Registro Oficial

Registro Oficial. 5 de JUNIO del 2006 Suplemento

Lunes, 05 de junio de 2006

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

\n \n \n \n
 
\n \n \n \n
   JUNIO DE 2006
\n \n \n \n
\n
 
\n

 
\n

Martes, 6 de junio de 2006 - R. O. No. 285
\n
SUPLEMENTO

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. RUBÉN DARIO ESPINOZA DIAZ
DIRECTOR
\n


FUNCIÓN EJECUTIVA
ACUERDOS:

\n

MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO:

\n

00365 Para fines de la aplicación del Decreto Supremo 1269, publicado en el Registro Oficial No. 295 de 25 de agosto de 1971, se entenderá por consumo todos los servicios que sean prestados por los establecimientos señalados en el decreto y categorizados como tales por el Ministro de Turismo (10% adicional a los consumos).

\n

00366 Expídese el Reglamento para el pago y legalización de las decimotercera, decimocuarta remuneraciones y del 15% de participación de utilidades.

\n

RESOLUCIONES:
CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES:

\n

275-11-CONATEL-2006 Modifícase la Resolución No 416-15-CONATEL-2005 de 14 de diciembre del 2005.

\n

FUNCIÓN JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:

\n

- Exclúyense de la carrera judicial de Función Judicial a varios funcionarios.

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
RESOLUCIONES:

\n

PRIMERA SALA

\n

0195-2005-RA Confírmase parcialmente la resolución pronunciada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No 3; acéptase el amparo propuesto por el ingeniero Luis Rafael Guachon Patino y otros; y, niégase el amparo constitucional propuesto por el señor Diego Fernando Ochoa Sánchez y otros.

\n

0275-05-RA Confírmase parcialmente la resolución pronunciada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No 3; acéptase la acción de amparo propuesta por el ingeniero Edison Oswaldo Toapanta Mendoza y otros; y, niégase el amparo propuesto por el doctor Luis Balcázar Cumbicus y otros.

\n

SEGUNDA SALA

\n

1077-2004-RA Revócase la decisión del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por Juan Bolívar Ordóñez Apolo.

\n

0257-2005-RA Confírmase la resolución del Tribunal de instancia y concédese el amparo solicitado por Ornar Verísimo Loor Gilces.

\n

TERCERA SALA

\n

0053-2005-HC Ratifícase la resolución venida en grado y niégase el recurso de hábeas corpus interpuesto por Nancy Jesús Vacacela Cuenca de Albarracín.

\n

0081-2005-HC Ratifícase la resolución venida en grado y niégase el recurso de hábeas corpus interpuesto a favor de José Augusto Puente Narváez.

\n

0101-2005-HC Ratifícase la resolución venida en grado y niégase el recurso de hábeas corpus interpuesto por el doctor Iván Durazno C., a favor de Víctor Aníbal Sánchez Álava.

\n

0002-2006-HC Ratifícase la resolución venida en grado y niégase el recurso de hábeas corpus interpuesto por el doctor Iván Durazno C., a favor de Patricia Alexandra Reyes Benavides.

\n

0023-2006-HC Revócase la resolución venida en grado y concédese el recurso de hábeas corpus interpuesto por el doctor Iván Durazno C., a favor de Hilda Patricia Cortés Estacio.

\n

0026-2006-HC Ratifícase la resolución venida en grado y niégase el recurso de hábeas corpus interpuesto por el doctor Diego Proaño Pérez, a favor de José Leonardo Salazar Ayala..

\n

ORDENANZA MUNICIPAL:

\n

- Cantón Girón: Reformatoria a la Ordenanza que reglamenta los procesos de contratación.

\n \n
\n

 

\n\n

No. 00365

\n\n

MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, el Art. 2 del Decreto Supremo No. 1269 de 20 de agosto\n de 1971, publicado en el Registro Oficial No. 295 de 25 de los\n mismos mes y año establece que corresponderá al\n Ministerio de Trabajo dictar mediante acuerdo ministerial, las\n disposiciones correspondientes a la recaudación, control\n y reparto de los valores correspondientes al 10% adicional a\n los consumos establecidos en tal decreto;

\n\n

Que, el mencionado decreto reconoció oportunamente\n el rubro del 10% adicional a los consumos como un elemento regulador\n de las propinas que reciben los trabajadores de hoteles, bares\n y restaurantes de lujo, primera y segunda categoría del\n país; y,

\n\n

En uso de las facultades contenidas en el Art. 79 numeral\n 6 de la Constitución Política de la República\n del Ecuador,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Artículo 1.- Para fines de la aplicación del\n Decreto Supremo 1269, publicado en el Registro Oficial No. 295\n de 25 de agosto de 1971, se entenderá por consumo todos\n los servicios que sean prestados por los establecimientos señalados\n en el decreto y categorizados como tales por el Ministro de Turismo.

\n\n

Artículo 2.- Son beneficiarios del 10% adicional al\n consumo todos los trabajadores sujetos al Código del Trabajo,\n y que presten sus servicios en empresas o establecimientos de\n hoteles, bares y restaurantes cuyas categorías se expresan\n más adelante, a excepción de los representantes\n legales de los establecimientos, en el caso de ser personas jurídicas,\n o sus propietarios o administradores en el caso de ser personas\n naturales.

\n\n

Artículo 3.- El 10% adicional al consumo se cobrará\n en las empresas o establecimientos de hoteles, bares y restaurantes\n de primera, segunda categorías y los denominados de lujo\n de conformidad con el Reglamento General de Actividades expedido\n por el Ministerio de Turismo.

\n\n

Artículo 4.- La recaudación, control y reparto\n del 10% adicional a todos los servicios que ofrecen los establecimientos\n indicados, pagados al contado o a crédito, seguirá\n el siguiente procedimiento:

\n\n

a) Los hoteles, bares y restaurantes determinados en el artículo\n 3 de este acuerdo, emitirán facturas o notas de venta\n por triplicado en las que se especifique el valor correspondiente\n al 10% adicional al consumo;

\n\n

b) Toda empresa o establecimiento determinado en el artículo\n 3 del presente acuerdo deberá entregar diariamente al\n representante de los trabajadores designado para el efecto, copia\n de las facturas o comprobantes de venta, con las que cobre al\n usuario el consumo o servicio;

\n\n

c) En las empresas o establecimientos donde haya organización\n sindical, será esta la que designe el representante de\n los trabajadores, donde no lo haya los trabajadores en asamblea\n general en forma directa y secreta DESIGNARAN cada año\n su representante, el que podrá ser removido por la asamblea\n general en cualquier tiempo. Copias de las respectivas actas\n serán remitidas al Inspector del Trabajo de la respectiva\n jurisdicción; y,

\n\n

d) El empleador distribuirá a los trabajadores mensualmente\n el monto recaudado en ese período en partes iguales, en\n facturas o notas de venta, debiendo autorizar el Servicio de\n Rentas Internas - S.R.I., en planillas separadas al pago de las\n remuneraciones, una copia de estas planillas serán remitidas\n al Ministerio de Trabajo y Empleo y otra será entregada\n al representante de los trabajadores.

\n\n

Artículo 5.- La recaudación y reparto se hará\n por cada establecimiento individual, aunque el empleador tenga\n a su cargo dos o más establecimientos de las categorías\n señaladas en el presente acuerdo. Los valores recaudados\n corresponderán a los trabajadores de cada establecimiento\n por separado. Se prohíbe unificar la recaudación\n de establecimientos distintos, aunque pertenecieren al mismo\n empleador.

\n\n

Artículo 6.- Las organizaciones laborales legalmente\n constituidas que patrocinen las respectivas asociaciones del\n sector de hoteles, bares y restaurantes y los representantes\n de cada establecimiento determinados en el literal c) del presente\n acuerdo, vigilarán la aplicación del Decreto 1269,\n el presente acuerdo y denunciarán a las autoridades del\n trabajo cualquier violación, alteración o incumplimiento.

\n\n

Artículo 7.- El empleador que por cualquier motivo\n dejare de cobrar el 10% adicional al consumo en las empresas\n o establecimientos determinados en el Decreto Supremo 1269 y\n el presente acuerdo, pagarán a los trabajadores los valores\n que dejaren de recaudar con el triple de recargo por su omisión\n en dicho cobro, a excepción de los casos de eventos beneficios\n exonerados del pago del IVA.

\n\n

Artículo 8.- El empleador que recaude y no entregue\n a los trabajadores el 10% adicional al consumo, o reparta en\n montos inferiores a los debidos, deberá pagar a los trabajadores\n los valores no entregados con el triple de recargo por el período\n de tiempo transcurrido desde que la obligación se hizo\n exigible, sin perjuicio de las demás sanciones que el\n hecho acarree.

\n\n

Artículo 9.- Se prohíbe a todas las empresas\n o establecimientos señalados en los artículos 2\n y 3 de este acuerdo, la entrega a clientes de prefacturas y de\n los vouchers de tarjeta de crédito con espacios abiertos\n o en blanco, esto es sin cerrar con los valores finales. Las\n prefacturas solamente podrán pedir la información\n necesaria para que el cliente señale los datos que deberán\n constar en la factura, y de ninguna manera sugerirán al\n cliente un pago adicional por ningún concepto. Quienes\n incumplan esta disposición serán sancionados de\n conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Defensa\n del Consumidor.

\n\n

Artículo 10.- El Director Regional del Trabajo de la\n respectiva jurisdicción será el encargado del control\n y de la ejecución del presente acuerdo; además\n resolverá cualquier duda que sugiera en la aplicación\n del presente acuerdo y del Decreto No. 1269. Su resolución\n causará ejecutoria.

\n\n

Artículo 11.- El presente acuerdo comenzará\n a regir desde la fecha de su suscripción sin perjuicio\n de su publicación en el Registro Oficial.- Comuníquese.

\n\n

Quito, D. M. 24 de mayo del 2006.

\n\n

f.) Dr. Galo Chiriboga Zambrano, Ministro de Trabajo y Empleo.

\n\n

 

\n\n

No.\n 00366

\n\n

Dr. Galo Chiriboga Zambrano
\n MINISTRO DE TRABAJO Y EMPLEO

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, es deber del Ministerio de Trabajo y Empleo velar y precautelar\n el cumplimiento efectivo de las disposiciones legales, sobre\n el pago de remuneraciones adicionales y participación\n de utilidades, a que están obligados los empleadores respecto\n de sus trabajadores de conformidad con lo que establece el Código\n del Trabajo;

\n\n

Que, el Código del Trabajo en su parte pertinente establece\n la obligatoriedad de los empleadores de cancelar los valores\n correspondientes a la decimotercera, decimocuarta remuneración\n y el 15% de participación de utilidades y siendo necesario\n el establecimiento de mecanismos de control que garanticen el\n cumplimiento de ese deber y el ejercicio de esos derechos;

\n\n

Que, mediante Acuerdo N° 013 de 2 de febrero del 2005,\n publicado en el Registro Oficial N° 523 de 14 de febrero\n del 2005, se deroga el Acuerdo Ministerial N° 0131 el Reglamento\n para el pago y legalización de las decimotercera, decimocuarta\n remuneraciones y del 15% de participación de utilidades;

\n\n

Que, existen dudas sobre la aplicación de las disposiciones\n reglamentarias sobre el reparto del 5% de utilidades para los\n trabajadores de las empresas, en proporción al número\n de hijos menores de 18 años, hijos minusválidos\n de cualquier edad, que estén a su cargo y cuidado, y de\n él o de la cónyuge o conviviente que no realice\n actividad alguna remunerada con relación de dependencia;

\n\n

Que, se han venido presentando dudas sobre la aplicación\n de las disposiciones contempladas en el Código del Trabajo\n en lo relacionado con el pago de la decimotercera, decimocuarta\n remuneración; y, 15% de participación de utilidades;\n en orden a lo expuesto deben quedar claramente definidos los\n procedimientos administrativos que coadyuven a la correcta aplicación\n del Código del Trabajo en esta materia; y,

\n\n

En uso de sus atribuciones que le confiere el Art. 179 numeral\n 6 de la Constitución Política del Ecuador y la\n ley,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Expedir el presente "Reglamento para el pago y legalización\n de las decimotercera, decimocuarta remuneraciones y del 15% de\n participación de utilidades".

\n\n

TITULO PRIMERO
\n DE LA DECIMOTERCERA REMUNERACION

\n\n

Art. 1.- Para el cálculo de la decimotercera remuneración\n se observará lo dispuesto en los artículos 111\n y 95 de Código del Trabajo, conforme a los cuales los\n trabajadores en ningún caso tendrán derecho a percibir\n valores inferiores a los establecidos en la tabla salarial específica\n de cada ocupación.

\n\n

Art. 2.- La fecha de presentación de los formularios\n del pago de esta remuneración adicional a ser legalizados\n rige a partir de la fecha límite de pago establecida en\n la ley, los mismos que se presentarán hasta dentro de\n los quince días posteriores; es decir se paga hasta el\n 24 de diciembre de cada año y se presenta hasta el 8 de\n enero del año venidero.

\n\n

TITULO SEGUNDO

\n\n

DE LA DECIMOCUARTA REMUNERACION

\n\n

Art. 3.- El pago de la decimocuarta remuneración será\n conforme las disposiciones constantes en el Art. 113 reformado\n del Código del Trabajo, esto es una remuneración\n básica mínima unificada vigente a la fecha del\n pago.

\n\n

Art. 4.- La fecha de presentación de los formularios\n del pago de esta remuneración adicional a ser legalizados\n rige a partir de la fecha límite de pago establecida en\n la ley, los mismos que se presentarán hasta dentro de\n los quince días posteriores; es decir se paga hasta el\n 15 de septiembre de cada año y se presenta hasta el 30\n de septiembre, esto en lo que se refiere a la región Sierra\n y Oriente.

\n\n

Para la región Costa y región Insular se pagará\n hasta el 15 de abril y se presentará hasta el 30 de abril\n del mismo año.

\n\n

TITULO TERCERO

\n\n

DE LAS UTILIDADES

\n\n

Art. 5.- Para la legalización del informe empresarial\n sobre participación de utilidades, será de acuerdo\n a lo estipulado en el Código del Trabajo en sus Arts.\n 105 y 97, debiendo anexar al formulario respectivo, la declaración\n del formulario impuesto a la renta debidamente registrado.

\n\n

Art. 6.- Se considerará para el cálculo del\n 15% de participación de utilidades lo declarado en el\n Servicio de Rentas Internas en el formulario respectivo.

\n\n

DEL 10% DE PARTICIPACION DE
\n UTILIDADES

\n\n

Art. 7.- Para el cálculo del 10% se tomará en\n consideración el tiempo de trabajo, sin realizar diferenciación\n alguna con el tipo de ocupación del trabajador, esto es,\n se sumará el tiempo de trabajo de todos los trabajadores.\n El valor del 10% se dividirá para dicho valor y el resultado\n será la alícuota que, multiplicado por el tiempo\n de trabajo de cada trabajador será el valor correspondiente\n al 10%.

\n\n

Art. 8.- Unificación de utilidades.- La Dirección\n Regional del Trabajo de cada circunscripción territorial\n conocerá y resolverá previamente la autorización\n de unificación de utilidades, dadas por vinculación\n o por relación, que será conferida, para el primer\n caso mediante aprobación del Director Regional del Trabajo\n respectivo y en el segundo mediante acuerdo ministerial suscrito\n por el Ministro del Trabajo y Empleo. Una vez obtenido este documento,\n se anexará una copia simple, para la legalización\n del formulario.

\n\n

De variar las circunstancias que determinaron las autorizaciones\n concedidas, estas deberán ser actualizadas.

\n\n

Art. 9.- Las empresas que deseen efectuar el trámite\n referido al Art. 100 del Código del Trabajo deberán\n presentar la siguiente documentación:

\n\n

a) Petición de unificación especificando claramente\n si se trata de vinculación es decir en aplicación\n de lo que dispone el Art. 100 del código de la materia\n o relación conforme lo prescrito en el Art. 103 del mismo\n cuerpo legal, deberá estar suscrita por el representante\n legal de la empresa recurrente y de su abogado patrocinador;

\n\n

b) Copia certificada de la escritura de constitución\n de la empresa donde conste claramente el objeto social;

\n\n

c) Copia certifica del nombramiento del representante legal\n debidamente registrado que corresponda al período de legalización;

\n\n

d) Copia certificada del registro único de contribuyentes;\n y,

\n\n

e) Copia certificada de los documentos personales del representante\n legal: cédula de ciudadanía y certificado de votación\n de la última elección.

\n\n

Art. 10.- De no existir trabajadores en la empresa, ésta\n está obligada a presentar el formulario de pago de utilidades\n para su respectiva legalización, anexando la declaración\n del Impuesto a la Renta, más la declaración juramentada\n de no poseer trabajadores.

\n\n

Art. 11.- En el caso de los mandatarios de las empresas que\n poseen estatutariamente la facultad de representar y obligar\n a la empresa, tales como: gerentes generales, presidentes ejecutivos,\n o las personas contempladas en el Art. 308 del Código\n del Trabajo; los mismos, al no estar amparados por el Código\n del Trabajo, no gozan del derecho a recibir el 15% de participación\n de utilidades.

\n\n

Pero si el mandato no otorga poder de representación\n legal, el mandatario será considerado como empleado.

\n\n

Art. 12.- La fecha de presentación de los formularios\n de pago de participación de utilidades rige a partir de\n la fecha límite de pago establecida en la ley 15 de abril\n de cada año, los mismos que se presentarán hasta\n dentro de los quince días posteriores, 30 de abril del\n mismo año.

\n\n

En el caso de depósito en el Ministerio de Trabajo\n por valores no cobrados por los trabajadores el plazo de presentación\n será hasta el 15 de mayo.

\n\n

DEL 5% DE PARTICIPACION DE UTILIDADES

\n\n

Art. 13.- Las empresas deberán solicitar en forma escrita\n cada año a sus trabajadores y ex trabajadores que presenten\n los requisitos para tener derecho al 5% de utilidades. Los trabajadores\n para ser beneficiarios del 5% de utilidades, deberán comprobar\n hasta el 31 de diciembre de cada año ante el representante\n o delegado de la empresa, trabajo social de la empresa o servicio\n social laboral de las direcciones regionales de trabajo; la paternidad,\n tenencia, edad y supervivencia de los hijos menores de 18 años,\n hijos minusválidos de cualquier edad que estén\n bajo su cuidado y protección; así como, de él\n o la cónyuge o conviviente que no estén realizando\n actividad alguna con relación de dependencia. Para certificar\n dicha información el trabajador entregará la siguiente\n documentación: partidas de nacimiento, partida de matrimonio,\n o declaración juramentada en caso de convivientes, para\n el cobro de terceras personas un poder notariado.

\n\n

Art. 14.- En caso de que los hijos menores de edad, minusválidos\n o discapacitados no estén a cargo y cuidado del trabajador,\n y la empresa no cuente con el Departamento de Trabajo Social,\n previo a un informe social, remitirán a la Unidad de Servicio\n Social Laboral de las direcciones regionales, los valores que\n corresponden al 5% de utilidades, los mismos que serán\n entregados a la persona o institución que estén\n bajo su responsabilidad, así como también en caso\n de separación de él o la cónyuge o conviviente.

\n\n

Art. 15.- En el caso del artículo anterior, el Departamento\n de Trabajo Social de la empresa, la Unidad de Servicio Social\n Laboral de las direcciones regionales de trabajo, supervisarán\n que dichos valores sean utilizados en gastos que vayan en beneficio\n directo de los menores de 18 años y de las personas discapacitadas\n de cualquier edad.

\n\n

Art. 16.- En caso de fallecimiento del trabajador, los herederos\n deberán presentar la posesión efectiva, para cancelar\n el 5% de utilidades.
\n Art. 17.- Para calcular los valores a recibir por cargas familiares\n se tomarán en cuenta dos factores: tiempo laborado anual\n por número de cargas de cada trabajador, sumar dichos\n valores; el monto total del 5% de utilidades se dividirá\n para el valor producto de la sumatoria obteniendo una alícuota,\n la misma que se multiplicará al resultante de tiempo por\n cargas familiares de cada trabajador.

\n\n

Art. 18.- Si el hijo hubiere nacido o fallecido en el lapso\n de tiempo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre\n de cada año, el trabajador percibirá el 5% de utilidades\n de forma íntegra. El hijo se considerará haber\n existido, si es separado completamente del vientre materno por\n más de veinte y cuatro horas mínimo. Igual tratamiento\n se dará al caso en que el hijo cumpla la mayoría\n de edad, en el tiempo señalado.

\n\n

Similares derechos tienen él o la cónyuge, conviviente,\n en caso de haber contraído matrimonio, haberse establecido\n en unión libre, o que hubiere fallecido, durante el tiempo\n antes señalado.

\n\n

Art. 19.- En caso de trabajar en la misma empresa marido y\n mujer o conviviente, subsiste el derecho del 5% de utilidades,\n lo que corresponde separadamente por título propio.

\n\n

Art. 20.- En caso de tener cargas familiares únicamente\n un trabajador, éste será beneficiado con la totalidad\n del 5% de utilidades. Así mismo, cuando los trabajadores\n no tengan cargas familiares, dichos valores serán distribuidos\n entre todos los trabajadores.

\n\n

Art. 21.- Cualquier reclamación que tuviere un trabajador\n con respecto al reparto del 15% de utilidades, los formulará\n por escrito ante las inspectorías de trabajo de cada provincia\n o direcciones regionales de trabajo según su jurisdicción.\n Por lo que si existe algún reclamo del 5% que es función\n de la Unidad de Servicio Social, el Director respectivo dispondrá\n a la unidad mencionada atender el pedido relacionado con el 5%\n de participación de utilidades.

\n\n

TITULO CUARTO

\n\n

DISPOSICIONES GENERALES

\n\n

Art. 22.- Los ex trabajadores, o trabajadores activos de la\n Empresa, que no hubieren podido cobrar los valores correspondientes\n a estos beneficios serán depositados, mediante cheque\n certificado a la orden del Ministerio de Trabajo y Empleo o dinero\n en efectivo, adjuntando para ello un listado de la nómina\n de los trabajadores indicados, donde conste claramente el total\n del depósito.

\n\n

Art. 23.- Para proceder al cobro de los valores depositados,\n se requerirá que el beneficiario presente copia de la\n cédula de ciudadanía y certificado de votación,\n en el caso de fallecimiento del beneficiario, sus herederos presentarán\n la posesión efectiva correspondiente.

\n\n

Art. 24.- En caso de fallecimiento del trabajador, los herederos\n deberán presentar la posesión efectiva, para cancelar\n el 15% de utilidades.

\n\n

Art. 25.- Para la presentación de los informes empresariales\n de la decimotercera, decimocuarta remuneración y participación\n de utilidades se deberá adjuntar los siguientes requisitos:

\n\n

l. Formulario íntegramente lleno, sin enmendadura alguna\n y con la información completa.

\n\n

2. Dentro de la nómina de trabajadores no deben constar\n quienes ejercen dentro de la empresa la calidad de mandatarios,\n conforme a lo establecido en el inciso primero del Art. 308 del\n Código del Trabajo; por lo que para su verificación\n deberá adjuntarse copia simple del documento debidamente\n legalizado en las diferentes entidades encargadas del control\n y registro que pruebe la representación legal, durante\n el periodo reportado.

\n\n

3. Nómina en orden alfabético en lo posible,\n con la distinción clara de la ocupación, esto es\n sin categorizaciones genéricas (obrero, trabajador, empleado,\n etc.).

\n\n

4. En caso de existir retenciones judiciales estas serán\n debidamente justificadas por parte del empleador a fin de salvaguardar\n los derechos de los menores beneficiados. Al igual que los anticipos\n de utilidades otorgados a los trabajadores.

\n\n

5. De haberse procedido el pago mediante acreditación\n en las cuentas de ahorro o corrientes a órdenes de los\n trabajadores, el formulario respectivo deberá contener\n toda la información requerida, adjuntando la certificación\n y la acreditación bancaria en las cuentas respectivas,\n con la firma y sello de responsabilidad tanto de la empresa como\n de la institución bancaria, debiendo en esta identificarse\n el concepto de la acreditación y el total de los valores\n depositados.

\n\n

TITULO QUINTO

\n\n

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

\n\n

Art. 26.- Los días de mayor afluencia de público\n (fechas de presentación de formularios) se procederá\n a ingresar los datos de la empresa de manera muy general en el\n banco de datos del Ministerio de Trabajo (Unidad Técnica\n Salarial), sin que la presentación garantice la legalización\n del documento, debiendo los interesados presentarse dentro del\n término de 20 días de su presentación a\n fin de verificar si el formulario cumple con los requisitos para\n proceder con la legalización correspondiente.

\n\n

Art. 27.- En caso de falta de pago de estas obligaciones los\n directores regionales del trabajo sancionarán al empleador\n por cada uno de los casos incumplidos; sin perjuicio de la multa\n impuesta por la no presentación o fuera del tiempo legalmente\n establecido, para tal efecto se efectuará en base al programa\n de cálculo de multas de la decimotercera, decimocuarta\n y 15% de participación de utilidades.

\n\n

Art. 28.- Tanto las direcciones regionales del trabajo y las\n delegaciones provinciales contarán con una base de datos\n que permitan el procesamiento de los informes empresariales ingresados\n a cada jurisdicción.

\n\n

De la ejecución del presente acuerdo ministerial, que\n entrará en vigencia sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial, encárguese a la Unidad Técnica\n Salarial de esta Cartera de Estado.

\n\n

Dado en Quito a, 24 de mayo del 2006.

\n\n

f.) Dr. Galo Chiriboga Zambrano, Ministro de Trabajo y Empleo.

\n\n

 

\n\n

No.\n 275-11-CONATEL-2006

\n\n

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES,\n
\n CONATEL

\n\n

Considerando:

\n\n

Que en el Registro Oficial 770 del 30 de agosto de 1995, se\n publicó la Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones,\n mediante la cual se crea el Consejo Nacional de Telecomunicaciones,\n CONATEL;

\n\n

Que el Consejo Nacional de Telecomunicaciones es el ente de\n administración y regulación de las telecomunicaciones\n en el país;

\n\n

Que mediante Resolución 769-31-CONATEL-2003, el Consejo\n Nacional de Telecomunicaciones, expidió el Reglamento\n de Derechos por Concesión y Tarifas por Uso de Frecuencias\n del Espectro Radioeléctrico, el mismo que se encuentra\n publicado en el Registro Oficial 242 del 30 de diciembre del\n 2003;

\n\n

Que el Consejo Nacional de Telecomunicaciones mediante Resolución\n 416-15-CONATEL-2005 de 14 de diciembre del 2005, modificó\n el Reglamento de Derechos de Concesión y Tarifas por Uso\n de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico;

\n\n

Que mediante oficio SNT-2005-2129 de 14 de diciembre del 2005,\n la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones solicita\n al CONATEL se amplíe el plazo establecido en la Resolución\n 416-15-CONATEL-2005 de 14 de diciembre del 2005, para el pago\n de tarifas por el uso de frecuencias, a diez días laborables;\n y,

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones,

\n\n

Resuelve:

\n\n

ARTICULO UNICO.- Modificar el artículo doce de la Resolución\n 416-15-CONATEL-2005 de 14 de diciembre del 2005, por el siguiente\n texto:

\n\n

Donde dice:

\n\n

Las facturas deberán ser canceladas en el plazo de\n ocho días contados a partir de su emisión; vencido\n este plazo, el concesionario pagará el valor de las tarifas,\n los impuestos de ley y el interés causado por la mora.

\n\n

Debe decir:

\n\n

Las facturas deberán ser canceladas en diez días\n laborables contados a partir de su emisión; vencido este\n término, el concesionario pagará el valor de las\n tarifas, los impuestos de ley y el interés causado por\n la mora.

\n\n

La presente resolución entrará en vigencia a\n partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en Quito a, 25 de abril del 2006.

\n\n

f.) Dr. Juan Carlos Solines Moreno, Presidente del CONATEL.

\n\n

f.) Ab. Ana María Hidalgo Concha, Secretaria del CONATEL.

\n\n

CERTIFICO es fiel copia del original.- f.) Secretaria, CONATEL.

\n\n

 

\n\n

LA\n CORTE SUPREMA DE
\n JUSTICIA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que la disposición transitoria quinta de la Ley 2005-001\n del 18 de mayo del 2005 (Registro Oficial 26 de 26 de mayo del\n 2005) dispuso que la Corte Suprema de Justicia designada de conformidad\n con dicha ley, "Procederá a la reestructuración\n del Consejo Nacional de la Judicatura";

\n\n

Que el proceso de reestructuración no ha concluido\n con la designación de los nuevos vocales, principales\n y alternos, del Consejo Nacional de la Judicatura;

\n\n

Que la reestructuración del Consejo Nacional de la\n Judicatura debe entenderse como un proceso de cambio estructural,\n en el ámbito de la planificación administrativa,\n técnica, laboral, y, a la innovación de métodos\n y procedimientos; así como, a la aplicación y ejecución\n de las políticas actualizadas que expida la Corte Suprema\n de Justicia;

\n\n

Que es necesario crear las condiciones necesarias para que\n la reestructuración opere eficientemente en el campo administrativo,\n de tal forma que se facilite la designación de nuevos\n cuadros directivos, acordes con las necesidades técnicas\n del proceso de modernización, de la acción administrativa\n y evaluadora del Consejo Nacional de la Judicatura;

\n\n

Que es necesario definir la situación legal de los\n servidores del Consejo Nacional de la Judicatura que están\n incursos en la carrera judicial, como la de aquellos, que por\n la naturaleza de sus funciones, no pueden ser incluidos en la\n carrera judicial, por ser designados a período fijo o\n por ser considerados de libre remoción; y,

\n\n

En uso de sus atribuciones y deberes:

\n\n

Resuelve

\n\n

Art. 1.- Quedan excluidos de la carrera judicial de la Función\n Judicial:

\n\n

a) Los servidores del Consejo Nacional de la Judicatura que\n ejerzan funciones con nombramiento a período fijo, establecido\n en la ley, los reglamentos y más normas pertinentes; y,

\n\n

b) Los que ejercen funciones de directores, delegados distritales,\n asesores, y jefes departamentales de las diversas unidades administrativas\n del Consejo Nacional de la Judicatura.

\n\n

Art. 2.- El Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura nombrará,\n previo el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley\n y reglamentos, y, removerá libremente a los servidores\n que ocupan los cargos señalados en el artículo\n anterior. La remoción así efectuada no constituye\n destitución ni sanción disciplinaria de ninguna\n naturaleza.

\n\n

Art. 3.- El funcionario de carrera administrativa de la Función\n Judicial que de cualquier modo o circunstancia llegare a ocupar\n uno de los puestos previsto en el artículo 1, salvo que\n lo desempeñe por encargo o subrogación, perderá\n su condición de carrera y podrá ser libremente\n removido.

\n\n

DISPOSICION GENERAL

\n\n

Para efecto de viabilizar el proceso de reestructuración\n del Consejo Nacional de la Judicatura, se dejan sin efecto los\n encargos que se hubieren dispuesto hasta la presente fecha, debiendo\n el personal correspondiente retornar a las funciones de su nombramiento\n original, en un término no mayor a cinco días.

\n\n

DISPOSICION TRANSITORIA

\n\n

Para el cumplimiento y ejecución de lo señalado\n en la disposición quinta de la ley, a la que se refiere\n el considerando primero de esta resolución, el Pleno de\n la Corte Suprema de Justicia procederá a designar una\n comisión para la reestructuración del Consejo Nacional\n de la Judicatura, integrada por cinco magistrados.

\n\n

DISPOSICION FINAL

\n\n

La presente resolución entrará en vigencia a\n partir de esta fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial; y, de su ejecución inmediata se\n encarga al Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura.

\n\n

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n en el salón de sesiones de la Corte Suprema de Justicia,\n a los veinticinco días del mes de mayo del año\n dos mil seis.

\n\n

f.) Dr. Jaime Velasco Dávila, Presidente (V.C.).

\n\n

f.) Dr. José Vicente Troya Jaramillo, Magistrado (V.C.).

\n\n

f.) Dr. Hernán Salgado Pesantes, Magistrado (V.C.).

\n\n

f.) Dr. Marco Antonio Guzmán Carrasco, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. Jorge Jaramillo Vega, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. Jorge Endara Moncayo, Magistrado (V.C.).

\n\n

f.) Dr. Teodoro Coello Vázquez, Magistrado (V.C.).

\n\n

f.) Dr. César Montaño Ortega, Magistrado (V.C.).

\n\n

f.) Dr. Joffre García Jaime, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. Eduardo Franco Loor, Magistrado.

\n\n

f.) Dra. Pilar Sacoto Sacoto, Magistrada.

\n\n

f.) Dr. Roberto Gómez Mera, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. Alfredo Jaramillo Jaramillo, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. Daniel Encalada Alvarado, Magistrado (Abstención).

\n\n

f.) Dr. Gastón Alarcón Elizalde, Magistrado\n (V.C.).

\n\n

f.) Dr. Mauro Terán Cevallos, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. Luis Abarca Galeas, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. Alfonso Zambrano Pasquel, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. Hernán Peña Toral, Magistrado (V.C.).

\n\n

f.) Dra. Ana Abril Olivo, Magistrada.

\n\n

f.) Dr. Rubén Andrade Vallejo, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. Viterbo Zevallos Alcívar, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. Rubén Bravo Moreno, Magistrado.

\n\n

f.) Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria General, (E).

\n\n

RAZON: Las cuatro copias que anteceden son iguales a sus originales\n que reposan en los libros de la Secretaría General.- Certifico.-\n Quito, 30 de mayo del 2006.

\n\n

f.) Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria General encargada.

\n\n

 

\n\n

Quito D.\n M., 10 de mayo de 2006.-

\n\n

No. 0195-2005-RA

\n\n

Vocal ponente: Doctor Juan Montalvo\n Malo

\n\n

En el caso signado con el No. 0195-2005-RA

\n\n

"LA PRIMERA SALA DEL
\n TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

ANTECEDENTES:

\n\n

Los señores ING. LUIS RAFAEL GUACHON PATIÑO,\n ING. JOSE ALBERTO MERECI CÁRDENAS, DRA. KATIANA BEATRIZ\n SILVA SALAZAR, DR. PABLO RAFAEL OCHOA RUILOVA, LCDA. PAULINA\n BEATRIZ BUSTAMANTE CASTRO, DR. NORMAN FABIAN ESPARZA ORTIZ, ING.\n DIEGO FERNANDO OCHOA SANCHEZ, LIVIA PEPITA AREVALO CASTRO, CÉSAR\n AUGUSTO RIVERA GUAYCHA, ECON. DOLORES YULIZA CONZA OJEDA, ING.\n KELLY CARMEN ELIZALDE FERNANDEZ, comparecen ante el Tribunal\n de lo Contencioso Administrativo No. 3 de Cuenca, e interponen\n acción de amparo constitucional en contra de los señores\n Alcalde y Procurador Síndico del Municipio de Loja.

\n\n

Manifiestan que fueron contratados por la anterior administración\n Municipal de Loja, para la prestación de sus servicios\n lícitos y personales, en base a su capacidad profesional,\n prestando sus servicios de manera continuada durante varios años,\n fluctuando entre los 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sin que haya sido interrumpida\n la relación laboral por ninguna circunstancia, habiéndose\n utilizado para sus contratos la Ley de Servicios Personales,\n los mismos que se los realizaba al inicio de un nuevo año\n calendario, siendo necesario indicar que esta Ley tenía\n el objetivo de permitir a las entidades del sector público\n que contraten personal por una sola vez y por sólo noventa\n días, sin opción a renovación; pero, esta\n ley fue derogada el 6 de octubre de 2003; y, sin embargo del\n impedimento legal invocado, violando preceptos jurídicos\n y sin utilizar los mecanismos legales de la anterior Ley de Servicio\n Civil y Carrera Administrativa y la actual Ley Orgánica\n de Servicio Civil y Carrera Administrativa y Unificación\n y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público,\n nunca se les comunicó de la terminación de sus\n contratos de trabajo y, al contrario, se los renovaba continuamente,\n indicando que para el último contrato del 1 de enero de\n 2004 al 31 de diciembre de 2004, se utiliza la ley derogada,\n constituyendo un atropello en contra de las normas legales vigentes\n y sus legítimos derechos.

\n\n

Señalan que las mismas autoridades Municipales anteriores\n tenían la obligación de entregarles sus nombramientos,\n puesto que su actitud laboral, por propia actuación de\n las autoridades, la convirtieron en una relación de trabajo\n permanente y continua; sin embargo de lo mencionado, fueron despedidos\n de sus funciones asignadas. El nuevo Alcalde, ratifica en su\n cargo al Procurador Síndico y entre otros nombramientos\n se designan los cargos de Director de Obras Públicas Municipales,\n Jefe de Personal, Administrador del Patronato Municipal, Director\n de Higiene Municipal, Jefe de la Unidad de Tránsito, quienes\n con la disposición de los representantes legales Municipales,\n inician las acciones para despedirlos de sus labores, y con ayuda\n de la Policía Municipal cerraron sus locales de trabajo,\n cambiando cerraduras y, utilizando la fuerza los obligan a entregar\n los bienes Municipales, lo cual ocurrió en todas las dependencias\n del Municipio citadas anteriormente.

\n\n

Consideran que los despidos fueron ejecutados en forma arbitraria,\n sin cumplirse con las determinaciones legales establecidas en\n la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa\n y Unificación y Homologación de las Remuneraciones\n del Sector Público, violando principios constitucionales\n consagrados en los artículos 23 numeral 27; 24 numeral\n 10; 35; 119; y, 124 de la Constitución de la República;\n además de expresas normas legales constantes en los artículos\n 4; 18; 21; 49; 50 de la Ley Orgánica de Servicio Civil\n y Carrera Administrativa; y, artículo 72 numeral 24 de\n la Ley de Régimen Municipal.

\n\n

Con tales antecedentes, solicitan que se deje sin efecto el\n despido del que han sido objeto por parte de la I. Municipalidad\n de Loja; y, se ordene el reintegro a sus labores, que han venido\n ejerciendo durante varios años en forma permanente, por\n causarles daño inminente, a más de grave e irreparable.

\n\n

En la audiencia pública llevada a cabo el 11 de febrero\n de 2005 ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo No.\n 3 de Cuenca, comparecen los accionantes acompañados de\n su Abogado Defensor, quienes se ratifican en los fundamentos\n de hecho y derecho de la acción propuesta. Por su parte\n los demandados, por intermedio de su Defensor, señalan\n que las leyes que reglan las relaciones de las instituciones\n del Estado con sus servidores son: La Ley Orgánica de\n Servicio Civil y Carrera Administrativa y, la Ley de la Jurisdicción\n Contencioso Administrativa, determinando la primera, las causas\n de destitución, garantiza la estabilidad de los servidores\n y, faculta quien sea cesado ilegítimamente de sus funciones\n a demandar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo\n dentro de los 90 días según lo que prescribe el\n artículo 98; y, la segunda, en concordancia con la anterior\n norma el procedimiento para el recurso de plena jurisdicción\n que ampara los derechos subjetivos del administrado que no sean\n reconocidos por la autoridad administrativa; indica que, nuestro\n ordenamiento jurídico prevé los procedimientos\n especiales para el presente caso, siendo residual el recurso\n de amparo constitucional para cuando no existan normas que amparen\n los derechos de los administrados, tomando como argumento lo\n pronunciado por el Tribunal Constitucional en el sentido de que\n el recurso de amparo no puede sustituir a la administración\n de justicia ordinaria, ya que el mismo procede en casos extraordinarios\n cuyo efecto sea la violación de derechos consagrados en\n la Constitución, pues de no ser así no tendrían\n razón de ser y debían ser derogadas las disposiciones\n de la Ley de Servicio Civil y de la Jurisdicción Contenciosa\n que protegen los derechos de los servidores públicos,\n por lo que solicita se rechace el recurso propuesto. El Delegado\n de la Procuraduría General del Estado presenta sus posiciones\n por escrito y manifiesta que los actos de gobierno, es decir\n lo que implican el ejercicio directo de una atribución\n constitucional, no son susceptibles de acción de amparo;\n que, igualmente es improcedente cuando se sustenta exclusivamente\n en la ilegitimidad del acto administrativo y no lleva consigo\n una violación de norma constitucional alguna y no se demuestre\n la inminencia y la gravedad del daño, por lo que solicita\n que se declare sin lugar la acción planteada por improcedente\n y se disponga su archivo inmediato.

\n\n

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo No. 3 de Cuenca,\n mediante resolución pronunciada el 15 de febrero de 2005,\n acepta el amparo constitucional deducido por los recurrentes,\n declara suspendidos los efectos del acto impugnado producidos\n por la I. Municipalidad de Loja, debiendo ser reintegrados a\n los cargos que venían desempeñando de forma inmediata;\n y, luego, concede el recurso de apelación formulado por\n los señores Alcalde y Procurador Síndico del I.\n Municipio de Loja.

\n\n

Con estos antecedentes, la Sala, para resolver realiza las\n siguientes:

\n\n

CONSIDERACIONES:

\n\n

PRIMERA.- El Tribunal Constitucional, de acuerdo con el numeral\n 3 del Art. 276 de la Constitución Política de la\n República, es competente para conocer y resolver en este\n caso.

\n\n

SEGUNDA.- Para que proceda la acción de amparo constitucional\n establecida en el inciso primero del Art. 95 de la Carta Suprema\n del Estado, es necesario que concurran en forma simultánea\n los siguientes elementos; a) Que exista un acto u omisión\n ilegítimo de una autoridad pública; b) Que ese\n acto u omisión viole o pueda violar cualquier derecho\n consagrado en la Constitución, convenio o tratado internacional\n vigente; y c) Que de modo inminente amenace causar grave daño.

\n\n

TERCERA.- Un acto proveniente de la autoridad pública\n es ilegítimo cuando se lo ha expedido sin tener competencia\n para ello, o sin observar el procedimiento establecido en el\n ordenamiento jurídico, o es contrario a dicho ordenamiento\n jurídico, o es arbitrario, esto es sin fundamento o sin\n la suficiente motivación.

\n\n

CUARTA.- Los contratos que obran de autos establecen que los\n actores ingeniero Ing. Luis Rafael Guachon Patiño, Ing.\n José Alberto Mereci Cárdenas, Dra. Katiana Beatriz\n Silva Salazar, Dr. Pablo Rafael Ochoa Ruilova, Lcda. Paulina\n Beatriz Bustamante Castro, Dr. Norman Fabián Esparza Ortiz,\n Ing. Diego Fernando Ochoa Sánchez, Livia Pepita Arévalo\n Castro, César Augusto Rivera Guaycha, Econ. Dolores Yuliza\n Conza Ojeda, Ing. Kelly Carmen Elizalde Fernández, se\n encuentran vinculados para desempeñar funciones bajo la\n dependencia del I. Municipio de Loja, mediante la suscripción\n de contratos que se iban renovando periódicamente conforme\n se cumplía el tiempo de duración de los mismos,\n como son los casos del Ing. Luis Guachon Patiño, quien\n comenzó a trabajar el mes de agosto de 1996, Ing. José\n Alberto Mereci Cárdenas desde el 1 de octubre de 2000,\n Dra. Katiana Beatriz Silva Salazar, desde 2 de enero de 2002,\n Dr. Pablo Rafael Ochoa Ruilova desde 1 de octubre de 2003, Lcda.\n Paulina Beatriz Bustamante Castro desde 4 de febrero de 2002,\n Dr. Norman Fabián Esparza Ortiz desde 1 de enero de 2002,\n César Augusto Rivera Guaycha desde el 19 de septiembre\n de 2000, Econ. Dolores Yuliza Conza Ojeda desde 1 de octubre\n de 2001; Ing. Kelly Carmen Elizalde Fernández, desde el\n 27 de agosto de 2001; y, Ing. Diego Fernando Ochoa Sánchez\n y Livia Pepita Arévalo Castro desde 1 de enero de 2004.

\n\n

QUINTA.- Que, como bien lo ha sostenido la jurisprudencia\n de este Tribunal la suscripción sucesiva de contratos\n de servicios ocasionales o temporales, bajo el esquema de la\n derogada Ley de Servicios Personales, desnaturaliza la relación\n contractual existente entre las partes, desvirtúa la existencia\n de relación contractual entre las mismas y oculta el ejercicio\n material de una función pública por parte de las\n personas contratadas bajo esta modalidad. Por tal razón,\n la terminación de los contratos de servicios personales\n que les vinculaba a la I. Municipalidad de Loja se produce de\n hecho sin que exista fundamento o motivación alguna, convirtiéndose\n esa desvinculación en ilegítima y violatoria de\n los derechos constitucionales establecidos en los numerales 26\n y 27 del artículo 23, referentes a la seguridad jurídica\n y al debido proceso. Del mismo modo, dicha desvinculación\n vulnera las garantías constitucionales básicas\n contempladas en los numerales 10 y 13 del artículo 24,\n al habérseles privado a los accionantes del derecho a\n la defensa y al no contar con una resolución motivada,\n y además, el acto impugnado les priva del trabajo que,\n al tenor del inciso primero del artículo 35 de la Constitución\n Política de la República, goza de la protección\n del Estado, pues, así se asegura el respecto a la dignidad\n de las personas, una existencia decorosa y una remuneración\n que cubra sus necesidades; con lo cual, se ha ocasionado daños\n graves a los accionantes.
\n SEXTA.- No se puede dejar de consignar en este caso el pronunciamiento\n que realiza el señor Procurador del Estado en el oficio\n del 6 de marzo de 2002 dirigido al Ministro de Bienestar Social,\n en un caso análogo: "En lo que respecta a que la\n Cartera de Estado a su cargo vincule al personal bajo la modalidad\n de Servicios Personales por Contrato El Ministerio de Bienestar\n Social, ha desvirtuado la naturaleza de este vínculo contractual\n al mantener relación laboral por algún tiempo.-\n He de precisar que no se han celebrado en realidad contratos\n ocasionales o especiales, sino que apelando indebidamente a esa\n figura, el ORI ha contratado personal para trabajar de modo habitual,\n es decir no solo noventa días, sino más, por la\n que ese personal se asimila a la de los servidores amparados\n por la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, debiendo\n operar entonces la igualdad de derechos prevista en el Art. 23,\n numeral 3 de la Constitución Política de la República".

\n\n

SÉPTIMA.- Por su parte el Pleno del Tribunal Constitucional,\n en el caso No. 375-2003-RA, análogo al presente caso,\n en su Resolución manifiesta: "Que, la terminación\n de contratos, bajo cuyas condiciones, ha venido prestando labores\n permanentes, habituales en el ORI, vulnera el derecho a la estabilidad\n de los servidores públicos, reconocida en el artículo\n 124 de la Constitución Política del Estado; y,\n a la vez, vulnera el derecho al trabajo garantizado en el artículo\n 35 de la Carta Fundamental, pues, no obstante haber sido contratos\n bajo modalidad contractual ocasional, se hallaban ejerciendo\n el derecho al trabajo de manera habitual, es decir, habían\n accedido a una actividad cuyo desempeño a la vez que deber\n social, constituye la condición que permite al trabajador\n el respeto y dignidad, una existencia decorosa y una remuneración\n justa para la satisfacción de sus necesidades, conforme\n dispone el texto constitucional contenido en el artículo\n 35, cuya privación, a no dudarlo, ocasiona grave daño\n a quienes se ven intempestivamente colocados en situación\n de desocupación, en condiciones en que acceder a un puesto\n público o privado de trabajo, se torna cada vez más\n difícil".

\n\n

OCTAVA.- En relación con el accionante Diego Fernando\n Ochoa Sánchez, el contrato que ampara su reclamo se suscribió\n el 2 de enero de 2004 y se lo dio por terminado el 31 de diciembre\n del mismo año (fojas 75 a 80), sin que exista renovación\n alguna de contrato, por lo cual, no existe contratación\n sucesiva que demuestre que en efecto dicha modalidad de contratación\n enmascaraba el ejercicio de una función pública.\n Adicionalmente, la relación contractual con el mencionado\n ciudadano se inicia cuando ya se hallaba derogada la Ley de Servicios\n personales, por lo cual, este accionante no se encuentra en idéntica\n situación que los otros accionantes y, por tanto, el amparo\n solicitada a su favor no procede.

\n\n

NOVENA.- En relación con la situación del accionante\n Pablo Rafael Ochoa Ruilova, si bien su relación contractual\n con el Municipio se inicia bajo el imperio de la Ley de Servicios\n Personales, no existió contratación sucesiva bajo\n dicho esquema legal, pues, la siguiente contratación entre\n el Municipio y el señor Pablo Ochoa ocurrió el\n 2 de enero de 2004, es decir, bajo el imperio de la vigente Ley\n Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y\n de Unificación y Homologación de las Remuneraciones\n del Sector Público. Motivo por el cual, su situación\n legal no es idéntica a la de los otros accionantes y,\n por tanto, el amparo solicitado no procede en su favor.

\n\n

DÉCIMO.- En relación con la situación\n de la accionante Livia Pepita Arévalo Castro, el contrato\n que ampara su reclamo se suscribió el 1 de enero de 2004\n y concluyó el 31 de enero del mismo año, por lo\n cual, no existe contratación sucesiva que demuestre que\n la contratación irregular de esta persona enmascaraba\n el ejercicio de una función pública. Asimismo,\n la vinculación de la accionante con la Municipalidad ocurre\n bajo el imperio de la vigente Ley Orgánica de Servicio\n Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación\n de las Remuneraciones del Sector Público. Motivo por el\n cual, su situación legal no es idéntica a la de\n los otros accionantes y, por tanto, el amparo solicitado no procede\n en su favor.

\n\n

Por todo lo expuesto, la Primera Sala del Tribunal Constitucional,\n en ejercicio de sus atribuciones,

\n\n

RE

 

Change password



Loading..