Registro Oficial

Registro Oficial No 743- Miércoles 11 de Julio de 2012 Primer Suplemento (Primera Parte)

Miércoles, 11 de julio de 2012

Última modificación: Miércoles, 26 de septiembre de 2012 | 20:14

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\n Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

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\n Presidente Constitucional de la República del Ecuador

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\n Miércoles 11  de Julio de 2012 - R. O. No. 743

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\n SUPLEMENTO

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\n SUMARIO

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\n Corte Constitucional-Para el Periodo de Transición:

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\n Sentencias           

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\n 005-11-SIS-CC Acéptase la demanda propuesta por la señora Martha Cumandá Veloz en contra del señor Juez Segundo de la Niñez y Adolescencia de Pichincha            

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\n 039-11-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección deducida por el señor Luis Wladimiro Andrade Manzilla y déjase sin efecto la sentencia dictada por los jueces de la Primera Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia              

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\n 006-12-SIS-CC Recházase la acción propuesta por el Ec. Alexander Magno Peñaloza Peñaloza              

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\n 008-12-SAN-CC Acéptase la acción por incumplimiento presentada por María Alexandra Anchundia Ávila, Asesora Legal de la Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos INREDH y otros              

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\n 009-12-SAN-CC Niégase la acción por incumplimiento presentada por el Ing. Héctor Manuel Calva Jaramillo              

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\n 009-12-SIN-CC Niégase la acción de inconstitucionalidad presentada por Jaime Vernaza Trujillo y otro              

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\n 010-12-SAN-CC Niégase la acción por incumplimiento presentada por César Audberto Granizo Montalvo              

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\n 011-12-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección planteada por el señor Jandry Bolívar Vilela Rey, Director Provincial del Ministerio de Inclusión Económica y Social de la Provincia de El Oro en contra de la sentencia emitida por la Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de El Oro              

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\n 011-12-SIN-CC Declárase la constitucionalidad de la Resolución del Consejo Nacional Electoral No. PLE-CNE-7-30-3-2010, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 169 de 12 de abril del 2010                             

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\n Sentencias           

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\n 012-12-SAN-CC Dispónese el archivo de la causa en virtud de que se ha cumplido con lo ordenado en el artículo 26 del Reglamento de Quejas, Recursos Constitucionales y Demandas de Inconstitucionalidad de Competencia del Defensor del Pueblo              

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\n 016-12-SCN-CC Dispónese la devolución del proceso No. 162-2011 al Tribunal Distrital No. 3 de lo Fiscal de Cuenca, a fin de que se continúe la sustanciación de la causa              

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\n 016-12-SIN-CC Declárase la inconstitucionalidad del numeral 4 de la Disposición Transitoria Séptima agregada a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, por Ley, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 1 de 16 de enero del 2007             

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\n 017-12-SIN-CC Niégase la demanda de acción pública de inconstitucionalidad formulada por Raúl Enrique Salazar Herrera              

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\n 018-12-SIN-CC Niégase la demanda de acción pública de inconstitucionalidad planteada por el señor Galo Vicente González Granda, Presidente de la Cámara de Comercio del Cantón Lago Agrio              

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\n 020-12-SIN-CC Niégase la demanda de acción pública de inconstitucionalidad planteada por Oscar Juan Valenzuela Morales              

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\n 023-12-SEP-CC Niégase la acción extraordinaria de protección planteada por el señor César Augusto Terán en contra de la providencia dictada por la Jueza Octava de lo Civil de Pichincha              

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\n 024-12-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección planteada por el señor Milton Washington Lascano Fonseca              

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\n 030-12-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección presentada por Blanca Beatriz Guzmán Cordero y otro              

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\n 046-12-SEP-CC Niégase la acción extraordinaria de protección planteada por el señor Luis Marcelo Arteaga Castillo              

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\n 104-12-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección propuesta por la señora María Augusta Morillo Tamayo              

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\n 113-12-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección planteada por el doctor Eduardo Muñoz Vega, Contralor General del Estado (E)              

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\n 127-12-SEP-CC Niégase la acción extraordinaria de protección planteada por la Ab. Paulina Ayo Velasco              

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\n 129-12-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección planteada por la señora Jessica Virginia Barros Saldaña y déjase sin efecto la sentencia de mayoría dictada por la Segunda Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia              

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\n 132-12-SEP-CC Niégase la acción extraordinaria de protección planteada por la señora Fanny Yolanda Endara Velasco y otras              

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\n 141-12-SEP-CC Niégase la acción extraordinaria de protección propuesta por Jimmy Javier Villamar González en contra de la sentencia dictada por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí              

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\n 142-12-SEP-CC Niégase la acción extraordinaria de protección propuesta por la señora Guisella Karina Pérez Pineda              

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\n 146-12-SEP-CC Niégase la acción extraordinaria de protección planteada por el Dr. Jaime Astudillo Romero, Rector de la Universidad de Cuenca              

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\n 150-12-SEP-CC Niégase la acción extraordinaria de protección planteada por el doctor Freddy Martínez Pico, Comandante General de la Policía Nacional                            

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\n Sentencias           

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\n 151-12-SEP-CC Niégase la acción extraordinaria de protección propuesta por el doctor Guillermo Coloma Mora, apoderado especial de la señora Ipsela Petita Parrales Delgado en contra del auto dictado por la Segunda Sala de lo Penal, Colusorio y Tránsito de la ex Corte Superior de Justicia de Guayaquil              

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\n 155-12-SEP-CC Niégase la acción extraordinaria de protección planteada por Esmeralda Lossa de Rosillo y otros              

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\n 156-12-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección interpuesta por el Ab. Becker Abdón Salinas Buenaño              

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\n 157-12-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección planteada por la Dra. Daniella Lisette Camacho Herold              

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\n 170-12-SEP-CC Niégase la acción extraordinaria de protección planteada por Gilberto Salazar Gual              

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\n 172-12-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección presentada por el señor Director Nacional de Patrocinio, delegado del Procurador General del Estado              

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\n 214-12-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección planteada por Teresa López Pita              

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\n 218-12-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección planteada por Rosa Victoria Caló y déjase sin efecto la sentencia dictada por la Segunda Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia y la emitida por la Primera Sala de lo Laboral de la Corte Superior de Pichincha

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\n CONTENIDO

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\n Quito, D. M., 24 de mayo del 2011

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\n SENTENCIA N.º 005-11-SIS-CC

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\n CASO N.º 0066-10-IS

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\n CORTE CONSTITUCIONAL,

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\n para el periodo de transición:

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\n Juez Constitucional Ponente: Dr. Manuel Viteri Olvera

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\n I. ANTECEDENTES

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\n Resumen de admisibilidad

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\n La señora Martha Cumandá Veloz Chávez, por sus propios y personales derechos, comparece ante esta Corte, al amparo de lo dispuesto en el artículo 436 numeral 9 de la Constitución de la República, y de los artículos 162, 163 y 164 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, interponiendo acción de incumplimiento de la sentencia constitucional, dictada dentro de la acción de protección N.º 2793-09 (primera instancia), de fecha 26 de marzo del 2010 a las 11h20, presentada en contra del Presidente y Miembros del Directorio de la Junta Nacional de Defensa Nacional del Artesano, en última y definitiva instancia por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de  Justicia de Pichincha, por medio de la cual se acepta su pedido de protección de derechos.

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\n El Secretario General de la Corte Constitucional, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 del Reglamento de Sustanciación de Proceso y Competencia de la Corte Constitucional, el día 09 de noviembre del 2010 a las 17h17, certifica que no se ha presentado otra demanda con identidad de sujeto, objeto y acción.

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\n En virtud del sorteo efectuado, de conformidad con lo prescrito en los artículos 18 y 19 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, publicado en el Suplemento del Registro Oficial N.º 127 del 10 de febrero del 2010 y de conformidad con la Disposición Transitoria Tercera, artículos 194 numeral 3, y 195 inciso primero de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, correspondió la sustanciación de la presente causa al Juez Constitucional, doctor Manuel Viteri Olvera, quien mediante providencia de fecha 19 de enero del 2011 a las 09h20, avoca conocimiento de la presente acción y se notifica con el contenido de la misma a la parte recurrida, incluido al Juez Segundo de la Niñez y Adolescencia de Pichincha, a fin de que se pronuncien en el término de setenta y dos horas de recibida dicha providencia y demuestren documentadamente el cumplimiento de la sentencia de fecha 26 de marzo del 2010 dictada por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial  de Justicia de Pichincha, misma que fue notificada según razón sentada por el actuario del Juez ponente.

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\n Detalle de la acción propuesta

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\n La accionante manifiesta que en uso de sus legítimos derechos constitucionales presentó acción de protección en contra del Directorio de la Junta Nacional de Defensa del Artesano, la cual fue conocida y tramitada en primera instancia en el Juzgado Segundo de la Niñez y Adolescencia de Pichincha, mismo que rechazó su petición de protección, por lo cual presentó apelación, recayendo su competencia en la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Indica que la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, mediante sentencia emitida el 26 de marzo del 2010 a las 11h20, aceptó su acción propuesta, en la que se indicó en su parte resolutiva:

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\n ?CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA.- SEGUNDA SALA PENAL.- Quito 26 de marzo de 2010, las 11h20.- VISTOS.?En tal virtud, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y DE LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, se acepta la acción de protección formulada por Martha Cumandá Veloz Chávez y como consecuencia se declara nulo el oficio No. 393-JNDA-SG-09 de noviembre del 2009, suscrito por el Lcdo. Fernando Cevallos Paredes Secretario General de la JNDA.- Notifíquese.- ?

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\n Ante lo indicado se solicitó aclaración, misma que fue atendida mediante providencia del 30 de abril del 2010 a las 09h30, en la que se dictó:

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\n ?CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA.- SEGUNDA SLA PENAL.- Quito, 30 de abril del 2010, las 09h30.- VISTOS: Sin que haya nada que aclarar en relación a la sentencia dictada por esta Sala el 26 de marzo del 2010, por cuanto se halla concebida en palabras y frases de fácil inteligencia, comprensión y ha resuelto los aspectos por los que se interpuso el recurso de apelación, ya que se fundamenta en estrictos sentido literal de la demanda, es decir nulita los actos desde que se produjo la vulneración de la garantía Constitucional, a partir de la suscripción del oficio No. 393-JNDASG- 09, fechada el 25 de noviembre del 2009, por el Lcdo. Fernando Cevallos Paredes, Secretario General Encargado de la JNDA. Conforme dispone el Art. 86 numeral 3 de la Constitución, se ordena la reparación dejando a salvo el derecho que tiene la accionante, de acuerdo a lo estipulado en el Registro Oficial No. 390 de lunes 2 de Agosto de 2004 y la Carta Magna en su Art. 173, dispone que los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la Función Judicial, en concordancia con lo ordenado en el Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con lo ordenado en el Código Orgánico de la Función Judicial (SIC) en su Art. 31, sobre el principio de impugnación en sede judicial de los

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\n actos administrativos, quedando este derecho expedito para la peticionaria.- Notifíquese.- ?

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\n La accionante señala que dentro del expediente consta que los demandados hacen conocer a los Magistrados que han dado cumplimiento a una parte de lo dictado en la sentencia, esto es, declarando la nulidad del oficio N.º 393- JNDA-SG-09 de fecha 25 de noviembre del 2009, único documento con el cual se había removido y destituido a la licenciada Martha Cumandá Veloz Chávez de sus funciones de Vicepresidencia y Vocal Artesana de la Junta Nacional del Artesano; indicando que al haberse aceptado su acción de protección, se reconoció que mediante oficio N.º 393- JNDA-SG-09 de fecha 25 de noviembre del 2009, se afectó y se violó sus derechos por parte de la Junta Nacional de Defensa del Artesano, resolución por la que había sido destituida y removida de sus funciones de vicepresidenta y vocal artesanal.

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\n La Sala de lo Penal de la Corte Provincial, mediante ampliación a la sentencia del 26 de marzo del 2010 a las 11h20, declaro nulos todos los actos emitidos por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, desde que se produjo la vulneración de la garantía constitucional, es decir, a partir de la suscripción del oficio impugnado.

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\n Manifiesta que la reparación integral establecida en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, dispuesta por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha, tanto en su resolución, como en la ampliación dictada, no ha sido cumplida por parte del Directorio de la Junta Nacional de Defensa del Artesano, dicha situación se evidencia ?a decir de la accionante? en vista de la demora, lentitud e ineficacia practicada también por el Juez Segundo de la Niñez y Adolescencia del cantón Quito (Juez que en primera instancia negó la acción de protección), para el cumplimiento de la sentencia de manera integral, tal como lo determina el artículo 21 ibídem, por lo que ha transcurrido mucho tiempo, y más bien el Juez, mediante providencia de fecha 13 de octubre del 2010 a las 14h55, dispuso el archivo de la causa por supuesto cumplimiento de sentencia.

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\n Tanto la sentencia y la aclaración han sido claras en declarar nulo el oficio N.º 393-JNDA-SG-09 de fecha 25 de noviembre del 2009, y expresamente ordenando la reparación integral y la nulidad de los actos a partir de la vulneración de la garantía jurisdiccional, es decir, desde la suscripción de dicha resolución en que se destituyó a la accionante, ya que posteriormente a esa fecha se procedió a convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias del Directorio de la JNDA sin su comparecencia como Vicepresidenta y vocal artesanal de la Junta Nacional de Defensa del Artesano, emitiéndose resoluciones contrarias a las ley hasta la presente fecha, violentando sus derechos constitucionales.

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\n Petición Concreta

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\n La petición de la legitimada activa está orientada a que se restablezca a la situación anterior a la declaratoria de la violación, es decir, vuelva a cumplir las funciones de Vicepresidenta y Vocal Artesanal de la Junta Nacional de  Defensa del Artesano y demostrar en legal y debida forma la nulidad de los actos realizados a partir del 25 de noviembre del 2009, de las órdenes emitidas mediante sentencia por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, con la cual se cumpliría la sentencia integralmente.

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\n Contestación a la demanda

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\n Contestación del delegado del Ejecutivo al Directorio de la Junta Nacional de Defensa del Artesano

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\n A fojas 319 del proceso consta el oficio s/n, de fecha 25 de enero del 2011, suscrito por el señor Luis Quishpi Vélez, miembro del Directorio de la JNDA y delegado del Ejecutivo al Directorio quien, dando contestación a la providencia dictada, manifiesta:

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\n Que la Junta Nacional de Defensa del Artesano, a partir del 30 de marzo del 2010, no cuenta con todos sus miembros, ya que los cuatro vocales artesanos que forman parte del Directorio de la JNDA, dentro de los que se incluyen al Presidente y vicepresidente de la JNDA, cesaron en sus funciones por el Ministerio de la Ley, consulta que fue absuelta por el Procurador General del Estado, en el sentido de que a partir de la fecha en que fueron designados, los únicos miembros legalmente en funciones son el delegado del Directorio General del IESS y el compareciente, ya que al no haberse realizado las elecciones conforme a la ley, hasta la presente fecha no existen los representantes de la clase artesanal, por lo que en tal calidad comparece, manifestando que el Directorio de la JNDA, presidido por la señora Esperanza Vera Calderón, como Presidenta, Néstor Serrano Casillas, Vicepresidente de la JNDA, Alfredo Vera Vélez y Milton Gallardo, vocales artesanos, en funciones prorrogadas que no existen, se han negado a cumplir con la sentencia y ampliación a la misma; sin embargo, el Dr. John Argudo, delegado por el IESS, y el compareciente han solicitado a los antes miembros cesados a proceder al cumplimiento, hecho que hasta la presente fecha no se ha realizado, violentando nuevamente los derechos de la Lic. Martha Veloz, ex vicepresidenta de la JNDA.

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\n Indica que conforme a la documentación que adjunta, demuestra que tal como consta en fojas N.º 5, 6, y 7 del Acta N.º 014-2010-JNDA de fecha 6 de mayo del 2010, del acta de sesión extraordinaria del Directorio de la Junta Nacional de Defensa del Artesano, tanto el Dr. John Argudo y él, manifiestan en forma expresa su voluntad de cumplir con la sentencia dictada dentro de la acción propuesta por la recurrente, por lo que considera que de existir sanción para los miembros del Directorio, se lo haga en estricto apego a sus responsabilidades personales y no como grupo, ya que su voluntad siempre ha sido cumplir con la sentencia, en apego a lo que dispone la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

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\n Concluye exponiendo que no existe evidencia que pueda demostrar que se ha cumplido con la reparación integral ordenada por los señores Jueces de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, y peor aún que se haya procedido a declarar nulo todo lo actuado a partir del 29 de noviembre del  2009, tal como lo ordena la sentencia, y que tan solo tiene la razón sentada por el secretario General de la JNDA de que se proceda a declarar nulo el oficio mediante el cual se la remueve y destituye del cargo de vicepresidenta y vocal artesanal de la JNDA respectivamente, el mismo que consta dentro del proceso.

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\n Contestación del Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, como miembro del Directorio de la Junta Nacional de Defensa del Artesano

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\n Consta a fojas 359 a 360 el oficio N.º 64000000-341 T.41151 de fecha 28 de enero del 2011, suscrito por el economista Fernando Guijarro Cabezas, Director General del IESS, quien manifiesta que conforme se desprende de la copia certificada del Acta N.º 053, de la sesión extraordinaria del Directorio de la Junta Nacional de Defensa del Artesano, efectuada el día jueves 12 de noviembre del 2009, cuando tomó posesión como su delegado al Directorio de la Junta el Dr. Jhon Argudo Pesantez, intentó por todos los medios evitar la antijurídica resolución tomada por la mayoría de miembros integrantes del Directorio de la Junta Nacional de Defensa del Artesano.

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\n Indica que su delegado, tanto en intervenciones anteriores como posteriores a la moción de remoción y destitución del cargo de Vicepresidenta y Vocal de la Junta Nacional de Defensa del Artesano, demuestra el esfuerzo que se realizó para evitar esta acción; y que inclusive, cuando fue tomada la resolución, su delegado intentó reparar el daño que se estaba causando a la señora Martha Cumandá Veloz Chávez, mediante la propuesta de reconsideración de la resolución, la que mereció el apoyo de apenas dos votos de los miembros de la Junta y la mayoría votó en contra de ese planteamiento.

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\n La Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, al haber aceptado la acción de protección formulada por la recurrente, declaró nulo el oficio N.º 393-JNDA-SG-09 del 09 de noviembre del 2009, suscrito por el Lcdo. Fernando Cevallos Paredes, Secretario General (e) de la JNDA.

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\n Señala además que su delegado, analizando la sentencia que declaró nulo el oficio N.º 393-JNDA-SG-09 de fecha 09 de noviembre del 2009, en sesión extraordinaria, efectuada el jueves 06 de mayo del 2010, constante en la página 5 del acta N.º 014-2010-JNDA de la sesión Extraordinaria del Directorio de la Junta Nacional de Defensa del Artesano efectuada el día jueves 6 de mayo del 2010, mencionó que: ??esta claro que lo que hace la Autoridad es declarar nulo el oficio y por tanto declarar nulo su contenido...?, ??desde mi punto de vista lo que esta sentencia obliga la Junta Nacional, es que la Lic. Martha Veloz, retorne a su cargo y que se debería respetar la decisión dictada por la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, y no hacer un tipo de interpretación que simplemente puede beneficiar o puede servir para que algunos sigan sentados en esta Junta sin respetar lo que manda la Constitución o lo que manda la Ley?.

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\n De conformidad con el artículo 5 de la Ley de Defensa del Artesano, el IESS integra el Directorio de la Junta Nacional de  Defensa del Artesano a través del Director General o su delegado; siendo éste un cuerpo colegiado, sus decisiones se toman por mayoría de votos. Se demuestra de esta forma que su delegado actuó apegado a derecho, tanto en la primera resolución de la Junta, como en el cumplimiento de la sentencia.

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\n De la falta de contestación por parte de los legitimados pasivos

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\n De la revisión del proceso y conforme la providencia dictada el 19 de enero del 2011 a las 09h20, mediante la cual, el señor Juez Sustanciador avocó conocimiento de la presente acción, se requirió mediante oficios N.º 0013-CCDMVO- 2011, 0013-CC-DMVO-2011-A, a los señores presidente y miembros del Directorio de la Junta Nacional de Defensa del Artesano y al señor Juez Segundo de la Niñez y Adolescencia de Pichincha, para que se pronuncien en el término de 72 horas de recibida dicha providencia, y demuestren documentadamente el cumplimiento de la sentencia de fecha 26 de marzo del 2010, dictada por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, pedido cuyo cumplimiento no consta en la revisión del proceso.

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\n II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA

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\n CORTE CONSTITUCIONAL

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\n Competencia de la Corte Constitucional y validez del proceso

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\n El Pleno de la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 429 y 436 numeral 9 de la Constitución de la República, y artículo 27 del Régimen de Transición, publicado con la Constitución de la República en el Registro Oficial N.º 449 del 20 de octubre del 2008, en concordancia con los artículos 162 al 165 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y de acuerdo con el artículo 3, numeral 8, literal a, artículo 3, numeral 10, y artículo 84 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, es competente para conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales.

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\n La presente acción ha sido tramitada de conformidad con el ordenamiento jurídico constitucional y legal aplicable al caso, por lo que se declara su validez.

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\n Naturaleza jurídica y finalidad de la acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales

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\n Conforme se ha manifestado en múltiples fallos emitidos por el Pleno de la Corte Constitucional, dentro del ámbito de la obligatoriedad de administrar justicia constitucional está la acción de incumplimiento, que tiene por objeto obtener el cumplimiento de la sentencia dictada respecto a una garantía jurisdiccional y demás mecanismos de defensa de derechos constitucionales previstos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de la que quien recurre lo hace en consideración a su incumplimiento, con el fin  de asegurar la efectiva materialización de los derechos y cuya atribución será ejercida por la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 436 numeral 9 de la Constitución.

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\n La Constitución de la República ha convertido a la Corte Constitucional en el máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en dicha materia (artículo 429), otorgándole, entre otras, la facultad de conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales, lo cual se inscribe en la tendencia a incrementar los medios jurídicos coercitivos de los que dispone la justicia constitucional para garantizar que sus sentencias y dictámenes sean acatados1, a fin de adecuar una correcta administración de justicia constitucional.

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\n Frente a lo señalado no resultaría admisible que en el actual marco jurídico, la Corte Constitucional se convierta en un órgano pasivo y contemplativo frente a los incumplimientos de la decisiones emanadas de la jurisdicción constitucional, por lo que a través de la acción de incumplimiento se le ha dotado del mecanismo idóneo y efectivo para hacer cumplir con las más amplías facultades y potestades, las sentencias de la justicia constitucional.

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\n Bajo este análisis, la justicia constitucional al igual que en los procesos de la justicia ordinaria, es aplicable el derecho al cumplimiento de las sentencias emitidas en procesos constitucionales y de garantías de derechos, comprendido en el núcleo esencial del derecho a la tutela efectiva. La tutela jurisdiccional no será efectiva si el mandato contenido en la sentencia no se cumple. ?La pretensión no quedará satisfecha con la sentencia que declare si ésta o no fundada, sino cuando lo mandado en la sentencia sea cumplido (?) la tutela jurisdiccional no será efectiva hasta que se efectúe el mandato judicial y el que accionó obtenga el pedido?2

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\n La accionante demanda mediante la presente acción, el cumplimiento de la resolución expedida por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, mediante sentencia emitida el 26 de marzo del 2010 a las 11h20, que revocó lo dictado por el Juez a quo y aceptó su acción propuesta, tal como quedó mencionado en parágrafos anteriores.

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\n Lo que a decir de la accionante, a pesar de haberse declarado la vulneración a sus derechos en su acción de protección, la autoridad recurrida, es decir, el Directorio de la Junta Nacional de Defensa del Artesano, ha hecho caso omiso a lo dictado, ya que las acciones de protección son de cumplimiento inmediato y de carácter obligatorio, con la anuencia del señor Juez Segundo de la Niñez y Adolescencia de Pichincha, quien está en la obligación de hacer cumplir de manera integral lo dictado en última y definitiva instancia por el superior, que revocó lo dictado por el Juez Segundo de la Niñez y Adolescencia de Pichincha, y más bien ha dispuesto el archivo de la causa mediante providencia dictada el 13 de octubre del 2010 a las 14h55, en la que se indica:

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\n 1              GRIJALVA JIMENEZ, Agustín, ?Perspectivas y desafíos de la Corte Constitucional?; Serie ?Desafíos Constitucionales: La Constitución ecuatoriana del 2008 en perspectiva?; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Tribunal Constitucional, Quito, octubre de 2008.

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\n 2              Sentencia No. 0009-09-SIS-CC (Caso No. 0013-09-IS), de la Corte Constitucional.

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\n ?JUZGADO SEGUNDO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTON QUITO.- Quito, miércoles 13 de octubre del 2010, las 14h55.- Agréguese al proceso los escritos presentados por las partes.- En lo principal téngase en cuenta los documentos presentados por la señora María Vera, y, proveyendo el escrito presentado por la señora Martha Cumandá Veloz, se dispone: No ha lugar lo solicitado por la accionante por cuanto se logra advertir del proceso que la Junta Nacional de Defensa del Artesano ha dado cumplimiento a lo dispuesto en providencia de fecha 29 de septiembre del 2010, a las 10h00, dejando a salvo el derecho que tiene la señora Martha Veloz a la impugnación en sede judicial de los actos administrativos, quedando este derecho expedito para la peticionaria, tal como lo establece en la aclaración realizada por la Corte provincial de Justicia de Pichincha, Segunda Sala Penal, en consecuencia se ordena el Archivo de la presente causa.- Notifíquese.-?.

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\n Determinación de problemas jurídicos a ser resueltos en la presente causa

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\n Para resolver el fondo de la presente causa, al Pleno de la Corte Constitucional le corresponde sistematizar los argumentos planteados por la accionante a partir de los siguientes problemas jurídicos:

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\n ¿Quién está obligado a cumplir la resolución expedida en la tramitación de una acción de protección de derechos fundamentales?

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\n ¿Existe incumplimiento de la sentencia constitucional por parte del señor Juez Segundo de la Niñez y Adolescencia de Pichincha y de la autoridad accionada?

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\n a) ¿Quién está obligado a cumplir la resolución expedida en la tramitación de una acción de protección de derechos fundamentales?

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\n De la revisión del proceso se advierte que la señora Martha Cumandá Veloz Chávez impugnó mediante acción de protección la legitimidad del contenido del oficio N.º 393- JNDA-SG-09 de fecha 25 de noviembre del 2009, por medio del cual se le pone en conocimiento que: ?Con el contenido en resumen, del Acta No. 53, que tiene relación con el Primer Punto del Orden del Día, correspondiente a la Sesión de Directorio de la JNDA, del día jueves 12 de noviembre del 2009, agregando copia cerificada del documento presentado por el señor Vocal Néstor Serrano, NOTIFICO a la señora licenciada MARTHA VELOZ CHAVEZ, con la remoción y destitución al cargo de Vicepresidenta y de Vocal Principal de la Junta Nacional de  Defensa del Artesano. Atentamente.- ?.?, la cual fue propuesta el 19 de noviembre del 2009, conocida y resuelta en primera instancia el 08 de febrero del 2010 a las 16h43 por el Juez Segundo de la Niñez y Adolescencia de Pichincha, quien resolvió rechazar la acción de protección propuesta.

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\n Dicha resolución fue apelada por la recurrente, y producto de ello le correspondió conocer y resolver en última y definitiva instancia a la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, la cual dictó su resolución el 26 de marzo del 2010 a las 11:20, revocando lo resuelto por el juez a quo, y ?se acepta la acción de protección formulada por Martha Cumandá Veloz Chávez y como consecuencia se declara nulo el oficio No. 393- JNDA-SG-09 de noviembre del 2009, suscrito por el Lcdo. Fernando Cevallos Paredes, Secretario General de la JNDA?.

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\n Asimismo, de la documentación certificada del proceso de primera instancia presentada a esta Corte, consta que una vez emitida la resolución en última y definitiva instancia y devuelto el proceso al juez a quo, la accionante ha requerido, el 14 de junio del 2010 a las 10h05 (fojas 259), al amparo de lo que determinan los artículos 21 y 22 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en concordancia con el artículo 302 del Código de Procedimiento Civil vigente, que se conmine al Directorio de la Junta Nacional de Defensa del Artesano el cumplimiento de la sentencia y la reparación integral, dispuesta en los artículos 18, 19 y 20 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y que se prevenga que en caso de incumplimiento se proceda de conformidad con lo que estipula el numeral 4 del artículo 86 de la Constitución de la República.

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\n Ante esto, la señora Esperanza Vera Calderón, Presidenta de la JNDA (fojas 262 a 263) comparece y manifiesta que al haberse aceptado la acción propuesta, en acatamiento a ello y al amparo de la providencia de aclaración y ampliación emitida por la misma Sala Provincial de Pichincha de fecha 30 de abril del 2010 a las 09h30, que en su parte pertinente señala: ??por cuanto se halla concebida en palabras y frases de fácil inteligencia, comprensión y ha resuelto los aspectos por los que se interpuso el recurso de apelación, ya que se fundamenta en estrictos sentido literal de la demanda, es decir nulita los actos desde que se produjo la vulneración de la garantía Constitucional, a partir de la suscripción del oficio No. 393-JNDA-SG-09, fechada el 25 de noviembre del 2009, por el Lcdo. Fernando Cevallos Paredes, Secretario General Encargado de la JNDA. Conforme dispone el Art. 86 numeral 3 de la Constitución, se ordena la reparación integral dejando a salvo el derecho que tiene la accionante, de acuerdo a lo estipulado en el Registro Oficial No. 390 de lunes 2 de Agosto de 2004 y la Carta Magna en su Art. 173, dispone que los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la Función Judicial, en concordancia con lo ordenado en el Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con lo ordenado en el Código Orgánico de la Función Judicial en su Art. 31, sobre el principio de impugnación en sede judicial de los actos administrativos, quedando este derecho expedito para la peticionaria?, la

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\n legitimada activa tiene el derecho de acudir ante el Tribunal de Disciplina de acuerdo a lo estipulado en el artículo 44 inciso segundo del Reglamento de Sesiones del Directorio de las Juntas Nacional, Provincial y Cantonales de Defensa del Artesano, al igual que en aplicación del artículo 173 de la Constitución, podría acudir ante cualquier órgano de la Función Judicial.

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\n De la revisión del proceso consta que una vez que fuera remitido el proceso por parte de la Sala de lo Penal y de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, con la procedencia de la acción propuesta la recurrente ha insistido al Juez a quo con el cumplimiento de lo dictado, el cual luego de dictar varias providencias, ha señalado el día 13 de octubre del 2010 a las 14h55 que:

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\n ?Agréguese al proceso los escritos presentados por las partes.- En lo principal téngase en cuenta los documentos presentados por la señora María Vera, y, proveyendo el escrito presentado por la señora Martha Cumandá Veloz, se dispone: No ha lugar lo solicitado por la accionante por cuanto se logra advertir del proceso que la Junta Nacional de Defensa del Artesano ha dado cumplimiento a lo dispuesto en providencia de fecha 29 de septiembre del 2010, a las 10h00, dejando a salvo el derecho que tiene la señora Martha Veloz a la impugnación en sede judicial de los actos administrativos, quedando este derecho expedito para la peticionaria, tal como lo establece en la aclaración realizada por la Corte provincial de Justicia de Pichincha, Segunda Sala Penal, en consecuencia se ordena el Archivo de la presente causa.- Notifíquese.-?.

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\n Por lo expuesto, está claro que la resolución dictada dentro de la acción de protección fue dirigida en contra del Directorio de la Junta Nacional de Defensa del Artesano, en la persona de la señora María Esperanza Vera Calderón, en su calidad de Presidenta del Directorio y representante legal, y quien ha comparecido dentro del proceso como tal, y ha manifestado que ha dado cumplimiento a lo resuelto en última y definitiva instancia con haberse declarado la nulidad del oficio impugnado N.º 393-JNDA-SG-09.

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\n Es decir que la decisión adoptada y que concede la acción propuesta en última y definitiva instancia por el superior, le ha correspondido como receptor y ejecutor de lo dictado la autoridad demandada, esto es, el Directorio de la Junta Nacional de Defensa del Artesano, en la persona de la señora María Esperanza Vera Calderón, en su calidad de Presidenta del Directorio y representante legal.

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\n b) ¿Existe incumplimiento de la sentencia constitucional por parte del señor Juez Segundo de la Niñez y Adolescencia de Pichincha y de la autoridad accionada?

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\n Al respecto, corresponde en primer término citar lo que señala el numeral 4 del artículo 86 de la Constitución de la República, en torno al incumplimiento de la resolución que se dicte en las acciones de garantías jurisdiccionales:

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\n ?Art. 86.- Las garantías jurisdiccionales se regirán, en  general, por las siguientes disposiciones:

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\n 4. Si la sentencia o resolución no se cumple por parte de servidoras o servidores públicos, la jueza o juez ordenará su destitución del cargo o empleo, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar. Cuando sea un particular quien incumpla la sentencia o resolución, se hará efectiva la responsabilidad determinada en la ley3.

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\n Asimismo, el artículo 163 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional señala:

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\n ?Art. 163.- Incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales.- Las juezas y jueces tienen la obligación de ejecutar las sentencias en materia constitucional que hayan dictado. Subsidiariamente, en caso de inejecución o defectuosa ejecución, se ejercitará la acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional.

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\n Si la Corte Constitucional apreciara indicios de responsabilidad penal o disciplinaria en la jueza o juez que incumple, deberá poner en conocimiento del hecho a la Fiscalía o al Consejo de la Judicatura, según corresponda.

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\n

\n En los casos de incumplimiento de sentencias y dictámenes emitidos por la Corte Constitucional, se podrá presentar la acción de incumplimiento previstas en este título directamente ante la misma Corte.

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\n Para garantizar su eficacia se podrá solicitar el auxilio de la Policía Nacional?.

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\n Además en múltiples fallos dictados por el Pleno del organismo, se ha reiterado que ?las sentencias constitucionales son de inmediato cumplimiento, sin perjuicio de la interposición de los recursos de aclaración, ampliación o apelación, según fuere el caso, y que al juez de primera instancia le corresponde ejecutar integralmente las sentencias constitucionales expedidas en los casos de garantías jurisdiccionales de los derechos, debiendo, para el efecto, agotar todas las medidas, incluso de apremio personal o real, de ser necesario, con el auxilio de la fuerza pública4?.

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\n Por su parte el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional señala la procedencia de la reparación integral una vez declarada la vulneración de derechos5.

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\n 3              Constitución de la República del Ecuador.- Art. 86

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\n 4              Reglas de Procedimiento para el Ejercicio de las Competencias de la Corte Constitucional, para el Periodo de Transición, Suplemento del R.O. 466 de 13 de noviembre de 2008.

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\n 5              Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.- Art. 18.- Reparación integral.- En caso de declararse la vulneración de derechos se ordenará la reparación integral por el daño material e inmaterial. La reparación integral procurará que la persona o personas titulares del derecho violado gocen y disfruten el derecho de la manera más adecuada posible y que se restablezca a la situación anterior a la violación.

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\n El artículo 21 ibídem señala el cumplimiento de las sentencias6 jurisdiccionales, para lo cual está claro que el encargado del cumplimiento de la decisión constitucional es el juez de instancia.

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\n En el presente caso, una vez declarada la vulneración de derechos constitucionales por parte de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, y por tanto, nulos los actos que violaron dichos derechos, la accionante presentó sendos pedidos con el afán de que la mentada sentencia constitucional fuera cumplida (ser reintegrada a sus funciones de las que fue ilegalmente separada).

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\n La reparación podrá incluir, entre otras formas, la restitución del derecho, la compensación económica o patrimonial, la rehabilitación, la satisfacción, las garantías de que el hecho no se repita, la obligación de remitir a la autoridad competente para investigar y sancionar, las medidas de reconocimiento, las disculpas públicas, la prestación de servicios públicos, la atención de salud. La reparación por el daño material comprenderá la compensación por la pérdida o detrimento de los ingresos de las personas afectadas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso.

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\n La reparación por el daño inmaterial comprenderá la compensación, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, por los sufrimientos y las aflicciones causadas a la persona afectada directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia del afectado o su familia. La reparación se realizará en función del tipo de violación, las circunstancias del caso, las consecuencias de los hechos y la afectación al proyecto de vida.

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\n En la sentencia o acuerdo reparatorio deberá constar expresa mención de las obligaciones individualizadas, positivas y negativas, a cargo del destinatario de la decisión judicial y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que deben cumplirse, salvo la reparación económica que debe tramitarse de conformidad con el artículo siguiente.

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\n La persona titular o titulares del derecho violado deberán ser necesariamente escuchadas para determinar la reparación, de ser posible en la misma audiencia. Si la jueza o juez considera pertinente podrá convocar a nueva audiencia para tratar exclusivamente sobre la reparación, que deberá realizarse dentro del término de ocho días.

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\n El juez de primera instancia, basándose en la providencia aclaratoria del 30 de abril del 2010, emitida por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha, decide archivar la causa, asumiendo que se ha declarado la nulidad del acto, y por tanto se ha dado cumplimiento a lo mandado en dicha sentencia, sin que exista constancia de que la accionante haya sido reintegrada a su puesto de trabajo, sosteniendo que el Juez de instancia no ha acudido a todos los medios, conforme lo señala el artículo 86, numeral 4 de la Constitución de la República, a fin de que se dé cumplimiento a la decisión dictada dentro de la tramitación de la acción de garantías jurisdiccionales; más aún cuando la resolución expedida en última y definitiva instancia por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha revocó lo dictado por el Juez Segundo de la Niñez y Adolescencia de Pichincha, constituye sentencia constitucional, la cual, al encontrarse en estado de cosa juzgada, ha debido ser ejecutada, de manera inmediata, e integralmente.

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\n La falta de cumplimiento total de la decisión adoptada evidencia que la autoridad recurrida no ha acatado de manera inmediata lo dictado en última y definitiva instancia dentro de la acción de protección de derechos fundamentales ante la declaración de la vulneración de los derechos de la recurrente, luego de que se suspendieron los efectos del acto declarado ilegítimo, conlleva a que se vea afectada la seguridad jurídica, consagrada en el artículo 82 de la Carta Fundamental de la República, la cual se fundamenta en ?el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes?; más aún si el artículo 83 de la

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\n 6              Art. 21.- Cumplimiento.- La jueza o juez deberá emplear todos los medios que sean adecuados y pertinentes para que se ejecute la sentencia o el acuerdo reparatorio, incluso podrá disponer la intervención de la Policía Nacional.

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\n Durante esta fase de cumplimiento, la jueza o juez podrá expedir autos para ejecutar integralmente la sentencia e incluso podrá evaluar el impacto de las medidas de reparación en las víctimas y sus familiares; de ser necesario, podrá modificar las medidas.

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\n La jueza o juez podrá delegar el seguimiento del cumplimiento de la sentencia o acuerdo reparatorio a la Defensoría del Pueblo o a otra instancia estatal, nacional o local, de protección de derechos. Estos podrán deducir las acciones que sean necesarias para cumplir la delegación. La Defensoría del Pueblo o la instancia delegada deberá informar periódicamente a la jueza o juez sobre el cumplimiento de la sentencia o acuerdo reparatorio.

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\n El caso se archivará sólo cuando se haya ejecutado integralmente la sentencia o el acuerdo reparatorio.

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\n Constitución dispone: ?Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 1.- Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente?.

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\n Las potestades constitucionales y legales que en esta materia se reconoce a esta Corte Constitucional han sido plasmadas también en el ?Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional?, vigente desde su publicación en el Suplemento del Registro Oficial N.º 127 del 10 de febrero del 2010. El artículo 84 señala:

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\n ?Art. 84.- Ejecución de sentencias y dictámenes emitidos por la Corte Constitucional.- Corresponde a la Corte Constitucional ejecutar de oficio o a petición de parte sus sentencias y dictámenes; para lo cual adoptará todas las medidas que considere pertinentes para su cumplimiento, de conformidad con la Constitución y la Ley?.

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\n ?En caso de incumplimiento, el Pleno de la Corte Constitucional dispondrá que el legitimado pasivo demuestre documentadamente su cumplimiento dentro de un término razonable bajo prevenciones de destitución. De persistir el incumplimiento el Pleno lo declarará y podrá disponer la destitución del servidor público que incumple, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 86 de la Constitución de la República. En caso de tratarse de un particular quien incumple, se procederá de  conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional?.

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\n Del proceso claramente se observa que tanto el Juez del instancia como la autoridad recurrida, al no haber dado contestación a lo requerido por parte del Juez Sustanciador de la presente acción de incumplimiento, a pesar de haber sido debidamente notificados con la presente acción, denotan el poco interés para el cumplimiento de la sentencia constitucional con el reintegro a las funciones de Vicepresidenta y Vocal Artesanal de la Junta Nacional de Defensa del Artesano de la legitimada activa, pese a que la autoridad ha comparecido desde que se inició la acción de protección de derechos fundamentales.

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\n El pedido de la parte recurrente, en que mediante la presente acción de incumplimiento y ante la declaratoria de nulidad del oficio N.º 393-JNDA-SG-09, se demuestre en legal y debida forma la nulidad de todas las actuaciones realizadas a partir del 25 de noviembre del 2009, es improcedente, en vista de que claramente se analiza el incumplimiento de lo dictado, esto es: ?se declara nulo el oficio No. 393-JNDA-SG-09 de noviembre del 2009, suscrito por el Lcdo. Fernando Cevallos Paredes, Secretario General de la JNDA?; es decir, que frente a este pedido, y del contenido en la acción de protección propuesta que consta a fojas 23, en el sexto considerando se indica:

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\n ?PETICIÓN DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN: Con los antecedentes expuestos y fundamentado en la disposición

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\n contenida en el Art. 86 numeral 1, 2, 3 de la Constitución de la República vigente en concordancia con el Art. 88 ibídem, muy respetuosamente solicito a Usted Juez, se me otorgue la acción de protección, para que en sentencia disponga los siguiente: Se acepte mi petición y constatando la vulneración de mis derechos declare la violación de los mismos y ordene al Directorio de la Junta Nacional de Defensa del Artesano, representada por la señora María Esperanza Vera Calderón, Presidenta del Directorio de la JNDA deje sin efecto el contenido del oficio No. 393-JNDA-SG-09 del 25 de Noviembre del 2009, junto con el documento anexo. Adicionalmente declare la suspensión definitiva del acto constante en la resolución señalada; y, ordene las medidas cautelares necesarias para evitar y hacer cesar la violación de mis derechos constitucionales violentados?.

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\n El análisis a la presente causa se limita al requerimiento del derecho al cumplimiento de la sentencia emitida en el proceso constitucional y de garantías de derechos, comprendido como el núcleo esencial del derecho a la tutela efectiva, y de ello únicamente corresponde a esta Corte determinar el cumplimiento o incumplimiento de lo dictado, a fin de mantener un equilibrio razonable que permita lograr una verdadera seguridad jurídica compatible con el respeto a la cosa juzgada, autonomía judicial y principio de especialidad, en razón de la independencia de la que gozan los órganos de la función judicial, reconocida en el artículo 168, numeral 1 de la Constitución de la República.

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\n La competencia de la Corte Constitucional en las acciones de incumplimiento de sentencias se limita únicamente a considerar lo dictado por los Jueces, por lo que el pedido de que mediante la presente acción de incumplimiento, se declare: ?la nulidad de todas las actuaciones realizadas a partir del 25 de noviembre de 2009?, se torna improcedente, en vista de que no ha sido objeto de estudio por parte de esta Corte; además, la resolución dictada cumple con lo señalado en el artículo 57 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es decir, ha sido debidamente modulada por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que dictó la resolución de última y definitiva instancia en cuestión.

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\n No está por demás citar lo que se ha establecido por parte del Pleno de la Corte Constitucional, en su sentencia de jurisprudencia vinculante N.º 001-10-PJO-CC, en el numeral 3.2, en torno al cumplimiento de sentencias constitucionales, que: ?3.2. Considerando que el mecanismo de cumplimiento de sentencias propende a la materialización de la reparación integral adoptada dentro de una garantía jurisdiccional, la Corte Constitucional, de oficio o a petición de parte, considerando que de por medio se encuentra la materialización de la reparación integral, y sin necesidad de que comparezca exclusivamente el afectado, está en la obligación de velar por el cumplimiento de las sentencias constitucionales8?; de la cual la presente causa no se escapa de dicho análisis.

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\n 7              Art. 5.- Modulación de los efectos de las sentencias.- Las juezas y jueces, cuando ejerzan jurisdicción constitucional, regularán los efectos en el tiempo, la materia y el espacio de sus providencias para garantizar la vigencia de los derechos constitucionales y la supremacía constitucional.

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\n Por las consideraciones anotadas, esta Corte determina que existe incumplimiento de lo dictado en la acción de protección, en vista de que no existe constancia de que se haya dado cumplimiento en lo que respecta al reintegro de la recurrente a su cargo como Vicepresidenta y vocal artesanal de la Junta Nacional de Defensa del Artesano, que debía proceder, una vez emitida la sentencia de segunda instancia. Se reitera que la aceptación de una acción de protección establece claramente que las autoridades públicas y privadas se encuentran obligadas a cumplir las providencias que conllevan a la reparación integral para la vigencia de un orden justo.

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\n III. DECISIÓN

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\n En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, la Corte Constitucional, para el periodo de transición, expide la siguiente:

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\n 7              Art. 5.- Modulación de los efectos de las sentencias.- Las juezas y jueces, cuando ejerzan jurisdicción constitucional, regularán los efectos en el tiempo, la materia y el espacio de sus providencias para garantizar la vigencia de los derechos constitucionales y la supremacía constitucional.

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\n

\n 8              Gaceta Constitucional No. 001, Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 351 de 29 de Diciembre del 2010, Sentencia de Jurisprudencia Vinculante No. 001-10-PJO-CC (Caso No. 0999-09-JP).

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\n SENTENCIA

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\n Declarar el incumplimiento de la sentencia expedida el 26 de marzo del 2010 a las 11h20, por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, en el juicio N.º 251-10-PZ; en consecuencia, aceptar la demanda propuesta por la señora Martha Cumandá Veloz Chávez, en contra del señor Juez Segundo de la Niñez y Adolescencia de Pichincha.

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\n Disponer que el Juez Segundo de la Niñez y Adolescencia de Pichincha, bajo la prevención contemplada en el artículo 86, numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, en el término de quince (15) días ejecute la sentencia expedida por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Para el efecto, deberá emitir la respectiva providencia judicial, mediante la cual se ordene al Directorio de la Junta Nacional de Defensa del Artesano, representada por la señora María Esperanza Vera Calderón, Presidenta del Directorio de la JNDA, que informe sobre el reintegro de la recurrente al

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\n cargo de Vicepresidenta y Vocal Artesanal de la Junta Nacional de Defensa del Artesano, debiendo informar en el término anteriormente señalado, a esta Corte sobre el cumplimiento de la presente sentencia.

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\n Notifíquese, publíquese y cúmplase.

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\n f.) Dr. Edgar Zárate Zárate, Presidente (e).

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\n f.) Dra. Marcia Ramos Benalcázar, Secretaria General.

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\n

\n Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición, con siete votos de los doctores: Roberto Bhrunis Lemarie, Alfonso Luz Yunes, Hernando Morales Vinueza, Diego Pazmiño Holguín, Nina Pacari Vega, Edgar Zárate Zárate y Fredy Donoso Páramo, sin contar con la presencia de los doctores Manuel Viteri Olvera y Patricio Herrera Betancourt, en sesión del día martes veinticuatro de mayo del dos mil once.

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\n  

\n

\n Lo certifico.

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\n  

\n

\n f.) Dra. Marcia Ramos Benalcázar, Secretaria General.

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\n  

\n

\n CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Rev

 

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