Registro Oficial. 16 de JUNIO del 2005

Jueves, 16 de junio de 2005

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE JUNIO DEL 2005
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Jueves, 16 de junio del 2005 - R. O. No. 40

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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DR. RUBÉN DARIO ESPINOZA DIAZ
DIRECTOR
\n

\n FUNCIÓN\n LEGISLATIVA
\n
EXTRACTOS:

\n\n

26-678 Proyecto de Ley Orgánica\n del Sistema Nacional de Planificación y Desarrollo.

\n\n

26-679\n Proyecto de\n Ley Reformatoria a la Ley de Partidos Políticos del Ecuador..

\n\n

26-683 Proyecto de Ley Orgánica\n Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Judicial\n y al Código de Procedimiento Penal.

\n\n

FUNCIÓN\n EJECUTIVA
\n
ACUERDOS:
\n MINISTERIO DEL AMBIENTE:

\n\n

035\n Apruébase\n el Estatuto de la Fundación "Terra Viva", domiciliada\n en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha.

\n\n

MINISTERIO\n DE COMERCIO EXTERIOR:

\n\n

05\n 428 Desígnase\n a la ingeniera Ana Correa y al economista Jonathan Viera, delegados\n permanente y suplente, integren la Comisión Nacional de\n Bioseguridad (CNB)

\n\n

MINISTERIO\n DE EDUCACIÓN:

\n\n

054\n Deléganse\n facultades a la doctora Ana María Calderón Morales,\n Subsecretaría Regional de Educación del Litoral.

\n\n

MINISTERIO\n DE ECONOMÍA Y FINANZAS:

\n\n

074-2005 Déjase sin efecto el\n Acuerdo Ministerial No 143 expedido el 11 de junio del 2004 y\n delégase al economista Carlos Mauricio Davales Guevara,\n represente al señor Ministro ante el Directorio y Comisión\n Ejecutiva de la Corporación Financiera Nacional, CFN.

\n\n

RESOLUCIONES:
\n CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS (CONAZOFRA):

\n\n

2005-07 Regístrase la calificación\n de la Compañía Supermercados La Favorita C. A.,\n como usuaria para establecerse en la Empresa Zona Franca METROZONA.

\n\n

UNIDAD\n POSTAL:

\n\n

2005\n 0043 Rectifícase\n el artículo primero que corresponde a la Hoja Souvenir\n de la Resolución No 2005 0018 del 25 de enero del 2005.

\n\n

FUNCIÓN\n JUDICIAL
\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL:

\n\n

Recursos de casación\n en los juicios seguidos por las siguientes personas e instituciones:

\n\n

234-2004\n Empresa Tuberías\n Tortuga Tubetor Cía. Ltda. en contra de Julio Rodríguez\n Zambrano.

\n\n

235-2004\n INCOVIAL Cía.\n Ltda. en contra de Jorge Efraín Once Vera.

\n\n

236-2004\n Angela Guadalupe\n Castro León en contra de Hilda Antonieta Yépez\n Camino

\n\n

240-2004\n Ecuaquímica\n C. A. Ecuatoriana de Productos Químicos C. A. en contra\n de Néstor Alberto Ochoa Rodríguez

\n\n

242-2004 Rosa Matilde Villacís\n Maruri y otra en contra de los herederos de María Isabel\n Villacís Gómez.

\n\n

ACUERDO\n DE CARTAGENA
\n PROCESOS:

\n\n

2-IP-2004\n Interpretación\n prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la\n Decisión 344, formulada por el Consejo de Estado de la\n República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,\n Sección Primera. Marca INFOX (mixta). Actor: Cavelier\n Abogados. Expediente interno 7879..

\n\n

14-IP-2004 Interpretación prejudicial\n de los artículos 71, 73 literal a) y 85 de la Decisión\n 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la disposición\n transitoria primera de la Decisión 344 de la Comisión\n del Acuerdo de Cartagena, que corresponde a la solicitud presentada\n por el Consejo de Estado de la República de Colombia,\n Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.\n Marca: LUCKY CHARMS. Actor: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S. A.\n Proceso interno No 7058..

\n\n

91-AI-2000 Suspensión de las sanciones\n impuestas a la República del Ecuador por Auto del 17 de\n julio del 2002, hasta el 10 de mayo del 2005..

\n\n

49-A1-2002\n Suspensión\n del procedimiento sumario iniciado contra la República\n de Venezuela por Auto del 17 de marzo del 2004, hasta el 10 de\n mayo del 2005.

\n\n

ORDENANZA\n MUNICIPAL:

\n\n

-\n Gobierno Municipal del Cantón San Miguel de Urcuquí:\n Que reforma\n a la Ordenanza que regula el cobro de impuestos a los vehículos.

\n\n

AVISOS\n JUDICIALES:

\n\n

- Muerte\n presunta de Sergio Analuisa Jácome (Ira. publicación)..

\n\n

-\n Muerte presunta de Víctor Manuel Yépez García\n (Ira. publicación).

\n\n

019-2004 Muerte presunta de Olga María\n Flores Jiménez (lea. publicación).

\n\n

-\n Muerte presunta de\n Fernando Vinicio Puente Díaz (Ira. publicación).

\n\n

-\n Muerte presunta de\n Carlos Humberto Manrique Paredes (Ira. publicación)..

\n\n

-\n Muerte presunta\n de Carlos Cesarlo Jiménez Villafuerte (3ra. publicación).

\n\n

-\n Muerte presunta\n de Juan Celiano Tituaña Pulupa (3ra. publicación)..

\n\n

-\n Juicio de expropiación\n seguido por el I. Municipio de Ambato en contra de Nidia Yolanda\n Yanala Egas (3ra. publicación).\n

\n \n
\n

 

\n\n

CONGRESO NACIONAL

\n\n

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
\n ART. 150 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

\n\n

"ORGÁNICA DEL SISTEMA
\n NACIONAL DE PLANIFICA-
\n CIÓN Y DESARROLLO".

\n\n

CÓDIGO: 26-678.

\n\n

AUSPICIO: H. SILVANA IBARRA
\n CASTILLO.

\n\n

COMISIÓN: DE GESTIÓN PUBLICA\n Y
\n UNIVERSALIZACIÓN DE LA
\n SEGURIDAD SOCIAL.

\n\n

FECHA DE
\n INGRESO: 19-05-2005.

\n\n

FECHA DE ENVIÓ
\n A COMISIÓN: 23-05-2005.

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

El sistema de planificación nacional se encuentra insuficientemente\n implementado a nivel normativo, institucional y de gestión,\n lo cual afecta la necesaria articulación de las políticas\n públicas con los procesos de planificación e inversión\n y los mecanismos de coordinación interinstitucional, generando\n una dispersión de los recursos materiales, humanos y financieros\n por la proliferación de organismos paralelos con superposición\n de funciones.

\n\n

OBJETIVOS BÁSICOS:

\n\n

El proyecto establece los mecanismos institucionales del Estado\n para lograr que los recursos y acciones públicas asociados\n con el progreso del país, se asignen y realicen de manera\n planificada, en forma descentralizada, desconcentrada y participativa;\n y, se encausen hacia los fines y objetivos políticos,\n sociales, culturales y económicos, sustentados en la\n Constitución Política, con la v cual se establece\n el marco normativo que será desarrollado por la Secretaría\n Nacional de Planificación y Desarrollo de reciente creación.

\n\n

COMENTARIOS:

\n\n

La planificación para el desarrollo nacional ha tenido\n en nuestro país serias limitaciones en sus diversos momentos\n tales como: programación a corto plazo, meras soluciones\n coyunturales, bloqueos políticos, debilidad del marco\n legal e institucional, ausencia de sostenimiento presupuestario-\n financiero, débil participación social, formulación\n centralizada con escasa inserción territorial y desvinculación\n con las políticas de Estado.

\n\n

f.) Dr. John Argudo Pesantez, Secretario General del Congreso\n Nacional.

\n\n

CONGRESO NACIONAL

\n\n

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
\n ART. 150 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

\n\n

"REFORMATORIA A LA LEY
\n DE PARTIDOS POLÍTICOS DEL
\n ECUADOR".

\n\n

CÓDIGO: 26-679.

\n\n

AUSPICIO: H. GUADALUPE LARRIVA
\n GONZÁLEZ.

\n\n

COMISIÓN: DE GESTIÓN PUBLICA\n Y
\n UNIVERSALIZACIÓN DE LA
\n SEGURIDAD SOCIAL.

\n\n

FECHA DE
\n INGRESO: 25-05-2005.

\n\n

FECHA DE ENVIÓ
\n A COMISIÓN: 30-05-2005.

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

La diversidad y complejidad del país demanda un sistema\n de partidos políticos y movimientos ciudadanos moderno,\n que sea capaz de representar en sus aristas más positivas\n esa diversidad, ampliando los niveles de participación\n ciudadana, mejorando la democracia , interna de las organizaciones\n políticas, perfeccionando los mecanismos de utilización\n de los medios de comunicación colectiva para impedir que\n la conciencia ciudadana sea tomada por asalto por los propietarios\n monopolistas de esos medios o por grupos de poder que pueden\n comprarlos.

\n\n

OBJETIVOS BÁSICOS:

\n\n

Se vuelve urgente combatir los viejos vicios de la política\n local, por la ausencia de una normativa que las prohiba, como\n el caudillismo, que impide la formación de nuevos liderazgos;\n el tráfico de influencias personales y de pequeñas\n trincas que olvidan la dimensión ética de la política\n como función social; o la utilización del poder\n para repartirse las instituciones del Estado o participar en\n la obra pública y en los grandes negocios que reportan\n jugosos porcentajes.

\n\n

COMENTARIOS:

\n\n

La Ley de Partidos debe establecer severas sanciones para\n los partidos o movimientos que practiquen la violencia verbal\n o física en forma sistemática o que promuevan la\n organización de grupos paramilitares para agredir a sus\n adversarios.

\n\n

f.) Dr. John Argudo Pesantez, Secretario General del Congreso\n Nacional.

\n\n

CONGRESO NACIONAL

\n\n

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
\n ART. 150 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

\n\n

"ORGÁNICA REFORMATORIA
\n A LA LEY ORGÁNICA DE LA
\n FUNCIÓN JUDICIAL Y AL
\n CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
\n PENAL".

\n\n

CÓDIGO: 26-683.

\n\n

AUSPICIO: DR. ALFREDO PALACIO,
\n PRESIDENTE CONSTITUCIO-
\n NAL DEL ECUADOR.

\n\n

 

\n\n

COMISIÓN: DE LO CIVIL Y PENAL.

\n\n

FECHA DE
\n INGRESO: 31-05-2005.

\n\n

FECHA DE ENVIÓ
\n A COMISIÓN: 01-06-2005.

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

La historia judicial contemporánea revela que uno de\n los mayores problemas que ha enfrentado el más alto nivel\n de la Administración de Justicia, guarda relación\n con el juzgamiento penal de aquellos altos funcionarios públicos\n que gozan de Fuero de Corte Suprema. El enjuiciamiento penal\n y la prisión preventiva indiscriminada han sido la regla\n y no la excepción.

\n\n

OBJETIVOS BÁSICOS:

\n\n

La mejor contribución que se puede hacer para la independencia\n y despolitización de la justicia, es desactiva el hoy\n fracasado sistema de que el Presidente y las salas de lo Penal\n sean quienes juzguen a los altos funcionarios que gozan de Fuero\n de Corte Suprema. Cuando ha correspondido elegir nuevo Presidente\n de la Corte Suprema se han dado no muy honrosos incidentes que\n han trascendido a niveles insospechados, lo cual afecta la moral\n pública.

\n\n

COMENTARIOS:

\n\n

De esta manera desaparecerán las presiones y los forcejeos\n políticos en las elecciones internas del Presidente de\n la Corte Suprema de Justicia y funcionará realmente el\n sistema de cooptación, sea cual fuere la vacante producida.\n Por su parte, el Presidente podrá dedicarse a las labores\n que le son propias, tanto en la Administración de Justicia,\n como en el gobierno de las cortes superiores, a través\n del Consejo Nacional de la Judicatura. Sin problemas internos\n ni presiones por el juzgamiento de casos de tan alto nivel, quien\n sea elegido Presidente, tendrá el importantísimo\n deber de conducir a la Función Judicial por la senda de\n la modernidad, la honestidad y el desarrollo.

\n\n

f.) Dr. John Argudo Pesantez, Secretario General del Congreso\n Nacional.

\n\n

No 035

\n\n

EL MINISTERIO DEL AMBIENTE

\n\n

Considerando

\n\n

Que, en esta Cartera de Estado, se ha presentado la solicitud\n y documentación requerida para la aprobación de\n la Personería Jurídica de la pre-Fundación\n "TÉRRA VIVA", domiciliada en la ciudad de Quito,\n provincia de Pichincha, que tiene como objetivos los siguientes:\n
\n a) Propugnar la conservación, recuperación y el\n manejo adecuado de los recursos naturales y potencialidades de\n la República del Ecuador;

\n\n

b) Desarrollar líneas de investigación de poblaciones\n de vida silvestre, otología y su convivencia con el medio;

\n\n

c) Asesorar y apoyar al desarrollo local, sectorial y nacional,\n mediante el manejo de alternativas económicas y la implementación\n de planes y programas para los gobiernos seccionales y locales,\n buscando el impulso de las actividades productivas y económicas;\n utilizando herramientas como la capacitación, la conformación\n de microempresas, de acuerdo a las capacidades y cualidades locales,\n como órgano de asesoramiento especializado y consultor;\n propugnando el adecuado manejo de los recursos naturales y el\n impacto de actividades locales o la recuperación de espacios\n para la mejora de la calidad de vida y la convivencia con el\n medio natural;

\n\n

d) Incentivar al desarrollo del turismo sostenido, que comprende\n el respeto del medio ambiente y la cultura, con un alcance diversificado\n en las áreas que le competen al ser humano y al medio,\n respectiva y complementariamente; buscando alternativas para\n impulsar el turismo en todas sus ramificaciones, utilizando una\n correcta interpretación de la relación que debe\n existir entre el ser humano y el patrimonio natural; y,

\n\n

e) Propender a la conservación y manejo adecuado de\n los recursos naturales y la recuperación de zonas afectadas\n por acción del medio ambiente, mediante la aplicación\n de planes y medidas de mitigación y desarrollo sostenible\n y sustentable, y proyecto encaminados a la utilización\n de tecnologías de punta que contribuyan a la conservación\n de áreas verdes y al cuidado de nuestra mega diversidad\n y material genético, usando herramientas como el germoplasma,\n granjas integrales y manejo de desperdicios, así como\n el manejo de vida silvestre en el caso de animales en cautiverio\n que no puedan ser reintroducidos; la reintroducción de\n especies a su medio, bioingeniería y la ciencia;

\n\n

Que, el Director Nacional de Biodiversidad y Áreas\n Protegidas, y Vida Silvestre, mediante memorando No 79992 DBAP/MA,\n de 19 de abril del 2005, emite su informe en el que recomienda\n adjuntar el currículo vitae de los miembros, con los que\n deben justificar la competencia técnica para el cumplimiento\n de los objetivos y fines de la organización; los mismos\n que ya han sido incorporados al expediente;

\n\n

Que, la Dirección de Asesoría Jurídica\n de este Ministerio, mediante memorando No 80534 DAJ-MA de fecha\n 10 de mayo del 2005, informa sobre el cumplimiento de los requisitos\n contenidos en el Decreto Ejecutivo No 3054, publicado en el Registro\n Oficial No 660 del 11 de septiembre del 2002, para la Aprobación,\n Control y Extinción de Personas Jurídicas de Derecho\n Privado; y,

\n\n

En uso de sus atribuciones legales constitucionales, establecidas\n en los numerales 6 y 7 del artículo 179 de la Constitución\n Política de la República del Ecuador; y, del Decreto\n Ejecutivo No 3054, publicado en el Registro Oficial No 660 del\n 11 de septiembre del 2002,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Art. 1.- Aprobar el Estatuto de la Fundación 'TÉRRA\n VIVA", domiciliada en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha,\n y otorgarle personería jurídica con las siguientes\n modificaciones:

\n\n

- En el Art. 2, eliminar el literal c).

\n\n

- En el Art. 3, último inciso, eliminar las palabras\n "de naturaleza gratuita y onerosa".

\n\n

Art. 2.- Registrar en calidad de miembros fundadores a las\n siguientes personas.

\n\n

Lcda. Mariana de Jesús Vera
\n C.C.170318831-7

\n\n

Luis Eduardo Ayala Vera
\n C.C.170776812-1

\n\n

 

\n\n

Art. 3.- Disponer que la Fundación 'TÉRRA VIVA",\n ponga en conocimiento del Ministerio del Ambiente la nómina\n de la Directiva, designada una vez adquirida la personería\n jurídica, en el plazo de 15 días posteriores a\n la fecha de elección, para el registro correspondiente\n de la documentación presentada.

\n\n

Art. 4.- Disponer su inscripción en el Registro General\n de Fundaciones y Corporaciones, que para el efecto lleva la Dirección\n de Asesoría Jurídica de este Ministerio y en el\n Registro Forestal que mantiene el Distrito Regional de Pichincha,\n conforme a lo dispuesto en el literal e) del artículo\n 17 de la Resolución No. 005 RD de 7 de agosto de 1998;\n y artículos 49 y 211 del Libro III del Texto Unificado\n de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente.

\n\n

Art. 5.- Notificar a los interesados con una copia de este\n acuerdo, conforme a lo dispuesto por los artículos 126\n y 127 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo\n de la Función Ejecutiva.

\n\n

Art. 6.- El presente acuerdo entrará en vigencia a\n partir de su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en Quito, a los veinte y tres días del mes de\n mayo del dos mil cinco.- Comuníquese y publíquese.

\n\n

f.) Anita Albán Mora, Ministra del Ambiente.

\n\n

No. 05-428

\n\n

EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR,
\n INDUSTRIALIZACIÓN, PESCA Y
\n COMPETITIVIDAD

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 3516, publicado en el Registro\n Oficial No. 2 de 31 de marzo del 2003, se publica el Texto Unificado\n de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente,\n en el cual se crea la Comisión Nacional de Bioseguridad\n (CNB), integrada entre otros, por el titular de esta Secretaría\n de Estado o su representante;

\n\n

Que corresponde al Ministro de Comercio Exterior, Industrialización,\n Pesca y Competitividad dirigir la política del Ministerio\n a su cargo y expedir las normas, acuerdos y resoluciones que\n requiera la gestión ministerial; y,

\n\n

En ejercicio de la facultad que le confiere el Art. 55 del\n Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de\n la Función Ejecutiva,

\n\n

Acuerda:

\n\n

ARTICULO 1.- Desígnase a la Ing. Ana Correa y al Econ.\n Jonathan Viera, para que en calidad de delegada permanente y\n delegado suplente, respectivamente, integren la Comisión\n Nacional de Bioseguridad (CNB), en representación de esta\n Secretaría de Estado.

\n\n

ARTICULO 2.- Los delegados actuarán de conformidad\n y en coordinación con las políticas e instrucciones\n impartidas por el señor Ministro, para lo cual deberán\n oportunamente coordinar lo que corresponda con éste, debiendo\n informar al señor Ministro, por escrito, todos los pronunciamientos\n o actos efectuados en virtud de esta delegación, dentro\n de la Comisión Nacional de Bioseguridad (CNB), así\n como las resoluciones que adopte este órgano y la demás\n información que fuere pertinente. En el desempeño\n de su representación, los delegados serán civil,\n penal y administrativamente responsables de sus actuaciones.

\n\n

Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, Distrito\n Metropolitano, 2 de junio del 2005.

\n\n

f.) Dr. Oswaldo Molestina Zavala.

\n\n

MICIP, Dirección de Desarrollo del Talento Humano,\n Administración de Servicios e Imagen Institucional.- Es\n copia, lo certifico.- f.) Ilegible, 2 de junio del 2005.

\n\n

No. 054

\n\n

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
\n Y CULTURA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que los incisos segundo y tercero del artículo 34,\n reformado de la Ley de Carrera Docente y Escalafón del\n Magisterio Nacional, establece: "El Ministro de Educación\n y Cultura, mediante acuerdo podrá suspender temporalmente\n en el ejercicio de sus funciones a las autoridades de los planteles\n educativos oficiales, a los supervisores y profesores cuando\n la gravedad de los problemas internos del establecimiento así\n lo ameriten; y esta suspensión temporal que no será\n considerada como sanción, sino como una acción\n administrativa para precautelar los intereses de los educandos\n y el normal funcionamiento de las actividades docentes y administrativas\n de los planteles educativos, no podrá exceder de sesenta\n días. Transcurrido este plazo y de no haberse resuelto\n por parte de la respectiva Comisión de Defensa Profesional\n la causa que la motivó, dará lugar al inmediato\n reintegro a sus funciones de las autoridades, supervisores y\n profesores suspendidos";

\n\n

Que al tenor de lo prescrito en los artículos 1 y 225\n de la Constitución Política, el Estado Ecuatoriano\n es de administración descentralizada; y,

\n\n

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 29, literal\n f) del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación,\n concordante con el Art. 9, literal e) del Reglamento Orgánico\n Funcional de esta Cartera de Estado y más normas pertinentes\n del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo\n de la Función Ejecutiva,

\n\n

Acuerda:

\n\n

ART. ÚNICO.- Delegar a la doctora Ana María\n Calderón Morales, Subsecretaría Regional de Educación\n del Litoral, la facultad de suspender temporalmente en el ejercicio\n de sus funciones a las autoridades de los planteles educativos\n oficiales, a los supervisores y profesores cuando la gravedad\n de los problemas internos del establecimiento así lo ameriten,\n de conformidad a lo dispuesto en el artículo 34, reformado\n de la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio\n Nacional.

\n\n

Comuníquese y publíquese.- En Quito, Distrito\n Metropolitano, a 30 de mayo del 2005.

\n\n

f.) Dra. Consuelo Yánez Cossios, Ministra de Educación\n y Cultura.- Certifico que esta copia es igual a su original.-\n Quito, a 2 de junio del 2005.- f.) Ilegible.

\n\n

No 074-2005

\n\n

EL MINISTRO DE ECONOMÍA
\n Y FINANZAS

\n\n

En uso de las atribuciones que le confiere la ley,

\n\n

Acuerda:
\n
\n ARTICULO 1.- A partir de la presente fecha se deja sin efecto\n el Acuerdo Ministerial No 143, expedido el 11 de junio del 2004.

\n\n

ARTICULO 2.- Delegar al Econ. Carlos Mauricio Dávalos\n Guevara para que me represente ante el Directorio y Comisión\n Ejecutiva de la Corporación Financiera Nacional, CFN,\n quien deberá informar periódicamente sobre los\n temas tratados y resoluciones aprobadas en cada una de las reuniones.\n
\n Comuníquese, Quito 3 de junio del 2005.

\n\n

f.) Dr. Rafael Correa Delgado, Ministro de Economía\n y Finanzas.

\n\n

Es fiel copia, certifico.

\n\n

f.) Diego Roberto Porras A., Secretario General del Ministerio\n de Economía y Finanzas, Ene.

\n\n

6 de junio del 2005.

\n\n

No 2005-07

\n\n

EL CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS
\n (CONAZOFRA)

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el artículo 16 de la Codificación de la\n Ley de Zonas Francas No 2005-004, publicada en R. O. No 562 de\n 11 de abril del 2005, contempla el procedimiento para la calificación\n de las empresa usuarias en una zona franca;

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo No 2134, publicado en el Registro\n Oficial No 437 de octubre 7 del 2004, se delega funciones al\n Director Ejecutivo a fin de registrar la calificación\n de los usuarios que no tienen objeciones para su registro;

\n\n

Que el 21 de marzo del 2005, el Directorio de la Empresa Zona\n Franca METROZONA S. A., conoció y aprobó la solicitud\n presentada por la Compañía SUPERMERCADOS LA FAVORITA\n como usuario de la zona franca;

\n\n

Que mediante informe técnico No 07-05 de 2 de junio\n del 2005, se establece que no existen objeciones al registro\n de la calificación como usuaria de la Compañía\n SUPERMERCADOS LA FAVORITA C. A.; y,

\n\n

En ejercicio de las facultades que le confieren el Decreto\n Ejecutivo No 2134, antes mencionado,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Artículo 1.- Registrar la calificación de la\n Compañía SUPERMERCADOS LA FAVORITA C. A., como\n usuaria para establecerse en la Empresa Zona Franca METROZONA,\n la misma que gozará de los beneficios constantes en la\n Ley de Zonas Francas y cumplirá las obligaciones citadas\n en la mencionada ley, así como con los convenios internacionales\n firmados por el país.

\n\n

La actividad autorizada es usuario comercial para el almacenamiento\n de alimentos, bebidas, textiles, electrodomésticos, cerámicas,\n porcelanas y otros provenientes del exterior para su posterior\n distribución tanto en el mercado local como internacional;\n y posterior servicio de reempaque y etiqueteo para clientes tanto\n en el exterior como en el Ecuador que así lo requieran.

\n\n

Los beneficios que contempla la Ley de Zonas Francas serán\n exclusivos para la actividad autorizada que desarrolle dentro\n del área de la zona franca.

\n\n

Artículo 2.- Remitir la presente resolución\n al Registro Oficial para su publicación.

\n\n

Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, Distrito-\n Metropolitano, a 2 de junio del 2005.

\n\n

f.) Nelson Díaz Suárez, Director Ejecutivo.

\n\n

Es fiel copia del original.- f.) Econ. Washington Suasnavas\n J, Coordinador Adm. Financiero, CONAZOFRA.

\n\n

 

\n\n

No. 20050043

\n\n

ALCANCE A LA
\n RESOLUCIÓN No 20050018

\n\n

LA PRESIDENCIA EJECUTIVA (E)
\n UNIDAD POSTAL DEL ECUADOR

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 617, publicado en el Registro\n Oficial No. 134 del 28 de julio de 2003, el señor Presidente\n Constitucional de la República, encargó al CONAM,\n la racionalización del servicio postal ecuatoriano, a\n fin de optimizar su gestión;

\n\n

Que, el Art. 2 del mencionado decreto dice: "Créase\n la UNIDAD POSTAL, con autonomía administrativa - financiera,\n adscrita al Consejo Nacional de Modernización del Estado,\n la cual estará representada por el Presidente del CQNAM\n o su delegado y tendrá como objetivo la administración\n del servicio postal ecuatoriano";

\n\n

Que, de conformidad con el Acuerdo No. 077 de 22 de noviembre\n del 2004, se modifica el párrafo dos del Art. 1 del Acuerdo\n No. 14 en el sentido de que "... La Unidad Postal, estará\n representada por la Delegada del Presidente del CONAM quien actuará\n y comparecerá en calidad de PRESIDENTA EJECUTIVA DELEGADA";

\n\n

Que, la Unidad Postal del Ecuador, por mandato legal tiene\n capacidad y competencia para emitir sellos postales;

\n\n

Que, de acuerdo a las normas reglamentarias, para la emisión\n de sellos postales, se ha considerado pertinente un alcance a\n la Resolución No. 2005 0018;

\n\n

Que, la señora Presidenta Ejecutiva (D) de la Unidad\n Postal, anterior, autorizó la emisión de sellos\n postales y su impresión denominada "LAS ISLAS GALÁPAGOS"\n y su emisión;

\n\n

Que, mediante oficio No T- 007-D-SGJ-05-10061 del 10 de mayo\n del 2005, emite la autorización favorable para que la\n señorita economista Angela Pérez Sánchez\n actúe como Presidenta Ejecutiva de la institución;

\n\n

Que, la emisión referida circulará a nivel nacional\n e internacional; y,

\n\n

Que, en uso de las facultades legales y reglamentarias antes\n citadas,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1.- Rectificar el artículo primero que corresponde\n a la HOJA SOU VENIR de la Resolución No 2005 0018 del\n 25 de enero del 2005, en la que se hace constar por un error\n de digitación el tiraje: 3'00.000 hojas, siendo lo correcto,\n tiraje: 3.000 hojas.

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Art. 2.- Esta resolución entrará en vigencia\n a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial, de esto último se encargará\n la Gerencia Jurídica de la Unidad Postal.

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Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, a\n los treinta días del mes de mayo del 2005.

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f.) Eco. Angelita Pérez Sánchez, Presidenta\n Ejecutiva (E) Unidad Postal del Ecuador.

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No. 234-2004

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Dentro del juicio verbal sumario por\n dinero No. 14-2004 que sigue Empresa Tuberías Tortuga\n Tubetor Cía. Ltda., por medio de su representante legal\n Jun Sik Shin Kin, en contra de Julio Rodríguez Zambrano,\n se ha dictado lo siguiente:
\n CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

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Quito, 8 octubre del 2004; las 10h30.

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VISTOS: Julio Rodríguez Zambrano deduce recurso de\n casación contra la sentencia dictada por la Cuarta Sala\n de la Corte Superior de Portoviejo, en el juicio verbal sumario\n que le sigue la Empresa Tuberías Tortuga Tubetor Cía.\n Ltda., por medio de su representante legal Jun Sik Shin Kin.\n Aduce que en la sentencia se han transgredido los artículos\n 117, 198 y 199 del Código de Procedimiento Civil.- Fundamenta\n el recurso en la causal tercera del artículo 3 de la Ley\n de Casación.- Por concedido el recurso sube a la Corte\n Suprema de Justicia y se radica la competencia, por el sorteo\n de ley, en esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil, la que\n en providencia de 24 de marzo del 2004 lo acepta a trámite.\n Concluida la sustanciación, atento el estado de la causa,\n para resolver se considera: PRIMERO: Como ha expresado esta Sala\n en numerosas resoluciones, los errores de derecho cometidos por\n una Corte Superior en la sentencia pueden ser impugnados mediante\n el recurso de casación, para ante la Corte Suprema de\n Justicia, por una o más de las cinco causales señaladas\n taxativamente, por el artículo 3 de la Ley de Casación.\n De estas causales, las tres son por vicios de actividad o de\n proceder (in procedendo): 2a, 4a y 5a, y las otras dos de juzgamiento\n (in iudicando): la, 3a. En las dos causales últimamente\n mencionadas, esto es, tanto en la primera como en la tercera,\n existe trasgresión (violación, quebranto, vulneración,\n infracción) de normas de derecho materiales o sustanciales,\n y en .las tres causales restantes trasgresión de normas\n de derecho procesal o instrumental. La división entre\n normas sustantivas y procesales se basa en la naturaleza jurídica\n de la norma (su contenido), no por su inserción o ubicación\n en determinado cuerpo legal. Así, hay normas sustantivas\n ubicadas en el Código de Procedimiento Civil, y hay normas\n procesales ubicadas en el Código Civil. La naturaleza\n de la norma deviene de su finalidad. Si la norma tiene por fin\n crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones, o regular\n estas situaciones jurídicas, su naturaleza es sustantiva\n o material. Si la finalidad de la norma es determinar la conducta\n que deben observar el Juez y las partes, dentro del juicio, para\n hacer valer el derecho violado o desconocido, o sea, para pedir\n y obtener el reconocimiento y eficacia jurídica del derecho\n subjetivo, la norma es de naturaleza procesal. Las normas de\n derecho procesal constituyen, pues, reglas a las cuales las partes\n y el Juez deben subordinar su actividad, dentro de la relación\n jurídico procesal, por eso su trasgresión se llama\n vicio de actividad. La norma sustancial establece el derecho\n que, al término de su actividad, ha de aplicar el Juez\n en relación a las pretensiones de las partes, por eso\n su trasgresión se llama vicio de juzgamiento. Cuando se\n deduce el recurso de casación por un vicio de actividad\n o in procedendo, el Tribunal de Casación ha de investigar\n la conducta observada por el Juez y las partes, en el transcurso\n del juicio, en relación con las normas procesales en concreto.\n Frente al recurso por vicios in iudicando, el Tribunal de Casación\n debe juzgar la conducta de los interesados en sus relaciones\n jurídicos sustanciales, con anterioridad a la iniciación\n del juicio, para decidir si se encasillan o subsumen en la norma\n sustancial o material respectiva, que el recurrente ha invocado\n como transgredida.- Por ejemplo, si la relación jurídico\n sustancial es por la compraventa de mercaderías, las normas\n sustantivas que podrían ser trasgredidas son las que regulan\n dicho contrato en el Código de Comercio y, supletoriamente,\n en el Código Civil. Si bien la causal primera y la causal\n tercera de la Ley de Casación se refieren ambas a trasgresiones\n de normas sustanciales o materiales, se distinguen en que por\n la causal primera se trasgrede la norma sustancial por la vía\n directa, con prescindencia total de consideraciones sobre los\n hechos a que se refieren las pruebas actuadas en el juicio. En\n cambio, por la causal tercera se trasgrede la norma sustancial\n por la vía indirecta, porque para llegar a esta trasgresión,\n antes o previamente, se han transgredido normas que regulan la\n valoración de la prueba. SEGUNDO: El recurrente, Julio\n Rodríguez Zambrano, acusa a la sentencia por la causal\n tercera del artículo 3 de la Ley de Casación. Al\n respecto dice: "Fundo mi recurso en la causal tercera del\n artículo 3 de la Ley de Casación, esto es la errónea\n interpretación de los preceptos jurídicos aplicables\n a la valoración de la prueba". La causal tercera\n citada por el recurrente es del siguiente tenor: "Aplicación\n indebida, falta de aplicación o errónea interpretación\n de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración\n de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación\n o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia\n o auto".- Fundándose el recurso en la causal tercera\n transcrita, el recurrente necesariamente tenía que citar\n la norma o normas sustanciales que, a su criterio, han sido transgredidas\n como consecuencia y efecto de la trasgresión de normas\n que regulan la valoración de la prueba. En definitiva,\n para que su recurso sea eficaz y, por tanto, prospere, tenía\n que citar con exactitud dos clases de normas transgredidas: 1)\n Normas que regulan la valoración de la prueba. 2) Normas\n sustantivas que han sido transgredidas como efecto o consecuencia\n de la trasgresión de normas sobre la valoración\n de la prueba. Además en el uno y en el otro supuesto el\n recurrente debía explicar, con la debida sustentación,\n en que consistían tales transgresiones. - En el escrito\n contentivo del recurso de casación deducido por Julio\n Rodríguez Zambrano se cita como transgredidos los siguientes\n artículos: 117, 198 y 199 del Código de Procedimiento\n Civil. El primer artículo establece que la carga de la\n prueba de los hechos afirmados en la demanda, negados por el\n demandado, corresponde al actor, y los artículos 198 y\n 199 regulan los requisitos que deben reunir los instrumentos\n privados para tener eficacia probatoria. Es decir, el recurrente\n cumple el primer requisito: citar normas sobre regulación\n de la valoración de la prueba, que a su criterio, han\n sido quebrantadas por el juzgador al evaluar los medios de prueba\n aportados al juicio; pero omite citar las normas sustantivas\n o materiales que, igualmente a su criterio, han sido transgredidas\n en la sentencia como consecuencia de la trasgresión de\n normas anteriormente citadas. Esta omisión le vuelve inepto\n al recurso de casación interpuesto, puesto que le quita\n al Tribunal de Casación la posibilidad de entrar a resolver\n sobre el fondo de la cuestión debatida. El Tribunal de\n Casación, se mueve por el principio dispositivo, lo cual\n significa que no puede resolver oficiosamente transgresiones\n de normas de derecho que no hayan sido acusadas en forma concreta,\n completa y exacta por el recurrente. Cabe que resuelva oficiosamente\n solo cuando advierta trasgresión de normas constitucionales,\n desarrolladas en normas secundarias, tales como la omisión\n de solemnidades sustanciales o la violación del trámite,\n que no se hubieren convalidado y hubiese influido o pudiere influir\n en la decisión de la causa, que atañe a la garantía\n constitucional del derecho de defensa. En el recurso de casación,\n el recurrente es el que determina el ámbito dentro del\n cual debe actuar el Tribunal de Casación, el que no puede\n rebasar ese ámbito. No le está permitido suplir\n las omisiones ni corregir los errores que adolezca el recurso\n interpuesto. Así ha resuelto esta Sala, en forma uniforme,\n en numerosas resoluciones: Res. 433 del 26 de octubre del 2000,\n publicada en el R. O. 277 del 10 de diciembre del 2000; Res.\n 266 del 9 de octubre del 2003, publicada en el R. O. 262 del\n 29 de enero del 2004, etc. Por las consideraciones expuestas,\n la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de\n Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, no casa la sentencia dictada por la\n Cuarta Sala de la Corte Superior de Portoviejo, en el juicio\n verbal sumario que sigue la Empresa Tuberías Tortuga Tubetor\n Cía. Ltda., por medio de su representante legal Jun Sik\n Shin Kin, en contra de Julio Rodríguez Zambrano. Sin costas.\n De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley\n de Casación, entregúese el monto total de la caución\n a la parte actora. Notifíquese y devuélvase.

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Fdo.) Dres. Galo Galarza Paz, Santiago Andrade Ubidia y Ernesto\n Albán Gómez, Ministros Jueces.

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Esta copia es igual a su original.

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Certifico.- Quito, 8 de octubre del 2004.

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f.) Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria Relatora.

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No. 235-2004

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Dentro del juicio verbal sumario No.\n 29-2004 que por dinero sigue Jorge Fernández Solano, en\n su calidad de Gerente y representante legal de INCOVIAL Cía.\n Ltda. en contra de Jorge Efraín Once Vera, se ha dictado\n lo que sigue:

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA CIVIL Y MERCANTIL

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Quito, 11 de octubre del 2004; las 9hl0.

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VISTOS: Jorge Fernández Solano, en su calidad de Gerente\n y representante legal de INCOVIAL Cía. Ltda., interpone\n recurso de casación de la sentencia dictada por la Segunda\n Sala de la Corte Superior de Justicia de Cuenca, dentro del juicio\n verbal sumario que por dinero sigue en contra de Jorge Efraín\n Once Vera. Concedido el recurso y elevado el proceso a la Corte\n Suprema de Justicia, por el sorteo de ley correspondió\n su conocimiento a esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil,\n que en su primera providencia admitió el recurso a trámite.\n Concluido éste, para resolver se considera: PRIMERO: Amparándose\n en las causales primera, segunda y tercera del artículo\n 3 de la Ley de Casación, el recurrente acusa a la sentencia\n de infringir el artículo 24 numeral trece de la Constitución,\n el artículo 843 del Código de Procedimiento Civil,\n el artículo 3 del Código de Comercio, y los artículos\n 1506, 1507, 1532, 1594 y 1726 del Código Civil. SEGUNDO:\n La primera acusación que formula el recurrente en contra\n de la sentencia es la violación del numeral trece del\n artículo 24 de la Constitución Política.\n Reiteradamente ha dicho esta Sala que al formularse el cargo\n de violación de una norma constitucional, esta acusación\n debe ser examinada en forma prioritaria, pues dada la jerarquía\n jurídica de la Constitución, toca al juzgador velar\n con especial preocupación por la vigencia plena de los\n principios que la integran. También ha expresado la Sala\n que, por ello mismo, quien acusa tales violaciones debe fundamentarlas,\n si cabe con mayor cuidado y precisión, pues, de comprobarse\n la violación, se estaría atentando contra las reglas\n primarias que rigen la convivencia social en el Estado y establecen\n los derechos y garantías básicas de los ciudadanos.\n En este caso la norma constitucional a la que se refiere el recurrente\n y que consta entre las garantías del debido proceso, exige\n que las resoluciones de los poderes públicos que afecten\n a las personas, y entre ellas obviamente las resoluciones judiciales,\n deben ser motivadas y que "no habrá tal motivación\n si en la resolución no se enunciaren normas o principios\n jurídicos en que se haya fundado, y si no se explicare\n la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de\n hecho". Sostiene que en el caso de autos no hay motivación\n por cuanto el Tribunal de instancia no se ha referido a la "veintena\n de disposiciones legales" en que se sustenta la demanda.\n Más allá de que esta alegación debió\n fundamentarse en la causal quinta del artículo 3 de la\n Ley de Casación, que prevé el caso del auto o sentencia\n que no reúne los requisitos exigidos por la ley, examinando\n la sentencia en cuestión no se advierte en ella que se\n haya producido la mencionada violación, pues la parte\n medular de la misma se refiere a la procedencia de la vía\n verbal sumaria propuesta para el trámite de la demanda,\n vía que el Tribunal considera equivocada por las razones\n que en la propia sentencia se explicitan, que tienen que ver\n con la materia de la controversia y con las previsiones de la\n norma legal aplicable al caso, esto es con el artículo\n 843 del Código de Procedimiento Civil. Por cierto que\n en la sentencia se analizan también otras cuestiones que,\n dado el carácter inhibitorio de la sentencia que pronuncia\n el Tribunal, resultaban innecesarias, pues se refieren a la prueba\n actuada, a las acciones por incumplimiento de un contrato y a\n la nulidad por objeto ilícito, cuestiones que habían\n sido planteadas en el proceso, pero que no son materia del pronunciamiento\n judicial que se examina. En todo caso la acusación de\n que la sentencia no ha sido motivada no tiene asidero. TERCERO:\n La impugnación de una sentencia con fundamento en la causal\n segunda del artículo 3 de la Ley de Casación, obliga\n a la sala de casación a examinarlo en forma previa a los\n otros cargos formulados en el recurso, pues si efectivamente\n se detecta una violación de las normas procesales que\n vicien el proceso de nulidad insanable, sin pronunciarse sobre\n las demás acusaciones, la sala deberá anular el\n fallo, impugnado y devolver el proceso al Juez o Tribunal que\n corresponda para que conozca la causa desde el punto en que se\n produjo la nulidad, pues así lo establece el segundo inciso\n del artículo 16 de la misma ley. Sin embargo en el recurso\n ni siquiera se cita norma procesal alguna que hubiere sido infringida,\n debido a lo cual se hubiera producido la nulidad insanable que\n constituye la esencia de la causal alegada. Por tanto se desecha\n este cargo. CUARTO: Como ya se señaló, la Segunda\n Sala de la Corte Superior de Cuenca declara sin lugar la demanda\n por cuanto considera que no era procedente la vía verbal\n sumaria escogida por el actor para plantearla. Se funda para\n ello en lo que dispone el artículo 843 del Código\n de Procedimiento Civil y enumera los diversos casos en los que,\n conforme a este artículo, es procedente dicha vía:\n la disposición de la ley, el convenio de las partes, la\n liquidación de intereses, frutos y daños y perjuicios\n ordenados en sentencia; las controversias entre arrendadores,\n arrendatarios y subarrendatarios; y los asuntos comerciales que\n no tengan un procedimiento especial. Concluye señalando\n que no se ha probado que el caso en cuestión se ubique\n en alguna de las situaciones especificadas en la norma procesal\n citada. El recurrente contradice esta conclusión y sostiene\n que el negocio realizado entre actor y demandado y que origina\n el litigio corresponde a un acto de comercio según lo\n previsto en el numeral primero del acto 3 del Código de\n Comercio: "Son actos de comercio, ya de parte de todos los\n contratantes, ya de parte de alguno de ellos solamente: lo.-\n La compra o permuta de cosas muebles, hecha con ánimo\n de revenderlas o permutarlas en la misma forma o en otra distinta;\n y la reventa o permuta de estas mismas cosas. Pertenecen también\n a la jurisdicción mercantil las acciones contra los agricultores\n y criadores por la venta de los frutos de sus cosechas y ganados,\n mas no las intentadas contra los comerciantes para el pago de\n lo que hubieran comprado para su uso y consumo particular, o\n para el de sus familias". Según el recurrente, la\n compañía que él representa compró\n al demandado materiales extraídos de una mina para entregarlos\n en venta a una empresa productora y exportadora de flores, .con\n lo cual se habría cumplido el requisito exigido por el\n Código de Comercio. Sin embargo, el propio recurrente,\n en el escrito en que interpone el recurso utiliza argumentos\n que contradicen, no solo esta alegación, sino los propios\n fundamentos de derecho de su demanda: las normas del Código\n Civil relativas a las obligaciones y contratos en general, a\n los actos y declaraciones de voluntad, al efecto de las obligaciones,\n a la interpretación de los contratos, a los modos de extinguirse\n las obligaciones y en especial al pago efectivo, a la prueba\n de las obligaciones, y a las obligaciones del comprador; y las\n del Código de Comercio sobre los contratos mercantiles'\n y en particular la compraventa mercantil. Más todavía,\n la actora, antes de iniciar el proceso y como diligencia previa,\n requirió judicialmente al demandado, para constituirlo\n en mora en el cumplimiento de la obligación contraída.\n Pero ahora sostiene que el contrato que celebraron las partes\n es nulo porque tiene un objeto ilícito y que así\n debía declararlo el Tribunal, y que los materiales que\n fueron negociados no se encontraban en el comercio. Argumenta\n el recurrente para sustentar tales tesis que el vendedor de los\n materiales y demandado en este causa no era titular de ninguna\n concesión minera, y así consta del certificado\n expedido por la Dirección Regional de Minería del\n Azuay (foja 43) y que por tanto no estaba autorizado a explotar\n la mina de la cual se extrajeron los materiales. Aunque el recurrente\n no la cita, hay que señalar que efectivamente la Ley de\n Minería regula lo relativo a concesiones mineras, a los\n derechos mineros, a las fases de la actividad minera entre las\n cuales se encuentra la comercialización de los minerales,\n a las licencias, etcétera, de todo lo cual se concluye\n que solamente por autorización del Estado se pueden realizar\n tales actividades. Pero en la confesión rendida por el\n demandado ante el Juez de primera instancia (foja 40 vuelta),\n éste señala que no ha obtenido la autorización\n para obtener la concesión minera, porque el lugar de donde\n saca los materiales no es zona minera y que por tanto no necesitaba\n ningún permiso. Conviene aclarar en este punto, aunque\n realmente no fue objeto del litigio, como lo señala el\n Tribunal ad-quem, que la declaratoria de nulidad absoluta de\n un acto o contrato que el Juez debe hacer aun de oficio, según\n el artículo 1726 del Código Civil, será\n pertinente cuando la causa de la nulidad "aparece de manifiesto"\n en el acto o contrato, y no en casos en que, habiéndose\n alegado la existencia de esa causa, deba ser probada a satisfacción\n del juzgador, lo que no ha ocurrido en la causa. En todo caso,\n resulta sorprendente que, habiendo el actor fundado la demanda\n en la existencia de un contrato de compraventa mercantil, afirme\n ahora que dicho contrato padece de nulidad absoluta y que los\n bienes que fueron objeto del contrato estaban fuera del comercio,\n con lo Cual ataca su propio planteamiento, pues qué acto\n o contrato de comercio podría haber si en él se\n detecta un objeto ilícito y si los bienes sobre los cuales\n versó estaban fue

 

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