Registro Oficial

Registro Oficial No 33 - Miércoles 10 de Julio de 2013 Edicion Especial

Miércoles, 10 de julio de 2013

Última modificación: Sábado, 27 de julio de 2013 | 11:39

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles 10 de Julio de  2013 - R. O. No. 20

 

EDICIÓN ESPECIAL

 

SUMARIO

 

 

Función Judicial y Justicia Indigena                               

Corte Nacional de Justicia Segunda Sala de lo Penal:

 

Recursos de casación en los juicios seguidos en contra de las siguientes personas:

 

018-2010 José Luis Carrillo Endara

               

021-2010 Guido Trajano Haro Toscano

 

               

022-2010 José Luis Barrezueta Rodríguez

 

               

023-2010Alfredo Sevilla Quiroz

 

               

024-2010 Juan Alberto Gissi Viotti

 

               

025-2010 José Rogelio Tocagón Cobacango

 

               

029-2010 Luis Efraín Collahuazo Muñoz

 

               

030-2010 Herminio Leopoldo Chuchuca León

 

               

031-2010 Daniel Criollo Albarracín

 

               

032-2010 Edison Arturo Palma Ostaiza

 

               

034-2010 Reyes Casimiro Carranza Tuárez

 

               

036-2010 Jhon Jadman Córdova Castillo y otro

 

               

041-2010 Iván Zenén Bravo Carrión

 

               

042-2010Segundo Eduardo Buestán Lliguín y otra

 

               

044-2010Mario Roberth Briceño Rojas

 

                              

Función Judicial y Justicia Indigena

 

045-2010 César Cruz

 

               

048-2010 Víctor Manuel Rodríguez Semper

 

               

052-2010Manuela Cesarina Lucas Pincay

 

               

053-2010 Jhon Kennedy Cuarán Queta

 

               

68-2010 Reina Amelia Zambrano Zambrano y otros

 

 

CONTENIDO

 


 

No. 018-2010

 

Juicio Penal No. 587-2009 seguido en contra de JOSE LUIS CARRILLO ENDARA, como autor responsable del delito de asesinato previsto y sancionado en el Art. 450, con la circunstancia 7 del Código Penal.

 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

SEGUNDA SALA DE LO PENAL

 

Quito, 15 de enero del 2010; las 09h00.

 

VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en calidad de Jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia y Conjuez Nacional, en virtud del Oficio No. 067-SG-2010-PCH. En lo principal, el procesado José Luis Carrillo Endara y la acusadora particular Blanca Irma Andrango Andrango, interponen recurso de casación de la sentencia expedida el 22 de octubre del 2007, por el Tribunal Primero de lo Penal de Pichincha, que declara a José Luis Carrillo Endara, autor responsable del delito de asesinato, previsto y sancionado en el Art. 450 con la circunstancia 7 del Código Penal, imponiéndole la pena modificada de catorce años de reclusión mayor extraordinaria. Concluido el trámite y siendo el estado de la causa, el de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO.-. Esta Segunda Sala Especializada de lo Penal es competente para conocer y resolver este recurso de casación, en virtud del Art. 184 de la Constitución Política de la República del Ecuador, vigente a partir del 20 de octubre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 449; por lo dispuesto en los literales a) y b) del numeral 4 de la sentencia interpretativa 001-08-SI-CC de fecha 28 de noviembre de 2008, dictada por la Corte Constitucional de la República, publicada en el Registro Oficial No. 479 de 2 de diciembre de 2008; por Resolución Sustitutiva de 22 de diciembre del 2008, (publicada en el Registro Oficial No. 511 de 21 de enero de 2009), a la aprobada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, el 17 de diciembre de 2008;, y, por el sorteo legal de 10 de diciembre de 2007. SEGUNDO.- A fs.. 6 a 7 del cuaderno de la Sala consta el escrito de fundamentación del recurso formulado por la acusadora particular Blanca Irma Andrango Andrango, en el que, en lo principal expresa, que impugna la sentencia del Tribunal Primero de lo Penal y dicha pena, acogiéndose a la irrelevante circunstancia   atenuante,   sin   considerar   la   circunstancia agravante establecida en el Art. 30 numeral 4 del Código Penal, cuyas dos normas tienen el mismo valor, pero con diferencia que la agravante está probada en el proceso y la única atenuante posterior al delito no modifica la pena, como lo establece el Art. 72 del Código Penal, por lo que solicita se imponga a José Luis Carrillo Endara el máximo de la pena prevista en el Art. 450 numeral 7 de1 Código Penal. Por otra parte, el procesado José Luis Carrillo Endara, en su escrito de fundamentación, del recurso de casación por él propuesto, sostiene que en la sentencia dictada por el Tribunal Primero de lo Penal de Pichincha, se han violado normas legales y se ha hecho una aplicación errónea de la ley al imputarle y condenarle injustamente por el delito de asesinato, tipificado en el Art. 450 numeral 7 del Código Penal; que también se han violentado las normas de los Arts. 143 inciso segundo, 87, 88 y 250 del Código de Procedimiento Penal, por lo que solicita a la Sala, "se modifique la sentencia, en el evento no consentido en todo caso debía aplicarse los Arts. 449 y 461 del Código Penal; porque el supuesto homicidio fue cometido sin ninguna de las circunstancias detalladas en el Art. 450 ibídem". TERCERO.- El Ministro Fiscal General del Estado, al contestar el traslado corrido con la fundamentación del recurso constante a fs. 13 a 15 del cuaderno de la Sala, luego de realizar el análisis de las pruebas actuadas en la audiencia de juzgamiento, en lo principal manifiesta que: "el juzgador en la sentencia hace un análisis de todos los indicios reunidos en el proceso, considerando improcedente un nuevo análisis", argumenta además, "que la casación de acuerdo con el Art. 349 del Código de Procedimiento Penal, se contrae a examinar si en la sentencia se hubiese violado la ley, ya por contravenirla expresamente, ya por haberla aplicado falsamente o por interpretarla erróneamente. El Tribunal Primero de lo Penal de Pichincha al haber aplicado el Art. 450 numeral 7 del Código Penal, imponiendo al recurrente, la pena correspondiente a su acción delictiva, ha sustentado su sentencia condenatoria en la prueba presentada en la audiencia de juicio, conforme al Art. 79 del Código de Procedimiento Penal, cumpliendo los principios del modelo acusatorio, esto es oral y pública, con derecho al contradictorio y respetando los principios de continuidad, así como cumpliendo con el principio de inmediación de la prueba con el juez de la sentencia". Termina, expresando que es de la opinión de que el recurso de casación interpuesto por los recurrentes, acusadora particular y procesado se los declare improcedentes. CUARTO.- Examinada la sentencia, por parte de la Sala, se observa que en los considerandos Cuarto y Quinto del fallo, el Tribunal Juzgador expresa que tanto la materialidad de la infracción como la responsabilidad del procesado se ha comprobado conforme a derecho con la práctica de las siguientes diligencias actuadas en la audiencia del juicio; en cuanto a la materialidad de la infracción con: 1.- El testimonio del Dr. Luis Figueroa Simbaña, perito médico legista que el 21 de octubre del 2006, practicó la autopsia al cadáver de quien en vida se llamó Julio Luciano Casimba Quilca, de 27 años de edad, quien en el tórax, región infraclavicular izquierda, presentaba una herida manipulada quirúrgicamente suturada de trazo oblicuo, de nueve centímetros de extensión, concluyendo que la causa de la muerte fue producida por hemorragia aguda interna, laceración de pulmón izquierdo, fractura costal por penetración de arma punzo cortante, por lo que la muerte fue violenta, ratificando en la audiencia pública de juzgamiento ante el Tribunal Penal su informe. 2.- Testimonios de los policías Wilson Caiza y Luis Soto quienes realizaron el levantamiento del cadáver del occiso Julio Luciano Casimba Quilca, el que presentaba una herida cortopunzante a la altura del pectoral izquierdo de más o menos unos 8 centímetros, la misma que estaba suturada. 3.- Con la partida de defunción del occiso; y, 4.- Con el Testimonio del Cabo de Policía Milton Jiménez Cueva, quien testificó ante el Tribunal Penal. Que en compañía del Cabo de Policía Luis Tenelema, realizó el reconocimiento del lugar de los hechos, que se trata de una escena abierta, ubicada en Cumbayá, sector "la Y", costado derecho de la avenida Intersección Guayasamín. La responsabilidad del procesado José Luis Carrillo Endara, el Tribunal Juzgador la establece con: los testimonios de Roberto Marcelo Parreño Toapanta, Edwin Iván Sulca Álvarez, Blanca Irma Andrango Andrango y del policía Glen Falcónez Ramírez, los mismos que coinciden, en afirmar que el día 20 de octubre del 2006, a eso de las 22H00 aproximadamente había sido objeto de acuchillamiento Julio Luciano Casimba Quilca, en el sector de la Avenida Interoceánica y Chimborazo de la parroquia Cumbayá por el procesado José Luis Carrillo Endara, por cuanto el occiso se negó a darle dinero, luego de lo cual se ha dado a la fuga; que con la colaboración de pobladores del sector se ha localizado y aprehendido a Luis Alberto Zambrano, Esmeralda y Liliana Lanchimba, quienes han manifestado que el autor de la puñalada a Julio Casimba Quilca había sido José Luis Carrillo Endara, que vestía con una camiseta negra, un pantalón jean azul y un pañuelo en la frente, quien para cometer el delito de acercó hasta las gradas de una ferretería lugar en el que se encontraba sentado el occiso y cuando el fallecido levantó su brazo, el joven agresor sacó un cuchillo de su cintura y le apuñaló; que estudiantes del Colegio Cumbayá quisieron detenerle siendo amenazados con un cuchillo por el agresor, luego se dirigió con dos amigos en dirección a San Juan de Cumbayá, siendo posteriormente detenido por la policía. De lo analizado se puede establecer claramente que el Tribunal Primero de lo Penal de Pichincha, analizó y valoró correctamente las pruebas en sentencia, pues la existencia material del hecho que motiva el proceso se encuentra comprobada conforme a derecho, presupuesto necesario para establecer el nexo causal entre la infracción y sus responsables y formular la correspondiente presunción que se funda en indicios probados, graves, precisos y concordantes, que en el caso son varios, relacionados, unívocos y directos  tal  como  lo

 

exigen los Arts. 87 y 88 del Código de Procedimiento Penal, y de esta manera el Tribunal Juzgador ha establecido con certeza que José Luis Carrillo Endara, es autor de delito de Asesinato tipificado y sancionado en el Art. 450 bajo la circunstancia contemplada en el Art. 7 del Código Penal, pues Julio Luciano Casimba Quilca, cuando se encontraba en el sector del semáforo de Cumbayá entre la Avenida Interoceánica y Chimborazo, recibió una apuñalada por parte del hoy sentenciado José Luis Carrillo Endara, la misma que le produjo la muerte a consecuencia de hemorragia aguda interna, laceración de pulmón izquierdo y fractura costal. Consecuentemente, el Tribunal Juzgador ha valorado la prueba, a la luz de la sana crítica, confrontando los testimonios rendidos por el ahora sentenciado con la prueba testifical recibida en la audiencia de juzgamiento. Ha hecho acopio de los indicios que en atención a las reglas fijadas en el Art. 88 del Código Penal, componen la prueba de presunciones eficaz al propósito de fundar el fallo en este caudal probatorio; no aparece entonces la inobservancia de las normas legales, esgrimida por el sentenciado en su escrito de fundamentación del recurso de casación. Por otro lado, en cuanto a lo manifestado por la acusadora particular en su escrito de fundamentación del recurso de casación, de que el Tribunal Juzgador no debía considerar atenuantes por cuanto el delito de asesinato se cometió bajo la circunstancia agravante contemplada en el numeral 4 "Ejecutar el hecho punible buscando de propósito el despoblado o la noche..." del Art. 30 del Código Penal. Al respecto, la Sala deja en claro que, la circunstancias contemplada en el numeral 7 "Buscando de propósito la noche o el despoblado para cometer el homicidio" del Art. 450 ibídem, siendo circunstancia constitutiva de la infracción, que convirtió el homicidio simple en asesinato, no impide la reducción de la pena ante la presencia de dos o más circunstancias atenuantes, impedimento que ocurre únicamente cuando se han demostrado circunstancias agravantes generales o genéricas, ejemplificadas en el Art. 30 del mismo cuerpo legal, por lo tanto la circunstancia constitutiva de la infracción no puede ser aplicada a la vez como circunstancia agravante genérica, porque son situaciones jurídicas que se excluyen. Más efectivamente esta Sala considera que, si existe violación de los Arts. 29 numeral 7 y 72 del mismo cuerpo legal, por parte del Tribunal Juzgador en su sentencia, al disminuir la pena por la presencia de circunstancias atenuantes pues no se ha justificado legalmente la circunstancia atenuante establecida en el numeral 7 del Art. 29 del Código Penal, ya que, constan del proceso certificaciones de los Tribunales Penales, que lo único que dan fe es de no haber sido enjuiciado o sentenciado, pero nada refieren sobre la conducta con anterioridad al delito; y, cartas de terceros, que hacen referencia a signos distintivos de la personalidad del procesado, son instrumentos privados que tanto por su contenido como por su condición de insolemnes deviene inidóneos al propósito de probar la atenuante prevista en el numeral 7 del Art. 29 del Código Penal, particular que debe justificarse por medios ajustados a la ley, consecuentemente, no se ha cumplido con lo requerido en el Art. 72 ibídem que establece que se reducirán las penas de reclusión, siempre que se prueben dos o más circunstancias atenuantes, pues el procesado solo probó una de ellas la contemplada en el numeral 6 del Art. 29 del Código Penal. En consecuencia,  el   Tribunal   Juzgador   ha   interpretado erróneamente el numeral 7 del Art. 29 y 72 del Código de Procedimiento Penal. Por las consideraciones que anteceden, la Segunda Sala Especializada de lo Penal de la Corte Naciona1 de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara improcedentes el recurso de casación interpuesto por el procesado José Luis Carrillo Endara y la acusadora particular Blanca Irma Andrango Andrango. Y de conformidad con lo previsto en el Art. 358 del Código de Procedimiento Penal, casa parcialmente la sentencia recurrida, y enmendando el error de derecho, declara a José Luis Endara Carrillo, cuyo estado y condición constan del proceso, autor responsable del delito de asesinato, ilícito tipificado y sancionado en el Art. 450 numeral 7 del Código Penal, y le impone la pena de dieciséis años de reclusión mayor especial, sin la consideración de atenuantes por lo antes señalado, condena, que la cumplirá en el Centro de Rehabilitación Social de Varones de Pichincha, debiendo, descontarse, el tiempo que el sentenciado haya estado privado de su libertad por esta causa. Se confirma en todo lo demás la sentencia recurrida. Notifíquese y devuélvase el proceso al Tribunal Penal de origen para los fines de ley. Actúe el Dr. Milton Álvarez Chacón, Secretario Relator Encargado, por licencia del Titular.

 

f.) Dr. Luis Abarca Galeas, Juez Nacional Presidente.

 

f.) Dr. Máximo Ortega Ordóñez, Juez Nacional.

 

f.) Dr. Luis Quiroz Erazo, Conjuez.

 

Certifico:

 

f.) Dr. Milton Álvarez Chacón, Secretario Relator, encargado.

 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su original.- Quito, 24-6- 2011.- las ??.- Certifico.- f.) El Secretario Relator.

 

No. 021-2010

 

Juicio Penal No. 194-2009 seguido en contra de GUIDO TRAJANO HARO TOSCANO, como autor del delito tipificado y sancionado en el Art. 464 del Código Penal.

 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

SEGUNDA SALA DE LO PENAL

 

Quito, 15 de enero de 2010; las l0h00.

 

VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en calidad de Jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia y Conjuez Nacional en virtud del oficio No. 067-SG-2010-PCH. En lo principal, el recurrente Guido Trajano Haro Toscano, interpone recurso, de casación de la sentencia dictada por el Tribunal Primero de lo Penal de Tungurahua, que lo declara autor del delito tipificado y sancionado en el Art. 464 del Código Penal, imponiéndole la pena de dos meses de prisión correccional y multa de quince dólares americanos. Concluido el trámite y siendo el estado de la causa, el de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO: Esta Segunda Sala Especializada de lo Penal es competente para conocer y resolver este recurso de casación, en virtud del Art. 184 de la Constitución de la República del Ecuador, vigente a partir del 20 de octubre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 449; por lo dispuesto en los literales a) y b) del numeral 4 de la Sentencia Interpretativa: 001-08-SI-CC, de fecha 28 de noviembre del 2008, dictada por la Corte Constitucional de la República, publicada en el Registro Oficial No. 479, de 2 de diciembre de 2008; por el Art. 349 del Código de Procedimiento Penal y por sorteo de 23 de abril de 2007. SEGUNDO: A fojas 4 a 15 del cuadernillo de casación, el recurrente Guido Trajano Haro Toscano, realiza un análisis desde su particular punto de vista de las actuaciones probatorias practicadas en esta causa y a continuación fundamenta el recurso de casación expresando en lo principal: Que se ha violado la ley en la sentencia al interpretar erróneamente, haber realizado una falsa aplicación y contravenir expresamente al texto de los Arts. 86, 304-A y 309 numerales 2 y 3 del Código de Procedimiento Penal, y que se han violado las reglas de la sana crítica, falta de motivación de la sentencia, ausencia de exposición apropiada de los fundamentos de hecho y de derecho de la misma. TERCERO: El señor Representante. del Ministerio Público, contestando al traslado con la fundamentación del recurso de casación, luego de realizar el respectivo análisis de la sentencia impugnada emite su criterio en los siguientes términos: "(...) Al pronunciarse sobre la diminuta fundamentación del recurso accionado por el referido procesado y las actuaciones procesales, emitió las siguientes consideraciones jurídicas: a) El Tribunal Primero de Penal de Tungurahua al dictar la sentencia condenatoria, objeto de la impugnación, no ha violado la ley, contraviniendo expresamente su texto, tampoco ha incurrido en falsa aplicación de la ley, ni ha interpretado erróneamente los catálogos que regulan la apreciación y valoración de la prueba. Por el contrario, las actuaciones procesales y el expedito conjunto probatorio se ajustan a las previsiones establecidas por el Art. 194 de la Constitución Política de la República y a las normas reguladoras de la prueba, Arts. 83, 85, 87 y 88 del Código de Procedimiento Penal, habiendo observado los principios dispositivo, de concentración e inmediación.- b) La noticia crimini demostrada judicialmente, se ajusta a la realidad histórica procesal que recoge la sentencia materia del recurso, encuadrada en los presupuestos normativos establecidos por los Arts. 309, 250, 252, 304-A y 312 inciso primero del Código de Procedimiento Penal, condicionantes indefectibles para el pronunciamiento de condena, resultando que la sentencia que narra e invoca motivadamente la prueba aportada en el juicio, tipifica la conducta e impone la pena,. Guarda armonía con la realidad histórica procesal que han conducido a la convicción de condena, tanto más que el acusado al rendir su declaración en el juico, admite implícitamente su participación en los hechos, cuando expresa que el día del suceso, mantuvo un incidente con el ofendido, provocado por el propio encausado, del que resulta afectado físicamente Luis Alfredo Toscano Bonilla, conforme lo acredita en forma fehaciente la prueba testimonial; desprendiéndose una vinculación con causal entre la infracción y su responsable, el hoy procesado, sin que haya probado en su defensa que tales lesiones fueren provocadas por otro agente o respondan a circunstancias diversas de las alegadas  por  él;  siendo  de  destacar  que  las  mismas;  de acuerdo a la descripción del forense, afectaron a varias partes de su cuerpo (cabeza, ojos, mejilla, frente); hecho, que bajo una lógica elemental debieron ejecutarse en acciones secuenciales (varias) lo que contradice la aseveración que tales lesiones son consecuencia de la pedrada dada involuntariamente por la enamorada de Luis Alfredo Toscano Bonilla (...)?. CUARTO: El recurrente deduce contra la sentencia el cargo de que no realiza un análisis crítico de la prueba y que se limita a la simple descripción. Al respecto, la Sala luego de analizar el contenido de la sentencia en relación a esta alegación, establece que el juzgador con toda propiedad en el considerando SEGUNDO de la sentencia procede a señalar, describir y explicar las pruebas de cargo constitucionalmente practicada en la audiencia de juzgamiento por el Fiscal; y de igual modo en el considerando TERCERO de la misma procede a señalar describir y explicar las pruebas de descargo presentadas por el acusado. En esta forma ordenada el juzgador primeramente hace constar los resultados probatorios que constituyen la tesis probatoria presentada por el Fiscal; y en segundo lugar la antítesis probatoria o contradicción presentada por la defensa del acusado. Y a continuación en el considerando CUARTO de la sentencia el juzgador procede a su valoración de la prueba en su conjunto, precisando la que utiliza para declarar con certeza la existencia material del delito objeto del juicio así como las que utiliza para declarar la responsabilidad del acusado, autor del mismo, para lo cual expresa que aplica las reglas de la sana crítica y si bien es verdad que no enuncia cuales son estas reglas, el juzgador procede estrictamente apegado a estas reglas, ateniéndose objetivamente a los hechos que declara probados en la valoración, porque estas reglas por su contenido se refieren a la obtención del conocimiento objetivo proporcionado por la pruebas, y para lo cual elimina aquellas que carecen de objetividad y por lo tanto no tiene relación con el objeto del proceso, o que por ser inconstitucionales carecen de valor; por lo que no se violan estas reglas en forma alguna, ya que no son otra cosa que la utilización de la lógica, la experiencia, la técnica y la ciencia para extraer el significado probatorio de los hechos probados en el juicio en relación al objeto del proceso, esto es a la existencia material del delito objeto del juicio y a la responsabilidad del acusado como su autor o partícipe. En el presente caso el juzgador valora la prueba con absoluta objetividad o aplicando las reglas de la sana crítica por lo que se desecha esta alegación del acusado recurrente. QUINTO: El acusado recurrente también formula contra la sentencia el cargo de que se viola el Art. 304-A del Código de Procedimiento Penal, porque la sentencia no se encuentra motivada, ya que no existe la disposición apropiada de los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia, conforme lo exige los numerales 2 y 3 del Art. 309 del mismo Código Procesal. La Sala, por las consideraciones expuestas en el considerando anterior, establece que los hechos que el juzgador declara probados en el considerando. CUARTO: en que se contiene la motivación del fallo condenatorio, es coherente con el fallo condenatorio que declara autor responsable al acusado y le impone la pena de dos meses de prisión correccional, pronunciándose en esta forma sobre la acusación fiscal realizada en la fase del debate, en aplicación del inciso primero del Art. 303 del Código de Procedimiento Penal, puesto que era obligación del juzgador pronunciarse sobre  la   acusación   del   Fiscal   por  el  delito  tipificado  y sancionado en el inciso primero del Art. 464 del Código Penal, como efectivamente así lo ha hecho; por lo que la sentencia reúne todos los requisitos que exige el Art. 309 del Código de Procedimiento Penal y consecuentemente se encuentra debidamente motivado conforme lo exige el literal 1) del No 7 del Art. 76 de la Constitución de la República y el Art. 304-A del Código de Procedimiento Penal. Por estas consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se declara improcedente el recurso interpuesto por el recurrente Guido Trajano Haro Toscano. Actúe el Dr. Milton Álvarez Chacón, Secretario Relator Encargado, por licencia del Titular. Notifíquese.

 

f.) Dr. Luis Abarca Galeas, Juez Nacional Presidente.

 

f.) Dr. Máximo Ortega Ordóñez, Juez Nacional.

 

f.) Dr. Luis Quiroz Erazo, Conjuez Nacional.

 

Certifico:

 

f.) Dr. Milton Álvarez Chacón, Secretario Relator, encargado.

 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su original.- Quito, 24-6- 2011; las ??.- Certifico f.) El Secretario Relator.

 

No. 022-2010

 

Juicio Penal No. 918-2009 seguido en contra de JOSE LUIS BARREZUETA RODRIGUEZ, como autor responsable del delito de robo calificado, previsto en el Art. 550 y sancionado en los Arts. 552 numeral 2 y 551 del Código Penal.

 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

SEGUNDA SALA DE LO PENAL

 

Quito, 15 de enero de 2010; las 10h00.

 

VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en calidad de Jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia y Conjuez Nacional, en virtud del Oficio No. 067-SG-2010-PCH. En lo principal, José Luis Barrezueta Rodríguez, interpone recurso de casación de la sentencia expedida el 14 de mayo de 2009, por el Tribunal Segundo de Garantías Penales de Los Ríos, que lo declara autor responsable del delito de robo calificado, previsto en el Art. 550 y sancionado en el Arts. 552 numeral 2 y 551 del Código Penal, imponiéndole la pena de seis años de reclusión menor. Concluido el trámite y siendo el estado de la causa, el de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO.- Esta Segunda Sala Especializada de lo Penal es competente para conocer y resolver este recurso de casación, en virtud del Art. 184 de la Constitución Política de la República del Ecuador, vigente a partir del 20 de octubre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 449; por lo dispuesto en los literales a) y b) del numeral 4 de la sentencia interpretativa 001-08-SI-CC de fecha 28 de noviembre de 2008, dictada por la Corte Constitucional de la República, publicada en el Registro Oficial No.  479  de  2 de diciembre de 2008; por Resolución Sustitutiva de 22 de diciembre del 2008, (publicada en el Registro Oficial No. 511 de 21 de enero de 2009), a la aprobada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, el 17 de diciembre de 2008; y, por el sorteo de ley de 1 de junio del 2009. SEGUNDO.- A fs. 4 y 4 vta. del cuaderno de la Sala consta el escrito de fundamentación del recurso formulado por el sentenciado José Luis Barrezueta Rodríguez, en el que, en lo fundamental expresa: que el Tribunal Juzgador aplicó erróneamente los Arts. 552 numeral 2 del Código Penal que tipifica el delito de robo agravado, toda vez que su conducta se adecúa en la de robo simple previsto y sancionado en los Arts. 550 y 551 del mismo cuerpo legal; agrega además, que no se le reconoció circunstancias atenuantes para efectos de la modificación de la pena, pese haber acreditado y justificado la de los numerales 5, 6 y 7 del Art. 29 del Código Penal. TERCERO.- El Ministro Fiscal General del Estado, al contestar el traslado corrido con la fundamentación del recurso constante a fs. 6 y 6 vta. del expediente de la Sala, en lo fundamental manifiesta: "..: Por su parte, el considerando séptimo de la sentencia muestra que el Juzgador desarrolla el análisis de ponderación y valoración de los medios de prueba presentados en la audiencia de juzgamiento, con cuyos antecedentes llega a la certeza en cuanto a que los elementos fácticos junto con la vinculación objetiva y subjetiva del acusado con el hecho a él atribuido se corresponden con el delito establecido en el Art. 552 numeral 2 del Código Penal, tanto más que se justifica las circunstancias de que el robo se produjo por la noche y en vía pública, con lo que la alegación esgrimida por el recurrente de que su conducta se encasilla con la figura del robo simple deviene en improcedente. ?". Concluye manifestando que es del criterio que el recurso de casación formulado por el recurrente debe ser rechazado por improcedente. CUARTO.- En la especie que se juzga, esta Sala advierte que, examinada la sentencia, se observa que en la misma, el Tribunal Juzgador expresa que tanto la materialidad de la infracción como la responsabilidad del procesado se ha comprobado conforme a derecho con la práctica de las siguientes diligencias procesales actuadas en la audiencia del juicio, en lo atinente a la materialidad de la infracción con: 1. La copia certificada de una factura otorgada por Comandato, por la venta de una motocicleta Suzuki AX100, color negro, por el valor de $. 1.783.04; y, 2.- La declaración del perito criminalista Wilmer Leonel Oñate Pacheco, quien refiere haber sido designado como perito para las diligencias de reconocimiento del lugar de los hechos y de las evidencias físicas, que para la primera diligencia se constituyó en el inmueble Sana Sana calles Bolívar, entre Sexta y Séptima, lugar poblado, con un semáforo, con normal circulación peatonal y vehicular; que la diligencia de reconocimiento de evidencias se llevó a cabo en la Policía Judicial, de una motocicleta que se dice sustraída, Suzuki AX100, color negro, sin placas, en buen estado, cuyo valor aproximado es de $. 1.200.00. La responsabilidad del procesado José Luis Barrezueta Rodríguez el Tribunal Juzgador la estable con: 1.- Las declaraciones de los agentes de policía Alex Vinicio Morán Zambrano y David Alberto Muñoz Arévalo, quienes son coincidentes en señalar que el 12 de diciembre del 2008, a las 21 H30, por la central de radio se reportó el robo de una motocicleta a un miembro policial, a la altura de las calles Bolívar y Séptima,  que  concurrieron  hasta el  cementerio  en donde se tenía localizado a uno de los autores, el mismo que les informó donde se encontraba la motocicleta, motivo por lo que se dirigieron por el terminal a la Venus del Río Quevedo, en donde efectivamente encontraron al otro individuo que conducía la moto sustraída, él que no hizo caso al pare y los miembros del GOE lo cerraron con las motocicletas de la Policía siendo reconocido por la víctima. 2.- El testimonio del ofendido Juan Gabriel Mora Moreno, quien manifiesta que el 12 de diciembre del 2008, a las 21 H30, circulaba en su moto por las calles Bolívar y Séptima, por la farmacia Sana Sana, siendo asaltado por los dos sujetos que andaban en una motocicleta, bajándose el acompañante José Luis Barrezueta y encañonándolo le despojó de su moto, pidiendo la colaboración a un taxi sigue al de apellido Rosado, a quien alcanza a la altura de las Avenida Los Álamos frente a la morgue del cementerio porque sufrió un accidente al chocar con el parterre y al otro sujeto le da alcance por la tienda Alexandra en la parroquia Venus, recuperando su motocicleta; y, 3. Testimonios de los procesados Orly Luis Rosado Castillo y José Luis Barrezueta Rodríguez, los mismos que expresan: que el 12 de diciembre del 2008 se encontraban libando con varios amigos en la Ciudadela Santa Rosa, que acordaron comprar una botella de licor, pero como las tiendas estaban cerradas por el sector deciden ir al centro de Quevedo, concretamente a la licorería "El Búho", que quien conducía la motocicleta era Orly Luis Rosado Castillo, que luego de comprar la botella los coge el semáforo en rojo, incriminándose entre sí en que bajaron de la motocicleta y luego siguieron la marcha, sin aceptar que le sustrajeron la motocicleta a la víctima, pero que si fueron aprehendidos en las circunstancias anotadas por los testigos y ofendido. De esta síntesis se infiere fácilmente que la prueba que sirve para llegar a la convicción y certeza de la existencia material del delito que se juzga y de la culpabilidad de los acusados se actuó en la diligencia de audiencia de juzgamiento, conforme lo establecen los Arts. 79 y 83 del Código de Procedimiento Penal; por lo que se demuestra que el Tribunal Juzgador, correctamente adecuó los hechos objeto del proceso al delito de robo agravado tipificado y sancionado en los Arts. 550, 551 y 552 numeral 2 del Código Penal, por haberse ejecutado en la noche y en vía pública; así también es correcta la pena impuesta al procesado de seis años de reclusión menor. Al tenor de lo dispuesto en la parte segunda del Art. 162 del Código de Procedimiento Penal existe flagrancia al haberse descubierto el hecho inmediatamente después de su comisión y aprehenderse al infractor José Luis Barrezueta Rodríguez con la evidencia como lo es la motocicleta marca Suzuki, placas AX100. Más aún se encuentra satisfecha la exigencia consignada en el Art. 106 del Código de Procedimiento Penal, relativa a justificar en el juicio tanto la preexistencia de la cosa sustraída como el hecho de que se encontraba en el lugar donde se dice estuvo al momento de ser sustraída. Por otro lado, en lo referente a las atenuantes 5, 6, 7 y 12 del Art. 29 del Código Penal que el recurrente arguye, no se le han tomado en cuenta para la modificación de la pena, es importante señalar que constan del proceso certificaciones de los Tribunales Penales, que lo único que dan fe es de no haber sido enjuiciado o sentenciado, pero nada refieren sobre la conducta con anterioridad al delito; y, firmas de respaldo, son instrumentos privados que tanto por su contenido como por su condición de insolemnes deviene en in idóneos al propósito de probar la atenuante prevista en  el  numeral  7  Art. 29 del Código Penal, particular que debe justificarse por medios ajustados a la ley; así tampoco se ha probado la atenuante contemplada en el numeral 5 del Art. 29 ibídem, pues el sentenciado no se presentó voluntariamente a la justicia, sino que fue aprehendido en delito flagrante inmediatamente de haber cometido el robo; en lo referente a la atenuante contemplada en el numeral 12 del Art. 29 del Código Penal, cabe precisar que el pequeño valor tiene que considerarse en relación a la situación económica del ofendido y en el presente caso, este es un policía cuyo sueldo es de carácter básico, que apenas le alcanza para mantener a su familia por lo que la motocicleta para el ofendido es de gran valor. Por lo tanto no se ha cumplido con lo requerido en el Art. 72 ibídem que establece que se reducirán las penas de reclusión siempre que se prueben dos o más circunstancias atenuantes y ninguna agravante, pues en el caso el recurrente únicamente ha justificado la atenuante de ejemplar conducta posterior al cometimiento del delito establecida en el numeral 6 del Art. 29 del Código Penal, por lo que resulta insuficiente al propósito de modificar la pena. En consecuencia, la sentencia pronunciada por el Tribunal Juzgador se ajusta a derecho y no incurre en violación alguna de la ley. Por las consideraciones que anteceden, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara improcedente el recurso de casación interpuesto por José Luis Barrezueta Rodríguez y se dispone remitir el proceso al Tribunal Penal de origen, para los fines de ley. Actúe el Dr. Milton Álvarez Chacón, Secretario Relator Encargado, por licencia del Titular. Notifíquese.

 

f.) Dr. Luis Abarca Galeas, Juez Nacional Presidente.

 

f.) Dr. Máximo Ortega Ordóñez, Juez Nacional.

 

f.) Dr. Luis Quiroz Erazo, Conjuez.

 

Certifico:

 

f.) Dr. Milton Álvarez Chacón, Secretario Relator, encargado.

 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su original.- Quito, 24-6- 2011; las ??.- Certifico.- f.) El Secretario Relator.

 

No. 023-2010

 

Juicio Penal No. 430-2009 seguido en contra de ALFREDO SEVILLA QUIROZ, como autor responsable del delito tipificado y sancionado en el Art. 495 del Código Penal, por injurias no calumniosas graves.

 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

SEGUNDA SALA DE LO PENAL

 

Quito, 15 de enero de 2010; las 10h00.

 

VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en calidad de Jueces Nacionales de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia y Conjuez Nacional en virtud del oficio No. 067-SG-2010-PCH. En lo principal, el recurrente Alfredo Sevilla Quiroz, interpone recurso de casación de la sentencia dictada por la Tercera Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que le declara autor responsable del delito tipificado y sancionado en el Art. 495 del Código Penal por injurias no calumniosas graves, confirmando la del inferior que lo declara autor del delito de injurias no calumniosas graves por escrito y le condena a tres meses de prisión. Concluido el trámite y siendo el estado de la causa, el de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO: Esta Segunda Sala Especializada de lo Penal es competente para conocer y resolver este recurso de casación, en virtud del Art. 184 de la Constitución de la República del Ecuador, vigente a partir del 20 de octubre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 449; por lo dispuesto en los literales a) y b) del numeral 4 de la Sentencia Interpretativa: 001-08- SI-CC, de fecha 28 de noviembre del 2008, dictada por la Corte Constitucional de la República, publicada en el Registro Oficial No. 479, de 2 de diciembre del 2008; por el Art. 349 del Código de Procedimiento Penal y por el sorteo legal de 19 de enero del 2009. SEGUNDO: A fojas 4 a 9 el recurrente ...Alfredo Sevilla Quiroz, fundamenta su recurso expresando: Que existe violación expresa de la ley, contraviniendo expresamente el texto de la Constitución de la República puesto que el Juez ha actuado con iniciativa quebrantando el principio dispositivo Que en la sentencia se ha reconocido que el querellante ha acusado de la comisión del delito de injuria calumniosa y no de injuria no calumniosa, pero sin embargo de oficio se le ha sentenciado por la supuesta comisión del delito de injuria no calumniosa, por lo que se ha hecho una falsa aplicación e interpretado erróneamente del Art. 495 del Código Penal. TERCERO: El recurrente formula contra la sentencia del Tribunal de Apelación el cargo de que se le ha juzgado por un delito que no fue objeto de la acusación particular deducida en su contra y que este error de derecho también se comete en la sentencia de primer nivel. Que se lo acusa de injurias calumniosas y se las juzgó por injurias no calumniosas graves. Al respecto, la Sala establece que efectivamente en la formalización de la acusación particular de fs. 300 de los autos, consta que se le acusó por el delito de injurias calumniosas tipificado en el Art. 489 del Código Penal y sancionado en el Art. 490 de este mismo Código; por lo que se viola la ley en la sentencia de segunda instancia al haberse pronunciado por un delito que no fue materia de la acusación particular. CUARTO: En los delitos de acción penal privada los límites objetivos del pronunciamiento del juzgador o de la sentencia se encuentra constituido por el delito acusado en la formalización de la acusación particular, de tal modo que, no es permitido al Juez pronunciarse por un delito diferente al acusado, en aplicación del principio dispositivo contemplado como garantía del debido proceso en el numeral 6 del Art. 168 de al Constitución de la República. QUINTO: La violación del principio dispositivo por el Tribunal de Apelación, determina que el fallo condenatorio carezca de motivación, por lo que se viola el literal 1) del No. 7 del Art. 76 de la Constitución de la República que contempla como garantía del debido proceso la debida motivación y las resoluciones de los poderes públicos, entre ellas las sentencias, razón por la cual la sentencia dictada por este Tribunal carece de validez jurídica procesal por lo dispuesto en esta disposición constitucional y consecuentemente, el Tribunal de Casación oficiosamente,  en  aplicación  del  Art.  358   del   Código  de Procedimiento Penal procede a examinar el fallo condenatorio dictado por el Juez de primer nivel a fin de establecer si existen o no violaciones de la ley en la sentencia que queda en vigor el fallo de primer nivel. SEXTO: En efecto, en el recurso de casación por los delitos de acción penal privada, se debe considerar las violaciones de la ley cometidas no solo en la sentencia expedida por el Tribunal de Apelación sino también las violaciones de la ley constantes en la sentencia expedida por el Juez de primer nivel cuando estas violaciones persisten a pesar de la apelación. En el presente caso por haberse violado el principio de la debida motivación contemplada como garantía del debido proceso en el literal 1) del No. 7 del Art. 76 de la Constitución de la República, solamente queda en pie la sentencia del Juez de primer nivel, la misma que luego de ser analizada en su contenido por este Tribunal de Casación se establece que en esta se dictó fallo condenatorio contra el querellado por

 

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