Registro Oficial

Registro Oficial No 26 - Lunes 22 de Julio de 2013 Edicion Especial

Lunes, 22 de julio de 2013

Última modificación: Viernes, 02 de agosto de 2013 | 13:22

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Lunes 22 de Julio de  2013 - R. O. No. 26

 

 

EDICIÓN ESPECIAL

 

SUMARIO

 

 

Función Judicial y Justicia Indigena                               

Corte Nacional de Justicia Primera Sala de lo Penal:

 

Recursos de casación en los juicios seguidos por las siguientes personas:

 

449-2007 Alejandro Euro Carrillo Cerezo

 

               

743-2009 Sara Lucía Pinenla Lanchimba

 

               

771-2009 Policía Nacional Edison Roberto Puente Tiscama y otro

 

               

777-2009 Nicola Elizabeth Ann Hodge Carson

 

               

782-2009 Alex Fabricio Larrea Poveda

 

               

784-2009 Klever Mauricio Zumba Namaj

 

               

786-2009 Pedro Calderón Morocho

 

               

787-2009 Elder Reinaldi Suambra Tiwi

 

               

795-2009 María Filomena Maita Andrade y otros

 

               

800-2009 Julio Roldán Guaraca

 

               

804-2009 Merwin Cazco Guijarro

 

               

1298-2009 Juan Carlos Quispe Velasco

 

               

1326-2009 Ángel Steven Figueroa Quiroz y otro

 

               

014-2010 Pedro Edison Chicaiza Ortiz

 

 

CONTENIDO

 


 

No. 449-2007

 

Agraviado: El Estado.

 

Procesado: Alejandro Euro Carrillo Cerezo.

 

Juez Ponente: Dr. Hernán Ulloa Parada (Art. 141 Código Orgánico de la Función Judicial).

 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

PRIMERA SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL

 

Quito, 10 de enero de 2012; a las 13H30.

 

VISTOS: Alejandro Euro Carrillo Cerezo interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el 11 de mayo del 2007, a las 15h00, por el Tribunal Segundo de lo Penal de Los Ríos, en la que se le declara autor, culpable y responsable del delito tipificado y sancionado en el artículo 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, imponiéndole la pena de DIECISEIS AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR ESPECIAL y una multa de sesenta salarios mínimos vitales generales. Siendo el estado de la causa el de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Esta Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia tiene potestad jurisdiccional y competencia para conocer y resolver el recurso de revisión interpuesto de conformidad con la ley, en virtud de lo dispuesto en el Art. 184 numeral 1; Disposición Transitoria Octava de la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el R. O. No. 449 del 20 de Octubre del 2008; numeral séptimo de la sentencia interpretativa dictada por la Corte Constitucional y publicada en el R. O. No. 479 del 2 de Diciembre del 2008; y, la Resolución Sustitutiva dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, el 22 de Diciembre del 2008 y publicada en el R. O. 511 del 21 de Enero del 2009; y, el Sorteo de ley respectivo, en nuestras calidades de Jueces Nacionales de esta Primera Sala de lo Penal, avocamos conocimiento de la presente causa penal. SEGUNDO: VALIDEZ PROCESAL.- Revisado el procedimiento de la presente acción, no se advierte vicio u omisión de solemnidad sustancial alguna, que podría causar nulidad; por lo que este Tribunal de Alzada, declara la validez de esta causa. TERCERO: FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO Y PRUEBAS.- 1) El recurrente Alejandro Euro Carrillo Cerezo no ha fundamentado su recurso de revisión en ninguna de las causales establecidas en el artículo 360 del Código de Procedimiento Penal, limitándose a decir que se lo ha sentenciado en virtud de testigos e informes maliciosos temerarios y erróneos, equivocados y falsos; que no se ha demostrado su culpabilidad por el delito del que se lo acusa y que no se ha demostrado conforme a derecho la existencia del delito. CUARTO: DICTAMEN FISCAL.- El Fiscal General del Estado, doctor Jorge W. Germán R., dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 365 del Código de Procedimiento Penal, ha emitido su dictamen en los siguientes términos: El recurso de revisión ha sido concebido como un remedio para la injusticia de la condena de un inocente mediante sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, cuando aparecen nuevas pruebas que enerven o destruyan aquellas que sirvieron de base para la condena. Por esta característica extraordinaria que permite remover la cosa juzgada, el recurso que se interpuso, tenía que adecuarse a una de las causas antes señaladas, en consecuencia, el recurrente estaba obligado a probar los hechos o indicios falsos, que llevaron al Tribunal Segundo de lo Penal de Los Ríos, a condenarlo. Por lo expuesto en líneas anteriores, el Fiscal General del Estado considera que esta Sala de la Corte Nacional de Justicia, debe negar el recurso interpuesto por el recurrente, por improcedente. QUINTO: ANÁLISIS DE LA SALA.- 1) La revisión es un medio extraordinario de impugnación, que tiene como objetivo corregir los errores de hecho, es decir, aquellos errores que se suscitan al momento en que el Juez pretende realizar la adecuación de los hechos que le han sido relatados en el proceso, a la norma jurídica pertinente, fallando en dicha adecuación puesto que la realidad de los hechos que ha formado el juez en su mente, diverge con aquella que se considera como cierta, es decir, mediante el recurso de revisión se intenta corregir el error judicial, teniendo a éste, en palabras de Jorge Zavala Baquerizo, contenidas en su obra ?Tratado de Derecho Procesal Penal?, Tomo X, página 222, como ?toda actividad judicial que se encuentra, de manera positiva o negativa, disconforme con la verdad histórica?, teniendo que si se comprueba la existencia de dicho error, la sentencia dictada por el inferior será revocada y substituida por la que dicte esta Sala; como lo establece el tratadista Luis Abarca Gáleas en su obra ?Lecciones de Procedimiento Penal?, Tomo 6, página 191: ?Con la aceptación del recurso de revisión por haberse justificado la existencia del error judicial, la sentencia revisada se tendrá por inexistente y consecuentemente, surtirá el efecto de cosa juzgada la sentencia que acepta el recurso de revisión?. Este recurso no es ilimitado, por lo tanto, no cabe contra cualquier sentencia, ya que la normativa penal ha limitado su ámbito de aplicación a aquellas circunstancias descritas en el artículo 360 del Código de Procedimiento Penal, enumeración que se presenta como taxativa. De las 6 causales que ha considerado el legislador como pertinentes para que se interponga el recurso de revisión, los numerales 1, 2, 3, 4 y 6 se refieren al anteriormente citado error judicial, mientras que la quinta causal hace alusión a la promulgación de una ley posterior más favorable al reo, dando así cumplimiento con la disposición constitucional contenida en el artículo 24 numeral 2 de la Constitución Política de la República del Ecuador (actual 76 numeral 5) y que es recogida por el artículo 2 del Código Penal; en los casos de los numerales 1 al 5, el mismo artículo 360 de la Ley Adjetiva Penal establece que sin nuevas pruebas que sean presentadas ante la Corte Nacional de Justicia, órgano encargado de conocer el recurso de revisión, dicho recurso no puede prosperar. En un ámbito diferente se encuentra el numeral 6 del precitado artículo, ya que la revisión, en este caso, procede por el hecho de que el Juzgador no ha determinado con certeza la existencia material del delito; dicho error, en el que incurre el mismo, no se debe  ya  a  la  falta  de veracidad de las pruebas presentadas en el juicio, a la ausencia de las mismas o a la violación del principio ?non bis in ídem?; en esta situación, no hace falta presentar nueva prueba, pues de aquella que fue presentada en la debida etapa procesal, no se ha logrado comprobar la existencia del delito, dando como resultado que el error en el que incurre el fallador proviene de la valoración que realiza del elemento probatorio, por lo tanto, al alegar esta causal, el recurrente tiene que demostrar, mediante fundamentos jurídicos suficientes, que de las pruebas que constan en el proceso, no hay manera de que se haya llegado a establecer con certeza la existencia material del delito y que, por lo mismo, le era imposible al Tribunal entrar a analizar la responsabilidad del acusado, por un delito inexistente; 2) Por las consideraciones antes expuestas, resulta lógico que el recurrente, al momento de pedir se le conceda el recurso haga dos cosas, en primer lugar, en virtud de la enunciación taxativa de causales que trae el artículo 360 del Código de Procedimiento Penal, debe elegir una de aquellas, pues es en base a esta alegación que la Sala debe hacer su análisis, intentando buscar el error judicial que el recurrente cree que ha existido en el fallo y, en segundo lugar, en base a la causal escogida, debe presentar la nueva prueba que certifica que el error judicial ha existido o la fundamentación técnico jurídica pertinente, si ha escogido como causal la inexistencia de la materialidad del delito. En el presente caso, ninguna de las dos actividades antes descritas ha sido realizada por el recurrente, resultando totalmente imposible que su recurso de revisión prospere. SEXTO: RESOLUCION.- Por las consideraciones expuestas ?ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA? de conformidad a lo que dispone el artículo 367 del Código de Procedimiento Penal, declara improcedente el recurso de revisión interpuesto por Alejandro Euro Carrillo Cerezo.- Devuélvase el proceso al inferior para el trámite de ley.- Notifíquese y Cúmplase.

 

Fdo.) Dres. Luis Moyano Alarcón, Presidente de la Sala, Hernán Ulloa Parada y Milton Peñarrera Álvarez, Jueces Nacionales.- Certifico.

 

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

 

CERTIFICO: Que las cuatro copias que anteceden son iguales a su original.- Quito, 22 de marzo de 2012.

 

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

 

 

No. 743-2009- C.T.

 

Agraviada: Nancy Raquel Gordón Gordón.

 

Procesado: Edwin Camilo Caiza Pinenla.

 

Juez Ponente: Dr. Hernán Ulloa Parada (Art. 141 Código Orgánico de la Función Judicial).

 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

PRIMERA SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL

 

Quito, 29 de noviembre de 2011; a las 14H00.

 

VISTOS: Sara Lucía Pinenla Lanchimba, curadora y representante legal del menor Edwin Camilo Caiza Pinenla, interpone recurso de casación a la sentencia emitida por la Segunda Sala de lo Laboral, de la Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, el 6 de marzo del 2009, a las 15h12, en la que se modifica la medida socioeducativa de cuatro años de internamiento institucional que le impusiese el Juzgado Décimo Sexto de lo Penal de Pichincha, al menor infractor anteriormente mencionado, por considerarlo autor del delito de violación tipificado y sancionado por el artículo 512, numeral 1, del Código Penal, por la de VEINTICINCO MESES DE INTERNAMIENTO INSTITUCIONAL, pues el juez inferior no consideró, a criterio de su superior, que el infractor era un adolescente que no había acreditado peligrosidad. El recurso ha sido debidamente interpuesto por el recurrente, habiéndose corrido traslado a la Fiscalía General del Estado que contestó, de conformidad con lo que dispone el artículo 355 del Código de Procedimiento Penal. Siendo el estado de la causa el de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Esta Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia tiene potestad jurisdiccional y competencia para conocer y resolver el recurso de casación interpuesto de conformidad con la ley, en virtud de lo dispuesto en el Art. 184 numeral 1; Disposición Transitoria Octava de la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el R. O. No. 449 del 20 de Octubre del 2008; numeral séptimo de la sentencia interpretativa dictada por la Corte Constitucional y publicada en el R. O. No. 479 del 2 de Diciembre del 2008; y, la Resolución Sustitutiva dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, el 22 de Diciembre del 2008 y publicada en el R. O. 511 del 21 de Enero del 2009; y, el Sorteo de ley respectivo, en nuestras calidades de Jueces Nacionales de esta Primera Sala de lo Penal, avocamos conocimiento de la presente causa penal. SEGUNDO: VALIDEZ PROCESAL.- Revisado el procedimiento de la presente acción, no se advierte vicio u omisión de solemnidad sustancial alguna, que podría causar nulidad; por lo que este Tribunal de Alzada, declara la validez de esta causa. TERCERO: FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO.- La recurrente Sara Lucía Pinenla Lanchimba, en su escrito de fundamentación ha manifestado que las normas jurídicas que ha violado el juzgador, en su sentencia, son las siguientes: 1) Violación del artículo 152 del Código de Procedimiento Penal, ya que los documentos de Movistar y Porta que fueron ingresados al proceso no cumplen con los principios de exhibición y contradicción, sin poder ser tomados en cuenta, según el recurrente, como prueba válida; 2) Violación de los artículos 278, 279 y 285 del Código de Procedimiento Penal y vulneración del derecho consagrado en la Constitución, Art.. 76, numerales 3 y 7 literales a), b), c), h) y j), y, Art. 82 y 426 ibídem, ya que, el recurrente manifiesta, que el Juzgador ha dado inicio a la audiencia de juzgamiento, sin que estén presentes los testigos de descargo del procesado, negándole cualquier posibilidad de defenderse. CUARTO: DICTAMEN FISCAL.- El Fiscal General del Estado, doctor Washington Pesantez Muñoz, al contestar la fundamentación del Recurso de Casación, señala: 1) Analizada la sentencia, cuya casación se reclama, para determinar si en ella se ha  violado la  ley  por cualquiera de las formas señaladas en el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, se observa que en el considerando tercero de la sentencia, la Corte Provincial de Pichincha señala que la existencia material de la infracción, así como la responsabilidad del sentenciado, se encuentran comprobadas con: a) Informe del Reconocimiento Médico Legal practicado por la doctora Mercy Martínez, en cuyas conclusiones y pronóstico se dice: la reconocida Estefanía Catherine Gordón Gordón es una persona menor de edad, de diez años. Las lesiones descritas a nivel genital son producidas por el mecanismo de toque, roce o fricción de un cuerpo vulnerable a este nivel y las descritas a nivel himeneal por el mecanismo de toque, roce o penetración de un cuerpo vulnerante; b) Informe pericial biológico suscrito por Rocío Villa Cuvi y Yolanda Jácome Silva, bioquímicas farmacéuticas de la Subdirección Técnica Científica de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha. Respecto a la presencia de espermatozoides, solicitada por la doctora Mercy Martínez concluye en señalar que en la placa con frotis rotulada perteneciente a Catherine Estefanía Gordón Gordón, no se encontró presencia de espermatozoides; c) El informe psicológico forense emitido por el subteniente de policía Fernando Rojas Cueva, perito psicólogo del departamento médico legal de la Policía Judicial, en lo principal dice: que la menor Catherine Estefanía Gordón Gordón, al momento del examen se encontraba lúcida, consiente y orientada, que posee un desarrollo intelectual adecuado a su edad, discierne adecuadamente entre lo que es verdad y lo que es falso, sobre los hechos ha indicado que el ?mosco?, refiriéndose a Edwin Caiza, le amarcó, le llevó a la cama, se bajó el pantalón y el calzoncillo, le bajó el pantalón y le metió el pene en la vagina; d) El diagnóstico psicológico realizado al adolescente Edwin Camilo Caiza Pinenla por el doctor Wilhem Collaguazo quien concluye: ??Presenta rasgos individuales intelectuales, emocionales, sexuales, de responsabilidad de la acción cometida; que, igualmente se evidencia equilibrio emocional, cognitivo-conductual, que representa factores de apoyo y ayuda en el proceso reeducativo; recomienda mantener contacto con su familia y un proceso educativo regular?; 2) Del estudio de la sentencia se obtiene que las pruebas practicadas en la etapa de juicio, han sido valoradas como corresponde y de acuerdo a las reglas de la sana crítica, lo que han llevado al Juzgador a establecer que, tanto la existencia de la infracción como la responsabilidad del procesado se encuentran debidamente comprobadas; respecto a las violaciones que menciona el recurrente, el Juzgador ha garantizado el ejercicio de los derechos del adolescente infractor, sin dejarlo en la indefensión, así mismo se ha dado una debida motivación de la sentencia, teniendo que, por haberse comprobado la existencia del ilícito y la responsabilidad del acusado, la sentencia es condenatoria. Por no notar ningún error de derecho y por lo expresado en líneas anteriores, el Fiscal General del Estado considera que esta Sala de la Corte Nacional de Justicia, debe rechazar el recurso propuesto por Sara Lucía Pinenla Lanchimba, por improcedente. QUINTO: ANÁLISIS DE LA SALA.- 1) La casación, en materia penal, es un medio extraordinario de impugnación, de efecto suspensivo, contra sentencias en las que se hubiere violado la ley, ya por contravenir expresamente su texto, ya por haber hecho una  falsa  aplicación  de  ella,  en  fin,  por  haberla  interpretado


 

erróneamente, como lo dispone el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal. Este recurso se resuelve en función de aquellas normas que el casacionista ha considerado que han sido violadas dentro de la sentencia que ha emitido el Juzgador, es por eso muy importante que el recurrente mencione y fundamente claramente cuales normas especificas de la ley se han violado en el caso concreto, teniendo que ser esta violación, una de aquellas que se consideran como directas, es decir, que la contravención al precepto legal haya sido dada por inaplicación, errónea interpretación, indebida aplicación, etc. de su texto, proveniente del acto volitivo del juez en el que, al utilizar el precepto legal, yerra en el verdadero sentido y alcance de la norma jurídica, que lo lleva a inaplicarla o a aplicarla de una manera incorrecta; sobre esto nos habla el tratadista Luis Cueva Carrión, en su obra ?La Casación en Materia Penal?, Pág. 253, que, respecto a la violación directa de la ley dice lo siguiente: ?La violación directa de la ley ocurre cuando el juez yerra en la aplicación de la norma legal, de la norma pura, independientemente de los errores que pueda cometer en relación con los hechos y con las pruebas?, respecto a aquella violación que se considera indirecta, esto es, citando al mismo tratadista, aquella que ?no transgrede directamente la norma, sino a través del error fáctico y probatorio: luego de errar en la apreciación de los hechos, de las pruebas y en su valoración legal?, le corresponde solamente a esta Sala analizar si el Juzgador, al valorar la prueba para determinar la existencia material del ilícito y la correspondiente responsabilidad de la persona imputada, ha utilizado de una manera correcta las reglas de la sana crítica, pues, es en base a éstas, que el artículo 86 del Código de Procedimiento Penal establece que el Juzgador debe valorar dichas pruebas; esta Sala no puede tomarse la atribución soberana que tiene el inferior sobre la valoración de la prueba, en virtud de los principios de inmediación y contradicción de la misma, al respecto de estos dos principios nos habla el autor Yecid Ramírez Bastidas, en su obra ?El Juicio Oral en Colombia?, en la página 183, respecto al primero nos dice ?la inmediación solo puede entenderse asegurada si el juez y las partes tienen la posibilidad de acercarse a la prueba por medio de un contacto constante entre todos ellos y el elemento probatorio en examen?, añade, que es ?la circunstancia en virtud de la cual los sujetos procesales reciben en forma inmediata, directa y simultánea los elementos de prueba provenientes de los diferentes medios, como presupuestos lógicos de la sentencia?; con respecto al segundo nos señala que se cumple ?cuando el sistema permite la interacción de las partes, en un juego equilibrado de intervenciones orientadas a reforzar la posición de cada uno de los intervinientes y en controlar el desarrollo de la audiencia oral?; dado que la prueba es producida en la fase procesal que controla el inferior, es precisamente éste el más apto para valorar de la mejor manera los medios probatorios presentados por las partes, dejando como materia para la casación el análisis de la correcta aplicación del ordenamiento jurídico; Claus Roxin, en su libro ?Derecho Procesal Penal, Tomo II? acertadamente manifiesta en la página 191: ?El fin de la casación reside en el aseguramiento de una protección jurídica realista, pudiendo ser presentadas a la revisión del tribunal de casación (sólo) aquellas partes de la decisión de los jueces de mérito que son independientes del paso del tiempo y que, por ello, no son del dominio natural del juez de primera instancia, quien actúa de manera más cercana a los hechos. Por ello es que el legislador ha entregado la cuestión de hecho (esto es, las comprobaciones fácticas que se vuelven más dificultosas con el paso considerable del tiempo; ante todo, la prueba testimonial, debido a la disminución de la memoria) al juicio exclusivo del juez de primera instancia como ?juez de hecho? (mérito), y ha limitado al tribunal de casación? la comprobación de las lesiones de la ley y, con ello, el control de la cuestión de Derecho?; asumiendo lo expresado por este autor, corroboramos lo establecido anteriormente, esta Sala, en materia probatoria, únicamente puede analizar el proceso volitivo del juez, para determinar si se han aplicado las reglas de la sana crítica en el caso concreto, más no volver a valorar la prueba para juzgar nuevamente la existencia material de la infracción y la responsabilidad del procesado; la casación no es una tercera instancia, es un recurso vertical extraordinario que pretende revisar la sentencia dictada por el inferior para desvanecer cualquier tipo de error que se haya suscitado al momento de aplicar el ordenamiento jurídico al caso concreto; por lo que, los hechos analizado en la sentencia se entienden como ciertos, a menos que se comprueben errores en la aplicación de la sana crítica, sobre esto, el anteriormente citado autor, nos ilustra al manifestar, en la página 187 de su obra, que la casación ?es un recurso limitado. Permite únicamente el control in iure. Esto significa que la situación de hecho fijada en la sentencia es tomada como ya establecida y solo se investiga si el tribunal inferior ha incurrido en una lesión al Derecho material o formal?; 2) La casación penal solo se puede interponer en contra de la sentencia que ha dictado el Tribunal Juzgador, cuando se haya detectado una violación de la ley dentro de la misma, este mandato legal está recogido en el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal que establece ?el recurso de casación será procedente para ente la Corte Nacional de Justicia, cuando EN LA SENTENCIA se hubiere violado la ley?? (las mayúsculas son nuestras); no le corresponde a esta Sala analizar otras piezas procesales que no sea aquella sobre la que nos hemos expresado; no es procedente que el casacionista le pida a esta Sala analizar actos procesales diferentes al fallo del inferior, ya lo dice el tratadista Luis Cueva Carrión, en su obra ?la Casación en Materia Penal?, Pág. 141, ?Si solamente cabe el recurso de casación penal contra la sentencia, en aplicación de esta regla general y como corolario lógico, no se puede proponer el recurso de casación contra otra pieza procesal?, lo mismo manifiesta el doctor Jorge Zavala Baquerizo en su obra ?Tratado de Derecho Procesal Penal? en el tomo X, Págs. 82, 83, al decir ?Es un lugar común en casi todas las sentencias dictadas por las Salas de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, constituidas en Tribunal de Casación que al resolver el recurso que estudiamos afirme que dicho recurso sólo tiene por objeto la sentencia del inferior?, añade, ?No existe disposición legal alguna que sustente la peregrina afirmación de que si al analizar la sentencia el juez ad quem observa que se ha violado la ley en ella, el juez de casación queda autorizado para examinar ?in integrum? el proceso?, por estas consideraciones, cualquier argumento esgrimido por el casacionista en su escrito de fundamentación del recurso, que intente encaminar a esta Sala a analizar actos procesales diferentes al fallo del inferior son improcedentes y no pueden ser tomados en cuenta como argumentos válidos para fundamentar este recurso, así, cuando el recurrente le pide a esta Sala que analice la audiencia de juzgamiento, etapa controlada por el inferior, le está pidiendo que actúe sin competencia, petición que de ser aceptada solo llevaría a la nulidad de lo resuelto en sentencia emitida por esta judicatura; 3) Con respecto a la violación del artículo 152 del Código de Procedimiento Penal, ya que la casacionista arguye que los documentos de Movistar y Porta no cumplen con lo dispuesto en el precitado artículo, esta Sala no observa que dichos documentos hayan sido tomados en cuenta por parte de la Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Pichincha para dictar su fallo, ya que esta judicatura se ha basado en otros elementos probatorios, para establecer que el menor infractor Edwin Camilo Caiza Pinenla, es el autor del delito de violación establecido en el artículo 512 del Código Penal, en su numeral 1, razón por la cual en nada han afectado a la resolución del fallo ni han viciado de un error de derecho al mismo, tornando a la alegación del procesado respecto a este punto, en un sinsentido como fundamento del recurso de casación. SEXTO: RESOLUCION.- Por las consideraciones expuestas ?ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA? de conformidad a lo que dispone el artículo 358 del Código de Procedimiento Penal, declara improcedente el recurso de casación interpuesto por la recurrente Sara Lucía Pinenla Lanchimba.- Devuélvase el proceso al inferior para el trámite de ley.- Notifíquese y Cúmplase.

 

Fdo.) Dres. Luis Moyano Alarcón, Presidente de la Sala, Hernán Ulloa Parada, Milton Peñarreta Álvarez Jueces.-

 

Certifico.

 

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

 

CERTIFICO: Que las siete copias que anteceden son iguales a su original.- Quito, 22 de marzo de 2011.

 

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

 

No. 771-2009- C.T.

 

JUEZ PONENTE: Dr. Arturo Pérez Castillo (Art. 141 Código Orgánico de la Función Judicial).

 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

PRIMERA SALA DE LO PENAL

 

Quito, 21 de julio de 2011; a las 15H00.

 

VISTOS: El Tribunal Penal del Primer Distrito de la Policía Nacional el 17 de marzo del 2008, a las 08h00, dicta sentencia condenatoria en contra de los Policías nacionales EDISON ROBERTO PUENTE TISCAMA y EDWIN GEOVANNY CHANGO BUNGACHO, y les impone la pena de UN MES DE PRISION  CORRECCIONAL,  por  considerarlos  coautores  del delito de extorsión tipificado y sancionado con el Art. 299 del Código Penal de la Policía Nacional. (derogado) De esta sentencia interponen recurso de casación los acusados Edison Puente Tiscama y Edwin Chango Bungacho. Una vez concluido el trámite previsto para este tipo de recurso, la Sala considera: PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Esta Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, tiene potestad jurisdiccional y competencia para conocer y resolver el recurso de casación interpuesto de conformidad con la ley, en virtud de lo dispuesto en el Art. 184 numeral 1; Disposición Transitoria Octava de la Constitución de la República del Ecuador publicada en el R.O. No. 449 de 20 de octubre del 2008; numeral séptimo de la Sentencia Interpretativa dictada por la Corte Constitucional y publicada en el R.O. No. 479 del 2 de diciembre del 2008; y, la Resolución dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, el 22 de diciembre de 2008, y el sorteo de ley respectivo, en nuestras calidades de Conjueces permanentes de esta Primera Sala de lo Penal, según providencia del 5 de enero del 2011, a las 16H30, avocamos conocimiento del presente Juicio penal. SEGUNDO: VALIDEZ PROCESAL.- Revisado el procedimiento de la presente acción, no se advierte vicio u omisión de solemnidad sustancial que pudiera acarrear su nulidad; por lo que este Tribunal de casación declara la validez de esta causa penal. TERCERO: FUNDAMENTACIÓN DE LOS RECURSOS.- 1.- El recurrente Edwin Geovanny Chango Bungacho, cumpliendo con lo preceptuado por el Art. 352 del Código de Procedimiento Penal, presenta su libelo de fundamentación del recurso de casación el mismo que consta a fs. 3, 4,5, 6 y 7 del expedientillo y expresa: Que el representante del Ministerio público lo acusa penalmente como autor de los delitos de abuso de facultades y de extorsión, tipificado y sancionado en los artículos 196, numeral 4, y 299 del Código Penal de la Policía Nacional, el cual ha sido impugnado, pero que el Tribunal no hace mención y no se pronuncia en la sentencia; con el dictamen fiscal la señora Jueza Segunda del Primer Distrito de la Policía Nacional, Teniente de Policía de Justicia, Dra. Lisbeth Pérez Riera, el día 12 de julio del 2007, las 09h00, dicta AUTO RESOLUTORIO, en el mismo que resuelve dictar AUTO MOTIVADO Y RESOLUTORIO, en el mismo que resuelve dictar AUTO MOTIVADO y llamar a juicio plenario al compareciente declarando que ha lugar de formación de causa, por los delitos tipificados y sancionados en los Artículos 299 y 196 numeral 4 y 6 del Código Penal de la Policía Nacional, en el grado de autor. La Primera Corte Distrital de Justicia Policial, el día 29 de octubre del 2007.- las 15h30, dicta AUTO RESOLUTORIO, acogiendo erróneamente el dictamen del señor Ministro Fiscal de la H. Primera Corte Distrital de Justicia Policial, el mismo que revisado el expediente no existe tal dictamen, y se pronuncia confirmando en todas sus partes el AUTO MOTIVADO subido en grado en contra del compareciente y de los demás imputados. En la sentencia del 17 de marzo del 2008.- las 08h00, el Tribunal Penal del Primer Distrito de la Policía Nacional, en el considerando SEXTO manifiesta que habiéndose comprobado tanto la existencia de la infracción como la responsabilidad de los procesados y acogiendo el dictamen del Representante del Ministerio Público procede a dictar en contra del señor POLICIA NACIONAL EDWIN GEOVANNY CHANGO BUNGACHO la sentencia condenatoria de UN MES  DE  PRISIÓN  CORRECCIONAL por  considerarle COAUTOR, RESPONSABLE del delito tipificado y sancionado en el Art. 299 del Código Penal de la Policía Nacional. Es importante aclarar que el Tribunal Penal para sentenciarme se ha basado en declaraciones referenciales de los señores Oficiales, Clases y Policías, en la devolución de un dinero que por principio es una prueba ilícita ya que no se sujeta a las normas del debido proceso y se ha basado en apreciaciones extensivas, subjetivas y autoincriminatorias en contra del compareciente, es decir, en definitiva la sentencia dictada por el Tribunal Penal viola el principio constitucional del Art. 23, numeral 26 y 27; Art. 24 numeral 17 de la Constitución de la República de 1998 por cuanto no se encuentra debidamente motivada y fundamentada. En la sentencia se hace referencia y se fundamenta con la denuncia presentada por el señor JORGE CHAVARRÍA, ante el señor Jefe Provincial de Migración de Pichincha, denuncia que no se encuentra debidamente judicializada dentro del proceso, toda vez que el presunto agraviado jamás se hizo el reconocimiento de la denuncia, ni compareció a juicio, contrariando y violentando los artículos 42, 46 y 50 del Código de Procedimiento Penal Común, normas que deben ser aplicadas obligatoriamente por la Legislación Policial como supletorias en materia penal. El Tribunal Penal hace referencia a las versiones receptadas a los señores Sargento Primero de Policía Vicente Rodrigo Vásconez Chacha y Cabo Segundo Carlos Oswaldo Egas Pazmiño, las mismas que no se encuentran patrocinadas por su Abogado defensor, ni avaladas ante el señor Fiscal, es decir se violentan en forma consuetudinaria los artículos 80, 81, 84, 85 y 87 del Código de Procedimiento Penal común, normas que debieron haber sido aplicadas por supletoriedad a la Legislación Policial. En definitiva con estos medios de prueba ilegales, mal adquiridos, e improcedentes, se dictó sentencia condenatoria en mi contra, haciendo tabla rasa de la Constitución de la República en sus Artículos 16, 17, 18, así como la disposición legal del Art. 23 numeral 3, 4, 8, 26 y 27 que tratan sobre la seguridad jurídica y el derecho al debido proceso, Art. 192 que trata sobre el sistema procesal y los Artículos 272 a 274 de la Constitución de 1998. Los Jueces del Tribunal Penal Policial no se sujetaron estrictamente a la letra de la Ley, tampoco aplicaron en caso de duda la interpretación que más nos favorezca. Es decir no se pronuncia en la sentencia qué clase de autoría, si ésta fue principal o secundaria, violentaron el Art. 15 del Código de Procedimiento Penal Policial e interpretaron a su manera la disposición legal citada que trata sobre la prueba plena, no se pronuncia, ni se menciona en la sentencia en que consistió la prueba plena para demostrar, de modo positivo que el acusado no sea inocente; no se pronuncian pruebas de cargo y de descargo, que sean directas, univocas, concordantes relacionadas entre si de conformidad a lo que dispone el Art. 18 del Código de Procedimiento Penal Policial. Señores Magistrados, la prueba fue obtenida con vulneración de las Garantías Constitucionales del debido Proceso, ya que en la sentencia se vulneró el Art. 24 numeral 14 de la Constitución del 98 que establecía como garantía del debido proceso, ya que las pruebas obtenidas o actuadas con violación a la Constitución y a la Ley, no tienen validez alguna, porque se otorgó un valor probatorio, a pruebas obtenidas con vulneración de la Constitución y la Ley que se encuentra puntualizadas en el Art. 76 de la Constitución de la República en actual vigencia. El sistema procesal penal establece como  garantía  del  debido proceso las disposiciones legales de los Arts. 219 de la Constitución Política del 98 y los Artículos 25, 207 y 216 del Código de Procedimiento Penal común. Señores Magistrados, el Código de Procedimiento Penal Policial vigente a esa fecha, en su Art. 233 manifiesta claramente sobre la supletoriedad en la aplicación de la norma legal en los juicios por delitos que producen solo acción privada y en general en todo lo que no estuviere previsto o determinado expresamente en el Código Penal Policial, o en las demás leyes de la Policía Nacional, se estará sujeta a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal Común, de esta manera el Tribunal Penal violentó el Art. 11 del Código de Procedimiento Penal Común que trata sobre la inviolabilidad de la defensa, de la sentencia emitida se desprende claramente dentro del considerando CUARTO, sobre la responsabilidad del señor Policía Nacional Edwin Chango, en la audiencia pública de juzgamiento de receptó declaraciones de testigos que estuvieron tachados en su debida oportunidad de conformidad a lo que dispone el Art. 216, numeral 5 y 7 del Código de Procedimiento Penal Policial, porque el Tribunal Penal no tomó en cuenta. Se violentó el Art. 47 del Código de Procedimiento Penal Común, por cuanto el denunciante jamás hizo el reconocimiento de su denuncia y rúbrica lo que contradice las normas del debido proceso, el Tribunal Penal violó el Art. 80 del Código de Procedimiento Penal común, ya que para sentenciarme con una pena privativa de la libertad tomó como medio de prueba preprocesal y procesal acciones que vulneran garantías constitucionales ya que el Tribunal Penal las tomó como medio de prueba eficaz en nuestra contra. Se vulnera el principio de la sana crítica contemplado como garantía del debido proceso en el Art. 86 del Código de Procedimiento Penal Común, vigente a esa fecha, porque además de vulnerar los principios de legalidad y de pertinencia de la prueba, no se valora ni se toma en cuenta los medios de prueba aportados por los sumariados dentro de la audiencia oral de juzgamiento.- 2.- Por su parte Edison Roberto Puente Tiscama, al fundamentar el recurso interpuesto dice lo siguiente: Los fundamentos jurídicos en que baso mi Recurso de Casación son, la indebida aplicación del artículo 299 del Código Penal de la Policía Nacional por parte del Tribunal Penal del Primer Distrito de la Policía Nacional que dice el referido artículo: ?Art. 299:.- será reprimido con prisión de dos a cinco años el que, con intimidación o simulando falsa orden de una autoridad, obligue a otro, sin privarle de la libertad personal, a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan o puedan producir efectos jurídicos?. El presente juicio se ha sustentado en un escrito falso que de ninguna manera constituye denuncia, no cuenta con el patrocinio de un Abogado Defensor conforme lo establece el artículo 50 de la Ley de Federación de Abogados, la seuda denuncia no se encuentra reconocida de conformidad con el Art. 120 del Código de Procedimiento Penal común, en el escrito ni siquiera se menciona mi nombre como autor, cómplice o encubridor del delito que se sentencia. Dentro de la etapa del sumario las versiones rendidas por los testigos no cuentan con la asistencia de un Abogado Patrocinador Particular o nombrado por el Estado, violándose el Art. 76 numeral 7 literal e) de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el artículo 71 del Código de Procedimiento Penal común. Se violó el artículo 62 del Código  de  Procedimiento  Penal  de  la  Policía Nacional, ya que en el peritaje de los billetes no se hizo con la presencia de los indiciados, por lo tanto no existe el acta correspondiente conforme lo determina la disposición legal invocada. A efectos de expedirse la sentencia no se consideró que he sido colocado en situación a disposición mediante Resolución No. 2009-081-CS-PN expedida por el H. Consejo Superior de la Policía Nacional por supuesta mala conducta profesional, por los mismos hechos que han servido de antecedente para la iniciación del presente juicio penal, inobservándose la disposición contenida en el artículo 76 numeral 7 literal i) de la Constitución Política del Estado y el Tratado Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Art. 7 numeral 14, vale decir nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa. Las pruebas aportadas dentro de la etapa del juicio no determinan la existencia del delito de extorsión peor aún mi responsabilidad dentro del presente juicio, pruebas que de conformidad con el Art. 14 del Código de Procedimiento Penal de la Policía Nacional vigente a la fecha de los hechos son: Art. 20.- Prueba Material.- No existe vestigios o huellas que determine que haya extorsionado, porque jamás recibí dinero de persona alguna. Art. 25.- Prueba Testimonial.- No existe un solo testigo que declare que haya cometido el delito de extorsión. Es más el supuesto perjudicado señor Chavarría nunca compareció a la Audiencia Pública de Juzgamiento pese haber citado y notificado en legal y debida forma. Art. 56.- Prueba Instrumental.- No existen documentos públicos o privados, que prueben que haya cometido el delito de extorsión. Art. 64.- Prueba Oral.- Jamás he confesado ser el autor del delito de extorsión porque no lo he cometido, vale decir, soy inocente. Es fácil establecer que se violaron las reglas de la sana crítica y el correcto entendimiento humano, no se le asignó el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba admitidos por el tribunal, la sentencia no justificó ni fundamento adecuadamente las razones por las cuales le otorgó determinado valor, es más seleccionó la prueba a su conveniencia lo que está vedado por el derecho procesal, no se apreció conjunta y armónicamente toda la prueba esencial. La sana crítica es la apreciación del acervo probatorio, no significa libre arbitrio, sino que debe ser la apreciación de las pruebas una a una, para luego en su conjunto, formarse una íntima verdad; sin manipulaciones ni artificios, por eso se exige que al dictar sentencia, se exprese cabalmente los fundamentos de hecho y de derecho. 7.- Aplicación indebida del Art. 299 del Código Penal Policial. Por último solicita expresamente que se case la sentencia interpuesta. CUARTO.- DICTAMEN FISCAL: El Dr. Alfredo Alvear Enríquez, Director Nacional de Asesoría Jurídica, Subrogante del Fiscal General del Estado, dando contestación a la fundamentación de los recursos interpuestos por los sentenciados expresa lo siguiente: Los casacionistas al fundamentar el recurso, en su orden manifiestan: a) Policía Nacional Edwin Geovanny Chango Bungacho, realiza un extenso análisis del trámite procesal, para concluir que el Tribunal para sentenciarlo se sustentó en declaraciones referenciales de los Oficiales, Clases y Policías, en la devolución de un dinero que es una prueba ilícita ya que no se sujeta a las normas del debido proceso y se ha basado en apreciaciones extensivas, subjetivas y auto incriminatorio en contra del compareciente, violándose los numerales 26 y 27 del Art. 23 y numeral  17  del  Art.  24 de  la  Constitución  de  1998, refiere que al haberse tomado como prueba plena el parte informativo elevado al jefe Provincial de Migración de Pichincha en el que se determina que por denuncia del señor Jorge Chavarría propietario del local de tolerancia ?La Galería?, quien manifestó haber sido extorsionado por los acusados, se les convocó a la Jefatura de Migración de Pichincha donde aceptaron el hecho y devolvieron 300 dólares, medio de prueba que es ilegal, ilícito y mal adquirido, porque no fue solicitado ni practicado a través de un juez competente, lo que inobserva los Arts. 80,81 y 83 del Código de Procedimiento Penal común en concordancia con el 24 numeral 14 de la Constitución de 1998; y que la denuncia no fue judicializada en el proceso porque no se la reconoció, ni compareció a juicio, contrariando los Arts. 42, 46, 47, 50, 84, 85, 87, 25, 207, 216, 11 de la norma procesal que es supletoria de la legislación policial, y los artículos 16,17,18, 23 numerales 3, 4, 8, 126, 27, artículos 192, 272, q 271, 24 numeral 14 de la Constitución, así como que se han interpretado erróneamente los artículos 9 y 15 del Código Penal Policial. b) El Policía Nacional Edison Puente Tiscama, señala que se ha realizado una indebida aplicación del Art. 299 del Código Penal de la Policía Nacional porque no se le puede sancionar por un tipo penal al que no ha adecuado su conducta; manifiesta que se le ha impuesto el pago de daños y perjuicios lo que no se ciñe a la realidad procesal. Sostiene que las versiones receptadas no cuentan con la asistenta de un abogado, lo que viola el Art. 76 numeral 7 literal e) de la Constitución en concordancia con el Art. 71 del Código de Procedimiento Penal común; que se ha trasgredido el Art. 62 del Código de Procedimiento Penal de la Policía Nacional ya que el peritaje de los billetes se realizó sin la presencia de los indiciados por lo que se pierde su capacidad probatoria; que al expedir la sentencia no se ha considerado que fue colocado en situación de disposición por supuesta mala conducta por parte del Consejo Superior de la Policía Nacional, por los mismos hechos contraviniendo el numeral 7 literal i) del Art. 76 de la Constitución y del Tratado Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su Art. 7 , numeral 14, consigna que nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa. La configuración de la conducta típica descrita en el Art. 299 del Código Penal de la Policía Nacional, reprime a quien con intimidación o simulando falsa orden de una autoridad, obligue a otro, sin privarle de la libertad personal, a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan o puedan producir efectos jurídicos; y en la especie ha quedado demostrado que los sentenciados sin orden de autoridad, intimidaron a Jorge Chavarría, propietario del local La Galería, quien ante la amenaza de continuar con el operativo, cerrar el local y llevarlo detenido si no entregaba la suma de trescientos dólares, se vio forzado a allanarse a esta petición, para depositar en manos del policía Chango el dinero, en presencia de los otros acusados; posteriormente y luego de presentada la denuncia en la Jefatura Provincial de Migración de Pichincha, acudieron los implicados y ante el Tnte. Jorge Ernesto Chiriboga Córdova aceptaron el cometimiento de la infracción, comprometiéndose a devolver el dinero, que fue entregado al Tnte. William Tarcisio Haro Espinoza a nombre de los cuatro procesados; pruebas contundentes que no dejan lugar a dudas sobre la existencia de la infracción y la culpabilidad de los sentenciados, por lo que se torna inadmisible la aplicación de la institución del in dubio pro reo, que ampara al justiciable sobre el que pesa una duda razonable sobre su participación, lo que no se configura en la sentencia sub júdice. En cuanto a las alegaciones de los impugnantes, relacionadas con el trámite del proceso o la recolección de elementos de convicción, debo puntualizar que éstas no son susceptibles del recurso de casación, que se contrae exclusivamente a la violación de la ley en la sentencia como ya se manifestó, éstas observaciones al trámite debieron ser expuestas mediante la interposición de otros medios impugnatorios contemplados en la ley adjetiva. Por otra parte, es preciso puntualizar que la denuncia es una noticia criminis no una prueba que deba ser ?judicializada? como lo sostienen los casacionistas, las pruebas son aquellos elementos que nos permiten establecer la existencia de la infracción y la responsabilidad penal de los procesados, por tanto siendo un delito de acción pública, no se requiere de la denuncia para proceder a la investigación de una conducta punible y antijurídica, que está considerada como tal al incluirse entre los delitos previstos por la norma sustantiva penal. En relación a las supuestas violaciones de normas constitucionales, en especial de aquellas que garantizan el derecho a la defensa, demanda precisar que sus elemento sustanciales implican la relevancia constitucional y una incidencia real en el fallo, incidencia que sea además definitiva; debe suponer una privación o limitación al derecho de defensa a través de actos concretos de los órganos jurisdiccionales, ya sea impidiéndoles la capacidad de ejercitar su facultar de controvertir las posiciones contrarias en uso del principio de contradicción, o de limitar su derecho de alegar y probar lo alegado, en conclusión es la privación al justiciable de alguno de los instrumentos que el ordenamiento jurídico pone a su alcance para la defensa de sus derechos con el consiguiente perjuicio de sus intereses, elementos que no han sido demostrados efectivamente por los recurrentes, tanto más que se observa que éstos han ejercido a lo largo del proceso en igualdad de condiciones, todas las garantías que la norma constitucional y las contenidas en los instrumentos internacionales otorgan a los sujetos de la relación jurídico penal. Es necesario aclarar que la inobservancia de las garantías del debido proceso, señaladas en la Constitución de 1998 y la vigente en la actualidad, no se han demostrado, todo lo contrario, se constata que los sentenciados tuvieron al amparo de estas disposiciones, porque el hecho delictivo por el que se los condenó está jurídicamente tipificado, ha existido proporcionalidad entre la infracción y la sanción impuesta, se ha mantenido la presunción de inocencia durante la tramitación del proceso, la sentencia ha sido motivada y responde a las pruebas aportadas en el juicio, pruebas que fueron obtenidas conforme los mandatos legales; así también no se advierte que el juzgador haya incurrido en inobservancia de las normas procesales señaladas por los recurrentes, quienes no han logrado determinar y exponer concretamente, en base a la naturaleza del recurso de casación, si en la sentencia se ha violado la ley, ya por contravenirse expresamente a su texto; ya por haberse hecho una falsa aplicación de ella; ya por haberla interpretado erróneamente; sino que basan su fundamentación en alegaciones subjetivas que se dirigen a que la Sala realice una nueva valoración del acervo probatorio; pues se refiere a varias diligencias que desde su particular punto de vista, debieron ser inadmitidas. En  consecuencia  solicita  a  la  Sala  rechazar el recurso interpuesto por improcedente. QUINTO: ARGUMENTOS JURÍDICOS Y DOCTRINARIOS: 1.- La Casación de acuerdo con el Art. 349 del Código de Procedimiento Penal se contrae a examinar si en la sentencia definitiva se ha violado la ley. El Tribunal en sentencia debe valorar las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica, en cumplimiento de lo que dispone el Art. 86 del Código Adjetivo Penal. El juez debe consignar las razones que lo llevan a tener por acreditados o no, e históricamente ciertos o falsos los hechos que constituyen los elementos materiales del delito, enunciando las pruebas de que se sirve en cada caso y expresando la valoración que haga de ellas, es decir, la apreciación que lo conducen relativamente al supuesto de hecho investigado, a una conclusión afirmativa o negativa. La falta de motivación en derecho puede consistir en la no descripción del hecho que debe servir de sustento a la calificación, es decir, cuando se aplica una norma jurídica diferente a la que corresponde en un proceso de correcta adecuación típica. Para ser motivada en los hechos, la sentencia debe suministrar las pruebas en que se fundan las conclusiones fácticas, esto es, demostrarlos. Para que sea fundada en derecho, la sentencia debe explicar los hechos objeto de la adecuación típica, esto es, describirlos. La sentencia debe basarse en la certeza, es decir, en la convicción razonada y positiva de que los hechos existieron y ocurrieron de cierta manera. Si bien la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas de la sentencia son inatacables en casación, ésta si controla el proceso lógico seguido por el juez en su razonamiento. El tribunal de casación realiza bajo este aspecto un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por la ley, a fin de custodiar la aplicación de las reglas de la sana crítica en la motivación de la sentencia, verificando si en su fundamentación se han observado las reglas de la lógica, del razonamiento y de la experiencia o conocimiento. La garantía de motivación consiste en que mientras por un lado se deja al juez libertad de apreciación respecto de la prueba queda en cambio obligado a correlacionar lógicamente sus argumentos; 2.- a) De Fojas 3 a 17 consta el informe investigativo elaborado por el Capitán de Policía Freddy Galarza Enríquez, de fecha 27 de noviembre del 2006, relacionado a la denuncia presentada por el señor

 

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