de las facultades y atribuciones que confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva;

Acuerda:

EXPEDIR POLÍTICAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE.

TITULO I

POLÍTICAS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS

Art. 1.- Propósito.- Garantizar la implementación de la Administración por procesos en el Ministerio del Ambiente con el fin de alcanzar una gestión institucional orientada a la calidad  que genere productos y servicios públicos que respondan a las necesidades de los ciudadanos, beneficiarios o usuarios.

Art. 2.- De las políticas de procesos.- Los servidores públicos del Ministerio del Ambiente cumplirán las siguientes disposiciones, a fin de garantizar el dinamismo de la gestión por procesos:

Los procesos deberán ser identificados y formalizados en todos sus niveles conforme a la Norma Técnica de Administración por Procesos vigente.

La identificación de procesos y actividades constituirán un insumo principal para el posterior diseño de estructuras posicionales de los niveles operativos, dimensionamiento y perfiles de puestos institucionales.

Los procesos serán administrados en todo su ciclo de mejora continua por la Dirección de Gestión y Cambio Organizacional a través de su Unidad de Administración de Procesos y gestionados por las diferentes Unidades del Ministerio del Ambiente.

Para modelar procesos se utilizará la notación estándar BPMN (del inglés Business Process Modeling Notation) conforme lo establece la Norma Técnica de Administración por Procesos vigente.

La documentación y gestión de la arquitectura de procesos estará a cargo de la Dirección de Gestión y Cambio Organizacional a través de su Unidad de Administración de Procesos, bajo el auspicio de la máxima autoridad o su delegado y el Responsable de la Gestión de la Calidad.

Actualizar de manera oportuna y asegurar la calidad de la información de los procesos registrados en el Sistema de Gobierno por Resultados (GPR).

Generar propuestas de mejora continua a los procesos de su unidad operativa, en coordinación con la Dirección de Gestión y Cambio Organizacional a través de su Unidad de Administración de Procesos para posterior presentación y aprobación del Comité de Gestión de la Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional.

Todos los procesos de contratación pública que tengan como naturaleza la contratación de servicios de consultorías para la identificación, optimización o mejora de procesos serán revisados por Dirección de Gestión y Cambio Organizacional a través de su Unidad de Administración de Procesos previa aprobación de la Secretaría Nacional de la Administración Pública.

La mejora de procesos que conlleve a una automatización en las diferentes Unidades operativas deberá tener la aprobación de la Dirección de Gestión y Cambio Organizacional a través de su Unidad de Administración de Procesos.

TITULO II

POLÍTICAS DE GESTION DEL CAMBIO

Art. 3.- Propósito.- Alcanzar una madurez de la cultura institucional y contribuir a un buen clima laboral en el Ministerio del Ambiente.

Art. 4.- De las políticas de gestión del cambio.- Los servidores públicos del Ministerio del Ambiente deberán cumplir las siguientes disposiciones:

Cuando los servidores requieran incorporar, eliminar o cambiar terminologías del Diccionario de Gestión Pública Institucional, deberán presentar su requerimiento a la Dirección de Gestión y Cambio Organizacional a través de su Unidad de Gestión del Cambio previa revisión, aprobación y actualización del sistema ante la Secretaría Nacional de la Administración Pública para su publicación oficial.

Todas las estrategias que generen cambio o mejora de clima y cultura dentro de la institución deberán ser coordinadas y aprobadas con la Dirección de Gestión y Cambio Organizacional a través de su unidad de Gestión del Cambio para su posible implementación.

Las actividades y acciones que se ejecutarán sobre el Plan de Mitigación Social y el Plan de Responsabilidad Social deberán ser coordinadas con la Dirección del Talento Humano y con la Dirección de Gestión y Cambio Organizacional.

Todos los miembros del Comité Interno para el proceso de Implementación del modelo R deberán reportar informes de gestión de acuerdo a sus competencias, a la Coordinación General de Gestión Estratégica.

Aplicar en la ejecución de sus actividades las Buenas Prácticas Ambientales. La Dirección Administrativa deberá reportar a la Coordinación General de Gestión Estratégica trimestralmente los indicadores de las Buenas Prácticas Ambientales.

Cumplir con los principios y valores emitidos en el Código de Ética vigente del Ministerio del Ambiente.

TITULO III

POLÍTICAS Y ESTÁNDARES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA USUARIOS

Art. 5.- Propósito.- Administrar adecuadamente los recursos tecnológicos con los que cuenta el Ministerio del Ambiente, mediante la descripción de políticas y estándares de seguridad que todas las servidoras y servidores públicos de esta Cartera de Estado deberán considerar de manera obligatoria para garantizar el buen uso de todo equipo y recurso tecnológico tales como equipos portátiles, equipos de escritorio y todo


servicio y equipamiento tecnológico con que cuente la Institución.

Art. 6.- Políticas y estándares de controles de Acceso Lógico.- Los servidores públicos son responsables del mecanismo de control de acceso que le sea proporcionado por la Dirección de Tecnologías de la Información; esto es, su identificador de usuario (user ID) y clave o contraseña (password), necesarios para acceder a los recursos tecnológicos del Ministerio del Ambiente, por lo que deberán mantenerlos de forma confidencial.

La creación, modificación o eliminación de usuarios de cualquier servidor público, se lo realizará únicamente con el formulario remitido por la Dirección de Administración del Talento Humano del Ministerio del Ambiente, con la firma de los servidores públicos responsables y jefes inmediatos superiores.

Cada servidor público de la Institución es responsable de su identificador de usuario y contraseña que recibe para el uso y acceso a los recursos informáticos de la Institución, el cual es personal e intransferible.

Los servidores públicos no deben proporcionar información a personal externo, acerca de los mecanismos de control de acceso a las instalaciones e infraestructura tecnológica del Ministerio del Ambiente, a menos que se tenga la autorización de la Dirección de Tecnologías de la Información.

El servidor público que acceda al equipo de computación asignado por el Ministerio del Ambiente deberá contar con un identificador de usuario y contraseña únicos. Por lo tanto, no está permitido el uso de un mismo identificador de usuario para varios servidores públicos.

Todos los servidores públicos deberán autenticarse por los mecanismos de control de acceso provistos por la Dirección de Tecnologías de la Información antes de poder usar la infraestructura tecnológica del Ministerio del Ambiente.

Los servidores públicos son responsables de todas las actividades realizadas con su identificador de usuario. No deben divulgar ni permitir que otras personas utilicen sus identificadores de usuario. De igual manera, no está permitido utilizar el identificador de usuario de otro servidor público. El identificador de usuario se conformará mediante el primer nombre, un punto y el primer apellido (p.e. juan.perez); en caso de homónimos existentes, se utilizará el segundo nombre del servidor público.

El servidor público deberá registrar una clave alfanumérica, de longitud mínima de 6 caracteres, contener mínimo una letra en mayúsculas y dos dígitos numéricos, y deberá cambiarla periódicamente, al menos cada 90 días.

Cualquier cambio en los roles y responsabilidades de los  usuarios que modifique sus privilegios de acceso a la infraestructura tecnológica del Ministerio del Ambiente, deberá ser notificado a la Dirección de Tecnologías de la Información por parte de la Dirección de Administración del Talento Humano.

Si el servidor público olvidara, bloqueara o extraviara su contraseña de acceso, deberá notificar a la Dirección de Tecnologías de la Información para que se le proporcione una nueva contraseña provisional, la misma que deberá ser cambiada en el primer ingreso.

Los servidores públicos no deben almacenar las contraseñas en ningún programa o sistema que proporcione esta facilidad, no está permitido que las claves se encuentren de forma legible en cualquier medio impreso o digital y dejarlos en un lugar donde personas no autorizadas puedan descubrirlos.

Las claves de acceso inalámbrico a la red de datos e Internet será entregada únicamente para los equipos inalámbricos pertenecientes al Ministerio del Ambiente, registrados en la Dirección Administrativa, esto excluye, laptops, teléfonos inteligentes y tabletas personales.

Art. 7.- Políticas y estándares de seguridad física y ambiental.- Los servidores públicos deberán reportar de forma inmediata a la Dirección de Tecnologías de la Información cuando observen que existan riesgos reales o potenciales para equipos de cómputo o comunicaciones, tales como fugas de agua, cortocircuitos, conatos de incendio u otros.

Los servidores públicos deberán proteger las unidades de almacenamiento externo, que se encuentren a su cargo, aun cuando no se utilicen y contengan información reservada o confidencial. Es responsabilidad de cada servidor público realizar un respaldo permanente de su información.

La Dirección de Tecnologías de la Información procederá a efectuar actividades de recuperación de información únicamente cuando el requerimiento sea solicitado y con el pleno conocimiento de los riesgos que este proceso conlleva 3. El servidor público deberá apagar su equipo informático al finalizar la jornada laboral.

La Dirección de Tecnologías de la Información brindará soporte técnico únicamente a equipos que formen parte del inventario de la Institución.

El Centro de Cómputo (Data Center) del Ministerio del Ambiente es un área restringida por lo que únicamente el personal autorizado por la Dirección de Tecnologías de la Información podrá acceder a éste.

Los servidores públicos no están autorizados para mover o reubicar los equipos de cómputo o de telecomunicaciones, instalar o desinstalar dispositivos (hardware), instalar o desinstalar programas o aplicativos (software), ni retirar sellos de seguridad de los mismos, sin la autorización de la  Dirección de Tecnologías de la Información; en caso de requerir este servicio deberá solicitarlo justificando la real necesidad, con la firma del jefe inmediato superior.

Cuando se requiera realizar cambios múltiples de equipos de cómputo, derivado de reubicación de lugares físicos de trabajo u otras causas se deberá solicitar a la Dirección de Tecnologías de la Información por lo menos con 48 horas de anticipación, para la evaluación de espacio físico y traslado de puntos de datos y comunicación.

El equipo de cómputo asignado a cada funcionario, deberá ser para uso exclusivo de las funciones institucionales, no se lo deberá utilizar como repositorio de música o vídeos o documentación personal. La Dirección de Tecnologías de la Información podrá eliminar esta información en cualquier momento, de manera presencial o remota sin previa notificación. Es responsabilidad de los servidores públicos almacenar su información únicamente en la carpeta identificada como ?Mis Documentos? en sistemas operativos Windows y carpeta ?Documentos? en sistemas operativos Linux o Mac.

Si un servidor público requiere utilizar carpetas compartidas para almacenar información, deberá solicitar a la Dirección de Tecnologías de la Información, quien estimará la viabilidad del requerimiento. En el caso de que se requiera compartir archivos dentro o fuera de la red institucional, la Dirección de Tecnologías de la Información proporcionará los mecanismos y configuraciones adecuadas, que garanticen la seguridad e integridad de la Información.

Será responsabilidad del servidor público solicitar la capacitación necesaria para el manejo de las herramientas informáticas especializadas que emplee para su trabajo dentro de la Institución, a fin de evitar riesgos por uso inadecuado y aprovechar de mejor manera las prestaciones de las herramientas informáticas.

El servidor público deberá asegurarse que los cables de conexión no sean apisonados o averiados al colocar otros objetos encima o contra ellos, en caso de detectar algún inconveniente, el servidor público es responsable de notificar el incidente a la Dirección de Tecnologías de la Información.

No está permitido que los servidores públicos abran o desarmen los equipos de cómputo, bajo ningún concepto.

El equipo de cómputo o cualquier recurso tecnológico que sufra alguna avería por maltrato, descuido, negligencia o mal manejo por parte del servidor público responsable del equipo, deberá ser reemplazado por uno igual o de características similares, para lo cual la Dirección de Tecnologías de la Información entregará un informe técnico a la Dirección Administrativa para que se tomen las medidas correspondientes.

Art. 8.- Administración de operaciones de equipo  computacional.- Los servidores públicos del Ministerio del Ambiente, deberán proteger toda información, en especial la información reservada o confidencial que por necesidades institucionales deba ser almacenada o transmitida en las estaciones de trabajo.

Los servidores públicos deben respetar la normativa de uso de software libre dentro del Ministerio del Ambiente, correspondiente al Decreto Presidencial No. 1014. Los servidores públicos que requieran la instalación de software que no sea propiedad del Ministerio del Ambiente, deberán justificar su uso y solicitar su autorización a la Dirección de Tecnologías de la Información, con la respectiva firma del jefe inmediato superior, indicando el equipo de cómputo donde se instalará el software y el período de tiempo que permanecerá dicha instalación. La Dirección de Tecnologías de la Información analizará la viabilidad del pedido.

La Dirección de Tecnologías de la Información tendrá como política, instalar software de uso libre o debidamente licenciado.

La tarea de instalación de software estará a cargo, única y exclusivamente de la Dirección de Tecnologías de la Información. En caso de detectarse software no autorizado, se procederá a la desinstalación inmediata del programa, con previo aviso.

No está permitido la instalación de programas que atente contra las políticas de seguridad implementadas. La Dirección de Tecnologías de la Información desinstalará o bloqueará todo software que no se encuentre debidamente licenciado o que evada las restricciones de acceso al Internet establecidas, y notificará a la unidad inmediata superior estas irregularidades.

El servidor público que sospeche o tenga conocimiento de la ocurrencia de un incidente de seguridad informática deberá reportarlo inmediatamente a la Dirección de Tecnologías de la Información, indicando claramente los datos por los cuales lo considera un incidente de seguridad, dentro de los que se incluyen: problemas eléctricos, problemas de virus, mal funcionamiento del equipo, problemas de conectividad, entre otros.

El servicio de correo electrónico debe utilizarse exclusivamente para las tareas propias de las funciones que el servidor público desarrolla en la Institución y no debe utilizarse para ningún otro fin.

Los mensajes de correo electrónico deben ser manejados como una comunicación privada y directa entre emisor y receptor. Se considera, los mensajes de correo electrónico, archivos adjuntos y documentación que se localice en un computador de la Institución, como información de propiedad del Ministerio del Ambiente. El servidor público será responsable de respaldar la información correspondiente y mantener el espacio suficiente en sus buzones de correo. Para lo cual la  Dirección de Tecnologías de la Información proveerá de un espacio de almacenamiento de correos para cada servidor público de un máximo de 512 MB.

La cuenta de correo del servidor público, a la que se detecte enviando mensajes masivos (spam), cadenas o información que no corresponda al Ministerio del Ambiente, será cerrada e inhabilitado su perfil de usuario, hasta por 3 ocasiones, por un periodo de 48 horas, posterior a lo cual se remitirá el incidente al jefe inmediato superior.

El pie de firma del correo electrónico tendrá el formato estandarizado para el sector Público remitido por la Subsecretaría de Gobierno Electrónico de la Presidencia de la República del Ecuador y no llevará ningún tipo de fondo en los correos, de acuerdo al Anexo (1). El servidor público podrá solicitar la asistencia técnica a la Dirección de Tecnologías de la Información para el cumplimiento de lo indicado. La Dirección de Tecnologías de la Información será la encargada de configurar este pie de firma cuando el servidor público ingrese a la Institución.

El servidor público cuando se desvincule de la Institución bajo ningún concepto eliminará la información del equipo de cómputo asignado.

Los servidores públicos del Ministerio del Ambiente deberán verificar que la información y los medios de almacenamiento externos, estén libres de cualquier tipo de código malicioso o virus, para lo cual deben ejecutar el software antivirus autorizado por la Dirección de Tecnologías de la Información antes de acceder a la información almacenada en dichos dispositivos.

Para toda la información que sea proporcionada por personal externo o interno; esto es: documentos, archivos, imágenes, entre otros, que deban ser descomprimidos, deberán ser verificados con la herramienta antivirus institucional, por parte del servidor público responsable del equipo, antes de ejecutarse la herramienta de descompresión de datos.

El servidor público que sospeche de alguna infección por virus de computadora, no deberá usar el equipo y solicitará asistencia técnica a la Dirección de Tecnologías de la Información. Debido a que algunos virus son extremadamente complejos, ningún servidor público del Ministerio del Ambiente debe intentar erradicarlos de las computadoras, con software o aplicaciones, que considere útiles.

Los servidores públicos no deberán alterar o eliminar, las configuraciones de seguridad para detectar y/o prevenir la propagación de virus que sean implantadas por la Dirección de Tecnologías de la Información.

El uso de impresoras dentro del Ministerio del Ambiente es de uso exclusivo para documentación de la Institución, no está permitido utilizar los dispositivos para actividades  ajenas o personales. Los servidores públicos son responsables de hacer buen uso de estos dispositivos, teniendo en cuenta también la reducción de consumo de suministros de impresión como papel, haciendo un uso responsable de éste. Tendrán acceso a un único dispositivo de impresión, el mismo que será asignado en base a la disponibilidad y cercanía, con referencia a la ubicación física del servidor público, para lo cual se proveerá desde la Dirección de Tecnologías de la Información el mecanismo adecuado de control.

El acceso a Internet provisto a los servidores públicos del Ministerio del Ambiente es exclusivamente para las actividades relacionadas con las necesidades del puesto y función que desempeña dentro de la Institución, no está permitido el uso de este recurso para fines personales y la utilización de software especial que permita evadir las restricciones establecidas por la Dirección de Tecnologías de la Información.

Se limitará a todos los funcionarios el acceso a portales, aplicaciones o servicios de la Internet y la Web que pudiere perjudicar la imagen y los intereses de la Institución. Específicamente, el acceso por medio de dispositivos fijos y/o móviles a aquellos portales de aplicaciones o servicios de la Internet y la Web sobre pornografía, racismo, violencia, delincuencia o de contenidos ofensivos y contrarios a los intereses, entre otros, y valores de la institución o que impacten negativamente en la productividad y trabajo de la institución (ej. mensajería instantánea, chats, redes sociales, video) y particularmente a los que atenten a la ética y la moral.

El acceso al Internet y a las diferentes páginas tienen que ser autorizadas por el Director de cada área del Ministerio del Ambiente, en caso de necesitar acceder a otras páginas, esto tiene que ser solicitada por escrito, con el debido justificativo, por parte del Director del área y a consideración de la Dirección de Tecnologías de la Información.

La Dirección de Tecnologías de la Información proveerá a los servidores públicos solamente acceso a páginas gubernamentales, páginas de bancos, educativas, correos externos y buscadores de información. Se realizará la asignación permisos de accesos por categorías de acuerdo a las funciones que desempeña el personal del Ministerio del Ambiente.

La Dirección de Tecnologías de la Información podrá en cualquier momento bloquear o limitar el acceso y uso de la Internet a los funcionarios o a terceros que accedan tanto por medio alámbrico como inalámbrico a sitios no autorizados.

Se bloqueará y prohibirá el acceso y uso de servicios de correo electrónico de libre uso tales como: Gmail, Hotmail, Yahoo, Facebook, entre otros con el fin de cumplir los estándares de la seguridad de la información.

La contratación, acceso y uso de servicios de correo electrónico en la Internet (Nube) no está permitida para uso institucional o de servidores públicos, con empresas privadas o públicas cuyos centros de datos, redes (salvo la Internet), equipos, software base y de gestión de correo electrónico y cualquier elemento tecnológico necesario, se encuentren fuera del territorio nacional; y adicionalmente, si las condiciones de los servicios que tales empresas prestaren no se sometan a la Constitución y Leyes Ecuatorianas.

Los servidores públicos de esta Cartera de Estado al acceder al servicio de Internet proporcionado por la Institución tienen pleno conocimiento de las siguientes actividades y restricciones respecto al uso del mismo:

Los servidores públicos no deberán acceder a páginas no autorizadas mediante mecanismos que pudieran evadir estos bloqueos.

Los servidores públicos no deberán enviar archivos reservados o confidenciales no autorizados.

Los servidores públicos no deberán descargar software sin la autorización de la Dirección de Tecnologías de la Información.

El uso del Internet es para fines institucionales

23. Las videoconferencias se deberán coordinar con 24 horas de anticipación por lo menos, tanto para la preparación y disponibilidad de equipos (salas de reuniones de la institución), como para la asignación de permisos, solicitando asistencia técnica a la Dirección de Tecnologías de la Información.

Art. 9.- Políticas y estándares de cumplimiento de seguridad informática.-

Todo requerimiento de enlace de datos o Internet, deberá ser coordinado con la Dirección de Tecnologías de la Información la misma que es la única autorizada y responsable de la administración de las comunicaciones entre Planta Central del Ministerio del Ambiente y todas sus dependencias.

Todo convenio de apoyo o colaboración tecnológica que involucre infraestructura del Ministerio del Ambiente, deberá ser informado a la Dirección de Tecnologías de la Información para su análisis correspondiente.

Es responsabilidad de cada servidor público notificar los incidentes y requerimientos por medio de la herramienta de ?Gestión de Incidencias y Requerimientos (GLPI)?, mediante la URL http://soporte.ambiente.gob.ec

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 02 de diciembre de 2013.

Comuníquese y publíquese,

f.) Lorena Tapia Núñez, Ministra del Ambiente.

No. 128

Lorena Tapia

MINISTRA DEL AMBIENTE

Considerando:

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados;

Que, los artículos 56 y 57 de la Constitución de la República del Ecuador reconocen y garantizan los derechos colectivos de las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas;

Que, el artículo 71 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que el Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema;

Que, el artículo 74 de la Constitución de la República del Ecuador establece que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado;

Que, el Ministerio del Ambiente en cumplimiento del Artículo 226 de la Constitución ejerce solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley, por lo que en su calidad de ANREDD+, establecida mediante artículo 02 del Acuerdo Ministerial No. 033 de 5 de abril de 2013, publicado en el Registro Oficial No. 17 de 18 de junio de 2013, debe expedir lineamientos orientados a que las actividades o proyectos REDD+ puedan implementarse en áreas forestales de nacionalidades, pueblos, comunas y otros colectivos, una vez ejercidos y cumplidos los mandatos constitucionales y disposiciones reglamentarias sobre consulta libre, previa e informada, que se encuentren vigentes y sean expedidas por la autoridad competente en concordancia con los lineamientos en la materia;

Que, el numeral 11 del artículo 261 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé como parte de las competencias  exclusivas del Estado Central a la biodiversidad y recursos forestales;

Que, el artículo 276 de la Constitución de la República del Ecuador establece como uno de los objetivos del régimen de desarrollo recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural;

Que, el artículo 395 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce como principios ambientales, entre otros, los siguientes:

Que el Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras; el Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales;

Que, el artículo 414 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que el Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica;

Que, en la Décimo Sexta Conferencia de las Partes (COP16) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), se adoptó la Decisión 1/CP.16, en la cual se alienta a las Partes que son países en desarrollo, a contribuir a la labor de mitigación en el sector forestal, adoptando medidas a su discreción y con arreglo a sus capacidades respectivas y sus circunstancias nacionales;

Que, en el párrafo 72 de la Decisión 1/CP.16 de la Décima Sexta Conferencia de las Partes de la CMNUCC, se pide a los países que cuando elaboren y apliquen sus estrategias o planes nacionales REDD+ aborden entre otras cosas las salvaguardas que se enuncian en el Párrafo 2 de la presente decisión, asegurando la participación plena y efectiva de los interesados, como los pueblos indígenas y las comunidades locales;

Que, el Decreto Ejecutivo No. 1815, publicado en el Registro Oficial No. 636 de 17 de julio de 2009, declara como política de Estado la adaptación y mitigación al cambio climático, dispone que el Ministerio del Ambiente estará a cargo de la formulación y ejecución de la estrategia nacional y el plan que permita generar e implementar acciones y medidas tendientes a concienciar en el país la importancia de la lucha contra este proceso natural y antropogénico y que incluyan mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional en todos los niveles del Estado;

Que, conforme lo dispone el Decreto Ejecutivo No. 495,  publicado en el Registro Oficial No. 304 de 20 de octubre de 2010, el Estado, a través del Ministerio del Ambiente, registrará las acciones nacionales de mitigación e impulsará medidas de compensación que permitan apalancar recursos financieros adicionales y promuevan la desagregación tecnológica y el desarrollo de capacidades locales, los proyectos de inversión pública que tengan el potencial de reducir emisiones de gases de efecto invernadero potenciarán el aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen los mercados internacionales de carbono y otros mecanismos nacionales e internacionales que faciliten la reducción de emisiones;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 095 de fecha 19 de julio de 2012, se expidió la Estrategia Nacional de Cambio Climático como una herramienta de planificación intersectorial;

ue, mediante Acuerdo Ministerial No. 033 de 5 de abril de 2013, publicado en el Registro Oficial No. 17 de 18 de junio de 2013, se expidió la normativa que regula la implementación del mecanismo REDD+ en el Ecuador, para garantizar su efectiva implementación en el país, de acuerdo con las circunstancias e intereses nacionales;

Que, el numeral 1 del artículo 10 del Acuerdo Ministerial 033 determina que la AN-REDD+, expedirá las normas técnicas específicas, necesarias para la implementación del mecanismo REDD+ y de sus actividades, incluyendo pero sin limitarse a los siguientes elementos: 1. Requisitos y Procedimientos para el proceso de consulta previa, libre e informada en los territorios, tierras y recursos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afro-ecuatorianos, pueblo montubio y comunas, para actividades REDD+; o, cuando sus territorios, tierras y recursos se vean afectados o amenazados por la implementación de actividades REDD+;

Que, el presente Acuerdo es expedido para garantizar una efectiva implementación del mecanismo REDD+ en el país, de acuerdo con las circunstancias e intereses nacionales; y,

En uso de la atribución establecida en el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador y artículo 17 de Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva.

Acuerda:

EXPEDIR LA GUÍA SOBRE LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCESO DE CONSULTA O NEGOCIACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES O PROYECTOS REDD+ EN TIERRAS O TERRITORIOS DE COMUNIDADES, COMUNAS, PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS, MONTUBIAS, AFROECUATORIANAS Y OTROS COLECTIVOS QUE DEPENDEN DE LOS RECURSOS DE LOS BOSQUES PARA SU SUBSISTENCIA.

Artículo 1.- Ámbito de Aplicación: La guía se aplicará para el proceso de consulta o negociación para la implementación de Actividades o Proyectos REDD+ en tierras o territorios de comunidades, comunas, pueblos, y nacionalidades indígenas,  montubias, afroecuatorianas y otros colectivos que dependen de los recursos de los bosques para su subsistencia.

Esta guía se aplicará también, cuando el Ministerio del Ambiente sea el proponente de Actividades o Proyectos REDD+ en áreas forestales del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Bosques Protectores Públicos.

Artículo 2.- Objeto: Garantizar la aplicación de los lineamientos nacionales, establecidos en la guía que forma parte del presente acuerdo, en los procesos de consulta o negociación que se lleven a cabo en el territorio nacional con la finalidad de implementar actividades o Proyectos REDD+ en todas sus fases, garantizando así el cumplimiento del derecho a la consulta, de las comunidades, comunas, pueblos, y nacionalidades indígenas, montubias, afroecuatorianas y otros colectivos que dependen de los recursos de los bosques para su subsistencia.

Artículo 3.- Los lineamientos que se oficializan mediante el presente instrumento, deberán ser adoptados, en atención a las instancias e instrumentos en vigencia, por todos los proponentes de Actividades y Proyectos REDD+, en cada una de las fases previstas dentro del Sistema Obligatorio de Registro REDD+.

Su cumplimiento será monitoreado por la AN-REDD+, durante todas las fases de una Actividad o Proyecto REDD+ a efectos de emitir las Cartas de Registro y Aprobación, para la posterior implementación de actividades y proyectos REDD+.

Artículo 4.- Anexos: Formará parte del presente instrumento la Guía sobre los Requisitos y Procedimientos para el Proceso de Consulta o Negociación para la Implementación de Actividades o Proye

 

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