Registro Oficial. 29 de MARZO del 2005

Martes, 29 de marzo de 2005

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE MARZO DEL 2005
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Martes, 29 de marzo del 2005 - R. O. No. 553

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

LIC. JOSÉ LANDAZURI BRAVO
DIRECTOR ENCARGADO
\n

\n FUNCIÓN\n LEGISLATIVA
\n
EXTRACTO:

\n\n

26-608\n Proyecto de\n Ley Orgánica de Racionalización Económica\n del Estado..

\n\n

FUNCIÓN\n EJECUTIVA
\n
DECRETOS:

\n\n

2665 Nómbrase al ingeniero\n Estuardo Peñaherrera Gallegos, Director de Proyectos..

\n\n

2666 Colócase en disponibilidad\n de las Fuerzas Armadas al Oficial TNFG-IM Paúl Enrique\n Cajías Vasco.

\n\n

2667\n Dase de baja\n de las Fuerzas Armadas al CAPT. Pedro Bolívar Dávila\n Caicedo.

\n\n

2668\n Colócase\n en disponibilidad de las Fuerzas Armadas al Oficial CPFG-EM Alfonso\n Edmundo Zambrano Almagro.

\n\n

2669\n Asciéndese\n al grado de capitanes de Policía de Línea a varios\n oficiales subalternos.

\n\n

2670\n Confiérese\n la condecoración "Escuela Superior de Policía\n General Alberto Enríquez Gallo", al señor\n Alférez de Policía Víctor Fernando de Bracamonte\n Ramírez.

\n\n

ACUERDOS:
\n MINISTERIO DE EDUCACIÓN:

\n\n

1434\n Déjase\n sin efecto el Acuerdo Ministerial No 1351 expedido el 9 de marzo\n del 2005.7

\n\n

MINISTERIO\n DE OBRAS PUBLICAS:

\n\n

003 Desígnase al doctor\n Carlos Vicente Rodríguez Naspud, como representante principal\n del señor Ministro ante el Consejo Nacional de Tránsito\n y Transporte Terrestres10

\n\n

004 Dase por concluida la designación\n del doctor Henry Guillermo Terán Bermeo, como representante\n principal del señor Ministro ante el Consejo Nacional\n de Tránsito y Transporte Terrestres10

\n\n

MINISTERIO\n DE TURISMO:

\n\n

20050008\n Declárase\n en comisión de servicios en el exterior al licenciado\n Damián Velasco Molina, Gerente Nacional de Mercadeo.

\n\n

20050009 Declárase en comisión\n de servicios en el exterior al licenciado Damián Velasco\n Molina, Gerente Nacional de Mercadeo.

\n\n

FUNCIÓN\n JUDICIAL
\n
CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL:

\n\n

Recursos de casación\n en los juicios seguidos por las siguientes personas e instituciones:

\n\n

162-2004 Compañía Alvarez\n Barba S. A. en contra de la Compañía Renault S.\n A.

\n\n

172-2004\n Doctor Miguel\n Encalada Mora en contra de la Compañía Garijasa\n Ganadera Agrícola Río Jagua S. A.

\n\n

ACUERDO\n DE CARTAGENA
\n PROCESOS:

\n\n

142-IP-2003 Interpretación prejudicial\n de los artículos 71, 73 literales a), d) y e), 82, 83,\n 84 y 85 de la Decisión 313 y de la Disposición\n Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión\n del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud proveniente\n del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Guayaquil,\n de la República del Ecuador. Expediente Interno No 639-98-AB.\n Actor: "Industrial Molinera C. A.". Marca: "El\n Molino"..

\n\n

146-IP-2003\n Interpretación\n prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión\n 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada\n por el Consejo de Estado de la República de Colombia,\n Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.\n Interpretación de oficio del artículo 81 de la\n misma Decisión. Actor: VALENT BIOSCIENCES CORPORA- TION.\n Marca: "BIOBIT". Proceso interno No 7883.

\n\n

RESOLUCIÓN:

\n\n

TRIBUNAL\n SUPREMO ELECTORAL:

\n\n

RJE-PLE-TSE-5-15-3-2005 Apruébase la solicitud\n de asignación de número, simbología, reserva\n y derecho del nombre de la organización de carácter\n nacional Movimiento de la Reivindicación Democrática\n "MRD", al que se le asigna el número 34 del\n Registro Electoral.

\n\n

ORDENANZAS\n MUNICIPALES:

\n\n

-\n Gobierno Municipal de Francisco de Orellana: De participación ciudadana.

\n\n

-\n Gobierno Municipal de Tena: De\n inquilinato.

\n\n

-\n Cantón Bolívar:\n De cobro de valores por la utilización del servicio de\n gabarra e integración de personas y sus responsabilidades.

\n\n

-\n Cantón Ibarra: Que\n reglamenta la determinación, administración, control\n y recaudación de la tasa de inquilinato.

\n\n

-\n Cantón Ibarra: Que\n reglamenta la determinación, administración, control\n y recaudación del impuesto a la patente municipal, a las\n actividades comerciales, industriales y cualquiera de orden económico..

\n\n

-\n Cantón Milagro: Que\n establece el canon de arrendamiento mensual de locales comerciales\n del mercado "La Dolorosa"..\n

\n \n
\n

 

\n\n

CONGRESO NACIONAL

\n\n

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
\n ART. 150 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

\n\n

NOMBRE: "LEY ORGÁNICA DE\n RACIO-
\n NALIZACIÓN ECONÓMICA
\n DEL ESTADO".

\n\n

CÓDIGO: 26-608.

\n\n

AUSPICIO: EJECUTIVO - URGENTE EN
\n MATERIA ECONÓMICA.

\n\n

COMISIÓN: DE LO ECONÓMICO,
\n AGRARIO, INDUSTRIAL Y
\n COMERCIAL.

\n\n

FECHA DE
\n INGRESO: 15-03-2005.

\n\n

FECHA DE ENVIÓ
\n A COMISIÓN: 16-03-2005.

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

Los vertiginosos cambios económicos y sociales en los\n cuales se encuentra inmerso el Ecuador, exigen la implementación\n de reformas normativas integrales que nos permitan asumir los\n nuevos retos de la globalización, con instrumentos adecuados\n que fomenten la inversión en todas las áreas de\n la economía y que permitan ubicamos como un país\n competitivo.

\n\n

OBJETIVOS BÁSICOS:

\n\n

Es indispensable y urgente promover e impulsar una reforma\n integral en materia económica, con la finalidad de garantizar\n estabilidad, progreso e igualdad de condiciones y oportunidades\n para los ecuatorianos. Este objetivo se conseguirá adoptando\n medidas que permitan reestructurar la economía del país.\n La situación actual exige reformas en ciertos cuerpos\n legales, a fin de dotar de instrumentos adecuados de política\n económica y control de varios organismos del Estado.

\n\n

CRITERIOS:

\n\n

El artículo 260 de la Constitución Política\n de la República establece que la formulación y\n ejecución de la política fiscal será de\n responsabilidad de la Función Ejecutiva y que el Presidente\n de la República determinará los mecanismos y procedimientos\n para la administración de las finanzas públicas,\n sin perjuicio del control de los organismos pertinentes.

\n\n

f.) Dr. Guillermo H. Astudillo Ibarra, Secretario General\n del Congreso Nacional.

\n\n

No 2665

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPÚBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo No 2664 de 15 de marzo del\n 2005 se crea la Unidad de Proyectos, como unidad administrativa\n de la Presidencia de la República; y,

\n\n

En ejercicio de la atribución que le confiere el artículo\n 171 numeral 10 de la Constitución Política de la\n República,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1.- Nombrar al Ing. Estuardo Peñaherrera Gallegos,\n para desempeñar las funciones de Director de Proyectos.

\n\n

Art. 2.- Este decreto entrará en vigencia a partir\n de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 15 de marzo del 2005.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Francisco Fierro Oviedo, Subsecretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

No 2666

\n\n

Ing. Lucio E. Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPÚBLICA

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le conceden los artículos\n 171 numeral 14 concordante con el 179, numeral 2 de la Constitución\n Política de la República del Ecuador y el 65 literal\n a) de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas y a solicitud\n del señor Ministro de Defensa Nacional,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1°.- De conformidad con lo previsto en el artículo\n 76 literal a) de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, colócase\n en disponibilidad al siguiente señor Oficial:

\n\n

Con fecha 31 de enero del 2005:

\n\n

1713198024 TNFG-IM Cajías Vasco Paúl Enrique.

\n\n

Art. 2°.- El señor Ministro de Defensa Nacional\n queda encargado de la ejecución del presente decreto.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, Quito, D. M., a 17 de marzo del\n 2005.

\n\n

f.) Ing. Lucio E. Gutiérrez Borbúa, Presidente\n Constitucional de la República.

\n\n

f.) Gral. Nelson Herrero Nieto, Ministro de Defensa Nacional.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Francisco Fierro Oviedo, Subsecretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

No 2667

\n\n

Ing. Lucio E. Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPÚBLICA

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos\n 171, numeral 14 concordante con el 179, numeral 2 de la Constitución\n Política de la República del Ecuador y 65, literal\n a) de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, a solicitud\n del señor Ministro de Defensa Nacional,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1°.- De conformidad con lo previsto en el artículo\n 87 literal c) de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas en\n vigencia, dase de baja con fecha 14 de marzo del 2005 al señor\n CAPT. 060208397-4 Dávila Caicedo Pedro Bolívar.

\n\n

Quien fue colocado en disponibilidad de acuerdo al artículo\n 76, literal f), mediante Decreto Ejecutivo No 2295 expedido el\n 1 de diciembre del 2004.

\n\n

Art. 2°.- El señor Ministro de Defensa Nacional\n queda encargado de la ejecución del presente decreto.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, D. M., a 17 de marzo\n del 2005.

\n\n

f.) Ing. Lucio E. Gutiérrez Borbúa, Presidente\n Constitucional de la República.

\n\n

f.) Gral. Nelson Herrera Nieto, Ministro de Defensa Nacional.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Francisco Fierro Oviedo, Subsecretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

No 2668

\n\n

Ing. Lucio E. Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPÚBLICA

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le conceden los artículos\n 171, numeral 14 concordante con el 179, numeral 2 de la Constitución\n Política de la República del Ecuador y el 65 literal\n a) de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas y a solicitud\n del señor Ministro de Defensa Nacional,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1.- De conformidad con lo previsto en el artículo\n 76 literal a) de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, colócase\n en disponibilidad al siguiente señor Oficial:

\n\n

Con fecha 28 de febrero del 2005:

\n\n

1705950408 GPFG-EM Zambrano Almagro Alfonso Edmundo.

\n\n

Art. 2.- El señor Ministro de Defensa Nacional queda\n encargado de la ejecución del presente decreto.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, Quito, D. M., a 17 de marzo del\n 2005.

\n\n

f.) Ing. Lucio E. Gutiérrez Borbúa, Presidente\n Constitucional de la República.

\n\n

f.) Gral. Nelson Herrera Nieto, Ministro de Defensa Nacional.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Francisco Fierro Oviedo, Subsecretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

No 2669

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPÚBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

La Resolución No 2005-083-.CS-PN, dictada por el H.\n Consejo Superior de la Policía Nacional de 15 de febrero\n del 2005;

\n\n

El pedido del señor Ministro de Gobierno y Policía,\n Ene., mediante Oficio Nro. 0384-SPN de 14 de marzo del 2005,\n previa solicitud del Comandante General de la Policía\n Nacional, con oficio Nro. 0106A-DGP-PN de 3 de marzo del 2005;

\n\n

De conformidad a lo establecido en los Arts. 76 y 77 de la\n Ley de Personal de la Policía Nacional y Art. 18 literal\n e) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional; y,

\n\n

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 6 de la\n Ley Orgánica de la Policía Nacional,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1.- Ascender con fecha 23 de diciembre del año\n 2003, al grado de capitanes de Policía de Línea\n a los siguientes señores oficiales subalternos, pertenecientes\n a la QUINCUAGÉSIMA SEXTA PROMOCIÓN de oficiales\n de línea de la Policía Nacional:

\n\n

TENIENTES DE POLICÍA DE LINEA

\n\n

Miller Rivera Renán Patricio
\n Vallejo Vallejo Ronny Santiago
\n Villarreal Benalcázar Xavier Benjamín
\n Mesías Hidalgo Francisco Javier
\n Villar Robles Luis Marión
\n Escobar Pérez Milton Darío
\n Sotomayor Iñiguez Nelson Femando
\n Ramos Carreta Luis Medardo
\n Shive López Edison Humberto
\n Almeida Parra Roberto Manuel
\n Zapata Flores Roberto Femando
\n Valverde Espín Pedro Vicente
\n Aguilar Pólit Robert Henry
\n Galiano Andrade Edison Eduardo
\n Martínez Reyes Richard Patricio
\n Pazmiño Velasco Fausto Mauricio
\n Jiménez Gonzáles Marión Nikolay
\n Hidalgo Aguirre Iván Alfredo
\n Saltos Mora Roberto Alfredo
\n Carrión Vega Alfredo Gustavo

\n\n

Art. 2.- De la ejecución del, presente decreto encargúese\n el Ministro de Gobierno y Policía.

\n\n

Dado, en el Palacio Nacional, Distrito Metropolitano de la\n ciudad de Quito, a 17 de marzo del 2005.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

f.) Edison Carrera Cazar, Ministro de Gobierno y Policía,\n Ene.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Francisco Fierro Oviedo, Subsecretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

No 2670

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPÚBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

La Resolución No 2005-061-CS-PN de febrero 1 del 2005\n del H. Consejo Superior de la Policía Nacional;

\n\n

El pedido del Ministro de Gobierno y Policía, formulado\n mediante oficio Nro. 0341-SPN de marzo 2 del 2005, previa solicitud\n del General Inspector Msc. Marco Antonio Cuvero Vélez,\n Comandante General de la Policía Nacional (Acc.), con\n oficio Nro. 0157-DGP-PN de febrero 24 del 2005;

\n\n

De conformidad con el Art. 18 del Reglamento de Condecoraciones\n de la Policía Nacional; y,

\n\n

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 6 de la\n Ley Orgánica de la Policía Nacional,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1.- Conferir la condecoración "Escuela Superior\n de Policía General Alberto Enríquez Gallo",\n al señor Alférez de Policía Víctor\n Femando de Bracamonte Ramírez, por haber obtenido la primera\n antigüedad dentro de la promoción 2004, en la Escuela\n Superior de Policía de la Policía Nacional del\n Perú.

\n\n

De la ejecución del presente decreto encargúese\n el Ministro de Gobierno y Policía.

\n\n

Dado, en el Palacio Nacional, Quito, a 17 de marzo del 2005.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

f.) Edison Carrera Cazar, Ministro de Gobierno y Policía,\n Ene.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Francisco Fierro Oviedo, Subsecretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

No 1434

\n\n

Roberto Passailaigue Baquerizo
\n MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que es de conocimiento público, a través de\n los medios de comunicación, que el Instituto Nacional\n "Mejía" de la ciudad de Quito, está inmerso\n -en una paralización de las actividades institucionales\n provocado por la toma de las instalaciones físicas por\n parte de los estudiantes, quienes han realizado serios cuestionamientos\n y denuncias en contra del Dr. Nelson Serrano Jara y Paco Bastidas\n Romo, quienes desempeñaban los cargos de Rector y Vicerrector\n respectivamente;

\n\n

Que la Dirección Provincial de Educación de\n Pichincha, conoció en primera instancia este asunto y\n a pesar de existir una resolución con la remoción\n del cargo a los anteriormente nombrados funcionarios, no se ha\n logrado implantar los mecanismos que pongan fin a la paralización\n de actividades de esta institución educativa;

\n\n

Que al haber encargado la Dirección del plantel a los\n miembros del H. Consejo Directivo, como lo establece la ley y\n reglamento, no ha sido una garantía para que se pueda\n encontrar la armonía institucional entre los diferentes\n estamentos de la comunidad educativa;

\n\n

Que es un deber del Ministro de Educación y Cultura\n asegurar el funcionamiento correcto y adecuado, del sistema educativo\n ecuatoriano;

\n\n

Que es deber y potestad del Ministro de Educación administrar\n el sistema educativo nacional y asumir la responsabilidad del\n desarrollo de la educación, con sujeción a las\n normas legales vigentes según lo dispuesto en el literal\n a) del artículo 29 del Reglamento General de la Ley de\n Educación;

\n\n

Que con el objeto de normalizar las actividades en el plantel\n educativo se emitió el Acuerdo Ministerial No. 1351 de\n 9 de marzo del 2005;

\n\n

Que con fecha diez de marzo del 2005, se suscribió\n el acta transaccional por el cual se da por terminado la toma\n del establecimiento educativo; y,

\n\n

En uso de sus atribuciones que le confieren los literales\n d) y f) del artículo 29 del Reglamento General de la Ley\n de Educación,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Art. 1.- Dejar sin efecto el Acuerdo Ministerial No. 1351\n expedido el 9 de marzo del 2005.

\n\n

Art. 2.- Encargar al Lcdo. Raúl Merino Morillo y al\n Lcdo. Bolívar Vaquero, supervisores Nacional y Provincial\n de Educación, el Rectorado y Vicerrectorado del Instituto\n Nacional Mejía respectivamente, mientras se evacuan los\n procedimientos legales pendientes en contra de las autoridades\n denunciadas; es decir, del Dr. Nelson Serrano Jara y Paco Bastidas\n Romo.

\n\n

Art. 3.- Con el objeto de mantener el orden institucional\n del plantel, el Rector, encargado, tomará las medidas\n pertinentes y una vez reiniciadas las actividades se convocará\n a elecciones de un nuevo Consejo Directivo.

\n\n

Art. 4.- Una vez concluidas las investigaciones y resuelto\n definitivamente el sumario administrativo o se les haya aceptado\n la renuncia voluntaria de las autoridades cuestionadas, se convocará\n de manera inmediata a un concurso de merecimientos y oposición,\n para los cargos de Rector y Vicerrector del Instituto Nacional\n Mejía, bajo veedurías del Consejo Estudiantil y\n del Comité de Padres de Familia.

\n\n

Art. 5.- Se dispone el reinicio de las actividades docentes\n y administrativas en el Instituto Nacional Mejía de la\n ciudad de Quito a partir del lunes 14 de marzo del año\n que decurre.

\n\n

Art. 6.- El Rector, encargado notificará a la Jefatura\n de Supervisión Provincial de Pichincha con el objeto de\n que verifique el cumplimiento de los 200 días laborables\n del año lectivo.

\n\n

Art. 7.- El presente acuerdo entrará en vigencia, a\n partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de\n su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Art. 8.- Se notificará a la Procuraduría y Contraloría\n Generales del Estado, para los fines legales correspondientes.

\n\n

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano,\n a los 11 días del mes de marzo del 2005.

\n\n

f.) Roberto Passailaigue Baquerizo, Ministro de Educación\n y Cultura.

\n\n

Ministerio de Educación y Cultura.- Certifico: Es fiel\n copia del documento que reposa en el archivo del despacho del\n Sr. Ministro.- Quito, 18 de marzo del 2005.- f) Ilegible.

\n\n

ACTA TRANSACCIONAL

\n\n

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de marzo\n del 2005, comparecen a la celebración de la presente acta\n transaccional las siguientes personas: Por una parte el señor\n Dr. Roberto Passailaigue Baquerizo, en calidad de Ministro de\n Educación y Cultura, licenciado Raúl Merino Morillo,\n Rector, encargado del Instituto Nacional Mejía, y, por\n otra parte el señor Dr. José Robayo Zapata, Presidente\n del Comité Central de Padres de Familla y el señor\n Femando Morales Enríquez, Presidente del Consejo Estudiantil\n del Instituto Nacional Mejía. Los comparecientes son mayores\n de edad, ecuatorianos y hábiles para ejercer derechos\n y contraer obligaciones, comparecen por su propia voluntad al\n tenor de las siguientes cláusulas:

\n\n

PRIMERA: ANTECEDENTES.- Con fecha 3 de enero del 2005, los\n estudiantes del Instituto Nacional Mejía se tomaron las\n instalaciones del plantel exigiendo la salida inmediata del Rector\n y Vicerrector, Dr. Nelson Serrano y Mes. Paco Bastidas. Se inició\n el sumario administrativo por parte de la Comisión de\n Defensa Profesional Provincial de Pichincha y una vez que han\n sido sancionados en la primera instancia con la remoción\n de sus cargos, han interpuesto el recurso de apelación\n a la sanción de remoción de funciones.

\n\n

Los estudiantes con fecha 1 de marzo del presente año,\n se tomaron las instalaciones del plantel con el apoyo unánime\n de la Asamblea General de Padres de Familia con el fin de impedir\n que se reintegren a sus cargos.

\n\n

SEGUNDA: DEL SEÑOR MINISTRO.- El Dr. Roberto Passailaigue\n Baquerizo, Ministro de Educación y Cultura avoca conocimiento\n de este caso el día miércoles 9 de marzo del presente\n año e inmediatamente convoca a un diálogo con la\n dirigencia estudiantil y el Comité Central de Padres de\n Familia del Instituto Nacional Mejía.

\n\n

TERCERA: DEL ACUERDO MINISTERIAL.- El Ministro de Educación\n y Cultura emitió un acuerdo ministerial por el cual se\n encarga el Rectorado y Vicerrectorado a dos supervisores Nacional\n y Provincial, con el fin de reanudar las actividades educativas\n y académicas en la institución y se garantice la\n armonía en todos sus estamentos.

\n\n

CUARTA: DE LA ACEPTACIÓN.- Los estudiantes y padres\n de familia aceptan el acuerdo planteado por el Sr. Ministro de\n Educación y solicitan que éste sea publicado en\n el Registro Oficial, cuyo cumplimiento estarán vigilantes,\n para que sea de la forma más transparente y legal.

\n\n

QUINTA: DE LAS GARANTÍAS.- El Ministro de Educación\n y Cultura, garantiza plenamente que la Dirección Provincial\n de Educación, el Rector y Vicerrector, encargados, el\n H. Consejo Directivo, inspectores, profesores y cuanto otro funcionario\n educativo que tenga relación con el Instituto Nacional\n Mejía, no tomarán ninguna clase de represalias,\n sean éstas académicas, disciplinarias o de cualquier\n otra índole que afecte la formación integral a\n la que tienen derecho todos los estudiantes. No podrá\n tomarse en cuenta estos acontecimientos ni pretender fundamentarse\n en él para sancionar en el futuro o negar matrícula\n a los estudiantes y sus dirigentes.

\n\n

Con el objeto de mantener el orden institucional del plantel,\n el Rector, encargado, tomará las medidas pertinentes y\n una vez reiniciadas las actividades se convocará a elecciones\n de un nuevo Consejo Directivo.

\n\n

SEXTA: DE LA CONVOCATORIA DE CONCURSO.- Una vez que se haya\n concluido las investigaciones y se haya resuelto definitivamente\n este sumario administrativo o se les haya aceptado la renuncia\n voluntaria de las autoridades cuestionadas, se convocará\n de manera inmediata a un concurso de merecimientos y oposiciones,\n p ara 1 os c argos de Rector y Vicerrector del Instituto Nacional\n Mejía, bajo veedurías del Consejo Estudiantil y\n del Comité de Padres de Familia.

\n\n

SÉPTIMA: DE LA ENTREGA DE LAS INSTALACIONES.- A la\n firma de esta acta transaccional, el Consejo Estudiantil y el\n Comité Central de Padres de Familia entregarán\n inmediatamente a las autoridades encargadas de la conducción\n del plantel, para la inmediata reanudación y normalización\n de las actividades académicas de la institución,\n el día lunes 14 de marzo del año en curso.

\n\n

OCTAVA: DE LAS GARANTÍAS A DIRIGENTES ESTUDIANTILES\n EN GENERAL.- El Ministerio de Educación y Cultura se compromete\n a que no se emita sanciones ni se inicie supuestas investigaciones\n en contra de los dirigentes del Consejo Estudiantil y del movimiento\n de este paro, así como de los estudiantes que se mantuvieron\n al interior de las instalaciones durante estos 10 días.

\n\n

NOVENA: DE LA ACEPTACIÓN.- Las partes intervinientes\n aceptan las cláusulas de esta acta transaccional, se ratifican\n y firman por triplicado.

\n\n

f.) Dr. Roberto Passailaigue Baquerizo, Ministro de Educación\n y Cultura.

\n\n

f.) Sr. Femando Morales Enríquez, Presidente del Consejo\n Estudiantil.

\n\n

f.) Dr. José Robayo Zapata, Presidente, Comité\n Central de Padres de Familia.

\n\n

f.) Lcdo. Raúl Merino Morillo, Rector, encargado. Instituto\n Nacional Mejía.

\n\n

Ministerio de Educación y Cultura.- Certifico es fiel\n copia del documento que reposa en el archivo del despacho del\n Sr. Ministro.- Quito, 18 de marzo del 2005.- Ilegible

\n\n

No.003

\n\n

EL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y
\n COMUNICACIONES

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante la Ley de Tránsito y Transpone Terrestres,\n publicada en el Registro Oficial No. 1002 de 2 de agosto de 1996,\n en su Art. 21 literal b), determina que el Consejo Nacional de\n Tránsito y Transporte Terrestres estará integrado\n por un delegado del señor Ministro de Obras Públicas\n y Comunicaciones; y,

\n\n

En uso de las atribuciones legales que le asiste,

\n\n

Acuerda:

\n\n

ARTICULO ÚNICO.- Designar al señor doctor Carlos\n Vicente Rodríguez Naspud, como representante principal\n del señor Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones\n ante el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres.

\n\n

Comuníquese y publíquese.- Dado en la ciudad\n de Quito, a 18 de marzo del 2005.

\n\n

f.) Ing. Msc. Saúl Velasco Logroño, Ministro\n de Obras Públicas y Comunicaciones.

\n\n

No. 004

\n\n

EL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y
\n COMUNICACIONES

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 003 de 23 de enero del\n 2003, se designó al señor doctor Henry Guillermo\n Terán Bermeo, como representante principal del señor\n Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, ante el Consejo\n Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres; y,

\n\n

En uso de las atribuciones legales que le asiste,
\n Acuerda:

\n\n

ARTICULO UNO.- Dar por concluida la designación del\n señor doctor Henry Guillermo Terán Bermeo, como\n representante principal del señor Ministro de Obras Públicas\n y Comunicaciones ante el Consejo Nacional de Tránsito\n y Transporte Terrestres.

\n\n

ARTICULO DOS.- Dejar constancia de reconocimiento a la gestión\n ante dicho organismo.

\n\n

Comuníquese y Publíquese.

\n\n

Dado en la ciudad de Quito, a 18 de marzo del 2005.

\n\n

f.) Ing. Msc. Saúl Velasco Logroño, Ministro\n de Obras Públicas y Comunicaciones.

\n\n

No. 20050008

\n\n

Gladys Eljuri de Alvarez
\n MINISTRA DE TURISMO

\n\n

Considerando:

\n\n

Que del 12 al 15 de febrero del 2005 se llevará a cabo,\n en la ciudad de Milán - Italia la Feria Internacional\n de Turismo "BIT MILÁN 2005";

\n\n

Que mediante oficio No. 0000070 de 9 de febrero del 2005 la\n Subsecretaría General de la Administración Pública,\n emite el informe favorable para que el licenciado Damián\n Velasco Molina, Gerente Nacional de Mercadeo, pueda participar\n en el evento señalado;

\n\n

Que de conformidad con los artículos 1 y 2 del Decreto\n Ejecutivo No. 264 de marzo 30 del 2000, es facultad de la Ministra\n de Turismo autorizar los desplazamientos al extranjero de los\n funcionarios de esta Cartera de Estado; y,

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones legales,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Artículo 1.- Declarar en comisión de servicios\n en el exterior con derecho a sueldo al licenciado Damián\n Velasco Molina, Gerente Nacional de Mercadeo, del 10 al 17 de\n febrero del 2005, fechas que incluyen desplazamientos.

\n\n

Artículo 2.- Los gastos por concepto de viáticos\n y pasajes aéreos del funcionario, serán cubiertos\n por el Fondo de Promoción Turística, no representando\n egreso alguno para el Presupuesto General del Estado.

\n\n

Artículo 3.- Encargúese de la ejecución\n del presente acuerdo a la Subsecretaría de Administración\n y Finanzas.
\n
\n Comuníquese.- Dado en San Francisco de Quito, a 21 de\n febrero del 2005.

\n\n

f.) Sra. Gladys Eljuri de Alvarez.

\n\n

No. 20050009

\n\n

Gladys Eljuri de Alvarez
\n MINISTRO DE TURISMO

\n\n

Considerando:

\n\n

Que del 28 de febrero al 2 de marzo del 2005 se llevará\n a cabo, en la ciudad de Bogotá - Colombia la Feria Internacional\n de Turismo "ANATO 2005";
\n Que mediante oficio No. 0000094 de 25 de febrero del 2005 la\n Subsecretaría General de la Administración Pública,\n emite el informe favorable para que el licenciado Damián\n Velasco Molina, Gerente Nacional de Mercadeo, pueda participar\n como representante oficial del Ecuador en el evento señalado;

\n\n

Que de conformidad con los artículos 1 y 2 del Decreto\n Ejecutivo No. 264 de marzo 30 del 2000, es facultad de la Ministra\n de Turismo autorizar los desplazamientos al extranjero de los\n funcionarios de esta Cartera de Estado; y,

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones legales,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Artículo 1.- Declarar en comisión de servicios\n en el exterior con derecho a sueldo al licenciado Damián\n Velasco Molina, Gerente Nacional de Mercadeo, del 28 de febrero\n al 3 de marzo del 2005, fechas que incluyen desplazamientos.

\n\n

Artículo 2.- Los gastos por concepto de cuatro días\n viáticos y pasajes aéreos del funcionario, se aplicarán\n a la partida presupuestaria "MARKETING PARA TURISMO INTERNO\n Y RECEPTIVO" que para el efecto mantiene este Portafolio.

\n\n

Artículo 3.- Encargúese de la ejecución\n del presente acuerdo a la Subsecretaría de Administración\n y Finanzas.

\n\n

Comuníquese.

\n\n

Dado en San Francisco de Quito, a 1 de marzo del 2005.

\n\n

f.) Sra. Gladys Eljuri de Alvarez.

\n\n

No. 162-2004

\n\n

Dentro del juicio ordinario de daños\n y perjuicios No. 179-2004 propuesto por César Alvarez,\n representante legal de Alvarez Barba S. A. en contra de la Compañía\n Renault S. A., representada por el Dr. Gustavo Romero Ponce,\n en su calidad de procurador judicial, se ha dictado lo que sigue:

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, a 20 de julio del 2004; las 09h35.

\n\n

VISTOS: César Pedro José Gabriel Alvarez Villota,\n en su calidad de Vicepresidente de la Compañía\n Alvarez Barba S. A., interpone recurso de casación contra\n el auto dictado por la Primera Sala de lo Civil de la Corte Superior\n de Quito, dentro del juicio ordinario que, por daños y\n perjuicios, ha propuesto el recurrente en contra de la Compañía\n RENAULT S. A., representada por el Dr. Gustavo Romero Ponce,\n en su calidad de procurador judicial. Radicada que se halla la\n competencia en esta Sala en virtud de la nota de sorteo correspondiente,\n para resolver acerca de la procedencia del recurso, se considera:\n PRIMERO: Cuando un proceso sube a la Corte Suprema de Justicia\n en virtud de haberse concedido el recurso de casación,\n es aplicable lo dispuesto por el inciso final del artículo\n 8 de la Ley de Casación codificada, que establece que\n recibido el proceso y en el término de quince días,\n la Sala respectiva de la Corte Suprema de Justicia en la primera\n providencia que emita examinará si el recurso de casación\n ha sido debidamente concedido por el Tribunal de instancia, el\n que debió analizar si el escrito de fundamentación\n cumple con los cuatro requisitos que según la ley de la\n materia, son indispensables para su procedibilidad: a) que la\n providencia impugnada sea de aquellas susceptibles del recurso\n (artículo 2); b) que la parte que lo interpone esté\n legitimada activamente para ello, (artículo 4); c) que\n se lo haya interpuesto en el término correspondiente (artículo\n 5); y, d) que el escrito de fundamentación cumpla con\n los requisitos de forma que imperativamente dispone la ley, (artículo\n 6). SEGUNDO: Según nuestro ordenamiento legal no todas\n las providencias judiciales son susceptibles del recurso de casación,\n sino únicamente las enumeradas taxativamente en el artículo\n 2 de la Ley de Casación, esto es: a) las sentencias y\n autos que ponen fin a los procesos de conocimiento dictados por\n las cortes superiores, por los tribunales distritales de lo Fiscal\n y de lo Contencioso Administrativo; b) las providencias expedidas\n por dichas cortes o tribunales en la fase de ejecución\n de las sentencias dictadas en procesos de conocimiento, si tales\n providencias resuelven puntos esenciales no controvertidos en\n el juicio, ni decididos en el fallo, o contradicen lo ejecutoriado.\n Es decir, nuestro sistema en lo civil es de casación cerrada,\n lo cual implica que la interpretación del antes citado\n artículo 2 de la ley de la materia se ha de realizar en\n forma restrictiva. TERCERO: Ha sido criterio unánime y\n uniforme de las salas de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia\n y concretamente de esta Primera Sala que, para que un auto o\n sentencia sea recurrible deben agotar el fondo de un litigio\n pronunciándose sobre el derecho discutido, por lo que\n debe ser una decisión que ponga fin al proceso, es decir\n que no cabe el recurso cuando las partes pueden renovar la contienda\n y volver a discutir el tema de fondo ante el órgano competente\n o por la vía adecuada; así, esta Sala en Resolución\n No. 594-99 de fecha 20 de diciembre de 1999, publicada en el\n R. O. 13 de 9 de febrero 2000, en su parte pertinente, dice:\n En lo que respecta al requisito de procedencia establecido por\n el artículo 2 de la Ley de Casación, la especie\n no constituye una providencia que sea susceptible del recurso\n de casación, pues si bien es una sentencia que ha sido\n dictada en última instancia por la Primera Sala de la\n Corte Superior de Babahoyo, la misma no pone fin a la controversia,\n aunque ponga fin a este proceso, ya que es una sentencia inhibitoria\n al haber admitido la excepción de litis pendencia alegada\n por los demandados: para que proceda el recurso, la sentencia\n impugnada debe ser final y definitiva, ya que ha de poner fin\n al proceso, de modo tal que el mismo no pueda renovarse ni ante\n el Juez o Tribunal que lo dictó, ni ante otro, porque\n se habrá <dicho el derecho>. Numerosas sentencias\n de esta Sala así lo han declarado, a partir de la Resolución\n No. 315 de fecha 9 de mayo de 1996, dictada dentro del juicio\n No 2-95, entre ellas, las dictadas: 1) mediante Resolución\n No 54, en el proceso No 749-95 de 25 de marzo de 1996, publicada\n en el R.O. 958 de 3 de junio de 1996; 2) Resolución No\n 670 de fecha 1 de octubre de 1998, en el proceso de casación\n No. 1130-95 y publicada en el R.O. 98 de 30 de diciembre de 1998;\n y, 3) La Resolución No 255 de fecha 28 de mayo de 1997,\n dentro del juicio No. 411-96 y publicada en el R.O. 119 de 30\n de julio del mismo año.^ por su parte, en la Resolución\n No 315-96, de fecha 9 de mayo de 1996, publicada en el R. O.\n 982 de 5 de julio de 1996, se dice: "...en los supuestos\n de los literales a) y b) del artículo 2 de la Ley de la\n materia, es preciso que la providencia impugnada sea final y\n definitiva, porque resuelve sobre lo principal causando excepción\n de cosa juzgada sobre el motivo central de la controversia, de\n manera que no puede renovarse la contienda ni ante el mismo Tribunal\n ni ante otro diferente...". La Segunda Sala se ha pronunciado\n en el mismo sentido, en materia de arbitraje, en su resolución\n de 28 de octubre del 2003 dictada dentro del juicio No. 210-2003\n WG, y la Tercera Sala en su Resolución N o. 3 08-2001\n d e 3 O d e noviembre del 2001 dictada dentro del juicio No.\n 87-2001. CUARTO: Como consta de múltiples resoluciones,\n desde cuando funcionaba la Sala Única de lo Civil y Comercial,\n se ha acogido como propia la doctrina que, al respecto, enunció\n el Dr. Jorge Zavala Egas, uno de los autores del proyecto que\n se convirtió en ley quien, en la obra "La Casación",\n manifiesta: "El Art. 2 se refiere a la procedencia del recurso,\n es decir contesta las interrogantes de cuándo procede,\n cuando puede interponerse, cuándo nace el derecho público\n subjetivo de solicitar la anulación del auto o sentencia\n ejecutoriados mediante la interposición del recurso. Se\n han enumerado tres casos: a) Las sentencias y los autos que pongan\n fin a los procesos dictados por las cortes superiores, los Tribunales\n distritales u otros Tribunales de apelación. Lo primero\n que destaca a la luz del entendimiento es que debe existir una\n sentencia o un auto que <pongan fin a los procesos>. Esta\n frase será indudablemente motivo de preocupación\n para la Corte Suprema de Justicia, pues, en cada caso deberán\n decidir cuáles son las providencias judiciales que son\n definitivas y finales, pues son a estas dos características\n a las que alude la frase <que pongan fin a los procesos>.\n Esa fue la idea pre-normativa que nos animó a redactarla\n de esa forma, la misma que como ustedes saben tiene, ahora, apenas\n un valor informativo dada la vida autónoma de la norma.\n Nuestro pensamiento nos llevó a concluir que el recurso\n de casación debía proceder solo contra sentencias\n o autos que resuelven en forma final definitiva las pretensiones\n de mérito de las partes. Esto es, la materia sustancial\n del litigio. Con ello excluimos una serie de providencias judiciales\n que no tienen esas cualidades de definitividad y agotamiento\n de la última instancia que exige la ley... La complicación\n se presentará en otra característica, por la que\n la providencia debe ser idónea de ser calificada como\n <definitiva>. Pues bien puede ser una sentencia final,\n pero no definitiva. Ese sería el caso del auto por el\n cual el Juez cede la competencia que es final en cuanto al punto\n de discusión, esto es, la competencia, pero no es definitiva,\n pues no resuelve el problema de fondo de la litis..." (Ernesto\n Albán Gómez y otros, La Casación, Estudios\n sobre la Ley No. 27, Quito, Corporación Editora Nacional,\n 1994, p. 36, 37). Por cierto que no ocurre lo mismo en otras\n legislaciones. En efecto, a manera de ejemplo y por cuanto el\n recurrente en su escrito presentado el 7 de julio del 2004 ante\n este Tribunal, ha afirmado que "la Doctrina española\n contempla la existencia del Recurso de Casación para el\n caso de resolver sobre la Excepción de Existencia de Convenio\n Arbitral", se señala que, en el pasado el artículo\n 74 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1881\n y sus reformas, concedía expresamente el recurso extraordinario\n de casación para el caso de que el Juez se inhibiera;\n norma que no fue derogada en la reforma de 30 de abril de 1992,\n no obstante que la misma hizo una delimitación reductora\n de la casación civil, conforme señala Luis Martínez-Calcerrada\n y Gómez, en la página 88 de su obra La nueva casación\n civil. Estudio de la Ley 10/1992 de 30 de abril, (Madrid, Civitas,\n 1993); pero la situación cambió totalmente con\n la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil del 2000 en cuyo Libro I\n (Disposiciones Generales Relativas a los Juicios Civiles) Título\n II (de la jurisdicción y de la competencia). Capítulo\n IV (de los recursos en materia de jurisdicción y competencia)\n artículo 66 (recursos en materia de competencia internacional,\n jurisdicción. Sumisión arbitraje y competencia\n objetiva), se dispone: "L- Contra el auto absteniéndose\n de conocer por falta de competencia internacional, por pertenecer\n el asunto a Tribunal de otro orden jurisdiccional, por haberse\n sometido el asunto a arbitraje o por falta de competencia objetiva,\n cabrá recurso de apelación. 2.- Contra el auto\n por el que se rechace la falta de competencia internacional,\n de jurisdicción o de competencia objetiva, sólo\n cabrá recurso de reposición, sin perjuicio de alegar\n la falta de estos presupuestos procesales en la apelación\n contra la sentencia definitiva. Lo dispuesto en el párrafo\n anterior será también de aplicación cuando\n el auto rechace la sumisión del asunto a arbitraje.".\n Actualmente tan sólo procede la casación por vicios\n in indicando (artículo 477.1. El recurso de casación\n habrá de fundarse, como motivo único, en la infracción\n de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del\n proceso) siendo recurribles las sentencias dictadas en segunda\n instancia por las audiencias provinciales en los tres únicos\n casos que enumera el artículo 477.2 (1° Cuando se\n dictaran para la tutela judicial civil de derechos fundamentales,\n excepto los que reconoce el artículo 24 de la Constitución.\n 2° Cuando la cuantía del asunto excediere de veinticinco\n millones de pesetas. 3° Cuando la resolución del recurso\n presente interés casacional). La posición de la\n vigente legislación española en lo que dice relación\n con el recurso extraordinario y supremo se halla explicada, en\n forma muy clara y completa, en la exposición de motivos\n de la nueva ley (ver B.O.E., separata, Madrid, enero del 2000,\n pp. 87 y ss.). QUINTO: 'Examinado el auto recurrido dictado por\n la Primera Sala de lo Civil de la Corte Superior de Quito el\n 20 de abril del 2004, se encuentra que éste no es susceptible\n del recurso extraordinario de casación porque no reúne\n las condiciones establecidas en el artículo 2 de la ley\n d e 1 a m atería, pues aunque es un auto final e n cuanto\n acepta la excepción de la existencia de convenio arbitral\n entre las partes, no es definitivo ya que no resuelve el problema\n de fondo de la litis, esto es, la reclamación de daños\n y perjuicios formulada por la compañía actora,\n la que puede iniciar las acciones de las que se crea asistida\n ante el órgano arbitral convenido, el cual examinará\n todo lo atinente a la relación de negocios establecida\n ente ella y la compañía demandada, al amparo de\n la cláusula de jurisdicción contenida en el artículo\n 25.del contrato escrito celebrado entre las partes el 2 de marzo\n de 1995. El presente juicio no busca una declaración judicial\n de certeza respecto a que no procede el arbitraje como objeto\n de la pretensión del actor, lo que podría ocurrir\n si en nuestro sistema procesal existiera la figura de los procesos\n provocatorios; el debate en tomo a la procedencia del arbitraje\n es un mero incidente originado en la excepción de previa\n resolución propuesta por la parte demandada y que, de\n conformidad con lo que dispone el artículo 8 de la Ley\n de Mediación y Arbitraje, por una razón de economía\n procesal, ha de ser resuelta antes de proseguirse con la litis\n de ser desechada, ya que de aceptarse obligará a que se\n archive la demanda. SEXTO: Respecto de la afirmación hecha\n por el recurrente, tanto en su escrito de interposición\n y fundamentación del recurso como en su alegato presentado\n ante este Tribunal el 7 de julio del 2004, de que el convenido\n de someterse a arbitraje es nulo porque adolece de objeto ilícito,\n la Sala anota que en la época de celebración del\n contrato de exportación entre las partes, se podía\n comprometer el pleito a árbitros, pues estaba vigente\n la Ley de Arbitraje Comercial, expedido mediante Decreto Supremo\n 735, publicado en el R. O. 90 de 28 de octubre de 1963, en que\n se establecía: "Art. 1.- Sin perjuicio del juicio\n de arbitraje establecido e ni a Sección 33a del Código\n de Procedimiento Civil, reconócese la validez de las cláusulas\n compromisorias o de los convenios en que las partes acuerden\n someter las controversias comerciales existentes a futuras, a\n los Tribunales de Arbitraje de las Cámaras de Comercio,\n o a los Tribunales o comisiones nacionales o internacionales\n de arbitraje "; por otra parte, el Ecuador ha reconocido\n la posibilidad de que los particulares sometan sus diferencias\n al arbitraje internacional en la Convención Interamericana\n sobre Arbitraje Comercial Internacional, publicada en el R. O.\n 875 de 14 d e febrero d e 1992,que establece: "Artículo\n 1.' Es válido el acuerdo de las partes en virtud del cual\n se obligan a someter a decisión arbitral las diferencias\n que pudiesen surgir o que hayan surgido entre ellas con relación\n a un negocio de carácter mercantil. El acuerdo respectivo\n constará en el escrito firmado por las partes o en el\n canje de cartas, telegramas o comunicaciones por télex".\n Dentro del proceso de modernización de las estructuras\n jurídicas del Estado, se ha dado tanta importancia al\n arbitraje, que inclusive se lo elevó a nivel constitucional\n mediante las reformas a la Carta Fundamental del Estado, conocidas\n como segundo bloque y tercer bloque, publicadas en el Registro\n Oficial No. 863 de 16 de enero de 1996 (artículo que se\n mandó agregar a continuación del 93) y hoy se mantiene\n constituyendo el tercer inciso del artículo 191 de la\n Carta Fundamental del Estado. Adicionalmente se señala\n que, si bien la Ley de Arbitraje y Mediación vigente fue\n promulgada en el R. O. No. 145 de 4 de septiembre de 1997, por\n tratarse de una ley procesal entró en vigencia desde el\n momento de su promulgación y prevalece sobre las leyes\n anteriores de conformidad con la regla 20a del artículo\n 7 del Código Civil, a más de que el artículo\n 62 de la propia Ley de Mediación y Arbitraje dispone expresamente\n que "Las normas de la presente Ley se aplicarán inclusive\n a aquellos convenios arbitrales suscritos con anterioridad a\n su vigencia, siempre que el procedimiento arbitral no haya comenzado".\n En la especie, la litis comenzó mucho después de\n la fecha en la que entró en vigencia la Ley de Mediación\n y Arbitraje, que fue promulgada en el Registro Oficial 145 de\n 4 de septiembre de 1997, mientras que la citación con\n la demanda se perfeccionó el 26 de abril del 2002. Esta\n Ley expresamente se ocupa del arbitraje internacional para normar\n aquellos aspectos que le corresponde hacerlo, en sus artículos\n 41 y 42. La alegación de que la cláusula arbitral\n es nula de pleno derecho por tratarse de un contrato de adhesión,\n de conformidad con lo que dispone el artículo 43 No 4\n de la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor, por no existir\n la ratificación expresa que exige esta norma legal, carece\n de sentido ya que el contrato celebrado entr

 

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