Registro Oficial

No. 0635

Ab. Miguel Martínez Dávalos
\n SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Considerando:

Que, de conformidad con lo prescrito en el numeral 19 del\n Art. 23 de la Constitución Política de la República,\n el Estado Ecuatoriano reconoce y garantiza a los ecuatorianos\n el derecho a la libre asociación con fines pacíficos;

Que, según los Arts. 565 y 567 de la Codificación\n del Código Civil, publicado en el Suplemento del Registro\n Oficial Nº 46 de junio 24 del 2005 corresponde al Presidente\n de la República aprobar mediante la concesión de\n personería jurídica, a las organizaciones de derecho\n privado, que se constituyan de conformidad con las normas del\n Título XXX, Libro I del citado cuerpo legal;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nº 339, de noviembre\n 28 de 1998; publicado en el Registro Oficial Nº 77 de noviembre\n 30 del mismo año, el Presidente Constitucional de la República,\n delego la facultad para que cada Ministro de Estado, de acuerdo\n al ámbito de su competencia, apruebe los estatutos y las\n reformas a los mismos, de las organizaciones pertinentes;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nº 33 de abril 26 del\n 2005 el señor Presidente Constitucional de la República,\n designó como Ministro de Bienestar Social al Dr. Alberto\n Rigail Arosemena; Secretario de Estado que, de conformidad con\n el Art. 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo\n de la Función Ejecutiva, es competente para el despacho\n de los asuntos inherentes a esta Cartera de Estado;

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nº 0081 de julio 6\n del 2005 el Ministro de Bienestar Social, delego al Subsecretario\n de Fortalecimiento Institucional, la facultad de otorgar personería\n jurídica a las organizaciones de derecho privado, sin\n fines de lucro, sujetas a las disposiciones del Título\n XXX Libro I de la Codificación del Código Civil,\n publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº 46 de\n junio 24 del 2005;

Que, la Dirección de Asesoría Legal del Ministerio\n de Bienestar Social, mediante oficio Nº 2641-AL-PJ-JVG-2005\n de diciembre 21 del 2005 ha emitido informe favorable, para la\n aprobación del estatuto y concesión de la personería\n jurídica a favor de la Asociación de Profesores\n y Empleados del Instituto Superior Pedagógico "MANUELA\n CAÑIZARES", con domicilio en la ciudad de Quito,\n Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, por cumplidos\n los requisitos establecidos en el Decreto Ejecutivo Nº 3054\n de agosto 30 del 2002, publicado en el Registro Oficial Nº\n 660 de septiembre 11 del mismo año y del Título\n XXX, Libro I de la Codificación del Código Civil,\n publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nº 46 de\n junio 24 del 2005; y,

En ejercicio de las facultades legales,

Acuerda:

Art. 1.- Aprobar el estatuto y conceder personería\n jurídica a la Asociación de Profesores y Empleados\n del Instituto Superior Pedagógico "MANUELA CAÑIZARES",\n con domicilio en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, provincia\n de Pichincha, sin modificación alguna.

Art. 2.- Registrar en calidad de socios fundadores a las siguientes\n personas:

NOMBRES APELLIDOS CEDULA Y/O PASAP. NACIONALIDAD
\n AGREDA PAZ WILSON DANIEL 1702567817 ECUATORIANA
\n AGUAYO BENITEZ JOSE GILBERTO 1707378822 ECUATORIANA
\n APUNTE PACHECO JOSE LUIS 1702086941 ECUATORIANA
\n ARMENDARIZ PEREZ ANTONIO JOSE 1702567056 ECUATORIANA
\n ASTUDILLO VIDAL BERTHA ESTHELA 1802008423 ECUATORIANA
\n BALSECA SALAS MARIANA ISABEL 1702005362 ECUATORIANA
\n BARRAGAN GARCIA MARCIA ISABEL 1703957553 ECUATORIANA
\n BASTIDAS VALDEZ CELIA BLANCA SUSANA 1700310590 ECUATORIANA
\n BENAVIDES MORALES JENNY INES 1702926716 ECUATORIANA
\n BENITEZ NARVAEZ CESAR AMADO 1708473267 ECUATORIANA
\n BUSTAMANTE CABRERA SANDRA DE LAS MERCEDES 0400631792 ECUATORIANA
\n CAIMINAGUA MORAN AGAPITO ANTONIO 1708708399 ECUATORIANA
\n CARRERA CARDENAS JORGE WASHINGTON 0200551273 ECUATORIANA
\n CEVALLOS ROMAN EULALIA VICTORIA 1703489037 ECUATORIANA
\n CHANCHAY PARRA ISOLINA YOLANDA 1704814605 ECUATORIANA
\n COBOS BOLAÑOS ISABEL YOLANDA 1702511591 ECUATORIANA
\n CÓNDOR QUIMBITA BEATRIZ HORTENCIA 1712227543 ECUATORIANA
\n CORTEZ DIAZ ANA BEATRIZ 1801757822 ECUATORIANA
\n COLLAGUAZO CHASIPANTA MANUEL MESIAS 1703916781 ECUATORIANA
\n CRUZ SIMBAÑA MARCELA 1704270501 ECUATORIANA
\n CHAVES PALACIOS MARTHA CLEMENTINA 1701079723 ECUATORIANA
\n CHILUISA CORREA ELVA MARTHA 1702157924 ECUATORIANA
\n CHICA VITE VAGDIN ARMANDO 1710305135 ECUATORIANA
\n DEL HIERRO MORILLO LIGIA FANNY 1700531252 ECUATORIANA
\n FLORES JORGE GUSTAVO 1703839306 ECUATORIANA
\n FONSECA ESTRADA XIMENA MARGARITA 1707346829 ECUATORIANA
\n GALLEGOS MENA EMMA LUCIA DE LAS MERCEDES 1705029526 ECUATORIANA
\n GABELA NIETO MYRIAN JEANNET 1705725966 ECUATORIANA
\n GONZALEZ ZUMARRAGA MANUEL GERARDO 0500191044 ECUATORIANA
\n GRANDA ESTRELLA MERCEDES ADELAIDA 1701288548 ECUATORIANA
\n HARO HARO ROSA ELENA DEL CARMEN 1700915158 ECUATORIANA
\n HEREDIA MANCERO ELSI FABIOLA 1700175043 ECUATORIANA
\n HERRERA HERRERA GLADYS FABIOLA 1703599462 ECUATORIANA
\n JACHO ARMAS MARIA ANGELICA 1200212676 ECUATORIANA
\n JARAMILLO NARANJO LILIAN MERCEDES 1707343743 ECUATORIANA
\n JARAMILLO JARAMILLO ISAIAS RIGOBERTO 1000862266 ECUATORIANA
\n JIMA VEGA JOSE FLORENTINO 0100331958 ECUATORIANA
\n LANDETA CONTRERAS GLORIA JUDITH 1700336702 ECUATORIANA
\n LARA GONZALEZ GUILLERMO WALDOFRANK 1400009005 ECUATORIANA
\n LOZADA QUISIMALIN VICENTE ALFREDO 1600008807 ECUATORIANA
\n LUNA HERNANDEZ JOSE RAMIRO 0400536363 ECUATORIANA
\n MEDIAVILLA VILLEGAS LUIS ERNESTO 1704871241 ECUATORIANA
\n MINO CEVALLOS OLGA MARIA 1700506742 ECUATORIANA
\n MORALES NARANJO ABDON ZENON 1700879446 ECUATORIANA
\n MOREANO ESPINOZA ANIBAL FERNANDO 0601859929 ECUATORIANA
\n MOREJON MORENO MARCO GUILLERMO 1703356996 ECUATORIANA
\n MORENO PEREZ MARIA DEL CARMEN 1703457026 ECUATORIANA
\n MOYA MURILLO ELSA MAGDALENA 1700507906 ECUATORIANA
\n NOROÑA SALINAS WILSON ENRIQUE 1707776132 ECUATORIANA
\n NUÑEZ VALENZUELA STALIN GUSTAVO 1001791209 ECUATORIANA
\n OREJUELA ESCOBAR GUADALUPE DE LOS ANGELES 0905081535 ECUATORIANA
\n PALACIOS ANDRADE ALBA NOHEMI 0600272033 ECUATORIANA
\n PELAEZ LOPEZ DORA PATRICIA 1707526644 ECUATORIANA
\n PEREZ AVELLANEDA ALIPIO WASHINGTON 1704138831 ECUATORIANA
\n PILA QUINATOA JUAN JOSE 1701032813 ECUATORIANA
\n PONCE CACAO CARMEN BLANCA 1301742928 ECUATORIANA
\n RENGEL QUEVEDO ANA LUCIA 1713409678 ECUATORIANA
\n REYES ORQUERA TEODORO DANIEL 0400611760 ECUATORIANA
\n ROSERO SANTAMARIA MARIA DEL CONSUELO 1700893769 ECUATORIANA
\n ROSERO LEON LUIS ASDRUBAL 1701988329 ECUATORIANA
\n ROSERO VILLAREAL MANUEL MESIAS 1707078414 ECUATORIANA
\n SERRANO NARVAEZ ALONZO GONZALO 0101273639 ECUATORIANA
\n TABOADA CARLOS GERMANICO 1707711741 ECUATORIANA
\n TERAN GARRIDO CRUZ ELIAS 1000414357 ECUATORIANA
\n TORRES GRANJA AMPARO DEL ROCIO 1704197613 ECUATORIANA
\n TRUJILLO DUQUE EDMUNDO GERMAN 1700131608 ECUATORIANA
\n TRUJILLO VILLENA RAFAEL VINICIO 1706876776 ECUATORIANA
\n VACA ALBAN DAVID MESIAS 0500756846 ECUATORIANA
\n VACA ROCHA MELVA CECILIA 0400156592 ECUATORIANA
\n VALENCIA JARAMILLO MARIA FERNANDA 1712780285 ECUATORIANA
\n VALENCIA JOSE FERNANDO 1701904904 ECUATORIANA
\n VALVERDE GUZMAN CIRA ERNESTINA 1500018641 ECUATORIANA
\n VASQUEZ ANDRADE INES MARIA 0300219771 ECUATORIANA
\n VASQUEZ CALAHORRANO HECTOR MARCELO 1711338424 ECUATORIANA
\n VEGA SARABIA BERTHA HIPATIA 1707340053 ECUATORIANA
\n VILLAFUERTE VIERA MARIA DEL ROCIO 1703863371 ECUATORIANA
\n VITERI HERRERA MARIANA 1700678400 ECUATORIANA

Art. 3.- Disponer que la asociación, ponga en conocimiento\n del Ministerio de Bienestar Social, la nómina de la directiva\n designada, una vez adquirida la personería jurídica\n y las que se sucedan, en el plazo de quince días posteriores\n a la fecha de elección, para el registro respectivo de\n la documentación presentada.

Art. 4.- Reconocer a la Asamblea General de Socios como la\n máxima autoridad y único organismo competente para\n resolver los problemas internos de la asociación y al\n Presidente, como su representante legal.

Art. 5.- La solución de los conflictos que se presentaren\n al interior de la asociación y de este con otras organizaciones\n o terceros, se someterá a las disposiciones de la Ley\n de Arbitraje y Mediación, publicada en el Suplemento del\n Registro Oficial Nº 145 de septiembre 4 de 1997.

Publíquese de conformidad con la ley.

Dado en Quito, a 6 de enero del 2006.

f.) Ab. Miguel Martínez Dávalos, Subsecretario\n de Fortalecimiento Institucional.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.- 20 de marzo del\n 2006.- f.) Jefe de Archivo.

No.\n 0636

Ab. Miguel Martínez Dávalos
\n SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Considerando:

Que, de conformidad con lo prescrito en el numeral 19 del\n Art. 23 de la Constitución Política de la República,\n el Estado Ecuatoriano reconoce y garantiza a los ciudadanos el\n derecho a la libre asociación con fines pacíficos;

Que, según los Arts. 565 y 567 de la Codificación\n al Código Civil, publicado en el Suplemento del Registro\n Oficial Nº 46 de junio 24 del 2005, corresponde al Presidente\n de la República, aprobar mediante la concesión\n de personería jurídica, a las organizaciones de\n derecho privado, que se constituyan de conformidad con las normas\n del Título XXX, Libro I, del citado cuerpo legal;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nº 339 de noviembre 28\n de 1998, publicado en el Registro Oficial Nº 77 de noviembre\n 30 del mismo año, el Presidente de la República\n delegó la facultad para que cada Ministro de Estado, de\n acuerdo al ámbito de su competencia, apruebe los estatutos\n y las reformas a los mismos, de las organizaciones pertinentes;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nº 33 de abril 26 del\n 2005, el señor Presidente Constitucional de la República,\n designó Ministro de Bienestar Social al Dr. Alberto Rigail\n Arosemena, Secretario de Estado que de conformidad con el Art.\n 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo\n de la Función Ejecutiva, es competente para el despacho\n de los asuntos inherentes a esta Cartera de Estado;

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nº 0081 de julio 6\n del 2005 el Ministro de Bienestar Social, delegó al Subsecretario\n de Fortalecimiento Institucional, la facultad de otorgar personería\n jurídica a las organizaciones de derecho privado, sin\n fines de lucro, sujetas a las disposiciones del Título\n XXX, Libro I de la Codificación del Código Civil,\n publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº 46 de\n junio 24 del 2005;

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nº 0319 de 29 de septiembre\n del 2005, se otorgó personería jurídica\n y se aprobó el Estatuto Social de la Fundación\n de Desarrollo de Indígenas Transmigrantes "FUDIT";

Que, en los Arts. 3 y 4 del Acuerdo Ministerial Nº 0319\n de 29 de septiembre del 2005 por error involuntario se ha omitido\n el nombre del señor César Enrique Salambay Llangari,\n a su calidad de socio fundador de la organización y se\n establece al Presidente como representante legal, siendo lo correcto\n Director Ejecutivo;

Que, la Dirección de Asesoría Legal del Ministerio\n de Bienestar Social, mediante oficio Nº 2691-AL-PJ-FADC-05\n de diciembre 20 del 2005 ha emitido informe favorable para la\n aprobación de la modificación al acuerdo ministerial\n que concedió personería jurídica a favor\n de la Fundación para el Desarrollo de Indígenas\n Transmigrantes "FUDIT", con domicilio en la parroquia\n San Roque, ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, provincia\n de Pichincha; y,

En ejercicio de las facultades legales concedidas por el numeral\n 2 del Art. 170 del Libro II del Procedimiento Administrativo\n Común de la Función Ejecutiva,

Acuerda:

Artículo Unico.- Modifíquense los Arts. 3 y\n 4 del Acuerdo Ministerial Nº 0319 de 29 de septiembre del\n 2005, mediante el cual se aprobó el estatuto y se concedió\n personería jurídica a la Fundación para\n el Desarrollo de Indígenas Transmigrantes "FUDIT",\n con domicilio en la parroquia San Roque, ciudad de Quito, Distrito\n Metropolitano, provincia de Pichincha, en la siguiente forma:

"Art. 2.- Registrar en calidad de socios fundadores de\n la citada entidad a las siguientes personas:

"Art. 4.- Reconocer a la Asamblea General de socios como\n la máxima autoridad y único organismo competente\n para resolver los problemas internos de la Fundación,\n y al Director Ejecutivo como su Representante Legal.".

En todo lo demás, estese a lo señalado en el\n Acuerdo Ministerial Nº 0319 de 29 de septiembre del 2005.

Publíquese de conformidad con la ley.

Dado en Quito a, 6 de enero del 2006.

f.) Ab. Miguel Martínez Dávalos, Subsecretario\n de Fortalecimiento Institucional.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.- 20 de marzo del\n 2006.- f.) Jefe de Archivo.

No.\n 0646

Ab. Miguel Martínez Dávalos
\n SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Considerando:

Que, de conformidad con lo prescrito en el numeral 19 del\n Art. 23 de la Constitución Política de la República,\n el Estado Ecuatoriano reconoce y garantiza a los ciudadanos el\n derecho a la libre asociación con fines pacíficos;

Que, según los Arts. 565 y 567 de la Codificación\n al Código Civil, publicado en el Suplemento del Registro\n Oficial Nº 46 de junio 24 del 2005 corresponde al Presidente\n de la República, aprobar mediante la concesión\n de personería jurídica, a las organizaciones de\n derecho privado, que se constituyan de conformidad con las normas\n del Título XXX, Libro I del citado cuerpo legal;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nº 339 de noviembre 28\n de 1998, publicado en el Registro Oficial No. 77 de noviembre\n 30 del mismo año, el Presidente de la República\n delegó la facultad para que cada Ministro de Estado, de\n acuerdo al ámbito de su competencia, apruebe los estatutos\n y las reformas a los mismos, de las organizaciones pertinentes;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nº 33 de abril 26 del\n 2005 el señor Presidente Constitucional de la República,\n designó Ministro de Bienestar Social al Dr. Alberto Rigail\n Arosemena, Secretario de Estado que de conformidad con el Art.\n 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo\n de la Función Ejecutiva, es competente para el despacho\n de los asuntos inherentes a esta Cartera de Estado.

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nº 0081 de julio 6\n del 2005 el Ministro de Bienestar Social, delegó al Subsecretario\n de Fortalecimiento Institucional, la facultad de otorgar personería\n jurídica a las organizaciones de derecho privado, sin\n fines de lucro, sujetas a las disposiciones del Título\n XXX, Libro I de la Codificación del Código Civil,\n publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº 46 de\n junio 24 del 2005;
\n Que, la Dirección de Asesoría Legal del Ministerio\n de Bienestar Social, mediante oficio Nº 00141-AL-PJ-FADC-6\n de enero 11 del 2006 ha emitido informe favorable para la aprobación\n del estatuto y concesión de personería jurídica\n a favor de la Fundación Ecuatoriana de Promoción\n de la Inteligencia Emocional y el Liderazgo "FUNDACION MANANTIAL\n DE VIDA", con domicilio en la ciudad de Quito, Distrito\n Metropolitano, provincia de Pichincha, por cumplidos los requisitos\n establecidos en el Decreto Ejecutivo No. 3054 de agosto 30 del\n 2002, publicado en el Registro Oficial Nº 660 de septiembre\n 11 del mismo año y del Título XXX, Libro I de la\n Codificación del Código Civil, publicado en el\n Suplemento del Registro Oficial Nº 46 de junio 24 del 2005;\n y,

En ejercicio de las facultades legales,

Acuerda:

Art. 1.- Aprobar el estatuto y conceder personería\n jurídica de la Fundación Ecuatoriana de Promoción\n de la Inteligencia Emocional y el Liderazgo "FUNDACION MANANTIAL\n DE VIDA", con domicilio en la ciudad de Quito, Distrito\n Metropolitano, provincia de Pichincha, con las siguientes modificaciones:

PRIMERA: En el Art. 5, luego de las palabras "ámbito\n de acción", añádase lo siguiente: "laboral,\n sindical, racial, tampoco participara en actividades de crédito\n o de comercio".

SEGUNDA: Añádase al final del Art. 7, el siguiente\n artículo innumerado.

Art. "Por su naturaleza y fines, la Fundación\n queda prohibida de intervenir y representar en asuntos inherentes\n a posesión, localización y adjudicación\n de bienes raíces destinados para vivienda, fincas vacacionales\n o recreacionales, unidades de producción agrícola\n o ganadera sin perjuicio del ejercicio del Derecho de Dominio\n que establece la Codificación del Código Civil".

TERCERA: Luego del Art. 16, añádase el siguiente\n artículo innumerado.

Art. "Los conflictos internos de la Fundación,\n deberán ser resueltos por organismos propios de la organización\n y con estricta sujeción a las disposiciones del presente\n estatuto. En caso de no lograr solución a los conflictos,\n los mismos serán sometidos a la resolución de los\n Centros y Tribunales de Arbitraje y Mediación, cuya acta\n deberá ser puesta a conocimiento del Ministerio de Bienestar\n Social. De igual manera se procederá en caso de surgir\n controversias con otras organizaciones.

CUARTA: En el Art. 26, sustitúyase la palabra "indefinidamente",\n por "hasta por un período similar".

QUINTA: Añádase luego del Art. 57, los siguientes\n artículos innumerados:

Art. "En caso de recibir subvenciones presupuestarias\n del Estado, se someterá a la supervisión de la\n Contraloría General del Estado y a la normativa legal\n aplicable"

Art. "En todas sus actividades la fundación, observará\n las disposiciones del Código Tributario y demás\n leyes que regulen la materia económica; además,\n pondrá a disposición del Ministerio de Economía\n y Finanzas la información suficiente, especialmente en\n los casos que hay retención o presunción tributaria,\n por administración de capital, aporte o donaciones".

Art. "Los bienes que importe o introduzca la fundación,\n al amparo de las exoneraciones, quedan prohibidas de enajenarse\n y traspasar su dominio durante el tiempo previsto en la ley,\n período en el cual los organismos de control podrán\n solicitar su exhibición de presumir la introducción\n indebida e imponer las sanciones tributarias".

Art. 2.- Registrar en calidad de socios fundadores de la citada\n entidad a las siguientes personas:

Art. 3.- Disponer que la fundación, una vez adquirida\n la personería jurídica y dentro de los 15 días\n siguientes, proceda a la elección de la directiva de la\n organización y ponga en conocimiento dentro del mismo\n plazo al Ministerio de Bienestar Social, para el registro pertinente,\n igual procedimiento observará para los posteriores registros\n de directiva.

Art. 4.- Reconocer a la Asamblea General de Socios como la\n máxima autoridad y único organismo competente para\n resolver los problemas internos de la fundación, y al\n Director Ejecutivo como su representante legal.

Art. 5.- La solución de los conflictos que se presentaren\n al interior de la fundación, y de este con otras, se someterá\n a las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación,\n publicada en el Registro Oficial No. 145 de septiembre 4 de 1997.

Publíquese de conformidad con la ley.

Dado en Quito, a 16 de enero del 2006.

f.) Ab. Miguel Martínez Dávalos, Subsecretario\n de Fortalecimiento Institucional.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.- 20 de marzo del\n 2006.- f.) Jefe de Archivo.

No.\n 0665

Ab. Miguel Martinez Davalos
\n SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Considerando:

Que, de conformidad con lo prescrito en el numeral 19 del\n Art. 23 de la Constitución Política de la República,\n el Estado Ecuatoriano reconoce y garantiza a los ciudadanos el\n derecho a la libre asociación con fines pacíficos;

Que, según los Arts. 565 y 567, de la Codificación\n al Código Civil, publicado en el Suplemento del Registro\n Oficial Nº 46 de junio 24 del 2005 corresponde al Presidente\n de la República, aprobar mediante la concesión\n de personería jurídica, a las organizaciones de\n derecho privado, que se constituyan de conformidad con las normas\n del Título XXX, Libro I, del citado cuerpo legal;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nº 339 de noviembre 28\n de 1998 publicado en el Registro Oficial Nº 77 de noviembre\n 30 del mismo año, el Presidente de la República\n delegó la facultad para que cada Ministro de Estado, de\n acuerdo al ámbito de su competencia, apruebe los estatutos\n y las reformas a los mismos, de las organizaciones pertinentes;\n

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nº 33 de abril 26 del\n 2005 el señor Presidente Constitucional de la República,\n designó Ministro de Bienestar Social al Dr. Alberto Rigail\n Arosemena, Secretario de Estado que de conformidad con el Art.\n 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo\n de la Función Ejecutiva, es competente para el despacho\n de los asuntos inherentes a esta Cartera de Estado;

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nº 0081 de julio 6\n del 2005 el Ministro de Bienestar Social, delegó al Subsecretario\n de Fortalecimiento Institucional, la facultad de otorgar personería\n jurídica a las organizaciones de derecho privado, sin\n fines de lucro, sujetas a las disposiciones del Título\n XXX, Libro I de la Codificación del Código Civil,\n publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº 46 de\n junio 24 del 2005;
\n Que, la Dirección de Asesoría Legal del Ministerio\n de Bienestar Social, mediante oficio Nº 2724-AL-PJ-FADC-05\n de diciembre 22 del 2005 ha emitido informe favorable para la\n aprobación del estatuto y concesión de personería\n jurídica a favor de la Asociación Ecuatoriana de\n Giros "AEG", con domicilio en el Distrito Metropolitano\n de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, por cumplidos\n los requisitos establecidos en el Decreto Ejecutivo Nº 3054\n de agosto 30 del 2002, publicado en el Registro Oficial Nº\n 660 de septiembre 11 del mismo año y del Título\n XXX, Libro I de la Codificación del Código Civil,\n publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nº 46 de\n junio 24 del 2005; y,

En ejercicio de las facultades legales,

Acuerda:

Art. 1.- Aprobar el estatuto y conceder personería\n jurídica a la Asociación Ecuatoriana de Giros "AEG",\n con domicilio en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito,\n provincia de Pichincha, con las siguientes modificaciones:

PRIMERA: Añádase al final del Art. 5, el siguiente\n artículo innumerado:

Art. "Por su naturaleza y fines, la Asociación\n Ecuatoriana de Giros "AEG", queda prohibida de intervenir\n y representar en asuntos inherentes a posesión, localización\n y adjudicación de bienes raíces destinados para\n vivienda, fincas vacacionales o recreacionales, unidades de producción\n agrícola o ganadera sin perjuicio del ejercicio del Derecho\n de Dominio que establece la Codificación del Código\n Civil".

SEGUNDA: Añádase luego del Art. 28, el siguiente\n artículo innumerado.

Art. "En todas sus actividades la Asociación,\n observará las disposiciones del Código Tributario\n y demás leyes que regulen la materia económica;\n además, pondrá a disposición del Ministerio\n de Economía y Finanzas la información suficiente,\n especialmente en los casos que hay retención o presunción\n tributaria, por administración de capital, aporte o donaciones".

Art. "Los bienes que importe o introduzca la Asociación,\n al amparo de las exoneraciones, quedan prohibidas de enajenarse\n y traspasar su dominio durante el tiempo previsto en la ley,\n período en el cual los organismos de control podrán\n solicitar su exhibición de presumir la introducción\n indebida e imponer las sanciones tributarias".

Art. 2.- Registrar en calidad de socios fundadores de la citada\n entidad a las siguientes personas jurídicas:

Art. 3.- Disponer que la asociación, una vez adquirida\n la personería jurídica y dentro de los 15 días\n siguientes, proceda a la elección de la directiva de la\n organización y ponga en conocimiento dentro del mismo\n plazo al Ministerio de Bienestar Social, para el registro pertinente,\n igual procedimiento observará para los posteriores registros\n de directiva.

Art. 4.- Reconocer a la Asamblea General de Socios como la\n máxima autoridad y único organismo competente para\n resolver los problemas internos de la asociación, y al\n Presidente como representante legal.

Art. 5.- La solución de los conflictos que se presentaren\n al interior de la asociación, y de este con otras, se\n someterá a las disposiciones de la Ley de Arbitraje y\n Mediación, publicada en el Registro Oficial Nº 145\n de septiembre 4 de 1997.

Publíquese de conformidad con la ley.

Dado en Quito, a 26 enero del 2006.

f.) Ab. Miguel Martínez Dávalos, Subsecretario\n de Fortalecimiento Institucional.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.- f.) Jefe de Archivo.

Quito, 14\n de junio de 2006.-

Vocal ponente: Dr. Juan Montalvo Malo

No. 0013-2005-RS

LA PRIMERA SALA DEL
\n TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ANTECEDENTES:

Los señores Elizabeth Toapanta Lema, Rosa Ernestina\n Portilla y Andrea Rosero Castillo, titulares y propietarios de\n establecimientos turísticos y centros de diversión\n ubicados en las vías adyacentes a la Universidad Técnica\n del Norte, presentan el recurso de reposición ante el\n Alcalde de San Miguel de Ibarra, en el que manifiestan:

Que adjuntan los pronunciamientos emitidos por el Gobierno\n Provincial de Imbabura, en los que se acogió su recurso\n de apelación interpuesto en el trámite por medio\n del cual impugnaron la Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza\n de Reglamentación Urbana del Cantón Ibarra.

Que la parte final de la Resolución dice: "GOBIERNO\n PROVINCIAL DE IMBABURA.- Ibarra, dieciséis de junio del\n 2004- Las 10h00.- VISTOS.- Por interpuesto el Recurso de Apelación\n dentro del término legal por parte de los señores\n Fredy Delgado Jácome, Elizabeth Toapanta Lema, Rosa Portilla,\n Ruth Avila Guzmán y Andrea Rosero Casillo, en lo principal\n la Cámara Provincial en sesión ordinaria de fecha\n 15 de junio del 2004, RESOLVIÓ ratificar la resolución\n expedida en la sesión ordinaria de fecha 20 de mayo del\n 2004, disponiendo que el I. Municipio de Ibarra suspenda los\n efectos de la Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza del Plan\n Regulador, hasta que se haga constar las modificaciones requeridas\n por la H. Cámara Provincial de Imbabura, incluyendo en\n la referida norma a otras instituciones como el Gobierno Provincial,\n escuelas, colegios, clínicas, hospitales y otros...".

Que en base a la resolución expedida por el Gobierno\n Provincial de Imbabura, lograron la suspensión total de\n la referida Ordenanza Reformatoria, por lo que el Municipio de\n Ibarra tenía la obligación de acatar íntegramente\n lo resuelto, para luego proceder a emitir la nueva Ordenanza\n Reformatoria, para lo cual debía incorporar todas las\n modificaciones requeridas por la Cámara de Imbabura, lo\n que no ha sucedido, volviendo el Concejo Municipal a incurrir\n en los errores iniciales, lo que vuelve improcedente e ilegal\n el contenido total de la Ordenanza Reformatoria que ha sido aprobada\n en sesiones ordinarias de 1 y 15 de febrero del 2005.

Que esta inobservancia transgrede lo dispuesto en el artículo\n 126 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, que\n en lo referente a los Actos Decisorios del Concejo señala\n que "Los actos decisorios de carácter general que\n tengan fuerza obligatoria en todo el Municipio, se denominarán\n Ordenanzas...", equivocación que no es admisible\n que se vuelve a producir, por cuanto una vez más se evidencia\n que la Ordenanza Reformatoria pretende aplicaciones sectorizadas\n con dedicatoria para los sectores adyacentes a la Universidad\n Técnica del Norte y a la Universidad Católica del\n Ecuador en Ibarra, sin regular para ninguna otra parte del Cantón,\n ni en relación a ninguna escuela, colegio, clínica\n o hospital, edificación del Gobierno Provincial y otros,\n conforme se dispuso en la Resolución.

Que tanto en la Ordenanza Reformatoria anterior como en la\n actual, se señala la misma delimitación o zonificación\n y lo único que cambia son las denominaciones "Universidad\n Técnica del Norte" y "U. Católica"\n que constaban en la Ordenanza anterior, reemplazándolas\n por "parroquias urbanas de San Francisco y El Sagrario".

Que se trata de los mismos errores originarios, ya que bajo\n ningún punto de vista legal y jurídico administrativo\n se está dando el carácter de general a la indicada\n Ordenanza Reformatoria, lo que constituye una actitud de desacato\n a lo dispuesto en la Resolución emitida por el Gobierno\n Provincial de Imbabura y que cabe resaltar que no se menciona\n a las demás parroquias urbanas de Ibarra, lo que ratifica\n la ilegalidad de la Ordenanza Reformatoria.

Que han sido notificados por parte de la Municipalidad, haciéndoles\n conocer que se ha aprobado en primero y segundo debate la Ordenanza\n Reformatoria a la Ordenanza de Reglamentación Urbana del\n Cantón Ibarra, en cuyo texto se está determinando\n que sus establecimientos estarían prohibidos de funcionar\n por el hecho de estar cerca de la Universidad Técnica\n del Norte y se les conmina para que en el plazo máximo\n de 90 días contados a partir de la fecha de notificación,\n procedan a su reubicación.

Que la emisión del acto legislativo plasmado en la\n nueva Ordenanza Municipal se aparta del verdadero sentido con\n el que debe ejercerse la potestad reglada administrativa.

Que no se puede admitir que una vez más se contraríe\n el espíritu legal que debe involucrar la emisión\n de una Ordenanza, donde su característica jurídica\n principal es la de contener efectos generales.

Que el texto de la nueva Ordenanza no contiene ningún\n cambio de fondo, conforme lo dispuso el Gobierno Provincial,\n por lo que se deduce que el efecto legislativo y de practicidad\n de la Ordenanza está dedicada a involucrar a los establecimientos\n turísticos y centros de diversión ubicados en lo\n sitios adyacentes o cercanos a la Universidad Técnica\n del Norte y la Universidad Católica de Ibarra, lo que\n resulta discriminatorio y atentatorio al principio y característica\n de generalidad que debía contener la Ordenanza Municipal.

Que sus establecimientos están destinados a actividades\n y labores lícitas, por lo que no aceptan que mediante\n la emisión de la nueva Ordenanza Municipal se pretenda\n conculcar sus legítimos derechos a tener un trabajo digno,\n más aún que para cumplir con sus objetivos han\n obtenido los permisos correspondientes de las entidades respectivas,\n ya sea en el ámbito turístico o de control administrativo.

Que en el texto de la anterior Ordenanza como en el de la\n nueva, no se ha guardado proporcionalidad en el concepto de los\n establecimientos a los que se trata de incidir.

Por lo expuesto y fundamentados en lo dispuesto en el artículo\n 138 inciso primero de la Ley Orgánica de Régimen\n Municipal, presentan el reclamo ante el Concejo Municipal a fin\n de que se de trámite al recurso de reposición y\n se suspenda los efectos de la nueva Ordenanza Municipal, por\n ser atentatoria a sus legítimos derechos y a sus intereses\n personales.

Radicada la competencia en esta Sala por el sorteo correspondiente\n y siendo el estado de la causa el de resolver, para hacerlo se\n considera:

PRIMERO.- Que, el Tribunal Constitucional por mandato del\n Art. 276.7 de la Constitución y Literal g) del Art. 12\n de la ley del Control Constitucional es competente para conocer\n las quejas de los Gobiernos Seccionales.

SEGUNDO.- Que, el Artículo 228 de la Constitución\n Ecuatoriana reconoce la Autonomía y su facultad legislativa\n de la que gozan los Gobiernos Seccionales para dictar ordenanzas.

TERCERA.- Que, el Artículo 63 de la Ley Orgánica\n de Régimen Municipal en sus numerales 3 y 5 dice: "Art.\n 63.3: "Dirigir el desarrollo físico del cantón\n y ordenación urbanística, de acuerdo con las previsiones\n especiales de esta ley y las generales sobre la materia."\n "Art. 63.5: Controlar el uso del suelo en el territorio\n del cantón, de conformidad con las leyes sobre la materia,\n y establecer el régimen urbanístico de la tierra".\n Manda a que el Gobierno Seccional Cantonal, organice y controle\n el uso que de se ha de dar al suelo en su jurisdicción\n territorial.

CUARTA.- Que, son fines esenciales del Municipio: Procurar\n el bienestar material y social de la colectividad y contribuir\n al fomento y protección de los intereses locales; según\n mandato del Art. 11. 1 de la Ley Orgánica de Régimen\n Municipal.

QUINTA.- Que, es obligación de las municipalidades\n por mandato del Artículo 149 literal b) reglamentar todo\n lo relativo al manipuleo de alimentos, inspección de mercados,\n almacenes, mataderos, carnicerías, panaderías,\n bares, restaurantes, hoteles, pensiones y, en general, los locales\n donde se fabriquen, guarden o expendan comestibles o bebidas\n de cualquier naturaleza de velar por que en ellos se cumplan\n los preceptos sanitarios.

Por todo lo expuesto y en ejercicio de sus atribuciones

RESUELVE:

1.- Negar el recurso de apelación presentada por Freddy\n Delgado Jácome, Elizabeth Toapanta Lema, Rosa Portilla,\n Ruth Avila Guzmán y Andrea Rosero Castillo.
\n 2.- Se declara vigente la Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza\n de Reglamentación Urbana legislada por el Gobierno Municipal\n de Ibarra.

3.- Publíquese en el Registro Oficial. Notifíquese.\n

f.) Dr. Juan Montalvo Malo, Presidente, Primera Sala.

f.) Dr. Tarquino Orellana Serrano, Vocal, Primera Sala.

f.) Dr. Enrique Tamariz Baquerizo, Vocal, Primera Sala.

Razón: Siento por tal que la Resolución que\n antecede, fue discutida y aprobada por los señores doctores\n Juan Montalvo Malo, Tarquino Orellana Serrano y Enrique Tamariz\n Baquerizo, Vocales de la Primera Sala del Tribunal Constitucional,\n a los catorce días del mes de junio de dos mil seis.

f.) Dra. Anacélida Burbano Játiva, Secretaria,\n Primera Sala.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del\n original.- Quito, a 21 de junio de 2006.- f.) Secretaria de la\n Sala.

Quito D.\n M., 14 de junio de 2006.-

No. 0021-2005-RS

Magistrado ponente: Dr. Tarquino Orellana Serrano

LA PRIMERA SALA DEL
\n TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En el caso signado con el Nº 0021-2005-RS

ANTECEDENTES:

En el caso No. 0021-2005-RS, el licenciado Gustavo Pareja\n Cisneros, Prefecto de Imbabura, remite al Tribunal Constitucional\n el expediente administrativo relacionado con el recurso de apelación\n interpuesto por las señoras Mercedes Quinche Males y Rosa\n Elena Chiza Quinche, originado en las resoluciones emitidas por\n el Municipio de Ibarra y, posteriormente, por el Gobierno Provincial\n de Imbabura.

Del expediente remitido a este Tribunal se desprende lo siguiente:

Con fecha 23 de febrero del 2005, la señora María\n Mercedes Quinche Males dirige una petición al Alcalde\n de Ibarra, mediante la cual solicita se autorice el traspaso\n y adjudicación del puesto 432-A del Mercado Amazonas a\n la señora Maribel del Carmen Pinchao.

La Comisión de Abastos y Mercados emitió tres\n resoluciones que fueron firmadas y certificadas por el Secretario\n de Comisiones, y las que transcribimos a continuación\n en su parte pertinente:

La Resolución del 3 de marzo del 2005 dispone: "negar\n el pedido de adjudicación de puesto a la peticionaria\n y declarar vacante el mencionado puesto, debiendo señor\n Comisario Municipal de Higiene proceder a la clausura inmediata\n de dicho puesto para su posterior adjudicación".

La Resolución del 30 de marzo del 2005 ordena: "conferir\n en arrendamiento el puesto 432 A del sector abierto del mercado\n Amazonas a la señora Maribel del Carmen Pinchao, quien\n deberá cancelar la cantidad de 500,00 USD por concepto\n de derecho de adjudicación del mencionado puesto.".

Y, por último, mediante Resolución del 29 de\n junio del 2005 la Comisión de Abastos y Mercados dispone:\n "ratifiquese en la resolución de adjudicación\n del puesto 432 A a favor del señor Rafael Fueres (cónyuge\n de Maribel Pinchao), en virtud de que se han cumplido los requisitos\n establecidos en la Ordenanza que regula la actividad de Comercio\n en el Cantón Ibarra.".

El 15 de abril de 2005 la señora Maribel Pinchao suscribió\n un contrato de arrendamiento con el Municipio de Ibarra, por\n el plazo de cinco años.

El 12 de mayo del 2005, la señora María Mercedes\n Quinche Males, concedió el puesto 432-A del Mercado Amazonas,\n sección abierta, a la señora Maribel Pinchao, mediante\n instrumento privado, reconocido por el Notario Público\n del Cantón Ibarra.

Pese a todo lo dicho, el 20 de julio del 2005, la señora\n Maribel Pinchao fue notificada con la resolución emitida\n el día 5 de los mismos mes y año por el Concejo\n Municipal de Ibarra, mediante la cual se dispone que se devuelva\n el puesto a la señora María Mercedes Quinche Males.\n Esta resolución fue ratificada el 12 de julio del 2005.

En virtud de esto, se solicitó al Prefecto de Imbabura\n revocar la mencionada solicitud.

El 12 de octubre del 2005, y dentro del trámite de\n apelación interpuesto por la señora Maribel del\n Carmen Pinchao, se emite resolución de la Cámara\n Provincial, adoptada en sesión ordinaria del Gobierno\n Provincial de Imbabura, que da paso al recurso planteado por\n la mencionada señora, respecto de la resolución\n emitida por el Concejo Municipal de Ibarra el 5 de julio del\n 2005.

Frente a esta Resolución, las accionantes presentaron\n ante el Prefecto de Imbabura Recurso de Apelación a efecto\n de que sea conocido por el Tribunal Constitucional. Las accionantes\n en lo principal, manifiestan lo siguiente:

Que el 29 de noviembre del 2005, han sido notificadas con\n la resolución de la Cámara Provincial adoptada\n en sesión ordinaria realizada el 22 de noviembre del 2005,\n en la que se acoge el informe presentado por la Comisión\n de Redacción, Legislación, Excusas y Sanciones,\n resolución que en definitiva desecha su reclamo.

Que dicho texto incurre en los mismos errores de la resolución\n inicial dictada por la Cámara Provincial, por cuanto no\n existe un pronunciamiento claro y concreto sobre las alegaciones\n respecto de las transgresiones legales incurridas por la apelante,\n Maribel del Carmen Pinchao, lo cual es atentatorio al principio\n del debido proceso, inherente al trámite administrativo\n de este caso.

Que, conforme consta en el expediente, la señora Maribel\n Pinchao fue notificada el 26 de agosto del 2005, con la resolución\n No. 463, dictada por el Concejo Municipal de San Miguel de Ibarra,\n y el recurso de apelación se lo presenta el 8 de septiembre\n del 2005, es decir, fuera del término legal, habiéndose\n concedido el recurso, constituyendo este aspecto fundamental\n de procedimiento uno de los puntos de desacuerdo sobre el cual\n el Gobierno Provincial no se ha pronunciado.

La interposición del recurso de apelación, dicen,\n no puede estar supeditada a la liberalidad de las partes, como\n ha sucedido en este caso, por lo que cabe que quede claro dentro\n de qué tiempo debe interponerse el recurso, y para ello\n debe resaltarse que el principio jurídico general determina\n que el recurso de apelación se lo interpondrá dentro\n de tres días de notificada una resolución. En consecuencia,\n queda en evidencia que el acto administrativo contenido en la\n resolución ilegalmente impugnada por Maribel del Carmen\n Pinchao, quedó en firme, y ante esta realidad jurídica,\n el Consejo Provincial de Imbabura no podía pronunciarse\n aceptando el recurso, por ser extemporáneo.

Por lo expuesto, dentro del término legal, y con fundamento\n en lo previsto en el Art. 138, inciso segundo, de la Ley Orgánica\n de Régimen Municipal, interponen el recurso para y antele\n Tribunal Constitucional en la ciudad de Quito.

Radicada la competencia en esta Sala y, siendo el estado de\n la causa el de resolver, para hacerlo se considera:

PRIMERO.- La Sala es competente para conocer y resolver el\n caso de conformidad con lo que dispone el numeral 7 del Art.\n 276 de la Constitución Política del Estado.

SEGUNDO.- El trámite se ha desarrollado de acuerdo\n con la Constitución y la Ley habiéndose garantizado\n el respeto de las normas y principios del debido proceso.

TERCERO.- Afirman las recurrentes que es de total evidencia\n que en la tramitación del caso materia de estudio se ha\n transgredido el principio constitucional del debido proceso,\n puntualmente en cuanto a lo que señala el numeral 13 del\n Art. 24 de la Constitución de la República. Que\n en base al principio jurídico general, la apelación\n de la resolución de primer nivel debió habérselo\n practicado a los tres días de notificada tal resolución,\n salvo que exista disposición expresa que determine otro\n tiempo. En consecuencia, la Comisión de Legislación\n estaba en la obligación de determinar que la apelación\n se la interpuso en forma extemporánea, hecho que no ha\n sido resuelto.

CUARTO.- El primer inciso del Art. 138 (actual 134 de la Codificación)\n de la Ley Orgánica de Régimen Municipal al que\n se refieren las comparecientes, señala que en el caso\n de decisión desfavorable, podrá el interesado recurrir\n ante el Consejo Provincial. El inciso segundo de la norma citada\n prescribe: &quo

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