Registro Oficial. 4 de MARZO del 2005 Suplemento

Viernes, 04 de marzo de 2005

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE MARZO\n DEL 2005
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Viernes, 4 de marzo del 2005 - R. O. No. 537

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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SUPLEMENTO

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DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR
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FUNCIÓN\n JUDICIAL

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CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

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Recursos de casación\n en los juicios seguidos en contra de las siguientes personas:

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212-2004 Germania Patricia Dávalos\n Encalada en contra de Carlos Marcelo Villa Alvaro y otra.

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214-2004 Marco Honorato Domínguez\n Avila en contra de Miguel Ángel Puga Quiroz

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215-2004 Mariana del Carmen Ponce Jijón\n en contra de César Eduardo Villegas. Játiva y otras.

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216-2004 Doctor Guillermo Ovidio Robles\n López y otra en contra de Klever Izquierdo Barrera y otros.
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\n 223-2004Gerardo Peña Matheus\n en contra de Dolé Food Company Inc. y otras.

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224-2004 Rafael Barrezueta Minuche en\n contra del Banco del Pacífico S. A.

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226-2004\n Dolores Díaz\n Toca viuda de Viteri y otros en contra de Industria Tapitex Compañía\n Limitada\n

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No 212-2004

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Dentro del juicio ordinario por reivindicación\n No 50-04, que sigue Germania Dávalos Encalada, por medio\n de su mandatario doctor Humberto Treviño Garcés\n en contra de Carlos Marcelo Villa Alvaro y Magdalena Elizabeth\n Samaniego, se ha dictado lo siguiente:

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

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Quito, 10 septiembre del 2004; las 11h00.

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VISTOS: En contra de la sentencia dictada por la Primera Sala\n de la Corte Superior de Riobamba en el juicio reivindicatorio\n seguido por Patricia Dávalos Encalada, por medio de su\n procurador judicial doctor Humberto Treviño Garcés,\n en contra de Carlos Marcelo Villa Alvaro y Magdalena Elizabeth\n Samaniego, han interpuesto recurso de casación tanto la\n parte actora como la parte demandada. Por concedidos los dos\n recursos, sube el proceso a la Corte Suprema de Justicia y, por\n el sorteo de ley, se radica la competencia en esta Primera Sala\n de lo Civil y Mercantil; la que en providencia del 18 de febrero\n del 2004 acepta a trámite el recurso de casación\n deducido por los demandados, y rechaza el deducido por la parte\n actora. Concluida la sustanciación, atento el estado de\n la causa, para resolver se considera: PRIMERO.- Los recurrentes\n Carlos Marcelo Villa Alvaro y Magdalena Elizabeth Samaniego acusan\n a la sentencia de que adolece del error previsto en la causal\n segunda del artículo 3 de la Ley de Casación. Esta\n causal es del siguiente tenor: "Aplicación indebida,\n falta de aplicación o errónea interpretación\n de normas procesales, cuando hayan viciado el proceso de nulidad\n insanable o provocado indefensión, siempre que hubieren\n influido en la decisión de la causa y que la respectiva\n nulidad no hubiere quedado convalidada legalmente.". En\n razón del principio dispositivo que guía el recurso\n de casación, esta Sala se limita a analizar y resolver\n exclusivamente las acusaciones de los recurrentes que se encasillan\n en la causal transcrita. Los errores in procedendo previstos\n en esta causal tienen lugar cuando la sentencia ha sido pronunciada\n sobre un proceso viciado de nulidad insanable o provocado indefensión.\n En el juicio ordinario, la nulidad procesal, de acuerdo con el\n principio de especificidad consagrado por el artículo\n 353 del Código Civil, se produce en 4os casos específicos:\n a) Por omisión de las solemnidades sustanciales comunes\n a-todos los juicios e instancias, enumeradas en el artículo\n 355; y, b) Por violación del trámite correspondiente\n a la naturaleza del asunto o de la causa que se está juzgando,\n conforme dispone el artículo 1067. En ambos casos, siempre\n que la irregularidad procesal no se haya convalidado o hubiese\n influido o pudiere influir en la decisión de la causa.\n La acusación concreta de los recurrentes es la de que\n existe omisión de la solemnidad 3a del artículo\n 355, puesto que existe ilegitimidad de personería activa,\n en razón de que el doctor Humberto Treviño Garcés\n comparece en el juicio como mandatario de la actora Germania\n Patricia Dávalos Encalada, omitiendo aplicar las normas\n contempladas en los artículos 40 y siguientes del Código\n de Procedimiento Civil y los artículos 953 y 1488, numerales\n 2 y 4 del Código Civil; pues aparece como supuesto mandatario\n a través de la subrogación de un poder improcedente\n e ineficaz. SEGUNDO.- Mandato dice el artículo 2047 del\n Código Civil "es un contrato en que una persona confía\n la gestión de uno o más negocios a otra, que se\n hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. La persona\n que confiere el encargo se llama comitente o mandante y la que\n lo acepta apoderado, procurador, y en general, mandatario".-\n Si bien el otorgamiento del mandato es un acto de confianza,\n el mandatario está autorizado a delegar el encargo a menos\n que se le prohiba en el contrato de mandato, conforme dispone\n el artículo 2066 del Código Civil. En el Código\n de Procedimiento Civil a la delegación se le denomina\n también sustitución, y ,según el artículo\n 51 de este código, el procurador que haya sustituido el\n poder podrá revocar las sustituciones, y hacer otras en\n todo o en parte; así como el sustituto podrá también\n delegarlo, si no se le hubiere prohibido.- El artículo\n 41 del Código de Procedimiento Civil faculta tanto al\n actor como al demandado para concurrir por medio de procurador;\n el mismo que en la especie se llama procurador judicial. Son\n procuradores judiciales, dice el artículo 40 del código\n citado, los mandatarios que tienen poder para comparecer al juicio\n por otro.- La procuración judicial es solemne, y conforme\n dispone el artículo 44 del Código de Procedimiento\n Civil, en correspondencia con el artículo 49 de la Ley\n de Federación de Abogados del Ecuador, está sujeto\n a las siguientes reglas: 1.- Solo los abogados en ejercicio de\n su profesión podrán ser procuradores judiciales.-\n 2.- La procuración judicial se operará en una de\n estas dos formas: por escritura pública o por escrito\n reconocido ante el Juez de la causa. TERCERO.- De las copias\n aparejadas a la demanda (fs 4 y 5 del cuaderno de primer nivel)\n consta lo siguiente: 1. Que Germanía Patricia Dávalos\n Encalada, mediante escritura pública celebrada el 28 de\n marzo del 2000, ante el abogado ítalo Bedrán Riofrío,\n Notario Público del cantón Riobamba, ha otorgado\n poder general a favor de Norma Encalada Ambi, para que, entre\n otras cosas, se encargue de lo siguiente: "d) Le represente\n en cualquier asunto judicial o extrajudicial que exista a la\n fecha o que se presentaré en el futuro, contestando demandas\n y proponiéndolas, que continuara el juicio hasta su conclusión\n en cualquier instancia y de la naturaleza que sea, y de ser necesario\n contrate un profesional del derecho". 2. La mandataria Norma\n Piedad Encalada Ambi, mediante escritura pública de 16\n de mayo del 2002, ante el abogado ítalo Bedrán\n Riofrío, Notario Público Séptimo del cantón\n Riobamba, sustituye el poder a favor del doctor Humberto Treviño\n Garcés. En el contrato de mandato otorgado por Germania\n Patricia Dávalos Encalada no se prohibe a la mandataria\n Norma Encalada Ambi la sustitución del poder, de suerte\n que la escritura pública de sustitución hecha por\n la mandataria a favor del doctor Humberto Treviño Garcés\n es válida y eficaz. Vale resaltar que esa sustitución\n era indispensable porque, como se expresa anteriormente, solo\n los abogados en ejercicio de su profesión pueden ejercer\n la procuración Judicial.- Los recurrentes afirman que\n en la sentencia se han violado los ordinales 2° y 4°\n del artículo 1488 del Código Civil, que son del\n siguiente tenor: "Para que una persona se obligue a otra\n por un acto o declaración de voluntad es necesario: 2°.-\n Que conscienta en dicho acto o declaración, y su consentimiento\n no adolezca de vicio.... ; 4°.- Que tenga una causa lícita".-\n En el contrato de mandato, como todos los actos bilaterales,\n se requiere el concurso de las voluntades del mandante y del\n mandatario, o del mandatario o del sustituto, según corresponda.\n Pero no es imprescindible que el mandatario acepte en forma expresa\n en el mismo contrato. La aceptación puede ser tácita\n con arreglo a lo dispuesto al artículo 2055 del Código\n Civil. En la práctica forense lo común es que la\n aceptación sea tácita. El consentimiento de quienes\n intervienen en los contratos de poder o sustitución está\n perfectamente establecido en las declaraciones de voluntad ostentadas\n en las escrituras públicas agregadas al proceso (fs. 4\n y 5 del cuaderno de primer nivel), y los demandados, a quienes\n correspondía la carga de la prueba, en ninguna forma han\n demostrado que ese consentimiento adolezca de vicios de error,\n fuerza o dolo previstos en el artículo 1494 del Código\n Civil. Asimismo, examinados los contratos de poder y de sustitución\n no aparece que las obligaciones contraídas en ellos adolezcan\n de causa ilícita, o sea prohibida por la ley, o contraria\n a las buenas costumbres o al orden público (inciso segundo\n del artículo 1510 del Código Civil. Por otro lado,\n el artículo 953 del Código Civil, citado también\n .por los» recurrentes como transgredido en la sentencia,\n se refiere a la reivindicación o acción de dominio,\n que ninguna vinculación tiene con el contrato de mandato.-\n Por todo lo dicho, el doctor Humberto Treviño Garcés\n ha intervenido en el proceso, en representación de la\n actora, con poder suficiente, valido y eficaz y, consiguientemente,\n con personería legitima. No procede entonces la acusación\n formulada por los recurrentes. Por las consideraciones expuestas,'\n la Primera Sala de lo Civil y Mercantil, de la Corte Suprema\n de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, no casa la sentencia pronunciada por\n la Primera Sala de la Corte Superior de Riobamba, en el juicio\n reivindicatorio seguido por Germania Patricia Dávalos\n Encalada, por medio de su procurador judicial doctor Humberto\n Treviño Garcés. Sin costas. Notifíquese\n y devuélvase.

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Fdo.) Dres. Galo Galarza Paz, Santiago Andrade Ubidia y Ernesto\n Albán Gómez, Ministros Jueces.

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Razón: Esta copia es igual a su original. Certifico.\n Quito, 10 de septiembre del 2004.- f.) Dra. Isabel Garrido Cisneros,\n Secretaria Relatora.

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No 214-2004

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Dentro del juicio ordinario No 5-2004\n que por dinero sigue Marco Honorato Domínguez Avila en\n contra de Miguel Ángel Puga Quiroz, se ha dictado lo que\n sigue:

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

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Quito, 15 de septiembre del 2004; las\n 16h30.

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VISTOS: Marco Honorato Domínguez Avila interpone recurso\n de casación de la sentencia dictada por la Cuarta Sala\n de la Corte Superior de Justicia de Quito, dentro del juicio\n ordinario que por dinero sigue en contra de Miguel Ángel\n Puga Quiroz. Concedido el recurso, por el sorteo de ley correspondió\n su conocimiento a esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil,\n la que lo admitió a trámite. Concluido el mismo,\n para resolver se considera: PRIMERO.- El recurrente considera\n que las normas de derecho infringidas en la sentencia impugnada\n son los artículos 1480, 1589, 1594 y 1595 del Código\n Civil. Afirma que su recurso se funda en las causales primera\n y quinta del artículo 3 de la Ley de Casación.\n SEGUNDO.- El recurrente funda su recurso en la causal quinta\n del artículo 3 de la Ley de Casación, que opera:\n "Cuando la sentencia o auto no contuvieren los requisitos\n exigidos por la Ley o en su parte dispositiva se adopten decisiones\n contradictorias o incompatibles.". Sin embargo, no señala\n cuáles de los requisitos, a los que obligatoriamente debe\n someterse la sentencia, fueron inobservados por el Tribunal de\n instancia, ni especifica cuáles son las decisiones contradictorias\n o incompatibles entre la parte considerativa y la resolutiva\n del fallo. Simplemente se limita a afirmar que "la decisión\n contradictoria se da por la equivocación de creer que\n en este caso es necesario el requerimiento para que el deudor,\n ahora demandado, esté en mora", es decir realiza\n una afirmación que no guarda relación con el contenido\n de esta causal, sino que más bien se refiere a la causal\n primera del artículo citado. En consecuencia, este Tribunal\n de Casación desecha este vicio alegado. TERCERO.- Es necesario\n destacar que al haberse fundado el recurso en la causal denominada\n en la doctrina como "violación directa" de la\n norma sustancial, es decir en la causal primera del artículo\n 3 de la Ley de Casación, y no en la causal tercera del\n mismo artículo 3 de la Ley de Casación, que se\n refiere a la "violación indirecta", la cual\n se produce cuando al infringirse normas o principios relativos\n a la valoración de la prueba se transgrede una norma sustancial,\n debe colegirse que se dan por ciertas las conclusiones sobre\n la situación táctica, o determinación de\n los hechos a que han llegado los juzgadores de instancia. Sobre\n este asunto Murcia Bailen dice: "Corolario obligado de lo\n anterior es el de que, en la demostración de un cargo\n por violación directa, el recurrente no puede separarse\n de las conclusiones a que en la tarea del examen de los hechos\n haya llegado el tribunal. En tal evento, la actividad dialéctica\n del impugnador tiene que realizarse necesaria y exclusivamente\n en torno a los textos legales sustanciales que considere no aplicados,\n o aplicados indebidamente, o erróneamente interpretados;\n pero, en todo caso, con absoluta prescindencia de cualquier consideración\n que implique discrepancia con el juicio que el sentenciador haya\n hecho en relación con las pruebas" (Recurso de Casación\n Civil, Tercera Edición, Librería el Foro de la\n Justicia, Bogotá - Colombia, 1983 Pág. 322). CUARTO.-\n Respecto de la causal primera del artículo 3 de la Ley\n de Casación que se refiere a la "Aplicación\n indebida, falta de aplicación o errónea interpretación\n de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales\n obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes\n de su parte dispositiva", el recurrente sostiene que en\n el fallo impugnado se ha inaplicado el artículo 1594 del\n Código Civil, por cuanto afirma que en la especie "no\n es necesario el requerimiento previo para que el deudor esté\n en mora y con ello tenga la obligación de cancelar el\n monto de los intereses demandados.". Ahora bien, en la sentencia\n pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte Superior de Justicia\n de Quito se llega a la conclusión de que entre las partes\n se celebró un contrato, por el cual el demandado debe\n al actor sesenta y siete millones de sucres (s/. 67'000.000,);\n pero además que no existe prueba alguna que determine\n como se pactaron los intereses ni la fecha de vencimiento de\n la obligación. Y tal como se analizó en el considerando\n anterior, son estos los hechos establecidos, los supuestos tácticos\n determinados por los jueces de instancia, que no pueden ser modificados\n por el Tribunal de Casación, por lo, que, a partir de\n ellos se debe encontrar los tipos jurídicos conducentes,\n es decir la norma o normas aplicables. Como el Tribunal ad quem\n ha establecido que el demandado a
\n incumplido el contrato materia de la litis que le obliga a pagar\n al actor, sesenta y siete millones de sucres, la norma aplicable\n es el artículo 1602 del Código Civil que se refiere\n precisamente a las reglas relativas a la indemnización\n de perjuicios causados por mora cuando se trata de una obligación\n dineraria. El Tribunal ad quem, también concluyó\n que no existe prueba respecto a si se pactaron o no intereses\n convencionales, por lo que resulta aplicable a estos hechos lo\n señalado en el numeral primero del mencionado artículo\n 1602, que dice que si se han convenido intereses se los seguirá\n debiendo, pero en caso contrario, es decir, sino se los ha convenido,\n o no hay constancia alguna de que se haya pactado intereses convencionales,\n como ocurre en la especie, se deberá únicamente\n los intereses legales, tal como anota la sentencia del Tribunal\n ad quem. Ahora bien, en las obligaciones bilaterales, como las\n que resultan del contrato materia de la litis, cuando se ha convenido\n un plazo, la parte que incumple se constituye automáticamente\n en mora a su vencimiento, sin necesidad de requerimiento. En\n la especie, el Tribunal ad quem señala que las partes\n no han logrado determinar la fecha' del vencimiento de la obligación,\n es decir no se ha probado si en el contrato en cuestión\n se había establecido un plazo y cual era éste,\n y como vimos, se necesita de él para que en caso de incumplimiento,\n la mora se constituya automáticamente. Era entonces necesario\n que el acreedor reconvenga judicialmente al deudor para lograr\n constituirlo en mora, tal como señala el numeral tercero\n del artículo 1594 del Código Civil, para lo cual\n debía presentar una demanda que contenga sus pretensiones,\n y solo la citación con la misma tiene como efecto constituir\n en mora al deudor, al tenor del artículo 101 del Código\n de Procedimiento Civil. Por tanto, los intereses legales solo\n pueden ser calculados desde que el demandado fue constituido\n en mora, esto es desde que se le citó con la demanda.\n El recurrente señala además, que también\n se han transgredido los artículos 1480 del Código\n Civil, relativo a las fuentes de las obligaciones y 1589 del\n mismo código, referente a la buena fe en las obligaciones,\n pero no señala de que forma se han violado dichas normas,\n al contrario al intentar fundamentar el cargo, repite el alegato\n que sustenta la violación del mencionado artículo\n 1594. En consecuencia, se concluye que la sentencia dictada por\n el Tribunal ad quem no ha transgredido ninguna de las normas\n citadas por el recurrente y por ende la alegación debe\n ser desechada. Por estas consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA\n EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, la\n Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia\n no casa la sentencia dictada por la Cuarta Sala de la Corte Superior\n de Justicia de Quito dentro del juicio ordinario que por dinero\n sigue Marco Honorato Domínguez Avila en contra de Mario\n Ochoa Córdova. Notifíquese, publíquese y\n devuélvase.

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Fdo.) Dres. Galo Galarza Paz y Ernesto Albán Gómez,\n Ministros Jueces, Genaro Eguiguren Valdivieso, Conjuez Permanente.\n Certifico.- Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria Relatora,\n Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema.

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Razón: Es fiel copia de su original. Certifico.- Quito,\n 16 de septiembre del 2004.
\n f.) Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria Relatora de la Primera\n Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia.

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No 215-2004

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En el juicio ordinario (recurso de casación)\n No 332-2003 que, por prescripción extraordinaria adquisitiva\n de dominio, sigue Mariana del "Carmen Ponce Jijón\n en contra de César Eduardo Villegas Játiva, por\n sus propios derechos y como procurador común de Ana Lourdes\n Beltrán Narváez, Carmelina Chuma Pasquel y María\n Claudia Inés Chuma Pasquel, se ha dictado lo siguiente:

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

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Quito, 21 de septiembre del 2004; las\n 15hl0.

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Suplemento Registro Oficial No 537 Viernes\n 4 de Marzo del 2005

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VISTOS: César Eduardo Villegas Játiva, por sus\n propios derechos y como procurador común de Ana Lourdes\n Beltrán Narváez, Carmelina Chuma Pasquel y María\n Claudia Inés Chuma Pasquel, deduce recurso de casación\n en contra de la sentencia y auto que niega el petitorio de aclaración\n y ampliación dictados por la Segunda Sala de la H. Corte\n Superior de Justicia de Ibarra, dentro del juicio ordinario que,\n por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio,\n siguió Mariana del Carmen Ponce Jijón en contra\n del recurrente en la calidad señalada. Como dicho recurso\n le fue negado, dedujo el de hecho, el que por concedido, permitió\n que el proceso suba a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia;\n habiéndose radicado la competencia por el sorteo de ley\n en esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil, y una vez que ha\n terminado la etapa de sustanciación de este proceso de\n casación, para resolver se considera: PRIMERO." El\n recurrente acusa al fallo de última instancia de haber\n infringido los artículos 24, No 13 de la Constitución\n Política de la República; 117, 119, 121, 126, 127.\n 146, 147, 168, 169, 170, 195, 198 inciso primero No 4, 203, 211,\n 212, 213 y 225 inciso primero del Código de Procedimiento\n Civil; artículos 734, 953, 957, 959, 2416, 2422, 2434\n regla segunda y 2435 del Código Civil. Fundamenta su impugnación\n en las causales tercera y quinta del artículo 3 de la\n Ley de Casación. Estos son los límites, fijados\n por el propio recurrente, dentro de los cuales se desenvolverá\n la actividad jurisdiccional del Tribunal de Casación.\n SEGUNDO.- Como esta Sala ha señalado en múltiples\n resoluciones, cuando se acusa al fallo casado de hallarse incurso,\n entre otras, en la causal quinta del articulo 3 de la Ley de\n Casación, ha de analizarse este cargo en primer lugar,\n -pues si el Tribunal encuentra que la sentencia de último\n nivel adopta decisiones contradictorias o incompatibles, o no\n tiene motivación, debe casarla y dictar en su lugar la\n que corresponda. El recurrente, con fundamento en el artículo\n 24 No 13 de la Constitución, acusa a la sentencia de último\n nivel de no contener uno de los requisitos exigidos por la ley\n para su validez, cual es el estar debidamente motivada, pues\n ".. .a pesar de la amplitud del texto (de la resolución),\n solo hay una abultada enumeración de supuestas «pruebas»\n pero ninguna explicación de los fundamentos jurídicos\n en los que la Sala se basa para sustentar en esas «pruebas»\n el fallo... y ni siguiera cuando he requerido que procedan a\n la ampliación y aclaración del fallo se han dignado\n atender lo pedido y más bien me han dicho que: «...la\n Sala actúa sin afectos ni desafectos, sin odios ni pasiones,\n por lo que se le llama la atención por las insinuaciones\n de estrecha amistad con la defensora de la parte actora, en cuya\n virtud se rechaza la petición de ampliación y aclaración\n formulada...» Pues esto tampoco significa motivar un fallo\n y la Sala se ha limitado a dar la respuesta que suele dar siempre:\n «todo está claro y el recurso no procede»...".\n Se analizará este cargo a continuación. TERCERO."\n El artículo 24 No 13 de la Constitución Política\n de la República dice que es parte del derecho al debido\n proceso el que la sentencia sea motivada: "Las resoluciones\n de los poderes públicos que afecten a las personas, deberán\n ser motivadas. No habrá tal motivación si en la\n resolución no se enunciaren normas o principios jurídicos\n en que se haya fundado, y si no se explicare la pertinencia de\n su aplicación a los antecedentes de hecho...". Examinada\n la sentencia de última instancia se advierte que la misma,\n aunque cita como único fundamento de derecho el artículo\n 2434 del Código Civil, que establece los presupuestos\n tácticos y consecuencias jurídicas para la adquisición\n del dominio del inmueble que se disputa por el modo prescripción\n extraordinaria, se limita a realizar una larga enumeración\n de las pruebas rendidas por las partes, sin analizar la pertinencia\n de la aplicación de la norma de derecho a los fundamentos\n de hecho invocados por aquellas. La Sala considera necesario\n reiterar una vez más lo que expresó en su fallo\n No 253 de 13 de junio del 2000, publicado en el Registro Oficial\n No 133 de 2 de agosto del mismo año, en el sentido de\n que es necesario en cada caso analizar si existe realmente la\n debida motivación en la resolución judicial "(...)\n ya que «La articulación de un razonamiento justificativo\n en la sentencia representa el fundamento de toda motivación.\n Desde una perspectiva psicológica la motivación,\n del latín motus, designa a aquellos factores o determinantes\n internos, mas que externos, al sujeto que desde dentro le incitan\n a una acción. Así, cuando un órgano jurisdiccional\n entra en la apreciación de las pruebas debe, no sólo\n establecer adecuadamente la estructura interna de la decisión,\n sino también el aspecto justificativo de la misma... La\n seguridad jurídica depende en tan alto grado de su esencialidad\n que algún autor ha pretendido ver en la omisión\n voluntaria de una motivación, pese a la dificultad práctica\n de su prueba, la posibilidad de formar parte del tipo de delito\n de prevaricación. En este sentido, puede afirmarse que\n el poder de convicción de la sentencia es proporcional\n al rigor con que se examine y concrete el hecho y el derecho\n aplicable al caso, así como a la claridad con la que sea\n capaz de exponerlos explicitando su conexión con el. ordenamiento\n jurídicos (Sergi Guash Fernández, El hecho y el\n derecho en la casación civil, J.M. Bosch, Barcelona, 1998,\n pp. 444 y ss.) La motivación es una necesidad y una obligación\n que ha sido puesta en relación con la tutela judicial\n efectiva, «es una garantía de interés general\n encuadrable en un Estado de Derecho», por ello constituye\n una de las garantías del derecho constitucional al debido\n proceso, consagrado en el No 13 del artículo 24 de la\n Constitución Política del Estado; como señala\n el citado Guash Fernández, «es un derecho-deber\n de las decisiones judiciales. Deber porque vincula ineludiblemente\n a los órganos judiciales y derecho, de carácter\n público y naturaleza subjetiva, porque son titulares de\n la misma todos los ciudadanos que acceden a los tribunales con\n el fin de recabar la tutela judicial efectiva de sus derechos\n e intereses legítimos». Según señala\n el autor citado, «las partes han de procurar que la prueba\n practicada lleve al órgano jurisdiccional a la convicción\n de sus respectivas posiciones. Una vez que ha llegado a esta\n convicción es éste el que ha de persuadir, en su\n resolución a las partes, a la comunidad jurídica\n y a la sociedad en general de los fundamentos probatorios que\n avalan la versión de lo sucedido y de la razonabilidad\n de la aplicación de la normativa invocada. De esta manera,\n la motivación se concreta como criterio diferenciador\n entre racionalidad y arbitrariedad. Un razonamiento será\n arbitrario cuando carezca de todo fundamento o bien sea erróneo.\n Se trata, en definitiva, del uso de la racionalidad para dirimir\n conflictos habidos en una sociedad que se configura ordenada\n por la razón y la lógica... con la distinción\n del contexto de descubrimiento y del contexto de justificación\n es posible concebir la motivación de las sentencias como\n la justificación de la decisión tomada. No puede,\n por lo tanto, decirse que la motivación sea un simple\n expediente explicativo. Fundamentar o justificar una decisión\n es diferente a explicarla. Mientras para fundamentar es necesario\n es dar razones que justifiquen un curso de acción, la\n explicación requiere la simple indicación de los\n motivos o antecedentes causales de una acción... la motivación\n opera como una verdadera justificación racional de la\n sentencia en el sentido amplio del concepto. Desde esta perspectiva,\n el órgano jurisdiccional debe justificar los argumentos\n racionales que son fundamento de la decisión, sobre todo,\n cuando se trata de elementos valorativos. La motivación\n debe mostrar que la decisión está legal y racionalmente\n justificada sobre la base de aquellos elementos (premisas) que\n la fundamentan. Justificar o fundar una decisión consiste,\n en definitiva, en construir un razonamiento lógicamente\n válido con independencia de si las razones son pensadas\n antes, durante o después de tomar la decisión...\n la corrección de estos razonamientos jurídicos\n derivará, no sólo de la validez de su razonabilidad\n formal o sometimiento a las reglas de la lógica, sino\n también de su adecuación a los valores y principios\n jurídicos reconocidos en la Constitución.»...\n Ha de añadirse que «la motivación tiene una\n finalidad endoprocesal y otra de carácter extraprocesal.\n Endoprocesal como garantía de defensa y extraprocesal\n como garantía de publicidad. La primera sirve, por un\n lado, para convencer a las partes de la corrección de\n la sentencia logrando así una mayor confianza del ciudadano\n en la administración de justicia derivada, precisamente,\n de una constatación detenida del caso particular... la\n motivación no sólo asume una función primordial\n respecto al mismo Tribunal ya que sirve de guía a la evolución\n del Derecho sino que, además, supone una actividad de\n autocontrol a través de la cual se evitan posibles errores\n judiciales. La motivación permite a los órganos\n jurisdiccionales descubrir defectos o errores en su razonamiento\n que pueden haberle pasado desapercibidos. Por último,\n también se entiende que facilita el derecho de defensa\n en su máxima manifestación pues, permite utilizar\n todos los recursos que la ley otorga contra una sentencia definitiva.\n Concretamente, para (la Corte Suprema), permite el control en\n casación convirtiéndose así en el conducto\n de la impugnación en relación al gravamen.»\n La segunda constituye «una construcción basada en\n el fenómeno extraprocesal o como garantía de publicidad.\n Como quiera que la justicia emana del pueblo, el ciudadano tiene\n el derecho a conocer la motivación de las sentencias con\n el objeto de contrastar su racionalidad. De esta manera, el ciudadano\n se configura como controlador de las resoluciones. Así,\n puede considerarse que la mejor de las justificaciones es la\n que presenta un mayor consenso entre la mayoría de la\n comunidad. Es entonces cuando se habla de un acercamiento de\n la justicia al ciudadano... En definitiva, la motivación\n de las resoluciones es para el justiciable una de las más\n preciosas garantías. Le protege contra la arbitrariedad,\n le suministra la prueba de que su acción ha sido examinada\n racionalmente y, al mismo tiempo, sirve de obstáculo a\n que el Juez pueda sustraer su decisión al control de la\n casación. De esta manera, se garantiza la naturaleza cognoscitiva\n del juicio, vinculándolo en derecho a la legalidad y de\n hecho a la prueba.»...". CUARTO.- En la especie, la\n sentencia del Tribunal de última instancia carece en absoluto\n de estos elementos, pues no explica la pertinencia de sus conclusiones;\n si bien señala la normas de derecho en la que se fundamenta\n la resolución (artículo 2434 del Código\n Civil), se limita a realizar una mera exposición de los\n hechos sin subsumirlos en la disposición citada; hace\n una larga lista de los medios probatorios presentados en los\n cuales fundamenta su decisión, pero no los analiza ni\n confronta con los hechos alegados; no expone debidamente cuáles\n fueron los motivos que le llevaron a concluir que se han cumplido\n los presupuestos tácticos que justifican la declaratoria\n de que se ha adquirido el dominio por prescripción extraordinaria;\n ni explica la razón por la cual desecha, sin análisis\n alguno, la prueba aportada por el recurrente. La motivación,\n como derecho a conocer las razones en las que se fundamentan\n las decisiones judiciales y administrativas (artículo\n 24 No 13 de la Constitución), es una de las garantías\n fundamentales del debido proceso, y además es uno de los\n "los requisitos exigidos por la Ley" para la sentencia,\n por ello el artículo 280 del Código de Procedimiento\n Civil señala que es obligación del Tribunal expresar\n los fundamentos o motivos de la decisión. Este vicio,\n en consecuencia, es motivo para casar la sentencia con fundamento\n en la causal quinta del artículo 3 de la ley de la materia.\n QUINTO.- También se acusa a la sentencia de último\n nivel de incurrir en la causal tercera del artículo 3\n de la Ley de Casación, y se citan como disposiciones infringidas\n los artículos 117, 119, 121, 126, 127, 146, 147, 168,\n 169, 170, 195, 198 inciso primero No 4, 203, 211, 212, 213 y\n 225 inciso primero del Código de Procedimiento Civil;\n al respecto se anota: a) El artículo 117 del Código\n de Procedimiento Civil es una norma relativa a la carga de la\n prueba y no a su valoración, por lo que no cabe acusar\n su infracción al amparo de la causal tercera del artículo\n 3 de la Ley de Casación; b) No se explica de qué\n manera se han infringido las disposiciones contenidas en los\n artículos 126, 127, 146 y 147 del Código de Procedimiento\n Civil, por lo que al no haber sido debidamente sustentada la\n afirmación de que se ha vulnerado estas normas, se rechaza\n este cargo por infundado; y, c) Respecto a las demás normas,\n el recurrente formula varios cargos, que en lo fundamental hacen\n relación a la falta de aplicación de preceptos\n jurídicos aplicables a la valoración de la prueba,\n que han conducido a la equivocada aplicación de normas\n de derecho sustantivo en la sentencia. Se analizarán a\n continuación cada una de estas acusaciones. SEXTO.- Se\n alega falta de aplicación del artículo 225 del\n Código de Procedimiento Civil: cuyo primer inciso ordena\n que "Cada pregunta o repregunta (del petitorio de declaración\n testimonial) contendrá un solo hecho. Ninguna será\n impertinente, capciosa o sugestiva.". En contravención\n a este mandato, dice el recurrente, el Tribunal de última\n instancia ha considerado como válidas las preguntas formuladas\n por la parte actora a sus testigos, las cuales contienen interrogantes\n sobre varios hechos y son sugestivas, porque contienen en sí\n mismas las respuestas afirmativas para los intereses del preguntante.\n La pregunta en referencia, citada por el recurrente, dice así:\n "Diga el testigo si es verdad y le consta que mi persona\n está en posesión de un lote de terreno, ubicado\n en el sector urbano de la ciudad de Atuntaqui, entre las calles\n General Enríquez y Galo Plaza, desde aproximadamente el\n mes de enero de 1984, esto es desde hace 19 años aproximadamente.".\n Sin embargo, no contiene varias preguntas en sí mismas,\n como afirma el recurrente, porque en conjunto, las frases que\n construyen esta oración se refieren a un solo hecho ­la\n posesión de un inmueble durante determinado lapso de tiempo-,\n por lo que en realidad la pregunta no contiene varios hechos\n so()re los que se interroga a los testigos. Respecto a la acusación\n de que las preguntas son sugestivas, se anota: la calificación\n de un interrogatorio, al igual que su apreciación, es\n labor que corresponde exclusivamente a jueces y tribunales de\n instancia, operación mental en virtud de la cual el juzgador\n determina la fuerza de convicción de dicho medio probatorio,\n para inferir si son ciertas o no las afirmaciones tanto del actor\n como del demandado, en la demanda y la contestación a\n la demanda, respectivamente, por lo que al Tribunal de Casación\n le está vedado revisar dicho proceso de valoración,\n a menos de que se acuse expresamente que en ese camino el juzgador\n de instancia ha vulnerado las reglas de la sana crítica,\n constituidas por la lógica, la experiencia y las ciencias.\n En el análisis de estas pruebas, el recurrente se limita\n a decir que se han valorado declaraciones testimoniales que responden\n a preguntas sugestivas, sin que vincule dicha infracción\n a la de una norma sustantiva, ni explique de qué manera\n dicha valoración infringe las reglas de la lógica,\n la experiencia o las ciencias, por lo que la acusación\n de que se ha dejado de aplicar el artículo 225 del Código\n de Procedimiento Civil carece de sustento. SÉPTIMO.- Se\n acusa falta de aplicación del artículo 213 del\n Código de Procedimiento Civil, que dice que "Por\n la falta de edad no pueden ser testigos idóneos los menores\n de dieciocho años; pero, desde los catorce, podrán\n declarar para establecer algún suceso, quedando al criterio\n del juez la valorización de tales testimonios. La misma\n apreciación hará el juez respecto de la declaración\n del testigo, cuando el suceso hubiere ocurrido antes de que el\n testigo haya cumplido catorce años.", acusación\n que la sustenta en el hecho de que el Tribunal de última\n instancia valoró testimoniales de personas que, a la época\n en que sucedieron los hechos, eran menores de edad y ni siquiera\n habían cumplido catorce años. Respecto a esta impugnación\n se anota: Según disponen los artículos 211 y 212\n del Código de Procedimiento Civil, el Juez apreciará\n la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos conforme\n a las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la\n razón que éstos hayan dado de sus dichos y las\n circunstancias que en ellos concurran, y que si bien para ser\n testigo idóneo se necesita edad, probidad, conocimiento\n e imparcialidad, sin embargo ello no obsta para que el Juez,\n en aplicación de las reglas de la sana crítica,\n pueda fundar su fallo en la declaración del testigo que\n no reúna todas las condiciones enumeradas, cuando tenga\n el convencimiento de que el testigo ha declarado la verdad, conforme\n lo ha declarado ya esta Sala en sus resoluciones: No 265-99,\n publicada en el Registro Oficial 215 de 18 de junio de 1999;\n No 237-99, publicada en el Registro Oficial 214 de 17 de junio\n de 1999, y No 28-2000, publicada en el Registro Oficial 61 de\n 19 de abril del 2000; pero, fundamentalmente, ha de anotarse\n que la operación de valoración de las testimoniales\n presentadas por las partes, es una operación mental realizada\n por los juzgadores de instancia, razonamiento soberano respecto\n del cual el Tribunal de Casación no tiene facultades revisoras,\n a menos de que se alegue que las conclusiones a las que ha arribado\n el juzgador de instancia, sobre la base de la valoración\n de estas testimoniales, sean ilógicas, absurdas o arbitrarias,\n lo que no se ha indicado en la especie. No se ha dejado de aplicar,\n por lo tanto, el artículo 213 del Código de Procedimiento\n Civil. OCTAVO.- Se acusa al Tribunal ad quem de haber valorado\n como prueba fundamental para su resolución unas fotografías\n en las que aparece la actora vigilando la construcción\n de un muro de bloques en el predio materia de la litis, fotografías\n que de ninguna manera demuestran el tiempo de la posesión,\n "y eso admitiendo que pertenezcan al terreno materia de\n litigio, cosa que tampoco se demuestra con la sola exhibición\n de fotografías.". El recurrente, sin embargo, no\n señala de qué manera el Tribunal de última\n instancia ha vulnerado las reglas de la lógica o la experiencia,\n que forman parte de la sana crítica, al valorar esta prueba,\n tanto más que el artículo 125 del Código\n de Procedimiento Civil considera a las fotografías como\n medios probatorios admisibles, por lo que esta acusación\n no puede ser analizada por no haber sido sustentada debidamente.\n NOVENO.- Con fundamento en los artículos 121, 168, 195,\n 198 regla 4a, 203 y 223 del Código de Procedimiento Civil,\n el recurrente alega que el Tribunal de última instancia\n ha tomado en cuenta para su resolución medios probatorios\n no admitidos por nuestra ley procesal; que la valoración\n de estos medios ha sido determinante para que en la sentencia\n casada se aplique indebidamente de los artículos 2416,\n 2422, 2434 "particularmente la regla segunda" y 2435\n del Código Civil en concordancia con el artículo\n 734 del mismo código, y, al mismo tiempo, se deje de aplicar\n los artículos 953, 957 y 959 del Código de Civil.\n Para sustentar esta acusación señala que: 1) Se\n ha tomado en cuenta un documento o carta privada, firmada por\n el sacerdote párroco de San José de Atuntaqui,\n en contravención con lo que dispone el artículo\n 203 del Código de Procedimiento Civil ("Las cartas\n dirigidas a terceros, o por terceros, aunque en ellas se mencione\n alguna obligación, no serán admitidas para su reconocimiento,\n ni servirán de prueba"), a pesar de que dicha carta\n fue debidamente impugnada con fundamento en los artículos\n 168, 195 y 198 No 4° del mismo código. 2) Se ha considerado\n como medio de prueba admisible una declaración rendida\n ante un notario público, testimonio que no es válido\n porque no es un medio de prueba reconocido, y que no permite\n el ejercicio del derecho a la contradicción, dejándose\n de aplicar el artículo 223 del Código de Procedimiento\n Civil en concordancia con el artículo 121 del mismo cuerpo\n legal. Se analizarán estos cargos a continuación.\n DÉCIMO.- Para fundamentar la acusación de que se\n ha dejado de aplicar el artículo 203 del Código\n de Procedimiento Civil, el recurrente alega que, en la correspondiente\n etapa procesal, impugnó con fundamento en los artículos\n 168 y 195 del mismo código la carta suscrita por el párroco\n de San José de Atuntaqui, Fr. Carlos Calle; que sin embargo,\n el Tribunal ad quem dio valor probatorio a este documento, en\n el que consta, según apreciación del Tribunal,\n que Mariana Ponce -actora en este proceso- junto con Claudia\n Chuma, "se acercaron para pedir una mediación a fin\n de superar un conflicto de escrituras en donde la señora\n Chuma manifestó haber vendido un terreno de la calle General\n Enríquez y Galo Plaza de la ciudad de Atuntaqui a Mariana\n Ponce y haber recibido el dinero.". (considerando sexto\n de la sentencia de última instancia, foja 72), sin que\n en esa carta consten siquiera las firmas de quienes supuestamente\n participaron en aquella mediación, por lo que el recurrente\n dice que ni siquiera era necesario contradecir dicho documento,\n pero que aún así lo hizo en escrito de fs. 90 vía.,\n en el que dijo "Impugno el certificado por el señor\n cura párroco Carlos Calle, en razón de que no es\n autoridad a la que competa declarar si existe o no posesión\n de un inmueble, además el contenido de su certificado\n es impreciso y no describe con apego a la verdad todo lo acontecido\n en la supuesta «mediación» en la que dice\n haber sido partícipe.". Dicho documento dice así:\n "Atuntaqui, 10 de Septiembre del 2001. Certificado. A petición\n de la interesada señora Mariana Ponce: Certifico: Que\n la mencionada señora Mariana de Jesús Ponce, junto\n con la señorita Claudia Chuma, se acercaron a la parroquia,\n para pedir una mediación a fin de superar un conflicto\n de escrituras, en donde la señorita Claudia Chuma manifestó\n haber vendido un terreno en la calle General Enríquez\n y Galo Plaza de la ciudad de Atuntaqui, a la señora Mariana\n Ponce y haber recibido el dinero, pero no se pudo hacer las escrituras\n debido a que su hermana la señorita Tomasa Chuma no podía\n firmar por considerarla minusválida. Conflicto que no\n se superó, y que hoy agrava por un resentimiento, entre\n la señorita Claudia Chuma y la señora Mariana Ponce.\n En donde hoy la señora Mariana Ponce pide las escrituras\n y la señorita Claudia Chuma, pide se le devuelva su honra\n desprestigiada y un millón de sucres con sus intereses\n que le prestó luego del negocio. Es todo cuanto puedo\n decir en honor a la verdad y elevo oraciones al cielo a fin de\n que se dé paso a una justicia fraterna de cristianos.\n Atentamente, Fr. Carlos Calle. Párroco. "Como bien\n se señala en el recurso de casación deducido, este\n documento no podía servir por sí solo para probar\n la existencia de la posesión por parte de la actora en\n esta causa, ni podía afectar la relación de dominio\n que el recurrente dice tiene con el inmueble disputado. Al respecto,\n vale recordar que según el aforismo romano res ínter\n olios acta veijudicata, alteri necprodest, nec noceí,\n la cosa hecha o juzgada entre unos, no aprovecha ni perjudica\n a terceros; este documento, por sí mismo, no es un medio\n idóneo para acreditar una relación jurídica\n establecida entre la actora y quien se dice le ha vendido el\n terreno que es materia de la controversia (amén de que\n según el artículo 1767 del Código Civil\n se requiere para la compraventa de inmuebles de la solemnidad\n de la escritura pública); por otra parte, el demandado\n es totalmente ajeno al acto que supuestamente se ha celebrado\n entre aquellas personas, por lo que sus efectos no pueden alcanzarle.\n Valga como ejemplo la disposición del artículo\n 170 del Código de Procedimiento Civil, la que al igual\n que el 1744 del Código Civil señala que "el\n instrumento público hace fe, aún contra terceros,\n en cuanto al hecho de haberse otorgado y su fecha; pero no en\n cuanto a la verdad de las declaraciones que en él hayan\n hecho los interesados; en esta parte no hace fe sino contra los\n declarantes.". En la especie, la "certificación"\n suscrita por el párroco Fr. Carlos Calle (que consta tanto\n a fojas 35 del cuaderno de primer nivel como a fojas 43 del de\n segunda instancia), no es un documento que sea apto para crear,\n modificar o extinguir relaciones personales obligatorias respecto\n de los demandados César Villegas Játiva y Ana Beltrán\n Narváez, quienes son terceros al documento, ni pueden\n pero no son idóneos para acreditar que existió\n un contrato de compraventa entre la actora Mariana Ponce y la\n señorita Claudia Chuma, que haya podido dar origen a la\n posesión del terreno por parte de la primera. El documento,\n en definitiva, no podía hacer fe en juicio como medio\n probatorio idóneo, por lo que el Tribunal de última\n instancia ha inaplicado el artículo 203 del Código\n de Procedimiento Civil, hallándose incursa su sentencia\n en la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación.\n UNDÉCIMO.- En cuanto al cargo de que se dejaron de aplicar\n los artículos 121 y 223 del Código de Procedimiento\n Civil, por cuanto se ha considerado como medio de prueba admisible\n una declaración rendida ante un notario público\n que no permitió al demandado (hoy recurrente) el ejercicio\n del derecho a la contradicción, se anota: Conforme lo\n ha dicho este Tribunal en varios fallos, como el No 188-2000\n de 28 de abril del 2000, publicado en el Registro Oficial 83\n de 23 de mayo del 2000; el No 96-2000 de 25 de febrero del 2000,\n publicado en el Registro Oficial No 63 de 24 de abril del 2000;\n el No 83-99 de 11 de febrero de 1999, publicado en el Registro\n Oficial No 159 de 29 de marzo de 1999, y en su fallo No 190 de\n 18 de septiembre del 2002, publicado en el Registro Oficial No\n 709 de 21 de noviembre del 2002 y en la Gaceta Judicial Serie\n XVII, No 10, pp. 3051-3064, nuestra ley procesal consagra en\n forma taxativa los medios probatorios que pueden ser admitidos\n en un proceso y la forma legal de introducirlos al mismo, es\n decir, que el Juez y las partes no están en libertad absoluta\n de escoger los medios que usarán para formar la convicción\n del Juez respecto de los hechos discutidos, ni la forma de presentarlos\n ante el juzgador; por ello, si bien el Juez tiene libertad para\n apreciar las pruebas rendidas, según se lo dicte su sano\n criterio (sana crítica), eso no significa que pueda aceptar\n cualquier medio de prueba, sino únicamente los previstos\n en la ley como tales y siempre conforme a las normas establecidas\n para su actuación y valoración; las normas procesales\n son de orden público y obligatorio cumplimiento. La potestad\n de señalar los medios de prueba procesalmente admisibles\n o su mérito o valor, corresponde exclusivamente a la ley.\n Se trata de una materia jurisdiccional del Estado y de la regulación\n del proceso que está fuera de la libertad contractual;\n en el Código de Procedimiento Civil, el artículo\n 125 enumera los medios de prueba admitidos y en ninguna parte\n se menciona a las declaraciones testimoniales rendidas ante notario,\n las
\n certificaciones e informaciones que otorgan extra- procesalmente\n los terceros respecto de la génesis de los negocios jurídicos\n de los que no han sido partes, o sea, de su celebración,\n modificación, traspaso o extinción; lo que sí\n pueden hacer los terceros es testimoniar dentro de un proceso\n acerca de lo que han visto u oído, y deben hacerlo dentro\n del proceso a fin de que la contraparte pueda hacer valer su\n derecho a la contradicción, repreguntando a los testigos\n o tachándolos en la forma que la Constitución Política\n del Estado, en su artículo 24 No 15 lo establece; admitir\n como válida una certificación, una información\n o una declaración juramentada extendida extraprocesalmente\n por un tercero, sin dar la oportunidad a la parte contraria a\n ejercer su derecho de contradicción sería violar\n la garantía del debido proceso consagrada en el artículo\n 24 No 14 de la Carta Política por inobservarse lo que\n establece el No 15 de la misma disposición constitucional,\n por lo que carecería de validez y eficacia. Al haber admitido\n el Tribunal ad quem la declaración juramentada del señor\n Humberto urbano (fojas 57 del cuaderno de primer nivel) como\n prueba válida e idónea para acreditar la posesión\n de la actora sobre el terreno materia de la prescripción,\n ha transgredido no solamente lo que disponen los artículos\n 223 (que regula el procedimiento para la recepción de\n la prueba testimonial) y 121 del Código de Procedimiento\n Civil, sino también el artículo 125 del mismo código,\n y el artículo 24 números 14 y 15 de la Constitución\n Política de la República, por lo que la sentencia\n de último nivel también se halla incursa por este\n motivo en la causal tercera del artículo 3 de la Ley de\n Casación. DUODÉCIMO.- Como se ha señalado\n en los considerandos cuarto, décimo y undécimo\n que anteceden, la sentencia del Tribunal ad quem debe ser casada\n por hallarse incursa en los vicios tipificados en las causales\n quinta y tercera del artículo 3 de la Ley de Casación\n por lo que la Sala debe dictar el fallo que corresponda, en cumplimiento\n de lo que dispone el artículo 16 de la Ley de Casación\n codificada. DECIMOTERCERO.- El proceso es válido y así\n se lo declara, pues no se ha omitido ninguna de las solemnidades\n sustanciales comunes a todos los juicios e instancias. DECIMOCUARTO.-\n Comparece a fojas 3-3 vta. y 5 del cuaderno de primer nivel Mariana\n del Carmen Ponce Jijón, quien demanda en juicio ordinario\n a César Eduardo Villegas Játiva y a su cónyuge\n Ana Lourdes Beltrán Narváez, así como a\n Claudia, Thomasa y Carmelina Chuma, la prescripción extraordinaria\n adquisitiva de dominio de un inmueble ubicado entre las calles\n General Enríquez y Galo Plaza en la ciudad de Atuntaqui;\n lote de terreno que lo ha mantenido "en ocupación\n permanente e ininterrumpida con la condición y calidad\n de señora y dueña siendo identificada y reconocida\n por toda la colectividad...", y que lo ha poseído\n por más de quince años, sin que "jamás\n persona alguna (haya) demostrado objeción (o) interrupción,\n pues sus originales propieta

 

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