Registro Oficial No 87 - Viernes 18 de Mayo de 2007

Viernes, 18 de mayo de 2007

Última modificación: Martes, 23 de julio de 2013 | 18:01

Registro Oficial No 87 ? Viernes 18 de Mayo de 2007

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR
Dr. Vicente Napoleón Dávila García

DIRECTOR

 

 

SUMARIO:

 

 

 

FUNCION EJECUTIVA

 

DECRETOS:

 

295-A

      Renóvase el estado de emergencia para el sector agropecuario en todo el territorio nacional, en los mismos términos de lo previsto en el Decreto Ejecutivo 153 de 2 de marzo del 2007  

 

302          Créase   la  Secretaría  de  Coordinación  Institucional, como  organismo  técnico  con  personalidad  jurídica propia, adscrita  a  la  Presidencia  de  la  República               

 

305          Créase la Comisión de la Verdad, encargada de investigar y esclarecer e impedir la impugnidad respecto de los hechos violentos y violatorios de los derechos humanos, ocurridos entre 1984 y 1988 y otros períodos      

 

 

ACUERDOS:

 

MINISTERIO DE GOBIERNO:

 

088          Delégase al licenciado José Ignacio Chauvin Alvear, Subsecretario de Coordinación Política, en representación del señor Ministro integre el Consejo Nacional de Rehabilitación Social          

 

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Y OBRAS PUBLICAS:

DIRECCION PROVINCIAL DE NAPO:

 

001          Concédese personería jurídica propia de derecho privado a la Asociación de Conservación Vial denominada ?El Chaco?, con domicilio en la parroquia Sardinas, cantón El Chaco, provincia de Napo      

 

002          Concédese personería jurídica propia de derecho privado a la Asociación de Conservación Vial denominada ?Virgen de Guacamayos?, con domicilio en la parroquia Cosanga, cantón Quijos, provincia de Napo

 

003          Concédese personería jurídica propia de derecho privado a la Asociación de Conservación Vial denominada ?El Salado?, con domicilio en la parroquia Santa Rosa, cantón El Chaco, provincia de Napo  

 

RESOLUCIONES:

 

DIRECCION GENERAL DE

AVIACION CIVIL:

 

056          Expídese el  Reglamento  de  Contrataciones  Menores

 

 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Y SEGUROS:

 

SBS-INSP-2007-125Declárase en estado de liquidación voluntaria a la Compañía CORSANITAS S. A., Agencia Asesora Productora de Seguros           

 

CONTRALORIA GENERAL:

 

-              Lista de personas naturales y jurídicas que han incumplido contratos con el Estado, que han sido declaradas como adjudicatarios fallidos y que han dejado de constar en el Registro de Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos      

 

FUNCION JUDICIAL

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SEGUNDA SALA DE LO PENAL:

 

Recursos de casación, revisión; y, apelación en los juicios penales seguidos en contra de las siguientes personas:

 

379-06    Claudio Gerardo Loja Cochancela y otra por el delito de usurpación en perjuicio de María Felicidad Zambrano Moreira   

 

383-06    Ruth Jasmine Maruri por el delito de tenencia ilegal de heroína            

 

387-06    José Francisco Torres Coello por el delito de violación carnal              

 

389-06    José Humberto Perugachi Ramírez por el delito de asesinato                

 

392-06    Oscar Samame Alburqueque por el delito de transportación ilícita de cocaína      

 

394-06    Jean Paúl Espinoza León por el delito de lesiones en perjuicio de Patricia Lorena Palacios

 

395-06    Segundo Mesías Ramírez Guerrero por el delito de robo agravado       

 

ORDENANZA MUNICIPAL:

 

-          CantónTiwintza: Que norma el Sistema de Administración de Recursos Humanos             

 

 

 



 

 

 


Nº 295-A

 

Rafael Correa Delgado

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA

REPUBLICA

 

Considerando:

 

Que es objetivo permanente de las políticas del Estado el desarrollo prioritario, integral y sostenido de las actividades agrícola, pecuaria, acuícola y agroindustrial que provean productos de calidad para el mercado interno y externo, según lo establecido en el Art. 266 de la Constitución Política de la República;

 

Que mediante Decreto Ejecutivo 153 de 2 de marzo del 2007, se declaró el estado de emergencia al sector agropecuario en todo el territorio nacional por estar atravesando problemas derivados de la sequía, fenómeno natural que ha afectado la producción de bienes de consumo básico de la población ecuatoriana;

 

Que las causas que motivaron la declaratoria de emergencia aún se mantienen, debido a los cambios bruscos que experimenta el clima a nivel continental, regional y local que causan efectos como las sequías, heladas e inundaciones;

 

Que de acuerdo a lo previsto en el Art. 182 de la Constitución Política de la República, los decretos de estados de emergencia pueden ser renovados antes del vencimiento del plazo máximo de 60 días que fija este mismo artículo;

 

Que el señor Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, mediante oficio 216 de 20 de abril de 2007, solicita la renovación de la declaratoria del estado de emergencia agropecuaria en todo el territorio nacional; y,

 

En uso de sus atribuciones consignadas en los artículos 180 y 181 de la Constitución de la República,

 

 

Decreta:

 

Artículo 1.- Renóvase el estado de emergencia para el sector agropecuario en todo el territorio nacional, en los mismos términos de lo previsto en el Decreto Ejecutivo 153 de 2 de marzo del 2007.

 

 

Artículo 2.- La renovación tiene por objeto continuar con la ejecución de los proyectos encaminados a mitigar los efectos negativos de las sequías en el sector agropecuario, a nivel nacional.

 

 

Artículo 3.- Este decreto entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de la publicación en el Registro Oficial y de su ejecución encárguese a los ministros de Economía y Finanzas; y, de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.

 

Dado en Quito, en el Palacio Nacional, a 1 de mayo del 2007.

 

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.

 

f.) Ricardo Patiño Aroca, Ministro de Economía y Finanzas.

 

 

f.) Carlos Vallejo López, Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.

 

 

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

 

 

f.) Pedro Solines Chacón, Subsecretario General de la Administración Pública.

 

 

Nº 302

 

 

Rafael Correa Delgado

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA

REPUBLICA

 

Considerando:

 

Que el artículo 3 de la Constitución de la República prescribe que es deber primordial del Estado preservar el crecimiento sustentable de la economía y el desarrollo equilibrado y equitativo en beneficio colectivo; erradicar la pobreza y promover el progreso económico, social y cultural de sus habitantes y garantizar la vigencia de la administración pública libre de corrupción;

 

 

Que el artículo 17 de la Ley de Modernización del Estado establece que el Presidente de la República, tendrá la facultad de emitir disposiciones normativas de tipo administrativo dentro del ámbito de Gobierno Central para fusionar entidades públicas que dupliquen funciones y actividades, o que puedan desempeñarse más eficientemente fusionadas; y reorganizar y suprimir entidades públicas cuya naturaleza haya dejado de ser prioritaria e indispensable para el desarrollo nacional; o, que no presten una atención eficiente y oportuna a las demandas de la sociedad;

 

 

Que el Estado Ecuatoriano requiere alcanzar un alto grado de eficiencia a través de acciones coordinadas en los niveles de dirección y ejecución de las diferentes instituciones que conforman la Administración Pública;

 

 

Que es necesario crear una institución que coordine las actividades de instituciones dependientes, adscritas o controladas por la Función Ejecutiva para mejorar la gestión gubernamental, optimizar recursos y afianzar esfuerzos a nivel nacional; y,

 

 

En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 171, numeral 9 y 176 de la Constitución Política de la República y 21 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

 

 

Decreta:

 

Artículo 1.- Créase la Secretaría de Coordinación Institucional, como organismo técnico con personalidad jurídica propia, adscrita a la Presidencia de la República, con sede en la ciudad de Quito y sometido al control de la Contraloría General del Estado; a cargo de un Secretario con rango de Ministro, que integrará el Gabinete Ministerial, de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República.

 

 

La Secretaría ejercerá sus funciones y competencias técnicas, operativas, administrativas y financieras de manera descentralizada y desconcetrada.

 

 

Artículo 2.- La Secretaría de Coordinación Institucional es el organismo encargado de emitir las políticas, estrategias, diseñar los planes y programas necesarios para el mejoramiento y eficiencia de la gestión de la Administración Pública a través de la coordinación de las actividades de las instituciones dependientes o adscritas a la Presidencia de la República o que tengan alguna relación con la Administración Pública que se determinen de su competencia.

 

 

Las instituciones que regulará y coordinará la Secretaría de Coordinación Institucional son:

 

1.             Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil - ECAPAG.

 

2.             Comisión de Desarrollo para la Zona Norte de Manabí -CEDEM-.

 

3.             Centro de Reconversión Económica del Cañar, Azuay y Morona Santiago -CREA-.

 

4.             Comisión de Desarrollo del Guayas -CEDEGE-.

 

5.             Corporación Reguladora de Manejo Hídrico de Manabí -CRM-.

 

6.             Corporación Ejecutiva para la Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el Fenómeno El Niño -CORPECUADOR-.

 

7.             Comisión Nacional de Competencias.

 

8.             Instituto Nacional Galápagos, INGALA.

 

9.             Junta de Recursos Hidráulicos de Jipijapa, Paján y Puerto López.

 

10.           Subcomisión Ecuatoriana -PREDESUR.

 

11.           Unidad Coordinadora del Programa de Emergencia para Afrontar Fenómenos Naturales -COPEFEN-.

 

12.           Directorio de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado, EMAPA "Regional La Estancilla".

 

13.           Directorio de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Manta.

 

14.           UDESIN, Unidad de Desarrollo Social Integral.

 

Sin perjuicio de otras que el señor Presidente de la República, mediante decreto ejecutivo incorporare.

 

Artículo 3.- La Secretaría de Coordinación Institucional tendrá las siguientes facultades, deberes y atribuciones:

 

1.             Definir políticas de Estado para regular y coordinar la gestión de las entidades de la Administración Pública enunciadas en el artículo precedente.

 

2.             Delinear las políticas, estrategias, planes y programas para el funcionamiento óptimo de las instituciones de la Administración Pública a cargo de esta Secretaría.

3.             Coordinar, gestionar y evaluar la ejecución de estrategias, planes, programas y proyectos de gestión gubernamental con las instituciones de la Administración Pública a cargo de esta Secretaría.

 

4.             Promover e impulsar la presentación de proyectos de ley, decretos ejecutivos, acuerdos ministeriales, convenios internacionales e interinstitucionales para promover la consecución del Plan de Gobierno.

 

5.             Plantear procesos de reingeniería necesarios o requeridos para optimizar los recursos en las entidades de la Administración Pública a cargo de esta Secretaría.

 

6.             Proponer al señor Presidente de la República los nombres de las personas más idóneas de acuerdo a los perfiles de las instituciones a cargo de esta Secretaría, para desempeñar los cargos que el Presidente tiene la facultad de nombrar o delegar un representante y llevar su registro.

 

7.             Establecer un sistema de control y evaluación del grado de eficiencia y eficacia de la Administración Pública de las instituciones a cargo de esta Secretaría.

 

8.             Celebrar todo tipo de actos, convenios y contratos previsto en la ley y en el ámbito de sus competencias, con otras instituciones públicas o privadas que apoyen el eficiente desempeño de la Secretaría.

 

Artículo 4.- El Secretario de Coordinación Institucional será la máxima autoridad de la Secretaría y ejercerá su representación legal, tendrá la responsabilidad de emitir mediante acuerdos la reglamentación y estructura orgánico funcional de la Secretaría; podrá dictar acuerdos y resoluciones para el desenvolvimiento de las actividades y funciones de la unidad; y, nombrar y remover de acuerdo con la ley, al personal idóneo para su desempeño.

 

El Secretario de Coordinación Institucional en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y la SENRES, establecerán, de manera prioritaria, los aspectos referentes a la estructura orgánico funcional del sistema.

 

Artículo 5.- La Secretaría de Coordinación Institucional, se financiará con recursos del Presupuesto General del Estado, autogestión y con otras formas de financiamiento de acuerdo a la ley.

 

Artículo 6.- De la ejecución de este decreto ejecutivo, que entrará en vigencia a partir de esta fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguese el Ministro de Economía y Finanzas.

 

Dado en el Palacio Nacional, en San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 2 de mayo del 2007.

 

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional del Ecuador.

 

f.) Ricardo Patiño Aroca, Ministro de Economía y Finanzas.

 

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

 

f.) Pedro Solines Chacón, Subsecretario General de la Administración Pública.

 

 

 

 

Nº 305

 

Rafael Correa Delgado

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA

REPUBLICA

 

Considerando:

 

Que el artículo 23, numeral 2 de la Constitución Política de la República prohíbe las penas crueles, las torturas, todo trato inhumano, degradante o que implique violencia física, psicológica, sexual o coacción moral;

 

 

Que el mismo artículo de la Carta Magna establece que el Estado adoptará medidas necesarias para eliminar y sancionar, en especial, la violencia contra las mujeres;

 

Que además, dicha disposición declara que las acciones y penas por tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia serán imprescriptibles y no serán susceptibles de indultos o amnistías. Además, enfatiza que la obediencia a órdenes superiores no eximirá de responsabilidad;

 

Que en Ecuador durante el período democrático, y en particular entre 1984 y 1988, se han denunciado torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y otros delitos graves y atentatorios a los derechos humanos, como parte de una política de Estado para la violación de los derechos humanos, que debe ser esclarecida;

 

Que la Corte Interamericana para la Protección de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos ha reconocido en dos casos que hubo violaciones a los derechos humanos en Ecuador (Restrepo y Benavides) y en los que Ecuador reconoció su responsabilidad internacional;

 

Que en todos los casos e informes de comisiones se recomendó al Ecuador investigar todas las violaciones a los derechos humanos;

 

Que numerosas víctimas de violaciones de derechos humanos no han tenido la oportunidad de ser escuchadas ni tenidas en cuenta, ni se ha hecho nada en el Ecuador para reconocer la memoria de las mismas;

 

Que una Comisión de la Verdad es el medio idóneo, como se ha demostrado en otros países, para esclarecer violaciones graves a los derechos humanos y para fortalecer la democracia;

 

Y, en ejercicio de sus facultades constitucionales,

 

Decreta:

 

Artículo 1.- Créase la Comisión de la Verdad, encargada de investigar y esclarecer e impedir la impunidad respecto de los hechos violentos y violatorios de los derechos humanos, ocurridos entre 1984 y 1988 y otros períodos.

 

Artículo 2.- La Comisión de la Verdad tendrá los siguientes objetivos:

 

a)             Realizar una investigación profunda e independiente sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1984 y 1988, y otros casos especiales, como el llamado caso Fybeca, así como las causas y circunstancias que las hicieron posibles;

 

b)            Solicitar la desclasificación de archivos del Estado que tengan carácter confidencial o de seguridad nacional;

 

c)             Promover un reconocimiento a las víctimas de dichas violaciones y diseñar las políticas de reparación;

 

d)            Recomendar las reformas legales e institucionales necesarias, así como los mecanismos efectivos para la prevención y sanción de las violaciones de derechos humanos; y,

 

 

e)             Determinar la existencia de probables indicios de responsabilidades civiles, penales y administrativas para derivarlas a las autoridades pertinentes.

 

Artículo 3.- Para el cumplimiento de las funciones antes referidas, la Comisión de la Verdad deberá elaborar su propio reglamento interno de organización, pudiendo, seleccionar el personal competente que considere necesario.

 

Artículo 4.- La Comisión de la Verdad tendrá las siguientes funciones:

 

a)             Establecer canales de comunicación y mecanismos de participación de la población, especialmente de la que fue afectada por la violencia;

 

b)            Gestionar ante el Ministerio de Gobierno las medidas de seguridad para las personas que a criterio de la comisión, se encuentren en situación de amenaza a su vida o integridad personal;

 

c)             Entrevistar y recopilar información de cualquier persona en el país o en el exterior, de cualquier autoridad, funcionario o servidor público que se considere pertinente, así como tener acceso a cualquier archivo que se encuentre protegido con el carácter de confidencial o de seguridad nacional;

 

d)            Practicar visitas, inspecciones o cualquier otra diligencia que se considere pertinente. Para tal efecto, la Comisión de la Verdad podrá contar con el apoyo de peritos y expertos para llevar adelante sus labores;

 

e)             Realizar audiencias y diligencias que estime conveniente en forma pública y/o reservada y garantizar la reserva de la identidad de quienes le proporcionen información importante o participen en las investigaciones;

 

f)             Facilitar los mecanismos e información para lograr que las personas involucradas como presuntas responsables en pasadas violaciones de los derechos humanos sean sometidas a los procesos judiciales y las sanciones debidas por los organismos competentes;

 

g)             Elaborar propuestas de reparación y dignificación de las víctimas y de sus familiares; y,

 

h)            Manejar la información de los testimonios y documentos de manera reservada.

 

Artículo 5.- La Comisión de la Verdad tendrá una duración de 9 meses, contados desde que el Ministerio de Economía asigne los fondos correspondientes, con una prórroga máxima de otros tres meses en caso de ser así requerido.

 

Artículo 6.- La comisión entregará un informe final para que sea de conocimiento público con los resultados de sus investigaciones.

 

Al término de sus funciones, la comisión entregará a la instancia del Estado competente, bajo estricta reserva de su contenido y con inventario, el acervo documentario que hubiera recabado a lo largo de su vigencia.

 

En el informe final elaborará propuestas de mecanismos de seguimiento de sus recomendaciones.

 

 

Artículo 7.- La Comisión de la Verdad estará integrada por cuatro miembros de reconocida competencia en el campo de los derechos humanos y de intachable condición moral: el Dr. Julio César Trujillo, Monseñor Alberto Luna Tobar, la hermana Elsie Monge Yoder y Pedro Restrepo Bermúdez.

 

Artículo 8.- La Comisión de la Verdad tendrá en su estructura un Comité de Soporte, el cual estará conformado por Mireya Cárdenas, Clara Merino, Francisco Acosta, familiares de víctimas, Ramiro Avila S. y Alexis Ponce, representantes de organismos defensores de los derechos humanos y un delegado del Ministro de Gobierno.

 

Artículo 9.- La comisión contará con un presupuesto propio para poder realizar con independencia y eficacia las funciones asignadas, así como podrá obtener fondos propios complementarios por parte de la comunidad nacional o internacional.

 

El Ministerio de Economía y Finanzas garantizará la transferencia de los recursos necesarios de manera oportuna para el eficiente funcionamiento de la comisión de acuerdo a su plan de acción.

 

Artículo 10.- Encárguese de la ejecución del presente decreto a los ministerios de Gobierno y Policía y de Economía y Finanzas.

 

Dado, en el Palacio Nacional, en Quito, a 3 de mayo del 2007.

 

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.

 

f.) Gustavo Larrea Cabrera, Ministro de Gobierno y Policía.

 

f.) Ricardo Patiño Aroca, Ministro de Economía y Finanzas.

 

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

 

f.) Pedro Solines Chacón, Subsecretario General de la Administración Pública.

 

 

 

 

No. 088

 

Gustavo Larrea Cabrera

MINISTRO DE GOBIERNO Y POLICIA

 

Considerando:

 

Que, es indispensable dar mayor agilidad al despacho de las labores inherentes a esta Cartera de Estado;

 

 

Que, de conformidad con el Art. 4 reformado del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, el Ministro de Gobierno o su delegado, integra el Consejo Nacional de Rehabilitación Social; y,

 

 

En uso de las facultades que le confieren el numeral 6 del Art. 179 de la Constitución Política del Estado y el Art. 55 reformado del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,

 

 

 

Acuerda:

 

Art. 1.- Delegar al licenciado José Ignacio Chauvin Alvear, Subsecretario de Coordinación Política, para que a mi nombre y representación integre el Consejo Nacional de Rehabilitación Social.

 

Art. 2.- El licenciado José Ignacio Chauvin Alvear, responderá por los actos realizados en el ejercicio de la presente delegación.

 

Art. 3.- Se deja sin efecto el Acuerdo Ministerial No. 027 de 31 de enero del 2007.

 

Art. 4.- El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Comuníquese.- Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 3 de abril del 2007.

 

f.) Gustavo Larrea Cabrera, Ministro de Gobierno y Policía.

 

MINISTERIO DE GOBIERNO Y POLICIA.- Certifico que el presente documento es fiel copia del original que reposa en el archivo de este Ministerio al cual me remito en caso necesario.

 

 

Quito, 21 de abril del 2007.- f.) Ilegible.- Servicios Institucionales.

 

 

 

 

 

No. 001

 

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS

PUBLICAS, SUBSECRETARIA DE OBRAS

PUBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCION PROVINCIAL DE NAPO

 

Considerando:

 

Que, la Constitución Política de la República en su Art. 23, numeral 19, reconoce la libertad de asociación y reunión con fines pacíficos y lícitos;

 

 

Que, es necesario integrar a esta clase de asociaciones al proceso de desarrollo del país, como un mecanismo de participación ciudadana;

 

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 20 del 29 de marzo del 2006, publicado en el Registro Oficial No. 252 de 18 de abril del 2006, el señor Ministro de Transportes y Obras Públicas, delega a los subsecretarios y directores provinciales del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, la facultad de otorgar personería jurídica a las asociaciones de conservación vial, conforme a la normativa establecida en el Reglamento para la Aprobación, Control y Extinción de Personas Jurídicas de Derecho Privado, con Finalidad Social y sin Fines de Lucro, que se constituya al amparo de lo dispuesto en el Título XXIX del Libro I del Código Civil, expedido con el Decreto Ejecutivo 3054, publicado en el Registro O

 

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