Registro Oficial. 22 de JUNIO del 2006 Suplemento

Jueves, 22 de junio de 2006

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   JUNIO DE 2006
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Jueves, 22 de junio de 2006 - R. O. No. 297
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SUPLEMENTO

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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DR. RUBÉN DARIO ESPINOZA DIAZ
DIRECTOR
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
RESOLUCIONES:

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PRIMERA SALA

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0014-2005-AA Deséchase la demanda de inconstitucionalidad formulada por Fernando Ríos Escorza.
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0226-2005-RA Confírmase la resolución del Juez Cuarto de lo Civil de Zamora Chinchipe y concédese la acción de amparo constitucional presentada por Nora Jacqueline Torres Camacho.

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0299-2005-RA Confírmase lo resuelto en primer nivel y acéptase el amparo constitucional interpuesto por Julio Adalberto Ramírez y otro.

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0312-2005-RA Revócase la resolución pronunciada por el doctor Raúl Marino Hernández, Juez Séptimo de lo Civil de Pichincha y niégase la demanda de amparo constitucional propuesta por la economista Ana Ritha Chicango Abásalo.

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0317-2005-RA Confírmase lo resuelto en primer nivel y niégase el amparo constitucional interpuesto por el ingeniero Napoleón Soria Bohórquez.

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0343-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional propuesto por la licenciada Julia Lucila Díaz Merino.

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0385-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y concédese el amparo constitucional solicitado por el señor Pió Vicente Castillo Carpió.

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0398-05-RA Confírmase la resolución dictada por el Juez de instancia y niégase el amparo constitucional propuesto por el señor Nelson Tapia Rosero y otra.

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0413-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y concédese el amparo constitucional solicitado por el señor Duval Antonio Jumbo Benítez y otro.

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0002-2006-RS Revócase la resolución adoptada por el H. Consejo Provincial de Manabí y acéptase el recurso de apelación interpuesto por el ingeniero Jhonny Cañarte Castillo, Alcalde del cantón Jipijapa y otro.

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0004-2006-RS Niégase el recurso de apelación interpuesto por Guillermo Muñoz Tamayo.

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0253-2006-RA Revócase la resolución del Juez Sexto de lo Civil del Guayas y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por Jaime Alfredo Nuques Parra, por improcedente..

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TERCERA SALA

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0014-2005-RA Concédese la acción de amparo constitucional propuesta por el señor José Fernando Rosero Rohde.

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0043-2005-HC Concédese el recurso de hábeas corpus interpuesto por Carlos Arturo Montalvo Quito.

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0061-2005-HC Revócase la resolución venida en grado y concédese el recurso de hábeas corpus interpuesto por el doctor Iván Durazno C. a favor de Juan Carlos Mogro Amagua.

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0310-2005-RA Confírmase la resolución de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y deséchase la acción de amparo constitucional presentada por Juan Martín Puerta Garcés, Gerente General de SALUDCOOP S.A.

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0319-05-RA Ratifícase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta por Ana del Rocío Cabrera Santamaría.

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0321-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional propuesto por la señora Lilia Alicia Bríto Espinoza.

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0338-05-RA Inadmítese la acción de amparo constitucional presentada por Mentor Alcides Marino Herrera.

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0356-05-RA Confírmase la resolución del Juez inferior y niégase la acción de amparo constitucional planteada por Miriam Patricia Lastra Zurita..

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0460-2005-RA Confírmase la resolución del Juez Primero de lo Civil de El Oro e inadmítese la acción de amparo constitucional propuesta por Ribott Valdivieso Espinoza, representante de la Cooperativa de Transporte Urbano Ciudad de Máchala.

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0184-06-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia constitucional y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por Riña Rojas Moncayo.

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0281-2006-RA Revócase la resolución del Juez inferior y niégase la acción de amparo constitucional planteada por el ingeniero Linden Prado Rodríguez

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ORDENANZA MUNICIPAL:

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- Cantón Palestina: Que reglamenta los procesos de contratación.

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Quito, 7 de junio de 2006.-

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No. 0014-2005-AA

\n\n

Vocal ponente: Dr. Enrique Tamariz Baquerizo

\n\n

"LA PRIMERA SALA DEL
\n TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso signado con el N° 0014-2005-AA

\n\n

ANTECEDENTES:
\n El señor Fernando Ríos Escorza, con el informe\n de procedibilidad del Defensor del Pueblo, de conformidad a lo\n establecido en el numeral dos del artículo 276 y numeral\n quinto del artículo 277 de la Constitución Política\n del Estado; 12 y 62 de la Ley del Control Constitucional; y,\n 8 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo,\n demanda la inconstitucionalidad del acto administrativo contenido\n en la Resolución dictada por la Corporación Aduanera\n Ecuatoriana el 9 de diciembre de 1999 y por consiguiente de los\n actos de ejecución, Acción de Personal.

\n\n

Que la Disposición Transitoria Quinta de la Ley Orgánica\n de Aduanas establecía que "una vez constituida la\n Corporación Aduanera Ecuatoriana, esta se integrará\n preferentemente con los actuales funcionarios y empleados de\n la Dirección Nacional de Aduanas, previo un proceso de\n selección a cargo de una firma privada especializada en\n la materia, en el que se considerará entre otros efectos\n la formación académica, curso de capacitación,\n honorabilidad y experiencia. Este personal y el que se incorpore\n adicionalmente deberá reunir los requisitos pertinentes\n y no haber recibido la indemnización que es mencionada\n a continuación...".

\n\n

Que el Directorio de la CAE, en base a esta disposición\n realizó el proceso de selección de carácter\n psicotécnico, no de carácter académico,\n de capacitación, investigación o de honestidad\n y de la experiencia, como manda la Disposición transcrita,\n para lo cual contrató a la empresa privada Caridad Arosemena\n y Asociados, sin sujetarse a la Ley de Contratación Pública,\n lo que violenta las normas legales pertinentes.

\n\n

Que la CAE mediante Resolución de 9 de diciembre de\n 1999, remueve de los cargos a varios empleados que no eran de\n libre remoción, de acuerdo al artículo 90 de la\n Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, sin permitirles\n el derecho a la legítima defensa.

\n\n

Que conjuntamente con otros compañeros de trabajo,\n presentó la acción de amparo constitucional en\n contra del Gerente General de la CAE, la que por apelación\n fue conocida por la Primera Sala del Tribunal Constitucional\n e inadmitida (Causa 148-2000-RA).

\n\n

Que presentó una nueva acción de amparo, caso\n No. 0626-2003-RA de 27 de noviembre del 2003, que igualmente\n fue inadmitida, en una supuesta aplicación del artículo\n 57 de la Ley del Control Constitucional.

\n\n

Que la Resolución impugnada violenta los artículos\n 23 numerales 3, 17, 26 y 27 de la Constitución Política\n de la República.

\n\n

Que el contrato celebrado con la empresa seleccionadora adolece\n de presunciones de nulidad por haber violado la Ley de Contratación\n Pública, por lo que la Acción de Personal no tiene\n ninguna motivación.

\n\n

Que el objeto del contrato no se sujetó a las condiciones\n señaladas en la Quinta Disposición Transitoria\n de la Ley Orgánica de Aduanas.

\n\n

Que varios de los funcionarios que fueron removidos no se\n encontraban ejerciendo funciones de las señaladas en el\n artículo 90 letra a) de la Ley de Servicio Civil y Carrera\n Administrativa, por lo que el acto administrativo es inconstitucional\n e ilegal y ha sido adoptado y ejecutado en arrogación\n de facultades, lo que prohíbe el artículo 119 de\n la Constitución, atentándose a la estabilidad de\n los servidores públicos estipulada en el artículo\n 124 ibídem.

\n\n

Por lo expuesto solicita se declare la inconstitucionalidad\n del acto administrativo contenido en la Resolución de\n 9 de diciembre de 1999, dictado por el Directorio de la CAE y\n por ende la inconstitucionalidad de la Acción de Personal.

\n\n

Mediante providencia de 17 de abril de 2006, las 17h23, la\n Comisión de Recepción y Calificación del\n Tribunal Constitucional admite la demanda a trámite.

\n\n

La Primera Sala del Tribunal Constitucional, luego del sorteo\n correspondiente, mediante providencia de 3 de mayo de 2006, avoca\n conocimiento de la causa y corre traslado con el contenido de\n la demanda a los señores Gerente General de la CAE y Procurador\n General del Estado.
\n El Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana,\n en su contestación manifiesta que el Directorio de la\n CAE, en la sesión de 9 de diciembre de 1999, mencionada\n por el actor, no ha adoptado ninguna Resolución, sino\n que se limitó a apoyar la gestión del Gerente General\n de la CAE de esa época, en el pedido de racionalización\n de personal, con fundamento en la Disposición Quinta Transitoria\n de la Ley Orgánica de Aduanas. Que la Gerencia General\n de la CAE, en aplicación a lo que disponía la Quinta\n Disposición Transitoria de la LOA y en uso de la atribución\n que le confiere el artículo 111.-I.- Administrativas,\n literal b) de la LOA procedió a expedir el acto administrativo\n contenido en las Acciones de Personal, por las que se les desvinculaba\n laboralmente de la Institución a varios funcionarios,\n por no haber sido seleccionados para integrar la CAE. Que al\n no existir Resolución del Directorio de la CAE, no procede\n ninguna declaratoria de inconstitucionalidad. Que la demanda\n ha sido presentada en dos ocasiones anteriores, mediante acciones\n de amparo constitucional, las que fueron inadmitidas y desechadas.\n Que al haber el acto administrativo causado estado ha quedado\n en firme y lleva implícita la declaración de legitimidad.\n Que esta misma demanda de inconstitucionalidad fue presentada\n en la Primera Sala del Tribunal Constitucional, por los señores\n Marcelo Cordero Altamirano y Héctor Eduardo Chuinta en\n la causa No. 003-2005-AA y por la señora Mónica\n Mejía Narváez, en calidad de Procuradora Común,\n causa No. 009-2005-AA, las que fueron desechadas por improcedentes.

\n\n

Por lo expuesto solicita se deseche por improcedente la demanda\n de inconstitucionalidad planteada.

\n\n

CONSIDERANDO:

\n\n

PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer y resolver\n la demanda planteada, de conformidad con lo que disponen los\n artículos 276, número 2, de la Constitución,\n 12, número 2, y 62 de la Ley del Control Constitucional\n y 20 y siguientes del Reglamento de Trámite de Expedientes\n en el Tribunal Constitucional;

\n\n

SEGUNDO.- El actor da cumplimiento al requisito establecido\n en el numeral 5 del Art. 277 de la Constitución Política\n de la República porque presenta su demanda de inconstitucionalidad\n contando para el efecto con el informe favorable para su procedencia.

\n\n

TERCERO.- Examinado el acto administrativo que consta en la\n comunicación de 9 de abril de 1999 suscrita por el Gerente\n General de la CAE, Corporación Aduanera Ecuatoriana, determina\n que la Corporación Aduanera Ecuatoriana, en aplicación\n a la Ley Orgánica de Aduanas y en base al proceso de selección\n efectuado por una firma especializada en la materia contratada\n para el efecto, no ha sido seleccionado Ríos Escorza Fernando\n para integrar la CAE, por lo que se ha resuelto su remoción\n del cargo que desempeñaba en la Dirección Nacional\n de Aduanas, mediante la Acción de Personal que adjunta.\n Por su parte, la Acción de Personal de fecha 9 de diciembre\n de 1999 firmada por el Gerente de Recursos Humanos y Gerente\n General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, le hace\n saber a Ríos Escorza Fernando que la Corporación\n Aduanera Ecuatoriana, en aplicación a lo dispuesto en\n la Quinta Disposición Transitoria de la Ley Orgánica\n de Aduanas, teniendo como base el proceso de selección\n efectuado por la firma privada especializada en la materia contratada\n para el efecto, no fue seleccionado para integrar la CAE, ha\n resuelto su remoción del cargo que venía desempeñando\n en la Dirección Nacional de Aduanas.

\n\n

CUARTO.- La Disposición Transitoria Quinta de la Ley\n Orgánica de Aduanas expedida mediante Ley No. 99 por el\n Plenario de las Comisiones Legislativas del Congreso Nacional,\n publicada en el Registro Oficial No. 359 de julio 13 de 1998,\n estableció "Una vez constituida la Corporación\n Aduanera Ecuatoriana, ésta se integrará preferentemente\n con los actuales funcionarios y empleados de la Dirección\n Nacional de Aduanas, previo un proceso de selección a\n cargo de una firma privada especializada en la materia, en el\n que se considerará entre otros aspectos, la formación\n académica, cursos de capacitación, honorabilidad\n y experiencia. Este personal y el que se incorpore adicionalmente\n deberá reunir los requisitos pertinente y no haber recibido\n la indemnización que se menciona a continuación...".\n Disposición que por tener la calidad de transitoria, tuvo\n su vigencia y eficacia mientras se adecuaban las condiciones\n para constituir orgánicamente a la Corporación\n Aduanera Ecuatoriana y cuya permanencia se agotó con su\n cumplimiento, una vez que la firma privada especializada en la\n materia completó sus estudios y estableció los\n parámetros previstos en la Transitoria Quinta; y, tanto\n es así que en las Reformas a la Ley Orgánica de\n Aduanas de mayo y noviembre del 2003 se incorporan nuevas disposiciones\n transitorias que confieren facultades al Directorio de la Corporación\n Aduanera Ecuatoriana para que supervise la ejecución de\n reestructuración integral técnica y administrativa\n de la CAE hasta el 31 de diciembre del 2003.

\n\n

QUINTO.- En el caso, la Resolución de diciembre 9 de\n 1999 adoptada por la Corporación Aduanera Ecuatoriana\n y la Acción de Personal de diciembre 9 de 1999, tiene\n como fundamento la Disposición Transitoria Quinta de la\n Ley Orgánica de Aduanas publicada en el Registro Oficial\n No. 359 de 13 de julio de 1998 la que, como se deja señalado\n en líneas anteriores, perdió su vigencia. Por tanto,\n la pretensión de que se declare la inconstitucionalidad\n de dicha Resolución y de la Acción de Personal\n entraña la impugnación de la Transitoria Quinta\n que tuvo en el pasado el carácter de acto normativo y\n de efectos generales.

\n\n

SEXTO.- La Constitución es un todo orgánico\n y el sentido de sus normas debe ser determinado e interpretado\n de manera que exista entre ellas la debida correspondencia y\n armonía, debiendo excluirse cualquier interpretación\n que conduzca a anular o privar de eficacia a algún o algunos\n de sus preceptos. De este modo, la acción de inconstitucionalidad\n de acto administrativo no se encuentra prevista en la Constitución\n como un mecanismo para reemplazar procedimientos establecidos\n en ésta o en el ordenamiento jurídico. La acción\n de inconstitucionalidad de acto administrativo no tiene por finalidad\n determinar la legalidad de los actos impugnados, pues para ello\n se prevén los recursos contenciosos administrativos (subjetivo\n o de plena jurisdicción y objetivo o de anulación,\n según los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de la Jurisdicción\n Contencioso Administrativa). No corresponde, entonces, al Tribunal\n Constitucional ni al objeto de la acción de inconstitucionalidad\n de acto administrativo determinar si un órgano del poder\n público, en el caso la CAE, ha ejercido las facultades\n que le confiere la ley.

\n\n

Por todo lo expuesto, la Primera Sala del Tribunal Constitucional,\n en ejercicio de sus atribuciones,

\n\n

RESUELVE

\n\n

1.- Desechar la demanda de inconstitucional formulada por\n Fernando Ríos Escorza en contra del Gerente General de\n la Corporación Aduanera Ecuatoriana y Procurador General\n del Estado; y,

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2.- Disponer que la Resolución se publique en el Registro\n Oficial.

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f.) Dr. Juan Montalvo Malo, Presidente Primera Sala.

\n\n

f.) Dr. Tarquino Orellana Serrano, Vocal Primera Sala.

\n\n

f.) Dr. Enrique Tamariz Baquerizo, Vocal Primera Sala.

\n\n

Razón.- Siento por tal que la Resolución que\n antecede, fue discutida y aprobada por los señores doctores\n Juan Montalvo Malo, Tarquino Orellana Serrano y Enrique Tamariz\n Baquerizo, Vocales de la Primera Sala del Tribunal Constitucional,\n a los siete días del mes de junio de dos mil seis.-

\n\n

f.) Dra. Anacélida Burbano Játiva, Secretaria\n Primera Sala.

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del\n original.- Quito, a 15 de junio del 2006.- f.) Secretaria de\n la Sala.

\n\n

 

\n\n

Quito, 7\n de junio de 2006

\n\n

No. 0226-2005-RA

\n\n

Vocal ponente: Dr. Enrique Tamariz Baquerizo

\n\n

LA PRIMERA SALA DEL
\n TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
\n En el caso signado con el No. 0226-2005-RA

\n\n

ANTECEDENTES:

\n\n

El presente caso viene a conocimiento del Tribunal Constitucional\n con fecha 7 de marzo de 2005, en virtud de la acción de\n amparo interpuesta por la señora NORA JAQUELINE TORRES\n CAMACHO, por sus propios derechos, en contra de los señores\n Alcalde y Procurador Síndico del I. Municipio del Cantón\n Centinela del Cóndor: Que, de la acción de personal\n No 0035 de 27 de diciembre de 2004, fue nombrada Prosecretaria\n del Consejo Cantonal, de conformidad con lo dispuesto en los\n artículos 72 numerales 24 y 26 de la Ley Orgánica\n de Régimen Municipal, 74 y demás disposiciones\n de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa\n y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones\n del Sector Público. Que, mediante acción de personal\n No 029 de 20 de enero de 2005, se le destituye del cargo sin\n causa justificada transgrediendo los artículos 75 y 46\n literal f) de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa\n y de Unificación y Homologación del Sector Público,\n que contempla que para ser destituido un servidor público\n la autoridad competente debe notificarle con la resolución\n al interesado luego del sumario administrativo, levantado por\n la Unidad de Recursos Humanos, para probar las causas previstas\n en el artículo 50 de la Ley de Servicio Civil y Carrera\n Administrativa, además deque su destitución no\n esta enmarcada en lo dispuesto en el artículo 192 de la\n Ley Orgánica de Régimen Municipal; los fundamentos\n jurídicos de los que hace uso el señor Alcalde\n para destituirle a la recurrente constan en el oficio No 28 de\n 20 de enero de 2005. Que el acto administrativo emanado por el\n Alcalde del Municipio del cantón Centinela del Cóndor,\n ha vulnerado el derecho de estabilidad consagrado en los artículos\n 124 de la Constitución Política de la República,\n 18, 46, 50 y 75 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y\n Carrera Administrativa Unificación y Homologación\n del Sector Público; y, 192 de la Ley Orgánica de\n Régimen Municipal, causándole un daño grave\n e irreparable, por dejarle sin una fuente de trabajo, poniendo\n en riesgo la estabilidad económica de su familia.- Con\n estos antecedentes y amparada en el artículo 95 de la\n Constitución Política de la República, 46\n y siguientes de la Ley del Control Constitucional, solicita se\n deje sin efecto el acto administrativo, emanado por el Alcalde\n del Municipio del cantón Centinela del Cóndor y\n se le reintegre a sus funciones.

\n\n

El Juez Cuarto de lo Civil de Zamora con sede en la ciudad\n de Zumbi, cantón Centinela del Cóndor, mediante\n providencia de 1ro de febrero de 2005, acepta a trámite\n este amparo y convoca a audiencia pública para el 9 de\n febrero de 2005, a las 10h00.

\n\n

En el día y hora señalados se realizó\n la audiencia pública en la que la accionante con sus abogados\n defensores se ratificó en los fundamentos de hecho y de\n derecho de su petición. El Alcalde y Procurador Síndico\n del Municipio del cantón Centinela del Cóndor,\n adjunta una serie de documentos, en los que demuestran que no\n hubo concurso de merecimientos y oposición violando expresamente\n el artículo 124 numeral 2 de la Constitución Política\n de la República, además expresan que no existe\n disponibilidad financiera y económica para cubrir los\n gastos del personal del año 2005, además los demandados\n solicitan se reproduzca la documentación adjuntada, y\n que al momento de resolver se deseche el recurso de amparo constitucional\n y el archivo de la causa en virtud de que no se ha violado ninguna\n disposición constitucional.

\n\n

El 24 de febrero de 2005, el Juez Cuarto de lo Civil de Zamora,\n con sede en la ciudad de Zumbi cantón Centinela del Cóndor,\n resolvió conceder el amparo constitucional interpuesto\n por la Licenciada Jaqueline Torres Camacho, en contra de los\n señores Alcalde y Procurador Síndico del Municipio\n del cantón Centinela del Cóndor y consecuentemente\n se dispone el inmediato reintegro de la recurrente a las funciones\n que venía desempeñando, en el Municipio del cantón\n Centinela del Cóndor, en su calidad de Prosecretaria.

\n\n

Radicada la competencia en esta Sala por sorteo correspondiente\n y siendo el estado de la causa el de resolver se considera:

\n\n

CONSIDERANDO:

\n\n

PRIMERO.- Que, la Sala es competente para conocer y resolver\n el presente caso de conformidad con lo que disponen los artículos\n 95 y 276, número 3, de la Constitución, en concordancia\n con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley del Control\n Constitucional;
\n SEGUNDO.- Que, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna\n que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo\n que se declara su validez;

\n\n

TERCERO.- La acción de amparo constitucional contemplada\n en el artículo 95 de la Carta Política dispone\n "Cualquier persona, por sus propios derechos o como representante\n legitimado de una colectividad, podrá proponer una acción\n de amparo ante el órgano de la Función Judicial\n designado por la Ley. Mediante esta acción, que se tramita\n en forma preferente y sumaria, se requerirá la adopción\n de medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión\n o remediar inmediatamente las consecuencias de un acto u omisión\n ilegítimos de una autoridad pública que viole o\n pueda violar cualquier derecho consagrado en la Constitución\n o en un tratado o convenio internacional; y, que de modo inminente\n amenace con causar un daño grave. También podrá\n interponer la acción si el acto o la omisión hubiere\n sido realizados por personas que presten servicios públicos\n o actúen por delegación o concesión de autoridad\n pública. En consecuencia, para que proceda el recurso\n de amparo constitucional es necesario a) Que exista un acto u\n omisión de autoridad pública, b) Que viole o pueda\n violar cualquier derecho consagrado en la Constitución\n o en un tratado o convenio internacional vigente; y, c) Que cause\n o amenace causar un daño grave, y de modo inminente.

\n\n

CUARTO.- Que la accionante, por medio de la presente acción\n pretende se deje sin efecto el acto administrativo constante\n en la Acción de Personal No. 029 de 20 de enero del 2005,\n mediante la cual se le comunica que se da por terminada la relación\n laboral entre el Gobierno Municipal de Centinela del Cóndor\n y la recurrente, que desempeñaba el cargo de Prosecretaria;\n al efecto se debe señalar que el Tribunal Constitucional\n en un sinnúmero de casos en los cuales no se ha permitido\n ejercer el legítimo derecho a la defensa, se ha pronunciado\n declarando la suspensión del acto impugnado y, reintegrando\n a la persona a su puesto de trabajo, con todos los derechos que\n por ley le corresponde; del análisis del expediente se\n establece que no se ha seguido ningún procedimiento administrativo\n para dar por terminada la relación laboral que mantenía\n la accionante con el Gobierno Municipal del Cantón Centinela\n del Cóndor. Por lo manifestado se viola flagrantemente\n el procedimiento de su legítimo derecho a la defensa previsto\n en el numeral 10 del artículo 24 de la Constitución\n de la República, se viola su derecho constitucional al\n trabajo garantizado en el artículo 35 de la Constitución,\n así como el derecho a la seguridad jurídica contemplado\n en el numeral 26 del artículo 23, el derecho a un debido\n proceso establecido en el numeral 27 del artículo 23 de\n la Carta Magna.

\n\n

QUINTO.- Que, la Constitución de la República\n en su artículo 24 establece como una de las garantías\n fundamentales, el debido proceso, que implica a su vez la presunción\n de inocencia de toda persona que merece por consideración\n humana, un procedimiento previo mediante el cual se le permita\n hacer uso del derecho de defensa, esto es, que exponga sus puntos\n de vista, sus razones, descargue pruebas, contraríe argumentos\n o se excepcione, en razón de considerar que se le causa\n un grave daño, además de que a la accionante no\n se le ha dado la oportunidad de defenderse, no se ha llevado\n un debido proceso, no se le ha instaurando un sumario administrativo,\n debiéndose manifestar que el acto impugnado adolece de\n ilegitimidad al contradecir el principio de que los poderes públicos\n deben hacer expresamente lo que la ley disponga y están\n prohibidos de hacer aquello que la ley no contempla, más\n aún todos los actos emanados por los poderes públicos\n deben mantener conformidad con los preceptos constitucionales\n y están obligados a la aplicación de sus normas;\n y,

\n\n

SEXTO.- Que, la actuación de la Autoridad Municipal,\n expresada mediante el acto impugnado, constituye actuación\n ilegítima con el fin de desvincular a la accionante del\n trabajo que venía desempeñando a órdenes\n de la entidad, violando de esta forma la estabilidad establecida\n en el inciso segundo del artículo 124 de la Constitución\n Política de la República, así como también\n el derecho al trabajo establecido en el Art. 35, el derecho a\n la seguridad jurídica y al debido proceso constantes en\n los numerales 26 y 27, respectivamente, del Art. 23 de la Carta\n Fundamental del Estado, y al privársele del trabajo se\n le está impidiendo el respeto a su dignidad, a una existencia\n decorosa y a tener una remuneración que permita cubrir\n las necesidades de la recurrente y de su familia, en definitiva,\n se le está causando un daño inminente, a más\n de grave e irreparable.

\n\n

Por lo expuesto y en ejercicio de sus atribuciones,

\n\n

 

\n\n

RESUELVE:

\n\n

1. Confirmar la resolución del Juez Cuarto de lo Civil\n de Zamora Chinchipe con asiento en Zumbi, en consecuencia, conceder\n la acción de amparo constitucional presentada por Nora\n Jacqueline Torres Camacho, dejando sin efecto el acto administrativo\n constante en la Acción de Personal No. 029 de 20 de enero\n de 2005 ; y, disponiéndose el inmediato reintegro a su\n lugar de trabajo. Sin perjuicio de esta resolución de\n cumplimiento obligatorio, de existir vicios de nulidad insubsanables\n o no convalidables por la autoridad en el nombramiento de la\n accionante, la Administración Municipal bien puede recurrir\n a la acción de lesividad, regulada en el artículo\n 23 literal d) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso\n Administrativa.

\n\n

2. Devolver el expediente al Juez de Instancia para los fines\n legales consiguientes.- Notifíquese.

\n\n

f.) Dr. Juan Montalvo Malo, Presidente Primera Sala.

\n\n

f.) Dr. Tarquino Orellana Serrano, Vocal Primera Sala.

\n\n

f.) Dr. Enrique Tamariz Baquerizo, Vocal Primera Sala.

\n\n

Razón.- Siento por tal que la Resolución que\n antecede, fue discutida y aprobada por los señores doctores\n Juan Montalvo Malo, Tarquino Orellana Serrano y Enrique Tamariz\n Baquerizo, Vocales de la Primera Sala del Tribunal Constitucional,\n a los siete días del mes de junio de dos mil seis.-

\n\n

f.) Dra. Anacélida Burbano Játiva, Secretaria\n Primera Sala.

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del\n original.- Quito, a 15 de junio del 2006.- f.) Secretaria de\n la Sala.

\n\n

 

\n\n

Quito D.\n M., 7 de junio de 2006.-

\n\n

No. 0299-2005-RA

\n\n

Vocal ponente: Dr. Enrique Tamariz Baquerizo

\n\n

PRIMERA SALA DEL
\n TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso signado con el No. 0299-2005-RA

\n\n

ANTECEDENTES:

\n\n

Los señores Julio Adalberto Ramírez y Fredy\n Gustavo Brito, comparecen ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso\n Administrativo de Cuenca y proponen acción de amparo constitucional\n contra del Alcalde y Procurador Síndico del Municipio\n de Loja, impugnando las destituciones de sus cargos, manifestando\n en lo principal lo siguiente:

\n\n

Que, el primero de los comparecientes, el 14 de noviembre\n de 1996, fue nombrado analista de recursos humanos y luego de\n cumplir el año de prueba se le extendió el nombramiento\n definitivo el 3 de diciembre de 1997; el 1ro de enero de 1998,\n se le ascendió al cargo de analista central de recursos\n humanos, y finalmente el 1ro de agosto de 1998, se le nombra\n Jefe de Personal. El segundo compareciente mediante contrato\n 024 de 21 de agosto de 1996, fue nombrado promotor social, el\n mismo que una vez cumplido fue renovado hasta el 31 de diciembre\n del mismo año; mediante contrato 223, desde el 1ro de\n enero hasta el 31 de marzo de 1997, se le ratifica en sus funciones.\n Durante el año 1998, mediante contratos 186, 1008 continúa\n ocupando las funciones aludidas; con acción de personal\n No 0449-JPML-98, se le encarga la Jefatura de Promoción\n Popular, desde el 1ro de abril de 1998, ratificándole\n con la acción de personal No. 1182. Mediante contrato\n 0237 de enero de 1999, por el lapso de 6 meses se le contrata\n como Jefe de Promoción Popular y mediante contratos 1389\n y 2088 cumplió las mismas funciones todo el año\n 1999; en el año 2000 se le extiende los contratos 053\n y 1850 en calidad de Jefe de Promoción Popular, Con acción\n de personal No. 1445 JP-2000 se deja insubsistente el contrato\n No. 1850, para con otra acción de personal 1438 JP-2000\n extenderle el nombramiento de Promotor Social, a partir del 1ro\n de septiembre del 2000. El 6 de enero del presente año\n cuando los comparecientes se presentaron a cumplir sus tareas\n habituales se encontraron con la novedad de que han sido remplazados\n y lo peor sin notificación legal alguna, e indicándoles\n indistintamente que no se les ha notificado por que los cargos\n son de libre nombramiento y remoción. Que, los accionantes\n mediante oficios le han solicitado al Alcalde de Loja su intervención,\n porque sus cargos según la anterior y actual Ley Orgánica\n de Servicio Civil y Carrera Administrativa y Unificación\n y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público,\n las normas anteriores y reformadas de la Ley Orgánica\n de Régimen Municipal, no son de libre nombramiento y remoción.\n Que han recurrido al Cabildo en demanda de justicia sin embargo\n no se les ha respondido, por lo que estarían inmersos\n en la figura del silencio administrativo. Que, al despedirlos\n se han violado las siguientes disposiciones legales y constitucionales\n como son el artículo 124 de la Constitución Política\n del Estado en concordancia con los artículos 4,18, 95\n y 97 literal a) de la Ley Orgánica de Servicio Civil y\n Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación\n de la Remuneración del Sector Público, artículos\n 35 numeral 4 ; 23 numerales 26 y 27; 24 numerales 1 y 10 de la\n Carta Política, en concordancia con los artículos\n 46, 49 y 50 de la Ley referida, todo ello relacionado con lo\n que dispone la Ley de Régimen Municipal numeral 24 del\n artículo 72 reformado; inciso 1ro del articulo 119; 124;\n 23 numeral 3 de la Constitución. Que la falta de motivación\n de la tomada por el Alcalde de Loja infringe lo dispuesto en\n el artículo 31 de la Ley de Modernización del Estado\n y el numeral 13 del artículo 24 de la Constitución\n Política del a República. Por las consideraciones\n expuestas y amparados en lo dispuesto en el artículo 95\n de la carta Magna y 46, 47 y 48 y siguientes de la Ley de Control\n Constitucional, solicitan se adopten las medidas destinadas a\n cesar y remediar inmediatamente las consecuencias de los actos\n administrativos ilegítimos, disponiendo se deje sin efecto\n todo lo ordenado por la autoridad recurrida y se disponga el\n reintegro a las funciones para las cuales han sido nombrados\n y han venido desempeñado y el pago de los valores que\n se les adeuda.

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El la audiencia pública, los actores con su abogado\n defensor, se ratificaron en los fundamentos de hecho y de derecho\n del libelo de su demanda de amparo constitucional.

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El abogado del Alcalde del Municipio de Loja manifiesta: Que,\n la estabilidad de los servidores públicos está\n garantizada por la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa\n y no en la Constitución; y, además tiene trámite\n especial en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa,\n razón por la que no es procedente el recurso de amparo\n al cual solo corresponde las violaciones a los derechos consagrados\n en la Constitución y Leyes secundarias

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El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No\n 3 de Cuenca, resolvió aceptar la presente acción\n de amparo constitucional considerando: Que, el Alcalde señala\n como fundamento de su negativa a las pretensiones de los recurrentes\n lo preceptuado en el artículo 192 de la Ley Orgánica\n de Régimen Municipal, por cuanto dichos cargos no están\n comprendidos en esa disposición, por lo que tampoco es\n procedente el contenido de los oficios que constan a fojas 3\n y 12 del Proceso. Sin ser necesario otras consideraciones, el\n Tribunal Distrital de lo Contencioso administrativo Nro.3, Resuelve\n aceptar el recurso interpuesto y declarar ilegítimos los\n actos de cesación de los peticionarios y suspender sus\n efectos, debiendo ser reintegrados inmediatamente a sus puestos\n de trabajo.

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Encontrándose el presente caso en estado de resolver,\n para hacerlo se realizan las siguientes

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CONSIDERACIONES

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PRIMERO.- Que, la Sala es competente para conocer y resolver\n el presente caso de conformidad con lo que disponen los artículos\n 95 y 276 número 3 de la Constitución, en concordancia\n con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley del Control\n Constitucional.

\n\n

SEGUNDO.- Que, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna\n que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo\n que se declara su validez.

\n\n

TERCERO.- Que, la acción de amparo constitucional de\n acuerdo con lo establecido en el Art. 95 de la Constitución\n y el Art. 46 de la Ley del Control Constitucional, procede cuando\n coexisten los siguientes elementos a) Acto ilegítimo de\n autoridad pública; b) Que ese acto haya causado, cause\n o pueda causar un daño inminente y grave; y, c) Que ese\n acto vulnere los derechos consagrados en la Carta Fundamental\n o los consignados en las declaraciones, pactos convenios y demás\n instrumentos internacionales vigentes en el Ecuador.

\n\n

CUARTO.- Que, los accionantes impugnan la destitución\n de la que han sido objeto por parte del Alcalde del Municipio\n de Loja, quien ante el reclamo oportuno que se le hizo llegar,\n en escuetas y descomedidas comunicaciones les ha manifestado\n "...sírvase leer el Art. 192 Reformado de la Ley\n Orgánica de Régimen Municipal publicado en el Suplemento\n del Registro Oficial 429 de 27 de septiembre del 2004 y llegará\n a la conclusión de que su reclamo es infundado".\n Esto, en otros términos, significa que la autoridad municipal\n ha llegado al convencimiento de que los cargos en discusión\n han sido calificados como de libre nombramiento y remoción.

\n\n

QUINTO.- Que, la Constitución Política del Estado,\n en el Art. 124, establece con absoluta claridad que "Sólo\n por excepción, los servidores públicos estarán\n sujetos a un régimen de libre nombramiento y remoción";\n debiendo entenderse para estos efectos que servidores de la administración\n pública son los ciudadanos ecuatorianos que ejerzan funciones\n remuneradas en las instituciones del Estado previstas en el Art.\n 118 de la Constitución, entre las que constan las entidades\n que integran el régimen seccional autónomo.

\n\n

SEXTO.- Que, el Art. 192 de la Ley Orgánica de Régimen\n Municipal (175 de la Codificación), establece en su texto\n el período de conclusión funciones del personal\n de libre nombramiento y remoción, refiriéndose\n concretamente a los directores, jefes departamentales, procurador\n síndico y tesorero, de los que dice que concluirán\n sus funciones en la misma fecha del alcalde. En esta norma jurídica\n no se encuentran determinados los cargos de los actores pues\n su situación laboral es de distinta especie en razón\n de que el Ing. Adalberto Ramírez y el señor Gustavo\n Brito trabajan en el Municipio de Loja desde el año 1996,\n éste último con contratos renovados, y en diferentes\n cargos y funciones, hasta el año 2000, en que se le extiende\n el nombramiento de Promotor Social.

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SÉPTIMO.- Que, el Alcalde de Loja no debió olvidar\n la disposición transitoria cuarta de la Ley Orgánica\n Reformatoria a la Ley de Régimen Municipal, publicada\n en el R.O. No. 429 de 27 de septiembre del 2004, que señala:\n "Los períodos de los directores, gerentes, secretario,\n tesorero, auditor y demás funcionarios designados para\n un período de cuatro años y que se encuentran actualmente\n en funciones, concluirán en la misma fecha que concluye\n el período para el que fue electo el alcalde", mandato\n legal en el que no se incluye los cargos de quienes proponen\n esta acción. Tampoco lo hace el literal b) del Art. 92\n de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa\n al referirse a los cargos de libre nombramiento y remoción,\n criterio que cuenta con el aval del señor Procurador General\n del Estado, quien además agrega que un servidor de las\n instituciones, entidades y organismos del Estado puede ser destituido\n cuando haya incurrido en las causales establecidas para el efecto\n en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa,\n y con sujeción a las garantías del debido proceso.

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OCTAVO.- Que, al haberse comprobado que el accionar de la\n autoridad pública demandada no está de acuerdo\n con el ordenamiento legal, y como consecuencia, se han atropellado\n derechos y garantías establecidos la Constitución\n de la República, como lo son el debido proceso, el derecho\n al trabajo, la estabilidad de los servidores públicos,\n LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,

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RESUELVE:

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1.- Confirmar lo resuelto en primer nivel y, consecuentemente,\n se acepta el amparo constitucional interpuesto por Julio Adalberto\n Ramírez y Fredy Gustavo Brito; y,

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2.- Devolver el expediente al Tribunal de origen.- Notifíquese.-

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f.) Dr. Juan Montalvo Malo, Presidente Primera Sala.

\n\n

f.) Dr. Tarquino Orellana Serrano, Vocal Primera Sala.
\n f.) Dr. Enrique Tamariz Baquerizo, Vocal Primera Sala.

\n\n

Razón.- Siento por tal que la Resolución que\n antecede, fue discutida y aprobada por los señores doctores\n Juan Montalvo Malo, Tarquino Orellana Serrano y Enrique Tamariz\n Baquerizo, Vocales de la Primera Sala del Tribunal Constitucional,\n a los siete días del mes de junio de dos mil seis.

\n\n

f.) Dra. Anacélida Burbano Játiva, Secretaria\n Primera Sala.

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del\n original.- Quito, a 15 de junio del 2006.- f.) Secretaria de\n la Sala.

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\n\n

Quito, 7\n de junio de 2006.-

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No. 0312-2005-RA

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Vocal ponente: Dr. Enrique Tamariz Baquerizo

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LA PRIMERA SALA DEL
\n TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso signado con el No. 0312-2005-RA

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ANTECEDENTES:

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La economista Ana Ritha Chicango Abasolo, comparece ante el\n Juez Séptimo de lo Civil de Pichincha y propone acción\n de amparo constitucional en contra del Jefe Provincial del Registro\n Civil de Pichincha, impugnando la Resolución de la Jefatura\n Provincial del Registro Civil de 7 de abril del 2004, en la que\n se anula y se deja sin ningún valor legal la Resolución\n de 17 de febrero del 2003, manifestando en lo principal lo siguiente:

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Que su hija menor adulta consta en la partida de nacimiento\n como Ana Julia Gallo Chicango, inscrita en el Registro Civil\n de la ciudad de Quito, Tomo 2-C, pág. 311, Acta 1028 de\n 18 de abril de 1991. Que su hija durante toda su vida ha sido\n identificada con los nombres y apellidos de Diana Belén\n Bermúdez Chicango. Que en el mes de febrero del 2003,\n solicitó al Jefe Provincial del Registro Civil de Pichincha\n que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 85\n y 84 de la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación,\n proceda a reformar los apellidos y nombres de su hija. Que mediante\n Resolución de 17 de febrero del 2003, el Jefe Provincial\n del Registro Civil de Pichincha, en uso de la facultad que le\n concede el artículo 85 de la mencionada Ley, ordenó\n la rectificación de la partida de nacimiento de Ana Julia\n Gallo Chicango, que se asienta en el registro de nacimientos\n de Quito-Pichincha, año 1991, Tomo 2C, pág. 311,\n Acta 1028, en el sentido de que por esta sola y única\n vez se cambia los apellidos de la inscrita por los de Bermúdez\n Chicango, guardando relación entre sus nuevos y anteriores\n apellidos por tratarse de la misma persona. Que el Jefe Provincial\n de Registro Civil de Pichincha, sin escuchar la opinión\n de la adolescente, como preceptúa el artículo 11\n del Código de la Niñez y Adolescencia, el 7 de\n abril del 2004, mediante memorando No. 2004-083-DAJ-GL de 15\n de marzo del 2004, de la Asesoría Jurídica del\n Registro Civil, procede a anular y dejar sin ningún valor\n legal la subinscripción referida, amparándose en\n el artículo 76 de la Ley de Registro Civil, Identificación\n y Cedulación. Que se ha violentado los artículos\n 23 numeral 24 de la Constitución Política del Estado\n y 33 del Código de la Niñez y Adolescencia. Con\n estos antecedentes, solicita se ordene la vigencia de la primera\n Resolución que margina la partida de nacimiento de su\n hija, de 17 de febrero del 2003 y se deje sin valor legal la\n segunda resolución marginada en la partida de nacimiento,\n el 7 de abril del 2004.

\n\n

En la audiencia pública la recurrente por intermedio\n de su abogado defensor se ratificó en los fundamentos\n de hecho y de derecho de la demanda.

\n\n

El Jefe del Registro Civil de Pichincha, en escrito presentado\n al Juzgado que consta a fojas 53 del proceso, manifiesta que\n mediante providencia de 22 de diciembre del 2004, se le hace\n conocer que debe presentarse a la audiencia pública el\n 13 de enero del 2005. Que en escrito de igual fecha, solicitó\n se señale nuevo día y hora para la realización\n de la audiencia, en razón a que la Institución\n se encontraba en un paro laboral y basándose en lo dispuesto\n en el artículo 50 de la Ley del Control Constitucional,\n lo que le fue aceptado mediante providencia. Que el 31 de enero\n del 2005, tuvo conocimiento que los autos pasan para sentencia,\n sin habérsele concedido el derecho a la legítima\n defensa.

\n\n

El Juez Séptimo de lo Civil de Pichincha, resolvió\n aceptar la acción de amparo constitucional planteada,\n en consideración a que la autoridad demandada no motiva\n suficientemente, como manda la Ley y la Constitución,\n la resolución impugnada, ni ha justificado su actuar en\n esta acción de amparo, puesto que no compareció\n a la audiencia pública, ni lo ha hecho fuera de ella y\n que de la documentación que obra del proceso se colige\n que la menor inscrita como Ana Julia Gallo Chicango, ha venido\n utilizando desde el año 1990, los apellidos de Bermúdez\n Chicango.

\n\n

Encontrándose el presente caso en estado de resolver\n para hacerlo se realizan las siguientes

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CONSIDERACIONES

\n\n

PRIMERA.- La Sala es competente para conocer y resolver la\n presente causa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos\n 95 y 276 numeral 3 de la Constitución Política\n de la República, en concordancia con el artículo\n 62 de la Ley del Control Constitucional.

\n\n

SEGUNDA.- En el presente trámite no se ha omitido solemnidad\n legal alguna que pueda incidir en la resolución del mismo,\n por lo que se declara la validez del proceso.

\n\n

TERCERA.- La acción de amparo constitucional, de acuerdo\n con lo establecido en el artículo 95 de la Constitución\n y el artículo 46 de la Ley del Control Constitucional,\n procede cuando coexisten los siguientes elementos: a) Acto ilegítimo\n de autoridad pública; b) Que ese acto haya causado, cause\n o pueda causar un daño inminente y grave; y, c) Que ese\n acto vulnere los derechos consagrados en la Carta Fundamental\n o los consignados en las declaraciones, pactos, convenios y demás\n instrumentos internacionales vigentes en el Ecuador.

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CUARTA.- En esta instancia comparece Julio Gallo Fuentes,\n en su calidad de padre de la menor Ana Julia Gallo Chicango y\n luego de referirse a disposiciones contenidas en la Constitución\n Política de la República, Convención Americana\n Sobre Derechos Humanos, Convención Sobre Derechos del\n Niño, al estimar que se ha violado el derecho a la identidad\n de su hija por medio de esta acción de amparo con la resolución\n de Primer Nivel, confía que "esta Honorable Sala"\n que es el filtro por medio del cual el Estado Ecuatoriano se\n encuentra obligado a restablecer el conculcado derecho a la libertad\n de Ana Lucía Gallo, su hija.

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QUINTA.- El acto que impugna la accionante se halla contenido\n en la Resolución emitida el 07 de abril del 2004 por el\n Jefe del Registro Civil que anula y deja sin efecto la Resolución\n de fecha 17 de febrero del 2003 mediante la cual ordena la rectificación\n de la partida de nacimiento de Ana Julia Gallo Chicango, en el\n sentido que por esta sola y única vez se cambia los apellidos\n de la inscrita por los de Bermúdez Chicango, guardando\n relación entre sus nuevos y anteriores apellidos por tratarse\n de la misma persona.

\n\n

SEXTA.- El acto pronunciado por el Jefe Provincial del Registro\n Civil de Pichincha el 07 de abril del 2004 proviene de autoridad\n legítima que tiene competencia para expedirlo al amparo\n del Art. 76 de la Ley General de Registro Civil Identificación\n y Cedulación, según el cual, al haberse sentado\n una subinscripción en forma equivocada, o se basare en\n documento que no cumpla los requisitos establecidos por la indicada\n ley, el Jefe del Registro Civil, Identificación y Cedulación\n declarará, de oficio, la nulidad de la subinscripción\n y dá como efecto el que se vuelvan las cosas al estado\n anterior.

\n\n

SEPTIMA.- En contenido de la Resolución del 17 de febrero\n del 2004 que ordena la rectificación de la partida de\n nacimiento de Ana Julia Gallo Chicango por Bermúdez Chicango\n demuestra que la subinscripción es equivocada porque si\n Ana Julia vá a responder a los apellidos de Bermúdez\n Chicango es contradictoria con los datos que constan en la copia\n íntegra de la inscripción de nacimiento de Ana\n Julia Gallo Chicango (fs. 28) quien es hija de Julio Gallo Fuentes,\n anotándose en esta parte, que el Juez Vigésimo\n de lo Civil de Pichincha, mediante sentencia emitida en 04 de\n julio del 2001 en caso anterior, declaró la nulidad de\n inscripción de nacimiento de la menor que consta con los\n nombres de Diana Belén Bermúdez Chicango y que\n es válida la inscripción de Ana Julia Gallo Chicango,\n hija de Julio Gallo Fuentes, nacida el 21 de mayo de 1990, e\n inscrita en el Registro Civil de Pichincha, según consta\n del Tomo 2-C, Pág. 311, Acta 1028, del Libro de Inscripciones\n de Nacimiento de 1991.

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OCTAVA.- La Resolución , materia de la reclamación,\n es legítima, emitida de acuerdo al ordenamiento jurídico,\n no es contraria a dicho ordenamiento, protege el derecho de la\n menor Ana Julia Gallo Chicango a conservar su identidad, a llevar\n el apellido de sus padres biológicos, la dignidad y honra\n que como persona le corresponde, evita contratiempos futuros\n que pueden significar al constar en su cédula de identidad\n el apellido Bermúdez Chicango y cuando se consigne el\n nombre del padre se diga Julio Gallo Fuentes; y, finalmente no\n es violatoria de derechos consagrados en la Constitución,\n ni le ocasiona grave daño a la menor referida, la que,\n en su condición de menor adulta, tiene suficiente derecho\n para ser oída ante juez competente, con el fin de desarrollar\n su personalidad y buscar su identidad.

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NOVENA.- La alegación de la actora que el recurso de\n apelación no tiene sustento legal porque en el Art. 12\n numeral 3 de la Ley de Control Constitucional, que hace relación\n a las atribuciones y deberes del Tribunal Constitucional, consta\n la de "Conocer y resolver las resoluciones que denieguen\n los recursos de hábeas corpus, hábeas data y amparo;"\n En el presente caso, "no se a denegado mi petición,\n ha sido aceptada" y que concordantemente el Art. 52 de la\n referida Ley dispone que "El recurso de apelación\n deberá ser interpuesto una vez notificada al actor y antes\n de ejecutoriada la providencia que deniegue el amparo"se\n desprende que el texto de la ley es muy claro, facultando interponer\n el recurso de apelación únicamente cuando ha sido\n denegado el amparo; la Sala considera que si bien el numeral\n 3 del Art. 12 de la Ley de Control Constitucional concede al\n Tribunal Constitucional atribuciones para conocer y resolver\n las resoluciones qu

 

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