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Registro Oficial No 64 - Jueves 22 de Agosto de 2013 Suplemento

Viernes, 30 de agosto de 2013

Última modificación: Viernes, 30 de agosto de 2013 | 10:56

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Jueves 22 de Agosto de  2013 - R. O. No. 64

 

SUPLEMENTO

 

SUMARIO             

               

Corte Constitucional del Ecuador:

Dictamen              

 

020-13-DTI-CC Declárase que el ?Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR?, requiere aprobación previa por parte de la Asamblea Nacional

 

               

022-13-DTI-CC Declárase que el ?Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Italia sobre la promoción y protección de inversión?, requiere aprobación previa por parte de la Asamblea Nacional

 

Sentencias           

 

031-13-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria deprotección planteada por el ingeniero LeónEfraín Vieira Herrera, representante deIndustrias Guapán S.A.

 

               

033-13-SEP-CC Niégase la acción extraordinaria de protecciónplanteada por la señora Martha Araceli Alcívar Marcillo

 

               

036-13-SEP-CC Niégase la acción extraordinaria de protecciónplanteada por el señor Welmer Quezada Neira y otra

 

               

041-13-SEP-CC Niégase la acción extraordinaria de protecciónplanteada por la señora Grecia Lilián Padilla Gangotena

 

               

044-13-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección planteada por la señora Carmen Blanca Ponce Cacao

 

               

045-13-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección planteada por el señor José Xavier Andrade Bravo

 

 

 

CONTENIDO

 


 

Quito, D. M., 17 de julio del 2013}

 

DICTAMEN N.º 020-13-DTI-CC

 

CASO N.º 0029-11-TI

 

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

 

I. ANTECEDENTES

 

El doctor Alexis Mera Giler, en su calidad de secretario nacional jurídico de la Presidencia de la República y delegado del economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República, mediante oficio N.º T.6097- SNJ-11-1101 del 26 de agosto de 2011, remitió a la Corte Constitucional, para el periodo de transición, el texto del ?Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile?, al cual se adhirió el Ecuador mediante Acta de Adhesión suscrita en la ciudad de Asunción (Paraguay) el 29 de junio de 2011, que también se remite a esta organismo, a fin de que, de conformidad con el artículo 438 numeral 1 de la Constitución de la República, la Corte Constitucional emita dictamen previo y vinculante de constitucionalidad del referido instrumento internacional, previo a su ratificación por parte de la Asamblea Nacional.

 

El 6 de noviembre de 2012, ante el Pleno de la Asamblea Nacional se posesionaron las juezas y jueces de la primera Corte Constitucional, integrada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 432 y 434 de la Constitución de la República.

 

En virtud del sorteo de causas realizado en sesión extraordinaria del 29 de noviembre de 2012 por el Pleno de la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en la Disposición Transitoria Octava de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, correspondió al juez Manuel Viteri Olvera actuar como sustanciador del presente caso, quien avocó conocimiento del mismo mediante auto del 22 de enero de 2013, como se advierte a fojas 22 del proceso.

 

El juez constitucional sustanciador, mediante informe expedido el 28 de enero de 2013 (fojas 27 a 28 vta.), manifestó que el ?Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile?, al cual se adhirió el Ecuador mediante Acta de Adhesión suscrita en la ciudad de Asunción (Paraguay) el 29 de junio de 2011, requiere aprobación legislativa, por hallarse en los supuestos previstos en el artículo 419, numerales 3 y 4 de la Constitución de la República.

 

El Pleno de la Corte Constitucional, en sesión ordinaria del 21 de febrero de 2013, en la ciudad de Guayaquil, conoció y aprobó el informe del juez sustanciador Manuel Viteri Olvera, y dispuso la publicación del instrumento internacional denominado ?Acta de adhesión de la República del Ecuador al Acuerdo  sobre  Residencia  para  nacionales  de  los  Estados  Partes del MERCOSUR, Boliviay Chile? en el Registro Oficial y a través del portal electrónico de la Corte Constitucional.

 

Mediante oficio N.º 0250-CCE-SG-SUS-2013 del 6 de marzo de 2013, el secretario general de la Corte Constitucional remitió el proceso al juez de sustanciación, a fin de que se elabore el dictamen respectivo, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y el artículo 71 numeral 2 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional.

 

II. TEXTO DEL INSTRUMENTO INTERNACIONAL

 

ACUERDO SOBRE RESIDENCIA PARA

NACIONALES DE LOS ESTADOS PARTES DEL

MERCOSUR

 

La República de Argentina, la República Federativa de Brasil, la República de Paraguay y la República Oriental de Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR,

 

CONSIDERANDO el Tratado de Asunción firmado el 26 de marzo de 1991 entre la República Argentina, la República federativa del Brasil, la República del Paraguay la república oriental del Uruguay y el Protocolo de Ouro Preto, sobre la estructura institucional del MERCOSUR firmado el 17 de diciembre de 1994 por esos mismos Estados.

 

EN CONCORDANCIA con la Decisión CMC No. 07/96 (XI CMC ? Fortaleza, 17/96) que motivó la necesidad de avanzar en la elaboración de mecanismos comunes para profundizar la cooperación en las áreas de competencia de los respectivos Ministerio del Interior o equivalentes.

 

REAFIRMANDO el deseo de los estados Partes del MERCOSUR de fortalecer y profundizar el proceso de integración así como los fraternales vínculos existentes entre ellos.

 

TENIENDO PRESENTE que la implementación de una política de libre circulación de personas en la región es esencial para la consecución de esos objetivos.

 

BUSCANDO solucionar la situación migratoria de los nacionales de los Estados Partes en la región a fin de fortalecer los lazos que unen a la comunidad regional.

 

CONVENCIDOS de la importancia de combatir el tráfico de personas para fines de explotación laboral y aquellas situaciones que impliquen degradación de la dignidad humana, buscando soluciones conjuntas y conciliadoras para los graves problemas que asolan a los Estados Partes y a la comunidad como un todo, en consonancia con el compromiso firmado en el Plan General de Cooperación y Coordinación de Seguridad Regional. RECONOCIENDO el compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones para lograr el fortalecimiento del proceso de integración, tal cual fuera dispuesto en el artículo 1º del Tratado de Asunción.

 

PROCURANDO establecer reglas comunes para la tramitación de la autorización de residencia de los nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR,

 

ACUERDAN:

 

ARTÍCULO 1

 

OBJETO

 

Los nacionales de un Estado Parte que deseen residir en el territorio de otro Estado Parte podrán obtener una residencia legal en este último, de conformidad con los términos de este Acuerdo mediante la acreditación de su nacionalidad y presentación de los requisitos previstos en el artículo 4º del presente.

 

ARTÍCULO 2

 

DEFINCIONES

 

Los términos utilizados en el presente Acuerdo, deberán interpretarse con el siguiente alcance:

 

?Estados Partes?: Estados partes del MERCOSUR;

 

?Nacionales de una Parte?: son las personas que poseen nacionalidad originaria de uno de los Estados Partes o nacionalidad adquirida por naturalización y ostentaran dicho beneficio desde hace cinco años;

 

?Inmigrantes?: son los nacionales de las Partes que deseen establecerse en el territorio de la otra Parte;

 

?País de origen?: es el país de nacionalidad de los inmigrantes;

 

?País de recepción?: es el país de la nueva residencia de los inmigrantes.

 

ARTÍCULO 3

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN

 

El presente Acuerdo se aplica a:

 

1)            Nacionales de una Parte, que deseen establecerse en el territorio de la otra, y que presenten ante la sede consular respectiva su solicitud de ingreso al país y la documentación que se determina en el articulado siguiente;

 

2)            Nacionales de una Parte, que se encuentren en el territorio de otra Parte deseando establecerse en el mismo y que presenten ante los servicios de migración su solicitud de regularización y la documentación que se determina en el articulado siguiente. El procedimiento previsto en el párrafo se aplicará con independencia de la condición migratoria con la que hubiera ingresado el peticionante al territorio del país de recepción, e implicará la exención del pago de mulitas u otras sanciones más gravosas.

 

ARTÍCULO 4

 

TIPO DE RESIDENCIA A OTORGAR Y REQUISITOS

 

1.             A los peticionarios comprendidos en los párrafos 1 y 2 del artículo 3º, la representación consular o los servicios de migración correspondientes, según sea el caso, podrán otorgar una residencia temporaria de hasta dos años, previa presentación de la siguiente documentación:

 

a)            Pasaporte válido y vigente o cédula de identidad o certificado de nacionalidad expedido por el agente consular del país de origen del peticionante, acreditado en el país de recepción , de modo tal que resulte acreditada la identidad y nacionalidad del peticionante;

 

b)            Partida de nacimiento y comprobación de estado civil de la persona y certificado de nacionalización o naturalización, cuando fuere el caso;

 

c)            Certificado que acredite la carencia de antecedentes judiciales y/o penales y/o policiales en el país de origen o en los que hubiera residido el peticionante durante los cinco años anteriores a su arribo al país de recepción o a su petición ante el Consulado, según sea el caso;

 

d)            Declaración jurada de carencia de antecedentes internacionales penales o policiales;

 

e)            Certificado que acredite la carencia de antecedentes judiciales y/o penales y/o policiales del peticionante en el país de recepción, si se tratare de nacionales comprendidos en el párrafo 2 del Artículo 3º del presente Acuerdo;

 

f)             Si fuere exigido por la legislación interna de los Estados Parte de ingreso, certificado médico expedido por autoridad médica migratoria u otra sanitaria oficial del país de origen o recepción, según corresponda, del que surja la aptitud psicofísica del peticionante de conformidad con las normas internas del país de recepción;

 

g)            El pago de la tasa retributiva de servicios, conforme

lo dispongan las respectivas legislaciones internas.

 

2.             A los efectos de la legalización de los documentos, cuando la solicitud se tramite en sede consular, bastará la certificación de su autenticidad, conforme a los procedimientos establecidos en el país del cual el documento procede. Cuando la solicitud se tramite ante los servicios migratorios, dichos documentos sólo deberán ser certificados por el agente consular del país de origen


 

del peticionante acreditado en el país de recepción, sin otro recaudo.

 

ARTÍCULO 5

 

RESIDENCIA PERMANENTE

 

La residencia temporaria podrá transformarse en permanente mediante la presentación del peticionante ante la autoridad migratoria del país de recepción, dentro de los noventa (90) días anteriores al vencimiento de la misma, y acompañamiento de la siguiente documentación:

 

a)            Constancia de residencia temporaria obtenida de conformidad a los términos del presente Acuerdo;

 

b)            Pasaporte válido y vigente o cédula de identidad o certificado de nacionalidad expedido por el agente consular del país de origen del peticionante acreditado en el país de recepción, de modo que resulte acreditada la identidad del peticionante;

 

c)            Certificado que acredite carencia de antecedentes judiciales y/o penales y/o policiales en el país de recepción;

 

d)            Acreditación de medios de vida lícitos que permitan la subsistencia del peticionante y su grupo familiar conviviente;

 

e)            Pago de la tasa retributiva de servicios ante el respectivo agente de migración, conforme lo disponganlas respectivas legislaciones internas.

 

ARTÍCULO 6

 

NO PRESENTACIÓN EN TÉRMINO

 

Los inmigrantes que una vez vencida la residencia temporaria de hasta dos años otorgada en virtud del artículo 4º del presente, no se presentaran ante la autoridad migratoria del país de recepción, quedará sometidas a la legislación migratoria interna de cada Estado Parte.

 

ARTÍCULO 7

 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

 

Las Partes se comunicarán sus respectivas reglamentaciones nacionales sobre inmigración, así como, en caso de producirse sus ulteriores modificaciones, y asegurarán a los ciudadanos de los otros Estados Partes que hubiesen obtenido su residencia, un tratamiento igualitario en cuanto a derechos civiles de acuerdo con sus respectivas legislaciones internas.

 

ARTÍCULO 8

 

NORMAS GENERALES SOBRE ENTRADA Y PERMANENCIA

 

1.             Las personas que hayan obtenido su residencia conforme lo  dispuesto en el artículo 4º y 5º del presente Acuerdo tienen derecho a entrar, salir, circular y permanecer libremente en territorio del país de recepción, previo a lcumplimiento de las formalidades previstas por éste y sin perjuicio de restricciones excepcionales impuestas por razones de orden público y seguridad pública.

 

2.             Asimismo, tiene derecho a acceder a cualquier actividad, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, en las mismas condiciones que los nacionales de los países de recepción, de acuerdo con las normas legales de cada país.

 

ARTÍCULO 9

 

DERECHOS DE LOS INMIGRANTES Y DE LOSMIEMBROS DE SUS FAMILIAS

 

1.             IGUALDAD DE DERECHOS CIVILES: Los nacionales de las Partes y sus familias que hubieren obtenido residencia en los términos del presente Acuerdo gozarán de los mismos derechos y libertades civiles, sociales, culturales y económicas de los nacionales del país de recepción, en particular el derecho a trabajar, y ejercer toda actividad lícita en las concisiones que disponen las leyes; peticionar a las autoridades; entrar, permanecer, transitar y salir del territorio de las Partes; asociarse con fines lícitos y profesar libremente su culto, de conformidad a las leyes que reglamenta su ejercicio.

 

2.             REUNIÓN FAMILIAR: A los miembros de la familia que no ostenten la nacionalidad de uno de los Estados Parte, se les expedirá una residencia de idéntica vigencia de aquella que posea de la persona de la cual dependan, siempre y cuando presenten la documentación que se establece en el artículo 3º, y no posean impedimentos. Si por su nacionalidad los miembros de la familia necesitan visación para ingresar al país, deberán tramitar la residencia ante la autoridad consular, salvo que de conformidad con la normativa interna de cada país de recepción este último requisito no fuere necesario.

 

3.             TRATO IGUALITARIO CON NACIONALES: Los inmigrantes gozarán en el territorio de las Partes, de un trato no menos favorable que el que reciben los nacionales del país de recepción, en lo que concierne a la aplicación de la legislación laboral, especialmente en materia de remuneraciones, condiciones de trabajo y seguros sociales.

 

4.             COMPROMISO EN MATERIA PROVISIONAL: Las Partes analizarán la factibilidad de suscribir convenios de reciprocidad en materia provisional.

 

5              DERECHO A TRANSFERIR REMESAS: Los inmigrantes de las Partes tendrán derecho a transferir libremente a su país de origen, sus ingresos y ahorros personales, en particular los fondos necesarios para el sustento de sus familiares, de conformidad con la normativa y la legislación interna de cada una de las Partes.

 

6.             DERECHO DE LOS HIJOS DE LOS INMIGRANTES: Los


 

hijos de los inmigrantes que hubieran nacido en el territorio de una de las Partes tendrán derecho a tener un nombre, al registro de su nacimiento y a tener una nacionalidad, de conformidad con las respectivas legislaciones internas.

 

Los hijos de los inmigrantes gozarán en el territorio de las Partes, del derecho fundamental de acceso a la educación en condiciones de igualdad con los nacionales del país de recepción. El acceso a las instituciones de enseñanza preescolar o a las escuelas públicas no podrá denegarse o limitarse a causa de la circunstancial situación irregular de la permanencia de los padres.

 

ARTÍCULO 10

 

PROMOCIÓN DE MEDIDAS RELATIVAS A CONDICIONES LEGALES DE MIGRACIÓN Y EMPLEO EN LAS PARTES

 

Las Partes establecerán mecanismos de cooperación permanente tendientes a impedir el empleo ilegal de los inmigrantes en el territorio de la otra, a cuyo efecto adoptarán entre otras, las siguientes medidas:

 

a)            Mecanismos de cooperación entre los organismos de inspección migratoria y laboral, destinados a la detección y sanción del empleo ilegal de inmigrantes;

 

b)            Sanciones efectivas a las personas físicas o jurídicas que empleen nacionales de las Partes en condiciones ilegales. Dichas medidas no afectarán los derechos que pudieran corresponder a los trabajadores inmigrantes, como consecuencia de los trabajos realizados en estas condiciones;

 

c)            Mecanismos para la detección y penalización de personas individuales u organizaciones que lucren con los movimientos ilegales o clandestinos de trabajadores inmigrantes, cuyo objetivo sea el regreso, la permanencia o el trabajo en condiciones abusivas de estas personas o de sus familiares;

 

d)            Las Partes intensificarán las campañas de difusión e información pública, a fin de que los potenciales migrantes conozcan sus derechos.

 

ARTÍCULO 11

 

APLICACIÓN DE LA NORMA MÁS BENÉFICA

 

El presente Acuerdo será aplicado sin perjuicio de normas o disposiciones internas de cada Estado Parte que sean más favorables a los inmigrantes.

 

ARTÍCULO 12

 

RELACIÓN CONNORMATIVA ADUANERA

 

Las disposiciones del presente Acuerdo no incluyen la regularización de eventuales bienes y valores que los inmigrantes hayan ingresado provisionalmente en el territorio de los Estados Partes.

 

ARTÍCULO 13

 

INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN

 

Los conflictos que se originen del alcance, interpretación y aplicación del presente Acuerdo se solucionarán conforme el mecanismo que se encuentre vigente al momento de presentarse el problema y que hubiera sido consensuado entre las Partes.

 

ARTÍCULO 14

 

VIGENCIA

 

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la comunicación por los cuatro Estados Partes a la república del Paraguay, informando que se ha dado cumplimiento a las formalidades internas necesarias para la entrada en vigor del presente instrumento.

 

ARTÍCULO 15

 

DEPÓSITO

 

La República del Paraguay será depositaria del presente Acuerdo y de las notificaciones de los demás Estados Partes en cuanto a vigencia y denuncia. La República del Paraguay enviará copia debidamente autenticada del presente Acuerdo a las demás Partes.

 

ARTÍCULO 16

 

DENUNCIA

 

Los Estados Partes podrán en cualquier momento denunciar el presente Acuerdo mediante notificación escrita dirigida al depositario, que notificará a las demás Partes. La denuncia producirá sus efectos a los ciento ochenta (180) días, después de la referida notificación. Hecho en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, a los seis (6) días del mes de diciembre de 2002, en un original, en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.

 

Eduardo Duhalde

República Argentina

Fernando Enrique Cardoso

República Federativa del

Brasil

 

Luís Ángel González

Macchi

República del Paraguay

Jorge Battle Ibáñez

República Oriental del

Uruguay

 

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

Competencia de la Corte Constitucional y validez del Proceso

 

El Pleno de la Corte Constitucional es competente para conocer y resolver la presente causa, de conformidad con lo previsto en  los artículos 429 y 438 numeral 1 de la Constitución de la República, artículo 107 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en concordancia con los  artículos 69 y siguientes del Reglamento de  Sustanciación  de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional.

 

El presente proceso ha sido sustanciado de conformidad con el ordenamiento jurídico constitucional y legal aplicable al caso, por lo que se declara su validez.

 

Naturaleza jurídica, alcances y efectos del control de constitucionalidad de los tratados internacionales

 

La Constitución de la República, respecto del control de constitucionalidad de los instrumentos internacionales, dispone que todo convenio, pacto, acuerdo, tratado, internacional etc., debe mantener compatibilidad con sus normas. Partiendo de esta premisa constitucional, el artículo 417 determina que: ?Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución??.

 

El examen de constitucionalidad de los tratados internacionales implica analizar si el contenido de dichos instrumentos jurídicos guarda conformidad con las normas de la Constitución de la República, así como el cumplimiento de las reglas procedimentales para su negociación y suscripción, conforme lo previsto en el artículo 108 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Sobre ello debe pronunciarse la Corte Constitucional.

 

Oscar Manuel Ariza, al referirse al control constitucional de los tratados internacionales, manifiesta que el control ?es integral en cuanto al estudio del Tratado y de su ley aprobatoria, pues la supremacía de la Constitución busca mantener la seguridad jurídica y la estabilidad del sistema normativo (?) a partir de la supremacía de la Constitución misma?1.

 

El rol de la Asamblea Nacional en la ratificación o denuncia de los tratados y convenios internacionales

 

Bajo un sistema de democracia representativa, el rol que asume el órgano legislativo es primordial, pues encarna la voluntad popular expresada mediante sus representantes en la Asamblea Nacional. En tal virtud, actuando a nombre y en representación de sus mandantes, el órgano legislativo debe aprobar de manera previa la ratificación o denuncia de los tratados internacionales cuando se trate de asuntos previstos en el artículo 419 de la Constitución de la República, ya que de ese pronunciamiento depende que el Ecuador incursione o se desligue de un compromiso internacional.

 

Al presentar el respectivo informe, el juez sustanciador Manuel Viteri Olvera, señaló que el Acuerdo sobre Residencia para

_______________________________

1              ARIZA, Óscar Manuel; ?Perspectivas de Control de Constitucionalidad de los Tratados Públicos en Colombia: Una Visión Latinoamericana? ? Revista Jurídica, Mario Alario D`Filippo; pág. 98 (citado en el Dictamen No. 001-13-DTI-CC, dentro del Caso No. 0011-12-TI ? Juez Ponente: Dr. Fabián Marcelo Jaramillo Villa). Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile, al cual se ha adherido el Ecuador mediante Acta de Adhesión suscrita el 29 de junio de 2011 en Asunción (Paraguay),  requiere  aprobación  legislativa  previa  a  su

ratificación, ya que dicho convenio es de aquellos que se encuentran previstos en los numerales 3 y 4 del artículo 419 de la Constitución de la República.

 

Control de constitucionalidad del ?Acta de Adhesión de la República del Ecuador al Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile?

 

La presente causa tiene por objeto analizar previamente si el  ?Acta de Adhesión de la República del Ecuador? al ?Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile? cumple los requisitos formales para que surta efecto jurídico en el concierto internacional de las naciones.

 

Es necesario destacar que el 6 de diciembre de 2002, en la ciudad de Brasilia (Brasil), los Estados de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, celebraron el ?Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR?2, instrumento jurídico internacional al cual el Ecuador ha expresado su voluntad de adherirse, mediante la suscripción del Acta de Adhesión del 29 de junio de 2011 en la ciudad de Asunción (Paraguay).

 

Partimos de un hecho innegable en el derecho internacional: Todo Estado tiene capacidad para celebrar tratados, conforme lo previsto en el artículo 6 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados; por su parte, el artículo 15 del mismo instrumento internacional prevé como una de las formas que un Estado consienta en obligarse por un tratado internacional, sea mediante la Adhesión.

 

De conformidad con el artículo 7 de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados, para que el consentimiento de un Estado para contraer las obligaciones jurídicas estipuladas en un tratado, convenio o cualquier otro acuerdo internacional sea considerado válido, es preciso que tal consentimiento sea expresado por quien represente al Estado con plenos poderes, entendiendo que cumplen esta condición: a) Los Jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de relaciones exteriores; b) Los jefes de misiones diplomáticas; y, c) Los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o ante un organismo internacional.

 

En el Acta de Adhesión que se analiza, si bien se advierte una rúbrica ilegible del representante del Ecuador (fojas 1), no se precisa a qué autoridad o funcionario corresponde; sin embargo, esta omisión no puede descalificar la voluntad del Estado ecuatoriano de adherirse a un instrumento internacional, más aún si, como en el presente caso, permite el derecho a la

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2              Si bien el instrumento original constan como Partes: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en el Acta de Adhesión delEcuador, constan además, como Partes del Acuerdo, Bolivia y Chile.


 

movilidad y residencia de los ciudadanos de un Estado hacia otro Estado. Por el contrario, esta omisión que impide identificar a la persona, autoridad o funcionario que, en representación del Ecuador, ha suscrito el Acta de Adhesión, puede ser subsanada mediante la confirmación del acto, acorde con lo dispuesto en el artículo 8 de la referida Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

 

En consecuencia, se ha cumplido los requisitos de forma o

 

procedimentales para la adhesión del Ecuador contenida en el Acta de Adhesión al Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile.

 

En lo referente al control de constitucionalidad del Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR (que obra de fojas 2 a 9), cuyas normas se hacen extensivas a los Estados de Ecuador, Chile y Bolivia, corresponde a la Corte Constitucional examinar su contenido, a fin de establecer si dicho instrumento internacional guarda o no conformidad con el texto constitucional.

 

Al respecto, la Corte Constitucional efectúa el siguiente análisis:

 

El artículo 1 del instrumento que se analiza establece que los nacionales de un Estado Parte que deseen residir en el territorio de otro Estado Parte, pueden obtener residencia legal en este último, de conformidad con los términos del Acuerdo. Nuestra Constitución consagra, a favor de las personas, el derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a ?escoger su residencia?. Concordante con esta norma, el artículo 40 ibídem reconoce a las personas ?el derecho a migrar?.

 

De lo expuesto se infiere que la norma convencional analizada no contradice los mandatos contenidos en nuestra Carta Suprema de la República.

 

El artículo 2 del Acuerdo identifica los Estados y las personas a quienes se aplican las normas convencionales, de la siguiente manera: a) Estados Partes.- Los países que forman parte del MERCOSUR, a los cuales se añadirán Ecuador, Chile y Bolivia, en virtud del Acta de Adhesión que se analiza; b) Nacionales de una Parte.- Quienes poseen la nacionalidad originaria de uno de los Estados que forman parte del Acuerdo; c) Inmigrantes.- Los nacionales de un Estado Parte que desean establecerse en el territor

 

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