Registro Oficial No 42 - Martes 23 de Julio de 2013 Primer Suplemento

Martes, 23 de julio de 2013

Última modificación: Viernes, 02 de agosto de 2013 | 16:00

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Martes 23 de Julio de  2013 - R. O. No. 42

SUPLEMENTO

SUMARIO

               

Corte Constitucional del Ecuador:

Causa    

0055-12-IN Acción Pública de Inconstitucionalidad. Legitimado activo: César Robalino Gonzaga, Director Ejecutivo y representante legal de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador

Sentencias           

002-13-SAN-CC Acéptase la acción por incumplimiento deducida por el señor Miguel Ángel Valdivieso Valencia

               

003-13-SAN-CC Niégase la acción por incumplimiento planteada por Enith Carranco M., procuradora común de varios maestros jubilados de centros educativos de la provincia de Imbabura

               

008-13-SIN-CC Niégase la demanda de acción pública de inconstitucionalidad planteada por el Abg. Jaime Ramiro Velasco Freire

               

024-13-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección planteada por el señor Fausto Germán Guevara Velarde

               

025-13-SEP-CC Niégase la acción extraordinaria de protección planteada por el señor Mauricio Catón Salazar Betancourt

               

027-13-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección propuesta por la ingeniera María del Carmen Guevara Sevilla, representante legal de la Compañía SUTECSA S.A.

               

034-13-SCN-CC Niégase la consulta de constitucionalidad planteada por el Abg. Augusto Posligua Galarza, Juez Cuarto de Trabajo del Guayas

               

036-13-SCN-CC Niégase la consulta de norma planteada por el abogado Antonio Kubes Robalino, Juez Suplente del Juzgado Primero de lo Civil de Pastaza

               

037-13-SCN-CC Niégase la consulta de norma planteada por el Tribunal Primero de Garantías Penales del Cañar

               

038-13-SCN-CC Devuélvese el proceso No. 017-2012 al Tribunal Distrital No. 3 de lo Fiscal de Cuenca

               

Gobiernos Autónomos Descentralizados: Convenio de Mancomunidad:

               

-       Para la prestación del servicio de agua potable de los gobiernos autónomos descentralizados municipales de Francisco de Orellana, Joya de los Sachas y Loreto ?Río Suno?

CONTENIDO


CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

SALA DE ADMISIÓN

RESUMEN CAUSA No. 0055-12-IN

(Admitida a trámite)

En cumplimiento a lo dispuesto por la Sala de Admisión, mediante auto de 26 de junio de 2013, a las 11h32; y, de conformidad con lo establecido en el artículo 80, numeral 2, literal e), de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se pone en conocimiento del público lo siguiente:

CAUSA: Acción Pública de Inconstitucionalidad 0055-12- IN.

LEGITIMADO ACTIVO: César Robalino Gonzaga, director ejecutivo y representante legal de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador.

CASILLA CONSTITUCIONAL: 1142

CORREO ELECTRONICO:

[email protected]

LEGITIMADOS PASIVOS: Directorio del Banco Central del Ecuador y procurador general del Estado

NORMAS CONSTITUCIONALES PRESUNTAMENTE VULNERADAS:

Constitución de la República: Artículos: 11, numerales 3,4 y 8; 66 numeral 15; 82; 84; 302; 308 y 309.

PRETENSIÓN JURÍDICA:

El accionante demanda la inconstitucionalidad por el fondo de los instrumentos normativos, expedidos por el Directorio del Banco Central del Ecuador 1) Regulación Nº DBCE- 007-2010, adoptada en sesión de 26 de febrero de 2010, publicada en el Registro Oficial Nº 147 de 10 de marzo de 2010; 2) Regulación Nº 008-2010, adoptada en sesión de 26 de mayo de 2010, publicada en el Registro Oficial Nº 203 de 14 de junio de 2010; 3) Regulación Nº 020-2011, adoptada en sesión de 16 de junio de 2011, publicada en el Registro Oficial Nº 486 de 07 de julio de 2011; y, 4) Regulación Nº 028-2012, adoptada en sesión de 11 de julio de 2012, publicada en el Registro Oficial Nº 755 de 27 de julio de 2012, específicamente contra sus artículos 3, 4, 5, 6 y 8. Resoluciones que a su vez introducen sucesivas reformas a los Capítulos I y II del Título Segundo y al Título Décimo Cuarto del Libro Primero de la Codificación de Regulaciones del Banco Central del Ecuador, por contravenir a las normas constitucionales como ?(?) al ser la actividad financiera parte del derecho a desarrollar actividades económicas, no se puede dictar normas restrictivas a este derecho conforme lo determina los artículos 11, número 8, y 84 de la Constitución. En este caso, por Regulación del Directorio del Banco Central del Ecuador se remplaza la potestad que en materia de restricción de derechos sólo tiene el constituyente, lo que es contrario a los artículos 441, 422 y 444 de la Constitución (?)?

De conformidad con lo dispuesto por la Sala de Admisión, publíquese este resumen de la demanda en el Registro Oficial y en el Portal Electrónico de la Corte Constitucional.

LO CERTIFICO.- Quito D.M., 26 de junio de 2013, a las 11h32

f.) Jaime Pozo Chamorro, Secretario General.

Quito, D. M., 14 de mayo del 2013

SENTENCIA N.º 002-13-SAN-CC

CASO N.º 0045-11-AN

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADO

I. ANTECEDENTES

Admisibilidad

El señor Miguel Angel Valdivieso Valencia, fundamentado en el artículo 55 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, presentó acción de incumplimiento del artículo 62, primer inciso de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en contra de la Cámara de la Construcción de Quito, y por esta el doctor Byron Ayala Custode, árbitro de esa institución.

La acción por incumplimiento N.º 0045-11-AN fue ingresada por Secretaría General de la Corte Constitucional, para el período de transición, el 23 de junio de 2011, conforme se desprende de la fe de recepción del citado Órgano Constitucional.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, el 23 de junio de 2011 la Secretaría General de la Corte Constitucional, para el periodo de transición, certificó que no se ha presentado otra demanda constitucional con identidad objetiva y de acción.

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, para el periodo de transición, previo a la revisión del contenido de la acción y a la verificación del cumplimiento de requisitos formales y de admisibilidad establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en auto del 31 de agosto de 2011, admitió a trámite la acción por incumplimiento N.º 0045-11-AN, deducida por el señor Miguel Angel Valdivieso Valencia. En virtud del principio procesal iura novit curia, establecido en el numeral 13 del artículo 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, le correspondió a la Corte Constitucional suplir la norma errónea, por aquella que contiene la garantía que efectivamente se demanda, que es la acción por incumplimiento del artículo 93 de la Constitución de la República.

Realizado el sorteo de ley en el Pleno del Organismo en sesión del 12 de octubre de 2011, el conocimiento y sustanciación de la causa correspondió al doctor Alfonso Luz Yunes, juez constitucional, quien en auto del 20 de octubre de 2011, avocó conocimiento de la acción y dispuso notificar con copias de la demanda y providencias recaídas en ella, al presidente de la Cámara de la Construcción de Quito, al director del Centro de Mediación y Arbitraje de la referida entidad, y al doctor Byron Ayala Custode, árbitro único de la misma; al procurador general del Estado y al accionante; y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 numeral 3 de la Constitución y artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, convocó a audiencia pública a las partes e intervinientes en la relación jurídica.

El 06 de noviembre de 2012, se posesionaron ante el Pleno de la Asamblea Nacional, los jueces de la Primera Corte Constitucional, integrada conforme lo dispuesto en los artículos 432 y 434 de la Constitución de la República.

El Pleno de la Corte Constitucional, en sesión del 11 de diciembre de 2012, procedió al sorteo de causas, correspondiendo el conocimiento y sustanciación a la doctora María del Carmen Maldonado Sánchez, jueza constitucional, quien en cumplimiento de lo establecido en el artículo 194 numeral 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y artículo 19 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, mediante auto del 29 de enero de 2013, avocó conocimiento de la causa y dispuso notificar a las partes procesales y a la Procuraduría General del Estado.

Contenido de la acción

El legitimado activo, en lo principal, manifiesta que el 13 de agosto de 2009 presentó una demanda de arbitraje en el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de la Construcción de Quito CENAMACO, en contra de la compañía CONTASIS S. A., por incumplimiento del contrato de promesa de permuta celebrado el 21 de marzo de 2007.

Manifiesta el demandante que el doctor Byron Ayala Custode, único árbitro del ente accionado, resolvió la controversia mediante laudo arbitral emitido el 24 de noviembre de 2010, del cual el ahora accionante ha interpuesto acción extraordinaria de protección, porque a su criterio se habrían violado derechos constitucionales.

Que la entidad accionada, como respuesta a su petición, en escrito del 1 de febrero de 2011 y oficio N.º 084-DCENAMACO- 2011 del 8 de abril de 2011, ha determinado que, previo a proveer sus peticiones, cancele valores correspondientes a costas de arbitraje y copias certificadas del proceso arbitral, y que la acción extraordinaria de protección debe ser presentada directamente ante la Corte Constitucional.

A decir del accionante, ?Resulta poco más que admirable, la negativa de enviar el proceso de Arbitraje, a la Corte Constitucional por parte de la CENAMACO (?)?, y con lo cual ?(?) se falta primero a los mandatos constitucionales, posteriormente la norma violentada, estipulada en el Art. 62 inciso primero, (?)?.

Considera que se ha configurado el incumplimiento de la norma legal demandada, y como inmediata consecuencia se han vulnerado sus derechos constitucionales de celeridad procesal y los singularizados en los artículos 75, 169 y 425 de la Constitución de la República, y que a saber son: el acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses; al proceso como sistema medio de realización de justicia; y al orden jerárquico de normas establecido en la Constitución de la República.

El señor Miguel Angel Valdivieso Valencia, el 23 de junio de 2011, deduce ante la Corte Constitucional para el periodo de transición, la presente acción por incumplimiento del inciso primero, del artículo 62, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por parte de la ?(?) Cámara de la construcción de Quito y por ésta el doctor Byron Ayala Custode, árbitro de esta institución?, quienes a decir del accionante, han incumplido la norma demandada.

Reclamo previo

En el numeral cuarto del libelo de su acción, como pruebas de su reclamo previo, entre otras, adjunta a su demanda copias de las providencias de fecha 1 de febrero del 2011 y oficio N.º 084-D-CENAMACO-2011, del 8 de abril del 2011, que niegan la remisión del expediente a la Corte Constitucional y la entrega de las copias certificadas, y las copias de la consignación del valor de USD $ 270,00, por concepto de copias certificadas, con lo cual demuestra que el Centro de Mediación y Arbitraje de la CENAMACO no envió el expediente del proceso arbitral a la Corte Constitucional, en el término de cinco días como dispone la ley.

Pretensión concreta

La acción por incumplimiento propuesta por el legitimado activo busca el cumplimiento del artículo 62 primer inciso de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por parte del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de la Construcción de Quito, y su único árbitro, Dr. Byron Ayala Custode.

Contestación de la demanda

Doctor Byron Ayala Custode, árbitro

En lo principal manifiesta que: ?Habiéndose determinado y fijado por parte de la Secretaría del CENAMACO, la real cuantía de la demanda arbitral que el mentado señor Valdivieso Valencia propuso en dicho Centro Arbitral, el actor en éste caso, una vez presentado su Recurso de Nulidad y previo a la remisión del proceso para conocimiento del Superior, debió abonar y cancelar al CENAMACO las tasas y derechos respectivos de orden económico que le correspondían en base a la cuantía de la demanda, requisito que NO lo cumplió y por lo tanto la Dirección del Centro no dio paso a su recurso de Nulidad, remitiendo el Proceso a la Corte Provincial de Pichincha. (?)?.

El presidente de la Cámara de la Construcción de Quito y el director del Centro de Mediación y Arbitraje de la entidad accionada, no han contestado la acción jurisdiccional deducida en su contra, pese estar legalmente notificados, según se desprende de la revisión del proceso constitucional.

Procurador General del Estado

El doctor Marcos Arteaga Valenzuela, director nacional de Patrocinio, delegado del procurador general del Estado, en lo pertinente de su contestación a la acción por incumplimiento, manifiesta que: ?El Centro de Arbitraje de la Cámara de la Construcción de Quito (en adelante CENAMACO) ha incumplido la obligación establecida en el artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (?)?, ?(?) es claro que el Centro de Arbitraje referido debía limitarse a receptar la demanda de acción extraordinaria interpuesta por el señor Valdivieso y debía remitirla conjuntamente con el expediente a la Corte Constitucional (?)?.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA

CORTE CONSTITUCIONAL

Competencia de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional es competente para conocer y resolver sobre las acciones por incumplimiento, de conformidad con lo previsto en los artículos 93 y 436 numeral 5 de la Constitución de la República, en concordancia con lo dispuesto en los artículos del 52 al 57 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y de acuerdo con los artículos 32 y 33 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional. Por tanto puede conocer y resolver la acción por incumplimiento deducida por el señor Miguel Angel Valdivieso Valencia en contra de la Cámara de la Construcción de Quito, y del árbitro, doctor Byron Ayala Custode.

Sobre la formalidad condicionada

Al deducir su acción, el legitimado activo erróneamente en su demanda manifiesta ?(?) respetuosamente comparezco con la siguiente ACCION DE INCUMPLIMIENTO, (?)?, sin embargo la argumentación y fundamentación del libelo de la acción está enfocada en la acción por incumplimiento.

Abordando el núcleo argumentativo del libelo de la acción a partir de la omisión en la aplicación de la norma cuyo cumplimiento se exige, se infiere que el error en la especificación de la garantía jurisdiccional en la que incurre el accionante deviene de un lapsus calami o tipográfico; sin embargo, y al no ser error sustancial, no constituye causal para denegar justicia constitucional, por ser un asunto de mera formalidad. Al respecto, el Diccionario de Uso del Español define al lapsus como ?Falta o equivocación cometida por descuido?1 que generó un error, entendido como toda equivocación, inexactitud e imprecisión, como sucede en el caso sub judice. En este sentido, la Corte Constitucional, para el periodo de transición, al resolver el caso N.º 0038-09-EP en sentencia N.º 020-09-SEP-CC, del 13 de agosto de 2009, publicada en el suplemento del Registro Oficial N.º 35 del 28 de septiembre de 2009, al tratar sobre el lapsus calami concluyó ?(?) que un lapsus calami o error en la escritura es un acto cometido por una persona de manera involuntaria o sin conciencia plena de la acción de que se trate?2.

El artículo 169 de la Constitución de la República establece al proceso como el medio para la realización de la justicia, señalando que ?El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades?.

En virtud de lo expuesto, esta Corte considera que el lapsus calami en que incurre el accionante no constituye error esencial que vicie el proceso de nulidad insanable o que cause indefensión a las partes procesales o al tercero interviniente (P.G.E.); en consecuencia, reafirmando la perspectiva teleológica de materialización de una verdadera justicia constitucional, y adecuando al efecto el proceso como sistema medio de su realización, considera que el legitimado activo presentó una acción por incumplimiento de norma, y en este sentido contextualizado y sistemático ha de entenderse la acción deducida, la sustanciación de la causa y la estructuración de la presente sentencia.

Norma jurídica cuyo incumplimiento se demanda

Realizado el análisis y solucionadas cuestiones de forma de la acción, se infiere que el señor Miguel Angel Valdivieso Valencia dedujo acción de garantía jurisdiccional por incumplimiento del artículo 62 inciso primero de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Naturaleza jurídica de la acción por incumplimiento

La acción por incumplimiento es una garantía constitucional incorporada a la legislación a partir de la nueva Carta Fundamental. La Corte Constitucional, para el periodo de transición, en su fallo N.º 002-09-SAN-CC3, desarrolló presupuestos jurídicos complementarios con la norma constitucional, bajo los cuales esta adquiere mayor funcionalidad en la garantía de derechos, a través del cumplimiento de los siguientes presupuestos:

?En cuanto a su objeto:



 

1              MOLINER María. Diccionario de Uso del Español. Segunda edición. Editorial GREDOS, pág. 151

2              Sentencia No. 020-09-SEP-CC, en el caso No. 0038-09-EP, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 35 de 28 de septiembre de 2.009

a) Garantizar la aplicación de las normas o actos administrativos de carácter general, cualquiera que sea su naturaleza y jerarquía, que integran el sistema jurídico: y

b) Garantizar el cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de Derechos Humanos?.

En cuanto a la procedibilidad, y sin perjuicio de lo determinado en la sentencia invocada, la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece:

1. Que la norma y resolución cuyo cumplimiento se demanda, contengan ?(?) una obligación de hacer o no hacer, clara, expresa y exigible?.

2. ?Si existe otro mecanismo judicial para lograr el cumplimiento de la norma (?) y resolución demandadas su incumplimiento.?

Igualmente, la Corte Constitucional, para el periodo de transición, al pronunciarse sobre la naturaleza jurídica de esta garantía, también ha señalado que ?(?) la connotación garantías jurisdiccionales, guarda relación directa con el deber del juez constitucional de controlar que los actos públicos no violen derechos. En definitiva, la protección que otorgan las nuevas garantías guarda armonía y compatibilidad con el paradigma del Estado Constitucional, previsto en el artículo 1 de la Constitución de la República?4.

La garantía antes mencionada, difiere de la acción de incumplimiento, como mecanismo constitucional, permite tutelar, proteger y remediar los efectos del retardo en el cumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales, garantizando el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica; así fue lo manifestado por la Corte Constitucional para el período de transición en la Sentencia de Jurisprudencia Vinculante Nº 001.10-PJO-CC, señalando que ?Los mecanismos de cumplimiento de sentencias, resoluciones y dictámenes constitucionales se constituyen per se en auténticas garantías jurisdiccionales de protección y reparación de derechos constitucionales, si no existieran mecanismos de cumplimiento como los señalados, de nada serviría la presencia de garantías para la protección de los derechos constitucionales?5.

Determinación de los problemas jurídicos a resolverse en el caso sub judice

¿La disposición determinada en el artículo 62 inciso primero de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible, obligación que fue cumplida por los legitimados pasivos?

¿Establecer requisitos no previstos en la Constitución de la República y en la Ley por parte de la Cámara de la Construcción de Quito, el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de la Construcción de Quito CENAMACO y su único árbitro limita el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica?

Argumentación de la Corte sobre los problemas jurídicos planteados

1. ¿La disposición determinada en el artículo 62 inciso primero de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible, obligación que fue cumplida por los legitimados pasivos?

La garantía jurisdiccional determinada en el artículo 62 de la indicada ley, garantiza el acceso a la justicia constitucional, y permite la constitucionalización de derechos y del sistema jurídico, obligando a que actuaciones institucionales y no institucionales guarden conformidad con exigencias jurídicas derivadas del texto constitucional, a fin de que incumplimientos de la legislación que no fueren superados en el sistema ordinario de justicia, sean tutelados por el máximo organismo de justicia constitucional, y se garantice al recurrente la tutela efectiva, imparcial y expedita de acceso a la justicia, materializando a su vez el efectivo ejercicio de derechos y garantías constitucionales determinados en la Constitución y la ley.

El objeto de la disposición legal trascrita establece una obligación clara, expresa y exigible de hacer, esto es que el vínculo jurídico normativo constriñe la voluntad del destinatario de la obligación al inmediato cumplimiento, pues siendo inteligible, concreta y obligatoria, el único resultado esperado es su realización, y que en el caso sub judice por inobservancia de la norma por parte de los accionados, no se verificó el fin que persigue la norma, lo cual ha generado que el ahora accionante demande el cumplimiento de la disposición legal incumplida.

En conclusión, la disposición determinada en el artículo 62 primer inciso de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, establece inteligiblemente una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible. La Cámara de la Construcción de Quito, el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de la Construcción de Quito y su único árbitro incumplieron con la obligación determinada en el artículo 62, inciso primero, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, esto es, remitir en el término de cinco días a la Corte Constitucional, la acción extraordinaria de protección y el expediente completo.

2. ¿Establecer requisitos no previstos en la Constitución de la República y en la Ley por parte de la Cámara de la Construcción de Quito, el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de la Construcción de Quito CENAMACO y su único árbitro limita el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica?

Abordando el análisis desde la disposición legal citada en el numeral anterior, debieron cumplirse las acciones siguientes: 1. La Cámara de la Construcción de Quito y el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de la Construcción de Quito-CENAMACO, y su único árbitro, debieron limitarse a receptar la acción; 2. Notificar a las partes procesales; y 3. Remitir la acción jurisdiccional con el


3              Sentencia No. 002-09-SAN-CC, de 02 de abril de 2009, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 566 de 08 de abril de 2009.

4              Ibídem.

5              Sentencia de Jurisprudencia Vinculante: Sentencia No. 001.10- PJO-CC. Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 351, 29 de diciembre de 2010. P. 7 No. 45

expediente completo a la Corte Constitucional, dentro del término señalado en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Entre los principios de aplicación de derechos establecidos en el capítulo primero del título segundo de la Constitución de la República, encontramos que el artículo 11 numeral 3, segundo inciso, determina que: ?Para el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley.

Efectivamente, ni la Constitución ni la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establecen condición alguna, previo al cumplimiento de la obligación constitucional determinada en la norma cuyo cumplimiento se demanda; al contrario y para desterrar toda arbitrariedad, ha determinado la existencia de normas jurídicas previas, claras y públicas a ser aplicadas por autoridades, personas públicas y privadas; presupuestos que fundamentan el derecho a la seguridad jurídica y el respeto a la Constitución.

En definitiva, de la revisión y análisis de la norma cuyo cumplimiento se demanda, así como del expediente constitucional, se concluye que los accionados, al establecer requisitos no previstos en la Constitución o la ley, vulneraron los derechos constitucionales del accionante. Al sustentarse en una disposición reglamentaria que desconoce el derecho como un orden normativo, supremo y jerarquizado en la Constitución y la ley, y que las normas y actos públicos y/o privados deben guardar armonía con sus prescripciones, o de lo contrario carecen de eficacia jurídica. Por lo expuesto, si la norma estatuía una obligación de hacer, la actuación de los ahora accionados fue discrecional, y no condicionada al cumplimiento del mandato de hacer lo que la norma legal estatuía a favor del accionante, por lo que la pretensión de una obligación económica, vulneró los derechos a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones, expide la siguiente:

SENTENCIA

Declarar vulnerados los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica previstos en los artículos 76 y 82 de la Constitución de la República.

Aceptar la acción por incumplimiento deducida por el señor Miguel Ángel Valdivieso Valencia y, en consecuencia, declarar el incumplimiento del artículo 62, inciso primero, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por parte de la Cámara de la Construcción de Quito, el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de la Construcción de Quito (CENAMACO), y doctor Byron Ayala Custode, árbitro de dicha entidad.

Disponer como medida de reparación integral, que el presidente de la Cámara de la Construcción de Quito, el director del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de la Construcción de Quito CENAMACO, y el doctor Byron Ayala Custode, árbitro único o quien actualmente haga sus veces, cumplan con el artículo 62 primer inciso de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y en el término de 5 días remitan a esta Corte la acción extraordinaria de protección presentada por el accionante y el expediente arbitral N.º 009-2009, ?Valdivieso c. Contasis S.A.?, bajo prevenciones del artículo 86 numeral 4 de la Constitución de la República.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

f.) Dr. Patricio Pazmiño Freire, PRESIDENTE.

f.) Dr. Jaime Pozo Chamorro, SECRETARIO GENERAL.

RAZÓN.- Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional, con ocho votos de los señores jueces y señoras juezas: Antonio Gagliardo Loor, Marcelo Jaramillo Villa, María del Carmen Maldonado Sánchez, Wendy Molina Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra, Alfredo Ruiz Guzmán, Ruth Seni Pinoargote y Patricio Pazmiño Freire, sin contar con la presencia de Manuel Viteri Olvera, en sesión ordinaria del 14 de mayo de 2013. Lo certifico.

f.) Dr. Jaime Pozo Chamorro, SECRETARIO GENERAL.

CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado por: ? f.) Ilegible.- Quito, a 17 de julio de 2013.- f.) Ilegible, Secretaría General.

CASO No. 0045-11-AN

RAZÓN.- Siento por tal, que el dictamen que antecede fue suscrito por el Juez Patricio Pazmiño Freire, Presidente de la Corte Constitucional, el día jueves 27 de junio de dos mil trece.- Lo certifico.

f.) Jaime Pozo Chamorro, Secretario General.

CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado por: ? f.) Ilegible.- Quito, a 17 de julio de 2013.- f.) Ilegible, Secretaría General.

Guayaquil, 07 de junio de 2013

SENTENCIA N.º 003-13-SAN-CC

CASO N.º 0050-11-AN

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

La presente acción por incumplimiento de norma, ha sido propuesta el 11 de junio de 2011 a las 15h05 ante esta Corte Constitucional, por Enith Carranco M., procuradora común de un grupo de 94 maestros jubilados de diferentes centros educativos de la provincia de Imbabura, a fin de que se declare el incumplimiento del artículo 8 del Mandato Constituyente N.º 2.

El secretario general de esta Corte, el 11 de julio de 2011, ha certificado de conformidad con el artículo 17 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, para el período de transición, que el caso N.º 0050-11-AN, no tiene identidad de objeto y acción con otra causa presentada a la Corte Constitucional. Mediante providencia del 13 de diciembre de 2011 a las 13h28, la Sala de Admisión de la Corte Constitucional, para el período de transición, conformada por los jueces Edgar Zárate Zárate, Ruth Seni Pinoargote y Hernando Morales Vinueza, resolvieron admitirla a trámite.

En virtud del sorteo correspondiente efectuado por el Pleno del Organismo, el 12 de octubre de 2011, correspondió la sustanciación de la causa al juez constitucional, Alfonso Luz Yunes, quien avocó conocimiento de la acción, mediante providencia del 20 de octubre del 2011 a las 08h10, y se procedió a notificar a las partes: ministra de Educación, director provincial de Educación de Imbabura, presidente de la Comisión de Defensa Profesional de Imbabura y procurador general del Estado.

Concluido el período de transición y legalmente posesionados los jueces de la Corte Constitucional ante la Asamblea Nacional, el 6 de noviembre de 2012, por sorteo le correspondió la sustanciación de la causa al juez constitucional Manuel Viteri Olvera.

Detalle de la acción por incumplimiento

Los legitimados activos, por intermedio de su procuradora común, demandan el cumplimiento del artículo 8 del Mandato Constituyente N.º 2, publicado en el Registro Oficial N.º 261 del 28 de enero de 2008, que señaló el monto de las indemnizaciones por retiro voluntario para acogerse a la jubilación de funcionarios, servidores públicos y personal docente del sector público.

Indican que el 30 de mayo de 2011, amparados en el artículo 54 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, presentaron ante el director provincial de Educación de Imbabura el reclamo previo, obteniendo la negativa del pedido de reliquidación en oficio N.º 0001683 del 03 de junio de 2011.

Manifiestan que de la interpretación literal o gramatical de la disposición que acusan de incumplida, establece que la indemnización por retiro voluntario, será de hasta siete salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio y hasta un monto máximo de doscientos diez salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado en total.

Señalan que el Estado ha sido injusto con los maestros jubilados, personas que después de 40 años de servicio docente llegaron al ocaso de sus vidas para retirarse a un merecido descanso; sin embargo, se los entregó una indigna jubilación entre doce mil y catorce mil dólares en aplicación del Decreto Ejecutivo N.º 1127, por el cual, se reforma el Reglamento General a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional, decreto en base al cual se hicieron los cálculos para el monto de sus indemnizaciones.

Petición concreta

En base a los antecedentes expuestos y de conformidad con los artículos 436 numeral 5 y 93 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 52 y siguientes de Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, solicitan que en sentencia se declare el incumplimiento de lo establecido en el artículo 8 del Mandato Constituyente N.º 2, expedido por la Asamblea Constituyente y se proceda a la reliquidación de sus jubilaciones.

Reclamo previo

Los accionantes mediante la presente acción demandan el incumplimiento de lo establecido en el Mandato Constituyente N.º 2, específicamente el artículo 8.

Conforme se expone en la acción propuesta, consta que los accionantes efectivamente presentaron un reclamo para que se proceda a la reliquidación de la bonificación por retiro voluntario por haberse acogido a la jubilación, el 30 de mayo de 2011, ante el director provincial de Educación de Imbabura, quien mediante oficio N.º 0001683 del 03 de junio de 2011, señaló que ?NO ES POSIBLE ATENDER EL PEDIDO DE RELIQUIDACIÓN, considerando además que es el Ministerio de Finanzas en coordinación con el Ministerio de Educación, quienes han estudiado y financiado los pedidos de estímulos por jubilación?, y ante tal negativa, presentan acción por incumplimiento, que lo asumen, radica en el incumplimiento del artículo 8 del Mandato Constituyente N.º 2, publicado en el Registro Oficial N.º 261 del 28 de enero de 2008, puesto que está por encima y prevalece sobre el Decreto Ejecutivo N.º 1127 del 5 de junio de 2008, publicado en el Registro Oficial N.º 361 del 17 de los referidos mes y año.

Contestación a la demanda

Pronunciamiento del delegado del procurador general del Estado, director provincial de Educación de Imbabura y ministra de Educación

El director nacional de Patrocinio, delegado del procurador general del Estado, señala que la acción no procede por ser producto de una equívoca interpretación del artículo 8 del Mandato Constituyente N.º 2, así como por haberse presentado de manera colectiva, sin observar las diferencias o condiciones particulares de cada uno de los accionantes, lo cual les impide generalizar su pedido.

Añade que de la propia demanda se desprende que los accionantes poseen diversas edades y distinto número de años de servicio, incluso algunos de ellos, tienen tiempos inferiores a los 30 años, lo cual en términos generales hizo que el Ejecutivo, dentro de sus facultades legales y constitucionales y con observancia de lo prescrito en el Mandato Constituyente N.º 2, emitiese el Decreto N.º 1127, para efectos de normar de manera especial la posibilidad de jubilación de los maestros, por lo que tal acto reglado por ningún concepto ha contrariado los parámetros del Mandato Constituyente N.º 2, y los accionantes recibieron, según sus condiciones de edad y tiempo de servicio, las bonificaciones que les correspondía en su oportunidad, por lo que no se ha demostrado el incumplimiento alegado.

El director provincial de Educación de Imbabura, recuerda que los jubilados del año 2008, que constan en la presente acción, demandaron acción de protección que en primera y segunda instancia fueron rechazadas por improcedentes, ante el juez segundo de la niñez y adolescencia de Imbabura y la Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura; a la vez que, en la causa N.º 1419-10-EP, por acción extraordinaria de protección, presentada por Lilia López Llerena en contra de la sentencia del 16 de julio de 2010 de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Imbabura, la Sala de Admisión de la Corte Constitucional, inadmitió la acción, por considerar que podía haberse interpuesto el recurso contencioso administrativo correspondiente del caso, y asume que en relación a su negativa constante del acto administrativo, los accionantes debieron presentar el recurso contencioso administrativo.

La ministra de Educación, invocando el artículo 56 numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por tratarse de ?omisiones de mandatos constitucionales?, señala, que en el presente caso, los recurrentes presentan su demanda por un supuesto incumplimiento u omisión del artículo 8 del Mandato Constituyente N.º 2, lo cual debe ser desechado de plano, dado que la acción por incumplimiento no es la vía para conocer esta controversia, sino que debieron someterse a la vía ordinaria y a lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público (LOSCCA).

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA

CORTE CONSTITUCIONAL

Competencia de la Corte

El Pleno de la Corte Constitucional es competente para conocer y resolver la presente acción por incumplimiento de norma, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 93 y 436 numeral 5 de la Constitución de la República, en concordancia con los dispuesto en los artículos 52 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y artículos 32 y 33 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de la Competencia de la Corte Constitucional.

Objeto de la acción por incumplimiento de norma

Respecto a la naturaleza de la acción por incumplimiento se reitera lo manifestado en la sentencia N.º 0005-09-SAN-CC del 8 de octubre de 2009, dentro del caso N.º 0026-09-AN, que señaló lo siguiente:

?La Acción por Incumplimiento, o también llamada acción de cumplimiento, tal como lo demuestra la historia constitucional latinoamericana, ha sido pensada para evitar que este tipo de situaciones afecten los derechos constitucionales de los ciudadanos y ciudadanas (Colombia 1991, Perú 1993, Venezuela 1999, Ecuador 2008). (?)

En nuestro país, el art. 436, numeral 5 de la Constitución de la República señala que es competencia de este Organismo conocer y resolver a petición de parte, las acciones por incumplimiento que se presenten, con la finalidad de garantizar la aplicación de normas o actos administrativos de carácter general, cualquiera que sea su naturaleza o jerarquía, así como para el cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de protección de derechos humanos que no sean ejecutables por las vías judiciales ordinarias.

Por su parte, el artículo 93 de la Constitución de la República del Ecuador señala que la que la Acción por Incumplimiento, en primer lugar "tendrá por objeto garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico", amplio concepto que concuerda con lo dispuesto en el art. 436 ibídem, al determinar las atribuciones que ejercerá la Corte Constitucional, además de las que le confiera la Ley, señalando, como queda indicado en el numeral 5 de dicho artículo, que puede "Conocer y resolver, a petición de parte, las acciones por incumplimiento que se presenten con la finalidad de garantizar la aplicación de normas o actos administrativos de carácter general, cualquiera que sea su naturaleza o jerarquía, así como para el cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de protección de derechos humanos que no sean ejecutables por las vías judiciales ordinarias?.

Análisis

La Corte desarrollará su análisis en base a la resolución del siguiente problema jurídico:

¿La norma contenida en el artículo 8 del Mandato Constituyente N.º 2 establece una obligación de hacer o no hacer, clara, expresa y exigible?

En relación a los Mandatos dictados por la Asamblea Constituyente, estos sin lugar a duda, dentro del marco constitucional y por su ubicación dentro del ordenamiento jurídico, son de obligatorio acatamiento por todas las personas y entidades del sector público a las que están direccionadas. El espíritu del Mandato Constituyente N.º 2, contribuye a erradicar los privilegios remunerativos y salariales, eliminando las distorsiones generadas por la existencia de remuneraciones diferenciadas que se pagaban en algunas entidades públicas.

La norma cuyo cumplimiento se demanda señala textualmente:

?El monto de la indemnización, por supresión de partidas, renuncia voluntaria o retiro voluntario para acogerse a la jubilación de los funcionarios, servidores públicos y personal docente del sector público, con excepción del perteneciente a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, será de hasta siete (7) salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio y hasta un monto máximo de doscientos diez (210) salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado en total. Para el efecto, las instituciones del sector público establecerán, planificadamente, el número máximo de renuncias a ser tramitadas y financiadas en cada año debiendo, para ello realizar las programaciones presupuestarias correspondientes, en coordinación con el Ministerio de Finanzas, de ser el caso?.

De la lectura de la norma transcrita se establece que la determinación del constituyente es al monto máximo de la indemnización por supresión de partidas, renuncia voluntaria o retiro voluntario para acogerse a la jubilación de funcionarios, servidores públicos y personal docente del sector público. Monto que se traduce en la determinación de límites máximos a percibir por concepto de indemnizaciones y liquidaciones por eventos que significan la desvinculación de los servidores públicos de sus respectivas instituciones.

En este punto, debe recordarse lo manifestado por la Corte Constitucional, para el período de transición, en el sentido de que ?el alcance del Mandato Constituyente No. 2 -con el carácter de generalidad- se orienta a establecer los topes máximos para las liquidaciones por jubilación, sean éstas por supresión de partidas, renuncia voluntaria o retiro voluntario de los funcionarios, servidores públicos y personal docente del sector público. A través de aquello se tiende a corregir ciertas desigualdades o "abusos" cometidos por instituciones estatales en este sentido, cuya incidencia negativa recaía en perjuicio del erario nacional, cuya propiedad pertenece a todos los ecuatorianos. El referido Mandato Constituyente No. 2, efectivamente tiene un alto contenido de razonabilidad, en tanto, busca la igualdad material, y en el supuesto en que se pretenda asumir la razonabilidad en donde se produce una desigualdad, ésta contiene una justificación objetiva y razonable?1.

De esta forma, se trata entonces de una disposición general, que tiende a regular y fijar los montos máximos de indemnización a percibir, por supresión de partidas, retiro voluntario o renuncia voluntaria de las y los servidores públicos.

Es decir, la norma contenida en el Mandato Constituyente N.º 2, conlleva una obligación de hacer en la verificación de hasta un monto límite, más no al establecimiento de un monto fijo que debe ser cancelado al momento de calcular las liquidaciones.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, la Corte Constitucional expide la siguiente:

SENTENCIA

1.- Negar la acción por incumplimiento planteada.

2.- Notifíquese, publíquese y cúmplase.

f.) Wendy Molina Andrade, PRESIDENTA (e).

f.) Jaime Pozo Chamorro, SECRETARIO GENERAL.

RAZÓN.- Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional, con seis votos de los señores jueces y señoras juezas: Antonio Gagliardo Loor, Marcelo Jaramillo Villa, Tatiana Ordeñana Sierra, Alfredo Ruiz Guzmán, Manuel Viteri Olvera y Wendy Molina Andrade, sin contar con la presencia de los jueces María del Carmen Maldonado Sánchez, Ruth Seni Pinoargote y Patricio Pazmiño Freire, en sesión extraordinaria del 07 de junio de 2013. Lo certifico.

f.) Jaime Pozo Chamorro, SECRETARIO GENERAL.

CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado por: ? f.) Ilegible.- Quito, a 17 de julio de 2013.- f.) Ilegible, Secretaría General.

CASO No. 0050-11-AN

RAZÓN.- Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por la Jueza Wendy Molina Andrade, Presidenta (e) de la Corte Constitucional, el día jueves 27 de junio de dos mil trece.- Lo certifico. 1 Corte Constitucional del Ecuador, para el período de transición, caso N.º 0040-09-AN.

f.) Jaime Pozo Chamorro, Secretario General.

CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado por: ? f.) Ilegible.- Quito, a 17 de julio de 2013.- f.) Ilegible, Secretaría General.

Quito, D. M., 13 de junio del 2013

SENTENCIA N.º 008-13-SIN-CC

CASO N.º 0029-11-IN

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

El 06 de junio de 2011, el Abg. Jaime Ramiro Velasco Freire presentó ante la Corte Constitucional, para el período de transición, acción pública de inconstitucionalidad, mediante la cual solicitó que se declare de oficio la inconstitucionalidad de la tabla de cálculo del impuesto a las tierras rurales ubicadas en la Región Amazónica, de acuerdo al límite de hectáreas contenido en la Disposición Transitoria Vigésima Segunda, del Código Orgánico de la Producción, publicado en el suplemento del Registro Oficial N.° 351 del 29 de diciembre de 2010.

Con certificación del 06 de junio de 2011, la doctora Marcia Ramos Benalcázar, secretaria general de la Corte Constitucional, para el periodo de transición, indicó que en referencia a la acción N.° 0029-11-IN, no se ha presentado otra causa con identidad de objeto y acción.

El 07 de diciembre del 2011, la Sala de Admisión, integrada por los jueces Nina Pacari Vega, Patricio Pazmiño Freire y Alfonso Luz Yunes, avocó conocimiento de la causa y en lo principal consideró: ?Esta Sala en aplicación de las normas referidas en las consideraciones anteriores y verificados los presupuestos establecidos en el artículo 79 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, establece que la demanda de acción de inconstitucionalidad reúne los requisitos de procedibilidad establecidos en la Constitución y la Ley, en consecuencia, se ADMITE a trámite la causa N.° 0029-11-IN, sin que esto implique un pronunciamiento de fondo respecto de la pretensión?.

En este orden, la Sala de Admisión, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, dispuso que se corra traslado con la providencia y la copia de la demanda a los legitimados pasivos para que la contesten, así como también dispuso la publicación de un resumen de la demanda en el Registro Oficial y la página Web de la Corte Constitucional, con el fin de que el público conozca de la existencia del proceso.

El 26 de enero de 2012 se publicó en el Registro Oficial N.° 627 un extracto de la demanda de acción pública de inconstitucionalidad N.° 0029-11-IN, con el fin de poner en conocimiento de la ciudadanía el inicio del proceso.

El 06 de noviembre de 2012 se posesionaron ante el Pleno de la Asamblea Nacional, los señores jueces de la Primera Corte Constitucional, integrada conforme lo dispuesto en los artículos 432 y 434 de la Constitución de la República.

En virtud del sorteo de causas realizado por el Pleno de la Corte Constitucional, en sesión extraordinaria del 11 de diciembre de 2012, conforme lo previsto en la Disposición Transitoria Octava de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, le correspondió al doctor Fabián Marcelo Jaramillo Villa actuar como juez ponente en la causa N.° 0029-11-IN.

Con memorando N.° 017-CCE-SG-SUS-2012, el doctor Jaime Pozo Chamorro, secretario general de la Corte Constitucional, remitió el expediente del caso N.° 0029-11- IN al Dr. Fabián Marcelo Jaramillo Villa, para que actúe como juez ponente.

En providencia del 19 de abril de 2013, el doctor Fabián Marcelo Jaramillo Villa avocó conocimiento de la causa y determinó su competencia para efectos del control abstracto de constitucionalidad de actos normativos con carácter general.

Texto de la norma objeto de la acción de inconstitucionalidad

Conforme se desprende del texto de la demanda, el accionante demandó la inconstitucionalidad de la Disposición Transitoria Vigésima Segunda del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, publicado en el suplemento del Registro Oficial N.° 351 del 29 de diciembre de 2010, que dice:

?VIGÉSIMA SEGUNDA.- En el caso de inmuebles ubicados en la Región Amazónica, para los períodos fiscales comprendidos entre el año 2010 y 2015 inclusive, el hecho generador se producirá con la propiedad o posesión de superficies de terreno superiores a 70 hectáreas, en los términos del Art. 174 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador. No obstante, quienes hubieren cancelado el impuesto correspondiente al año 2010 y no se encuadren en el hecho generador de superficies de terreno superiores a 70 hectáreas, tendrán derecho a la devolución del pago indebido de conformidad con el Código Tributario.

En el caso de que el sujeto pasivo sea propietario y/o posea al mismo tiempo terrenos en la Región Amazónica y en otras regiones del país, para efectos del cálculo de este impuesto se sumarán todas las áreas y se restará el número de hectáreas de terreno que se encuentren en la Región Amazónica, hasta el máximo señalado para cada ejercicio fiscal. El excedente que resulte de esta operación constituirá la base gravable del impuesto. Sin embargo, si el número de hectáreas que el sujeto pasivo posea en la Región Amazónica es menoría 25, la base gravable del impuesto será aquella que supere las 25 hectáreas de la sumatoria total de sus tierras rurales a nivel nacional.

A partir del año 2016, para el cálculo del impuesto a las tierras rurales ubicadas en la Región Amazónica, se aplicará el límite de hectáreas previsto en la siguiente tabla:

AÑO FISCAL LIMITE

(HECTÁREAS)

2016

61

2017

52

2018

43

2019

34

2020....

EN ADELANTE 25

En cualquier caso, para el pago del Impuesto a las Tierras Rurales, en tanto no se cuente con un catastro nacional debidamente actualizado y éste no sea remitido al Servicio de Rentas Internas de conformidad con lo establecido en la presente Ley y su Reglamento, los sujetos pasivos declararán y pagarán este impuesto en las instituciones financieras autorizadas, en el formulario elaborado para el efecto por el Servicio de Rentas Internas.

Para los casos comprobados de fuerza mayor o caso fortuito por parte de la administración tributaria, se podrá conceder facilidades de pago en los términos que señala el Código Tributario hasta por un plazo de cinco años?.

Fundamentos y pretensión de la demanda de inconstitucionalidad

a) Fundamentos

Consta en la demanda de inconstitucionalidad presentada por el abogado Jaime Ramiro Velasco Freire, que:

?De conformidad con lo previsto en el Art 174 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, "el hecho generador del impuesto a la propiedad o la posesión de las tierras de superficie igual o superior a 25 hectáreas en el sector rural a nivel Nacional, sin embargo en la disposición transitoria vigésima segunda del código orgánico de la producción comercio e inversiones, señala que, en la región Amazónica el hecho generador para el cálculo de impuesto a la tierra se producirá con propiedad o superficie de terreno de 70 hectáreas, en los periodos comprendidos entre el 2010 y 2015, pero a partir del año 2016, el hecho generador se producirá según la tabla, con el carácter regresivo, acto que atenta contra los principios de: Progresividad y el de no regresividad contemplados en la Teoría General de los derechos Humanos y garantizados en el numeral 8 del Art 11 de la Constitución de la República del Ecuador?. Indica además que con la medida se restringe el ejercicio de los derechos en la Región Amazónica cuando afirma:

?(?) porque la Región Amazónica es considerada como una circunscripción territorial Especial, y no se puede conceder derechos y garantías hasta un cierto tiempo, sino que se debe conceder de forma definitiva, para garantizar ciertos aspectos de carácter social, económicos, ambientales y culturales?.

Finalmente, el accionante concluye que la tabla del cálculo del impuesto a las tierras rurales ubicadas en la Región Amazónica, de acuerdo al límite de hectáreas que consta en la Disposición Transitoria Vigésima Segunda del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, es incompatible con el numeral 4 del artículo 11 de la Constitución, que señala que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales, y sostiene además que la disposición aludida vulnera los derechos constitucionales consagrados en el artículo 11 numerales 4 y 8, 250 y 424 de la Constitución de la República.

b) Pretensión

Conforme se desprende de la demanda, el accionante solicita que se declare de oficio la inconstitucionalidad de la tabla de cálculo del impuesto a las tierras rurales ubicadas en la Región Amazónica, de acuerdo al límite de hectáreas contenido en la Disposición Transitoria Vigésima Segunda, del Código Orgánico de

 

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