Registro Oficial

Registro Oficial No 161 - Martes 14 de Enero de 2014 Segundo Suplemento

Martes, 14 de enero de 2014

Última modificación: Viernes, 09 de mayo de 2014 | 17:36

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Martes 14 de Enero de  2014 - R. O. No. 161

SEGUNDO SUPLEMENTO

SUMARIO

               

Corte Constitucional del Ecuador:

Sentencias           

101-13-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección planteada por el señor Gad Czarninsky Shefi, representante legal de la Corporación El Rosado S.A.

               

102-13-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección propuesta por la señora Eliana Custodia Guillén Cordero

               

104-13-SEP-CC Níégase la acción extraordinaria de protección propuesta por el señor José Benigno Páez Villagómez y otra

105-13-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección presentada la doctora Gloria Vidal Illingworth, Ministra de Educación

               

113-13-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección planteada por el doctor Fander Falconí Benítez

               

116-13-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección presentada por la señora Irma Germania Flores Alarcón y otros

CONTENIDO


Quito, D. M., 26 de noviembre de 2013

SENTENCIA N.º 101-13-SEP-CC

CASO N.º 0403-13-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

El 28 de febrero de 2013, el señor Gad Czarninsky Shefi, en su calidad de representante legal de la Corporación El Rosado S. A., presentó acción extraordinaria de protección fundamentada en el  artículo 61 numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional, en contra de la sentencia del 14 de diciembre de 2012 a las 10h25, emitida por la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, dentro del recurso de casación N.º 271-2011-CD.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la causa N.º 271-2011 fue remitida a la Corte Constitucional mediante oficio N.º 154-2013-SCTCNJ del 05 de marzo de 2013, suscrito por la doctora Carmen Elena Dávila, secretaria relatora (e).

Por su parte, la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal N.º 2, mediante oficio N.º 108-SSTDF2 del 19 de abril de 2013, remitió a la Corte Constitucional el expediente de la causa N.º 09502-0095-2010, suscrito por la abogada Violeta Yager Panizo, secretaria relatora (e).

El secretario general de la Corte Constitucional, el 06 de marzo de 2013, certificó que no se ha presentado otra demanda con identidad de objeto y acción.

La Sala de Admisión por su parte, el 13 de mayo de 2013, admitió a trámite la acción extraordinaria de protección N.º 0403-13-EP.

Efectuado el sorteo correspondiente, conforme el artículo 195 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y artículo 18 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, le correspondió al juez constitucional, Alfredo Ruiz Guzmán, sustanciar la presente causa conforme el memorando de Secretaría General N.º 247- CCE-SG-SUS-2013 del 10 de junio de 2013.

El juez constitucional mediante providencia del 10 de septiembre de 2013 a las 08:02, avocó conocimiento de la presente causa, haciendo conocer a los jueces de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional  de Justicia sobre la recepción del proceso y solicitando que presenten su informe de descargo debidamente motivado sobre los fundamentos de la acción en el término de cinco días, disponiendo además que se cuente con el procurador general del Estado y con el Servicio de Rentas Internas, en calidad de tercero interesado.

Detalle de la demanda

Sostiene el accionante que la sentencia demandada ha vulnerado los derechos a la tutela judicial efectiva, defensa, debido proceso en la garantía de la motivación, ya que siguiendo el lineamiento de la Corte Nacional, su facultad es el conocimiento de causas respecto del control de legalidad de las sentencia recurridas, mientras que la sentencia demandada ha fundamentado la decisión en la valoración de pruebas presentadas ante el Tribunal a quo.

Sostiene el accionante que la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, no ha resuelto sobre todos los puntos en los cuales se trabó la litis o las peticiones que ha formulado el Servicio de Rentas Internas.

Pretensión

La pretensión del accionante es la declaración de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la seguridad jurídica, por falta de motivación y por violación al trámite, producido con la sentencia emitida por la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, el 14 de diciembre de 2012.

Contestación a la demanda

Los jueces accionados afirman que la sentencia demandada estableció que la empresa accionante no justificó ante el Servicio de Rentas Internas los presupuestos normativos exigidos para beneficiarse de la totalidad del crédito tributario sobre el impuesto al valor agregado pagado en sus adquisiciones, por lo que agrega que se trató de un tema netamente tributario, materia legal a la que se debe la Sala accionada.

Respecto del argumento del accionante, relacionado con la falta de resolución sobre aspectos en los que se trabó la litis y que no fueron resueltos por la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, señalan que la Sala resolvió sobre el asunto sobre el cual se planteó la litis, esto es la aplicación o no del factor de proporcionalidad para la declaración del impuesto al valor agregado.

Afirman haber resuelto garantizando los derechos de tutela judicial efectiva, a la defensa, al debido proceso, seguridad jurídica y habiendo motivado debidamente, por lo que consideran que la acción extraordinaria de protección debe ser rechazada.

Marcos Arteaga Valenzuela, delegado del procurador general del Estado

Procede a señalar casillero constitucional N.º 18, para recibir las notificaciones que le correspondan.

Juan Miguel Avilés Murillo, director regional de la Regional Sur del Servicio de Rentas Internas

El Servicio de Rentas Internas por su parte, afirma que la sentencia demandada mediante la presente acción extraordinaria de protección ha observado todas las solemnidades de procedimiento para su emisión.

Afirma que no cabe el argumento por parte del accionante, respecto de la falta de motivación o la vulneración a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, cuando simplemente no está de acuerdo con el fallo emitido.

Además aseguran que si el accionante consideraba que dentro del proceso se vulneró su derecho a la defensa o debido proceso debió indicar en el momento de la vulneración en la misma causa, hecho que nunca ocurrió.

De la misma forma asegura que la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia ha cumplido con las normas correspondientes respecto de la admisión del recurso y su decisión.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA

CORTE CONSTITUCIONAL

Competencia

El Pleno de la Corte Constitucional, según las atribuciones establecidas en los artículos 94 y 437 de la Constitución de la República, artículo 58 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y artículo 35 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, es competente para conocer y pronunciarse sobre la acción extraordinaria de protección contenida en el proceso N.º 0403-13-EP, con el fin de establecer si la sentencia emitida por la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, ha vulnerado o no los derechos alegados.

Conforme ya lo ha expresado la Corte Constitucional en varias de sus sentencias, la acción extraordinaria de protección procede en contra de sentencias, autos en firme o ejecutoriados y resoluciones que pongan fin al proceso; y en esencia la Corte Constitucional, por medio de esta acción, se pronunciará respecto a dos cuestiones principales: la vulneración de derechos constitucionales o la violación de normas del debido proceso.

«Como bien señala la Corte Constitucional, esta acción se incorporó para ?tutelar, proteger y remediar las situaciones que devengan de los errores de los jueces, ?que resulta nueva en la legislación constitucional del país y que responde, sin duda alguna, al anhelo de la sociedad que busca protección efectiva,  imparcial y expedita de sus derechos e intereses, puesto que así los jueces ordinarios, cuya labor de manera general radica en la aplicación del derecho común, tendrían un control que deviene de jueces constitucionales en el más alto nivel, cuya labor se centraría a verificar que dichos jueces, en la tramitación de las causas, hayan observado las normas del debido proceso, la seguridad jurídica y otros derechos constitucionales, en uso del principio de la supremacía constitucional?.

De esta forma, la esencia de esta garantía es tutelar los derechos constitucionales, a través del análisis que este órgano de justicia constitucional realiza, respecto de las decisiones judiciales»1.

Análisis constitucional

Dentro del análisis del caso sub examine se ha determinado el siguiente problema jurídico a ser resuelto por la Corte Constitucional del Ecuador:

La sentencia del 14 de diciembre de 2012, emitida por la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, ¿vulnera el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación?

El artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador determina que en todo proceso deberá cumplirse con las garantías básicas respecto del debido proceso; acerca de la motivación se señala textualmente:

?Art. 76.- (?) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados?.

En concordancia la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, señala en el artículo 4 numeral 9:

?La jueza o juez tiene la obligación de fundamentar adecuadamente sus decisiones a partir de las reglas y principios que rigen la argumentación jurídica. En particular, tiene la obligación de pronunciarse sobre los argumentos y razones relevantes expuestas durante el proceso por las partes y los demás intervinientes en el proceso?.

Por su parte, la Corte Constitucional, para el período de transición, mediante sentencia N.º 069-10-SEP-CC, respecto de la motivación señala:



 

1              Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.º 0001-13-SEPCC, caso N.º 1647-11-EP del 06 de febrero del 2013.

?La motivación consiste en que los antecedentes que se exponen en la parte motiva sean coherentes con lo que se resuelve, y nunca puede ser válida una motivación que sea contradictoria con la decisión. En otras palabras: La motivación es justificación, es argumentar racionalmente para justificar una decisión aplicativa, es exposición de las razones que se han dado por los jueces para mostrar que su decisión es correcta o aceptable. (?) Es decir, la motivación responde a la debida y lógica coherencia de razonabilidad que debe existir entre la pretensión, los elementos fácticos, las consideraciones y vinculación de la norma jurídica y la resolución tomada?2.

Dicha sentencia hace referencia al deber de motivar por parte de los jueces, es decir un juez no puede decidir arbitrariamente, está obligado a razonar de manera explícita las resoluciones que adopta, destinadas a defenderse por sí mismas y discutirlas con conocimiento de causa.

En el caso sub judice, el accionante señala que la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia se atribuyó funciones de jueces de instancia, al apreciar y valorar pruebas para fundamentar su decisión, facultad que no es posible para los jueces de casación.

Debido a esta disposición normativa, el accionante ha recurrido a la justicia constitucional para solicitar la reparación de los derechos vulnerados mediante la sentencia emitida el 14 de diciembre de 2012, por la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia.

Por su parte la Sala accionada resuelve casar la sentencia emitida por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal N.º 2 y confirmar la glosa ?factor de proporcionalidad? dentro del acta de determinación impugnada, con los argumentos que se detallan a continuación:

Análisis de la glosa emitida por el Servicio de Rentas Internas y la autorización otorgada por la Administración Tributaria sobre el uso del sistema contable para la empresa accionante.

Transcripción del artículo 66 de la Ley de Régimen Tributario Interno.

Transcripción del artículo 145 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.

Análisis del contenido de las normas mencionadas relacionado al caso particular y a la autorización que la empresa mantenía para llevar su sistema contable automatizado.

Finalmente menciona textualmente: ?La Administración cuestiona que el sistema de contabilidad de la empresa, permita de manera inequívoca, diferenciar aquellas adquisiciones destinadas a la venta de bienes o servicios con tarifa 12% de IVA, de aquellas adquisiciones destinadas a la venta de bienes o servicios con tarifa 0% de IVA; cuestiona además, que existen servicios gravados con tarifa 12% que sirven para ventas con tarifa 0%, lo que le conduce a la aplicación de un factor de proporcionalidad discrecional; no consta del proceso, que la Empresa actora haya justificado las diferencias encontradas por la Administración en el examen practicado; los informes periciales tampoco determinan de manera categórica que el sistema contable permita una diferenciación de manera inequívoca; consiguientemente, no habiéndose demostrado la improcedencia de la glosa, es pertinente su ratificación??. (El énfasis es propio).

De esta manera, la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia fundamenta su decisión.

Considerando a la motivación como un deber fundamental que obliga a la administración de justicia a justificar su decisión referente a la materia de la litis, es necesario considerar la jurisprudencia de la Corte Constitucionalidad citada, que tiene relación con la motivación, para lo cual es necesario el examen de los fundamentos utilizados por la Sala al momento de resolver.

En el caso sub judice, se puede evidenciar que la sentencia ha realizado inicialmente una exposición de los argumentos planteados por las partes, posteriormente transcribe las normas aplicables al caso concreto y desarrolla una explicación de los motivos y hechos que justifican la decisión tomada, para posteriormente pronunciarse respecto de la pretensión del Servicio de Rentas Internas, derivado del correspondiente fundamento legal.

Es evidente que dentro de la argumentación utilizada como fundamento de la decisión tomada, la Sala accionada se permite realizar una valoración de la prueba presentada durante la sustanciación de la causa ante el tribunal; es decir se permite estudiar los documentos que fueron presentados como prueba y recalcar que la empresa no presentó prueba alguna que sustente su pretensión, para concluir señalando que dentro de los informes periciales no se determina puntualmente que el sistema utilizado por la empresa accionante, le permite diferenciar de manera inequívoca las adquisiciones destinadas a la venta de bienes o servicios gravados con tarifa 0% de aquellos que se encuentran gravados con tarifa 12%, razón por la que se resuelve declarar procedente la glosa determinada.

Resulta pertinente, en este punto del análisis, hacer referencia a lo que la Corte Constitucional ha establecido con respecto a la naturaleza jurídica del recurso de casación:

?La casación es un recurso extraordinario que fue establecido en el ordenamiento jurídico ecuatoriano a finales del siglo anterior, cuyo objetivo principal es el de analizar sí en la sentencia existen violaciones a la ley, ya sea por contravención expresa de su texto, por indebida aplicación o por errónea interpretación de la misma. De esta forma, no debe concebirse al recurso de casación como un recurso ordinario más, sino al contrario los usuarios y operadores de justicia deben tener presente que la casación es aquel recurso de carácter extraordinario que únicamente procede respecto de una sentencia, más no una instancia adicional en la cual se puedan analizar temas de legalidad que ya fueron resueltos por jueces inferiores.

El papel que cumple la Corte Nacional de Justicia al ser el tribunal de casación es fundamental, ya que realiza el control del producto de la actividad jurisdiccional de los jueces, es decir sus sentencias. Esta atribución reconocida en el artículo 184 de la Constitución de la República3 dota a este órgano de justicia la atribución de conocer los recursos de casación y desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales.

La Corte Constitucional se ha pronunciado en variadas ocasiones respecto a la importancia de este recurso, así en la Sentencia N.º 003-09-SEP-CC sostuvo: ?La casación es un recurso extraordinario que tiene por objeto anular una sentencia judicial que contiene una


2              Corte Constitucional, para el período de transición, sentencia N.º 069-10-SEP-CC, caso N.º 0005-10-EP del 09 de diciembre del 2010.

incorrecta interpretación o aplicación de la ley o que ha sido dictada en un procedimiento que no ha cumplido las solemnidades legales. Su fallo le corresponde a un tribunal superior de justicia, y habitualmente al de mayor jerarquía, como en nuestro país: la anterior Corte Suprema de Justicia, actual Corte Nacional de Justicia?4.

Sin embargo de ello, y contrastando radicalmente con la afirmación que se expresa en la sentencia de la Sala Especializada en la sentencia dictada por el tribunal Fiscal consta determinado y fijado lo siguiente, con respecto a los informes periciales: ?los informes periciales de los Eco. Germán Silva y Carlos Moreno se encuentran incorporados al proceso y ambos coinciden que la contabilidad sí permite distinguir la diferencia existente entre la mercancía con tarifa 12% y mercancía con tarifa 0%, así también la distribución porcentual en base a los índices del factor de proporcionalidad para aplicar el Crédito Tributario de la Compañía actora {Corporación El Rosado}??.

Asimismo, luego de valorar la prueba actuada, el Tribunal Fiscal declara:

?{?} los peritos designados por las partes, no obstante que sólo se remiten a contestar las preguntas, sin hacer un estudio y análisis explicativo de las actividades de la empresa, en su informe coinciden destacan en lo principal, que la contabilidad sí permite distinguir la diferencia existente, entre mercancía con tarifa 12% y mercancía 0%{?}?.

Estas afirmaciones del Tribunal de instancia contienen una valoración de la pericia diametralmente opuesta a la que formula la sentencia de casación. Se trata, además, de un hecho determinado por el tribunal de instancia, en ejercicio de su facultad excluyente de apreciar la prueba, que le permitió adoptar su decisión con base en las normas jurídicas que regulan el factor de proporcionalidad. Además, algo que es muy importante: del recurso de casación interpuesto no aparece que el recurrente haya alegado la existencia de vicios vinculados con principios aplicables a la valoración de la prueba (causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación). La importancia de esta constatación radica en que siendo el recurso de casación de naturaleza estrictamente formal es el recurrente quien fija los límites del análisis y decisión del Tribunal de Casación. Entonces, al ser el recurso de casación de carácter extraordinario la Corte Nacional de Justicia no tiene la facultad para valorar la prueba o estudiar los argumentos sostenidos por las partes durante la sustanciación de la causa pues, es un recurso que se fundamenta en el análisis sobre la legalidad de la sentencia recurrida. Al respecto, existen varios pronunciamientos emitidos por la Corte Constitucional, en el sentido de que la casación, al ser un recurso extraordinario, debe cumplir con ciertos condicionamientos tanto para su presentación y su resolución y parte de ellos no es la valoración de la prueba, así:

La Corte Constitucional mediante sentencia N.º 001-13- SEP-CC determinó:

?De esta forma, no debe concebirse al recurso de casación como un recurso ordinario más, sino al contrario los usuarios y operadores de justicia deben tener presente que la casación es aquel recurso de carácter extraordinario que únicamente procede respecto de una sentencia, más no una instancia adicional en la cual se puedan analizar temas de legalidad que ya fueron resueltos por jueces inferiores. (?) los jueces de casación únicamente podrían valorar la contravención a la ley, indebida aplicación o errónea interpretación de la misma para la valoración de la prueba, mas no valorar la prueba en sí??5.

Mediante sentencia N.º 015-12-SEP-CC, la Corte Constitucional, para el período de transición, señaló:

?Cabe precisar que conforme la doctrina y la jurisprudencia, la valoración de la prueba es una atribución de los jueces y tribunales de instancia; por lo tanto, es una atribución de la que carece el Tribunal de Casación, salvo en casos excepcionales en los que se establezca que no hay aplicación de las reglas valorativas de la prueba, o que exista una valoración ilógica o contradictoria y que ello haya conducido a tomar una decisión arbitraria, haciéndose imprescindible un nuevo análisis para determinar con certeza si el tribunal de instancia ha interpretado y aplicado erróneamente las disposiciones legales o los  principios de la sana crítica, en razón del valor dado a las pruebas?6.

También, mediante la sentencia N.º 001-13-SEP-CC, antes citada, la Corte Constitucional determinó:

?Por lo tanto, al momento de resolver el recurso se debe analizar únicamente la sentencia objetada por el recurrente, sin que los jueces tengan competencia para analizar temas de mera legalidad, que ya fueron resueltos y discutidos en las instancias inferiores, como por ejemplo el análisis de informes periciales, o la procedencia y valoración de pruebas, ya que si esto fuera así se desconocería la independencia interna de los jueces y tribunales de garantías penales garantizada en la Constitución de la República en el artículo 168 numeral 1 que reza: ?Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley?.

En efecto, tanto la jurisprudencia como la doctrina recalcan que el recurso de casación, al ser un recurso extraordinario tiene por objeto analizar la legalidad de las sentencias; es decir, si en ellas existen violaciones a la ley, por indebida aplicación, errónea interpretación o contravención de la misma, de ahí que su interposición no es procedente para toda clase de sentencias.

Además, es importante señalar que el control de legalidad a las sentencias recurridas, que se realiza mediante el recurso de casación, permite generar un lineamiento jurisprudencial uniforme y coherente cuyo objeto es satisfacer las necesidades sociales.


3              Constitución del Ecuador, año 2008, Art. 184.- ?Serán funciones de la Corte Nacional de Justicia, además de las determinadas en la ley, las siguientes: 1. Conocer los recursos de casación, de revisión y los demás que establezca la ley; 2. Desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales fundamento en los fallos de triple reiteración; 3. Conoce las causas que se inicien contra las servidoras y servidores públicos que gocen de fuero; y, 4. Presentar proyectos de ley relacionados con el sistema de administración de justicia?.

4              Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.º 001-13-SEPCC, caso N.º 1647-11-EP del 06 de febrero del 2013.

5              Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.° 001-13-SEPCC, caso N.° 1647-11-EP del 06 de febrero del 2013.

De lo dicho y aplicado al caso sub judice, se puede corroborar que la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia extralimitó sus atribuciones al fundamentar su resolución en la valoración de las pruebas practicadas durante el proceso en el tribunal a quo y no en un análisis netamente legal de la sentencia recurrida.

El Tribunal de instancia en ejercicio de su competencia legal para valorar la prueba dejó establecido como hecho incontrovertible que el sistema contable de Corporación El Rosado fue revisado y autorizado por el SRI y que permite diferenciar inequívocamente las compras y ventas gravadas con tarifa 0% de aquellas gravadas con tarifa 12%, para aplicar automáticamente el factor de proporcionalidad.

Por lo tanto, la competencia de la Sala Especializada de la Corte Nacional estaba limitada a establecer si, con base en las causales primera y quinta del artículo 3 de la Ley de Casación, únicas alegadas por el SRI en su escrito de fundamentación, existía o no un vicio de legalidad que afectaba a la sentencia del Tribunal Fiscal, que dejó sin efecto la glosa ?factor de proporcionalidad? emitida por la administración tributaria, con el argumento de que el sistema contable no cumplía con el estándar requerido por el ordenamiento jurídico, pese a su revisión y autorización previas.

Resulta claro que la Sala Especializada, en ejercicio de su competencia como Tribunal de Casación, no podía modificar los hechos fijados por el Tribunal de Instancia y, contrario a lo declarado en la sentencia recurrida en casación, sostener como lo hace, que ?los informes periciales tampoco determinan de manera categórica que el sistema contable permita una diferenciación inequívoca?. Este proceder implica una modificación valorativa de los hechos fijados por el Tribunal de Instancia sobre la base de la pericia, que es imposible efectuar en función de las alegaciones efectuadas en el escrito de fundamentación de casación del SRI, que como se ha dicho antes, no se fundamenta en vicios relacionados con principios aplicables a la valoración de la prueba, además de que implica asumir una competencia privativa del Tribunal de Instancia, por lo que en buenos términos, la Sala especializada actuó fuera de su competencia.

La intervención de control de la administración tributaria, revisando y autorizando previamente los sistemas contables, permite a los contribuyentes actuar con confianza y certeza, en ejercicio de su derecho a la seguridad jurídica, lo que no supone obviamente que la autoridad tributaria, previo el procedimiento debido y con arreglo a la ley, no pueda ejercer su competencia para revisar sus actos administrativos de autorización, siempre sin efectos retroactivos, pues esto también importa a la seguridad jurídica.

Finalmente, debe mencionarse que la Sala Especializada, al modificar los hechos fijados por el Tribunal de Instancia, sin existir alegación al respecto, ha contradicho sus propios precedentes en los que ha resuelto que ?en el recurso de casación no puede volverse a analizar la prueba ni los hechos como pretende el recurrente, lo cual es materia del Juez de Instancia como lo ha señalado, de manera reiterada, la jurisprudencia de la sala?7.

El razonamiento de los precedentes indicados, de los cuales se ha apartado la sala sin justificar ni explicar razones, reitera el mandato de la norma del artículo 16 de la Ley de Casación que dispone que, si el Tribunal casa la sentencia impugnada, debe hacerlo por el mérito de los hechos establecidos en la sentencia o auto. Existe por tanto, una nueva vulneración a la seguridad jurídica pues se ha eliminado la previsibilidad en la aplicación del régimen jurídico para el administrado.

Si la Corte Constitucional prevé que gracias a la garantía de motivación, los jueces están en la obligación de emitir resoluciones que responden a la lógica coherencia de razonabilidad entre las pretensiones, los elementos fácticos, la norma jurídica y la jurisprudencia, es evidente que en el presente caso, la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia ha incurrido en el error de contravenir a la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional respecto de la fundamentación de su decisión en la valoración de la prueba, cuando dicha judicatura está facultada para resolver sobre la legalidad de las sentencias.

En atención a las consideraciones analizadas en esta decisión, la Corte Constitucional constata la vulneración del derecho al debido proceso en la garantía de la motivación por parte de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario al sustentar la decisión en cuestiones ajenas al ámbito de su competencia.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional expide la siguiente

SENTENCIA

Declarar la vulneración del derecho al debido proceso en la garantía de la motivación.

Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.

Disponer como medidas de reparación integral las siguientes:

Dejar sin efecto la sentencia del 14 de diciembre de 2012, dictada por la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia.



 

6              Corte Constitucional del Ecuador, para el período de transición, sentencia N.° 015-12-SEP-CC, caso N.° 0208-10-EP del 06 de marzo del 2012.

7              Sala de lo Contencioso Tributario de la CNJ. Aso. Mutualista para la Vivienda Pichincha c. Director General del servicio de rentas Internas. Registro Oficial suplemento 327 de 31 de agosto de 2012. Sala de lo Contencioso Tributario de la CNJ. Ecuatorial TECHNOLOGIES c. El Director General del Servicio de Rentas Internas. Registro Oficial Suplemento 327 de 31 de agosto de 2012.

Retrotraer los efectos hasta el momento en que se produjo la vulneración de derechos constitucionales; esto es, al momento antes de dictar la sentencia demandada.

Ordenar que los conjueces de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia resuelvan la causa conforme a la Constitución, la Ley y la jurisprudencia dictada por esta Corte.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

f.) Patricio Pazmiño Freire, PRESIDENTE.

f.) Jaime Pozo Chamorro, SECRETARIO GENERAL.

Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional, con ocho votos de las señoras juezas y señores jueces: Antonio Gagliardo Loor, Marcelo Jaramillo Villa, Wendy Molina Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra, Alfredo Ruiz Guzmán, Ruth Seni Pinoargote, Manuel Viteri Olvera y Patricio Pazmiño Freire, sin contar con la presencia de la jueza María del Carmen Maldonado Sánchez, en sesión ordinaria del 26 de noviembre del 2013. Lo certifico.

f.) Jaime Pozo Chamorro, SECRETARIO GENERAL.

CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado por: ? f.) Ilegible.- Quito, a enero 08 de 2014.- f.) Ilegible, Secretaría General.

CASO Nro. 0403-13-EP

RAZÓN.- Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el juez Patricio Pazmiño Freire, presidente de la Corte Constitucional, el día lunes 23 de diciembre del dos mil trece.- Lo certifico.

f.) Jaime Pozo Chamorro, Secretario General.

CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado por: ? f.) Ilegible.- Quito, a 8 enero de 2014.- f.) Ilegible, Secretaría General.

Quito, D. M., 04 de diciembre del 2013

SENTENCIA N.º 102-13-SEP-CC

CASO N.º 0380-10-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADO

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

La presente acción ha sido propuesta por Eliana Custodia Guillén Cordero, de conformidad con el artículo 94 de la Constitución de la República, acción mediante la cual impugna la sentencia expedida el 11de febrero del 2010 a las 11h20, por los jueces de la Primera Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, dentro de la acción de protección N.º 033-10.

La Secretaría General de la Corte Constitucional, para el período de transición, el 08 de abril del 2010 a las 17h55, certificó que en referencia a la acción N.º 0380-10-EP, no se ha presentado otra demanda con identidad de objeto y acción, conforme consta en la certificación que obra a fojas 3 del proceso.

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, para el período de transición, integrada por los entonces jueces Alfonso Luz  Yunes, Manuel Viteri Olvera y Patricio Herrera Betancourt, mediante auto expedido el 09 de agosto del 2010 a las 16h57, avocó conocimiento de la presente causa y sin que implique un pronunciamiento de fondo respecto de la pretensión de la accionante, admitió a trámite la acción propuesta, como se advierte de fojas 4 y vta. del proceso.

Efectuado el sorteo correspondiente, de conformidad con el artículo 195 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y artículo 18 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, correspondió al juez Patricio Pazmiño Freire actuar como sustanciador, quien mediante providencia del 13 de septiembre del 2011 a las 09h30 (foja 09), avocó conocimiento de la acción y dispuso notificar a los jueces de la Sala Primera de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, a fin de que presenten su informe de descargo debidamente motivado sobre los fundamentos de la presente acción; además que se convoque a las partes para ser oídas en audiencia el viernes 8 de octubre del 2010 a las 19h30 y se notifique a la legitimada activa en la casilla constitucional señalada para el efecto.

El 06 de noviembre del 2012 se posesionaron ante el Pleno de la Asamblea Nacional los jueces y juezas de la primera Corte Constitucional, por lo que posteriormente, en virtud de lo dispuesto en la Octava Disposición Transitoria de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el Pleno de la Corte procedió a sorteo de la causaMediante memorando N.º 007-CCE-SG-SUS-2013 del 07 de enero del 2013, suscrito por Jaime Pozo Chamorro, secretario general de la Corte Constitucional, se hace conocer al juez Alfredo Ruiz Guzmán, del sorteo de las causas realizado por el Pleno de la Primera Corte Constitucional, en sesión extraordinaria efectuada el 03 de enero del 2013, y de su designación como juez sustanciador con la finalidad de que continúe con el trámite de la causa, quien a su vez mediante providencia dictada el 01 de agosto del 2013 a las 08h00, avoca conocimiento de la presente acción extraordinaria de protección.

Detalle de la demanda

La señora Eliana Custodia Guillen Cordero interpone acción extraordinaria de protección en contra de la decisión emitida el 11 de febrero del 2010, por la Primera Sala de lo Civil, Mercantil e Inquilinato de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, en apelación a la acción de protección que propuso en contra del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IEES), señalando:

?Que el auto de inadmisión materia de la presente acción extraordinaria de protección es el dictado por la Primera Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, el 11 de febrero del 2010?, puesto que la Sala confirma ??el auto impugnado? y desestima el recurso interpuesto??, al respecto aclara que el juez de primer nivel en su primer auto procedió a inadmitir la acción de protección que planteó contra el IESS.

En ese sentido, alega que la decisión judicial impugnada vulnera el derecho al debido proceso, a la tutela judicial efectiva  y a la seguridad jurídica. Al respecto, manifiesta que el derecho al debido proceso constitucional se rige por sus normas de orden procesal particulares y propias, tal como lo determina la Constitución de la República en su artículo 86, al establecer reglas para la tramitación de las garantías jurisdiccionales, y que deben ser cumplidas por los jueces para garantizar que la reparación integral sea plena y directa.

En ese sentido, señala la obligación que tiene el juez de convocar a audiencia pública y de ordenar la práctica de pruebas, hecho que no ha ocurrido en la tramitación de su acción, puesto que señala que los jueces con toda ligereza y aparente falta de conocimiento, sostienen que ha sido la parte accionante la que no ha demostrado la vulneración de derechos constitucionales, por lo que, a su entender, han inobservado lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que establece que se presumirán ciertos los hechos de la demanda cuando la entidad pública no demuestre lo contrario.

En esa misma línea argumentativa señala que existe una clara omisión por parte de los jueces al momento de dictar sentencia, por cuanto han pretendido aplicar nociones procesales del derecho ordinario, esperando que sea el accionante quien demuestre la veracidad de los hechos, deslindando a la administración de justicia y a la entidad pública accionada la obligación de probar si hubo o no vulneración de derechos, por lo que también se vulnera su derecho a una tutela judicial efectiva. Respecto de la vulneración de su derecho a la seguridad jurídica, consagrada en el artículo 82 de la Constitución de la República, señala que se da por cuanto los jueces no han aplicado las normas procesales del procedimiento constitucional, y que se encuentran consagradas tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Adicionalmente, argumenta que sostener que la seguridad jurídica se funda en el irrestricto respeto a la ley es un concepto anacrónico y superado, en un Estado de derechos, en el que la base de la seguridad jurídica encuentra fundamento en el respeto y satisfacción de los derechos.

Pretensión

La accionante solicita que la Corte Constitucional: ?declare en sentencia la existencia de una acción y omisión inconstitucional en la sentencia dictada por los jueces de la Primera Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato de la Corte Provincial de Justicia del Azuay?.

Contestación a la demanda

Doctores María del Carmen Valdiviezo, Juan González Cordero y Eduardo Bermúdez Coronel, jueces de la Primera de lo Civil, mercantil e Inquilinato de la Corte Provincial de Justicia del Azuay (accionada)

En atención a la providencia emitida por el juez constitucional que inicialmente avocó conocimiento, dando contestación a la demanda de acción extraordinaria de protección, manifiestan:

Que el obiter dictum del auto definitivo que se impugna precisó que la acción de protección no es subsidiaria ni residual en directa relación a la resolución dictada en primera instancia por la Jueza Tercera de la Niñez y Adolescencia de Cuenca, que en ese sentido nunca han dicho que la demandante accione un recurso de plena jurisdicción ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, como asegura la demanda.

Así también, señala que la ratio decidendi del auto definitivo de inadmisión señala que la acción de protección se debe activar solo para amparar los derechos de fuente constitucional y de instrumentos de derechos humanos, puesto que dichas garantías, señalan, es una de conocimiento o fondo, por lo que se requiere un claro marco jurídico en cuanto a su procedibilidad, a fin de evitar su desnaturalización. En ese sentido, sostienen que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional satisface los filtros demarcatorios que determinan el ámbito de procedibilidad de la acción de protección, así mencionan los artículos 41 numeral 3, y 42 numerales 1 y 3, en los cuales se sustentó su decisión de inadmitir a trámite constitucional la acción de protección.

Respecto a la vulneración al derecho constitucional al debido proceso, los comparecientes manifiestan que los principios que informan el debido proceso permiten procesar el derecho justo, que incluye la legalidad de la formas, posibilidad de ejercer el derecho a la defensa o del contradictorio, presentar pruebas y controvertirlas, por lo que toda acción contraria que vaya más allá de la ley se debe excluir.

En ese sentido, señalan que la hoy accionante incumple con la obligación de lealtad argumentativa, pues a su entender no racionaliza ni da coherencia a los hechos u omisiones que supuestamente violan sus derechos, pues lo alegado en la demanda, en el sentido de que ha sido ella la que no ha probado la vulneración de los derechos es falsa, ya que lo que se impugna es el auto de inadmisión, por lo que los jueces no se pronunciaron ni resolvieron sobre el fondo del asunto y su pretensión principal, es decir, no se sustanció ni se procesó la pretensión.

Con relación a los cargos efectuados en torno a la vulneración a la seguridad jurídica, aseguran que han observado la previsión constitucional y legal del sistema jurídico vigente, y que ello se ve reflejado en la decisión judicial impugnada. Adicionalmente, hacen referencia a otra acción extraordinaria de protección que fue inadmitida por la Sala de Admisión de este Organismo, y que al entender de los jueces provinciales, guarda analogía fáctica con el caso actual, por lo que la demanda no reúne los presupuestos de admisibilidad que se establecen en los artículos 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; 12 y 35 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA

CORTE CONSTITUCIONAL

Competencia


La Corte Constitucional es competente para conocer y pronunciarse sobre las acciones extraordinarias de protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 94 y 437 de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 63 y 191, numeral 2 literal d de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y artículo 3 numeral 8 literal b y tercer inciso del artículo 35 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional.

Naturaleza jurídica, alcances y efectos de la acción extraordinaria de protección

El objeto de la acción extraordinaria de protección es el aseguramiento y efectividad de los derechos y garantías fundamentales, evitando un perjuicio irremediable, al incurrir el accionar de los jueces en violación de normas fundamentales, sea por acción u omisión, en una sentencia, auto o resolución, en ejercicio de su actividad jurisdiccional.

Como ya lo ha señalado esta Corte en varias de sus sentencias, la naturaleza de la acción extraordinaria de protección solo es procedente sobre dos aspectos: la vulneración de derechos constitucionales o la violación de normas del debido proceso para que no queden en la impunidad y se pueda disponer medidas de reparación integral. Para ello, asumiendo el espíritu garantista de la vigente Carta Fundamental, mediante esta acción excepcional se permite que las sentencias, autos y resoluciones firmes y ejecutoriadas sean objeto de revisión por parte del más alto órgano de control de constitucionalidad en el país: la Corte Constitucional.

El carácter garantista de la actual Norma Suprema exige que ningún acto de autoridad pública quede fuera del control de constitucionalidad; en esta línea lo que se pretende es que el ordenamiento jurídico encuentre su constitucionalización a partir del ajuste de todos los actos de las funciones públicas a los mandatos dispuestos en la Constitución de la República.

Determinación de los problemas jurídicos que deben resolverse para decidir el caso

Para resolver sobre el fondo de la presente causa, la Corte Constitucional estima necesario sistematizar los argumentos planteados por la legitimada activa, a fin de verificar si la sentencia impugnada vulnera o no los derechos constitucionales invocados por esta, a partir de los siguientes problemas jurídicos:

¿Cómo debe entenderse el procedimiento informal en la tramitación de las garantías jurisdiccionales de los derechos?

¿Existe vulneración a los derechos constitucionales de tutela judicial efectiva y debido proceso cuando en el auto de inadmisión a trámite no se ha observado el procedimiento constitucional para sustanciar una acción de protección?

Argumentos de la Corte Constitucional en torno a los problemas jurídicos

a) ¿Cómo debe entenderse el procedimiento informal en la tramitación de las garantías jurisdiccionales de los derechos?

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 86, establece una serie de disposiciones comunes atinentes a las garantías jurisdiccionales, destacando su carácter informal; en tal virtud, se establece una legitimación activa abierta para poder ejercitarlas. La competencia de los jueces para conocer estas acciones se encuentra limitada únicamente por el lugar en el que se origina el acto o la omisión, o donde se producen sus efectos, y como el procedimiento es ?sencillo, rápido y eficaz?, nace la obligación del juzgador de convocar inmediatamente a audiencia. En definitiva, se establece, bajo el amparo de un ?recurso directo y eficaz?, que la sustanciación de las garantías jurisdiccionales responda al principio de tutela judicial efectiva.

Estas reglas constitucionales denotan ineludiblemente el cambio de paradigma constitucional en el país, pues las tendencias formalistas y restrictivas en las garantías jurisdiccionales de protección de derechos no tienen cabida bajo la concepción del Estado Constitucional de derechos y justicia, pues su deber primordial radica precisamente en la tutela de los derechos constitucionales sin el establecimiento de esquemas formales que tienden a entorpecer dicha tutela.

En ese sentido, la acción de protección, consagrada en el artículo 88 de la Norma Suprema, tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y se puede presentar ante la vulneración de dichos derechos, por acción u omisión, de cualquier autoridad pública no judicial, o de los particulares, en los casos señalados en la Constitución y la ley. En efecto, la tutela de los derechos constitucionales exige que el modelo procedimental de la acción de protección ?y de las garantías jurisdiccionales en general? se encuentre desprovisto de requisitos formales y ofrezca, de manera ágil y dinámica, una protección efectiva y oportuna al titular del derecho posiblemente afectado.

En concordancia con lo establecido en la Constitución, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional desarrolla los preceptos constitucionales, detallando más aún el procedimiento informal, rápido y eficaz de las garantías jurisdiccionales. Así, en el título II, Capitulo Primero, relativo a las normas comunes de las garantías jurisdiccionales de los derechos constitucionales, se establece en el artículo 101 el contenido de la demanda, disponiendo a los jueces constitucionales que si no se observan dichos requisitos ordenen completarla en el término de tres días, e inclusive, en caso de transcurrido este término, si la demanda continúa incompleta, pero del relato de los hechos se desprende que hay una vulneración de derechos grave, la jueza o juez deberá tramitarla y subsanar la omisión de los requisitos que están a su alcance, para inmediatamente convocar a audiencia, es decir, el procedimiento de garantías jurisdiccionales de los derechos se desarrolla con características propias que denotan una informalidad en su sustanciación. Consecuentemente, bajo la concepción del artículo 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la inadmisión en la acción de protección resulta una cuestión excepcional, es decir, solo debe darse ante la imposibilidad del juez de subsanar los requisitos de contenido mínimo de la demanda. En efecto, el carácter de protección de las garantías jurisdiccionales obliga al juzgador a efectuar una verdadera tutela judicial efectiva ante una aparente vulneración de los derechos constitucionales, para que únicamente, luego de la sustanciación del procedimiento respetivo se establezca si se verificó o no la vulneración. En este punto sobra recordar que la nueva corriente del constitucionalismo, en la que el Ecuador está inmerso, cuestiona la posición del juez como un simple ?director del proceso? o espectador, pues mira al juzgador avocado al activismo judicial en miras a precautelar los derechos constitucionales, cumpliendo un rol proactivo durante la sustanciación de las garantías jurisdiccionales de los derechos, comprometido en alcanzar una verdadera justicia, tomando el ordenamiento jurídico y la realidad social como su fundamento; y precisamente esta Corte ha definido el papel del

1              ?Art. 10.- Contenido de la demanda de garantía.- La demanda, al menos, contendrá:

1.- Los nombres y apellidos de la persona o personas accionantes y, si no fuere la misma persona, de la afectada.

2.- Los datos necesarios para conocer la identidad de la persona, entidad u órgano accionado.

3.- La descripción del acto u omisión violatorio del derecho que produjo el daño. Si es posible una Relación circunstanciada de los hechos .La persona accionante no está obligada a citar la norma o jurisprudencia que sirva de fundamento a su acción.

4.- El lugar donde se le puede hacer conocer de la acción a la persona o entidad accionada.

5.- El lugar donde ha de notificarse a la persona accionante y a la afectada, sino fuera la misma persona y si el accionante lo supiere. 6.- Declaración de que no se ha planteado otra garantía constitucional por los mismos actos u omisiones, contra la misma persona o grupo de personas y con la misma pretensión. La declaración de no haber planteado otra garantía, podrá subsanarse en la primera audiencia.

7.- La solicitud de medidas cautelares, si se creyere oportuno.

8.- Los elementos probatorios que demuestren la existencia de un acto u omisión que tenga como resultado la violación de derechos constitucionales, excepto los casos en los que, de conformidad con la Constitución y esta ley, se invierta la carga de la prueba.

Si la demanda no contiene los elementos anteriores, se dispondrá que se complete en el término de tres días Transcurrido este término, si la demanda está incompleta y del relato se desprende que hay una vulneración de derechos grave, la jueza o juez deberá tramitarla y subsanar la omisión de los requisitos que estén a su alcance para que proceda la audiencia?. juzgador de garantías jurisdiccionales como: ?(?) el custodio responsable del derecho sustancial disputado por las partes, y perceptivo de las condiciones materiales o sociales que rodean al hecho; dando énfasis a la necesidad de la defensa en juicio o comparecencia de las partes en equidad, con poder suficiente para disponer medidas de tutela urgente, o preventivas, también llamadas de satisfacción inmediata o precautorias, y reafirmando su voluntad de dar a cada uno su derecho en el momento oportuno?2. De acuerdo a su competencia, el juez debe proceder conforme al artículo 13 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional3, es decir, entendiendo que la admisión de la acción de protección debe realizarse con el fin de precautelar activamente el derecho de las personas a la tutela judicial efectiva, por el que se pueda acceder a un procedimiento que les permita justificar sus alegaciones sobre las presuntas violaciones a los derechos constitucionales. La inadmisión, dentro de la sustanciación de garantías jurisdiccionales de los derechos, es la última medida que el juez ha de tomar dentro de la calificación de la demanda, a la luz de su rol garante de la tutela de los derechos constitucionales.

Ahora bien, dentro de la regulación de la acción de protección se establecen en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, siete causales de improcedencia que deben ser analizadas a la luz de las disposiciones constitucionales y legales atinentes al proceso ?sencillo, rápido y eficaz? de las garantías jurisdiccionales de los derechos y el objeto básico de tutela de los derechos constitucionales de la acción de protección. En este orden de ideas, es necesario, en primer lugar, conocer el ámbito de la regulación de dicho precepto normativo, determinando si existe o no distinción procesal entre causales de inadmisión y causales de improcedencia. Para ello, resulta indispensable examinar los conceptos de admisión y de procedencia, a la luz de la doctrina jurídica procesal:

a) A la admisión se la ha conceptualizado dentro del derecho procesal como ??Autorizar la tramitación de un recurso o de una querella. Recibir. Dar entrada. Permitir, consentir, sufrir?4.

b) En tanto que a la procedencia se la ha entendido como ?Lo que es conforme a derecho. La procedencia en lo procesal se diferencia de la admisibilidad (v) simple oportunidad para que se oiga o se juzgue (aun no teniendo derecho ni razón), por ajustarse a normas de posible trámite?5.

En el mismo sentido, José Alberto Garrone establece que la admisión es un ?trámite previo en que se decide apreciando aspectos de forma o motivos de evidencia, si ha o no lugar a seguir sustancialmente ciertos recursos de procedimiento ante los tribunales supremos?6, mientras que por procedencia se ha afirmado que ?Se entiende por procedencia lo que es conforme a derecho. Fundamento legal, razón oportunidad de una demanda, petición recurso?7.

Ahora bien, a la distinción que se establece procesalmente, de admisión como simple verificación de la existencia de requisitos formales para iniciar la sustanciación de un procedimiento, un primer acto que da cabida a las siguientes etapas procesales, a diferencia de la procedencia que implica una verificación material sobre la existencia de la razón o fundamento para la obtención de cierto pronunciamiento o para acceder a ciertos recursos, en el procedimiento constitucional esta distinción cobra una importancia radical en la sustanciación de los procesos a la luz de un procedimiento caracterizado por ser ?sencillo, rápido y eficaz? de las garantías jurisdiccionales de los derechos.

En efecto, si los requisitos para la admisión de una demanda de acción de protección, conforme lo disponen los preceptos normativos de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional son los establecidos en el artículo 10, no deben extenderse a otros que no sean de forma.









 

2              Corte Constitucional del Ecuador, para el período de transición, sentencia No. 020-10-SEP-CC, caso No. 583-09-EP, 11 de mayo del 2010.

3              ?Art. 13.- Calificación de la demanda de garantía.- La jueza o juez calificará la demanda dentro de las veinticuatro horas siguientes a su presentación. La calificación de la demanda deberá contener: 1. La aceptación al trámite, o la indicación de su inadmisión debidamente motivada.?

4              Osorio Manuel y Florit Guillermo Cabanelas de las Cuevas, Diccionario de Derecho, Tomo I, Heliasta,Buenos Aires,2007,p. 83

5              Osorio Manuel y Florit Guillermo Cabanelas de las Cuevas, Diccionario de Derecho, Tomo II, Heliasta, Buenos Aires, 2007, pp. 367-368.

6              Garrone José Albert, Diccionarios jurídico Abeledo-Perrot, Tomo I, Buenos Aires, 2005, p.925.

7              Garrone José Alberto, Diccionario Jurídico Abeledo-Perrot, Tomo III, Buenos Aires, 200?5, p. 925.


En concordancia con lo argumentado, el legislador, al imponer la regla establecida en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que desarrolla la competencia de las juezas o jueces de garantías jurisdiccionales, est

 

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