Registro Oficial No 21 - Jueves 11 de Julio de 2013 Edicion Especial

Jueves, 11 de julio de 2013

Última modificación: Sábado, 27 de julio de 2013 | 11:57

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Jueves 11 de Julio de  2013 - R. O. No. 21

EDICIÓN ESPECIAL

SUMARIO

Función Judicial y Justicia Indigena                               

Corte Nacional de Justicia Segunda Sala de lo Penal:

Recursos de casación en los juicios seguidos en contra de las siguientes personas:

709-2009 Hernán José Cortez Caicedo

               

724-2009Sixto Guillermo Vera Arroyo

               

731-2009Segundo Carlos Chávez Moncayo

               

732-2009 Rosa Calle Verdugo y otras

               

739-2009 Dr. Carlos Jaramillo Díaz, Procurador Síndico Municipal del Distrito Metropolitano de Quito y otro

               

743-2009 Lola Elena Bastidas Zaldumbide

               

761-2009 Dr. Marcelo Mazón Martínez

               

765-2009 Freddy Mauricio Ceme Marcillo

               

770-2009 Segundo Wilson Criollo Simbaña

               

771-2009 José Chasipanta Chiluiza

               

772-2009 William Esteban Toapanta Cobo

               

774-2009Pedro Antonio Simaluisa Masabanda

               

775-2009 Flavio Olguer Molina Martínez

               

778-2009Nelson Aníbal Espín Correa

               

779-2009 Marcelo Gavino Reina Torres

Función Judicial y Justicia Indigena

781-2009 Eduardo Fabián Castellanos Gómez

               

789-2009Yessenia Karina Landeta Neira y otro

               

793-2009 Ab. Octavio Stalin Villacís Chávez y otros

               

794-2009Washington Leonery Vélez García

               

795-2009 Segundo Juan Sánchez Mendieta

               

800-2009Lcdo. Manuel Orlando Ramón Jara

               

805-2009 Gladys Elisa Rodríguez Cuenca

CONTENIDO


JUICIO PENAL No. 1193-2009 SEGUIDO POR HERNÁN JOSE CORTEZ CAICEDO.

No. 709-2009

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

SEGUNDA SALA DE LO PENAL

Quito, a 15 de septiembre de 2009, las 17h10.

VISTOS: Hernán José Cortez Caicedo interpone recurso de apelación de la resolución de la Primera Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Guayaquil, en la que se rechaza el recurso de Habeas Corpus presentado contra el Tribunal Tercero de lo Penal del Guayas. Para resolver se considera: PRIMERO: Esta Segunda Sala Especializada de lo Penal es competente para conocer y resolver este recurso de apelación, en virtud del Art. 184 de la Constitución Política de la República del Ecuador, vigente a partir del 20 de octubre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 449; por lo dispuesto en los literales a) y b) del numeral 4 de la Sentencia Interpretativa: 001-08-SI-CC, de fecha 28 de noviembre de 2008, dictada por la Corte Constitucional de la República, publicada en el Registro Oficial No. 479, de 2 de diciembre de 2008; por Resolución Sustitutiva del pleno de la Corte Nacional de Justicia, de 22 de diciembre de 2008 publicada en el Registro Oficial No. 511, el 21 de enero del 2009; por Resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia de fecha 19 de marzo del 2009 y publicada en el Registro Oficial No. 565 del 7 de abril del 2009 y por el sorteo legal de 14 de septiembre del 2009. SEGUNDO: El recurrente deduce acción constitucional de Hábeas Corpus y en la audiencia respectiva para pronunciarse sobre la misma, se ha justificado que él se encuentra privado de su libertad por haber sido condenado a la pena de veinte y cinco años de reclusión mayor extraordinaria por un delito de asesinato en la causa penal No. 351-2008, dictada por el Tercer Tribunal de lo Penal del Guayas, y la sentencia condenatoria ha sido impugnada mediante recurso de casación que hasta el momento no ha sido resuelto. Se ha justificado además que se encuentra privado de la libertad  en  la  causa  penal  No.  069-

2008. TERCERO: Por lo dispuesto en la Ley Interpretativa del Art. 169 del Código de Procedimiento Penal, publicada en el Registro Oficial 2S 194: de 19 de octubre de 2007, la prisión preventiva tiene vigor solamente hasta la convocatoria a la audiencia de juzgamiento, de tal modo que si esta no se produce por causas que no dependen del Tribunal de Garantías Penales que debe conocer la audiencia, no se produce la caducidad de la prisión preventiva. Por lo tanto, cuando existe sentencia condenatoria la privación de la libertad que se impone en esta, tiene el carácter de pena y la persona encontrada responsable del delito o sentenciado comienza a cumplirla. En esta virtud tenemos que el sentenciado se encuentra privado de la libertad cumpliendo la sanción que se le impone en la sentencia y en ningún caso bajo prisión preventiva. Por estas consideraciones: ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se rechaza el recurso de apelación interpuesto por Hernán José Cortez Caicedo.- Notifíquese.-

f.) Dr. Luis Abarca Galeas, Juez Nacional, Presidente.

f.) Dr. Raúl Rosero Palacios, Juez Nacional.

f.) Dr. Máximo Ortega Ordóñez, Juez Nacional.

Certifico:

f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario Relator.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su original.-

Quito, 9 de diciembre del 2010.- Certifico: f.) El Secretario Relator.

JUICIO PENAL No. 310-2009, SEGUIDO EN CONTRA DE GUILLERMO VERA ARROYO, COMO AUTOR RESPONSABLE DEL DELITO DE ROBO, TIPIFICADO EN LOS ARTS. 550 Y 551 DEL CÓDIGO PENAL EN ARMONÍA CON EL ART. 552, NUMERAL 2, IBÍDEM.

No. 724-2009

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

SEGUNDA SALA DE LO PENAL

Quito, 21 de septiembre del 2009, 16H20.

VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en calidad de Jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia. Sixto Guillermo Vera Arroyo, interpone recurso de casación de la sentencia expedida el 23 de mayo del 2006, por el Tribunal Segundo de lo Penal de Esmeraldas, que lo declara autor responsable del delito de robo, tipificado en el Art. 550 y 551 del Código Penal en armonía con en el Art. 552 numeral 2 ibídem, imponiéndole la pena de seis años de reclusión menor ordinaria. Concluido el trámite y siendo el estado de la causa, el de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO.- Esta Segunda Sala Especializada de lo Penal es competente para conocer y resolver este recurso de casación, en virtud del Art. 184 de la Constitución Política de la República del Ecuador, vigente a partir del 20 de octubre del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 449; por lo dispuesto en los literales a) y b) del numeral 4 de la sentencia interpretativa 001-08-SI-CC de fecha 28 de noviembre de 2008; dictada por la Corte Constitucional de la República, publicada en el Registro Oficial No. 479 de 2 de diciembre de 2008; por Resolución Sustitutiva de 22 de diciembre del 2008, (publicada en el Registro Oficial No. 511 de 21 de enero de 2009), a la aprobada por el pleno de la Corte Nacional de Justicia, el 17 de diciembre de 2008; y, por el sorteo de legal de7 de enero del 2009. SEGUNDO: A fs. 3 a 4 del cuaderno de la Sala consta el escrito de fundamentación del recurso formulado por el recurrente, en el que, en lo fundamental expresa: que el Tribunal Juzgador en su sentencia ha violentado las siguientes normas de derecho: Arts. 273, 3 No. 2, 16, 17, 18, 20, 22, Art. 23 numerales 26 y 27, Art. 24 No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10,12, 13, 14 de la Constitución Política de la República del Ecuador, Arts. 2, 217 No. 5, 218, 220, 304, 315, 328 del Código de Procedimiento Penal, Arts. 4, 29 No. 5, 6, 7, 76 del Código Penal; que es en la causal segunda del Art. 349 del Código de Procedimiento Penal en la que se funda su recurso, esto es, cuando en la sentencia se hubiere violado la ley; argumenta además el recurrente que el Tribunal Juzgador en su sentencia sin que se haya probado la materialidad de la infracción peor aún la responsabilidad de los imputados se nos condena ilegal e inconstitucionalmente; en la audiencia demostré la violación a los derechos humanos, garantías fundamentales, a la seguridad jurídica y al debido proceso; fui aprehendido sin que exista orden de detención girada por autoridad competente; se me receptó mi versión sin la presencia de un abogado patrocinador; que fue objeto de torturas y maltratos física y psicológicos al momento de rendir sus versiones que nunca fue notificado con el inicio de instrucción fiscal, que se le ha dejado en indefensión y que no se ha defendido porque jamás fue informado que se había iniciado juicio en su contra; que se le sentenció el 23 de mayo del 2006, por parte de los miembros del Tribunal Juzgador con anterioridad al cometimiento del supuesto delito, que fue aprehendido el 7 de junio del 2006 y que al dictar la sentencia no lo hicieron en el plazo indicado, que el Tribunal no consideró la conducta  ejemplar  del  compereciente  ni  los  certificados  y  antecedentes penales, que se debió aplicar la debida proporcionalidad entre las infracciones y sanciones. Agrega además que se observe y sancione la forma de actuar y de resolver de los Vocales del Tribunal Penal, los cuales, sin observancia de las reglas de la sana crítica y a la valoración de la prueba sin que se haya demostrado y comprobado en derecho la materialidad de la infracción nos imponen la pena desde todo punto de vista injusta, ilegal e inconstitucional. Finalmente solicita que la Sala enmendando la violación de la ley, admitan la casación y los absuelva. TERCERO.- El señor Ministro Fiscal General del Estado, al contestar el traslado corrido con la fundamentación del recurso constante a fs. 6 a 8 vta. del cuadernillo de la Sala, luego de realizar un amplio y detenido estudio del contenido de la sentencia impugnada y de las pruebas actuadas en la audiencia de juzgamiento, en lo fundamental, expresa: ?que las alegaciones mencionadas por el recurrente Sixto Guillermo Vera Arroyo, en su escrito de fundamentación, tienen relación directa con la violación de los derechos humanos, con las garantías fundamentales constitucionales, con las seguridad jurídica, con el debido proceso, in-dubio pro-reo, con atenuantes y preceptos legales concernientes a la prueba y su valoración y apuntan no solo a que la Sala de Casación vuelva a realizar un nuevo examen de la misma, además se advierte que el titular del recurso equivoca la esencia misma de la casación, cuyo fundamento único es el de estudiar si en la sentencia se ha violado la ley en las formas establecidas en el Art. 349 del Código de Procedimiento Penal y que se refieren a los errores in iudicando producidos en la sentencia y no a los vicios de procedimiento, al pretender que la Sala atienda asuntos propios del recurso de nulidad?. Argumenta además, ?que se puede apreciar que el fallo se ciñe a las normas que regulan la apreciación de la prueba, dispuestas en los Arts. 85, 86 y 87 y 88 del Código Adjetivo Penal, pues está basado en declaraciones rendidas por peritos y testigos en la forma que exige el nuevo esquema procesal penal y que de manera contrastable justifican los presupuestos necesarios para condena?. Concluye manifestando que estima que el recurso de casación interpuesto por el recurrente Sixto Vera Arroyo es improcedente y debe ser rechazo, toda vez que no se ha demostrado que el juzgador en la sentencia haya infringido las disposiciones legales citadas. CUARTO: Examinada la sentencia, por parte de la Sala, se observa que en los considerandos Tercero y Cuarto del fallo, el Tribunal Juzgador expresa que tanto la materialidad de la infracción como la responsabilidad del procesado se ha comprobado conforme a derecho con la práctica de las siguientes diligencias procesales actuadas en la audiencia del juicio, en lo relativo a la materialidad de la infracción con: 1.- Testimonio del Capitán de la Policía Nacional Dorian Alfonso Calderón Murillo, quien refiere fue delegado por la Fiscalía para realizar la diligencia de reconocimiento de evidencias físicas, el mismo que lo hizo en el cantón Santo Domingo de los Colorados en un camión tráiler, en el que se encontraba una sustancia color amarillo, que el avalúo del carro está en la matrícula, ratificándose en todo el contenido de su Informe Técnico Pericial del vehículo. 2.- Testimonio del Cabo Primero de la Policía Nacional Ramiro Gustavo Suin Vidal, quien manifiesta lo siguiente, que presta servicio en la Unidad de Criminalística en el cantón Santo Domingo de los Colorados y  le  correspondió  realizar  el  reconocimiento  de  evidencias  físicas del vehículo tráiler el día 9 de junio del 2006, en el que se observó las siguientes características, marca Peterbilt, tanquero, color blanco, de 18 metros de largo, placa CBG-291, con un letrero que dice ?aceite de Palma?, el vehículo está avaluado en la cantidad de $. 7.000,00, el liquido no se avalúo, y se ratifica en su Informe Técnico Pericial del tráiler; 3.- Testimonio de Jorge Luis Dávalos Centeno, quien refiere que trabaja para INEXPAL desde hace 12 años en calidad de Gerente General, que el día miércoles 7 de junio del 2006 se procedió a cargar 3 carros para que el producto sea entregado a la Industria Alex en la ciudad de Manta, en el camino el tanquero fue asaltado y localizado por medio del control satelital FLOPEO por la Policía Nacional y por cuanto el chofer Fernando Fabricio Álvarez Andrade no se reportó durante el viaje, ya que es obligación monitorear el vehículo, que el declarante no se encontraba en el lugar, estaba en la ciudad de Quito, que es propietario del vehículo, y que el avalúo del mismo está en la matrícula y el líquido tenía un peso de 38 toneladas, avaluado y descrito en la guía de remisión esto es la cantidad de $. 18.000,00, líquido que iba a ser entregado a la Industria Aex en la ciudad de Manta. La responsabilidad del procesado Sixto Guillermo Vera Arroyo, el Tribunal Juzgador la establece con: 1.- Testimonio del ofendido Fernando Fabricio Álvarez Andrade, quien afirmó que trabaja para trasportes Dávalos que da servicio a INEXPAL, ubicado en la vía La Sexta, anteriormente trabajaba en Atacames, conducía en camión Peterbilt el día 7 de junio del 2006, a las 15H30, venía saliendo de La Sexta de la Extractora INEXPAL hacia el cantón Quinindé y cuando se dirigía a pasar el puente, para ir a Manta a la Fabrica Alex, a la altura del recinto La Cuarta, a unos 20 metros antes de llegar al puente salen del lado derecho de la montaña dos tipos vestidos de campesinos con botas amarillas, uno de tez blanca y otro de tez canela, al pasar el puente el de tez blanca se cruza el camión por el lado del chofer apuntándole y ordenándole que pare el vehículo y que abra la puerta, por lo que procedió a entregarle el carro, pasándole al declarante al camarote, luego salen dos tipos más y uno de ellos coge el volante, que fue el acusado Sixto Guillermo Vera Arroyo, después de unos diez minutos de recorrido, le dejaron botado, el declarante señala a los tres acusados que son los mismos que están presentes y fueron los que le asaltaron, que el que tenía el arma de fuego era Juan Pablo Valencia y pasando las Palmeras El Duana ahí le dejaron botado con otro individuo quien se quedó cuidándolo y tenía un arma, estuvo en este lugar aproximadamente unas tres horas y viajo vendado unos 30 minutos. 2.- Testimonio del Sargento Primero de Policía Ángel Benigno Torres Torres, quien manifestó trabajar en el servicio de tránsito en Santo Domingo y el día miércoles 7 de junio del 2006 aproximadamente a las 16h40 se encontraba de recorrido desde Santo Domingo a la Concordia, se hallaba con el cabo Edgar Monar ese día informaron por radio patrulla que habían asaltado un tráiler tres individuos, intervinieron dos patrullas, el vehículo fue interceptado en el kilometro 14 Vía Santo Domingo, se aprehendió a tres personas que iban en el vehículo, a los mismos que conoce y los señala que estan presentes en la audiencia; que el personal del GOE al momento que se procedió a detener a los acusados quisieron poner resistencia, por lo que los Agentes hicieron disparos al aire para que se detenga el vehículo, esto fue aproximadamente a las 17h00, la persona que conducía el vehículo es el acusado Sixto  Vera Arroyo, y al momento de la aprehensión al requisar el vehículo se encontró un arma de fuego, luego se trasladaron a Quinindé a buscar el lugar donde había dejado botado al ciudadano asaltado. 3.- Testimonio del Sargento Segundo de la Policía Nacional Edgar Walberto Monar Sánchez, el mismo que refirió que anteriormente prestaba sus servicio en el GPE de Santo Domingo de los Colorados, que el 17 de junio del 2006, aproximadamente a las 17h00, se enteró que habían asaltado un tráiler blanco de placas CBG-291, marca peterbilt, cargado de aceite de palma, que eran tres sujetos los que habían asaltado por lo que concurrieron 6 agentes del GOE y se los aprehendió en el Kilometro 14 de la Vía Santo Domingo la Concordia, tuvieron que hacer disparos para que los asaltantes detengan la marcha del vehículo, se encontró una cartuchera con una bala en la cabina del tráiler, el que manejaba el vehículo al momento de la aprehensión era el señor Sixto Vera, los asaltantes dijeron que al chofer de tráiler le dejaron amarrado en la Vía La Sexta en una palma, por lo que fueron en su busca, que se afirma en el parte policial que elaboró. 4.- Testimonio del Agente de Policía Judicial José Laureano Zambrano Bones, quien expresa que el día 7 de junio del 2006, se encontraba en la Policía Judicial de Santo Domingo, que el Capitán Valverde le informó por la Central de Radio que se traslade al Kilómetro 14 de la Vía Santo Domingo la Concordia, a las 18h30, por lo que se encontró con personal del GOE de Santo Domingo, y le dijeron que se trataba de un robo de un tráiler, que los tres ciudadanos que están presentes en la audiencia, se encontraban en el patrullero, por lo que procedió a colaborar en el rescate del chofer asaltado en compañía de los detenidos, encontrando al mismo amarrado, sin camisa, por lo que elaboró el parte policial de fs. 2 en el que se ratifica en todo su contenido; y, 5.- Testimonio del acusado Sixto Guillermo Vera Arroyo, quien refiere ser albañil y que el 6 de junio del 2006 estaba trabajando en la catedral con su compañero Juan Pablo Illescas Valencia, luego el señor Luis Zambrano le dijo que le acompañe al siguiente día haber un carro al cantón Quinindé y como estaba en deuda el declarante ya que anteriormente le había prestado $.2000,00 dólares, para la operación de un hermano, le aceptó la invitación, por lo que salió el día 7 de junio del 2006 de Santo Domingo con su compañero de trabajo Juan Pablo Illescas Valencia hasta Quinindé, ya que Luis Zambrano y otro señor lo esperaban, al llegar esperaron el bus y se trasladaron al lugar donde iban a traer el carro, a unos 500 metros antes del peaje los hicieron bajar del bus y esperar que llegara el carro, cuando llegó el vehículo tráiler el declarante comenzó a conducir hasta que le aprehendieron en Santo Domingo, el arma que se exhibe en la audiencia nunca la ha visto, la persona que le entregó el tráiler era Luis Zambrano, quien solo avanzó hasta Quinindé, ordenándole que el tráiler lo entregarán en Santo Domingo en la gasolinera ?el Rancho?, quien le amenazó que si no iba a manejar el carro, le mataría niega toda participación en el delito. ? . De lo analizado se puede establecer que el Tribunal Segundo de lo Penal de Esmeraldas, analizó y valoró correctamente las pruebas en sentencia, pues la existencia material del hecho que motiva el proceso se encuentra comprobada conforme a derecho, presupuesto necesario para establecer el nexo causal entre la infracción y sus responsables y formular la correspondiente presunción que se funda en indicios probados, graves, precisos y concordantes, que en el  presente caso son varios, relacionados, unívocos y directos tal como lo exigen los Arts. 87 y 88 del Código de Procedimiento Penal, y de esta manera el Tribunal Juzgador ha establecido con certeza que Sixto Guillermo Vera Arroyo es autor responsable del delito de robo tipificado y sancionado en los Art. 550 y 551 en armonía con el Art. 552 numeral 2 del Código Penal, ya que el delito de robo se ha cometido en pandilla, con arma de fuego, en despoblado, pues el procesado Vera Arroyo junto con los demás acusados interceptaron al conductor, le sometieron y procedieron a robar el vehículo tráiler que llevaba aceite de palma africana, Sixto Guillermo Vera Arroyo condujo el tráiler robado desde Quinindé, con dirección a Santo Domingo de los Colorados donde expresó debía entregar el tráiler en una gasolinera; así también es correcta la pena impuesta al procesado de seis años de reclusión menor, y el hecho de no haber aceptado atenuantes se ajusta estrictamente a la ley, pues éstas proceden, cuando se hubieren justificado dos o más circunstancias atenuantes y no exista agravante alguna, más del texto de la sentencia se aprecia la circunstancia agravante del Art. 30 numeral 1: de haber imposibilitado al ofendido para defenderse, pues lo maniataron de pies y manos abandonándolo en el sector del Recinto La Cuarta, poniendo en peligro la vida del ofendido. Consecuentemente, no aparece en modo alguno que el Tribunal Juzgador haya vulnerado el derecho al debido proceso del recurrente, al contrario, se advierte una estricta observancia a las garantías constitucionales y legales del derecho al debido proceso y a las normas que reglamentan los actos procesales, referidos en particular a los actos de petición, orden, práctica, incorporación y valoración de la prueba aportada, a parte de que el recurrente no ha probado en modo alguno sus alegaciones, quedando ellas como meros enunciados frente a una realidad objetiva e incontrastable que recoge el texto de la sentencia; y, además su pretensión de alcanzar la revisión de las pruebas actuadas no es factible por la naturaleza específica del recurso de casación que mira exclusivamente a corregir los errores de derecho más no los de hecho. Finalmente, si el acusado consideró que en el procedimiento existían nulidades debió en su momento oportuno interponer el recurso de nulidad en los diferentes momentos procesales que la ley permite. Por estas consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, La Sala declara improcedente el recurso de casación interpuesto por el procesado Sixto Guillermo Vera Arroyo, ordenándose que se devuelva el proceso al Tribunal Penal de origen. Notifíquese.-

f.) Dr. Luis Abarca Galeas, Juez Nacional- Presidente.

f.) Dr. Raúl Rosero Palacios, Juez Nacional.

f.) Dr. Máximo Ortega Ordóñez, Juez Nacional.

Certifico:

f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario Relator.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su original.- Quito, 09 de diciembre del 2010.- Certifico: f.) El Secretario Relator.

JUICIO PENAL No. 046-2009, SEGUIDO POR ANGEL GUSTAVO MARTINEZ MONTALVO, LUIS ENRIQUE MARTINEZ MONTALVO Y JULIO CÉSAR TORRES YUNDA, EN CONTRA DE SEGUNDO CARLOS CHAVEZ MONCAYO

No. 731-2009

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

SEGUNDA SALA DE LO PENAL

Quito, a 24 de septiembre de 2009, las 10h40.

VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en calidad de Jueces Nacionales de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia.- En lo principal, los recurrentes Ángel Gustavo Martínez Montalvo, Luis Enrique Martínez Montalvo y Julio César Torres Yunda, interponen recurso de casación de la sentencia dictada por la Sala de lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Chimborazo, que dicta sentencia absolutoria a favor de Segundo Carlos Chávez Moncayo. Concluido el trámite y siendo el estado de la causa, el de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO: Esta Segunda Sala Especializada de lo Penal es competente para conocer y resolver este recurso de casación, en virtud del Art. 184 de la Constitución Política de la República del Ecuador, vigente a partir del 20 de octubre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 449; por lo dispuesto en los literales a) y b) del numeral 4 de la Sentencia Interpretativa: 001-08-SI-CC, de fecha 28 de noviembre de 2008, dictada por la Corte Constitucional de la República, publicada en el Registro Oficial No. 479, de 2 de diciembre de 2008; por Resolución Sustitutiva del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, de 22 de diciembre de 2008 publicada en el Registro Oficial No. 511, el 21 de enero del 2009 y por el sorteo legal de 5 de enero de 2009.- SEGUNDO: A fojas 5 a 6 los recurrentes Ángel Gustavo Martínez Montalvo, Luis Enrique Martínez Montalvo y Julio César Torres Yunda, fundamentan su recurso expresando que: No se ha valorado los testimonios y que se ha violado la ley al no aplicar los artículos 489 inciso segundo y 491 inciso tercero del Código Penal. TERCERO: La Sala luego del estudio del contenido de la sentencia absolutoria en relación a la fundamentación del recurso de casación presentada por los recurrentes, se establece que estos pretenden una nueva valoración de la prueba, lo cual no se encuentra dentro de las facultades del Tribunal de Casación, sino que esta se circunscribe a la corrección de los errores de derecho contenidos en la sentencia siempre que impliquen violación de garantías del debido proceso, puesto que las violaciones de la ley que no implican la transgresión de derechos humanos y garantías que carecen de trascendencia jurídica procesal en aplicación de la garantía del debido proceso de que: ?no se sacrificará la justicia por la sola omisión de solemnidades?. CUARTO: En el presente caso, se deduce la querella por haber presentado una denuncia ante un Fiscal, que es la autoridad competente para conocerla realizando las respectivas investigaciones que sirvan de fundamento para la instrucción fiscal; investigaciones que pueden realizarlas dentro de la indagación previa, pero en tal caso todo lo actuado por el Fiscal se encuentra protegida por el principio de reserva y consecuentemente, no tienen trascendencia porque no pueden  ser divulgadas. En el caso de que el Fiscal inicia la instrucción y esta concluye con dictamen que el Fiscal se abstiene de acusar tampoco cabe la acción de injuria, salvo que la denuncia haya sido calificada de maliciosa en el auto de sobreseimiento definitivo, conforme lo establece el Art. 245 del Código de Procedimiento Penal, y en tal caso presuntamente se configura en el delito tipificado en el Art. 494 del Código Penal. Observándose que en esta causa no se ha presentado la declaración judicial de que la denuncia es maliciosa como requisito de procedibilidad para ejercer la acción penal por el delito mencionado. QUINTO: El hecho de haberse presentado la denuncia ante autoridad competente para que realice la respectiva investigación de los hechos denunciados no contiene el ánimo de injuriar sino el de que se esclarezca los actos ilícitos con los cuales afirma ser perjudicado el denunciante, con el objeto de que los presuntos autores sean procesados penalmente y en el caso de encontrarlos responsables se les imponga la respectiva sanción, lo cual constituye un derecho de todo ciudadano y no solo del perjudicado. SEXTO: El fallo absolutorio dictado por la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Chimborazo se encuentra debidamente motivado conforme lo exige el literal l) del No. 7 del Art. 76 de la Constitución de la República y corresponde a la realidad de los hechos objetivamente justiciados en el proceso, por lo que son inadmisibles los cargos que realizan los recurrentes contra la sentencia absolutoria. Por estas consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se declara improcedente el recurso de casación interpuesto por Ángel Gustavo Martínez Montalvo, Luis Enrique Martínez Montalvo y Julio César Torres Yunda.- Notifíquese.-

f.) Dr. Luis Abarca Galeas, Juez Nacional-Presidente.

f.) Dr. Raúl Rosero Palacios, Juez Nacional.

f.) Dr. Máximo Ortega Ordóñez, Juez Nacional.

Certifico:

f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario Relator.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su original.- Quito, 09 de diciembre del 2010.- Certifico: f.) Ilegible, el Secretario Relator.

JUICIO PENAL No. 635-2009, SEGUIDO EN CONTRA DE ROSA CALLE VERDUGO, MARÍA DOLORES VERDUGO Y MARTHA VERDUGO CALLE, COMO AUTORAS RESPONSABLES DEL DELITO TIPIFICADO Y SANCIONADO EN EL ART. 580 DEL CÓDIGO PENAL.

No. 732-2009

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

SEGUNDA SALA DE LO PENAL

Quito, a 24 de septiembre de 2009, las 10h30.

VISTOS:  Avocamos  conocimiento  de  la  presente  causa  en

 calidad de Jueces Nacionales de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia.- En lo principal, las recurrentes Rosa Calle Verdugo, María Dolores Verdugo y Martha Verdugo Calle, interponen recurso de casación de la sentencia dictada por la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Cañar, que les declara autoras responsables del delito tipificado y sancionado en el Art. 580 del Código Penal y les condena a un mes de prisión correccional. Concluido el trámite y siendo el estado de la causa, el de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO: Esta Segunda Sala Especializada de lo Penal es competente para conocer y resolver este recurso de casación, en virtud del Art. 184 de la Constitución Política de la República del Ecuador, vigente a partir del 20 de octubre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 449; por lo dispuesto en los literales a) y b) del numeral 4 de la Sentencia Interpretativa: 001-08-SI-CC, de fecha 28 de noviembre de 2008, dictada por la Corte Constitucional de la República, publicada en el Registro Oficial No. 479, de 2 de diciembre de 2008; por Resolución Sustitutiva del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, de 22 de diciembre de 2008 publicada en el Registro Oficial No. 511, el 21 de enero del 2009 y por sorteo legal de 11 de marzo de 2009.- SEGUNDO: A fojas 5 a 6 vta., las recurrentes Rosa Calle Verdugo, María Dolores Verdugo y Martha Verdugo Calle, fundamentan su recurso expresando: Que alega la nulidad de todo lo actuado por falta de citación con la querella a María Dolores Verdugo Calle. Que se ha violado el Art. 580 del Código Penal por indebida aplicación y los Arts. 84, 85, 86, 87, 88,115, 250, 252, 304-A, 309 ordinal 2 y 3, 310 y 312 del Código de Procedimiento Penal de manera indirecta también por falta de aplicación, así como se ha inobservado el Art. 73 del Código Penal. TERCERO: En relación a la imputación realizada contra la sentencia en el sentido de que el proceso adolece de nulidad por no haberse citado con la querella a María Dolores Verdugo Calle, consta a fs. 9 a 10 que ha sido citada con la querella de acuerdo con la razón sentada por el actuario del juzgado, la cual hace fe pública y su impugnación no es materia del recurso de casación sino que se lo debe hacer en otra vía. CUARTO: El querellante al formalizar la querella acusa por el delito de usurpación previsto en el Art. 580 del Código Penal, sin distinguir a cuál de los tipos penales contemplados en esta disposición penal se refiere, lo cual significa que acusa genéricamente por los tres tipos que se comprenden en esta disposición legal, por lo que la formalización de la querella así presentada en cuanto se refiere a la tipificación del delito acusado carece de eficacia porque cada uno de estos tipos penales se excluyen entre sí, en razón de que la circunstancia constitutiva de cada una de ellos difiere sustancialmente de la circunstancia constitutiva de los otros. Este error de derecho cometido por el querellante en razón de vigencia del principio dispositivo establecido como garantía del debido proceso en el numeral 6 del Art. 168 de la Constitución de la República, el juzgador no puede corregir los errores de derecho cometidos por el acusador, puesto que en el caso contrario pierde la imparcialidad que garantiza la prevalencia de la verdad y la aplicación de la ley en las resoluciones judiciales; por lo que debe pronunciarse declarando la improcedencia de la acusación por fundamentarse en violación de la ley, como ocurre en el presente caso en que el acusador viola el Art. 580 del Código Penal, al no señalar por qué tipo penal contenido en  este acusa, a lo cual se encuentra obligado jurídicamente en aplicación de los principios de eficacia y debida diligencia garantizados en los Arts. 169 y 172 de la Constitución de la República. Por estas consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se acepta el recurso de casación presentado por Rosa Calle Verdugo, María Dolores Verdugo y Martha Verdugo Calle y corrigiendo los errores de derecho cometidos en la sentencia dictada por la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Cañar, de 24 de noviembre de 2008, las 11h20, revocándola y en su lugar se absuelve a las recurrentes Rosa Calle Verdugo, María Dolores Verdugo y Martha Verdugo Calle.- Notifíquese.

f.) Dr. Luis Abarca Galeas, Juez Nacional-Presidente.

f.) Dr. Raúl Rosero Palacios, Juez Nacional.

f.) Dr. Máximo Ortega Ordóñez, Juez Nacional.

Certifico:

f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario Relator.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su original.- Quito, 09 de diciembre del 2010.- Certifico: f.) El Secretario Relator.

JUICIO PENAL No. 074-2009, SEGUIDO POR ALEX FERNANDO LARENAS SCHETTINI EN CONTRA DEL DR. CARLOS JARAMILLO DIAZ, PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y DEL ABOGADO FRANCISCO CABEZAS LUNA, FUNCIONARIO DE LA PROCURADURÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, POR EL DELITO DE INJURIAS CALUMNIOSAS E INJURIAS O CALUMNIOSAS GRAVES.

No. 739-2009

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

SEGUNDA SALA DE LO PENAL

Quito, 29 de septiembre de 2009.- 09h30.

VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa los doctores: Luis Abarca Galeas, Raúl Rosero Palacios y Máximo Ortega Ordóñez, en calidad de Jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, en virtud de lo dispuesto en los literales a) y b) del numeral 4, del acápite IV de la Sentencia Interpretativa No. 001-08- SI-CC, emitida por la Corte Constitucional el 28 de noviembre del 2008, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 479, de 2 de diciembre del 2008, por resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia de fecha 17 de diciembre del año 2008.- El querellante Alex Fernando Larenas Schettini, interpone recurso de casación de la sentencia pronunciada el 29 de octubre del 2008, por los Jueces de la Primera Sala de lo Penal, de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que confirman en todas sus partes la sentencia absolutoria dictada por la Juez Suplente Octavo de lo  Penal de Pichincha, a favor de los querellados doctor Carlos Jaramillo Díaz, Procurador Síndico Municipal del Distrito Metropolitano de Quito, y abogado Francisco Cabezas Luna, funcionario de la Procuraduría del Distrito Metropolitano de Quito, por no existir prueba conforme a derecho, sobre la existencia del delito de injurias y de su responsabilidad penal.- Encontrándose la causa en estado de resolver para hacerlo se considera: PRIMERO.- La Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso al amparo del Art. 184, numeral 1, y Disposición Transitoria Octava de la Constitución de la República del Ecuador, Artículo 4 de la Resolución de la Corte Nacional de Justicia de fecha 17 de diciembre del 2008; y Resolución No. 006-2003-DI expedida por el Tribunal Constitucional, publicada en el Registro Oficial número 194 de 21 de octubre del 2003.- SEGUNDO.- El recurso se ha tramitado con observancia de las garantías básicas del debido proceso, así como las prescripciones constantes en el Capítulo IV, del Título IV, del Libro IV del Código de Procedimiento Penal, aplicables al caso, por lo que se declara su validez.- TERCERO.- Del texto de la sentencia y libelo de acusación particular la Sala conoce los siguientes antecedentes: el día miércoles 29 de agosto del 2007, a eso de las 10h30 de la mañana, en el edificio del Palacio Municipal, en el primer piso, en la recepción de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito, ubicado en la calle Venezuela N4-48, entre la calle Chile y Espejo de esta ciudad de Quito, expresa el acusador, que ?se me entregó? un sobre en el cual contenía una copia simple del oficio No. 2680 de fecha 29 de agosto del 2007, dirigido al señor Alex Fernando Larenas y suscrito por el señor Paco Rosendo Moncayo Gallegos, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, y un anexo de tres fojas igualmente copia simple de un informe de la Procuraduría Metropolitana de Quito, Ref. Exp. 135-2005, despachado el 17 de agosto del 2007, número de trámite 07786 de fecha de ingreso 21 de agosto del 2007, de la Procuraduría Metropolitana de Quito, dirigido al señor Paco Moncayo Gallegos, Alcalde Metropolitano de Quito y suscrito por el Dr. Carlos Jaramillo Díaz, Procurador Metropolitano de Quito y con copia a la Secretaría del H. Concejo Metropolitano. Como recibí unas copias simples de los oficios mencionados anteriormente, solicité una copia certificada de los mismos la cual se me entregó con fecha 10 de septiembre del 2007. En este oficio se me hacen una serie de injurias calumniosas e injurias no calumniosas graves. A saber: en el numeral 14 dice: <Con el único fin de dilatar el inminente cumplimiento de la orden de derrocamiento dispuesta en la providencia de Comisaría No. 517 CMZN-YMY del 19 de febrero del 2002. El denunciante solicita se amplíe dicha providencia (fs. 43 a 46)>, además: <A partir de este fallido acuerdo económico que no es competencia municipal el hacerlo cumplir, el señor Fernando Larenas, ocultando que mediante documento público consintieron el adosamiento y que habían desistido expresamente de la denuncias presentadas, ha venido insistido en las diferentes dependencias municipales para que se ejecute la providencia que ordena el derrocamiento de la construcción materia de su segunda denuncia. Siempre con la esperanza de que se concreten sus ambiciones económicas, utilizando para ello a la administración municipal>, o, <Atendiendo su constitucional derecho de petición y habiendo ocultado a Procuraduría Metropolitana que el Señor Larenas   había   autorizado   el   adosamiento   mediante  escritura pública y que en cumplimiento del acuerdo logrado con el denunciado, presentó en la Comisaría el escrito de desistimiento a su denuncia, logra obtener dolosamente que Procuraduría emita peticiones de informes a la Comisaría de la Zona Norte sobre la ejecución de la providencia que ordena el derrocamiento, así como el criterio jurídico de ejecución por parte del señor Procurador Metropolitano encargado>, o <Como existe este fallido cobro de los veinte y dos mil dólares por el innecesario derecho de adosamiento acordado con el denunciado el señor Fernando Larenas en lugar de dedicarse a trabajar honestamente, busca a toda costa réditos económicos, chantajeando con juicios penales en contra de todo aquel empleado municipal que por el desempeño de sus funciones ha tenido que involucrarse en el presente caso?? (sic), entre otras expresiones, con las cuales el actor considera que se le ha ?injuriado en forma calumniosa y no calumniosa grave sin ningún motivo?, mediante el oficio con un anexo de tres fojas de un informe, por parte del doctor Carlos Jaramillo Díaz, Procurador Síndico Municipal, y abogado Francisco Cabezas Luna, funcionario de la Procuraduría Metropolitana de Quito, ?quien sumillo el oficio objeto de esta querella?.- CUARTO.- El querellante al fundamentar su recurso de casación, entre otros aspectos, concretamente señala que ?las normas de derecho que se estiman infringidas o las solemnidades del procedimiento que se hayan omitido?, son los artículos 489, 490 numeral 2 y 3, y 491 del Código Penal; la Ley de Casación, artículo 3, numeral 1, que se refiere a la falta de aplicación, incluyendo los precedentes jurisprudenciales; La Ley Orgánica de la Función Judicial, Capítulos Finales; manifiesta que hay violación del debido proceso y de trámite respectivamente, señalando el artículo 76 de la Constitución Política del Estado, numeral 1ro; los artículos 232 y 330, numeral 3ro. del Código de Procedimiento Penal, este último que se relaciona con el recurso de nulidad, por la causal de violación del trámite previsto en la ley, en concordancia, expone, con los artículos 345, 356, 357 y 1014 del Código de Procedimiento Civil vigente, alusivas también a las nulidades procesales por violación del trámite correspondiente; y, luego de puntualizar en detalle las causales en que se funda su recurso, entre las que invoca la Ley de Casación, causales 1ra., 3ra., 4ta. y 5ta., de su artículo 3, así como los fundamentos jurídicos en que se apoya el recurso de casación, que los explica extensamente en su escrito de fundamentación, concluye solicitando a la Sala case la sentencia impugnada y condene a los acusados por delito de injuria, así como al pago de daños y perjuicios, costas y honorarios profesionales.- QUINTO: Es obligación jurídica y procesal de la Sala asegurar la aplicación de los derechos y garantías básicas del debido proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 76 y 169 (antes artículo 192, en relación con el numeral 27 del artículo 23) de la Ley Suprema, o si de alguna forma se han restringido el ejercicio de los mismos.- SEXTO: Al respecto, la Sala efectúa la siguiente puntualización: por ser el recurso de casación una impugnación de carácter especial y extraordinaria, el análisis que deben efectuar los juzgadores ha de centrarse únicamente en su objetivo exclusivo, esto es, al examen de la sentencia, con la finalidad de determinar si en la misma se han cometido errores de derecho (in iudicando), mas no omisiones, vicios o errores de procedimiento, y, de existir los mismos, corregirlos; siendo  sólo admisible analizar la valoración del acervo probatorio que no es conforme a las reglas contempladas en el Código Procesal Penal, como son las de la sana crítica contenidas en su artículo 86.- SEPTIMO: Del examen efectuado por la Sala para verificar si en la sentencia de mérito se ha violado la ley, tomando en cuenta lo sostenido por el recurrente en su fundamentación, se tiene: 1) El recurso de casación, al tenor de lo previsto en el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, es un medio de impugnación que procede cuando en la sentencia se hubiere vulnerado el derecho, por falsa aplicación, interpretación errónea, o por contravenir expresamente el texto de la Ley, mas no constituye un medio impugnativo para crear en este nivel una nueva instancia y pretender que en ella se revise todo el proceso, o que se reexamine el acervo de prueba que ya fue analizado por el Juez de Instancia o el Tribunal ad quem, o que en ella se corrijan omisiones o errores in procedendo, como es la equivocada pretensión del proponente, conforme así se desprende de la reiterada consideración que, en este sentido, el impugnante realiza a lo largo de su libelo de fundamentación, so pena de que ello constituya una extralimitación en las facultades de la Sala, lo cual está fuera de la naturaleza de la casación y torna improcedente su recurso; 2) Es de advertir que los miembros del Tribunal Inferior en estricto ejercicio de su potestad pública y en aplicación de lo estatuido en los artículos 85 y 86 del Código de Procedimiento Penal, han recogido la prueba en los considerandos Quinto y Sexto del fallo, la han analizado y valorado en el mismo apartado Séptimo, tomando para el efecto aquellas que dentro de todo el conjunto probatorio, han considerado idóneas y suficientes para poder llegar a formar su convicción acerca de la existencia de la infracción penal de acción privada, así como la responsabilidad penal del acusado, y, aún más, en su apartado Octavo, han puntualizado desde el punto de vista jurídico y doctrinal, todas aquellas particularidades que han rodeado a dicha valoración, que se la considera correcta y guardan armonía con los hechos probados; 3) Es menester dejar señalado que aún cuando en el fallo recurrido no se manifiesta, del contenido de la resolución de mérito se infiere que la intervención de los accionados en el caso que es materia de la acusación, la Sala encuentra innegable vinculación de su proceder con el deber constitucional que se impone a todos los ciudadanos, para denunciar y combatir los actos de corrupción, considerando el contenido de los documentos materia de la controversia, que aún cuando no tienen el carácter de denuncia, se refieren a varias irregularidades suscitadas, presuntamente imputables al actor, en la Entidad Municipal de la referencia, aspecto que debe ser considerado por el Tribunal ad quem; siendo por demás claro que tratándose de un derecho el reconocimiento de la referida garantía, es un deber constitucional que les asiste a los acusados, acorde con lo previsto en el artículo 97, numeral 14 de la Constitución Política de la República (anterior), disposición fundamental que este Tribunal, considera debe ser tomada en cuenta en el presente caso; tanto más que, tal criterio ha sido recogido y desarrollado por las Salas de lo Penal de este Alto Tribunal de Casación, cuando se manifestó que: ?por lo dispuesto en el numeral 14 del artículo 97 de la Constitución Política de la República, toda persona que presuma o conozca del cometimiento de actos de corrupción se encuentra obligado a denunciarlos, sin que por lo mismo una denuncia de actos de corrupción constituya delito de injuria?  (Gaceta Judicial Serie XVII, No. 8, enero-abril 2002, p. 2420); y, que: ?Consecuentemente, el solo hecho de denunciar posibles actuaciones incorrectas de ciertas personas, no puede considerarse como una acción injuriosa, no solo porque queda excluido el animus injuriandi, sino además porque ello obedece al interés público consagrado como una obligación ciudadana, que en algunos casos se traduce en el deber de salvaguardar la integridad de un gremio o institución; empero, se debe aclarar que tampoco puede admitirse un abuso del derecho de denunciar e informar, habida cuenta que deben respetarse los límites constitucionales que resguardan el núcleo intangible de los derechos fundamentales, encontrándose entre ellos la honra y el buen nombre? (Resolución No. 101-2008); 4) En virtud de lo dicho, es evidente que en la sentencia de mérito no se han vulnerado las garantías básicas del debido proceso, previstas en los artículos 76 y 169 (antes artículo 24, en relación con el artículo 23 y 192) de la Constitución de la República, y en ella se observa con suma claridad que se han enunciado normas jurídicas y explicado con detalle la pertinencia de su aplicación a los hechos en el caso concreto, por lo que se ha dado cumplimiento a lo prescrito por el artículo 24 número 13 de la Constitución Política de la República, respecto a la motivación.- Por lo anteriormente expuesto, sin que sea necesario realizar otro análisis, esta Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara improcedente el recurso de casación interpuesto por Alex Fernando Larenas Schettini, disponiendo la inmediata devolución del proceso al Órgano Judicial Inferior para los fines de ley.- Cúmplase y Notifíquese.-

f.) Dr. Luis Abarca Galeas, Juez-Presidente.

f.) Dr. Raúl Rosero Palacios, Juez.

f.) Dr. Máximo Ortega Ordóñez, Juez.

Certifico:

f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario Relator.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su original.- Quito, 09 de diciembre del 2010.- Certifico: f.) El Secretario Relator.

JUICIO PENAL No. 436-2008, SEGUIDO POR MARIANA MORA CHILA, EN CONTRA DE LOLA ELENA BASTIDAS ZALDUMBIDE, POR INJURIAS.

No. 743-2009

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

SEGUNDA SALA DE LO PENAL

Quito, 30 de septiembre de 2009.- Las 09h30.

VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa los doctores: Luis Abarca Galeas, Raúl Rosero Palacios y Máximo Ortega Ordóñez, en calidad de Jueces de la Segunda Sala de  lo  Penal  de  la  Corte  Nacional  de Justicia,  en  virtud  de  lo  dispuesto en los literales a) y b) del numeral 4, del acápite IV de la Sentencia Interpretativa No. 001-08- SI-CC, emitida por la Corte Constitucional el 28 de noviembre del 2008, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 479, de 2 de diciembre del 2008, por resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia de fecha 17 de diciembre del año 2008.- Mariana Mora Chila, interpone recurso de casación de la sentencia pronunciada el 14 de agosto del 2008, por los Ministros de la Tercera Sala Especializada de lo Penal, de la Corte Superior de Justicia de Quito, que confirman la sentencia dictada por la Jueza Séptimo de lo Penal de Pichincha, que rechaza la acusación particular presentada por Mariana Mora Chila, y absuelven a la acusada Lola Elena Bastidas Zaldumbide.- Encontrándose la causa en estado de resolver para hacerlo se considera: PRIMERO: La Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso al amparo del artículo 184, numeral 1, y Disposición Transitoria Octava de la Constitución de la República del Ecuador , Artículo 4 de la Resolución de la Corte Nacional de Justicia de fecha 17 de diciembre del 2008; y Resolución No. 006-2003-DI expedida por el Tribunal Constitucional, publicada en el Registro Oficial número 194 de 21 de octubre del 2003.- SEGUNDO: El recurso se ha tramitado con observancia de las garantías básicas del debido proceso, así como las prescripciones constantes en el Capítulo IV, del Título IV, del Libro IV del Código de Procedimiento Penal, aplicables al caso, por lo que se declara su validez.- TERCERO: Del texto de la sentencia y libelo de acusación particular la Sala conoce los siguientes antecedentes: expresa la actora que el día domingo 19 de agosto del 2007, entre las 9 horas aproximadamente, en el interior de la Cárcel de Mujeres, situada en la calle Las Toronjas y Avenida El Inca de esta ciudad de Quito, ?en circunstancias en las que cumplía mis funciones de Guía Penitenciaria y nos encontrábamos en una reunión, previo al acceso a las visitas de las internas, la señora que le conozco de nombres LOLA ELENA BASTIDAS ZALDUMBIDE, (guía Penitenciaria), luego de haberle manifestado que trate de no desunir al grupo de funcionarios, por malos entendidos entre los empleados, por habernos encontrado conversando de la recaudación de un dinero producto de una rifa que se iba a realizar a favor de todos los compañeros Guías Penitenciarios: utilizando un vocabulario soez, sin dar explicación alguna me injurió diciéndome: ??Hija de puta, cara de verga, negra idiota, hija de puta, prostituta, lesbiana, repitiendo éstas palabras a viva voz, en presencia de compañeros guías, Policías que reencontraban de Guardia y terminando con amenazarme de muerte a mi y a mi familia.., debido a la peligrosidad que representa dicha señora dentro de mi trabajo, porque se trata también de una compañera Guía Penitenciaria ?presento la querella penal? por cuanto cometió el delito tipificado y sancionado en el Art. 489, inciso segundo, 490, 491 del Código Penal, por haberme injuriado contra mi honra y dignidad?? (sic).- CUARTO: La querellante al fundamentar su recurso de casación, entre otros aspectos, concretamente señala: que el presente recurso lo ha interpuesto, ya que en la sentencia dictada por el Juez de primera instancia se rechaza su acusación particular, fallo que ha sido acogido por una de las Salas de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, sin tomar en cuenta las pruebas aportadas en el proceso por su parte y más aún existiendo violaciones procedimentales así como legales, al tomarse  testimonios de varias personas mediante comisión al Teniente Político de la Parroquia de Calderón, para lo cual se concedió dos días de plazo, y sin embargo, los testimonios pedidos por la querellada, fueron rendidos fuera del plazo de prueba; y, luego de realizar un análisis de la prueba introducida en este proceso, particularmente la testimonial, concluye solicitando a la Sala, la sanción para la acusada, con el máximo de las penas establecidas para este tipo de infracción, sin expresar puntualmente cual es la Ley o norma de derecho vulnerada por la sentencia materia de la impugnación.- QUINTO: Es obligación jurídica y procesal de la Sala asegurar la aplicación de los derechos y garantías determinados en la Constitución de la República, particularmente las garantías básicas del debido proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 76 y 169 (antes artículo 192, en relación con el numeral 27 del artículo 23) de la Ley Suprema, o si de alguna forma se han restringido el ejercicio de los mismos.- SEXTO: Al respecto, la Sala efectúa la siguiente puntualización: por ser el recurso de casación una impugnación de carácter especial y extraordinaria, el análisis que deben efectuar los juzgadores ha de centrarse únicamente en su objeto exclusivo, esto es, al examen de la sentencia, con la finalidad de determinar si en la misma se han cometido errores de derecho (in iudicando), más no violaciones u omisiones de procedimiento, y, de existir los mismos, corregirlos; siendo sólo admisible analizar la valoración del acervo probatorio que no es conforme a las reglas contempladas en el Código de Procesal Penal, como son las de la sana crítica contenidas en su artículo 86.- SEPTIMO: Del examen efectuado por la Sala para verificar si en la sentencia de mérito se ha violado la ley, tomando en cuenta lo sostenido por la recurrente en su fundamentación, se tiene: 1) El recurso de casación, al tenor de lo previsto en el artículo 349 del Código de Proedimiento Penal, es un medio de impugnación que procede cuando en la sentencia se hubiere vulnerado el derecho, por falsa aplicacin, interpretación errónea, o por contravenir expresamente el texto de la Ley, mas no constituye un medio impugnativo para crear en este nivel una nueva instancia y pretender que en ella se revise todo el proceso, o que se revalorice el acervo de prueba que ya fue analizado por el Juez de Instancia o el Tribunal ad quem, o menos que en ella se corrijan omisiones in procedendo, como es la pretensión de la proponente en el presente caso, conforme así se desprende de la reiterada consideración que, en este sentido, y en forma particular respecto de la prueba testimonial, la impugnante realiza a lo largo de su libelo de fundamentación, so pena de que ello constituya una extralimitación en las facultades de la Sala, lo cual está fuera de la naturaleza de la casación y torna improcedente su recurso; 2) Es de advertir que los miembros del Tribunal Inferior, en estricto ejercicio de su potestad pública y en aplicación de lo estatuido en los artículos 85 y 86 del Código de Procedimiento Penal, han recogido la prueba en el considerando Quinto y la han valorado en el mismo apartado Quinto, tomando para el efecto aquellas que dentro de todo el conjunto probatorio, han considerado idóneas y suficientes para poder llegar a formar su convicción acerca de la existencia de la infracción penal de acción privada (injurias), así como la responsabilidad penal de la acusada, guardando la debida armonía con las reglas procesales y los hechos probados; 3) En virtud de lo dicho, es evidente que en la sentencia de mérito no se han  vulnerado  las  garantías  básicas  del  debido  proceso,  previstas en los artículos 76 y 169 (antes artículo 24, en relación con el artículo 23 y 192) de la Constitución de la República, y en ella se observa que se han enunciado normas jurídicas y explicado la pertinencia de su aplicación a los hechos en el caso concreto, por lo que se ha dado cumplimiento a lo prescrito por el artículo 24 número 13 de la Constitución Política de la República, respecto a la motivación.- Por lo anteriormente expuesto, sin que sea necesario realizar otro análisis, esta Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara improcedente el recurso de casación interpuesto por Mariana Mora Chila; disponiendo la inmediata devolución del proceso al Órgano Judicial Inferior para los fines de ley.- Cúmplase y Notifíquese.-

f.) Dr. Luis Abarca Galeas, Juez, Presidente.

f.) Dr. Raúl Rosero Palacios, Juez.

f.) Dr. Máximo Ortega Ordóñez, Juez.

Certifico:

f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario Relator.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su original.- Quito, 09 de diciembre del 2010.- Certifico: f.) El Secretario Relator.

JUICIO PENAL No. 1043-2009, SEGUIDO POR LOS DOCTORES SERVIO ROMERO RAMIREZ E ISABEL CUEVA ORTEGA, EN CONTRA DEL DOCTOR MARCELO MAZON MARTINEZ, COMO AUTOR Y RESPONSABLE DEL DELITO DE INJURIAS NO CALUMNIOSAS GRAVES, TIPIFICADO EN LOS ORDINALES 2 Y 3 DEL ART. 490, EN LAS CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN EL INCISO FINAL DEL ART. 491 DEL CÓDIGO PENAL.

No. 761-2009

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

SEGUNDA SALA DE LO PENAL

Quito, 07 de octubre de 2009.- Las 09h30.

VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa los doctores: Luis Abarca Galeas, Raúl Rosero Palacios y Máximo Ortega Ordóñez, en calidad de Jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, en virtud de lo dispuesto en los literales a) y b) del numeral 4, del acápite IV de la Sentencia Interpretativa No. 001-08- SI-CC,

 

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