Registro Oficial No 68 - Miércoles 28 de Agosto de 2013 Suplemento

Miércoles, 28 de agosto de 2013

Última modificación: Miércoles, 11 de septiembre de 2013 | 10:28

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles 28 de Agosto de  2013 - R. O. No. 68

 

SUPLEMENTO

 

SUMARIO

 

               

Corte Constitucional del Ecuador:

 

Casos    

 

Dispónese la publicación de los siguientes instrumentos internacionales:

               

0006-13-TI Convenio para la Represión de Actos Ilícitos Relacionados con la Aviación Civil Internacional

 

               

0012-13-TI Convención para la Conservación y Ordenación de los Recursos Pesqueros de Alta Mar del Océano Pacífico Sur

 

               

0013-13-TI Convenio Constitutivo de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite Enmendado tal como se convino en el Vigésimo Período de Sesiones de la Asamblea de la IMSO

 

               

0014-13-TI Convenio entre la República del Ecuador y la República de Bolivia para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones

 

               

0016-13-TI Convenio entre la República del Ecuador y el Gobierno de la República del Perú sobre la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones

 

               

0017-13-TI Convenio de Servicios Aéreos entre la República del Ecuador y el Gobierno del Estado de Qatar

 

               

0021-13-TI Acuerdo entre la República del Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela en Materia de Asistencia Mutua y Cooperación en Asuntos Aduaneros

 

               

0022-13-TI Acuerdo de Seguridad Social entre la República de Colombia y la República del Ecuador

                               

Gobiernos Autónomos Descentralizados Ordenanza Municipal:

Ordenanzas         

 

-       Cantón Palora: Que expide la primera reforma a la Ordenanza de funcionamiento del parque industrial y adjudicación de solares

 

               

-       Cantón Isabela: Que expide las reformas a la Ordenanza para la gestión integral de desechos y residuos

 

 

CONTENIDO

 


 

CORTE CONSTITUCIONAL

 

PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.- Quito, 24 de julio del 2013 a las 14:25.- VISTOS: En el caso N.º 0006-13-TI, conocido y aprobado el informe presentado por el juez constitucional Manuel Viteri Olvera, en sesión ordinaria llevada a cabo el 24 de julio del 2013, el Pleno de la Corte Constitucional, en virtud de lo dispuesto en los artículos 110 numeral 1 y 111 numeral 2, literal b de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en concordancia con el artículo 71 numeral 2 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, dispone la publicación en el Registro Oficial y en el portal electrónico de la Corte Constitucional, del texto del instrumento internacional denominado: ?Convenio para la Represión de Actos Ilícitos Relacionados con la Aviación Civil Internacional?, a fin de que en el término de 10 días, contados a partir de la publicación, cualquier ciudadano intervenga defendiendo o impugnando la constitucionalidad parcial o total del respectivo tratado internacional. Remítase el expediente al juez sustanciador para que elabore el dictamen respectivo. NOTIFÍQUESE.-

 

f.) Patricio Pazmiño Freire, PRESIDENTE.

 

Lo certifico.- Quito, D. M., 24 de julio de 2013, las 14:25

 

f.) Jaime Pozo Chamorro, SECRETARIO GENERAL.

 

CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado por:??? f.) Ilegible.- Quito, a 30 de julio de 2013.- f.) Ilegible, Secretaría General.

 

Quito, D. M., 24 de julio del 2013

 

 

INFORME CASO N.º 0006-13-TI

 

Juez constitucional ponente:  Dr.  Manuel  Viteri  Olvera,  MSc.

 

Legitimado activo: Alexis Mera Giler, secretario nacional jurídico de la Presidencia de la República.

 

El presente caso fue sorteado por el Pleno de la Corte Constitucional en sesión extraordinaria del 6 de febrero de 2013, correspondiendo al suscrito actuar en calidad de juez sustanciador.

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 438 numeral 1 de la Constitución de la República, artículo 107 numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y artículo 71 numeral 1 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, pongo a consideración del Pleno del organismo el presente Informe:

 

I. ANTECEDENTES

 

El Dr. Alexis Mera Giler, secretario nacional jurídico de la Presidencia de la República, mediante oficio N.º T.6638- SNJ-13-81 del 28 de enero de 2013, comparece en representación del presidente constitucional de la República y remite el texto del ?Convenio para la Represión de Actos Ilícitos Relacionados con la Aviación Civil Internacional?, suscrito en la ciudad de Beijing (China) el 10 de septiembre de 2010, a fin de que la Corte Constitucional se pronuncie acerca de la necesidad o no de aprobación legislativa del referido instrumento internacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

PRIMERA.- El Pleno de la Corte Constitucional es competente para conocer y resolver la presente causa, de conformidad con lo previsto en los artículos 429 y 438 numeral 1 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 107 numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y artículo 71 numerales 1 y 2 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional.

 

SEGUNDA.- La presente causa ha sido tramitada de conformidad con el ordenamiento jurídico constitucional y legal aplicable al caso, por lo que se declara su validez.

 

TERCERA.- El control de constitucionalidad del presente instrumento internacional consiste en determinar la necesidad o no de aprobación legislativa previo a su ratificación.

 

Al efecto, el artículo 71 numerales 1 y 2 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional dispone lo siguiente:

 

?Modalidades de Control.- Para el control de constitucionalidad de los tratados internacionales, la Corte Constitucional procederá de la siguiente forma:

 

1) Emitirá dictamen sobre la necesidad de aprobación legislativa, para lo cual el Pleno designará por sorteo al Juez Ponente, quien presentará informe, dentro del término de cinco días, estableciendo si el tratado internacional requiere o no de aprobación legislativa. En caso de que, a juicio del Pleno, el Tratado Internacional no requiera aprobación legislativa, no se publicará el tratado internacional en el Registro Oficial y el Pleno dispondrá su devolución a la Presidencia de la República, para el trámite correspondiente.

 

2) En caso de requerir aprobación legislativa, la Corte Constitucional efectuará el control automático, mediante dictamen, para lo cual, el Pleno de la Corte dispondrá la  publicación del tratado internacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 literal b) de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y remitirá el expediente al juez ponente designado, quien presentará el proyecto de dictamen para conocimiento y resolución del Pleno, dentro del término de quince días contados a partir de la finalización del término de diez días de la publicación en el Registro Oficial?.

 

CUARTA.- De la lectura del instrumento internacional que se analiza se advierte que su objetivo es hallar nuevos esfuerzos concertados y políticas de cooperación entre los Estados Partes, para lo cual aquellos Estados se muestran convencidos de que ?urge fortalecer el marco jurídico para la cooperación internacional en la prevención y represión de los actos ilícitos contra la aviación civil?.

 

Por su parte, el numeral 5 del artículo 1 del Convenio que se analiza establece que cada Estado Parte ?definirá como delitos (...) cualesquiera de las conductas siguientes:...?; es decir, tipificará conductas delictivas; asimismo, el artículo 3 dispone que los Estados Partes se obligan a ?establecer penas severas para los delitos previstos en el artículo 1?; y el artículo 5 del instrumento internacional señala que los Estados Partes ?podrán adoptar las medidas necesarias para que pueda establecerse la responsabilidad de una entidad jurídica ubicada en su territorio o constituida con arreglo a su legislación cuando una persona responsable de su dirección o control cometa, en esa calidad un delito previsto en el artículo 1?.

 

QUINTA.- El artículo 419 de la Constitución de la República establece lo siguiente:

 

?La ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que:

 

Se refieran a materia territorial o de límites;

 

Establezcan alianzas políticas o militares;

 

 Contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley (énfasis añadido);

 

4)            Se refieran a los derechos y garantías establecidas en la Constitución;

 

5)            Comprometan la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales;

 

6)            Comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio;

 

7)            Atribuyan competencias propias desorden jurídico interno a un organismo internacional o supranacional;

 

8)            Comprometan el patrimonio natural y en especial el agua, la biodiversidad y su patrimonio genético?.

 

Del análisis del Convenio para la Represión de Actos Ilícitos Relacionados con la Aviación Civil Internacional se advierte que dicho instrumento internacional se enmarca en la condición N.º 3 del artículo 419 del texto constitucional, pues estipula el compromiso de los Estados Partes a ?definir como delitos? las conductas descritas en el referido convenio, ?establecer penas? para los delitos señalados en el instrumento internacional, y adoptar las medidas necesarias para que ?pueda establecerse responsabilidad de una entidad jurídica? por los delitos señalados en el convenio, supuestos que implican la expedición y/o modificación de normas legales contenidas en nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, es de aquellos que requieren aprobación legislativa previa para su ratificación.

 

SEXTA.- En razón de que el ?Convenio para la Represión de Actos Ilícitos Relacionados con la Aviación Civil Internacional?, suscrito en la ciudad de Beijing (China) el 10 de septiembre de 2010, es de aquellos instrumentos internacionales que requieren aprobación legislativa previo a su ratificación, debe ser publicado en el Registro Oficial, conforme lo previsto en el artículo 111 numeral 2 literal b de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en concordancia con el artículo 71 numeral 2 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, a fin de que cualquier ciudadana o ciudadano se pronuncie defendiendo o impugnando su constitucionalidad y continuar el trámite pertinente.

 

III. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, en mi calidad de juez constitucional ponente, emito el siguiente:

 

INFORME

 

1.             Declarar que el ?Convenio para la Represión de Actos Ilícitos Relacionados con la Aviación Civil Internacional?, suscrito en la ciudad de Beijing (China) el 10 de septiembre de 2010, por encontrarse en la causal prevista en el numeral 3 del artículo 419 de la Constitución de la República, requiere aprobación legislativa previo a su ratificación.

 

2.             Disponer que el referido Convenio sea publicado en el Registro Oficial.

 

f.) Dr. Manuel Viteri Olvera, MSc., JUEZ SUSTANCIADOR.

 

CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado por:????? f.) Ilegible.- Quito, a 6 de agosto del 2013.- f.) Ilegible, Secretaría General.

 

PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.- Quito, 24 de julio del 2013 a las 14:35.-VISTOS: En el caso N.º 0012-13-TI, conocido y aprobado el informe presentado por el juez constitucional Manuel Viteri Olvera, en Sesión ordinaria llevada a cabo el 24 de julio del 2013, el Pleno de la Corte Constitucional, en virtud de lo dispuesto en los artículos 110 numeral 1 y 111 numeral 2, literal b de la Ley Orgánica de  Garantías  Jurisdiccionales  y  Control  Constitucional,  en  concordancia con el artículo 71 numeral 2 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, dispone la publicación en el Registro Oficial y en el portal electrónico de la Corte Constitucional, del texto del instrumento internacional denominado: ?Convención para la Conservación y Ordenación de los Recursos Pesqueros de Alta Mar del Océano Pacífico Sur?, a  fin  de  que  en  el  término  de 10 días, contados a partir de la publicación, cualquier ciudadano intervenga defendiendo o impugnando la constitucionalidad parcial o total del respectivo tratado internacional. Remítase el expediente al Juez sustanciador para que elabore el dictamen respectivo. NOTIFÍQUESE.-

 

f.) Patricio Pazmiño Freire, PRESIDENTE.

 

Lo certifico.- Quito, D. M., 24 de julio de 2013, las 14:35

 

f.) Jaime Pozo Chamorro, SECRETARIO GENERAL.

 

CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado por:???? f.) Ilegible.- Quito, a 29 de julio de 2013.- f.) Ilegible, Secretaría General.

 

 

ANEXO

 

Convención para la Conservación y Ordenación de los Recursos Pesqueros de Alta Mar del Océano Pacífico Sur.

 

Las Partes contratantes,

 

 Comprometidas a garantizar la conservación a largo plazo y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el Océano Pacífico Sur y a salvaguardar de este modo los ecosistemas marinos que albergan dichos recursos;

 

Recordando las disposiciones pertinentes del Derecho internacional, tal como se recogen en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982, el Acuerdo para la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982, relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y de las poblaciones de peces altamente migratorios, de 4 de diciembre de 1995, y el Acuerdo para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de conservación y ordenación por los buques pesqueros que pescan en alta mar, de 24 de noviembre de 1993; y teniendo en cuenta el Código de Conducta para la Pesca Responsable, aprobado en la 283 Sesión de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación el 31 de octubre de 1995;

 

Reconociendo que, con arreglo al Derecho internacional plasmado en la disposiciones pertinentes de los Acuerdos antes citados, los Estados tienen la obligación de colaborar mutuamente en la conservación y ordenación de los recursos vivos en las zonas de alta mar y cooperar, según proceda, con vistas al establecimiento de acuerdos o de organizaciones pesqueras regionales o subregionales a fin de adoptar las medidas  necesarias  para  la  conservación  de tales  recursos;

 

Teniendo en cuenta que, con arreglo al Derecho internacional plasmado en la disposiciones pertinentes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982, los Estados ribereños, en las aguas sujetas a jurisdicción nacional, ejercen derechos de soberanía para los fines de exploración, explotación, conservación y ordenación  de  los  recursos  pesqueros  y  de  conservación  de  los  recursos  marinos  vivos  en  los  que  repercute  la  actividad  pesquera;

 

Reconociendo las circunstancias económicas y geográficas y las necesidades especiales de los Estados en desarrollo, especialmente los menos desarrollados de ellos, y de los Estados en desarrollo constituidos por pequeñas islas, así como de los territorios y posesiones, y de sus comunidades costeras, en relación con la conservación, ordenación y desarrollo sostenible de los recursos pesqueros y con la obtención de un beneficio equitativo de tales recursos;

 

Teniendo en cuenta la necesidad de que los acuerdos y organizaciones regionales de ordenación pesquera lleven a cabo una evaluación de su funcionamiento con objeto de determinar el grado en que están alcanzando sus respectivos objetivos de conservación y ordenación;

 

Decididos a colaborar de manera efectiva para erradicar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y sus negativas repercusiones en el estado de los recursos pesqueros del planeta y en los ecosistemas que los albergan;

 

Conscientes de la necesidad de evitar repercusiones negativas en el medio marino, preservar la biodiversidad, mantener la integridad de los ecosistemas marinos y minimizar el riesgo de que las actividades pesqueras tengan efectos a largo plazo o irreversibles;

 

Entendiendo que las medidas de conservación y ordenación deben estar basadas, para ser eficaces, en la mejor información científica disponible y en la aplicación a la ordenación de la actividad pesquera del criterio de precaución y del enfoque basado en los ecosistemas;

 

Convencidos de que la celebración de una convención internacional es el mejor modo de alcanzar los objetivos de conservación a largo plazo y explotación sostenible de los recursos pesqueros en el Océano Pacífico Sur y de protección de los ecosistemas marinos que los albergan;

 

Han convenido en lo siguiente:

 

Artículo 1

 

DEFINICIONES

 

1.             A los efectos de la presente Convención, se aplicarán las siguientes definiciones:

 

a)            «Convención de 1982»: la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982;

 

b)            «Acuerdo de 1995»: el Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982, relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios, de 4 de diciembre de 1995;

 

c)            «Comisión»: la Comisión de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur, establecida en virtud del artículo 6;

 

d)            «zona de la Convención»: la zona donde se aplica la presente Convención, de conformidad con el artículo 5;

 

e)            «Código de Conducta»: el Código de Conducta para la Pesca Responsable adoptado por la 28ª Sesión de la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación el 31 de octubre de 1995;

 

f)             «recursos pesqueros»: todos los peces en aguas de la zona de la Convención, incluidos los moluscos, los crustáceos y otros recursos marinos vivos que pueda decidir la Comisión, pero excluidas:

 

i) l           as especies sedentarias, en la medida en que estén sometidas a la jurisdicción nacional de los Estados ribereños en aplicación del artículo 77, apartado 4, de la Convención de 1982;

 

ii)            las especies altamente migratorias enumeradas en el Anexo I de la Convención de 1982;

 

iii)           las especies anádromas y catádromas, y

 

iv)           los mamíferos marinos, los reptiles marinos y las aves marinas;

 

g)            «pesca»:

 

i)             el intento logrado o fallido de capturar, extraer o recolectar recursos pesqueros;

 

ii)            la realización de cualquier actividad que razonablemente pueda conducir a la localización, captura, extracción o recolección de peces para cualquier fin;

 

iii)           el transbordo y cualquier operación realizada en el mar con vistas a la preparación o apoyo de cualquier actividad descrita en la presente definición; y

 

iv)           la utilización de buques, vehículos, aeronaves o aerodeslizadores en relación con cualquier actividad descrita en la presente definición; no se incluye, no obstante, ninguna operación relacionada con situaciones de emergencia en  las que se vean afectadas la salud o seguridad

de los miembros de la tripulación o la seguridad de un buque;

 

h)            «buque pesquero»: cualquier buque utilizado para pescar o que esté destinado a la pesca, incluidos los buques transformadores, las embarcaciones auxiliares, los buques cargueros y cualquier otro buque que participe directamente en operaciones de pesca;

 

i)             «Estado del pabellón» (salvo indicación en contrario):

 

i)             un Estado cuyo pabellón tengan derecho a enarbolar sus buques pesqueros, o

 

ii)            una organización regional de integración económica en el seno de la cual los buques pesqueros tengan derecho a enarbolar el pabellón de uno de los Estados miembros de dicha organización;

 

j)             «pesca INDNR»: las actividades descritas en el punto 3 del Plan de Acción Internacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada de la FAO, así como otras actividades que la Comisión pueda decidir en su caso;

 

k)            «nacionales»; personas tanto físicas como jurídicas;

 

l)             «puerto»: incluye las terminales en mar abierto y  otras instalaciones destinadas al desembarque, transbordo, envasado, transformación, aprovisionamiento de combustible o avituallamiento;

 

m)           «organización regional de integración económica»: una organización regional de integración económica a la que sus Estados miembros hayan transferido competencias sobre materias reguladas en la presente Convención, incluida la autoridad para adoptar decisiones vinculantes para sus Estados miembros con respecto a tales materias;

 

n)            «infracción grave»: este concepto tendrá el mismo significado que el que figura en el artículo 21, apartado 11, del Acuerdo de 1995 e incluirá otras infracciones que pueda determinar la Comisión; y

 

o)            «transbordo»: la descarga a otro buque pesquero, ya sea en el mar o en un puerto, de la totalidad o de una parte de los recursos pesqueros o productos de recursos pesqueros obtenidos de la pesca en la zona de la Convención que se encuentren a bordo de un buque pesquero

 

2.

 

a)            «Parte contratante»: todo Estado u organización  regional de integración económica que haya consentido en obligarse por la presente Convención y respecto del cual esté en vigor la Convención.

 

b)            La presente Convención se aplicará, mutatis mutandis, a toda entidad mencionada en el artículo 305, apartado 1, letras  c), d) y e), de la Convención de 1982 que se convierta en Parte de la presente Convención, y, en esa medida, «Parte contratante» se referirá a cualquiera de esas entidades

 

Artículo 2

 

OBJETIVO

 

El objetivo de la presente Convención es garantizar la conservación a largo plazo y la explotación sostenible de los recursos pesqueros a través de la aplicación del criterio de precaución y del enfoque basado en los ecosistemas, para salvaguardar de este modo los ecosistemas marinos que albergan dichos recursos.

 

Artículo 3

 

PRINCIPIOS Y ENFOQUES EN MATERIA DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN

 

1. Con el fin de llevar a efecto el objetivo de la presente Convención y proceder a la adopción de decisiones en el marco de la misma, las Partes contratantes, la Comisión y los órganos subsidiarios establecidos en virtud del artículo 6, apartado 2, y del artículo 9, apartado 1:

 

se atendrán, en particular, a los principios siguientes:

 

i)             la conservación y ordenación de los recursos pesqueros se efectuarán de manera transparente, responsable y no excluyente, teniendo en cuenta las mejores prácticas internacionales;

 

ii)            la pesca guardará proporción con la explotación sostenible de los recursos pesqueros, teniendo en cuenta las repercusiones en las especies distintas de las especies objetivo, así como en las especies asociadas o dependientes, además de la obligación general de proteger y preservar el medio ambiente marino;

 

iii)           se deberá evitar o eliminar la sobre pesca y el exceso de capacidad de pesca;

 

iv)           deberá procederse a recopilar, comprobar, notificar y compartir de manera oportuna y apropiada datos completos y precisos sobre la pesca, que incluyan información relativa a sus efectos en los ecosistemas v marinos que albergan los recursos pesqueros;

 

v)            las decisiones se basarán en la mejor información científica y técnica disponible y en

el asesoramiento recibido de todos los órganos subsidiarios pertinentes;

 

vi)           se fomentará la colaboración y coordinación entre las Partes contratantes, con vistas a garantizar la compatibilidad entre las medidas de conservación y ordenación adoptadas por la Comisión y las medidas de conservación y ordenación aplicadas con respecto a los mismos recursos pesqueros en las zonas sujetas a jurisdicción nacional;

 

vii)          se protegerán los ecosistemas marinos, especialmente aquellos que requieren plazos de recuperación prolongados después de haber sufrido alteraciones;

 

viii)         deberán reconocerse los intereses de los Estados en desarrollo, especialmente los menos desarrollados de ellos y los Estados en desarrollo constituidos por pequeñas islas, así como de los territorios y posesiones, y las necesidades de las comunidades costeras de los Estados en desarrollo;

 

ix)           deberá garantizarse el cumplimiento efectivo de las medidas de conservación y ordenación, y la severidad de las sanciones impuestas en caso de infracción deberá ser la adecuada para que tales sanciones resulten disuasorias en cualquier lugar en que puedan cometerse las infracciones, debiendo, en particular, quedar privados los infractores de los beneficios derivados de sus actividades ilegales;

 

x)            se deberán reducir al mínimo la contaminación y los residuos procedentes de los buques pesqueros, así como los descartes, las capturas por aparejos perdidos o abandonados y los efectos sobre otras especies y sobre los ecosistemas marinos; y

 

b)            aplicarán el criterio de precaución y el enfoque basado en los ecosistemas, de conformidad con el apartado 2.

 

2. .

 

a)            El criterio de precaución, tal como se describe en el Acuerdo de 1995 y en el Código de Conducta, se aplicará de manera generalizada a la conservación y ordenación de los recursos pesqueros con la finalidad de proteger dichos recursos y de preservar los ecosistemas marinos que los albergan; en particular, las Partes contratantes, la Comisión y los órganos subsidiarios:

 

i)             observarán mayor cautela cuando la información sea dudosa o no sea fidedigna o  adecuada;

 

ii)            no podrán aducir la falta de información científica adecuada para posponer o dejar de adoptar medidas de conservación y ordenación; y

 

iii)           tendrán en cuenta las mejores prácticas internacionales en lo tocante a la aplicación del criterio de precaución ,  incluido  el  anexo  II  del  Acuerdo  de  1995  y  el  Código  de  Conducta.

 

b)            Se aplicará de manera generalizada a la conservación y ordenación de los recursos pesqueros un enfoque basado en los ecosistemas a través de un enfoque integrado en el marco del cual las decisiones relacionadas con la ordenación de los recursos pesqueros se enmarquen en el contexto del funcionamiento de los ecosistemas marinos más extensos que albergan tales recursos, a fin de garantizar la conservación a largo plazo y la explotación sostenible de los mismos y salvaguardar de este modo tales ecosistemas marinos.

 

Artículo 4

 

COMPATIBILIDAD DE LAS MEDIDAS

DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN

 

1.             Las Partes contratantes reconocen la necesidad de garantizar la compatibilidad de las medidas de conservación y ordenación instauradas con respecto a recursos pesqueros transzonales en las zonas sujetas a jurisdicción nacional de una Parte contratante que sea Estado ribereño y en las zonas de alta mar adyacentes de la zona de la Convención y admiten que tienen la obligación de colaborar entre sí con este fin.

 

2.             Las medidas de conservación y ordenación que se establezcan para las zonas de alta mar y las que se adopten para las zonas sujetas a jurisdicción nacional habrán de ser compatibles, a fin de asegurar la conservación y ordenación de los recursos pesque ros transzonales en su integridad. Las Partes contratantes, al elaborar medidas de conservación y ordenación compatibles entre sí para los recursos pesqueros transzonales, deberán:

 

a)            tener en cuenta la unidad biológica y demás características biológicas de los recursos pesqueros y las relaciones entre la distribución de los recursos, las actividades pesqueras ejercidas con respecto a tales recursos y las particularidades geográficas de la región de que se trate, así como el grado en que los recursos pesqueros estén presentes y sean objeto de pesca en las zonas sujetas  a jurisdicción nacional;

 

b)            tener en cuenta el grado de dependencia de los recursos pesqueros de que se trate tanto de los Estados ribereños como de los Estados que pescan en alta mar;

 

c)            garantizar que tales medidas no tengan efectos perjudiciales en el conjunto de los recursos marinos vivos de la zona de la Convención.

 

3.             Las medidas de conservación y ordenación que la Comisión adopte inicialmente tendrán debidamente en cuenta las medidas de conservación y ordenación existentes que hayan sido establecidas por las Partes contratantes que sean Estados ribereños con respecto a zonas sujetas a jurisdicción nacional y por las Partes contratantes con respecto a los buques que enarbolen su pabellón y faenen en las zonas adyacentes de alta mar de la zona de la Convención, y no irán en detrimento de su efectividad.

 

Artículo 5

 

ZONA DE APLICACIÓN

 

1.             Salvo disposición en contrario, la presente Convención se aplicará a las aguas del Océano Pacífico situadas más allá de las zonas sujetas a jurisdicción nacional de conformidad con el Derecho internacional:

 

a)            al este de una línea trazada en dirección sur a lo largo del meridiano 1200 de longitud este, desde el límite exterior de la jurisdicción nacional de Australia frente a la costa sur de Australia Occidental hasta su intersección con el paralelo 55° de latitud sur; a continuación, hacia el este a lo largo del paralelo 55° de latitud sur hasta su intersección con el meridiano 150° de longitud este; de allí hacia el sur a lo largo del meridiano 150° de longitud este hasta su intersección con el paralelo 60° de latitud sur;

 

b)            al norte de una línea trazada en dirección este a lo largo del paralelo 60° de latitud sur, desde el meridiano 150° de longitud este hasta su intersección con el meridiano 67° 16? de longitud oeste;

 

c)            al oeste de una línea trazada en dirección norte a lo largo del meridiano 67° 16? de longitud oeste, desde el paralelo 60° de latitud sur hasta su intersección con el límite exterior de la jurisdicción nacional de Chile; a continuación, a lo largo de los límites exteriores de las jurisdicciones nacionales de Chile, Perú, Ecuador y Colombia hasta su intersección con el paralelo 2° de latitud norte; y

 

d)            al sur de la línea trazada en dirección oeste a lo largo del paralelo 2° de latitud norte (pero sin incluir la jurisdicción nacional de Ecuador (Islas Galápagos)) hasta su intersección con el  meridiano 150° de longitud oeste; a continuación, hacia el norte a lo largo del meridiano 150° de longitud oeste hasta su intersección con el paralelo 10° de latitud norte; a continuación, hacia el oeste a lo largo del paralelo 10° de latitud norte hasta su intersección con los límites exteriores de la jurisdicción nacional de las Islas Marshall; y, a continuación, en dirección generalmente hacia el sur, bordeando los límites exteriores de las jurisdicciones nacionales de los Estados y territorios del Pacífico, Nueva Zelanda y Australia, hasta unirse con el inicio de la línea descrita en la letra a).

 

2.             La Convención se aplicará asimismo en las aguas del Océano Pacífico situadas más allá de las zonas de jurisdicción nacional delimitadas por el paralelo 10° de latitud norte y el paralelo 20° de latitud sur y por el meridiano 135° de longitud este y el meridiano 150° de longitud oeste.

 

3.             Cuando, a los efectos de la presente Convención, sea necesario determinar la posición en la superficie terrestre de un punto, línea o zona, dicha posición se fijará por referencia al Sistema de Referencia Terrestre Internacional, gestionado por el Servicio Internacional de la Rotación Terrestre, que, a efectos prácticos, es equivalente al Sistema Geodésico Mundial de 1984 (WGS84).

 

4              Ninguna de las disposiciones de la presente Convención supondrá el reconocimiento de las reivindicaciones o posturas de cualquiera de sus Partes contratantes con respecto al régimen jurídico y la extensión de las aguas y zonas objeto de reivindicación por tales Partes contratantes.

 

Artículo 6

 

LA ORGANIZACIÓN

 

1.             Las Partes contratantes convienen en establecer, mantener y consolidar la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur, en lo sucesivo denominada «la Organización», que desempeñará las funciones enunciadas en la presente Convención con el fin de alcanzar el; objetivo de la misma.

 

2.             La Organización estará compuesta por:

 

a)            una Comisión;

 

b)            un Comité Científico;

 

c)            un Comité Técnico y de Cumplimiento;

 

d)            un Comité de Ordenación de la Subregión Oriental;

 

e)            un Comité de Ordenación de la Subregión  Occidental;

 

f)             un Comité Administrativo y Financiero;

 

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