Registro Oficial No 154 - Viernes 03 de Enero de 2014 Suplemento

Viernes, 03 de enero de 2014

Última modificación: Viernes, 09 de mayo de 2014 | 17:31

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Viernes 03 de Enero de  2014 - R. O. No. 154

SUPLEMENTO

SUMARIO             

               

Corte Constitucional del Ecuador:

Dictámenes          

032-13-DTI-CC Establécese que para la denuncia del ?Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República del Perú sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones? se requiere aprobación previa por parte de la Asamblea Nacional

               

033-13-DTI-CC Declárase que el ?Acuerdo de Cooperación Económica, Comercial y Técnica entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno del Estado de Qatar?, requiere aprobación previa por parte de la Asamblea Nacional

Sentencias           

025-12-SIS-CC  Niégase la acción de incumplimiento de sentencia constitucional planteada por el señor César Guillermo Vélez Chávez

               

003-13-SIN-CC Niéganse las demandas de inconstitucionalidad propuestas en contra del artículo 8 del Decreto Ejecutivo No. 813, publicado en el Registro Oficial No. 489 de 12 de julio de 2011

               

021-13-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección planteada por el Dr. Fabián Navarro Dávila y otros

               

081-13-SEP-CC Niégase la acción extraordinaria de protección planteada por el señor Juan Xavier Ribas Doménech

               

0096-13-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección planteada por el señor Fausto Gil Sáenz Zavala

               

098-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección planteada por el señor Edison Fabián Montúfar Sacoto

Sentencias           

099-13-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección planteada por la señora María Matilde Terán Córdova y otros

               

100-13-SEP-CC Niégase la acción extraordinaria de protección planteada por señor Luis Alberto Arteaga Carrasco

               

103-13-SEP-CC Niégase la acción extraordinaria de protección planteada por el señor Jorge Enrique Pinto Cuarán

               

Gobiernos Autónomos Descentralizados: Empresa Pública HIDROPLAYAS EP.:

Resolución           

-       Refórmase el pliego tarifario que consta en el Ordenanza reglamentaria para la provisión, uso y prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial en la jurisdicción cantonal de Playas y zonas de influencia

CONTENIDO


Quito, D. M., 26 de noviembre de 2013

DICTAMEN N.º 032-13-DTI-CC

CASO N.º 0016-13-TI

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

El economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República, mediante oficio N.º T.4766- SNJ-13-220 del 14 de marzo de 2013, remitió a la Corte Constitucional copia certificada del ?Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República del Perú sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones? y solicitó a la Corte Constitucional para que emita el dictamen de constitucionalidad correspondiente, previo y vinculante a la denuncia del mencionado instrumento internacional.

El 14 de marzo de 2013, de conformidad con lo establecido en el segundo inciso del cuarto artículo innumerado agregado a continuación del artículo 8 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, la Secretaría General de la Corte Constitucional certificó que no se ha presentado otra demanda con identidad de objeto y acción.

De conformidad con el sorteo realizado por el Pleno de la Corte Constitucional en sesión extraordinaria del 11 de abril de 2013, el secretario general, mediante memorando N.º 177-CCE-SG SUS-2013, remitió la presente causa a la jueza constitucional, Ruth Seni Pinoargote, para la respectiva sustanciación, quien avoco conocimiento de la misma mediante providencia del 11 de julio de 2013.

En sesión ordinaria llevada a cabo el 24 de julio de 2013, el  Pleno de la Corte Constitucional, en virtud de lo dispuesto en los artículos 110 numeral 1 y 111 numeral 2 literal b de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en concordancia con el artículo 71 numeral 2 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, conoció y aprobó el informe presentado por la jueza Ruth Seni Pinoargote. Además se dispuso la publicación en el Registro Oficial y en el portal electrónico de la Corte Constitucional del ?Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República del Perú sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones?, cuya denuncia se ha solicitado a fin de que en el término de 10 días, contados a partir de la publicación, cualquier ciudadano intervenga defendiendo o impugnando la constitucionalidad parcial o total del respectivo Tratado Internacional, el mismo que fue publicado, el 28 de agosto de 2013 en el suplemento del Registro Oficial N.º 68.

II. TEXTO DEL CONVENIO

?Convenio entre el Gobierno de la República del

Ecuador y el Gobierno de la República del Perú sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones?

El Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República del Perú, en adelante denominados ?Las Partes Contratantes?,

DESEOSOS de intensificar la cooperación económica para el beneficio mutuo de ambas Partes Contratantes,

ANIMADOS del propósito de crear y mantener condiciones justas, equitativas y favorables para las inversiones de inversionistas de una de las Partes Contratantes en el territorio de la otra Parte Contratante,

RECONOCIENDO que la suscripción de un Convenio para la promoción y la Protección Recíproca de Inversiones contribuirá  a estimular la iniciativa económica privada y a incrementar el bienestar de ambos pueblos,

HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE:

Artículo 1

Definiciones

Para los efectos del presente Convenio:

El término ?inversión? designa toda clase de activos de propiedad o bajo control, directo o indirecto, de un inversionista de una de las Partes Contratantes, que incluye, en particular, pero no exclusivamente:

Acciones, participaciones o derechos de participación en sociedades y en cualquier otra forma asociativa de riesgo compartido;

La propiedad de bienes muebles e inmuebles y demás derechos reales, adquiridos o utilizados con el propósito de obtener beneficios económicos o para otros fines empresariales;

Créditos, valores, derechos sobre dinero y cualquier otra prestación que tenga un valor económico directamente vinculado a una inversión específica;

Derechos de propiedad intelectual e industrial, tales como derechos de autor y derechos conexos, marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados y de los derechos obtentores de variedades vegetales;

Las concesiones otorgadas por la ley o en virtud de un contrato para el ejercicio de una actividad económica, incluidas las concesiones de prospección, exploración y explotación de recursos naturales, y;

Las reinversiones de utilidades, entendiéndose ésas como la inversión de las mismas en la propia empresa que las genera.

Cualquier alteración de la forma de la inversión no afecta su carácter como tal.

El término ?ganancias? designa a las sumas obtenidas o producidas por una inversión realizada de conformidad con este Convenio, tales como utilidades, intereses, dividendos y regalías.

El término ?inversionista? designa a:

Personas naturales que tienen la nacionalidad de cualquiera de las Partes Contratantes, de conformidad con sus leyes; o

Personas jurídicas como sociedad, corporaciones, empresas, asociaciones comerciales, instituciones u


otras entidades constituidas o establecidas al tenor de las leyes y reglamentos de una Parte Contratante y que tengan su domicilio dentro de cualquiera de las Partes Contratantes.

El término ?territorio? designa, además de las áreas enmarcadas en los límites terrestres, las zonas marítimas adyacentes y el espacio aéreo, en las cuales las Partes Contratantes ejercen soberanía y jurisdicción, de acuerdo a sus respectivas legislaciones.

Artículo 2Promoción y Protección de Inversiones

Cada una de las Partes Contratantes promoverá dentro de su territorio las inversiones de inversionistas de la otra Parte Contratante y las admitirá de conformidad con sus leyes y reglamentaciones.

Las inversiones realizadas por inversionistas de una de las Partes Contratantes en el territorio de la otra Parte Contratante, de conformidad con sus leyes y reglamentaciones de esta última, gozarán de plena protección y seguridad jurídica de este Convenio.

Cada Parte Contratante dará publicidad y difusión a las leyes y reglamentos relacionados con las inversiones de los inversionistas de la otra Parte Contratante. Igualmente, con la finalidad de incrementar los flujos de inversión, intercambiarán información sobre las oportunidades de inversión en cada Parte Contratante.

Artículo 3

Tratamiento de Inversiones

Cada Parte Contratante asegurará un tratamiento justo y equitativo para las inversiones de los inversionistas de la otra Parte Contratante realizadas de conformidad con el presente Convenio y no impedirá, con medidas arbitrarias o discriminatorias, la libre administración, utilización, uso, goce o disposición de las inversiones de los inversionistas de esa Parte Contratante.

Cada Parte Contratante, específicamente, concederá a tales inversiones, un trato no menos favorable que el concedido a las inversiones de sus propios inversionistas o a las inversiones de inversionistas de un tercer Estado, considerándose el que sea más favorable para las inversiones de los inversionistas de la otra Parte Contratante.

Si de las disposiciones legales de una de las Partes Contratantes o de lo convenido por las Partes Contratantes, más allá de lo acordado en el presente Convenio, resultare una reglamentación general o especial en virtud de la cual deba concederse a las inversiones de los inversionistas de la otra Parte Contratante un trato más favorable que el previsto en el presente Convenio, dicha reglamentación prevalecerá sobre el mismo, en cuanto sea más favorable.

El trato convenido por el presente artículo no se extenderá a los beneficios y ventajas que una de las Partes Contratantes conceda a los nacionales o sociedades de terceros Estados por formar parte de una unión aduanera o económica, un mercado común o una zona de libre comercio, acuerdos bilaterales o regionales celebrados con terceros Estados, incluyendo los convenios de integración y desarrollo fronterizos.

Dicho trato tampoco se extenderá a los privilegios que una de las Partes Contratantes concede a los nacionales o sociedades de terceros Estados por formar parte de una unión aduanera o económica, un mercado común o una zona de libre comercio, acuerdos bilaterales o regionales celebrados con terceros Estados, incluyendo los convenios de integración y desarrollo fronterizos.

Artículo 4

Expropiaciones

Las inversiones de inversionistas de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante no serán expropiadas, nacionalizadas o sometidas a cualquier otra medida que tenga un efecto equivalente a la expropiación o nacionalización (en adelante denominada ?expropiación?), salvo por razones de seguridad nacional, necesidad pública u orden social, sobre una base no discriminatoria y bajo el debido proceso legal.

Tales medidas irán acompañadas de disposiciones para el pago de una compensación rápida, adecuada y efectiva. La suma de dicha compensación corresponderá al valor justo de la inversión expropiada en el momento inmediatamente antes de hacer la expropiación o en que la misma se anunciará o se hiciera de conocimiento público, lo que sucediera primero. Dicho valor justo será expresado en una divisa de libre conversión sobre la base del tipo de cambio de mercado existente para dicha divisa en ese momento. La compensación incluirá también los intereses a la tasa comercial del mercado vigente, desde la fecha de la expropiación hasta la fecha efectiva de pago.

El inversionista cuya inversión es expropiada tendrá derecho a una revisión rápida por parte de las autoridades judiciales u otras autoridades competentes de la Parte Contratante, tanto de su caso como del avalúo de la compensación de conformidad con los principios contenidos en este artículo.

Artículo 5

Compensaciones por pérdidas

Los inversionistas de una de las Partes Contratantes que sufran pérdidas en sus inversiones por efecto de guerra u otro conflicto armado, revolución, estado de emergencia nacional, estado de sitio, insurrección u otros eventos militares, en el territorio de la Parte Contratante, serán tratados por ésta última no menos favorablemente que a sus propios inversionistas en lo que respecta a restituciones, compensaciones e indemnizaciones.


Artículo 6

Transferencias

Cada Parte Contratante garantizará a los inversionistas de la otra Parte Contratante la libre transferencia de los pagos relacionados con una inversión registrada ante la autoridad nacional competente, en particular, aunque no exclusivamente:

El capital de la inversión y las reinversiones que se efectúen de acuerdo a las leyes y reglamentaciones de esa Parte Contratante;

Ganancias;

La amortización de los créditos y otras prestaciones definidas en el literal

del párrafo 1 del artículo 1 del presente Convenio;

El producto de la venta total o parcial de la inversión, o de su liquidación;

Las indemnizaciones y compensaciones previstas en los artículos 4 y 5 de este Convenio, respectivamente; (f) Los pagos resultantes del arreglo de controversias previstas en los artículos 8 y 9.

2.             La transferencia se efectuará en una moneda libremente convertible, sin restricción ni demora.

Artículo 7

Subrogación

Si una de las Partes Contratantes o su agente o agencia, autorizado o designado, efectúa pagos a sus inversionistas en virtud de una ganancia otorgada por una inversión contra riesgos no comerciales en el territorio de la otra Parte Contratante, esta última, sin perjuicio de los derechos que en virtud del artículo 9 correspondería a la primera Parte Contratante, reconocerá la subrogación en todos los derechos de aquellos inversionistas a la primera Parte Contratante o a su agente o agencia, autorizado o designado, bien sea por disposición legal o por acto jurídico.

Asimismo, la otra Parte Contratante reconocerá la causa y el alcance de la subrogación de la primera Parte Contratante o de su agente o agencia, autorizado, o designado, en todos estos derechos del titular anterior, conferidos de acuerdo al presente Convenio.

Artículo 8

Arreglo de Controversias entre una Parte Contratante y

un Inversionista de la otra Parte Contratante

Las controversias que surgieren entre una de las Partes Contratantes y un inversionista de la otra Parte Contratante en relación con las inversiones realizadas de conformidad con el presente Convenio deberán, en lo  posible, ser amigablemente dirimidas entre las partes en la controversia.

Si una controversia en el sentido del párrafo (1) no pudiera ser resuelta dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha en que una de las partes en la controversia la haya notificado a la Otra, será sometida:

Al tribunal competente de la Parte Contratante en cuyo territorio se hubiera efectuado la inversión; o,

A arbitraje internacional del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), creado por el ?Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados?, firmado en Washington el 18 de marzo de 1965.

3.             Una vez que se haya sometido la controversia al tribunal competente de la Parte Contratante en cuyo territorio se hubiere efectuado la inversión o arbitraje internacional, la elección de uno u otro procedimiento será definitiva.

4.             El laudo arbitral será definitivo y vinculante.

Artículo 9

Arreglo de Controversias entre las Partes Contratantes

Las controversias que surgieren entre las Partes Contratantes sobre la interpretación o aplicación del presente Convenio deberán, en lo posible, ser dirimidas por las Partes Contratantes a través de sus canales diplomáticos.

Si una controversia no pudiere ser resuelta de esa manera, dentro del plazo de seis meses, contados desde la fecha en que una de las Partes Contratantes en la controversia la haya notificado a la Otra, será sometida a un Tribunal Arbitral a petición de una de las Partes Contratantes.

El Tribunal Arbitral será constituido de manera ad-hoc. Cada Parte Contratante nombrará un miembro y los dos miembros se pondrán de acuerdo para elegir como Presidente a un nacional de un tercer Estado que será nombrado por las Partes Contratantes. Los miembros serán nombrados dentro de un plazo de dos meses y el Presidente dentro del plazo de tres meses, después de que una de las Partes Contratantes haya comunicado a la Otra que desea someter la controversia a un Tribunal Arbitral.

Si los plazos previstos en el párrafo (3) no fueran observados, ya a falta de otro arreglo, cada Parte Contratante podrá invitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia a proceder a los nombramientos necesarios. En caso de que el Presidente fuere nacional de una de las Partes Contratantes o se hallase impedido por otra causa de realizar dichos nombramientos, corresponderá al Vicepresidente efectuar los mismos. Si el Vicepresidente también fuere nacional de una de las


Partes Contratantes o sí se hallase también impedido de realizar dichos nombramientos, corresponderá hacerlo al miembro de la Corte que siga inmediatamente en el orden jerárquico y no sea nacional de una de las Partes Contratantes.

El Tribunal Arbitral tomará sus decisiones por mayoría de votos. Sus decisiones serán definitivas y vinculantes. Cada Parte Contratante sufragará los gastos ocasionados por la actividad de su árbitro, así como los gastos de su representación en el procedimiento arbitral. Los gastos del Presidente, así como los demás gastos, serán sufragados en partes iguales por las Partes Contratantes. El Tribunal Arbitral determinará su propio procedimiento.

Artículo 10

Interrupción de Relaciones Diplomáticas o Consulares

Las disposiciones del presente Convenio continuarán siendo plenamente aplicables, independientemente de que existan o no relaciones diplomáticas o consulares entre las Partes Contratantes.

Artículo 11

Aplicación del Convenio

El presente Convenio se aplicará a las inversiones existentes en los territorios de las Partes Contratantes a la fecha de su entrada en vigor, así como aquéllas que se efectúen con posterioridad a dicha fecha. Sin embargo este Convenio solo se aplicará a las controversias sobre hechos y actos que hubieren surgido con posterioridad a su entrada en vigor.

El presente Convenio no será aplicable a controversias sobre hechos y actos acaecidos con anterioridad a su entrada en vigor, incluso si sus efectos perdurarán después de éste.

Artículo 12

Entrada en Vigor, Duración y Terminación del

Convenio

Las Partes Contratantes se notificarán mutuamente cuando las formalidades de sus respectivas legislaciones para la entrada en vigor del presente Convenio se hayan cumplido.

El presente Convenio entrará en vigencia treinta días después de la fecha de la segunda notificación. Su duración será de quince años y se prolongará después por tiempo indefinido, a menos que una de las Partes Contratantes comunique por escrito a la otra Parte Contratante su intención de darlo por terminado seis meses antes de su expiración.

Transcurridos quince años, el Convenio podrá denunciarse, en cualquier momento, con un preaviso de seis meses.

4.             Para inversiones realizadas antes de la fecha de terminación de este Convenio, éste seguirá rigiendo durante los quince años subsiguientes a dicha fecha.

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados al efecto por sus respectivos Gobiernos, han suscrito el presente Convenio.

HECHO en la ciudad de Lima, al séptimo día del mes de abril de mil novecientos noventa y nueve, en dos ejemplares en idioma castellano, siendo ambos textos igualmente idénticos.

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLCIA DEL ECUADOR

f.) Horacio Sevilla Borja, Embajador del Ecuador en el Perú.

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

f.) Fernando de Trazegnies Granda, Ministro de Relaciones Exteriores.

Pronunciamiento de persona interesada defendiendo o impugnando la constitucionalidad del instrumento internacional

Una vez publicado el ?Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República del Perú sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones? en el suplemento del Registro Oficial N.º 68, el 28 de agosto de 2013, no se produjo intervención ciudadana, defendiendo o impugnando la constitucionalidad del presente instrumento internacional.

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA

CORTE CONSTITUCIONAL

Competencia de la Corte

La Corte Constitucional es competente para conocer y emitir el presente dictamen previo y vinculante de constitucionalidad, con respecto a la denuncia de un tratado internacional de conformidad con lo previsto en el artículo 438 numeral 1 de la Constitución de la República, que establece:

?La Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante de constitucionalidad en los siguientes casos, además de los que determine la ley: 1. Tratados internacionales, previamente a su ratificación por parte de la Asamblea Nacional?.

Al respecto de este último enunciado, el artículo 108 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece en la parte pertinente que:

?Art. 108.- Tratados que requieren aprobación de la Asamblea Nacional.- La ratificación o denuncia de los tratados y otras normas internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que:


Se refieran a materia territorial o de límites;

Establezcan alianzas políticas o militares;

Contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley;

Se refieran a los derechos y garantías establecidas en la Constitución;

Comprometan la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales;

Comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio;

Atribuyan competencias propias del orden jurídico interno a un organismo internacional o supranacional; y,

Comprometan el patrimonio natural y en especial el agua, la biodiversidad y su patrimonio genético.

En todos estos casos, en un plazo máximo de diez días después de que se emita el dictamen previo y vinculante de constitucionalidad expedido por la Corte Constitucional, la Presidencia de la República deberá remitir a la Asamblea Nacional, el tratado u otra norma internacional junto con el referido dictamen.

Por su parte, el artículo 419, de la Constitución de la República también establece: La ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que:

1. Se refieran a materia territorial o de límites.

2. Establezcan alianzas políticas o militares.

3. Contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley.

4. Se refieran a los derechos y garantías establecidas en la Constitución.

5. Comprometan la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales.

6. Comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio.

7. Atribuyan competencias propias del orden jurídico interno a un organismo internacional o supranacional.

8. Comprometan el patrimonio natural y en especial el agua, la biodiversidad y su patrimonio genético.

Lo mencionado tiene a su vez concordancia con los artículos 75 numeral 3, literal d; desde el artículo 107 al 112 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y de acuerdo con los artículos 69 al 72 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional.

De conformidad con las atribuciones conferidas en el artículo 107, numeral 1, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Corte Constitucional es competente para realizar el presente control constitucional y emitir un dictamen sobre la necesidad de aprobación legislativa.

Siendo el estado de la causa el de resolver, esta Corte procede a efectuar el análisis correspondiente.

2.- Naturaleza jurídica, del control de constitucionalidad de los Tratados Internacionales frente a la denuncia de los mismos

La Constitución de la República, respecto al control de constitucionalidad de los Instrumentos Internacionales, dispone que todo convenio, pacto, acuerdo, tratado, etc., deba mantener compatibilidad con sus normas.

Partiendo de esta premisa constitucional, el artículo 417 determina que: ?Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución??.



 

1              Artículo 56. Denuncia o retiro en el caso de que el tratado no contenga disposiciones sobre la terminación, la denuncia o el

retiro.

2              La Corte Constitucional de Colombia, dentro de su sentencia No. C-228-11, manifestó: El mandato de progresividad y no regresión implica que una vez alcanzado un determinado nivel de protección, la amplia libertad de configuración del legislador en materia de derechos sociales se ve menguada, al menos en un aspecto: todo retroceso frente al nivel de protección alcanzado debe presumirse en principio inconstitucional, y por ello está sometido a un control judicial estricto.

3              Es el tipo de democracia en la que el pueblo gobierna a través de delegados elegidos mediante sufragio secreto, para que integren los diversos órganos que ejercen atributos de autoridad. Es una forma de gobierno en la cual: 1) existe derecho de voto, 2) derecho de ser elegido, 3) derecho de los líderes a competir por conseguir apoyo y votos, 4) elecciones libres y justas, 5) libertad de asociación, 6) libertad de expresión, 7) fuentes alternativas de información. ?Sistema de Información Legislativa?, Fecha y hora de ingreso: 30-10- 2013, 09h56.

El examen de constitucionalidad de los tratados internacionales implica analizar si el contenido de dichos instrumentos jurídicos guarda conformidad con las normas de la Constitución de la República, así como el cumplimiento de las reglas procedimentales para su negociación y suscripción, conforme lo previsto en el artículo 108 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

La denuncia de los tratados internacionales

La denuncia motivo de este estudio es uno de los modos de terminación de los tratados, inclusive en el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, se encuentra reconocida a la denuncia en el artículo 561, como una de las circunstancias contempladas como causas de terminación de los tratados, siempre que conste la intención de las partes en autorizarla o se deduzca de la naturaleza del tratado.

1. Un tratado que no contenga disposiciones sobre su terminación ni prevea la denuncia o el retiro del mismo, no podrá scr objeto de denuncia o de retiro a menos:

a) que conste que fue intención de las partes admitir la posibilidad de denuncia o de retiro; o

b) que el derecho de denuncia o de retiro pueda inferirse de la naturaleza del tratado.

2. Una parte deberá notificar con doce meses, por lo menos, de antelación su intención de denunciar un tratado o de retirarse de él conforme al párrafo 1.

El efecto que nace de la denuncia a un tratado internacional es su salida del ordenamiento jurídico, circunstancia que para esta exposición, deberá estar sometida a un marco de respeto al conocido principio de no regresividad2 a los derechos constitucionales ya reconocidos a favor de las personas.

En este sentido, el artículo 11 numeral 8 de la Constitución determina que: ?Será inconstitucional cualquier acción u omisión decarácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos?, acción que enmarca inclusive a la denuncia de un tratado internacional y su consecuente salida del ordenamiento jurídico.

El rol de la Asamblea Nacional en la ratificación o denuncia de los tratados y convenios internacionales

El control de constitucionalidad del presente Convenio, consiste en determinar la necesidad de aprobación legislativa del mismo, según lo dispuesto en el artículo 107 numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Dentro de un sistema de democracia representativa3, el rol que asume el órgano legislativo es fundamental, pues simboliza la voluntad popular expresada mediante sus representantes en la Asamblea Nacional; por tal razón, actuando a nombre y en representación de sus mandantes, los legisladores deben aprobar de manera previa la ratificación o denuncia de los tratados internacionales, ya que de ese pronunciamiento depende que el Ecuador participe o no de un compromiso internacional.

Para expresar su aprobación, la Asamblea Nacional debe observar lo previsto en el artículo 419 de la Constitución de la República, el mismo que fue mencionado con anterioridad, pues señala los casos en los cuales es necesaria la aprobación legislativa previa para la ratificación o denuncia de los tratados internacionales.

Control de constitucionalidad del Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República del Perú sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones

Control formal de la suscripción del Convenio

El ?Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República del Perú sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones?, fue suscrito el 07 de abril de 1999 en la ciudad de Lima y ratificado mediante Decreto Ejecutivo N.º 1325-A del 01 de octubre de 1999, conforme el procedimiento previsto en las normas constitucionales vigentes a esa época, obligándose desde entonces el Ecuador al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República del Perú sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.

Control material de constitucionalidad del Convenio

El presidente de la República sostiene que el ?Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República del Perú sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones?, así como otros de la misma naturaleza, suscritos por el Ecuador con otros países, ?contienen cláusulas contrarias a la Constitución y lesivas para los intereses nacionales, y que desconocen la jurisdicción ecuatoriana?; a pesar de que este tipo de tratados respetan la soberanía tributaria de los países receptores de inversión, los Tribunales Arbitrales la han desconocido al considerar que una medida tributaria es confiscatoria; por tanto, corresponde a esta Corte examinar su contenido, a fin de establecer si dicho instrumento jurídico internacional guarda o no conformidad con el texto constitucional.

De esta manera, corresponde a esta Corte efectuar el control de constitucionalidad pertinente, con la finalidad de determinar si el referido instrumento internacional es de aquellos enumerados en el artículo 419 de la Constitución de la República, mismos que en virtud de la materia que regulan, requieren de aprobación legislativa.

Al respecto, la Corte Constitucional efectúa el siguiente análisis:

El artículo 1 define los términos a ser empleados en el Convenio, tales como:

1) ?Inversión?, entendiendo como tales los activos así: acciones, participaciones o derechos, bienes muebles e inmuebles, derechos reales adquiridos o utilizados; créditos, valores derechos sobre dinero; derechos de propiedad intelectual e industrial; reinversiones de utilidades y cualquier concesión otorgada por ley.

2) ?Ganancias?, entendiendo como tales a las sumas obtenidas o producidas por una inversión en marco del presente Convenio (utilidades, dividendos, intereses y regalías).

3) ?Inversionista?, entendiendo como tales a las personas  naturales que tengan la nacionalidad peruana o ecuatoriana, y/o jurídicas que hayan sido constituidas conforme a las leyes de cada uno de estos países.

4) ?Territorio?, entendiendo como tal al área que se enmarca la soberanía de las Partes Contratantes.

El artículo 2 obliga a la promoción y protección de las Partes Contratantes, para impulsar a los inversionistas de la otra Parte a efectuar inversiones en su territorio y otorgarles publicidad y difusión conforme a sus leyes y reglamentos, facilitando la plena protección y seguridad jurídica que permite el Convenio.

El artículo 3 garantiza a las inversiones de cada Parte Contratante y las actividades relacionadas con las mismas, un trato justo y equitativo, así como la protección en el territorio de la otra Parte, trato que no será menos favorable que los acordados a favor de inversionistas de terceros Estados, aclarándose que este tratamiento y protección no incluye los tratos preferenciales acordados por cada Parte a favor de inversionistas de un tercer país, respecto de uniones aduaneras, zonas de libre comercio, uniones económicas, acuerdos relativos a la supresión de doble tributación o para facilitar el comercio de frontera.

El artículo 4 determina que ninguna de las Partes expropiará, nacionalizará o tomará medidas sucesivas en contra de las inversiones de inversionistas de la otra Parte en su territorio, salvo necesidad pública o seguridad nacional. Y tales medidas irán acompañadas siempre de una justa compensación.

El artículo 5 señala que los inversionistas de una Parte Contratante, que hayan sufrido pérdida de sus inversiones en el territorio de la otra Parte, a causa de guerra, estado de emergencia, insurrección, u otros similares, recibirán de la otra Parte un trato no menos favorable que a sus propios inversionistas.

El artículo 6 dispone que cada Parte garantice a los inversionistas de la otra Parte, la libre transferencia de pagos a una inversión registrada a sus leyes y reglamentos, pagos que se harán en moneda convertible.

El artículo 7 dispone que si una de las Partes o una de sus entidades competentes realiza un pago a un inversionista bajo una garantía otorgada por una inversión frente a riesgos no comerciales, en el territorio de la otra Parte Contratante, esta reconocerá la subrogación de dicha Parte o su entidad sobre tal derecho y además se reconocerá el alcance de esta subrogación.

El artículo 8 estipula que cualquier conflicto entre las Partes, relacionado con las inversiones estipuladas en el Convenio, debe ser resuelto de la manera más amigable; si ello no es posible en el plazo de seis meses desde su notificación, la controversia será puesta ante el Tribunal Competente en el territorio del contratante o ante Arbitraje Internacional del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), y cual fuere la elección será definitiva, igual que el laudo arbitral que será también vinculante.

El artículo 9 determina que cualquier conflicto existente por la aplicación o interpretación del presente Convenio deberá ser dirimido por canales diplomáticos, si no es así se otorgará un plazo de seis meses desde su notificación para que sea sometido a un Tribunal Arbitral ad hoc, donde cada Parte nombrará un miembro y los dos miembros se pondrán de acuerdo para elegir como Presidente a un nacional de un tercer Estado, los miembros serán nombrados dentro de un plazo de dos meses y el presidente dentro del plazo de tres meses. Y si estos plazos no son observados los nombramientos serán colocados por el presidente de la Corte Internacional de Justicia y si el mismo fuere nacional de una de las Partes será el vicepresidente, sino en orden jerárquico. El Tribunal mencionado tomará las decisiones por mayoría de votos, decisiones que serán definitivas y vinculantes. Los gastos serán sufragados por las Partes, en razón de su árbitro y de su representación; mientras que los gastos que amerite el presidente serán divididos entre las Partes. Y será el mismo Tribunal que determine su propio procedimiento.

El artículo 10 establece que las disposiciones del Convenio son aplicables independientemente de las relaciones diplomáticas o consulares entre las Partes.

El artículo 11 señala que el Convenio se aplicará a inversiones efectuadas por inversionistas de cualquiera de las Partes Contratantes, antes o después de la entrada en vigor del Convenio, mientras que las controversias tendrán que ser presentadas solamente con fecha posterior.

El artículo 12 establece que las Partes se notificarán mutuamente cuando las formalidades de la entrada en vigor del Convenio se hayan cumplido en cada territorio, el mismo que entrará en vigencia 30 días después de la segunda notificación, tendrá una duración de quince años y se prolongará por tiempo indefinido. Transcurridos esos quince años, el Convenio puede denunciarse con preaviso de seis meses. La terminación por una de las partes se hará igualmente con seis meses de antelación. Y para inversiones realizadas con anterioridad a la fecha de terminación, este seguirá rigiendo durante quince años después.

Análisis constitucional del Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República del Perú sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones

La denuncia del presente instrumento internacional, tiene directa relación con la atribución de competencias propias del orden jurídico interno a un organismo internacional como es el CIADI, creado por el ?Convenio sobre arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados?, el cual fue denunciado mediante Decreto Ejecutivo N.º 1823, publicado en el Registro Oficial N.º 632 del 13 de julio de 2009.

De esta forma, el ?Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República del Perú sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones?, se ubica dentro de lo dispuesto en el artículo 419 numeral 7 de la

Constitución de la República que expresamente determina: ?La ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que: (?) 7.-Atribuyan competencias propias del orden jurídico interno a un organismo internacional o supranacional?.

Por tal razón, al encontrarse la denuncia del presente instrumento internacional, dentro de aquello que requieren de aprobación legislativa, corresponde a la Corte Constitucional realizar un control automático de constitucionalidad, previo al conocimiento de dicho instrumento por parte de la Asamblea Nacional, conforme lo establecido en el artículo 110 numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

El Convenio internacional, objeto del presente análisis, celebrado entre la República de Ecuador y la República de Perú, tiene como objetivo el fomento y protección recíprocos de inversiones, para lo cual ambas Partes han convenido en crear condiciones favorables para las inversiones efectuadas por inversionistas de cada una de las Partes Contratantes en el territorio de la otra Parte Contratante; además, se indica que las Partes (Ecuador y Perú) desean ?intensificar la cooperación económica de ambos Estados sobre la base del beneficio mutuo?, como se indica en el preámbulo del instrumento jurídico internacional que se analiza.

Mediante el convenio se garantiza a los inversionistas de cada una de las Partes, la posibilidad de invertir en el otro Estado, sujetándose a la legislación interna del Estado receptor de inversiones, gozando de un trato justo y equitativo, así como de la protección por parte del Estado receptor, los cuales no serán menos favorables que los acordados respecto de inversiones de inversionistas de terceros países. Sumado a ello, el Estado receptor de inversiones no podrá expropiar tales inversiones de los inversionistas de la otra Parte, a menos que sea mediante declaratoria de utilidad pública, en virtud de un trámite legal interno, sin discriminación y a cambio de una justa compensación.

Las relaciones internacionales entre los sujetos del derecho internacional público son de índole económica, política, social, cultural, religiosa. En muchas ocasiones estas relaciones presentan marcadas diferencias que hay que controlar y conciliar para que la comunidad internacional cumpla con sus fines comunes de garantizar la paz y seguridad internacional4. Es por ello, que el derecho internacional público prevé formas para solucionar las controversias internacionales a través de medios pacíficos diplomáticos (negociación, buenos oficios, mediación, investigación y conciliación); de los medios pacíficos jurídicos (arbitraje y arreglo judicial) y los medios violentos o coactivos (retorsión, ruptura de relaciones diplomáticas, represalia, bloqueo, ultimátum y la guerra) para la solución del conflicto que se presente5.

Estas formas de desacuerdos o divergencias sobre determinados temas son conocidos como ?conflictos internacionales?. En la doctrina internacional existen numerosas concepciones sobre lo que se considera como un conflicto internacional. La EUMED determina que un conflicto internacional nace cuando entre dos actores del sistema internacional surge un contraste de intereses que tiende a prolongarse en el tiempo. Puede ser no violento (mientras se apele a procedimientos diplomáticos) o violento (mediante el empleo de medios militares). Un conflicto internacional puede comenzar luego de una decisión, por oportunismo, por contragolpe o por maduración6.

Entre los medios jurídicos de solución pacífica de conflictos se encuentra el arbitraje, presentándose este como un procedimiento bastante utilizado y muy acogido; a través del cual se somete una controversia, por acuerdo de las partes, a un árbitro o a un tribunal de varios árbitros que dicta una decisión sobre la controversia que es obligatoria para las partes. Al escoger el arbitraje, las partes optan por un procedimiento privado de solución de controversias. Además de seleccionar árbitros de nacionalidad apropiada, las partes pueden especificar elementos tan importantes como el derecho aplicable, el idioma y el lugar en que se celebrará el arbitraje. Esto permite garantizar que ninguna de las partes goce de las ventajas derivadas de presentar el caso ante sus tribunales nacionales7.

El ?Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República del Perú sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones? fue suscrito el 07 de abril de 1999 en la ciudad de Lima y ratificado mediante Decreto Ejecutivo N.º 1325-A del 01 de octubre de 1999; es decir, cuando se encontraban vigentes las codificaciones de la Constitución de 1993 (Ley 25, Registro Oficial N.º 183 del 05 de mayo de 1993) y la de 1997 (Registro Oficial N.º 2 del 13 de febrero de 1997), respectivamente, en las cuales no existía la prohibición de celebrar dicho tratado, por el cual el Ecuador se somete a la jurisdicción y competencia de tribunales arbitrales, tanto para el caso de controversias entre los Estados Partes (Ecuador y Perú) derivadas de la interpretación y aplicación del Convenio, como de las controversias surgidas, en relación con una inversión, entre un inversionista nacional de alguno de estos Estados y el Estado receptor de inversiones, por tanto no se transgredía ninguna norma constitucional.

En cambio, al expedirse la actual Constitución a partir de octubre de 2008, se estableció un nuevo modelo de constitucionalidad en el Ecuador, al cual se debe sujetar todo el ordenamiento jurídico, así como el procedimiento y condiciones para la suscripción y ratificación de los convenios internacionales, asimismo para el proceso de denuncia.

Los objetivos señalados en el ?Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República del Perú sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones? guardan relación con la norma contenida en el artículo 416 numeral 1 de la Constitución de la República, esto es que el Ecuador, en sus relaciones internacionales, ?proclama (?) la cooperación, la integración y la solidaridad?. En este aspecto y en el marco de las normas contenidas en el referido Convenio, los ciudadanos ecuatorianos han podido efectuar inversiones de varios tipos en la República de Perú, así como los nacionales de ese Estado lo han hecho en el Ecuador, para lo cual han debido sujetarse a las disposiciones del ordenamiento jurídico de cada uno de los Estados receptores de inversiones.

Sin embargo, se advierten dos normas que disponen el sometimiento del Ecuador a decisión de tribunales arbitrales ad hoc, que presuntamente podrían considerarse lesivas a los intereses del Ecuador, aspecto que debe ser analizado por la Corte Constitucional. Las citadas normas se encuentran contenidas en los artículos 8 y 9 del referido instrumento internacional.

El artículo 8 del Convenio estipula que cualquier conflicto entre las Partes, relacionado con las inversiones estipuladas en el mismo, debe ser resuelto de la manera más amigable; si ello no es posible en el plazo de seis meses desde su notificación, la controversia será puesta ante el Tribunal Competente en el territorio del contratante o ante Arbitraje Internacional, y cual fuere la elección será definitiva, igual que el laudo arbitral que será también vinculante.

Como ya se ha manifestado en las consideraciones precedentes, el arbitraje es una institución reconocida por el derecho internacional público para la solución de controversias surgidas entre dos o más Estados. De ahí que, en caso de surgir controversias entre Ecuador



 

4              HERNANDEZ VILLALOBOS, Larys y MANASÍA FERNÁNDEZ, Nelly; ?Conflictos Internacionales; Medios de Solución y Derecho Internacional Humanitario?; Avance del proyecto de investigación ?Los Conflictos Internacionales y sus Medios de Solución?, registrado ante el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CONDES), bajo el No. 0332-2004; Maracaibo-Venezuela.

5              Ídem.

6              EUMED (Enciclopedia Jurídica), Glosario de Conceptos Políticos Usuales, Fecha y hora de ingreso: 30-10-2013, 14h26.

7              WIPO; ADR (Arbitration and Mediation Center), Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, GLOSARIO DE TÉRMINOS.

y Perú respecto de la interpretación y/o aplicación del ?Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República del Perú sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones?, y que estas no puedan ser resueltas por consultas a través del canal sencillo, es completamente válido recurrir al arbitraje sin que ello implique afectar la soberanía nacional ni ceder jurisdicción alguna, ya que de conformidad con el artículo 416 numeral 9 de la Constitución de la República, el Ecuador reconoce el derecho internacional como norma de conducta.

En cuanto a lo dispuesto en el artículo 9 del Convenio celebrado con la República del Perú, dicha norma determina que cualquier conflicto existente por la aplicación o interpretación del presente Convenio deberá ser dirimido por canales diplomáticos, sino es así se otorga un plazo de seis meses desde su notificación para que sea sometido a un Tribunal Arbitral ad hoc, donde cada Parte nombrará un  miembro en el plazo de dos meses convirtiéndose el tercero en presidente, el mismo que será nacional de un tercer Estado con un plazo de nombramiento de tres meses. Y si estos plazos no son observados los nombramientos serán colocados por el presidente de la Corte Internacional de Justicia y si es nacional de las Partes será el vicepresidente, sino en orden jerárquico. El Tribunal mencionado tomará las decisiones por mayoría de votos, decisiones que serán definitivas y vinculantes. Los gastos serán sufragados por las Partes en razón de su árbitro y de su representación; mientras que los gastos que amerite el presidente serán divididos entre las Partes. Y será el mismo Tribunal que determine su propio procedimiento.

En primer lugar, el numeral 1 de dicho artículo establece la opción de solucionar la controversia en forma amistosa a través de negociaciones directas entre las partes en conflicto, forma de actuar que guarda concordancia con el artículo 416 numeral 2 de la Constitución de la República, en cuanto señala que el Ecuador propugna la solución pacífica de las controversias.

En los numerales 2 y 3 del mismo artículo 9 del Convenio se determina que de no lograrse un arreglo por medio de conversaciones entre las partes del conflicto, dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha en que una de las Partes haya notificado a la otra, será sometida a un Tribunal Arbitral ad hoc a petición de una de las Partes contratantes.

Sobre este aspecto es necesario determinar algunos elementos que especifican el alcance y consecuencias de esta norma contenida en el Convenio, para lo cual se analiza que los inversionistas de un Estado Parte (personas naturales o jurídicas), en base al Convenio suscrito entre Ecuador y la República del Perú, pueden efectuar inversiones en el otro Estado (receptor de inversiones), actividad que lógicamente, puede ser puesta en práctica a través de la existencia de una relación contractual o de índole comercial con el Estado receptor de inversiones.

El artículo 422 de nuestra Constitución dispone lo siguiente en su parte pertinente:

?No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas.

Se exceptúan los tratados e instrumentos internacionales que establezcan la solución de controversias entre Estados y ciudadanos en Latinoamérica por instancias arbitrales regionales o por órganos jurisdiccionales de designación de los países signatarios. No podrán intervenir jueces de los Estados que como tales o sus nacionales sean parte de la controversia?.

De la norma citada se infieren dos aspectos:

1)            La ratificación de que el arbitraje es una institución reconocida por el derecho internacional público, al cual  el Ecuador reconoce como norma de conducta para desenvolverse en el concierto internacional de naciones en determinados asuntos.

2)            La expresa prohibición de celebrar convenios o tratados internacionales en los que el Ecuador ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias relativas a asuntos contractuales o comerciales con personas naturales o jurídicas privadas.

En el presente caso, el contenido del artículo 9 numeral 3 del Convenio, puesto en conocimiento de esta Corte, somete al Ecuador a un Tribunal Arbitral ad hoc, para la resolución de controversias surgidas con un inversionista (persona natural o jurídica) que tenga la nacionalidad de la República del Perú, lo que implica renunciar a la ?Jurisdicción del Estado?, considerada como una de las manifestaciones más importantes de la soberanía territorial y que se refiere a la administración de justicia por tribunales del Estado8 (Ecuador); por tanto, la citada norma del Convenio objeto de análisis contraviene lo preceptuado en el primer inciso del artículo 422 del texto constitucional, por lo que es procedente su denuncia.

La denuncia implica una serie de requisitos, siendo uno de ellos, que la posibilidad de denuncia unilateral esté reflejada en una cláusula específica y condicionada por el principio de buena fe, pero sobre todo, por el respeto al resto de las partes en el tratado9.

Si bien del análisis efectuado al ?Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República del Perú sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones? se advierte, de manera concreta, que son los numerales 2 y 3 del artículo 9 del citado instrumento internacional el que se halla en contradicción con el artículo 422 de la Constitución de la República.

Debe tomarse en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 44 de la Convención de Viena, sobre el derecho de los Tratados, ?el derecho de una Parte, provisto en un tratado o emanado del artículo 56, a denunciar ese tratado, retirarse de él o suspender su aplicación, no podrá ejercerse sino con respecto a la totalidad del tratado, a menos que el tratado disponga o las partes convengan otra cosa al respecto? (El énfasis le pertenece a la Corte); por tanto, la denuncia que se efectúa del tratado objeto de análisis, afecta a la totalidad del mismo, siendo la consecuencia de ello que el Ecuador deje de ser parte de dicho instrumento internacional.



 

8              ?Diccionario de Derecho Internacional? del Embajador Miguel A. Vasco ? Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, año 2005.

9              DE FARAMIÑAN GILBERT, Juan Manuel, Catedrático de la Universidad de Jaén, comentando la obra ?La Denuncia de los Tratados. Régimen en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 y Práctica Estatal? de CONDE PÉREZ E. ? Ed. Congreso de Diputados Colección Monografías ? año 2007.


IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional emite el siguiente:

DICTAMEN

Establecer que para la denuncia del ?Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República del Perú sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones?, suscrito por el Estado ecuatoriano el 07 de abril de 1999, se requiere aprobación previa por parte de la Asamblea Nacional, por encontrarse dentro de los casos que establece el artículo 419 numeral 7 de la Constitución de la República.

Declarar que el artículo 9 numerales 2 y 3 del ?Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República del Perú sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones? son incompatibles con lo dispuesto en el primer inciso del artículo 422 de la Constitución de la República del Ecuador.

 

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