Registro Oficial. 7 de JUNIO del 2005

Martes, 07 de junio de 2005

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE JUNIO DEL 2005
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Martes, 7 de junio del 2005 - R. O. No. 33

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. RUBÉN DARIO ESPINOZA DIAZ
DIRECTOR
\n

\n FUNCION\n EJECUTIVA
\n DECRETOS:
\n
\n
80-A\n Derógase el Decreto Ejecutivo N° 695 de 7 de agosto\n del 2003 y nómbrase al doctor Luis Ricardo Ponce Palacios,\n representante del Presidente de la República ante el Consejo\n Administrativo del Fondo de Inversión Social de Emergencia,\n FISE.
\n
\n 154 Nómbrase al doctor Guillermo\n Lombeida, Gobernador de la provincia de Bolívar.
\n
\n 163 Refórmase el artículo\n 4 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia\n y Acceso a la Información Pública, expedida mediante\n Decreto Ejecutivo N° 2471, publicado en el Registro Oficial\n N° 507 de 19 de enero del 2005.
\n
\n
ACUERDOS:
\n MINISTERIO DEL AMBIENTE:
\n
\n
32\n Apruébase el Estatuto de la Fundación "Nuevos\n Paradigmas Ambientales", domiciliada en la ciudad de Quito,\n Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha.
\n
\n 33 Apruébase el Estatuto de\n la Fundación "Biotropical", domiciliada en la\n ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha.\n
\n
\n
MINISTERIO\n DE ENERGIA Y MINAS:
\n
\n
008\n Desígnase al ingeniero Mauro Zambrano Moncayo, Subsecretario\n de Minas para que presida el Consejo Directivo del Instituto\n Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMHI
\n
\n 009 Desígnase al abogado Xavier\n Flores Marín, Subsecretario de Desarrollo Organizacional,\n para que represente al señor Ministro ante el Comité\n Fiduciario del Fideicomiso para la Generación y Distribución\n de Energía de Guayaquil.
\n
\n
RESOLUCIONES:
\n JUNTA BANCARIA:
\n
\n
JB-2005-799\n Refórmase la norma para la relación entre el\n patrimonio técnico total y los activos y contingentes\n ponderados por riesgo para las instituciones del sistema financiero.
\n
\n
FUNCION\n JUDICIAL
\n CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL:
\n

\n Recursos de casación en los juicios seguidos por las siguientes\n personas:
\n
\n 236-2004 Segundo Carlos Tates Cadena\n en contra de Luis Alberto Tates Montenegro.
\n
\n 238-2004 María del Cisne Loján\n en contra del doctor Ernesto Pérez Brito y otra.
\n
\n 239-2004 Angel Macías Carrera\n en contra de César Macklife Castro.
\n
\n 240-2004 Segundo Alvarez Villacís\n en contra del ingeniero Hugo Weisson Peláez.
\n
\n 241-2004 Manuel Alfonso Rivera en\n contra de Segundo Javier Cajilima y otra.
\n
\n 242-2004 Luis Roberto Yari Cali y\n otra en contra del doctor Braulio Illescas.
\n
\n 243-2004 Miguel Maza Reyes en contra\n de Nilda Irene Soto Jaramillo.
\n
\n 244-2004 Luis Matute Rodríguez\n en contra de María Rosario Carchipulla.
\n
\n
ACUERDO\n DE CARTAGENA
\n PROCESO:
\n
\n
43-AI-2000\n Acción de Incumplimiento ejercida por la Secretaría\n General de la Comunidad Andina contra la República del\n Ecuador, a causa del supuesto incumplimiento de obligaciones\n emanadas del artículo 4 del Tratado de Creación\n del Tribunal de Justicia, de la Decisión 283 de la Comisión,\n de la Resolución 473 de la Junta del Acuerdo de Cartagena,\n y de las resoluciones 231, 242 y 301, dictadas por la Secretaría\n General de la Comunidad Andina, y sus modificatorias.
\n
\n
ORDENANZAS\n MUNICIPALES:
\n
\n
Cantón\n San Juan Bosco: Para la determinación y recaudación\n de la tasa de servicios computarizados y gastos administrativos.
\n
\n Cantón San Juan Bosco: Que\n establece los requisitos municipales para ejercer actos de comercio\n y para el funcionamiento de locales destinados para desarrollar\n actividades industriales, financieras; que regula las patentes\n y que crea la tasa de habilitación y control de los establecimientos\n comerciales e industriales.
\n
\n Gobierno Municipal del Cantón\n Coronel Marcelino Maridueña: Que regula la determinación\n y cobro de la contribución especial de mejoras, por la\n construcción de obras.
\n
\n
FE\n DE ERRATAS:
\n
\n
A\n la publicación del Reglamento Nacional de Aranceles\n del Colegio de Arquitectos del Ecuador, efectuada en el Registro\n Oficial N° 198 del día martes 7 de noviembre del 2000.
\n \n
\n

 

\n\n

No\n 80-A

\n\n

Alfredo Palacio González
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPÚBLICA

\n\n

En ejercicio de la facultad que le concede el artículo\n 171, numeral 10 de la Constitución Política de\n la República y la letra a) del artículo 3 del Decreto\n Ejecutivo No 3513 de 26 de diciembre del 2002, publicado en el\n Registro Oficial No 737 de 3 de enero del 2003,

\n\n

Decreta:

\n\n

ARTICULO PRIMERO.- Derógase el Decreto Ejecutivo No\n 695 de 7 de agosto del 2003, mediante el cual se nombró\n al señor Aníbal Guerra, representante del Presidente\n de la República ante el Consejo Administrativo del Fondo\n de Inversión Social de Emergencia, FISE agradeciéndole\n por los servicios prestados.

\n\n

ARTICULO SEGUNDO.- Nómbrase al doctor Luis Ricardo\n Ponce Palacios, representante del Presidente de la República\n ante el Consejo Administrativo del Fondo de Inversión\n Social de Emergencia, FISE, quien lo presidirá.

\n\n

ARTICULO TERCERO.- Este decreto entrará en vigencia\n a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 9 de mayo del 2005.

\n\n

f.) Alfredo Palacio González, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

Es fiel copia del original. Lo certifico.

\n\n

f.) Juan Montalvo Malo, Subsecretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

No.\n 154

\n\n

Alfredo Palacio González
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPÚBLICA

\n\n

A pedido del señor Ministro de Gobierno, en ejercicio\n de las atribuciones que le confiere el artículo 171, numeral\n 10 de la Constitución Política de la República\n y el artículo 24 del Estatuto del Régimen Jurídico\n Administrativo de la Función Ejecutiva,
\n Decreta:

\n\n

ARTICULO PRIMERO.- Nombrar al doctor Guillermo Lombeida, Gobernador\n de la provincia de Bolívar.

\n\n

ARTICULO SEGUNDO.- Este decreto entrará en vigencia\n a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 24 de mayo del 2005.

\n\n

f.) Alfredo Palacio González, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

Es fiel copia del original. Lo certifico.

\n\n

f.) Dr. Juan Montalvo Malo, Subsecretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

No.\n 163

\n\n

Alfredo Palacio González
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPÚBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que la Constitución Política de la República,\n en su artículo 81, garantiza el derecho a solicitar información\n pública y al libre acceso a fuentes de información;

\n\n

Que mediante Ley No 2000-34, publicada en el Suplemento del\n Registro Oficial No 337 de 18 de mayo del 2004, se expidió\n la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información\n Pública, para viabilizar el ejercicio del derecho constitucional\n mencionado;

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo No 2471, publicado en el Registro\n Oficial No 507 de 19 de enero del 2005, se expidió el\n Reglamento General de la Ley Orgánica de Transparencia\n y Acceso a la Información;

\n\n

Que existen disposiciones del antedicho reglamento general\n que merecen ajustarse a la jerarquía normativa que deviene\n de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información\n Pública, a efectos de evitar interpretaciones erróneas,\n eventuales discordancias y precautelar la garantía constitucional\n de la seguridad jurídica prevista en el No 24 del Art.\n 26 de la Constitución Política de la República;\n y,

\n\n

En uso de la facultad prevista en el numeral quinto del artículo\n 171 de la Constitución Política de la República,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1." Refórmase el artículo 4 del Reglamento\n General a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a\n la Información Pública, que en adelante dirá:

\n\n

"Art. 4.- Principio de Publicidad.- Por el principio\n de publicidad, se considera pública toda la información\n que crearen, que obtuvieren por cualquier medio, que posean,\n que emanen y que se encuentre en poder de todos los organismos,\n entidades e instituciones del sector público y privado\n que tengan participación del Estado en los términos\n establecidos en los Arts. 1 y 3 de la Ley Orgánica de\n Transparencia y Acceso a la Información Pública.\n La información requerida puede estar contenida en documentos\n escritos, grabaciones, información digitalizada, fotografías\n y cualquier otro medio de reproducción".

\n\n

Art. 2.- Refórmase el Art. 9 del Reglamento General\n a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información\n Pública que en adelante dirá:

\n\n

"Art. 9.- Excepciones.- De conformidad con la Constitución\n y la Ley, no procede el derecho de acceso a la información\n pública sobre documentos calificados motivadamente como\n reservados por el Consejo de Seguridad Nacional y aquella información\n clasificada como tal por las leyes vigentes, tal como lo dispone\n la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información\n Pública".

\n\n

Art. 3.- El presente decreto ejecutivo entrará en vigencia\n a partir de su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 25 de mayo del 2005.

\n\n

f.) Alfredo Palacio González, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

Es fiel copia del original. Lo certifico.

\n\n

f.) Dr. Juan Montalvo Malo, Subsecretario General de la Administración\n Pública.

\n\n


\n No. 32

\n\n

EL MINISTERIO DEL AMBIENTE

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, en esta Cartera de Estado, se ha presentado la solicitud\n y documentación requerida para la aprobación de\n la Personería Jurídica de la pre-Fundación\n "Nuevos Paradigmas Ambientales", domiciliada en la\n ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha,\n la cual tiene como objetivo: Defender, conservar el medio ambiente\n mediante la búsqueda constante de estrategias y mecanismos\n que permitan incorporar en las actividades y conciencia social\n elementos dirigidos a establecer el adecuado uso de los recursos\n naturales mediante el equilibrio del hombre con la naturaleza\n que conlleve al desarrollo sustentable; y, específicamente\n recuperar el ecosistema manglar y otros ecosistemas altamente\n lesionables por sus invaluables características de biodiversidad\n garantizando su conservación y manejo adecuado de las\n poblaciones que viven en relación con ellos;

\n\n

Que, el Director Nacional de Biodiversidad, Áreas Protegidas,\n y Vida Silvestre, mediante memorando No. 77997 - DNBAP/SCN/MAE\n del 15 de febrero del 2005, no realiza observaciones al proyecto\n de estatuto;

\n\n

Que, la Dirección de Asesoría Jurídica\n de este Ministerio, mediante memorando No. 80333-DAJ-MA de fecha\n 4 de mayo del año 2005, informa sobre el cumplimiento\n de los requisitos contenidos en el Decreto Ejecutivo No. 305,\n publicado en el Registro Oficial No. 660 del 11 de septiembre\n del 2002, para la Aprobación, Control y Extinción\n de Personas Jurídicas de Derecho Privado; y,

\n\n

En uso de sus atribuciones constitucionales, establecidas\n en los numerales 6 y 7 del artículo 179 de la Constitución\n Política de la República del Ecuador; y, del Decreto\n Ejecutivo No 3054, publicado en el Registro Oficial No 660 del\n 11 de septiembre del 2002,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Art. 1.- Aprobar el Estatuto de la Fundación "NUEVOS\n PARADIGMAS AMBIENTALES", domiciliada en la ciudad de Quito,\n Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, y otorgarle personería\n jurídica.

\n\n

Art. 2.- Registrar en calidad de miembros fundadores a las\n siguientes personas:

\n\n

Lucila María del Carmen Dueñas
\n Mendoza C.C. 170914229-1
\n María Paulina Amaguaya Zamora C.C. 171392744-8

\n\n

Art. 3.- Disponer que la Fundación "NUEVOS PARADIGMAS\n AMBIENTALES'^ ponga en conocimiento del Ministerio del Ambiente,\n la nómina de la Directiva designada una vez adquirida\n la personería jurídica, en el plazo de 15 días\n posteriores a la fecha de elección, para el registro correspondiente\n de la documentación presentada.

\n\n

Art. 4.- Disponer su inscripción en el Registro General\n de Fundaciones y Corporaciones, que para el efecto lleva la Dirección\n de Asesoría Jurídica de este Ministerio, y en el\n Registro Forestal que lleva el Distrito Regional Forestal de\n Pichincha, conforme a lo dispuesto en el literal e) del Art.\n 17 de la Resolución No. 005 RD de 7 de agosto de 1998,\n y Arts. 49 y 211 del Libro III del Texto Unificado de la Legislación\n Secundaria del Ministerio del Ambiente.

\n\n

Art. 5.- Notificar a los interesados con una copia de este\n acuerdo, conforme a lo dispuesto por los Arts. 126 y 127 del\n Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de\n la Función Ejecutiva.

\n\n

Art. 6.- El presente acuerdo tendrá vigencia a partir\n de su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en Quito, a los doce días del mes de mayo del\n dos mil cinco.

\n\n

Comuníquese y publíquese.

\n\n

f.) Anita Albán M., Ministra del Ambiente.

\n\n

No. 033

\n\n

EL MINISTERIO DEL AMBIENTE

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, en esta Cartera de Estado, se ha presentado la solicitud\n y documentación requerida para la aprobación de\n la personería jurídica de la pre-Fundación\n "BIOTROPICAL", domiciliada en la ciudad de Quito. Distrito\n Metropolitano, provincia de Pichincha, la cual tiene como objetivo\n evitar la desaparición de especies de plantas y animales\n en peligro de extinción:

\n\n

a. Promover y promocionar proyectos para preservar las especies\n de seres vivos que se encuentren en grave peligro de extinción,\n como por ejemplo, el tapir norteño (Tapirus bairdii) del\n cual existen menos de 10 individuos;

\n\n

b. Auspiciar la investigación científica de\n conformidad con las normas legales del Ecuador;

\n\n

c. Obtener en calidad de arrendamiento, encargo, adjudicación\n o como patrimonio de la fundación las áreas silvestres\n necesarias para promover sus actividades específicas;

\n\n

d. Construir invernaderos, acuarios, terrarios, estanques\n y viveros de plantas nativas para reproducir especies de flora\n y fauna en grave peligro de extinción;

\n\n

e. Establecer un laboratorio biogenético para obtener\n principios medicinales a base de plantas y animales como las\n ranas de los géneros epidobates y dendrobatos. Este laboratorio\n será establecido mediante convenios y con el financiamiento\n de entidades extranjeras;

\n\n

f. Divulgar por medio de la prensa, radio y televisión\n los conocimientos de nuestra flora y fauna para hacer conciencia\n en la población sobre el cuidado de nuestro medio ambiente;

\n\n

g. Establecer un centro de investigación científica\n en el bosque húmedo tropical, dotado con un laboratorio\n para facilitar las labores de los investigadores nacionales y\n extranjeros;

\n\n

h. Construir un centro ecológico-turístico con\n cabañas, áreas de recreación, un zoológico\n abierto y viveros de árboles y plantas endémicas\n del Ecuador;

\n\n

i. Formar un museo didáctico de los vertebrados e invertebrados;\n y,

\n\n

j. La Fundación BIOTROPICAL se compromete a cumplir\n con lo señalado en la legislación y reglamentación\n ecuatoriana e internacional para las actividades de manejo de\n vida silvestre y acceso a los recursos genéticos. Para\n estos fines, deberá obtener en el Ministerio del Ambiente\n las patentes de funcionamiento de unidades de vida silvestre,\n así como celebrar con esta Cartera de Estado un Contrato\n de Acceso a los Recursos Genéticos cuando así sea\n el caso;

\n\n

Que, el Director Nacional de Biodiversidad, /veas Protegidas,\n y Vida Silvestre, mediante memorando No. 79867 - DNBAPVS/MAE\n de 14 de abril del 2005, realizó observaciones al proyecto\n de estatuto, las mismas que han sido acogidas e incorporadas\n al estatuto por los miembros de la mencionada pre-fundación;

\n\n

Que, la Dirección de Asesoría Jurídica\n de este Ministerio, mediante memorando No. 80209-DAJ-MA de fecha\n 28 de abril del año 2005, informa sobre el cumplimiento\n de los requisitos contenidos en el Decreto Ejecutivo No. 3054,\n publicado en el Registro Oficial No. 660 del 11 de septiembre\n del 2002, para la Aprobación, Control y
\n Extinción de Personas Jurídicas de Derecho Privado;\n y,

\n\n

En uso de sus atribuciones constitucionales, establecidas\n en los numerales 6 y 7 del artículo 179 de la Constitución\n Política de la República del Ecuador; y, del Decreto\n Ejecutivo N. 3054, publicado en el Registro Oficial No. 660 del\n 11 de septiembre del 2002,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Art. 1.- Aprobar el Estatuto de la Fundación "BIOTROPICAL",\n domiciliada en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, provincia\n de Pichincha, y otorgarle personería jurídica.

\n\n

Art. 2.- Registrar en calidad de miembros fundadores a la;»\n siguientes personas:

\n\n

Paúl Roberto Dávila Guerra C.C.171215381-4
\n Manuel Enrique Guerra Leiva C.C. 170143040-5
\n Juan Carlos Guerra Espinosa C.C.171264394-7
\n Jhon Alexander Mafia Guerra C.C.171275417-3
\n Juan Francisco Dávila Guerra C.C.171215382-2
\n Enrique Femando Cadena Guerra C.C.171605930-6
\n Manuel Germán Dávila Beltrán C.C.170352456-9
\n HORST - DETLEF REINHOLD
\n (Alemán Pasaporte) 1373901639
\n Xavier Antonio Aguilera Aviles C.C. 170636503-6
\n Paulina Elizabeth Guerra Espinosa C.C.171321560-4
\n María Mercedes Peñafiel Robalino C.C.180328677-0
\n Ana Sulemita Guerra Leiva C.C.170286185-5^
\n María Luisa Guerra Leiva C.C.170397935-9
\n María Fernanda Dávila Guerra C.C.171564286-8
\n Johanna Alejandra Dávila Guerra C.C.171805950-2
\n Lucía de la Cruz Hernández
\n Benalcázar C.C. 170466392-9
\n Nancy Elena Carrillo A. C.C. 170522746-8

\n\n

Art. 3.- Disponer que la Fundación "BIOTROPICALM\n ponga en conocimiento del Ministerio del Ambiente, la nómina\n de la Directiva designada una vez adquirida la personería\n jurídica, en el plazo de 15 días posteriores a\n la fecha de elección, para el registro correspondiente\n de la documentación presentada.

\n\n

Art. 4.- Disponer su inscripción en el Registro General\n de Fundaciones y Corporaciones, que para el efecto lleva la Dirección\n de Asesoría Jurídica de este Ministerio, y en el\n Registro Forestal que lleva el Distrito Regional Forestal de\n Pichincha, conforme a lo dispuesto en el literal e) del Art.\n 17 de la Resolución No. 005 RD de 7 (le agosto de 1998,\n y Arts. 49 y 211 del Libro III del Texto Unificado de la Legislación\n Secundaria del Ministerio del Ambiente.

\n\n

Art. 5.- Notificar a los interesados con una copia de este\n acuerdo, conforme a lo dispuesto por los Arts. 126 y 127 del\n Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de\n la Función Ejecutiva.

\n\n

Art. 6.- El presente acuerdo tendrá vigencia a partir\n de su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en Quito, a los trece días del mes de mayo del\n dos mil cinco.

\n\n

Comuníquese y publíquese.

\n\n

f.) Anita Albán Mora, Ministra del Ambiente.

\n\n

No 008

\n\n

EL MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el artículo 4 de la Ley Constitutiva del Instituto\n Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMHI,\n determina que su Consejo Directivo estará presidido por\n el Ministro de Energía y Minas o un Subsecretario;

\n\n

Que el artículo 55 del Estatuto del Régimen\n Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,\n establece la delegación de atribuciones en autoridades\n u órganos de inferior jerarquía, excepto las que\n se encuentren prohibidas por ley o decreto, dicha delegación\n será publicada en el Registro Oficial; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo\n 179, numeral 6 de la Constitución Política de la\n República del Ecuador, referente a la expedición\n de acuerdos ministeriales que requiera la gestión ministerial,\n y los artículos 17 y 55 del Estatuto del Régimen\n Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Art. 1. Designar al señor ingeniero Mauro Zambrano\n Moncayo, Subsecretario de Minas para que presida el Consejo Directivo\n del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología,\n INAMHI.

\n\n

Art. 2. El señor Subsecretario de Minas informará\n periódicamente al Despacho Ministerial, sobre las resoluciones\n y actividades cumplidas en el Consejo Directivo del Instituto\n Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMHI.

\n\n

Art. 3. Derogar el Acuerdo Ministerial No. 034 de 3 de marzo\n del 2005, publicado en el Registro Oficial No. 545 de 16 de marzo\n del 2005.

\n\n

Comuníquese y publíquese.- Dado, en la ciudad\n de San Francisco de Quito, D. M., a 24 de mayo del 2005.

\n\n

f.) Fausto Cordovez Chiriboga.

\n\n

Ministerio de Energía y Minas.- Es fiel copia del original.-\n Lo certifico, Quito, a 25 de mayo del 2005.- f.) Lic. Mario Parra,\n Gestión y Custodia de Documentación.

\n\n

No.009

\n\n

EL MINISTRO DE ENERGÍA
\n Y MINAS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas\n décimo sexta, décimo séptima y décimo\n octava del Contrato de Constitución del Fideicomiso para\n la Generación y Distribución de Energía\n Eléctrica de Guayaquil y Pago a Depositantes Banco del\n Progreso y AGD y el reglamento aprobado en la primera reunión\n de los miembros del Comité Fiduciario, integrado entre\n otros miembros por el señor Ministro de Energía\n y Minas o su delegado;

\n\n

Que el artículo 55 del Estatuto del Régimen\n Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,\n establece la delegación de atribuciones en autoridades\n u órganos de inferior jerarquía, excepto las que\n se encuentren prohibidas por ley o decreto, dicha delegación\n será publicada en el Registro Oficial; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo\n 179, numeral 6 de la Constitución Política de la\n República del Ecuador, referente a la expedición\n de acuerdos ministeriales que requiera la gestión ministerial,\n y los artículos 17 y 55 del Estatuto del Régimen\n Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Art. 1. Designar al señor abogado Xavier Flores Marín,\n Subsecretario de Desarrollo Organizacional de esta Secretaría\n de Estado, para que participe en mi representación, ante\n el Comité Fiduciario del Fideicomiso para la Generación\n y Distribución de Energía de Guayaquil.

\n\n

Art. 2. El señor Subsecretario, informará al\n Despacho Ministerial, sobre las resoluciones y actividades cumplidas\n en el citado comité.

\n\n

Comuníquese y publíquese.- Dado, en la ciudad\n de San Francisco de Quito, D. M., a 26 de mayo del 2005.

\n\n

f.) Fausto Cordovez Chiriboga.

\n\n

Ministerio de Energía y Minas.- Es fiel copia del original.-\n Lo certifico. Quito, a 26 de mayo del 2005.- Lic. Mario Parra,\n Gestión y Custodia de Documentación

\n\n

No. JB-2005-799

\n\n

LA JUNTA BANCARIA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que en el Subtítulo V "De la relación de\n patrimonio técnico constituido frente a los activos y\n contingentes ponderados por riesgo", del Título IV\n "Del patrimonio", de la Codificación de Resoluciones\n de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria,\n consta el Capítulo I "Relación entre el patrimonio\n técnico total y los activos y contingentes ponderados\n por riesgo para las instituciones del sistema financiero";

\n\n

Que es necesario reformar dichas disposiciones con el propósito\n de aclarar la base de cálculo que se deberá considerar\n para la ponderación de las aceptaciones bancarias y cuentas\n contingentes; y,

\n\n

En ejercicio de la atribución legal que le otorga la\n letra b) del artículo 175 de la Ley General de Instituciones\n del Sistema Financiero,

\n\n

Resuelve:

\n\n

ARTICULO ÚNICO.- En el artículo 1, de la Sección\n II "Factores de ponderación de activos y contingentes",\n del Capítulo I "Relación entre el patrimonio\n técnico total y los activos y contingentes ponderados\n por riesgo para las instituciones del sistema financiero",\n del Subtítulo V "De la relación del patrimonio\n técnico constituido frente a los activos y contingentes\n ponderados por riesgo", del Título IV "Del patrimonio",\n de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia\n de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria efectuar las siguientes\n reformas:

\n\n

1. En la nota 2, incluir el siguiente inciso:

\n\n

"Para establecer la ponderación de estas cuentas\n contingentes, deberá deducirse de las mismas la provisión\n registrada en la cuenta 2511 "Cuentas por pagar - Provisiones\n para aceptaciones bancarias y operaciones contingentes",\n que corresponda a cada una de ellas, de conformidad con la calificación\n de riesgo realizada.".

\n\n

2. En la nota 3, incluir el siguiente inciso:

\n\n

"Para establecer la ponderación de estas cuentas\n contingentes, deberá deducirse de las mismas la provisión\n registrada en la cuenta 2511 "Cuentas por pagar - Provisiones\n para aceptaciones bancarias y operaciones contingentes",\n que corresponda a cada una de ellas, de conformidad con la calificación\n de riesgo realizada.".

\n\n

3. En la nota 8, efectuar las siguientes reformas:

\n\n

3.1 Sustituir el segundo inciso, por el siguiente:
\n "No se ponderará el capital invertido, esto es, el\n valor de su participación en el capital pagado más\n las reservas, exceptuando las provenientes de valuaciones del\n activo, en una institución subsidiaria o afiliada. En\n este caso, dicho valor se deducirá del patrimonio técnico\n total.".

\n\n

3.2 Incluir el siguiente inciso:

\n\n

"Para establecer la ponderación del grupo 15 "Aceptaciones\n bancarias" y de las cuentas contingentes, se deberá\n deducir de las mismas la provisión registrada en la cuenta\n 2511 "Cuentas por pagar - Provisiones para aceptaciones\n bancarias y operaciones contingentes", que corresponda a\n cada una de ellas, de conformidad con la calificación\n de riesgo realizada.".

\n\n

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.-\n Dada en la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito\n Metropolitano, el diecisiete de mayo del dos mil cinco.

\n\n

f.) Ing. Alejandro Maldonado García, Presidente de\n la Junta Bancaria.

\n\n

Lo certifico.- Quito, Distrito Metropolitano, el diecisiete\n de mayo del dos mil cinco.

\n\n

f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Secretario de la Junta Bancaria.

\n\n

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS.- Certifíco que\n es fiel copia del original.

\n\n

f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Secretario General.

\n\n

No 236-2004

\n\n

ACTOR: Segundo Carlos Tates Cadena.

\n\n

DEMANDADO: Luis Alberto Tates Montenegro.

\n\n

CORTE SÜPREMADE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, a 30 de septiembre del 2004;\n las 17h00.

\n\n

VISTOS: Póngase en conocimiento de las partes la recepción\n del proceso. En lo principal, el actor: Segundo Carlos Tates\n Cadena, ha interpuesto recurso de casación con fecha cuatro\n de mayo del dos mil cuatro, a las diecisiete horas treinta y\n cinco minutos, fs. 16 a 18 del cuaderno de segundo nivel, objetando\n la sentencia dictada por la Corte Superior de Justicia de Tulcán,\n fs. 13 a 14 y vuelta y voto salvado fs. 14 vta. a 15 vta. del\n cuaderno de segundo nivel, en el juicio ordinario que, por nulidad\n de sentencia, se sigue en contra de Luis Alberto Tates Montenegro.\n El fallo del Tribunal ad-quem confirma el del inferior, que rechaza\n la demanda. El recurso ha sido concedido el 13 de mayo del 2004,\n a las 11h00, y se ha radicado la competencia por sorteo de 28\n de junio del 2004. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo\n 8 de la Codificación a la Ley de Casación, publicada\n en el Suplemento del Registro Oficial No 299 de 24 de marzo del\n 2004, procede examinar el escrito en que se interpone el recurso\n de casación, y al efecto, se establece: que cumple los\n requisitos de procedencia, oportunidad y legitimación\n previstos en los Arts. 2, 4 y 5 de dicha codificación,\n pero no cumple la formalidad exigida por el ordinal 4 del Art.\n 6 de la ley de la materia, toda vez que si bien indica la sentencia\n recurrida, las normas de derecho que estima infringidas y las\n causales en que se funda, imputa a la sentencia los vicios de\n falta de aplicación de normas de derecho y procesales\n (han dejado de aplicar...), y de errónea interpretación\n (yerro en la apreciación de las pruebas...), que son vicios\n independientes, contradictorios y excluyentes el uno del otro,\n pues si al aplicárselo hubo errónea interpretación\n de ellos, quiere decir que sí se los aplicó, por\n lo que no cabe aducir, además y simultáneamente,\n que no se los aplicó. Adicionalmente se advierte que estos\n vicios de falta de aplicación y de errónea interpretación\n se los enuncia sin identificar en cuál de las tres causales\n invocadas es que se producen (causales la, 2a y 3a del Art. 3\n de la Ley de Casación) en relación con cuál\n o cuáles de las normas cuya infracción acusa, se\n han presentado estos vicios. No procede, por consiguiente, el\n recurso de casación interpuesto, por falta del requisito\n de formalidades previsto en el Art. 6 de la ley de la materia.\n Notifíquese y devuélvase.
\n Fdo.) Dres. Bolívar Guerrero Armijos, Ministro Juez, (Voto\n Salvado), Armando Serrano Puig, y Luis Arzube Arzube, Conjueces\n Permanentes y Carlos Rodríguez García, Secretario\n Relator que certifica.

\n\n

f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario\n Relator de la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte\n Suprema de Justicia.

\n\n

VOTO SALVADO DEL DR. BOLÍVAR GUERRERO
\n ARMIJOS, MINISTRO JUEZ.
\n CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, a 30 de septiembre del 2004; las 17h00.

\n\n

VISTOS: Póngase en conocimiento de las partes la recepción\n del proceso. En lo principal, el actor: Segundo Carlos Tates\n Cadena, ha interpuesto recurso de casación con fecha cuatro\n de mayo del dos mil cuatro, a las diecisiete horas treinta y\n cinco minutos, fs. 16 a 18 del cuaderno de segundo nivel, objetando\n la sentencia dictada por la Corte Superior de Justicia de Tulcán,\n fs. 13 a 14 y vuelta y voto salvado fs. 14 vta. a 15 vta. del\n cuaderno de segundo nivel, en el juicio ordinario que, por nulidad\n de sentencia, se sigue en contra de Luis Alberto Tates Montenegro.\n El fallo del Tribunal ad-quem confirma el del inferior, que rechaza\n la demanda. El recurso ha sido concedido el 13 de mayo del 2004,\n a las 11h00, y se ha radicado la competencia por sorteo de 28\n de junio del 2004. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo\n 8 de la Codificación a la Ley de Casación, publicada\n en el Suplemento del Registro Oficial No 299 de 24 de marzo del\n 2004, procede examinar el escrito en que se interpone el recurso\n de casación, y al efecto, se establece: que cumple los\n requisitos de procedencia, oportunidad, legitimación y\n de formalidades que prescribe el artículo 6 de la Codificación\n de la ley de la materia, en concordancia con los artículos\n 2, 4 y 5 de dicha codificación. En consecuencia, se admite\n a trámite el recurso de casación y se dispone correr\n traslado a la parte demandada por el término de cinco\n días, en aplicación del artículo 13, para\n que lo conteste fundamentadamente.' Notifíquese.

\n\n

Fdo.) Dres. Bolívar Guerrero Armijos, Ministro Juez\n (Voto Salvado), Armando Serrano Puig y Luis Arzube Arzube, Conjueces\n Permanentes y Carlos Rodríguez García, Secretario\n Relator que certifica.

\n\n

RAZÓN: Las dos copias que anteceden son auténticas,\n ya que fueron tomadas del juicio original No 170-2004-JM, que\n sigue: Segundo Carlos Tates Cadena, en contra de Luis Alberto\n Tates Montenegro, Resolución No 236-2004. Quito, 5 de\n noviembre del 2004.

\n\n

f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario\n Relator de la Segunda Sala Civil y Mercantil de la Corte Suprema\n de Justicia.

\n\n

No 238-2004

\n\n

ACTORA: María del Cisne Loján.

\n\n

DEMANDADOS: Dr. Ernesto Pérez\n Brito y Esthela Llerena Mazón.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, 6 de octubre del 2004; las 11h00

\n\n

VISTOS: Del fallo pronunciado por la Segunda Sala de la Corte\n Superior de Justicia de Ambato, que acepta el recurso de apelación\n y revoca la sentencia pronunciada por el Juez de Inquilinato,\n que declaró sin lugar la demanda y dejando a salvo el\n derecho que pueda tener el actor para ejercer la acción\n legal que considere conveniente, recurren en casación\n los demandados, Dr. Ernesto Pérez Brito y Esthela Llerena\n Mazón. Como el juicio se encuentra en estado de resolución,\n para hacerlo, se considera: PRIMERO.- La Sala es competente para\n conocer el recurso de casación en virtud de lo dispuesto\n en el artículo 200 de la Constitución Política\n de la República, que está en relación a\n lo dispuesto por el artículo 1 de la Codificación\n de la Ley de Casación, publicada en el Suplemento del\n Registro Oficial No 299 de 24 de marzo del 2004, toda vez que\n el juicio fue sorteado el 10 de noviembre del 2003, correspondiendo\n su conocimiento a esta Sala, que mediante auto de 15 de marzo\n del 2004 calificó el recurso de casación por reunir\n los requisitos de procedencia, oportunidad, legitimación\n y formalidades que prescribe el artículo 6 de la Codificación\n de la Ley de Casación, en concordancia con los artículos\n 2, 4 y 5 de la misma ley, admitiéndolo a trámite\n y disponiendo se corra traslado a la parte actora, para que lo\n conteste fundamentadamente (fs. 6 de este cuaderno). SEGUNDO.-\n Los recurrentes manifiestan que la sentencia quebranta la esencia\n jurídica constitucional contenida en los numerales 26\n y 27 del artículo 23 y numeral 13 del artículo\n 24 de la Constitución Política, porque la sentencia\n no es motivada, porque no se enuncian normas y principios jurídicos\n en que se haya fundado la Sala de la Corte Superior; porque existe\n una errónea interpretación a las normas de derecho\n contempladas en los artículos 953 hasta el 967 del Código\n Civil, habida cuenta de que al no existir un contrato de arrendamiento\n se debió tramitar la acción reivindicatoria del\n inmueble, existiendo violación de trámite e incompetencia\n del Juzgado de Inquilinato, pues la acción debió\n seguirse por la vía ordinaria ante un Juez Civil, ya que\n no han sido inquilinos sino posesionarlos. Fundan el recurso\n en las causales primera y segunda del artículo 3 de la\n Ley de Casación, alegando que los ministros de la Segunda\n Sala de la Corte Superior de Ambato; han expedido una sentencia\n que causa inseguridad jurídica, consumándose una\n ilegalidad e injusticia que los afecta, afirmando que existe\n aplicación indebida y errónea interpretación\n de las normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales\n obligatorios, pues aplican normas de la Ley de Inquilinato y\n dejan de aplicar normas del Código Civil y del Código\n de Procedimiento Civil, por tratarse de una acción ordinaria\n reivindicatoria y no verbal sumaria de arrendamiento, ya que\n no son arrendatarios sino posesionarios. Dicen que vicia el proceso\n de nulidad insanable, provocando indefensión, ya que los\n motivos de nulidad no pudieron ser convalidados. Piden que se\n suspenda la ejecución de la sentencia. TERCERO.- Los demandados\n al contestar la demanda, alegan incompetencia del Juzgado en\n razón de la materia, porque jamás han sido inquilinos\n de su hermano; que jamás ha existido contrato de arrendamiento,\n ni acuerdo verbal y que la declaración de juramento para\n fundamentar la reclamación de inquilinato, carece de fundamento,\n de lógica y eficacia jurídica. Aclaran que siendo\n la señora Esthela Llerena, hija de Segundo Llerena, quien\n adquirió el bien en abril de 1988, mal pudo venir pagando\n arriendo y que luego al existir una compra ficticia por parte\n de Delia Brito, suegra de la señora Esthela Llerena, jamás\n pudo pagar arriendo y que si esto lo relaciona con el comprador\n ficticio Galo Pérez, que siempre estuvo en el extranjero,\n tampoco arrendaba ya que no era ni dueño ni arrendador.\n CUARTO.- Mediante escritura pública de 30 de agosto de\n 1999 otorgada ante el Notario Dr. Rodrigo Naranjo Garcés,\n en la ciudad de Ambato, los cónyuges. Segundo Llerena\n Paredes y Rosa Mazón Cisneros, venden a Delia Brito Altamirano\n una casa adquirida a la señorita Irma Abedrabbo Kattan,\n mediante escritura de 17 de marzo de 1988, otorgada ante Notario\n Dr. Luis Eduardo Riofrío e inscrita en el Registro de\n la Propiedad de Ambato con el No 1416 de 12 de abril de 1988,\n inmueble ubicado en el complejo habitacional "Doce de Noviembre",\n ciudadela El Recreo, parroquia Huachi Loreto del cantón\n Ambato. La venta se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad\n con partida No 5.596 de octubre 6 de 1999, fs. 54 a 56; mediante\n escritura pública de 27 de diciembre de 1999, celebrada\n ante el mismo Dr. Rodrigo Naranjo Garcés, Notario Séptimo\n del cantón Ambato, los cónyuges Delia Brito Altamirano\n y Florencio Pérez Altamirano, venden al Lic. Galo Pérez\n Brito, el inmueble urbano compuesto de dos plantas con casa tipo\n uno y terreno, ubicado en el complejo habitacional "Doce\n de Noviembre", ciudadela El Recreo, parroquia urbana Huachi\n Loreto, de la ciudad de Ambato, inscrita en el Registro de la\n Propiedad con el No 205 de enero 10 del 2000, fs. 59 a 60 vta.\n QUINTO.- La venta realizada por los cónyuges Delia Brito\n Altamirano y Florencio Pérez Altamirano a favor de su\n hijo es legal. Los demandados, Ernesto Pérez Brito y Esthela\n Llerena Mazón, ni al contestar la demanda han alegado,\n menos aún dentro del proceso, han justificado ser poseedores\n del bien materia de la litis; lo que sí han demostrado\n es que se encuentran habitando el inmueble de propiedad del Lic.\n Galo Pérez Brito, sin tener título alguno, ni derecho\n que les asista sino la calidad de meros tenedores, sin pagar\n arriendo y sin reconocer que la posesión está sujeta\n a dos elementos que son base para adquirir el dominio a través\n de la prescripción, como son la tenencia material de la\n cosa y el ánimo de señores y dueños, requisito\n este último que en ningún momento del proceso lo\n han enunciado, menos lo han justificado. SEXTO.- De lo antes\n anotado, se advierte que no se producen en la sentencia recurrida\n los vicios de aplicación indebida y de errónea\n de las normas de derecho que en el escrito de interposición\n del recurso se acusan como infringidas, en relación con\n la causal Ira. del artículo 3 de la Ley de Casación\n (artículo 23, numerales 26 y 27; artículo 24 numeral\n 13 de la Constitución Política; y, artículos\n 953 hasta el 967 del Código Civil); y se evidencia que\n tampoco se ha producido vicio alguno de aquellos a que se refiere\n la causal 2da. del artículo 3 de la Ley de Casación,\n pues bien se citan los artículos 303, numeral 1ro. y 355,\n numeral 2do. del Código de Procedimiento Civil, no se\n ha señalado fundamentadamente cuál de estas normas\n han dejado de aplicarse y cuáles han sido erróneamente\n interpretadas, ni se han mencionado precedentes jurisprudenciales\n obligatorios que hayan sido afectados por estos vicios. Por las\n consideraciones anotadas, la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil\n de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE\n DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza el\n recurso de casación interpuesto por los cónyuges\n Dr. Ernesto Pérez Brito y Esthela Llerena Mazón,\n por improcedente. Con costas. Se dispone que el monto de la caución\n sea entregado al demandante. Publíquese y notifíquese.

\n\n

Fdo.) Dres. Bolívar Guerrero Armijos, Bolívar\n Vergara Acosta, Ministros Jueces, Armando Serrano Puig, Conjuez\n Permanente y Carlos Rodríguez García, Secretario\n Relator que certifica.

\n\n

RAZÓN: Siento por tal que las tres (3) fojas que anteceden\n son auténticas, ya que fueron tomadas del juicio original\n No 312-2003 E.R., que sigue María del Cisne Loján\n contra Dr. Ernesto Pérez Brito y Esthela Llerena Mazón.\n Resolución No 238-2004. Quito, 5 de noviembre del 2004.

\n\n

f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario\n Relator, Segunda Sala Civil y Mercantil, Corte Suprema de Justicia.

\n\n

No 239-2004

\n\n

ACTOR: Ángel Macías Carrera.

\n\n

DEMANDADO: César Macklife Castro.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, 6 de octubre del 2004; las 1\n lh20.

\n\n

VISTOS: En el juicio ordinario, que por pago de dinero sigue\n Ángel Macías Cabrera, en contra de César\n Macklife Castro, el actor, inconforme con la sentencia expedida\n por la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Babahoyo\n que revoca la dictada en primer nivel y rechaza la demanda, interpone\n recursos de casación. Admitido a trámite el recurso\n y elevados los autos a esta Segunda Sala de lo Civil y Mercantil\n de la Corte Suprema de Justicia, en razón del sorteo de\n ley y encontrándose la causa en estado de resolver, para\n hacerlo, se considera: PRIMERO.- Esta Sala es competente para\n conocer y decidir el recurso en mención en virtud de lo\n previsto por el artículo 200 de la Constitución\n Política de la República y el artículo 1\n dé la Codificación de la Ley de Casación,\n publicada en el Suplemento del Registro Oficial No 299 de 24\n de marzo del 2004. SEGUNDO.- El recurrente señala que\n se han infringido las siguientes normas de derecho: artículos\n 119, 125, 126 y 246 del Código de Procedimiento Civil;\n artículos 1603, 1604, 1606, 1742, 1984, 1988, 2012 numeral\n 4to., 2032 y 2044 del Código Civil, fundamenta su recurso\n en la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación.\n TERCERO." La demostración de esta causal podría\n conducir a la modificación de las premisas tácticas\n de la sentencia y por consiguiente a corregir el error judicial,\n mediante la aplicación de otras normas de derecho sustancial\n o a la no aplicación de las que la sentencia ha aplicado.\n Es por ello, que esta causal requiere que el recurrente precise\n qué normas de derecho sobre la valoración de la\n prueba ha quebrantado el Juez, y cómo ese error es medio\n para provocar la aplicación de la norma sustantiva en\n el fallo. Es decir, que el casacionista deberá probar\n que el juzgador no sólo que cometió error en la\n norma jurídica de valoración de la prueba, sino\n que además éste haya servido de medio para que\n en la sentencia se haya inaplicado o mal aplicado normas jurídicas\n sustantivas, porque la causal tercera del artículo 3 de\n la Ley de Casación, contiene la llamada violación\n indirecta de la norma sustantiva. CUARTO.- El recurrente argumenta\n que hay transgresión de las normas contenidas en los artículos\n 119 y 125 del Código de Procedimiento Civil, porque no\n se aplicó con justicia lo que disponen dichas normas.\n Al respecto, el artículo 125 citado, especifica los medios\n de prueba que son admisibles y reconocidos por nuestra legislación,\n medios de prueba que constituyen la materia sobre la cual va\n a recaer la valoración de la prueba, es decir que esta\n norma jurídica invocada por el recurrente no contiene\n precepto jurídico alguno aplicable a la valoración\n de la prueba, por el contrario determina cuáles son los\n medios de prueba objeto de la valoración judicial. En\n relación con la violación del artículo 119\n del Código de Procedimiento Civil, es menester tener presente\n que dicha norma consagra el principio de la sana crítica\n para la valoración de la prueba, al disponer que "La\n prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con\n las reglas de la sana crítica...". El principio de\n la sana crítica, establecido en esta norma, radica, según\n Guillermo Cabanellas, en la "Fórmula de equilibrada\n armonía entre la libertad de criterio y la necesidad de\n fundarse en la experiencia y la razón... ante los riesgos\n de la prueba tasada, la apreciación de las probanzas judiciales:\n salvo aquellos supuestos (presunciones "iuris et de jure",\n prohibición probatoria o eficacia del juramento) en que\n el juzgador no puede modificar la situación establecida\n o creada. Aunque la ambigüedad de la "sana crítica"\n puede objetarse, no es sino consecuencia de las facultades flexibles\n que entraña" (Diccionario Enciclopédico de\n Derecho Usual, Tomo VIII, Vigésima Quinta Edición,\n Editorial Heliasta, Buenos Aires, Argentina, Pág. 293).\n En otras palabras, el principio de la sana crítica consiste\n en que todo Juez debe valorar la prueba de conformidad con la\n lógica o la razón y la experiencia, en la cual\n el juzgador goza de cierta amplitud y libertad para valorar la\n prueba. Así lo ha expresado esta Sala en fallos anteriores.\n La valoración de la prueba es una operación mental\n en virtud de la cual el juzgador determina la fuerza de convicción,\n en conjunto con los elementos de prueba aportados por las partes,\n para concluir si son ciertas o no las afirmaciones tanto del\n actor como del demandado, en la demanda y la contestación\n a ésta. Esta operación mental de valoración\n de la prueba es potestad exclusiva de los jueces y tribunales\n de instancia; el Tribunal de Casación no tiene, atribuciones\n para hacer una nueva valoración de la prueba, sino únicamente\n para comprobar si se han violado o no las normas de derecho concernientes\n a esa valoración, y si la violación en la valoración\n de la prueba ha conducido a la violación de las normas\n sustantivas en la sentencia, vicios imputados que la Sala estima\n por lo señalado, que no se han producido en la sentencia\n recurrida, acusación que por consiguiente se desestima.\n QUINTO.- Respecto al cargo de falta de aplicación de los\n artículos 126 y 246 del Código de Procedimiento\n Civil, alegado por el recurrente al afirmar: "también\n al dictarse la sentencia no se analizó y valoró\n ni la confesión judicial ni la inspección judicial,\n lo que constituye también FALTA DE APLICACIÓN en\n la sentencia de lo que disponen los artículos 126 y 246\n del Código de Procedimiento Civil, lo que encuadra en\n la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación\n para que se revoque la sentencia del primer nivel", cabe\n señalar que el artículo 126 del Código de\n Procedimiento Civil define lo que es confesión judicial\n y dice: "Confesión judicial es la declaración\n o reconocimiento que hace una persona, contra sí misma,\n de la verdad de un hecho o de la existencia de un derecho. La\n parte que solicite confesión presentará el correspondiente\n interrogatorio, al que contestará el confesante",\n y el artículo 246 da un concepto de inspección\n judicial diciendo que: "Inspección judicial es el\n examen o reconocimiento que el Juez hace de la cosa litigiosa\n o controvertida, para juzgar de su estado y circunstancia".\n De lo transcrito, se observa que las normas de derecho invocadas\n por el recurrente no son normas que contienen preceptos jurídicos\n de valoración probatoria -que es lo que exige la causal\n invocada-, sino por el contrario contienen únicamente\n conceptos. Los principios de valoración de la prueba constituyen\n reglas a las cuales debe sujetarse el juzgador para valorar los\n medios de prueba; estas reglas son varias y responden a las circunstancias\n que intervienen en su producción, reglas que debe tomar\n en cuenta el Juez para valorar la prueba y, en consecuencia,\n para otorgarle o no el valor probatorio. Estas reglas son varias\n y rigen para cada tipo de medio probatorio; así, por ejemplo,\n la confesión judicial constituye prueba si se la rinde\n ante Juez competente en forma explícita y si contiene\n la contestación pura y llana del hecho o hechos preguntados;\n si la confesión carece de una de estas cualidades ya no\n constituye prueba, sino que debe ser apreciada por el Juez, quien\n le dará el grado de veracidad conforme a las reglas de\n la sana crítica. De acuerdo a lo analizado, este cargo\n carece de fundamento. SEXTO.- También respecto a la causal\n tercera el recurrente aduce que se han violado los artículos\n 1603, 1604 y 1606 del Código Civil, y afirma: "En\n el Código Civil en los ya analizados artículos\n 1603 y 1604 consta la forma de aplicación de los contratos,\n que conocida la intención no se aplicará

 

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