Registro Oficial. 2 de MARZO del 2005

Miércoles, 02 de marzo de 2005

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

\n \n \n \n
   MES DE\n MARZO DEL 2005
\n \n \n \n
\n

\n
 
\n

 
\n

Miércoles, 2 de marzo del 2005 - R. O. No. 535

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

LIC. JOSÉ LANDAZURI BRAVO
DIRECTOR ENCARGADO
\n
FUNCIÓN\n LEGISLATIVA

\n\n

EXTRACTOS:

\n\n

26-579 Proyecto de Ley Reformatoria\n a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

\n\n

26-580 Proyecto de Ley Reformatoria\n a la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Judicatura.

\n\n

26-581 Proyecto de Ley Reformatoria\n al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación\n Social.

\n\n

26-582 Proyecto de Ley Reformatoria\n a la Ley Orgánica del Ministerio Público.

\n\n

FUNCIÓN\n EJECUTIVA

\n\n

DECRETOS:

\n\n

2436-A Nómbrase al señor\n Harrison Fabián Vizcaíno Andrade, para desempeñar\n las funciones de Subsecretario General de Coordinación\n y Asesoría de Tránsito y Transporte Terrestres.

\n\n

2569 Declárase al 2005, como\n el año de la celebración nacional de conmemoración\n de los cuatrocientos años de la primera edición\n de la obra El Ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, en\n todos los establecimientos educativos y culturales del país.

\n\n

2570 Refórmase la fe de erratas,\n publicada en el Registro Oficial No 361 de 22 de junio del 2004,\n que contiene el texto del cuadro nacional de medicamentos.

\n\n

2571 Derógase el Decreto\n Ejecutivo No 18, publicado en el Registro Oficial No 7 de 20\n de febrero de 1997.

\n\n

2572 Derógase el Decreto\n Ejecutivo No 3150 de 30 de septiembre del 2002, publicado en\n el Registro Oficial No 680 de 10 de octubre del 2002.

\n\n

2573\n Autorízase\n el viaje del señor Vicepresidente Constitucional de la\n República, doctor Alfredo Palacio González, a las\n ciudades de Miami, San Francisco y Orlando de los Estados Unidos\n de América..11

\n\n

TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL
\n PRIMERA SALA

\n\n

RESOLUCIONES

\n\n

0007-2004-QE Niégase, por improcedente\n el recurso de queja interpuesto por la señora Consuelo\n Emperatriz Alvarez Zambrano

\n\n

0727-2004-RA Revócase la resolución\n pronunciada por el Juez Tercero de lo Civil de Esmeraldas y niégase\n el amparo constitucional solicitado por Daniel Silva Zaldumbide\n y otros.

\n\n

0001-2005-RA Concédese el amparo\n interpuesto por el señor Vicente Paúl Borbor Mite\n y confírmase la resolución del Juez Vigésimo\n Primero de lo Penal del Guayas.

\n\n

0008-2005-HC Confírmase lo resuelto\n en primer nivel y niégase el babeas corpus solicitado\n por Alfonso Poveda.

\n\n

0010-2005-HC Confírmase lo resuelto\n en primer nivel y niégase el bobeas corpus interpuesto\n por Hugo Wladimir Fonseca Paccha.

\n\n

0011-2005-HC\n Confírmase\n lo resuelto en primer nivel y niégase el babeas corpus\n solicitado por Luis Fernando Pupiales Quilca.

\n\n

SEGUNDA\n SALA

\n\n

0010-2004-AI Revócase la resolución\n venida en grado y niégase el recurso de acceso a información\n planteada por Diego Francisco Yépez Garcés.

\n\n

0014-2004-RS Deséchase el recurso\n de apelación interpuesto por Melito Eliécer Orrala\n González.

\n\n

0081-2004-HC Confírmase la resolución\n emitida por la encargada de la Alcaldía del Distrito Metropolitano\n de Quito y niégase el recurso de babeas corpus propuesto\n a favor del señor Luis Antonio González Ochoa.

\n\n

112-2004-HD Revócase la resolución\n venida en grado y concédese el babeas data propuesto por\n la señora Alda Elvira Carrión Revelo.

\n\n

0392-2004-RA Confírmase la decisión\n del Juez Décimo Tercero de lo Civil de Pichincha y niégase\n la acción de amparo propuesta por Jorge Raúl Ramos\n Hidalgo.

\n\n

0416-2004-RA Confírmase la resolución\n emitida por el Juez de instancia y niégase la acción\n de amparo propuesta por el Sargento Segundo de Policía\n Teodoro Laurentino Mera Vergara.

\n\n

0421-04-RA Confírmase la decisión\n del Juez de instancia y niégase la acción de amparo\n propuesta por Ángel Ricardo Broncazo Tiuma.

\n\n

0460-2004-RA Confírmase la resolución\n del Juez Cuarto de lo Civil de Chimborazo y concédese\n el amparo solicitado por el señor Ms. César Arturo\n Huilcapi Sanpedro y otro.

\n\n

0530-04-RA Confírmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por Zhiliang Yin

\n\n

0548-2004-RA Confírmase la decisión\n del Juez de instancia y niégase la acción de amparo\n propuesta por Fredy Ramiro Castro Marcalla

\n\n

0584-2004-RA Confírmase la resolución\n del Juez de instancia y concédese el amparo solicitado\n por Milton Flores Jaramillo

\n\n

0587-2004-RA Confírmase la decisión\n del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Portoviejo\n y concédese el amparo solicitado por Modesto Eloy Palma\n Mendoza.

\n\n

0590-2004-RA Revócase la resolución\n venida en grado y acéptase la demanda de amparo constitucional\n formulada por Luis Giovanny Macías Moreira

\n\n

0607-04-RA Confírmase la resolución\n venida en grado y acéptase la acción de amparo\n constitucional propuesta por la señora Sonia Mirtha Gortaire\n Peñafiel.

\n\n

0627-2004-RA Confírmase la resolución\n venida en grado y deséchase la demanda de amparo constitucional\n formulada por Víctor Emilio Echeverría Pérez\n y otro.

\n\n

0640-04-RA Confírmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional\n propuesta por el señor Sixto Joel Obaco Obaco.

\n\n

0678-2004-RA Revócase la resolución\n venida en grado y acéptase la demanda de amparo constitucional\n formulada por Bolivia Noemí Romero Pazmiño y otros\n .

\n\n

0718-2004-RA Revócase la decisión\n del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por\n Celso Cóndor Masapanta.

\n\n

0741-04-RA Confírmase la resolución\n emitida por el Juez de instancia y niégase la acción\n de amparo propuesta por la señora Mercedes Lucía\n Jaya de Gavilánez.

\n\n

0762-04-RA Confírmase la resolución\n emitida por el Juez de instancia y niégase la acción\n de amparo propuesta por Juan Carlos Chalacáma Yarpaz

\n\n

0812-2004-RA Confírmase la resolución\n de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo\n de Quito y concédese el amparo solicitado por Msc. Ana\n Lucía Procel Carrillo

\n\n

006-05-HC Confírmase la resolución\n venida en grado y niégase el recurso de hábeas\n corpus propuesto por el Dr. Iván Durazno C.

\n\n

015-2005-HC Confírmase la resolución\n emitida por la encargada de la Alcaldía del Distrito Metropolitano\n de Quito y niégase el recurso de hábeas corpus\n propuesto a favor del señor Carlos Eduardo Abad Bustamante

\n\n

ORDENANZA\n METROPOLITANA:

\n\n

0136 Concejo Metropolitano de Quito:\n Que establece la instalación del sistema de control dinámico\n de emisiones vehiculares mediante protocolos ASM (Acceleration\n Simulation Mode) y de la realización de la prueba TIS\n (Two Idle Speed), en las sanciones, en la revisión técnica\n vehicular, que reforma el Capítulo IV, "para el control\n de la contaminación vehicular", del Título\n V del Libro II del Código Municipal

\n\n

ORDENANZA\n MUNICIPAL:

\n\n

-\n Cantón Tiwintza:\n De creación del Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural.

\n\n

FE\n DE ERRATAS:

\n\n

-\n A la publicación de la Ordenanza No 066, que reforma al Capítulo\n IV, Libro Tercero del Código Municipal, al Art. 4 de la\n Ordenanza Metropolitana No 015 reformatoria de los capítulos\n II, III y IV del Libro Tercero del Código Municipal, relacionado\n con las normas sobre el pago de impuestos al juego; publicado\n en el Registro Oficial No 740 de 8 de enero del 2003.\n

\n \n
\n

 

\n\n

CONGRESO\n NACIONAL CONGRESO NACIONAL

\n\n

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
\n ART. 150 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

\n\n

NOMBRE: "REFORMATORIA A LA LEY
\n ORGÁNICA DE LA FUNCIÓN
\n LEGISLATIVA".

\n\n

CÓDIGO: 26-579.

\n\n

AUSPICIO: H. H. RAFAEL ERAZO, LUIS
\n VILLACIS Y XAVIER
\n CAJILEMA.

\n\n

COMISIÓN: DE LO CIVIL Y PENAL.

\n\n

FECHA DE
\n INGRESO: 10-02-2005.

\n\n

FECHA DE ENVIÓ
\n A COMISIÓN: 14-02-2005.

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

El Ecuador es el cuarto país de América del\n Sur con presencia afro descendiente, constituye el 5% de la población\n y reconoce en su normativa el carácter étnico de\n las comunidades afro ecuatorianas, las cuales han desarrollado\n prácticas culturales muy particulares, con sus rasgos\n propios, etnohistoria, organización social, estructura\n de parentesco, modos y prácticas tradicionales de producción.

\n\n

OBJETIVOS BÁSICOS:

\n\n

Las personas serán consideradas iguales y gozarán\n de los mismos derechos, libertades y oportunidades, por lo que\n es constitucional y legal el que' un sector importante como es\n el de los afro ecuatorianos cuente con una Comisión Legislativa\n Especializada Permanente, a través de la cual se pueda\n atender en forma específica sus demandas.

\n\n

CRITERIOS:

\n\n

Los índices de pobreza, educación, desempleo,\n demuestran la desigualdad y exclusión económica\n y social de los afro ecuatorianos; por ende, son víctimas\n del sistema imperante, lo que amerita abordar esta problemática\n tanto en legislación como es fiscalización en sus\n especificidades, lo que sin duda contribuirá a promover\n la acción parlamentaria contra el racismo y la discriminación\n étnica.

\n\n

f.) Dr. Guillermo H. Astudillo Ibarra, Secretario General\n del Congreso Nacional.

\n\n

EXTRACTO\n DEL PROYECTO DE LEY
\n ART. 150 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

\n\n

NOMBRE: "REFORMATORIA A LA LEY
\n ORGÁNICA DEL CONSEJO
\n NACIONAL DE LA
\n JUDICATURA".

\n\n

CÓDIGO: 26-580.
\n
AUSPICIO: H. ANDRÉS PAEZ
\n BEÑALCAZAR.
\n COMISIÓN: DE LO CIVIL Y PENAL.

\n\n

FECHA DE
\n INGRESO: 10-02-2005.

\n\n

FECHA DE ENVIÓ
\n A COMISIÓN: 14-02-2005.

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

Es público y notorio que la negligencia y desidia de\n jueces y tribunales inescrupulosos en el despacho de las causas\n penales causa un grave e irreparable daño a la sociedad,\n porque muchos delincuentes al obtener la libertad inmediatamente\n delinquen y cometen fechorías de diversa índole,\n convirtiéndose esta situación en un círculo\n vicioso que nunca termina, poniendo en riesgo a los ciudadanos\n honestos que desean paz y tranquilidad.

\n\n

OBJETIVOS BÁSICOS:

\n\n

El Consejo Nacional de la Judicatura como ente administrativo\n y disciplinario dentro del poder judicial necesita ser fortalecido\n para que ejerza un mejor control sobre las actuaciones de jueces,\n secretarios y todos aquellos funcionarios judiciales que de cualquier\n forma retardan o entorpecen los procesos penales para que la\n caducidad de la prisión preventiva opere a favor de delincuentes\n contumaces, en detrimento de la sociedad que sufre el embate\n de la delincuencia.

\n\n

CRITERIOS:

\n\n

La prisión preventiva parece que es una medida de carácter\n cautelar intrascendente para algunos jueces y tribunales, por\n lo que conviene implementar preceptos legales que obliguen a\n los funcionarios judiciales a despachar oportunamente estos casos\n e impedir arbitrariedades.

\n\n

f.) Dr. Guillermo H. Astudillo Ibarra, Secretario General\n del Congreso Nacional.

\n\n

CONGRESO\n NACIONAL

\n\n

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
\n ART. 150 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

\n\n

NOMBRE: "REFORMATORIA AL CÓDIGO
\n DE EJECUCIÓN DE PENAS Y
\n REHABILITACIÓN SOCIAL".

\n\n

CÓDIGO: 26-581.

\n\n

AUSPICIO: H. ANDRÉS PAEZ
\n BANALCAZAR.

\n\n

COMISIÓN: DE LO CIVIL Y PENAL.

\n\n

FECHA DE
\n INGRESO: 10-02-2005.

\n\n

FECHA DE ENVIÓ
\n A COMISIÓN: 14-02-2005.

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

En los últimos meses se ha producido la fuga casi sistemática\n de internos de los diversos centros penitenciarios, ocasionadas\n por diversos motivos, pero especialmente por 4a falta de control\n de las visitas que ingresan con facilidad armas y objetos corto\n punzantes y que posteriormente son utilizados por los reos para\n intimidar y causar terror en el interior de las cárceles.

\n\n

OBJETIVOS BÁSICOS:

\n\n

Es necesario incorporar al Código de Ejecución\n de Penas y de Rehabilitación Social, normas que regulen\n el ingreso y la revisión pormenorizada de personas que,\n en calidad de visitas, ingresan a los centros de detención\n del país.

\n\n

CRITERIOS:

\n\n

El sistema de visitas no se encuentra regulado en la normativa\n legal ni reglamentaria del sistema penitenciario, existiendo\n únicamente reglamentos aislados implementados por los\n diversos centros de rehabilitación social, sin lineamientos\n concretos que permitan ejercer un mejor y pormenorizado control\n del régimen de visitas.

\n\n

f.) Dr. Guillermo H. Astudillo Ibarra, Secretario General\n del Congreso Nacional.

\n\n

CONGRESO\n NACIONAL

\n\n

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
\n ART. 150 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

\n\n

NOMBRE: "REFORMATORIA A LA LEY
\n ORGÁNICA DEL MINISTERIO
\n PUBLICO".

\n\n

CÓDIGO: 26-582.

\n\n

AUSPICIO: H. ANDRÉS PAEZ
\n BENALCAZAR.

\n\n

COMISIÓN: DE LO CIVIL Y PENAL.

\n\n

FECHA DE
\n INGRESO: 10-02-2005.

\n\n

FECHA DE ENVIÓ
\n A COMISIÓN: 14-02-2005.

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

La Ley Orgánica del Ministerio Público en su\n artículo 20, establece sanciones para los agentes fiscales\n en caso de culpa grave o infracción en el cumplimiento\n de sus funciones, sin embargo de ello, esta disposición\n legal requiere ser más pormenorizada.

\n\n

OBJETIVOS BÁSICOS:

\n\n

Cobra vital importancia que se sancione a quienes incurren\n en retardar los procedimientos penales al permitir que la caducidad\n de la prisión preventiva actúe a favor de los delincuentes\n que al no recibir sentencia por el delito cometido obtienen su\n libertad mediante subterfugios legales para continuar delinquiendo\n y perjudicando a los ciudadanos.

\n\n

CRITERIOS:

\n\n

Las acciones disciplinarias y sancionadoras determinadas en\n la ley mediante la presente reforma, contribuirán a mejorar\n la aplicación de la norma procesal penal sin dilaciones\n y a erradicar los actos de corrupción de parte de los\n involucrados en el proceso penal.

\n\n

f.) Dr. Guillermo H. Astudillo Ibarra, Secretario General\n del Congreso Nacional.

\n\n

No 2436-A

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPÚBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo No 2436, publicado en el Registro\n Oficial No 503 de 13 de enero del 2005, se crea la Subsecretaría\n General de Coordinación y Asesoría de Tránsito\n y Transporte Terrestres, como unidad administrativa de la Presidencia\n de la República; y,

\n\n

En ejercicio de la atribución que le confiere el artículo\n 171, numeral 10 de la Constitución Política de\n la República,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1.- Nombrar al señor Harrison Fabián Vizcaíno\n Andrade, para desempeñar las funciones de Subsecretario\n General de Coordinación y Asesoría de Tránsito\n y Transporte Terrestres.

\n\n

Art. 2.- Este decreto entrará en vigencia a partir\n de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 3 de enero del 2005.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Francisco Fierro Oviedo, Subsecretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

No 2569

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPÚBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que en el año 2005 se cumplirá el cuarto centenario\n de la primera edición de la publicación de el ingenioso\n Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, obra célebre del preclaro\n escritor español don Miguel de Cervantes y Saavedra;

\n\n

Que sus majestades los reyes de España y su excelencia\n José Luis Rodríguez Zapatero, Jefe del Gobierno\n Español a través del Ministerio de Cultura de España\n ha conformado la Comisión Nacional para la Conmemoración\n del IV Centenario de la Publicación de El Quijote, de\n cuyo Comité de Honor ha considerado debe participar el\n Ministro de Educación y Cultura de la República\n del Ecuador, doctor Roberto Passailaigue Baquerizo, lo que constituye\n un honor para el Gobierno Nacional, por la trascendencia de la\n conmemoración;

\n\n

Que la invitación a todas las culturas del planeta\n a celebrar los cuatrocientos años de El Quijote y a releerlo\n una vez más para que continúe formando parte de\n nuestro patrimonio colectivo y para seguir aprendiendo de sus\n tan humanas aventuras, constituye un punto de referencia de los\n valores que nos unen y de los cuales se enriquecen diferentes\n comunidades hispanohablantes;

\n\n

Que actualmente se discute en la UNESCO, sobre la protección\n de la diversidad de los contenidos culturales y las expresiones\n artísticas, de las cuales es paradigma El Quijote;

\n\n

Que es necesario establecer un compromiso del Gobierno Nacional\n con la promoción del libro y de la lectura, por la celebración\n en el 2005 del IV Centenario de El Quijote y del año iberoamericano\n de la lectura, fundamentando en la idea de que en los libros\n y la lectura está el origen de lo mejor de la civilización\n que compartimos los pueblos;

\n\n

Que es deber del Gobierno Nacional sumarse a las celebraciones\n por tan magno acontecimiento por lo que deberá establecerse\n una programación que ponga de relieve la importancia de\n dicha obra constituida en una de las joyas literarias de todos\n los tiempos y uno de los clásicos referentes de uso continuo\n y obligatorio por su contenido;

\n\n

Que el mensaje y contenido de la obra cervantina proclama\n principios de respeto, honor y lealtad, virtudes que deben ser\n promovidos por el género humano; y,

\n\n

En ejercicio de las facultades previstas en el numeral 3 del\n Art. 171 de la Constitución Política de la República,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1.- Declarar al 2005, como el año de la celebración\n nacional de conmemoración de los cuatrocientos años\n de la primera edición de la obra El Ingenioso Hidalgo,\n Don Quijote de la Mancha, en todos los establecimientos educativos\n y culturales del país.

\n\n

Art. 2.- Disponer que el Ministerio de Educación y\n Cultura, en todas las ferias del libro que cuenten con el auspicio\n y respaldo del Gobierno Nacional, se incluya como número\n central la discusión de El Quijote, debiendo realizarse\n especial énfasis y la necesaria coordinación con\n el Ministerio de Educación y Cultura, para llevar el conocimiento\n de El Quijote a niños y jóvenes.

\n\n

Art. 3.- Expresar al Gobierno Español el compromiso\n por continuar difundiendo la creación literaria que reconoce\n en El Quijote una de sus obras esenciales.

\n\n

Art. 4.- Designar al Ministro de Educación y Cultura,\n representante del Gobierno de Ecuador para la conmemoración\n de tal acontecimiento, así como para que asista a las\n reuniones, foros y demás eventos a programarse.

\n\n

Art. 5.- Encargar al Ministro de Educación y Cultura,\n a través de todas las dependencias y centros educativos\n públicos del Ministerio, de sus planes y proyectos como\n la campaña de alfabetización o la campaña\n del libro y la lectura, disponga la planificación respectiva\n para los correspondientes períodos lectivos del año\n 2005, en que se difundirá la obra de El Ingenioso Hidalgo,\n Don Quijote de la Mancha, su trascendencia en la literatura y\n vida de los pueblos.

\n\n

Artículo final.- De la ejecución del presente\n decreto, que entrará en vigencia a partir de su publicación\n en el Registro Oficial, encargúese al señor Ministro\n de Educación y Cultura.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 22 de febrero del\n 2005.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

f.) Roberto Passailaigue Baquerizo, Ministro de Educación\n y Cultura.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Francisco Fierro Oviedo, Subsecretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

No 2570

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPÚBLICA

\n\n

Considerando:
\n Que mediante Decreto Ejecutivo No 1690, publicado en el Registro\n Oficial No 346 de 1 de junio del 2004, se expidió la quinta\n revisión del cuadro nacional de medicamentos básicos,\n elaborada por la Comisión de Medicamentos e Insumos y\n aprobada por el Directorio del Consejo Nacional de Salud;

\n\n

Que mediante fe de erratas, publicada en el Registro Oficial\n No 361 de 22 de junio del 2004, se incorporó el texto\n del cuadro nacional de medicamentos básicos;

\n\n

Que mediante oficio del Consejo Nacional de Salud (CONASA)\n del 12 de noviembre del 2004, suscrita por el Dr. Marco Guerrero\n Figueroa, Director Ejecutivo de dicha institución, solicita\n la reforma de la presentación del medicamento levo dopa\n + inhibidor, por resolución del Directorio del Consejo\n Nacional de Salud; y,

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones que le confiere la Constitución\n y la ley,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1.- Sustitúyase en la fe de erratas, publicada\n en el Registro Oficial No 361 de 22 de junio del 2004, que contiene\n el texto del cuadro nacional de medicamentos el siguiente código:

\n\n

Donde dice:

\n\n

N04B AGENTES DOPAMINERGICOS
\n N04BA Dopa y derivados de la dopa
\n N04BA02 I LEVODOPA + INHIBIDOR Tableta (250 mg + 50 rng) e x\n x 0.60 g c)

\n\n

Sustitúyase por:

\n\n

N04B AGENTES DOPAMINERGICOS
\n N04BA Dopa y derivados de la dopa
\n N04BA02 I LEVODOPA + INHIBIDOR Tableta e x x 0.60 g e)

\n\n

Art. 2.- De la ejecución del presente decreto ejecutivo\n que entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación\n en el Registro Oficial, encargúese al Ministro de Salud\n Pública.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 22 de febrero del\n 2005.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

f.) Teófilo Lama Pico, Ministro de Salud Pública.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Francisco Fierro Oviedo, Subsecretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

No 2571

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPÚBLICA
\n Considerando:

\n\n

Que el artículo 249 de la Constitución Política\n de la República prescribe que es responsabilidad del Estado\n la provisión de servicios públicos, entre éstos\n el servicio de energía eléctrica y que el Estado\n debe garantizar que dichos servicios responden a los principios\n de eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad,\n continuidad, calidad y velar que sus precios o tarifas sean equitativos;

\n\n

Que el numeral 26 del artículo 23 de la Constitución\n Política de la República, establece que el Estado\n garantizará y reconocerá la seguridad jurídica;
\n Que por disposición del artículo 1 de la Ley de\n Régimen del Sector Eléctrico promulgado el 10 de\n octubre de 1996, el suministro de energía eléctrica\n es un servicio de utilidad pública de interés nacional,\n por lo tanto, es deber del Estado satisfacer directa o indirectamente\n las necesidades de energía eléctrica del país,\n mediante el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales\n de conformidad con-el Plan Nacional de Electrificación;

\n\n

Que el artículo 2 de la Ley de Régimen del Sector\n Eléctrico, determina que el Estado Ecuatoriano es el titular\n de la propiedad inalienable e imprescriptible de los recursos\n naturales que permiten la generación de energía\n eléctrica y que solo él por intermedio del Consejo\n Nacional de Electricidad como ente público competente,\n puede concesionar o delegar a otros sectores de la economía\n la generación, transmisión, distribución\n y comercialización de la energía eléctrica;

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo No 18, publicado en el Registro\n Oficial No 7 de 20 de febrero de 1997, se derogó el Decreto\n Ejecutivo No 479, publicado en el Suplemento del Registro Oficial\n No 115 de 23 de enero de 1997 y se concedió a favor del\n H. Consejo Provincial de Pichincha la facultad para realizar\n el Proyecto Hidroeléctrico Pilatón - Toachi de\n 190 MW, atribución que le corresponde exclusivamente al\n CONELEC tal como lo establece la Ley de Régimen del Sector\n Eléctrico vigente en esa fecha;

\n\n

Que el acto administrativo normativo descrito en el considerando\n anterior, carece de legitimidad, por cuanto contiene vicios que\n no pueden ser convalidados y subsanados, tal como lo establece\n el artículo 93 del Estatuto del Régimen Jurídico\n Administrativo de la Función Ejecutiva;

\n\n

Que el literal a) del artículo 94 del Estatuto del\n Régimen Jurídico Administrativo de la Función\n Ejecutiva, establece que no son susceptibles de convalidación\n alguna, aquellos actos dictados por un órgano incompetente\n por razones de materia, territorio o tiempo;

\n\n

Que es necesario revocar el acto administrativo normativo\n expedido mediante Decreto Ejecutivo No 18, publicado en el Registro\n Oficial No 7 de 20 de febrero de 1997 en consideración\n a su evidente ilegitimidad expresada en la incompetencia en su\n expedición, que adicionalmente contravienen el artículo\n 119 de la Constitución Política de la República\n y la Ley de Régimen del Sector Eléctrico;

\n\n

Que mediante oficio No PD-04-28 de 21 de diciembre del 2004,\n el CONELEC, solicita la derogatoria del Decreto Ejecutivo No\n 18, publicado en el Registro Oficial No 7 de 20 de febrero de\n 1997 e incorporan los informes pertinentes que sustentan su petición;\n y,

\n\n

En uso de la facultad que le confiere el numeral 9 del artículo\n 171 de la Constitución Política de la República,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1.- Derógase el Decreto Ejecutivo No 18, publicado\n en el Registro Oficial No 7 de 20 de febrero de 1997.

\n\n

Art. 2.- De la ejecución del presente decreto ejecutivo\n que entrará en vigencia a partir de su publicación\n en el Registro Oficial, encargúese al CONELEC.

\n\n

Dado en Quito, a 22 de febrero del 2005.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Francisco Fierro Oviedo, Subsecretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

No 2572

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPÚBLICA
\n Considerando:

\n\n

Que, mediante Decreto Ejecutivo No 3150 del 30 de septiembre\n del 2002, publicado en el Registro Oficial No 680 del 10 de octubre\n del 2002, se dispuso la prórroga de los títulos\n jurídicos bajo los cuales el sector privado, opera en\n las diversas modalidades como permisionarios o delegatarios de\n ciertas áreas o servicios en los recintos portuarios,\n sin que se haya realizado previamente procesos de selección\n de acuerdo con las normas legales vigentes y no garantizan los\n justos ingresos para el Estado Ecuatoriano; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo\n 171 numeral 9 de la Constitución Política de la\n República,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1.- Derógase el Decreto Ejecutivo No 3150 de 30\n de septiembre del 2002, publicado en el Registro Oficial No 680\n de 10 de octubre del 2002.

\n\n

Art. 2.- Las autoridades portuarias de conformidad con las\n disposiciones legales y reglamentarias vigentes, convocarán\n a concurso público el permisionamiento temporal, para\n la ocupación y explotación de patios y bodegas,\n proceso que deberá culminar el 30 de abril del 2005, debiendo\n permanecer los nuevos permisionarios hasta la adjudicación\n de los contratos de concesión, cuyo plazo máximo\n será el 31 de diciembre del 2005.

\n\n

Por lo previsto en la Ley Orgánica de Aduanas, los\n nuevos permisionarios y concesionarios deberán celebrar\n los contratos de concesión de almacenamiento temporal\n de mercancías con la Corporación Aduanera Ecuatoriana.

\n\n

Art. 3.- Las autoridades portuarias procederán a revisar\n los contratos de autorización y comodato celebrados con\n instituciones públicas o privadas a fin de que se enmarquen\n en las normas de delegación previstas en las leyes y reglamentos\n para la prestación de servicios portuarios y actividades\n conexas.

\n\n

Art. 4.- El Consejo Nacional de Modernización del Estado,\n el Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos y la Dirección\n General de la Marina Mercante y del Litoral, vigilarán\n y controlarán el cumplimiento de los cronogramas presentados\n por las autoridades portuarias, a fin de que adjudiquen los contratos\n de concesión hasta el 31 de diciembre del 2005.

\n\n

Art. 5.- El presente decreto entrará en vigencia a\n partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial\n y de su ejecución encargúese el Ministro de Defensa\n Nacional.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 22 de febrero del\n 2005.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Francisco Fierro Oviedo, Subsecretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

No 2573

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPÚBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, del 24 de febrero al 6 de marzo del 2005, se llevará\n a cabo la Conferencia Internacional "Cruzando Fronteras"\n o "Crossing Borders" en la ciudad de San Francisco,\n Estados Unidos, donde se discutirán las relaciones políticas,\n económicas y sociales entre los estados participantes\n y que servirán en el futuro de guía a los gobiernos\n y políticos para plantear propuestas conjuntas de desarrollo,\n cooperación e integración de los pueblos;

\n\n

Que, del 6 a 9 de marzo del 2005, se llevará a cabo\n en la ciudad de Orlando, Estados Unidos, la Quincuagésima\n Cuarta Sesión Científica Anual, organizada por\n el American College of Cardiology, para establecer el estado\n actual de la prevención de enfermedades cardíacas\n y su tratamiento en el mundo;

\n\n

Que, con estos objetivos, el señor Vicepresidente Constitucional\n de la República, se trasladará a las ciudades de\n Miami, San Francisco y Orlando, República de los Estados\n Unidos de América, desde el 24 de febrero al 11 de marzo\n del 2005; y,

\n\n

En ejercicio de la facultad que le confiere el Art. 171, numeral\n 9 de la Constitución Política de la República\n del Ecuador,

\n\n

Decreta:

\n\n

ARTICULO PRIMERO.- Autorizar el viaje del señor Vicepresidente\n Constitucional de la República, doctor Alfredo Palacio\n González, a las ciudades de Miami, San Francisco y Orlando,\n Estados Unidos de América, del 24 de febrero al 11 de\n marzo del 2005, con la finalidad de asistir a la Conferencia\n Internacional "Crossing Borders"; a la Quincuagésima\n Cuarta Sesión Científica Anual, organizada por\n el American College of Cardiology; y, para mantener reuniones\n con personalidades y organismos de cooperación con el\n Ecuador.

\n\n

ARTICULO SEGUNDO.- La comitiva que acompañará\n al señor Vicepresidente estará integrada por los\n señores doctor Orlando Paredes, Coordinador Diplomático;\n abogado Juan Antonio López y licenciado Yuri Baque, asesores\n vicepresidenciales.

\n\n

ARTICULO TERCERO.- La seguridad vicepresidencial estará\n a cargo del Tcrn. Cadmo Agama Pérez, Edecán Vicepresidencial\n y los miembros de seguridad que designe la Casa Militar.

\n\n

ARTICULO CUARTO.- El egreso que signifique este desplazamiento\n se aplicará al presupuesto de la Vicepresidencia de la\n República.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 22 de febrero del\n 2005.
\n
\n f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Francisco Fierro Oviedo, Subsecretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

No. 0007-2004-QE

\n\n

Magistrado Ponente: Dr. Estuardo Gualle\n Bonilla

\n\n

LA PRIMERA SALA DEL
\n TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso signado con el No. 0007-2004-QE

\n\n

ANTECEDENTES:

\n\n

El presente caso viene a conocimiento del Tribunal Constitucional\n con fecha 7 de diciembre de 2004, en virtud de la queja que,\n al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley\n de Elecciones presenta la señora Consuelo Emperatriz Alvarez\n Zambrano, en su calidad de candidata a tercer puesto a Concejala\n del cantón Duran del Partido Roldosista Ecuatoriano, Lista\n 10.

\n\n

Que el 31 de octubre y el 5 de noviembre de 2004 interpuso\n los recursos de impugnación y de apelación ante\n el Tribunal Electoral del Guayas, de los resultados numéricos.\n Que en sesión de 8 de noviembre de 2004, el Tribunal Electoral\n del Guayas, negó el recurso de impugnación por\n considerarlo improcedente y no concretar su petición.\n Que estando dentro del plazo y en la facultad que le concede\n la ley de acuerdo al artículo 96, letra d) presentó\n el recurso de apelación, el que fue recibido en Secretaría\n el mismo día. Que el Tribunal Supremo Electoral el 25\n de noviembre de 2004, puso en conocimiento el expediente de la\n causa Guayas-No. 005-TSE-2004 que contiene el recurso de apelación\n interpuesto, el mismo que de conformidad con la ley es declarado\n válido y enviado a la Comisión Jurídica,\n la que recomienda aceptar la apelación y dispone la corrección\n numérica del caso para subsanar el error de cálculo\n en el que se había incurrido. Que el Tribunal Supremo\n Electoral en sesión de 2 de diciembre de 2004, procede\n a aprobar la reconsideración de la reconsideración\n de la Resolución RJE-PLE-TSE-15-25-ONS RJE-PLE-TSE-17-25-11-2004\n y resuelve de conformidad con el artículo 22, inciso segundo,\n del Reglamento Interno de los Organismos Nacional y Provincial\n de la Función Electoral, dejar sin efecto la Resolución\n de 25 de noviembre de 2004. Que el 2 de diciembre de 2004 también\n se conoció el recurso de apelación interpuesto\n por la candidata a Concejala del Partido Social Cristiano señora\n Rosa María Rodríguez Macías y la Comisión\n Jurídica recomienda aceptar la apelación interpuesta\n y disponer la corrección numérica del caso, por\n lo que el Tribunal Supremo Electoral declara a Rosa Rodríguez,\n Concejala del cantón Duran. Que es inadmisible que se\n reconsidere únicamente las candidaturas a Concejal del\n Partido Roldosista Ecuatoriano de las candidatas Consuelo Alvarez\n Zambrano e Hilda Poveda Zavala, lo que hace presumir que han\n existido irregularidades en el análisis jurídico.\n Que el ingeniero Enrique Pita, Vocal del Tribunal Electoral del\n Guayas, según boletín de prensa de 2 de diciembre\n de 2004, manifiesta: "Que del Tribunal Supremo Electoral\n llegó una comunicación en que se modifica los escaños,\n pese a que en Guayaquil no hubo impugnaciones ni apelaciones".\n Que estas declaraciones hacen notar que nadie presentó\n el recurso de queja a la resolución de 25 de noviembre\n sobre la causa No. 002-TSE-2004 en el tiempo y dentro del plazo\n que contempla la Ley. Que el Presidente del Tribunal Electoral\n del Guayas en boletín de prensa de 2 de diciembre de 2004,\n publicado en el diario El Universo, manifiesta que: "El\n Tribunal Supremo Electoral ya había resuelto las apelaciones\n y proclamado ganadores, por lo que los resultados tienen peso\n de' sentencia y no pueden ser revocados. La Ley no se puede tocar\n con una simple mayoría". Que el Vicepresidente del\n Tribunal Supremo Electoral en el mismo boletín de prensa,\n manifiesta que "El recurso de revocatoria (que establece\n el Código Civil, no la Ley de Elecciones) no tiene mayor\n antecedente en la función electoral, porque el pleno estudia\n los casos para determinar si cabe o no jurídicamente".\n Que el Vocal del Tribunal Supremo Electoral, Pedro Pablo Gómez,\n en boletín de prensa de 1 de diciembre de 2004, informó\n que: "La alteración de datos se produjo, en el caso\n de Guayaquil luego de que se ingresaron cerca de 70 actas rezagadas\n (a veces las personas votan en plancha) pero el digitador solo\n le atribuye los votos al primer candidato, nos dimos cuenta del\n error y estamos a la espera de que la ONU nos de una clave para\n ingresar al sistema y corregir la votación"; y el\n mismo Vocal en un segundo boletín de prensa de 2 de diciembre\n de 2004, señala que: "Carlos Pardo, del PRE, fue\n quien pidió la revocatoria en varios cantones". Que\n el ingeniero Pita en boletín de prensa, manifiesta que\n "La mayor cantidad de Actas perdidas, se registra en Duran\n 33 Actas, pero sin que esto afecte al resultado oficial",\n criterio con el que no coincide, debido a que las 33 Actas significan\n 9.900 votos, lo que si produce cambio en la asignación\n de escaños. Que a los recursos presentados ante el Tribunal\n Supremo Electoral, se les dio el trámite correspondiente,\n en virtud de haber detallado con claridad el número de\n las actas faltantes. Que en el recurso de impugnación\n presentado al Tribunal Electoral del Guayas y en el recurso de\n apelación presentado al Tribunal Supremo Electoral, ha\n insistido y presentado documentos por los cuales tiene la convicción\n de que la votación entregada por el Tribunal Electoral\n del Guayas no refleja la verdadera voluntad del sufragante. Que\n según boletín de prensa de 2 de diciembre de 2004,\n el Tribunal Supremo Electoral analizó los recursos de\n revocatoria, los que fueron negados. Que resulta inaceptable\n que luego de haber presentado documentos probatorios, los que\n fueron aceptados por el Tribunal Supremo Electoral, este organismo\n en forma inexplicable y confusa, fuera de todo precepto legal\n rectifique a medias esta resolución. Que el Tribunal Supremo\n Electoral en sesión de 2 de diciembre de 2004, no conoció\n ningún recurso de queja, sino negó todos los recursos\n de revocatoria. Que por considerar que la rectificación\n a la resolución de 2 de diciembre de 2004, se realizó\n mediante decisiones improcedentes y sin sustento y documentación\n legal, fundamentada en el artículo 97 de la Ley Orgánica\n de Elecciones, presenta el recurso de queja.

\n\n

El Presidente del Tribunal Supremo Electoral, en su contestación\n alega improcedencia del derecho a queja, en razón a que\n la Resolución RJE-PLE-TSE-17-25-11-2004 de 25 de noviembre\n de 2004, expedida por el Pleno del Tribunal Supremo Electoral,\n fue debidamente sustanciada, ya que el máximo organismo\n electoral es competente para conocer y resolver el recurso interpuesto,\n de conformidad con el artículo 191 de la Ley de Elecciones.\n Que los artículos 209 de la Constitución y 18 de\n la. Ley de Elecciones otorgan al Tribunal Supremo Electoral la\n potestad absoluta de garantizar y dirigir los procesos electorales\n como una persona jurídica de derecho público que\n gozará de autonomía administrativa y económica\n para el ejercicio del mandato constitucional. Que los procesos\n electorales cuya competencia privativa y excluyente le corresponde\n conocer al Tribunal Supremo Electoral y a los tribunales provinciales\n electorales son los de elección directa y de elección\n indirecta y sus resoluciones adoptadas son de última instancia\n y causan ejecutoria. Que es potestad del Tribunal Supremo Electoral,\n ejecutar y juzgar los actos que son de naturaleza electoral,\n por lo que en base a los artículos 134, 135 y 155, letra\n e) de la Ley de Elecciones, el máximo organismo del 'sufragio\n sancionará a las autoridades, funcionarios o empleados\n públicos extraños a la organización electoral\n que interfieren directa e indirectamente en el funcionamiento\n de los organismos electorales y en el normal desarrollo de los\n procesos electorales. Por lo señalado .solicita se archive\n la queja presentada o se la niegue por improcedente y extemporánea.

\n\n

CONSIDERANDO:

\n\n

PRIMERO.- La Sala es competente para conocer y resolver el\n presente caso de conformidad con lo que disponen los artículos\n 276, número 7 de la Constitución, 97 de la Ley\n de Elecciones y 62 de la Ley del Control Constitucional;

\n\n

SEGUNDO.- Que, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna\n por lo que se declara la validez del proceso;

\n\n

TERCERO.- Que, la presente queja se interpuso el día\n 7 de diciembre de 2004, esto es, dentro del plazo previsto en\n el inciso segundo del artículo 97 de la Ley de Elecciones,\n toda vez que el acto materia de este recurso fue emitido el día\n 2 de diciembre de 2004;

\n\n

CUARTO.- Que, al Tribunal Supremo Electoral, como organismo\n constitucionalmente encargado del ejercicio de la justicia electoral,\n le corresponde organizar, dirigir, vigilar y garantizar los procedimientos\n electorales, atribuciones que se señalan en la ley, tal\n como lo dispone el artículo 209 de la Constitución;

\n\n

QUINTO.- Que, si bien la recurrente no concreta su petición,\n la Sala hacer presente que el recurso de queja previsto en el\n artículo 97 de la Ley de Elecciones tiene por finalidad\n "que el organismo competente sancione a los vocales del\n Tribunal Provincial Electoral o del Tribunal Supremo Electoral,\n según el caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso\n final del artículo anterior", esto es, que en el\n caso de que el Tribunal Supremo Electoral no resolviera el recurso\n dentro del plazo indicado, el Tribunal Constitucional impondrá\n a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, la sanción\n de suspensión de los derechos políticos por un\n año, lo que no ocurre en la especie;

\n\n

SEXTO.- Que, el recurso de queja procede: a) Por incumplimiento\n de la ley, los reglamentos y las resoluciones por parte de los\n tribunales provinciales electorales o del Tribunal Supremo Electoral;\n y, b) Por las infracciones a las leyes, los reglamentos o las\n resoluciones por parte de los vocales de los tribunales provinciales\n electorales o del Tribunal Supremo Electoral. En la especie,\n no sólo que la peticionaria no concreta si el incumplimiento\n o la infracción de la normatividad en la -materia fue\n cometido por el Tribunal Supremo Electoral, como órgano\n colegiado, o sus vocales, sino que no determina qué clase\n de infracción o incumplimiento se ha cometido en su caso,\n limitándose a señalar que el hecho de que se hayan\n reconsiderado sólo candidaturas del Partido Roldosista\n Ecuatoriano le "hace presumir que han existido irregularidades\n en el análisis jurídico y lo que ha llevado a no\n actuar de acuerdo con lo que establece la ley";

\n\n

SÉPTIMO.- Que, en definitiva, no existe fundamento\n ni determinación del objeto para el que se ha previsto\n este recurso de queja en la Ley de Elecciones, lo que lo torna\n improcedente.

\n\n

Por las consideraciones que anteceden, la Primera Sala del\n Tribunal Constitucional,

\n\n

Resuelve:

\n\n

1. Negar, por improcedente, el recurso de queja interpuesto\n por la señora Consuelo Emperatriz Álvarez Zambrano.
\n
\n 2. Publicar esta resolución en el Registro Oficial.- Notifíquese".

\n\n

f.) Dr. Carlos Julio Arosemena Peet, Presidente, Primera Sala.

\n\n

f.) Dr. Estuardo Gualle Bonilla, Vocal, Primera Sala.

\n\n

f.) Dr. Genaro Eguiguren Valdivieso, Vocal, Primera Sala.

\n\n

Razón: Siento por tal que la resolución que\n antecede fue aprobad por la Primera Sala del Tribunal Constitucional,\n el diecisiete de febrero de dos mil cinco.- Lo certifico.

\n\n

f.) Dra. Anacélida Burbano Játiva, Secretaria,\n Primera Sala.

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del\n original.- Quito, a 23 de febrero del 2005.- f.) Secretario de\n la Sala.

\n\n

Magistrado ponente: Dr. Genaro Eguiguren Valdivieso

\n\n

No. 0727-04-RA

\n\n

PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL
\n CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso signado con el No. 0727-04-RA

\n\n

ANTECEDENTES:

\n\n

Los señores Daniel Silva Zaldumbide, Galo Jiménez,\n Guillermo Cabrera Quintero, Franklin Lemos Quiroz, y otros, ex-trabajadores\n de la Refinería Estatal de Esmeraldas, perteneciente a\n la Filial de Petroindustrial, comparecen ante el Juez de lo Civil\n de Esmeraldas y proponen acción de amparo constitucional,\n en contra del Vicepresidente de Petroindustrial y manifiestan:

\n\n

Que desde hace m&

 

Change password



Loading..