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Registro Oficial No 81 - Lunes 16 de Septiembre de 2013 Suplemento

Lunes, 23 de septiembre de 2013

Última modificación: Lunes, 23 de septiembre de 2013 | 11:09

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Lunes 16 de Septiembre de  2013 - R. O. No. 81

 

 

SUPLEMENTO

 

SUMARIO

               

Gobiernos Autónomos Descentralizados: Ordenanzas Municipales:

 

 

Ordenanzas         

 

-       Cantón Balao: De organización del Sistema de Protección Integral

 

               

-       Cantón El Empalme: Que regula y norma la protección ambiental

 

               

-       Cantón San Jacinto de Yaguachi: De creación de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR)

 

               

-       Cantón Santa Rosa: Que reforma a la reforma a la Ordenanza general normativa para la determinación, gestión, recaudación e información de las contribuciones especiales de mejoras, por obras ejecutadas

 

               

-       Cantón Sevilla de Oro: De titularización, regularización de la propiedad, partición y adjudicación administrativa de predios

 

 

CONTENIDO

 


 

EL CONCEJO CANTONAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALAO,

PROVINCIA DEL GUAYAS

 

Considerando:

 

Que, el artículo 1, de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: ?El Ecuador es un estado Constitucional de Derechos y justicia social?.

 

Que, el artículo 3, de la Constitución de la República del  Ecuador, dispone que: ?Son deberes primordiales del estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, salud, la alimentación, la seguridad social, y el agua para sus habitantes?.

 

 

Que, el artículo 10, de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: ?Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los  derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales?.

 

Que, el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador define que: ?Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad; y, el numeral 9 establece que, el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución?.

 

Que, el artículo 35, de la Constitución de la República del Ecuador, consagra que: ?Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad?.

 

Que, los artículos 36, 37 y 38, de la Constitución de la República del Ecuador, reconocen y garantizan los derechos de las personas adultas mayores.

 

Que, el artículo 39, de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce a las y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país.

 

Que, los artículos 40, 41 y 42, de la Constitución de la República del Ecuador, enuncia el derecho de las personas a migrar así como ordena los derechos de las personas, cualquiera sea su condición migratoria.

 

Que, los artículos 44, 45 y 46, de la Constitución de la República del Ecuador, instala los derechos de la niñez y la adolescencia, disponiendo al Estado, la sociedad y la familia en sus diversos tipos, la promoción de su desarrollo integral de una manera prioritaria, atendiendo al principio del interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.

 

 

Que, los artículos 47, 48 y 49 de la Constitución de la República del Ecuador, reconocen los derechos para las personas con discapacidad, garantizando políticas de prevención y procura la equiparación de oportunidades y su integración social.

 

Que, los artículos 56, 57, 58, 59, y 60, de la Constitución de la República del Ecuador, reconocen y garantizan los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, del pueblo afro ecuatoriano, el pueblo montubio y las que forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible.

 

Que, el artículo 70, de la Constitución de la República del Ecuador, define que: ?El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y programas y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público?.

 

Que, el artículo 95, de la Constitución de la República del Ecuador garantiza la participación de las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano.

 

Que, el artículo 156, de la Constitución de la República del Ecuador, señala que: ?Los consejos nacionales para la igualdad son órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de Derecho Humanos. Los consejos ejercerán atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con las temáticas de género, generacionales, interculturales y de discapacidades y movilidad humana de acuerdo con la ley. Para el cumplimiento de sus fines se coordinarán con las entidades rectoras y ejecutoras y con los organismos especializados en la protección de derechos en todos los niveles de gobierno.

 

Que, el artículo 340, de la Constitución de la República del Ecuador, instaura el sistema nacional de inclusión y equidad social como el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo.

 

Que, el artículo 341, de la Constitución de la República del Ecuador, manda que, el Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su consideración etaria, de salud o de discapacidad.

 

 

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad social.

 

Que, el artículo 3, numeral 3, de la Ley Orgánica de  Participación Ciudadana, determina que es necesario: ?Instituir mecanismos y procedimientos para la aplicación e implementación de medios de acción afirmativa que promuevan la participación a favor de titulares de derechos que se encuentren situados en desigualdad.?

 

Que, el artículo 30, de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, señala que: ?Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que contribuyan a la defensa de los derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución de problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del buen vivir; que incidan en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos.

 

Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión. Las diversas dinámicas asociativas y organizativas deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos establecidos en la Constitución y la ley, así como la paridad de género, salvo en aquellos casos en los cuales se trate de organizaciones exclusivas de mujeres o de hombres; o, en aquellas, en cuya integración no existan miembros suficientes de un género para integrar de manera paritaria su directiva?.

 

Que, el artículo 80 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana define a los consejos consultivos, como: ?mecanismos de asesoramiento compuestos por ciudadanas o ciudadanos, o por organizaciones civiles que se constituyen en espacios y organismos de consulta. Las autoridades o las instancias mixtas o paritarias podrán convocar en cualquier momento a dichos consejos. Su función es meramente consultiva?.

 

Que, el artículo 3, del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y Descentralización, de los Principios, a) Unidad, inciso 5, resuelve que la: ?La Igualdad de trato implica que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, en el marco del respeto a los principios de interculturalidad, y plurinacional, equidad de género, generacional, los usos y costumbres?.

 

Que, el artículo 4 literal h, del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y Descentralización, tiene entre sus fines: ?La generación de condiciones que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución de la República a través de la creación y funcionamiento del sistema de protección integral de sus habitantes??

 

 

Que, el artículo 31 literal h, Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y Descentralización manda, como función del gobierno autónomo descentralizado regional: ?Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias?.

 

Que, el artículo 41, literal g del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Autonomías y Descentralización  establece al Gobierno autónomo descentralizado provincial ?Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución en el marco de sus competencias?.

 

Que, el artículo 54, literal j, del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y Descentralización, establece al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal: ?Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria. Para la atención de las zonas rurales coordinará con los Gobiernos Autónomos Parroquiales y Provinciales?.

 

Que, el artículo 64, literal k, del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Autonomías y Descentralización establece al Gobierno autónomo descentralizado parroquial rural ?Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias?.

 

Que, el artículo 57 literal a, del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y Descentralización, determina el ejercicio de la facultad normativa en la materia de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones.

 

Que, el artículo 128 inciso 3º, ?Sistema integral y modelos de gestión; del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y Descentralización, establece que: ?Todas las competencias se gestionarán como un sistema integral que articula los distintos niveles de gobierno y por lo tanto, será responsabilidad del Estado en su conjunto.

 

El ejercicio de las competencias observará una gestión solidaria y subsidiaria entre los diferentes niveles de gobierno, con participación ciudadana y una adecuada coordinación interinstitucional.

 

Los modelos de gestión de los diferentes sectores se organizarán, funcionarán y someterán a los principios y normas definidos en el sistema nacional de competencias.

 

Los modelos de gestión que se desarrollen en los regímenes especiales observarán necesariamente la distribución de competencias y facultades, criterios y normas, contenidas en este Código para los distintos niveles de gobierno.

 

Que, el artículo 302, del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial autonomías y descentralización, en relación con el Art. 95, de la Constitución de la República del Ecuador establece que: ?La ciudadanía, en forma individual o colectiva, podrá participar de manera protagónica en la toma de


 

decisiones, la planificación y gestión de los asuntos públicos, y el control social de las instituciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano; y el Art. 303 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y Descentralización, en su parte pertinente  establece que los grupos de atención prioritaria, tendrán instancias específicas de participación, para la toma de decisiones relacionadas con sus derechos?.

 

Que, el Art. 148 de COOTAD sobre el ejercicio de las competencias de protección integral a la niñez y adolescencia determina: ?Los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán las competencias destinadas a asegurar los derechos de niñas, niños y adolescentes que les sean atribuidas por la Constitución, este Código y el Consejo Nacional de Competencias en coordinación con la ley que regule el sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia. Para el efecto, se observará estrictamente el ámbito de acción determinado en este Código para cada nivel de gobierno y se garantizará la organización y participación protagónica de niños, niñas, adolescentes, padres, madres y sus familias, como los titulares de estos derechos.

 

Que, el artículo 598, del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y Descentralización, de los Consejo Cantonal para la protección de derechos manifiesta que: ?Cada Gobierno Autónomo Descentralizado, Municipal organizará y financiará un Consejo Cantonal para la Protección de los Derechos consagrados por la Constitución y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos?. Los Consejos Cantonales para la Protección de Derechos, tendrán como atribuciones la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas municipales de protección de derechos, articulada a las políticas públicas de los Consejos Nacionales para la Igualdad.

 

Los Consejos de Protección de derechos coordinarán con las entidades así como con las redes interinstitucionales especializadas en protección de derechos.

 

Los Consejos Cantonales para la Protección de Derechos se constituirán con la participación paritaria de representantes de la sociedad civil, especialmente de los titulares de derechos; del sector público, integrados por delegados de los organismos desconcentrados del gobierno nacional que tengan responsabilidad directa en la garantía, protección y defensa de los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria; delegados de los gobiernos metropolitanos o municipales respectivos; y, delegados de los gobiernos parroquiales rurales. Estarán presididos por la máxima autoridad de la función ejecutiva de los gobiernos metropolitanos o municipales, o su delegado; y, su vicepresidente será electo de entre los delegados de la sociedad civil.

 

Expide:

 

ORDENANZA DE ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL CANTÓN BALAO, PROVINCIA DEL GUAYAS.

 

TÍTULO I

 

DE LA DEFINICIÓN DE LOS ORGANISMOS DEL

SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL

CANTÓN BALAO

 

CAPÍTULO I

 

DEFINICIONES, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS

 

Art. 1.- Definición.- El Sistema de Protección Integral Cantonal, es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo; será parte del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social y de los sistemas especializados y se regirá por sus mismos principios y ámbitos. Se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.

 

Forman parte del Sistema de Protección Integral Cantonal además de los señalados en la presente ordenanza, todos aquellos organismos que por sus competencias, funciones o mandatos estén vinculados a servicios, garantía, protección, vigilancia y exigibilidad de derechos.

 

Art. 2.- Principios.- Los principios que rigen al Sistema de Protección Integral de Derechos, serán: universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación. Funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación.

 

Art. 3.- Objetivos.- Son objetivos Sistema de Protección Integral de Derechos, los siguientes:

 

Asegurar el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la constitución y en los instrumentos internacionales.

 

Promover la articulación, coordinación y corresponsabilidad entre las entidades que conforman el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, y sus sistemas especializados y la sociedad.

 

CAPÍTULO II

 

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE

DERECHOS

 

Art. 4.- Naturaleza Jurídica.- El Consejo Cantonal de Protección de Derechos (CCPD) es un organismo paritario de nivel cantonal integrado por representantes del Estado y de la Sociedad Civil.

 

Ejerce atribuciones de formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas municipales de protección de derechos, articuladas a las

 

Políticas Públicas de los consejos Nacionales para la igualdad. Será la entidad coordinadora del Sistema de Protección Integral del Cantón. Goza de personería jurídica de derecho público.

 

Art. 5.- Integración.- El CCPD se constituirá de forma paritaria por representantes del Estado y la sociedad civil.

 

Del sector público:

 

Alcalde o alcaldesa, quien presidirá el CCPD, o su delegado o delegada;

 

Delegado o delegada del Ministerio de Inclusión Económica y Social, principal y alterno;

 

Delegado o delegada del Ministerio de Educación, y del Ministerio de Salud, uno principal y otro alterno por cada Ministerio;y,

 

La o el representante de la Comisión Permanente de Igualdad y Género del GAD municipal o su alterno.

 

De la sociedad civil:

 

1 delegado o delegada de las organizaciones de género y su alterna o alterno;

 

1 delegado o delegada de las organizaciones étnicas e interculturales y su alterna o alterno;

 

1 delegado o delegada de las organizaciones generacionales y su alterna o alterno, que deberá ser de otro grupo etario;

 

1 delegado o delegada de las organizaciones de movilidad humana y su alterna o alterno;

 

1 delegado de las organizaciones de personas con discapacidad y su alterna o alterno;

 

Estará presidido por la máxima autoridad de la función ejecutiva, metropolitana o municipal o su delegada o delegado, y su vicepresidenta o vicepresidente, será electo de entre los miembros de la sociedad civil, mediante votación universal y mayoría simple.

 

Tanto los miembros del Estado como los de la Sociedad Civil tienen la obligación de mantener informados a sus respectivas instituciones u organizaciones sobre las decisiones tomadas en el CCPD.

 

 

Art. 6.- Atribuciones.- El CCPD tendrá las siguientes atribuciones:

 

a.- Formular políticas públicas municipales relacionadas con las temáticas género, étnico, o intercultural, generacional, movilidad humana, discapacidad; articulada a las políticas públicas de los Consejos Nacionales de Igualdad.

 

b.- Transversalizar las políticas públicas de género, étnico, o intercultural, generacional, movilidad humana, discapacidad, en las instituciones públicas y privadas del cantón.

 

c.- Observar, vigilar y activar mecanismos para exigir el cumplimiento de los derechos individuales y colectivos en la aplicación de los servicios públicos y privados relacionados con las políticas de igualdad.

 

d.- Hacer seguimiento y evaluación de la política pública para la igualdad.

 

e.- Coordinar con las entidades rectoras y ejecutoras con los organismos especializados así como con las redes interinstitucionales de protección de derechos en su jurisdicción.

 

f.- Promover la conformación y fortalecimiento de las Defensorías Comunitarias y Consejos Consultivos de titulares de derechos.

 

g.- Designar a la Secretaria Ejecutiva o Secretario Ejecutivo.

 

h.- Los demás que le atribuya la ley y el reglamento.

 

Art. 7.- Del patrimonio.- El patrimonio del CCPD será destinado al cumplimiento de sus fines.

 

Art. 8.- Del Financiamiento del Consejo Cantonal para la Protección de derechos.-En cumplimiento del Art. 598 del COOTAD, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales financiarán los Consejos Cantonales para la Protección de Derechos.

 

CAPÍTULO III

 

JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE

DERECHOS

 

Art. 9.- Naturaleza Jurídica.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Balao, tiene como función conformar las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, que es órgano de nivel operativo, con autonomía administrativa y funcional, que tiene como función pública la protección de los derechos individuales y colectivos de los niños, diñas y adolescentes, en la jurisdicción cantonal. El Alcalde o Alcaldesa será su representante legal, como órgano de la estructura municipal.

 

Constarán en el orgánico funcional y serán financiadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón.

 

CAPÍTULO IV

 

DEFENSORÍAS COMUNITARIAS

 

Art. 10.- Defensoría Comunitaria.- Son formas de organización comunitaria en las parroquias, comunidades,  recintos, caseríos y barrios, en sectores urbanos y rurales del cantón, para la promoción, defensa y vigilancia de los derechos de los grupos de atención prioritaria, podrán intervenir en los casos de vulneración de derechos, poniendo a consideración de los organismos competentes dichas vulneraciones.

 

Art. 11.- Organización.- Para la organización de las Defensorías Comunitarias, se tomará en cuenta lo establecido en el reglamento expedido para el efecto por parte del CCPD en coordinación con lo expedido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

 

CAPÍTULO V

 

CONSEJOS CONSULTIVOS

 

Art. 12.- Consejos Consultivos.- Los consejos consultivos son mecanismos de asesoramiento compuestos por titulares de derechos de cada una de las temáticas (género, étnico/intercultural, generacional, movilidad humana y discapacidad). Se constituyen en espacios y organismos de consulta. El CCPD podrá convocar en cualquier momento a dichos consejos. Su función es consultiva.

 

TÍTULO II

 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO

CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

 

CAPÍTULO I

 

PROCESO DE ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE

MIEMBROS DEL CONSEJO DE PROTECCION DE DERECHOS

 

Art. 13.- Designación de Miembros del Estado.-Las o los delegados de los Ministerios, serán designados por cada uno de ellos. La comisión permanente de Igualdad y Género del GAD municipal, designará a su representante.

 

Art. 14.- Proceso de Elecciones de Sociedad Civil.- Los miembros principales y alternos de la sociedad civil serán elegidos en colegios electorales convocados por el propio Consejo Cantonal de Protección de Derechos.

 

 

Art. 15.- Requisitos de los miembros.- Para ser miembro del CCPD se requiere:

 

1.- Ser ecuatoriano o extranjero residente.

 

2.- Ser mayor de 16 años y estar en ejercicio de sus derechos de ciudadanía.

 

3.- Haber participado de una organización directamente relacionada con las temáticas de igualdad, correspondientes a su representación.

 

4.- Los adultos deberán acreditar mínimo dos años de experiencia en temas relacionados con los derechos.

 

Art. 16.- Inhabilidades e incompatibilidades de los miembros.- No podrán ser miembros principales ni suplentes ante el CCPD:

 

Quienes hayan sido condenados por delitos con sentencia ejecutoriada.

 

Quienes hayan sido privados de la patria potestad de sus hijos e hijas.

 

Quienes se encuentren en mora reiterada en el pago de pensiones alimenticias a favor de un niño, niña o adolescente; y

 

El cónyuge y los parientes hasta el cuarto grado de consanguineidad y segundo de afinidad de otro miembro del CCPD.

 

Art. 17.- Duración de Funciones.- Los miembros de la sociedad civil del CCPD tendrán un período de cuatro años, que coincidirá con el periodo para el cual fue electo el Alcalde, y podrán ser reelegidos por una sola vez.

 

Las instituciones del Estado de la sociedad civil, miembros del consejo notificarán al CCPD, el nombramiento de su respectivo representante o delegado. Estos, integrarán el Consejo mientras ejerzan sus funciones.

 

Los representantes, tendrán su respectivo alterno en caso de ausencia del principal.

 

Los miembros de sociedad civil del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, tienen derecho a percibir dietas en base a la reglamentación emitida al respecto.

 

Art. 18.- Declaraciones juramentadas.- Los miembros principales y suplentes presentaran previamente a su posesión una declaración juramentada en la que conste, que no se encuentran incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en esta Ordenanza.

 

CAPÍTULO II

 

ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

 

Art. 19.- De la estructura.- Son parte de la estructura del CCPD:

 

El pleno del CCPD;

 

Las comisiones, y;

 

La Secretaría Ejecutiva.

 

Art. 20.- Del pleno del Consejo.- El pleno del CCPD está conformado por sus miembros y es la máxima instancia decisoria y administrativa del CCPD.

 

Art. 21.- Sesiones.- El CCPD tendrá dos clases de sesiones:

 

1. Ordinaria; y,

 

2. Extraordinaria

 

Las sesiones del CCPD serán públicas y garantizarán el ejercicio de la participación a través de los mecanismos previstos en la Constitución y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social.

 

En la primera sesión ordinaria que se realice como CCPD se elegirá al Vicepresidente, de acuerdo con el principio de paridad entre mujeres y hombres en donde fuere posible.

 

Art. 22.- Sesiones ordinarias.- El CCPD sesionará ordinariamente cada dos meses. En todos los casos, la convocatoria se realizará con al menos cuarenta y ocho horas de anticipación a la fecha prevista y se acompañará el orden del día y los documentos que se tratarán.

 

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