Registro Oficial No 84 - Martes 15 de Mayo de 2007 Suplemento

Martes, 15 de mayo de 2007

Última modificación: Martes, 23 de julio de 2013 | 15:27

Registro Oficial No 82 ? Martes 15 de Mayo de 2007

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR
Dr. Vicente Napoleón Dávila García

DIRECTOR

 

 

SUPLEMENTO

 

SUMARIO:

 

 

FUNCION JUDICIAL

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SEGUNDA SALA DE LO PENAL:

 

Recursos de casación, revisión y apelación en los juicios penales seguidos en contra de las siguientes personas:

 

397-06    Milton Aurelio Luna León por el delito de violación a la menor Rosa Elvira Neira              

 

398-06    Olguer Enrique López López por el delito de lesiones tipificado y sancionado en el Art. 465 del Código Penal  

 

399-06    Edgar Enrique Mosquera Macías por el delito tipificado y reprimido en el Art. 450 numeral 1 del Código Penal, en perjuicio de Mario Demetrio Tovar Cerezo    

 

400-06    Abogado José Enrique Nebot Saadi, por su representado Banco de la Producción Produbanco S. A. en contra de Miryam Elizabeth Zambrano Vélez, Secretaria General del Comité Especial de Trabajadores de la Camaronera Piscícola Tonchigue y otros              

 

401-06    Luis Edgar Chaluisa Chaluisa y otro por violación a Anastasia Lucía Pilalumbo Cunuhay  

 

408-06    Segundo José Aguilar Jara por el delito descrito en el Art. 64 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas      

 

413-06    Eugenio    Florencio  Borja  Anchundia por   el   delito de  asesinato   tipificado   y   sancionado  en    el    Art . 450  numerales   1, 4,  5   y   7   del   Código   Penal        

 

425-06    Manuel Cornelio Lituma Molina en contra de Adolfo Alejandro Lituma Molina y otros       12

 

426-06    Rosa Elvira Cano Anchundia y otros por el delito de asalto y robo tipificado en el Art. 550 y reprimido en el Art. 552 del Código Penal

 

428-06    Ottón    Walter  Noriega  Landinez  por  el  delito de violación  al  menor   Rafael   Enrique   España   Cortez    

 

429-06    Jorge Marcelo Espinosa Alvarez y otro por el delito de concusión tipificado y sancionado en el Art. 264 inciso primero del Código Penal      

 

430-06    Héctor Hugo Heredia Sandoval por el delito contra la administración de justicia tipificado y sancionado en el Art. 294 del Código Penal en perjuicio de Mery Susana Navarro Tapia  

 

431-06    Alex Eduardo Méndez Cepeda y otro por el delito tipificado en el Art. 550 y reprimido en el Art. 552 en concor-dancia con el Art. 451 del Código Penal      

 

432-06    Orli Manrique Sánchez Hidalgo por el delito tipificado y reprimido en el Art. 63 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas       

 

433-06    Paulo César Gualán Espinosa por el delito de peculado tipificado y sancionado por el Art. 257 del Código Penal              

 

435-06    Wladimir Eduardo Sarmiento Holguín y otros por el delito de robo agravado tipificado en el numeral segundo del Art. 552 en relación con los artículos 550 y 551 del Código Penal    

 

437-06    Carlos Antonio Loja Guerrero por el delito de peculado tipificado y sancionado en el Art. 257 del Código Penal en perjuicio del Banco Nacional de Fomento

 

438-06    Yolanda Córdova Sukioski por el delito tipificado y reprimido en el Art. 234 del Código Penal, en perjuicio de Carlos Esteban Cifuentes Jara                

 

439-06    Neris Enrique Guamán Moscoso y otro por el delito tipificado en el Art. 550 y sancionado por el último inciso del Art. 552 del Código Penal                

 

445-06    Vicente Mejía Pantoja por ser el autor responsable del delito de robo agravado tipificado y reprimido en el Art. 550 e inciso primero del Art. 552, numeral 2 del Código Penal   

 

450-06    Marlon Alexander Arboleda Murillo por el delito de asesinato  cometido  en  la  persona  de  Raúl  Vaca  Vera contemplado  en   el  Art.  450  del  Código  Penal         

 

452-06    Jhon Jerssy Hidalgo Vélez y otro por el delito de robo tipificado en el Art. 550 y sancionado en el Art. 552 numeral 2 del Código Penal         

 

454-06    Mario Alfonso Romero Pino por el delito de asesinato tipificado y sancionado en el Art. 450, ordinales 7 y 9 del Código Penal       

 

455-06    Nyhuton Ramón Gallardo Jaramillo por el delito tipificado en el Art. 218 y sancionado por el Art. 221 del Código Penal  

 

473-06    Jaime Mauricio Vivanco Ludeña por el delito de lesiones en perjuicio de José Francisco Holguín Rodríguez     

 

477-06    Paúl Fernando Naranjo Alarcón por el delito de peculado tipificado en los incisos primero y cuarto del Art. 257 del Código Penal   

 

479-06    Clotilde Esperanza Mercado León en contra del ingeniero David Enrique Bravo Ramírez por sus propios derechos y por los que representa  en  calidad de  Gerente  de  la  Compañía Agramilsa S. A. y  otros             

 

481-06    Wilmer Patricio Bermeo Jumbo y otra por el delito tipificado y sancionado en el Art. 31 de la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comerciali-zación y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios

 

482-06    Berenice Kathuska Tinoco Mosquera por el delito tipificado y sancionado en el Art. 560 del Código Penal       

 

483-06    Manuel Humberto Cisneros Amuy por el delito tipificado en el Art. 63 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas      

 

 

ORDENANZA MUNICIPAL:

 

-              Cantón     Baños   de   Agua  Santa:   Que    expide    el    Reglamento    para    la     construcción   de   tirolesa

 

 

 

Nº 397-06

 

Juicio penal Nº 126-05 seguido en contra de Milton Aurelio León por el delito de violación a la menor Rosa Elvira Neira.

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SEGUNDA SALA DE LO PENAL

 

Quito, 10 de mayo del 2006; las 10h00.

 

VISTOS: El 30 de enero del 2003, el Tercer Tribunal Penal de Loja, dicta sentencia condenatoria por la que declara a Milton Aurelio Luna León autor y responsable del delito de violación en la persona de la menor Rosa Elvira Neira y, conforme a lo establecido en los Arts. 29, 57, 512 y 513 del Código Penal le impone la pena de cinco años de prisión correccional. El sentenciado, interpone recurso de casación y, concedido que ha sido, por sorteo legal, corresponde conocer a la Primera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia; más al crearse la Tercera Sala de lo Penal, por resolución del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, se procede a la distribución de procesos por sorteo, habiendo correspondido conocer del recurso a esta Sala; y, al encontrarse en estado de resolver, para hacerlo, se considera: PRIMERO.- El recurrente al fundamentar su recurso de casación, señala como normas violadas en la sentencia, sin explicar ni justificar en modo alguno, los Arts. 24 numeral 2 de la Constitución Política del Estado; 4 del Código Penal; y, 65, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 98 y 311 del nuevo Código de Procedimiento Penal. Que niega su responsabilidad en el hecho; que no hay un solo testigo presencial y de cargo que pueda afirmar que el recurrente sea autor del delito de violación; que en la audiencia se limitan a escuchar las versiones de testigos parcializados y familiares de la presunta agraviada, por lo que al ser impugnadas esas versiones de gente parcializada, se abre una gran duda; que ha cuestionado en la audiencia de juzgamiento la intervención de la Dra. Enith Rodríguez en la diligencia de reconocimiento médico legal, por cuanto su idoneidad ha sido cuestionada por otros juzgados; que en fin pide justicia, que revisando el proceso se case la sentencia recurrida en grado, revocándola y se lo absuelve disponiendo su inmediata libertad. SEGUNDO.- El señor Director General de Asesoría, subrogante de la Ministra Fiscal General, al dar contestación al escrito de fundamentación del recurso de casación que se le ha corrido traslado, manifiesta, en lo principal, lo siguiente: que el impugnante a pesar de la extensa cita de normas de la Constitución Política y de los códigos Penal y de Procedimiento Penal, no señala en su impugnación los hechos determinantes de tal violación y su defensa queda por lo tanto en un plano meramente enunciativo, tampoco existe prueba alguna que pueda favorecerle en orden a sustentar su recurso, por haberse probado plenamente en la audiencia pública de juzgamiento, la culpabilidad del reo como autor del delito de violación, sin que pueda tener cabida su pretensión de que la Sala declare su absolución; que el sólo hecho de haber tenido acceso carnal con la menor de catorce años configura el delito de violación conforme lo determina el numeral primero del Art. 512 del Código Penal, quién además es una persona con retardo mental moderado; que debe tomarse en cuenta que en los delitos sexuales es muy raro la existencia de testigos presenciales del hecho delictivo cometido, ya que se lo efectúa a solas, con mucha reserva y sobretodo cuidándose de la presencia de personas que puedan testificar; que encuentra que el juzgador en la sentencia ha analizado de una manera pormenorizada todas las pruebas y los indicios existentes en el proceso, los mismos que señalan sin lugar a dudas al encausado en el grado de autor de la infracción citada en el fallo, aplicando el juzgador correctamente las normas de la sana crítica del Art. 86 del Código de Procedimiento Penal; por lo que encuentra que el fallo recurrido cumple las exigencias del Art. 24 de la Constitución Política de la República, Art. 4 del Código Penal y Arts. 65, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 99 y 311 del Código de Procedimiento Penal, sin violar precepto alguno de derecho; que por lo expuesto solicita que la Sala declare improcedente el recurso interpuesto y devuelva el proceso al Tribunal de origen para los fines de ley. TERCERO.- Al analizar la sentencia que pronuncia el Tercer Tribunal Penal de Loja, para establecer si proceden o no las imputaciones de violación a la ley en el fallo, que señala el recurrente, se formulan las siguientes apreciaciones: 1.- En el considerando segundo de la sentencia el Tribunal refiere la actuación de la prueba evacuada en el desarrollo de la audiencia tendiente a comprobar la existencia de la infracción que se sintetiza en: el testimonio de la Dra. Rosa Edith Rodríguez, quién luego de ratificarse en su informe que lo presentó como perito médico manifiesta que examinó a la menor ofendida el 19 de agosto del 2002, aproximadamente a las 17h00 y constató que existían desgarros himeneales y desfloración himeneal reciente, señalando que incluso presentaba un rasguño en la entrepierna, producido probablemente con uña del atacante para obligarla abrir las piernas, anotando que la niña se encontraba muy nerviosa; el testimonio del Dr. Guillermo Bailón Ortiz, quien expresa que examinó a la menor ofendida anotando que padece de retardo mental moderado a profundo y que por lo mismo es proclive o vulnerable a la clase de abusos que refiere haber sufrido y la partida de nacimiento de la que se establece que la menor tenía la edad de trece años once meses a la fecha del cometimiento del delito. Estos hechos, demuestran que Rosa Elvira Neira ha sido desflorada cuando era menor de 14 años de edad, que en la especie son elementos constitutivos del delito de violación, acorde a lo previsto en el numeral primero del Art. 512 del Código Penal. 2.- En el considerando tercero el Tribunal refiere toda la prueba actuada en la audiencia relacionada con la responsabilidad del acusado y que se relaciona con el testimonio de la menor ofendida Rosa Elvira Neira, quién da cuenta que el día 18 de agosto del 2002, aproximadamente a las 15h00, se encontraba en los alrededores del estadio de Gonzanamá, pastoreando una chiva de propiedad de su tía Lida Neira y allí se le acercó el acusado que está presente y le dijo que le regalaba un dólar para que le de una ?muchita?, contestándole que no y entonces el acusado le dijo que le regalaba cinco dólares y que le respondió igualmente que no y se cogió una piedra para lanzarle, entonces el acusado le agarró la mano y después le cogió ambas manos y se las amarró para atrás, la botó al suelo, le sacó el pantalón y el se bajó el cierre y la violó, manifiesta que ella gritó y pidió auxilio pero que nadie la escuchó, que luego llegó su primo Fernando y se fueron a la casa y contaron lo que le había pasado. Refiere igualmente la sentencia en este considerando el testimonio de Lida Elena Neira, tía de la menor ofendida, quien narra que su sobrina llegó aproximadamente a las quince horas treinta a su casa llorando y ante la insistencia de que cuente que le había pasado, refirió que había sido abusada sexualmente, dando las características del ofensor por lo que supo de quien se trataba y se fue a la Policía para hacer detener al acusado por lo que había hecho; consta además el testimonio del acusado Milton Aurelio Luna, quién niega haber cometido el delito que se le imputa, pero narra que el día de los hechos estuvo en Gonzanamá haciendo unas compras para su hogar y que al pasar de regreso a su casa, observó que la menor se encontraba por el estadio y que él igualmente estuvo por allí, negativa que el Tribunal no la acepta por considerar que pretende evadir su responsabilidad, sin poder hacerlo por la prueba existente por cuanto la menor ofendida desde el primer momento lo reconoció como el autor de la violación; finalmente refiere que el Agente de la DINAPEN, José Franklin Paredes, realizó la diligencia de reconocimiento del lugar como perito y exhibe las fotografías tomadas al efectuar la diligencia señalando el lugar como un sitio de poca visibilidad y que está alejado del domicilio más cercano como en cincuenta metros más o menos. 3.- En la parte final del considerando quinto el Tribunal juzgador siguiendo el criterio de la doctrina y la jurisprudencia deja constancia de que el delito de violación constituye un ataque a la dignidad e integridad de la persona menor de edad, que de modo general el autor para cometerlo busca la clandestinidad para no dejar testigos y que además de la minoría de edad de 14 años de la víctima esta adolece de retardo mental para poder entender y querer las consecuencias de tal acto, por lo que su autor debe responder por el delito de violación que se encuentra previsto en el numeral 1 del Art. 512 del Código Penal y cuya sanción la da la primera parte del Art. 513, ibídem. 4.- Efectivamente, como también acota el representante del Ministerio Público el delito de violación es un acto que ejecuta el autor en la mayor clandestinidad posible, para no ser interrumpido ni descubierto, para que no existan testigos presenciales, que atenta contra el derecho a la libertad sexual; que en consecuencia, una vez comprobada jurídicamente la existencia del delito cabe que el juzgador, utilizando los indicios, que son hechos reales probados en el juicio, y que han de ser varios, unívocos, directos, relacionados y concordantes, de tal forma que establezcan una relación de causalidad entre el hecho objeto del proceso y entre todos y cada uno de ellos, llegue a la convicción de la culpabilidad de su autor y por ende a su responsabilidad penal, tal como lo establecen los Arts. 87 y 88 del Código de Procedimiento Penal. 5.- De la síntesis que antecede, consta que el Tribunal Tercero de lo Penal de Loja en su sentencia, en forma absolutamente coherente entre la parte expositiva y dispositiva, con estricta sujeción a derecho realiza una correcta valoración de la prueba acorde a las reglas de la sana crítica y determina que el autor infringió el numeral 1 del Art. 512 del Código Penal debiendo recibir la sanción que establece la parte primera del Art. 513 del mismo cuerpo de leyes. Consiguientemente, las imputaciones de violación a la ley en la sentencia tanto de normas constitucionales como las de los códigos Penal y Procedimiento Penal, que formula el recurrente, quedan como meros enunciados, porque no han sido probadas en modo alguno.- Por las consideraciones que anteceden, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, la Sala, coincidiendo con el criterio del Ministerio Público, declara improcedente el recurso de casación interpuesto por el acusado y dispone que se remita el proceso al Tribunal Penal de origen. Notifíquese.

 

f.) Dr. Luis Abarca Galeas, Magistrado - Presidente.

 

f.) Dr. Luis Cañar Lojano, Magistrado.

 

 

f.) Dr. Oswaldo Castro Muñoz, Magistrado.

 

 

Certifico.- f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario Relator.

 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su original.- Quito, 27 de octubre del 2006.- Certifico.- f.) El Secretario Relator.

 

 

 

 

 

 

Nº 398-06

 

Juicio penal Nº 300-05 seguido en contra de Olguer Enrique López López por el delito de lesiones tipificado y sancionado en el Art. 465 del Código Penal.

 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SEGUNDA SALA DE LO PENAL

 

 

Quito, mayo 9 del 2006; las 15h00.

 

VISTOS: El sentenciado Holger Enrique López López interpone recurso de casación de la sentencia condenatoria dictada en su contra por el Segundo Tribunal Penal de Tungurahua y en la que se le impone la pena modificada de treinta días de prisión correccional por la aceptación de las atenuantes, como autor responsable del delito de lesiones tipificado y sancionado en el artículo 465 del Código Penal. En esta Sala especializada se radicó la competencia para resolver este recurso por la distribución de causas entre las tres salas especializadas penales, por el sorteo dispuesto por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, y por la cual, para resolver se considera: PRIMERO.- El recurrente fundamenta el recurso de casación exponiendo en lo principal que: No se ha considerado en la sentencia todas las circunstancias del hecho y que existen violaciones de trámite que se han pasado por alto, señalando algunas de ellas y que se refieren al trámite inicial del proceso dentro de la Comisaría de la Mujer de Ambato y a las experticias médicas practicadas en esta dependencia, las cuales carecen de relevancia probatoria en el juicio porque solamente el Tribunal debe juzgar en base a las pruebas practicadas ante él en la audiencia del juicio. Que se vulnera el artículo 85 del Código de Procedimiento Penal sobre la finalidad de la prueba, porque no se ha establecido su responsabilidad en el hecho que injustamente se le acusa. Que se dicta sentencia condenatoria en su contra sin haberse probado su autoría en el hecho imputado por la acusadora particular y que se encuentra sorprendido por esta condenación. Notándose pues, la ineficacia de la fundamentación del recurso de casación porque no se determinan las causales del artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, ni porque describe la forma como se vulneró la ley en la sentencia. SEGUNDO.- La doctora Cecilia Armas de Tobar en calidad de Ministra Fiscal General del Estado, subrogante, al dar contestación al traslado con los fundamentos del recurso de casación deducidos por el sentenciado, en lo fundamental expresa que: La fundamentación no cumple con los presupuestos legales determinados en el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, y que por lo cual, no existe materia sobre la cual hacer un análisis integral del proceso y la prueba, porque la realidad no hay fundamentación del recurso. No obstante, que revisada la sentencia impugnada se establece que, en el considerando tercero el Tribunal juzgador hace un análisis integral de toda la prueba tanto material como testimonial practicada en la audiencia de juzgamiento y en el considerando quinto del Tribunal valora y aprecia las pruebas dentro del marco legal mediante la aplicación de las reglas de la sana crítica, determinando la existencia de la infracción y la responsabilidad del acusado Holguer Enrique López López y por lo cual, se ha dado cumplimiento a la exigencia legal contenida en el artículo 85 del Código de Procedimiento Penal y que por lo tanto, se debe rechazar el recurso de casación interpuesto por el sentenciado por improcedente. TERCERO.- La Sala después de realizar un análisis minucioso del contenido de la sentencia en relación a las alegaciones deducidas como fundamento del recurso de casación del sentenciado Olguer Enrique López López, establece que el Tribunal juzgador no ha vulnerado ley alguna en la sentencia y menos todavía el artículo 85 del Código de Procedimiento Penal, porque arriba a la certeza sobre la existencia de la infracción objeto del juicio y acusado por el Fiscal, así como sobre la autoría y responsabilidad del recurrente en su consumación, en base a pruebas presentadas y practicadas constitucionalmente con observancia del debido proceso que rige la práctica de la prueba y que se contempla en el artículo 24 de la Constitución Política vigente, pruebas que se las describe y analiza en el considerando tercero de la sentencia y se las valora y aprecia en el considerando cuarto de la misma. A esta Sala de Casación no le corresponde practicar una nueva valoración de las pruebas ni considerar circunstancias que no constan en el acta de juicio ni actos investigativos que no hayan sido introducidos en la audiencia del juicio mediante la práctica del respectivo medio oral de prueba, conforme lo exige el sistema procesal penal acusatorio oral contemplado en la Constitución Política y en el Código de Procedimiento Penal vigente. Por estas consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, la Sala rechaza el recurso de casación interpuesto por el sentenciado Olguer Enrique López López por improcedente y se confirma la sentencia condenatoria expedida por el Tribunal Segundo de lo Penal de Tungurahua. Con costas en esta instancia y se regula en cien dólares americanos los honorarios del abogado patrocinador de la ofendida y acusadora particular Blanca Narcisa Ramos Ramos.- Notifíquese y devuélvase el proceso al Tribunal de origen para que se ejecute la sentencia.

 

 

f.) Dr. Luis Abarca Galeas, Magistrado - Presidente.

 

 

f.) Dr. Luis Cañar Lojano, Magistrado.

 

 

f.) Dr. Oswaldo Castro Muñoz, Magistrado.

 

 

Certifico.- f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario Relator.

 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su original.- Quito, 27 de octubre del 2006.- Certifico.- f.) El Secretario Relator.

 

 

Nº 399-06

 

Juicio penal Nº 501-05 seguido en contra de Edgar Enrique Mosquera Macías por el delito tipificado y reprimido en el Art. 450 numeral 1 del Código Penal, en perjuicio de Mario Demetrio Tovar Cerezo.

 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SEGUNDA SALA DE LO PENAL

 

 

Quito, mayo 9 del 2006; las 15h00.

 

VISTOS: El Tribunal Segundo de lo Penal de Los Ríos, con fecha 30 de julio del 2004, dicta sentencia condenatoria por la que declara a Edgar Enrique Mosquera Macías, autor del delito tipificado y reprimido en el Art. 450 numeral 1 del Código Penal, en relación con los numerales 6 y 7 del Art. 29 y 72 inciso segundo del Código Penal, le impone la pena modificada de doce años de reclusión mayor extraordinaria, declara con lugar la acusación particular, ordena el pago de daños y perjuicios y fija en cinco salarios mínimos vitales del trabajador en general los honorarios del abogado que patrocina la acusación particular. Del fallo interpone recurso de casación el acusado, el que al ser concedido, por sorteo de ley corresponde conocer a la Segunda Sala Especializada de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y, al haberse sustanciado en su integridad el recurso, corresponde resolver, para hacerlo, se considera: PRIMERO.- El recurrente al fundamentar su recuso, primeramente manifiesta que el Tribunal no ha valorado en debida forma el testimonio propio de Cielo de los Santos Molina Sabando, ni su testimonio en el que indica que fue Nelson Coronel, alias Loquillo quién victimó al occiso; que en el proceso lo único que se encuentra probado es la existencia de la infracción que es la muerte de Mario Demetrio Tovar Cerezo, pero ningún nexo causal que hagan presumir de que el impugnante sea el autor de dicho hecho punible; que el Tribunal no se ha fundado en hechos reales ni en indicios que sirvan de premisa a la presunción, como lo prescribe el Art. 88 del Código de Procedimiento Penal; que solicita se dicte sentencia absolutoria revocando la del inferior por no existir pruebas fehacientes de que él sea el autor de la muerte de Mario Demetrio Tovar Cerezo. SEGUNDO.- La señora Ministra Fiscal General, subrogante, al dar respuesta al escrito de fundamentación que se le ha corrido traslado, expresa, en lo fundamental: que ha procedido a realizar el examen pormenorizado de la sentencia cuya casación se reclama a efecto de determinar si en ella se ha violado la ley por cualquiera de las formas determinadas en el Art. 349 del Código de Procedimiento Penal y que de dicho examen establece que la prueba testimonial valorada en su conjunto, le permite al Tribunal llegar a la convicción de que el recurrente Edgar Enrique Mosquera Macías, en la fecha, lugar, día y hora que consta en la instrucción fiscal, fue la persona que disparó contra Mario Demetrio Tovar Cerezo causándole heridas graves en su espalda y pierna izquierda, falleciendo a causa de éstas. Que del texto de la sentencia no se advierte que se haya infringido el Art. 88 del Código Procesal Penal; que en virtud de lo expuesto es del criterio de que la Sala rechace por improcedente el recurso de casación interpuesto. TERCERO.- Para efecto de establecer los cargos que se formulan a la sentencia en el escrito de fundamentación del recurso, se procede por parte de la Sala a realizar el examen del fallo que expide el Tribunal Segundo de lo Penal de Los Ríos, con sede en la ciudad de Quevedo, del que se observa que en el considerando segundo, se hace una minuciosa descripción de la prueba documental y testimonial que se aporta en la audiencia de juzgamiento oral, para luego, en el considerando quinto, proceder a realizar su valoración consignada en los siguientes términos: ?De la prueba aportada por las partes en la etapa de juicio, previo exhaustivo análisis y valoración el Tribunal llega a la certeza de que se encuentra probada conforme a derecho la materialidad de la infracción, como se indica en el considerando segundo de esta misma sentencia y la responsabilidad jurídico penal del acusado Edgar Enrique Mosquera Macías se contiene de las constancias procesales siguientes: a) La declaración del testigo presencial de los hechos José Bañón Peralta, quién ante el Tribunal identificó y aseguró, que el autor de la muerte de Mario Demetrio Tovar Cerezo era el acusado presente Edgar Enrique Mosquera Macías, hecho que dijo afirmar por haberse encontrado en compañía del occiso el día de los hechos; b) La declaración del señor Agente de Policía Wilber Eleuterio Mena Burbano, quien dijo concurrió al lugar de los hechos para hacer el levantamiento del cadáver de quién en vida fuera Mario Demetrio Tovar Cerezo y por las personas que se encontraban presentes tuvo conocimiento, que el autor del delito respondía a los nombres de Edgar Enrique Mosquera Macías, encontrándose entre los presentes Inés Leonor Prado Valencia, la que le dijo haberle identificado plenamente y que conocía el lugar de su vivienda, a donde concurrieron y efectivamente encontraron la motocicleta aún con el motor caliente y con la que se transportaba al momento de cometer el hecho, declaraciones que no siendo impugnadas tienen el valor de prueba de cargo contra el acusado tantas veces mencionado, quién habiendo negado la comisión del hecho, su sola declaración rendida ante el Tribunal, no se considera suficiente para enervar o deslindar la incriminación de la prueba de cargo que existe en su contra?. Se infiere entonces, que el Tribunal como soberano en la apreciación y valoración de la prueba, llega a la convicción y certeza de que se ha comprobado conforme a derecho la existencia del acto ilícito que origina el proceso y la responsabilidad penal del impugnante por lo que, en forma correcta y ajustado a derecho adecua los hechos al tipo penal previsto y sancionado en el Art. 450 numeral 1 del Código Penal aceptando las circunstancias atenuantes establecidas en los numerales 6 y 7 del Art. 29 del Código Penal por lo que en relación con lo dispuesto en el inciso segundo del Art. 72 del mismo cuerpo de leyes procede a modificar la pena; y, por lo mismo no ha recurrido a la prueba conjetural por la naturaleza de la prueba aportada en la etapa de juicio y, consecuentemente no ha violado el Art. 88 del Código de Procedimiento Penal como acusa el recurrente. Por las consideraciones que anteceden, acogiendo el criterio del Ministerio Público, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, la Sala rechaza el recurso de casación interpuesto por improcedente y dispone devolver el proceso al Tribunal Penal de origen para los fines consiguientes. Notifíquese.

 

f.) Dr. Luis Abarca Galeas, Magistrado - Presidente.

 

f.) Dr. Luis Cañar Lojano, Magistrado.

 

f.) Dr. Oswaldo Castro Muñoz, Magistrado.

 

Certifico.- f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario Relator.

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su original.- Quito, 27 de octubre del 2006.- Certifico.- f.) El Secretario Relator.

 

 

 

 

 

Nº 400-06

 

Juicio penal Nº 457-05 seguido por el abogado José Enrique Nebot Saadi, por su representado Banco de la Producción Produbanco S. A., en contra de Ana Margarita Bravo Román de Fernández, abogado Mauro Hipólito Panta Véliz, Miryam Elizabeth Zambrano Vélez, en su calidad de Secretaria General del Comité Especial de Trabajadores de la Camaronera Piscícola Tonchigue por sus propios derechos y por los que representa de los demandados Ruth Irlanda Vélez Villamar, Sary Dálida Sosa Zambrano, Félix Toribio Pillasagua Cedeño, Lauro Estuardo Avila Vera, José Miguel Pilay Vinces y Decsy Marilú Solórzano Mera.

 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SEGUNDA SALA DE LO PENAL

 

Quito, 9 de mayo del 2006; las 17h00.

 

VISTOS: Los demandados Ana Margarita Bravo Román de Fernández, abogado Mauro Hipólito Panta Véliz, Miryam Elizabeth Zambrano Vélez, esta en su calidad de Secretaria General del Comité Especial de Trabajadores de la Camaronera Piscícola Tonchigue, por sus propios derechos y por los que representa de los demandados Ruth Irlanda Vélez Villamar, Sary Dalida Sosa Zambrano, Félix Toribio Pillasagua Cedeño, Lauro Estuardo Avila Vera, José Miguel Pilay Vinces y Decsy Marilú Solórzano Mera; interponen recurso de apelación de la sentencia dictada por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Portoviejo; en igual forma lo hace por adhesión el abogado José Enrique Nebot Saadi, por su representado Banco de la Producción, Produbanco S. A., en el juicio colusorio que este último dedujera contra César Enrique Fernández Cevallos y Ana Margarita Bravo Román de Fernández, contra el Comité de Trabajadores de la Camaronera ?Piscícola Tonchigue? en las interpuestas personas de: Mayra Zambrano Vélez, Secretaria General; Ruth Vélez Villamar, Secretaria de Actos y Comisiones; Sary Sosa Zambrano, Secretaria de Defensa Jurídica; Félix Pillasua Cedeño, Secretario de Prensa y Propaganda; Lauro Avila Vera, Secretario de Finanzas; Decsy Solórzano Vera, Secretaria de Organización; José Pilay Vinces, Secretaria de Beneficencia y Cooperativismo; abogado Mauro Hipólito Panta Véliz, ex Inspector del Trabajo del Cantón Chone.- Habiéndose concedido aquel recurso ha correspondido su conocimiento a la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, una vez efectuada la redistribución de las causas entre las tres salas especializadas de esta materia por resolución del Pleno de este máximo Tribunal de Justicia y luego de su nueva integración; Sala que para resolver lo pertinente considera: PRIMERO.- Que el presente proceso colusorio es válido, puesto que se ha sustanciado en la forma que la ley exige. SEGUNDO.- El abogado José Enrique Nebot Saadi, en calidad de Procurador Judicial del Banco de la Producción S. A.,  Produbanco, comparece deduciendo demanda colusoria en contra de los referidos accionados; manifestando, en síntesis, que: Con fecha 17 de agosto de 1998, los cónyuges César Enrique Fernández Cevallos y Ana Margarita Bravo Román de Fernández, suscribieron un pagaré a favor de su representado Banco de la Producción S. A., Produbanco, por la cantidad de mil millones de sucres, con el plazo de 180 días, con el interés del 40% anual, el mismo que ha vencido el 17 de agosto de 1998; que en garantía de las obligaciones presentes y futuras, los antedichos cónyuges han constituido hipoteca abierta a favor de su prenombrado representado el 20 de noviembre de 1996, ante el doctor Enrique Díaz Ballesteros, Notario Décimo Octavo del cantón Quito, sobre el inmueble de una superficie aproximada de dieciocho mil metros cuadrados, comprendido dentro de los linderos especificados en tal escrito, ubicado en el sitio denominado ?Papagayo?, perteneciente a la parroquia 12 de Marzo, cantón Portoviejo, provincia de Manabí; que como el pagaré no ha sido cancelado por los obligados, el banco ha demandado ejecutivamente el cumplimiento de la obligación adeudada y la ejecución de la hipoteca constituida a su favor, iniciándose así el juicio Nº 69-99-CI, tramitado en el Juzgado Decimoprimero de lo Civil de Pichincha, dentro del cual se ha dictado sentencia y mandamiento de ejecución a favor del banco demandante, llegándose a señalar día y hora para el remate del bien hipotecado; que el remate no ha podido realizarse, por cuanto Miryam Zambrano Vélez, Secretaria General del Comité de Trabajadores de la Camaronera ?Piscícola Tonchigue?, ha comparecido manifestando que, dentro del conflicto colectivo de trabajo seguido por el  comité   contra  César  Fernández   Cevallos y su  cónyuge, se  han  efectuado varias  diligencias  como  la cancelación  del  referido  embargo  dispuesto  por  el  Juez Decimoprimero  de  lo  Civil  indicado  y  de  la  inscripción  del embargo  ordenado  por   el Inspector  del  Trabajo  de  Manabí, diligencia  que  ha  tenido lugar  el  21  de  marzo  del  2000;  que en virtud  de  esta  ?supuesta  traba?   para  poder  realizar  el  remate y que  su   representado  pueda   satisfacer  la  obligación  contraída, entabló  proceso  de  inspección  judicial  del  referido   inmueble, pudiéndose  comprobar  que  el  bien  se  encuentra  en  posesión de Ana  Margarita  Bravo Román  de  Fernández,  cónyuge  de  César Enrique  Fernández  Cevallos  y deudor  de  su  representado, quien ha  aducido  que  habitaba  el  inmueble  por  ?convenio  de  custodia y administración? suscrito  por  los   trabajadores  de  la  camaronera aludida, con  la  condición  de  desocuparlo  en  los  90  días posteriores  a  que  los  trabajadores logren  la  venta  del  bien; convenio  que  prevé  la  posibilidad  de  que  el  bien  llegue a  ser adquirido por  la mencionada; que  en  la  segunda  diligencia  de inspección  judicial  realizada  por  el  Juez Vigésimo  Tercero  de  lo Civil  de  Manabí  a  la  Inspectoría  de  Trabajo de  Manabí, para la revisión  pormenorizada  del  supuesto      expediente  del conflicto colectivo, se  ha  llegado  a conocer  que  el     remate  y  adjudicación de  esa  propiedad  a  favor  de  los  trabajadores se  ha  realizado  el 20 de  diciembre del  2002,  aseverando  el  actual  Inspector  del Trabajo  que  el  ?proceso existe pero  no  se  encuentra  en  los archivos  de  esa  dependencia?, por  cuanto  no  ha  sido  entregado por  el  abogado  Mauro  Hipólito  Panta  Véliz, ex  Inspector  del Trabajo  que  tenía  a  su  cargo   la  tramitación  del  conflicto colectivo;  que  de  todo  esto  se  puede colegir  que  este acto administrativo  fue  ?fraguado?  con  la  única   intención de perjudicar  al  banco  acreedor; que  ?con  la  omisión  de la notificación  previa  de  la  cancelación  del  embargo  del acreedor hipotecario,  se  ha  omitido  lo  estipulado   en  el  artículo  449 del Código  de<

 

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