Registro Oficial. 9 de NOVIEMBRE del 2004 Suplemento

Martes, 09 de noviembre de 2004

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE\n NOVIEMBRE DEL 2004
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Martes, 9 de noviembre del 2004 - R. O. No. 457

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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SUPLEMENTO

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DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR
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ACUERDO\n DE CARTAGENA

\n\n

RESOLUCIONES:

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CAATA\n XII-107 Sobre\n la Implementación de las Enmiendas (12-XII-2002) al Convenio\n SOLAS, 74 y en especial del Código Internacional para\n la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias\n (Código PBIP).

\n\n

830\n Por la cual\n se resuelven los recursos de reconsideración presentados\n por el Gobierno de Colombia y por el apoderado de las empresas\n BASF Química Colombiana S.A., Coljap S.A., Proficol S.A.,\n Barpen Internacional S.A., Syngenta S.A., Dow Agrosciences de\n Colombia S.A., Bayer Cropscience S.A., Dupont de Colombia S.A.\n y Compañía Agrícola Colombiana S.A., contra\n la Resolución 798 de la Secretaría General que\n contiene el Dictamen 01-2004 de Incumplimiento por parte del\n Gobierno de Colombia de la Decisión 436 y de la Resolución\n 630 de la Secretaría General.

\n\n

831\n Dictamen 08-2004\n de incumplimiento por parte de la República de Bolivia,\n a los artículos 4 del Tratado de Creación del Tribunal\n de Justicia de la Comunidad Andina y 34 de la Resolución\n 432 de la Secretaría General, al no resolver dentro del\n plazo máximo de 90 días calendario, solicitudes\n de intervención relativas a interconexión de redes\n de telecomunicaciones

\n\n

832 Precios de Referencia del Sistema\n Andino de Franjas de Precios para la segunda quincena de junio\n del 2004, correspondientes a la Circular No 222 del 2 de junio\n del 2004.

\n\n

DECISIONES:

\n\n

578 Régimen para evitar\n la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal.

\n\n

579\n Modificación\n de la Decisión 371 (Traslado de las carnes de pollo sin\n trocear de la franja del Maíz Amarillo a la franja de\n los Trozos de Pollo del Sistema Andino de Franjas de Precios)..

\n\n

580\n Modificación\n de la Decisión 535 y otras disposiciones.

\n\n

581 Presupuesto del Tribunal de\n Justicia de la Comunidad Andina para el año 2004.

\n\n

582 Transporte Aéreo en\n la Comunidad Andina.

\n\n

ORDENANZA\n MUNICIPAL:

\n\n

-\n Gobierno Municipal del Cantón San José de Chimbo:\n Que regula la\n estructura tarifaria y el cobro de la tasa por la prestación\n del servicio de alcantarillado.\n

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CAATA No XII-107

\n\n

ACUERDO DE CARTAGENA

\n\n

SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS\n ENMIENDAS (12-XII-2002) AL CONVENIO SOLAS, 74 Y EN ESPECIAL DEL\n CÓDIGO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS\n BUQUES Y DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS (CÓDIGO PBIP)

\n\n

CONSIDERANDO:

\n\n

Que los Países Miembros de la Comunidad Andina son\n partes contratantes del Convenio Internacional para la Seguridad\n de la Vida Humana en el Mar (SOLAS, 74);

\n\n

Que la Resolución 2 de la Conferencia de los gobiernos\n contratantes del Convenio SOLAS, 74 adoptó el 12-XII-\n 2002 las enmiendas relativas a las medidas especiales para incrementar\n la seguridad y protección marítima con el nuevo\n Capítulo XI-2;

\n\n

Que las enmiendas del nuevo Capítulo XI-2 del Convenio\n SOLAS, 74 contiene a su vez el Código Internacional para\n la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias\n (PBIP), el mismo que exige que los buques, las compañías\n y las instalaciones portuarias cumplan obligatoriamente las prescripciones\n pertinentes de la parte "A" de ese código, cuyo\n plazo de implementación vence el 1 de julio del 2004;

\n\n

Que en la parte "B" del Código PBIP se encuentran\n las orientaciones relativas a la implementación de las\n disposiciones del Capítulo XI-2 del anexo del Convenio\n SOLAS, enmendado y de la parte "A" de dicho código;

\n\n

Que el Comité Andino de Autoridades de Transporte Acuático\n (CAATA), recomendó a los Países Miembros velar\n y tomar las acciones necesarias para la aplicación armonizada\n de esta norma internacional fundamental para la seguridad y desarrollo\n de las actividades marítimas y portuarias de la región\n andina;

\n\n

Que la implementación del Código PBIP requiere\n la formación y contratación de personal altamente\n calificado y la adquisición de equipos, lo que representará\n un alto impacto económico al transporte marítimo\n y servicios portuarios de los Países Miembros;

\n\n

Que es necesario un trabajo mancomunado de las autoridades\n andinas para detectar y prevenir los actos de sabotaje, terrorismo\n y piratería que pueden causar serios impactos en las instalaciones\n portuarias, los buques, el medio ambiente y la vida humana, y\n para adoptar las medidas preventivas contra tales sucesos; y,

\n\n

Que el incumplimiento de las disposiciones del Código\n PBIP traería como resultado que puertos y buques de nuestros\n países que no sean calificados, estarían impedidos\n de atender el servicio del comercio exterior, lo cual traería\n un enorme perjuicio para la economía de los países\n de la región,

\n\n

Resuelve:

\n\n

1. Instar a las autoridades gubernamentales de los Países\n Miembros de la Comunidad Andina, para que otorguen el apoyo en\n los recursos necesarios para el cumplimiento de las acciones\n destinadas a la implementación del Código Internacional\n para la Protección de los Buques y de las Instalaciones\n Portuarias (PBIP), a que se refiere la parte considerativa de\n esta resolución.

\n\n

2. Fomentar la más estrecha cooperación entre\n las autoridades y organismos gubernamentales nacionales, regionales\n y locales, con los sectores naviero y portuario, a fin de detectar\n los riesgos a la protección y adoptar las medidas necesarias\n contra los sucesos que afecten a los buques o instalaciones portuarias\n utilizadas para el comercio.
\n 3. Adaptar las normas del referido código a la realidad\n y condiciones específicas de las administraciones marítimas\n y de los sectores navieros y portuarios de los Países\n Miembros, con el objeto de garantizar una mayor protección\n marítima y portuaria a nivel nacional e internacional.

\n\n

4. Las autoridades que conforman el Comité Andino de\n Autoridades de Transporte Acuático (CAATA) trabajarán\n con una política comunitaria permanente para la implementación\n y cumplimiento del Código PBIP.

\n\n

5. Gestionar la cooperación de la ROCRAM, CIP-OEA y\n de otros organismos internacionales para el apoyo en la capacitación,\n cooperación técnica y financiamiento para la implantación\n del Código PBIP.

\n\n

6. El Comité Andino de Autoridades de Transporte Acuático\n (CAATA) solicita a la Secretaría General de la Comunidad\n Andina, la publicación de la presente resolución\n en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena y divulgación\n en las páginas web correspondientes.

\n\n

Dada en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, a los\n 31 días del mes de octubre del 2003.

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No 830

\n\n

ACUERDO DE CARTAGENA

\n\n

Por la cual se resuelven los recursos de reconsideración\n presentados por el Gobierno de Colombia y por el apoderado de\n las empresas BASF Química Colombiana S.A., Coljap S.A.,\n Proficol S.A., Barpen Internacional S.A., Syngenta S.A., Dow\n Agrosciences de Colombia S.A., Bayer Cropscience S.A., Dupont\n de Colombia S.A. y Compañía Agrícola Colombiana\n S.A., contra la Resolución 798 de la Secretaría\n General que contiene el Dictamen 01-2004 de Incumplimiento por\n parte del Gobierno de Colombia de la Decisión 436 y de\n la Resolución 630 de la Secretaría General.

\n\n

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

\n\n

VISTOS: El artículo 30 literal a) del Acuerdo de Cartagena,\n los artículos 4° y 23° del Tratado de Creación\n del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Decisión\n 425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores,\n la Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad\n Andina y la Resolución 630 de la Secretaría General;\n la Resolución 798 de la Secretaría General que\n contiene el Dictamen de Incumplimiento 01-2004; y,

\n\n

CONSIDERANDO: Que, mediante Resolución 798, publicada\n en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No 1036 del 19\n de febrero del 2004 que contiene el Dictamen de Incumplimiento\n 01-2004, la Secretaría General determinó que el\n Gobierno de Colombia ha incurrido en incumplimiento del ordenamiento\n jurídico andino, en especial de la Decisión 436\n y de la Resolución 630 de la Secretaría General:

\n\n

a) Al establecer mediante el artículo 12 literal B),\n numeral 5 de la Resolución 770 del Instituto Colombiano\n Agropecuario (ICA), entre los requisitos técnicos para\n el registro o revaluación de plaguicidas químicos\n de uso agrícola, un plazo de diez (10) años de\n antigüedad del informe de ensayo de eficacia referente al\n producto formulado, lo cual difiere con lo establecido en la\n normativa comunitaria; y,

\n\n

b) Al establecer mediante el artículo 7 del Decreto\n 502 del 2003 categorías para el registro nacional de plaguicidas\n químicos de uso agrícola y señalar como\n requisito para el registro las formulaciones con base en un ingrediente\n activo grado técnico, modificando lo establecido en la\n normativa andina que se basa únicamente en el ingrediente\n activo;

\n\n

Que, mediante comunicación de fecha 24 de marzo del\n 2004, el señor Ernesto Cavelier Franco comunicó\n su renuncia a los poderes otorgados por las empresas BASF Química\n Colombiana S.A., Syngenta S.A., Compañía Agrícola\n LTDA. & CÍA. S.C.A., Dupont de Colombia S.A. y Dow\n Agrosciencies de Colombia S.A. para ejercer su representación\n en el procedimiento de incumplimiento por parte del Gobierno\n de Colombia de la Decisión 436 y la Resolución\n 630 seguido ante la Secretaría General;

\n\n

Que, mediante comunicación del Ministerio de Comercio,\n Industria y Turismo de Colombia de fecha 2 de abril de 2004,\n recibida por la Secretaría General el 5 de abril de 2004,\n el Gobierno de Colombia interpuso recurso de reconsideración\n contra la Resolución 798 señalando que la Resolución\n 770 del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) fue derogada\n expresamente por la Resolución 3957 del 16 de diciembre\n de 2003 que "(...) en el tema concreto del término\n de antigüedad del informe de ensayo de eficacia referente\n al producto formulado, se remitió de manera expresa a\n la normatividad andina (...) razón por la cual, carece\n de fundamento el incumplimiento declarado. ";

\n\n

Que, adicionalmente, el Gobierno de Colombia señaló\n en relación al incumplimiento derivado de la aplicación\n del artículo 7 del Decreto 502 del 2003, que las categorías\n establecidas en los numerales 1 y 2 del mencionado artículo\n no contravienen la normativa andina. En sustento de dicha afirmación\n el Gobierno de Colombia indicó lo siguiente:

\n\n

a) Tanto en la Decisión 436, así como en el\n Manual Técnico existe una expresa referencia al "ingrediente\n activo grado técnico" y no al "ingrediente activo"\n para efectos del análisis de riesgo.

\n\n

b) Lo señalado por la Secretaría General en\n su Dictamen de Incumplimiento sólo se entiende de la lectura\n aislada del pie de página de la Sección 2 del Manual\n Técnico, que se refiere a la información requerida\n del ingrediente activo grado técnico y no del ingrediente\n activo.

\n\n

c) Los requisitos exigidos en los numerales 1.9 al 1.12 del\n Manual Técnico se ajustan a la definición del ingrediente\n activo grado técnico y sólo los establecidos en\n los numerales 1.1 al 1.8 se refieren al ingrediente activo.

\n\n

d) No es posible suprimir los requisitos exigidos por el Anexo\n 2 de la Decisión 436 y la Sección 2 del Manual\n Técnico correspondientes al ingrediente activo grado técnico,\n dado que éstos permiten una "(...) mayor protección\n a la salud y al ambiente al exigir el grado de pureza, identificar\n isómeros y las impurezas que resultan inevitablemente\n del proceso de fabricación del ingrediente activo.";

\n\n

Que, con fecha 5 de abril del 2004, el apoderado de las empresas\n BASF Química Colombiana S.A., Coljap S.A., Proficol S.A.,\n Barpen Internacional S.A., Syngenta S.A., Dow Agrosciences de\n Colombia S.A., Bayer Cropscience S.A., Dupont de Colombia S.A.\n y Compañía Agrícola Colombiana S.A., presentó\n recurso de reconsideración contra la Resolución\n 798 de la Secretaría General solicitando la revocatoria\n parcial y modificación de la parte resolutiva de dicha\n resolución, bajo las siguientes consideraciones:

\n\n

a) Existe una errónea referencia normativa en la parte\n resolutiva de la Resolución 789, debido a que la norma\n que dispone la antigüedad del informe del ensayo de eficacia\n del producto formulado es el numeral 5) del literal b) del artículo\n 17 de la Resolución 770 del ICA de acuerdo a la última\n versión publicada en el Diario Oficial de Colombia.

\n\n

b) El Gobierno de Colombia habría incurrido en un incumplimiento\n objetivo de sus obligaciones de no hacer de conformidad con el\n artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal\n de Justicia de la Comunidad Andina "a/ adoptar la Ley 822\n de 2003, la Resolución 3759 ICA del 2003, que derogó\n a la 770 ICA de 2003 objeto de la denuncia, las Resoluciones\n 1550, 1551 y 2899 de 2001, y el Decreto 459 de 2000, normas que\n pretenden regular requisitos y procedimientos de registro de\n PQUA genéricos, esto es con ingrediente activo ya registrado\n en el país, cuando la Decisión 436 y la Resolución\n 630 específicamente regulan esas mismas materias. ".

\n\n

c) La Secretaría General habría dejado de resolver\n asuntos sometidos a su consideración debido a que no analizó\n la totalidad de las pretensiones ni cargos formulados en el escrito\n de denuncia. Indicó que "(...) en el texto de la\n Resolución 798, la Secretaría General no analizó\n si la conducta denunciada de las autoridades colombianas correspondía\n o no a un incumplimiento flagrante u objetivo: si con ello se\n incumplieron o no los artículos I y 4 del Tratado de Creación\n del Tribunal, y en especial de las obligaciones de no hacer;\n y si las demás 'medidas' colombianas acusadas generaban\n dicho incumplimiento.".

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d) Respecto a la denuncia de las medidas aplicadas mediante\n el Decreto 459 del 2000, Resoluciones 1550 y 1551 del 2001 del\n Ministerio de Salud de Colombia y la Resolución 2899 del\n ICA, la Secretaría General se habría limitado a\n indicar que las mismas fueron emitidas con anterioridad a la\n entrada en vigencia de la Decisión 436, lo que resultaría\n contrario a lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal\n de Justicia de la Comunidad Andina, ya que dicha clase de conductas\n resultarían ser peligrosas para el proceso de integración\n andino.

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e) La Secretaría General, a pesar de reconocer el contenido\n y finalidad del principio de complemento indispensable', no lo\n aplica correctamente con respecto a la Ley 822 del 2003 denunciada\n por ser una norma "(...) frente a la cual es notoria la\n vulneración de los requisitos y procedimientos de registro\n de PQUA con ingrediente activo ya registrado, (...)".

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f) De conformidad con lo dispuesto en el Tratado de Creación\n del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Decisión\n 425 y la jurisprudencia del Tribunal, correspondía a la\n Secretaría General -aun cuando la denuncia fuera incompleta-\n analizar de oficio el fondo y la totalidad de las medidas puestas\n a su conocimiento y consideración.

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g) La Secretaría General debería basar el análisis\n de los fundamentos y cargos de la denuncia en concordancia con\n la Sentencia 137-IP-2003 mediante la cual el Tribunal Andino\n señala que la Decisión 436 y el manual técnico\n fueron adoptados en razón del interés subregional\n de mejorar el nivel de vida de sus habitantes a través\n de la seguridad alimentaria y la salud de las personas. Asimismo\n afirma que de acuerdo a dicha Sentencia "las autoridades\n colombianas no tenían ni tienen, facultad alguna de adoptar\n 'medidas' encaminadas a establecer requisitos y procedimientos\n de registro y control de PQUA, cosa que efectivamente hacen las\n disposiciones acusadas (...).".

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h) En concordancia con la Sentencia 137-IP-2003, que reconoce\n la importancia del sistema de registro de los plaguicidas químicos\n de uso agrícola, de la evaluación del riesgo toxicológico\n y del riesgo ambiental para preservar la vida, la salud y el\n medio ambiente en la subregión, "los artículos\n 4 de la Ley 822 y 18 de la Resolución 3759 ICA del 2003,\n que derogó el artículo 17 de la Resolución\n 770 ICA del 2003, incumplen el régimen de registro de\n PQUA contenido en las normas andinas, al permitir la expedición\n del registro nacional para productos genéricos, sin necesidad\n de contar con dictamen técnico lexicológico previamente\n expedido por el Ministerio de Protección Social. ".

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i) El artículo 18 de la Resolución 3759 ICA\n del 2003 vulnera lo establecido respecto al régimen de\n registro para plaguicidas químicos de uso agrícola\n con ingrediente activo ya registrado, contenido en los artículos\n 17, 18 y 19, y en el Anexo 2 de la Decisión 436, así\n como de la Sección 2 de la Resolución 630 de la\n Comunidad Andina que contiene los requisitos que debe cumplir\n cada solicitud de registro, debido a que "este artículo\n faculta al ICA para expedir el dictamen técnico toxicológico\n o un acto administrativo que convalide su uso, sustituyendo así\n el análisis toxicológico de la solicitud de registro\n del PQUA genérico al Ministerio de Protección Social\n y para avalar dictámenes técnicos toxicológicos,\n lo que le permite determinar casi discrecionalmente en qué\n casos debe hacer análisis sobre las impurezas y aditivos.\n ".

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j) Finalmente, en relación al artículo 17 de\n la Resolución 770 ICA de 2003 indicó que "Es\n evidente que el ICA, (...), eliminó para el registro de\n PQUA con ingrediente activo ya registrado, todos los requisitos\n de registro relacionados con el análisis sobre los riesgos\n ambientales, con lo cual indudablemente está ocasionando\n un grave peligro sobre el medio ambiente, y por supuesto, a través\n de este grave peligro, está generando una grave amenaza\n sobre la vida y la salud de las personas, y sobre el ambiente\n y con ello además, está desvirtuando la esencia\n de tutela preventiva del sistema de registro de PQUA contenido\n en las normas andinas.";

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Que, una vez expuestos los argumentos contenidos en los recursos\n de reconsideración presentados por el Gobierno de Colombia\n y el apoderado de las empresas denunciantes, corresponde a la\n Secretaría General pronunciarse sobre los mismos:

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1. Delimitación del objeto del procedimiento que culminó\n con el Dictamen 01-2004.

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El apoderado de las empresas denunciantes manifestó\n en su recurso de reconsideración que "la Secretaría\n General dejó de resolver asuntos sometidos a su competencia,\n planteados dentro de la denuncia de incumplimiento instaurada\n por la República de Colombia, incumpliendo la obligación\n legal que le corresponde en virtud del artículo 4 de la\n Decisión 425 de la Comisión de la Comunidad Andina\n (...). En el presente caso, esta obligación no fue debidamente\n ejercida con motivo de la expedición de la Resolución\n 798, ya que la Secretaría General no analizó la\n totalidad de pretensiones ni la totalidad de los cargos de incumplimiento\n contenidos en los fundamentos de derecho de las denuncias presentadas\n el 11 de abril de 2003 (adicionada mediante escrito recibido\n por la Secretaría General el 2 de julio de 2003), y en\n la denuncia presentada el 15 de septiembre de 2003, (...)".

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Al respecto, la Secretaría General observa que el procedimiento\n que culminó con la expedición del Dictamen 01-2004,\n se tramitó de conformidad con lo dispuesto en el artículo\n 23 del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,\n que faculta a este órgano comunitario a emitir una nota\n de observaciones cuando "considere" que un País\n Miembro haya incurrido en incumplimiento, para lo cual tomó\n en cuenta las conductas que -a juicio de la Secretaría\n General- podrían constituir incumplimientos al ordenamiento\n jurídico andino y que fueron denunciadas por las empresas\n BASF Química Colombiana S.A., Coljap S.A., Proficol S.A.,\n Barpen Internacional S.A., Syngenta S.A., Dow Agrosciences de\n Colombia S.A., Bayer Cropscience S.A., Dupont de Colombia S.A.\n y Compañía Agrícola Colombiana S.A.

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La Secretaría General se abstuvo de iniciar un procedimiento\n al amparo del artículo 25 del Tratado del Tribunal, debido\n a que las empresas denunciantes carecían de un derecho\n subjetivo que las legitime para actuar ante la Secretaría\n General. En efecto, tal como lo ha expuesto el Tribunal de Justicia\n en su auto 75-AI-2001 de 29 de mayo del 2002 "la legitimación\n para ejercer la acción de incumplimiento exige la existencia\n de una relación de identidad entre el titular del derecho\n subjetivo y el de la acción, de modo que ésta sólo\n puede ser ejercida por quien se afirme titular de aquél".\n En este sentido, el Tribunal ha definido que "el derecho\n subjetivo presupone la existencia de una relación jurídica\n en cuyo ámbito el titular del interés sustancial,\n tutelado por el orden normativo, ocupa una posición de\n ventaja frente a otro sujeto que se halla obligado a ejecutar\n una prestación dirigida específicamente a la satisfacción\n del interés del primero. En este contexto, el hecho constitutivo\n de la inejecución de la prestación debida, por\n parte del País Miembro obligado, configura una situación\n de hecho que, al tiempo de infringir el orden normativo, lesiona\n el derecho subjetivo de su titular y, en consecuencia, lo legitima\n para formular, en sede judicial, una pretensión dirigida\n a declarar cierto el incumplimiento demandado, a ordenar el restablecimiento\n del orden normativo infringido, y, a diferencia de la acción\n de nulidad, a obtener, en las condiciones previstas en el artículo\n 30 del Tratado de Creación del Tribunal, la reparación\n de la lesión y, por esta vía, la satisfacción\n de su derecho". A esta jurisprudencia cabe agregar que el\n Tribunal ha considerado que "la titularidad de derechos\n subjetivos constituye la situación más restringida\n en materia de legitimación activa, en razón de\n que, como en el Derecho privado, se requiere que ésta\n derive de expresas normas de relación preexistentes"\n (sentencia 4-AN-97 de 17 de agosto de 1998).

\n\n

En el caso concreto, las conductas denunciadas por las empresas\n ahora recurrentes constituyen normas del ordenamiento interno\n colombiano que se caracterizan por ser generales y abstractas,\n y no estar dirigidas a destinatarios específicos. Dichas\n conductas se encuentran en normas de acción y no de relación,\n en los términos de la jurisprudencia andina, por lo que\n no podrían afectar de manera directa e individual (subjetiva)\n las relaciones entre el Estado colombiano y las empresas denunciantes.\n Si bien puede afirmarse que las empresas denunciantes son titulares\n de un interés legítimo para impugnar por la vía\n comunitaria las normas colombianas, en la medida en que se encuentran\n una "especial situación de hecho, la que provoca\n que su esfera jurídica individual se vea más afectada\n por los actos de la Administración irregularmente dictados,\n que aquella de las personas naturales o jurídicas que\n no se encuentren en similar situación de hecho (sentencia\n 4-AN- 97)"; dicha legitimación, sin embargo, es "suficiente\n para ejercer la acción de nulidad, pero no bastante para\n ejercer la de incumplimiento" (auto 75-AI-2000 citado).

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Tomando en cuenta lo anterior, y en cumplimiento de la función\n que le corresponde de velar por el cumplimiento del ordenamiento\n jurídico andino, la Secretaría General formuló\n una nota de observaciones, como se ha dicho, en aplicación\n de lo dispuesto por el artículo 23 del Tratado del Tribunal.

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De acuerdo con lo señalado en la jurisprudencia andina\n "el supuesto previsto en el artículo 23 del Tratado\n se encuentra condicionado a que la Secretaría General\n 'considere' que un País Miembro haya incurrido en una\n infracción del ordenamiento jurídico comunitario,\n con lo cual se evidencia la amplia facultad de que dispone el\n órgano ejecutivo de la comunidad para apreciar si ha existido\n un incumplimiento y para estimar la conveniencia y oportunidad\n de emprender el procedimiento, independientemente de que la contravención\n haya sido detectada de oficio, o por informaciones o denuncias\n provenientes de otros Países Miembros o de particulares,\n sean o no perjudicados por la medida o la conducta acusada"\n (sentencia 51-AI-2000 de 16 de noviembre del 2001).

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La Secretaría General, en ejercicio de sus poderes\n discrecionales para apreciar si ha existido un incumplimiento\n y para estimar la conveniencia y oportunidad de emprender el\n procedimiento, a través de la correspondiente nota de\n observaciones, delimitó el objeto de la investigación\n a las siguientes conductas:

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1. Se identificó una posible contradicción entre\n lo establecido en el Anexo 2 de la Decisión 436 referido\n a los Requisitos Técnicos para el Registro o Revaluación\n de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola, los mismos\n que se encuentran definidos en el Manual Técnico contenido\n en la Resolución 630; y el artículo 12, literal\n B), numeral 5 de la Resolución 770 del 2002 del ICA. En\n ese sentido, la norma andina para los datos sobre aplicación\n del producto formulado establece que los ensayos de eficacia\n realizados en un país no podrán tener una antigüedad\n mayor a 5 años; sin embargo la norma nacional colombiana\n señala que para los ensayos de eficacia deberán\n describirse los resultados que no tengan más de 10 años\n de realizados a la fecha de la solicitud, y se solicitará\n efectuar los ensayos cuando se haya reportado pérdida\n de la eficacia, cuando se hayan identificado riesgos adicionales\n que requieran una nueva evaluación de beneficios y cuando\n se quieran registrar nuevos usos.

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2. A través del artículo 7 del Decreto 502 del\n 2003 el Gobierno de Colombia estaría estableciendo categorías\n para el registro de plaguicidas químicos de uso agrícola,\n lo que resulta contrario a la Decisión 436 que establece\n la obligatoriedad del registro nacional de plaguicidas de uso\n agrícola a efectos de realizar actividades de fabricación,\n formulación, importación, exportación, envasado\n o distribución de un plaguicida químico de uso\n agrícola, entre los requisitos para el registro establece\n que la persona natural o jurídica deberá presentar\n a la autoridad competente una solicitud conforme al formato contenido\n en el Anexo 3a, adjuntando al mismo los datos aplicables a los\n requisitos técnicos señalados en el Anexo 2 de\n dicha decisión de acuerdo con lo establecido en el manual\n técnico. Dentro de los requisitos señalados en\n el manual técnico se encuentra que para los productos\n con ingrediente activo sin registro nacional la autoridad nacional\n competente solicitará el Informe de Estudio (IE) o Estudio\n (E) y para los productos con ingrediente activo con registro\n nacional la autoridad nacional competente solicitará el\n Informe Descriptivo (ID). Sólo para la evaluación\n de riesgo ambiental se aceptará la información\n desarrollada con el ingrediente activo grado técnico.

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3. Adicionalmente, se consideró que los siguientes\n dispositivos internos emitidos por el Gobierno de Colombia estarían\n vulnerado la normativa andina debido a que estarían adoptando\n requisitos y procedimientos para el registro y control de plaguicidas\n químicos de uso agrícola, los cuales ya se encuentran\n previstos en la normativa andina, asimismo se estarían\n adoptando definiciones, requisitos y procedimientos de registro\n diferentes a los contemplados en la Decisión 436 y el\n Manual Técnico:

\n\n

· Ley 822 del 2003: Artículos 1, 2, 3, 4, 6\n y 7.

\n\n

· Decreto 459 del 2000 del Ministerio de Salud:

\n\n

Artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

\n\n

· Resolución 1550 del 2001 del Ministerio de\n Salud:

\n\n

Artículos 1, 2, 3 y 4.

\n\n

· Resolución 1551 del 2001 del Ministerio de\n Salud:

\n\n

Artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

\n\n

· Resolución 2899 del 2001 del ICA: Artículos\n 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

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Sobre dichas consideraciones, la Secretaría General\n emitió la Resolución 798, publicada en la Gaceta\n Oficial del Acuerdo de Cartagena No 1036 del 19 de febrero del\n 2004 que contiene el Dictamen de Incumplimiento 01-2004, al observar\n que el Gobierno de Colombia había incurrido en incumplimiento\n de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento\n jurídico andino al establecer mediante el artículo\n 12 literal B), numeral 5 de la Resolución 770 del Instituto\n Colombiano Agropecuario (ICA), entre los requisitos técnicos\n para el registro o revaluación de plaguicidas químicos\n de uso agrícola, un plazo de diez (10) años de\n antigüedad del informe de ensayo de eficacia referente al\n producto formulado, lo cual difiere con lo establecido en la\n normativa comunitaria; y mediante el artículo 7 del Decreto\n 502 del 2003 categorías para el registro nacional de plaguicidas\n químicos de uso agrícola y señalar como\n requisito para el registro las formulaciones con base en un ingrediente\n activo grado técnico, modificando lo establecido en la\n normativa andina que se basa únicamente en el ingrediente\n activo.

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2. Sobre las consideraciones formuladas por el Gobierno de\n Colombia en su Recurso de Reconsideración

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2.1 Incumplimiento dictaminado por la Secretaría General\n referido a la aplicación de la Resolución 770 del\n Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).- El Gobierno de Colombia\n señaló que dicha norma fue derogada expresamente\n por la Resolución 3957 del 16 de diciembre del 2003, en\n ese sentido carecía de objeto el incumplimiento declarado.

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Al respecto, debe señalarse que la Secretaría\n General con su pronunciamiento no buscaba sancionar la sola emisión\n de la norma interna colombiana sino la conducta recogida en dicha\n disposición normativa, que evidencia una contravención\n a los principios generales de buena fe y cooperación leal,\n contrarias al ordenamiento jurídico andino.

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La acción de incumplimiento es un mecanismo jurídico\n previsto por el sistema andino que permite ejercer un control\n sobre la conducta de los Países Miembros respecto de las\n obligaciones de hacer y de no hacer asumidas en el marco del\n ordenamiento jurídico andino. Tal como señala Uribe\n Restrepo1, la acción de incumplimiento procura la eficacia\n en el cumplimiento de los compromisos comunitarios y no tan sólo\n su acatamiento aparente o formal. Se trata de un proceso esencialmente\n objetivo, en el que no se discute la titularidad o el reconocimiento\n de derechos subjetivos, menos aún daños causados\n o su eventual reparación por la irregular actuación\n de los Países Miembros, sino exclusivamente la observancia\n del Derecho Comunitario.

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En ese sentido, en el cumplimiento de las obligaciones de\n hacer y de no hacer a las que se refiere el artículo 4\n del Tratado del Tribunal, debe tenerse en cuenta el principio\n de buena fe, sobre el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad\n Andina ha considerado que:

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"La buena fe o bona fides al lado de otros conceptos\n como el de equidad, la sanción del abuso del derecho y\n del enriquecimiento sin justa causa, constituye uno de los principios\n generales del derecho que como tal debe informar no sólo\n las relaciones contractuales sino cualquier actuación\n en la vida de relación. Se trata de un postulado sin excepción\n alguna que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y\n en el que se legitima el reproche a cualquier conducta que de\n él se aparte. Es un concepto con vocación universal,\n pero dinámico en cuanto responde a los esquemas éticos,\n políticos y sociales de cada momento histórico.

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La buena fe es concebida subjetivamente como la convicción\n o conciencia de no perjudicar a otro, o de no defraudar la ley.\n La buena fe implica ajustar totalmente la conducta a las pautas\n del ordenamiento jurídico y es, en definitiva, la conciencia\n de la legitimidad del obrar o del accionar de una persona"\n (sentencia de 8 de mayo de 1998, emitida en el proceso 30-IP-97).

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Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior,\n la Secretaría General observa que en efecto la

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Resolución 3759 del Instituto Colombiano Agropecuario,\n publicada en el Diario Oficial 45.407 del 16 de diciembre del\n 2003, en su artículo 35 derogó de manera expresa\n la Resolución 770 y mediante su artículo 16 literal\n B) numeral 5 referido a los datos sobre aplicación del\n producto formulado se remite al procedimiento establecido en\n el Manual Técnico. En ese sentido, corresponde señalar\n que la conducta identificada como incumplimiento dictaminado\n mediante el literal a) del artículo 1 de la Resolución\n 798 de la Secretaría General ha sido subsanada por el\n Gobierno de Colombia.

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2.2 El incumplimiento dictaminado por la Secretaría\n General referido a la creación de categorías

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1 URIBE RESTREPO, Femando. El Derecho de la Integración\n en el Grupo Andino. Quito: Tribunal de Justicia del Acuerdo de\n Cartagena, 1990, p. 153.
\n establecidas en los numerales 1 y 2 del artículo 7 del\n Decreto 502.- El Gobierno de Colombia señaló que\n éstas no contravienen la normativa andina en tanto la\n Decisión 436 y el Manual Técnico establece una\n referencia expresa al "ingrediente activo grado técnico"\n y no al "ingrediente activo" para efectos del análisis\n de riesgo y la interpretación realizada por la Secretaría\n General sólo se estaría basando en la lectura aislada\n del pie de página de la Sección 2 del Manual Técnico,\n que se refiere a la información requerida del ingrediente\n activo grado técnico y no del ingrediente activo.

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Al respecto, mediante la Resolución 798 la Secretaría\n General señaló que "(...) el artículo\n 7 del Decreto 502 del 2003 ha categorizado los requisitos técnicos\n exigidos por la normativa andina que debe tener en cuenta la\n autoridad nacional competente para registrar plaguicidas químicos\n de uso agrícola y en elfos ha incluido los plaguicidas\n químicos de uso agrícola formulados con base en\n un ingrediente activo grado técnico con o sin registro\n anterior en el país, cuando la Decisión 436 y el\n Manual Técnico en el tema específico de registro\n se refieren a productos con ingrediente activo sin registro nacional\n y productos con ingrediente activo con registro nacional".

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En el Anexo 2 de la Decisión 436 y en la Sección\n 2 de la Resolución 630 se encuentran los requisitos técnicos\n para el registro o revaluación de plaguicidas químicos\n de uso agrícola, los mismos que se dividen en dos casos:\n el primero se refiere al "Ingrediente Activo Grado Técnico"\n y el segundo al "Producto Formulado".

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Con motivo de la expedición de la Resolución\n 798 la Secretaría General observó que las categorías\n establecidas en el Decreto 502 del 2003 eran contrarias al ordenamiento\n jurídico andino debido a que éstas toman de referencia\n que los plaguicidas químicos de uso agrícola se\n hayan formulado en base a un "ingrediente activo grado técnico"\n con o sin registro anterior en el país. Debe notarse que\n el Manual Técnico cuando hace referencia a un registro\n anterior en el país, lo hace en los pies de página\n 1 y 4 de la Sección 2 de la siguiente manera:

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"1. Para los productos con i.a. sin registro nacional\n la ANC solicitará el Informe de Estudio (I E) o Estudio\n (E). Para los productos con i.a. con registro nacional la ANC\n solicitará el Informe Descriptivo (ID). (...)

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4. Para la ERA se aceptará la información desarrollada\n con el TC. Para los casos particulares, debidamente fundamentados,\n en el punto 11, desarrollados con el Producto Formulado de acuerdo\n con el Manual Técnico. Para los productos con i.a. sin\n registro nacional la ANC solicitará el Informe del Estudio\n (IE) o Estudio (E). Para los productos con i.a. con registro\n nacional la ANC solicitará el Informe Descriptivo (ID).\n ".

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En ese sentido, el Manual Técnico -de conformidad con\n la Decisión 436-, establece los requisitos que debe solicitar\n la Autoridad Nacional Competente frente a una solicitud de registro\n o revaluación de plaguicidas químicos de uso agrícola\n formulado en base a un "ingrediente activo" con o sin\n registro nacional; ello dentro de la clasificación que\n hace de acuerdo al "ingrediente Activo Grado Técnico"\n o el "Producto Formulado". Así, el Gobierno\n de Colombia no puede establecer una categoría basada en\n que el producto haya sido formulado en base al "ingrediente\n activo grado técnico" con o sin registro en el país,\n cuando la Norma Comunitaria establece que la Autoridad Nacional\n Competente debe verificar que dicho producto haya sido formulado\n en base a un "ingrediente activo" con o sin registro\n en el país.

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La clasificación adoptada en el Manual Técnico\n cuando hace referencia al registro anterior en el país,\n se basa en la "identidad del producto", el mismo que\n sólo podrá obtenerse a partir del "ingrediente\n activo". Tal requisito se da porque en el análisis\n de dos "ingredientes activos grado técnico",\n éstos pueden tener el mismo ingrediente activo y ser completamente\n diferentes, razón por la cual no se le tomó como\n punto de referencia.

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Contrariamente a lo señalado por el Gobierno de Colombia\n en su recurso de reconsideración, la Secretaría\n General no está suprimiendo los requisitos exigidos por\n el Anexo 2 de la Decisión 436 y la Sección 2 del\n Manual Técnico correspondientes al "Ingrediente Activo\n Grado Técnico". Es precisamente el Gobierno colombiano\n quien está realizando dicha medida con la aplicación\n de las categorías establecidas en el Decreto 502 del 2003,\n ya que las mismas no agrupan la totalidad de los requisitos exigidos\n en la normativa andina como se denota del análisis realizado\n en los párrafos anteriores.
\n 3. Sobre las consideraciones señaladas por las empresas\n denunciantes en su recurso
\n 3.1 Del Decreto 459 del 2000 y las Resoluciones 1550 v 1551 del\n 2001 del Ministerio de Salud de Colombia.- En su recurso de reconsideración\n las empresas recurrentes afirmaron que el Gobierno de Colombia\n continúa aplicando las medidas contenidas en el Decreto\n 459 del 2000 y las resoluciones 1550 y 1551 del 2001 del Ministerio\n de Salud (actual Ministerio de la Protección social; pues\n existen en el mercado plaguicidas químicos de uso agrícola\n cuyo registro fue emitido al amparo de dichas normas. Como sustento\n de ello, adjuntó a su recurso de reconsideración\n una comunicación del Ministerio del Ambiente, Vivienda\n y Desarrollo Territorial de Colombia de fecha 14 de noviembre\n del 2003, en la cual se informa que dentro del trámite\n para la obtención del Registro Nacional de Ventas de Productos\n Agroquímicos dicha institución ha realizado lo\n siguiente:

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a) Procedió a otorgar "Licencia Ambiental"\n a dos productos de la empresa Rotam S.A. durante agosto y setiembre\n del 2003.

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b) De conformidad a la Resolución 662 del 2003 del\n Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial2 que\n establece el régimen para el registro y control de plaguicidas\n químicos, procedió a requerir información\n a la empresa Coljap a fin de que presente información\n adicional de once productos, debido a que para éstos ya\n no se requiere la expedición de la "Licencia Ambiental"\n sino del "Dictamen Técnico Ambiental" en el\n proceso de revaluación que exige la normativa andina.

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c) De conformidad al Decreto 11803 procedió a la evaluación\n de cuatro productos dentro del trámite de "Licencia\n Ambiental".

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De lo señalado no se desprende que el Gobierno de Colombia\n se encuentre aplicando las medidas contenidas en el Decreto 459\n del 2000 y las resoluciones 1550 y 1551 del 2001 del Ministerio\n de Salud, sino normativa interna distinta (Resolución\n 662 del 2003 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo\n Territorial y el Decreto 1180) que no ha sido objeto de denuncia\n en el presente procedimiento. En ese sentido, no corresponde\n a esta Secretaría General pronunciarse en esta resolución\n respecto a normas sobre las cuales esta institución no\n ha iniciado el procedimiento de incumplimiento.

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En efecto, es una garantía del debido proceso que las\n partes conozcan los fundamentos legales y tácticos del\n proceso en el cual están involucradas. Como puede apreciarse\n en la nota de observaciones SG-F/0.5/1888/2003 del 13 de noviembre\n del 2003, queda claro que los denunciantes no señalaron\n como materia de incumplimiento a la Resolución 662 del\n 2003 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial\n y al Decreto 1180. Por su parte, la Secretaría General\n tampoco invocó las mismas en el desarrollo del presente\n procedimiento, por lo cual de realizarlo ahora, emitiendo un\n pronunciamiento basado en imputaciones sobre las cuales una de\n las partes (en este caso el Gobierno de Colombia) no ha podido\n presentar sus descargos, estaría incurriendo en una violación\n al debido proceso.

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Con relación al Decreto 459 del 2000 y las resoluciones\n 1550 y 1551 del 2001 del Ministerio de Salud, la Secretaría\n General considera que debido a que dichas disposiciones fueron\n emitidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Decisión\n 436, de manera preliminar resulta aplicable el principio de aplicación\n preferente de la norma comunitaria frente a la norma nacional\n anterior, tal como lo indica el Tribunal Andino en su Sentencia\n 2-IP-88, en la que señaló que "en cuanto al\n efecto de las normas de la integración sobre las normas\n nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que,\n en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la\n comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia\n en tal caso corresponde a la comunidad. (...)

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Este efecto de desplazamiento de la norma nacional, como resultado\n del principio de aplicación preferente, resulta especialmente\n claro cuando la ley posterior -que ha de primar sobre la anterior\n de acuerdo con principios universales de derecho- es precisamente\n la norma comunitaria".

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2 La Resolución 662 del 17 de junio del 2003 emitida\n por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,\n "Por la cual se establece el procedimiento para la expedición\n del dictamen técnico ambiental al que alude la Norma Andina\n para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de\n Uso Agrícola, Decisión 436, de la Comisión\n de la Comunidad Andina, sobre la importación de plaguicidas\n químicos de uso agrícola, y se adoptan otras determinaciones.".

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3 El Decreto No 1180 del 10 de mayo del 2003 emitido por el\n Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, "Por\n el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993\n sobre Licencias Ambientales.".
\n El principio de aplicación preferente responde a un criterio\n de seguridad jurídica y al compromiso que han asumido\n los Países Miembros de abstenerse de aplicar normas nacionales\n o modificarlas cuando se opongan al ordenamiento jurídico\n andino. Ello se encuentra recogido en .el artículo 4 del\n Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad\n Andina cuando señala que "Los Países Miembros\n están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias\n para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el\n ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.(...)".\n Al respecto el Tribunal Andino en su sentencia 17-AI-2000 señaló\n que "Para la efectiva observancia de las normas jurídicas\n comunitarias, los Países Miembros adquirieron la obligación\n de asumir comportamientos de acción, adoptando las medidas\n necesarias que garanticen su eficacia, así como de abstención,\n y entre éstos, el de no expedir, ni mantener en vigencia,\n normas o decisiones contrarias al ordenamiento jurídico\n andino (Artículo 4° del Tratado de Creación\n del Tribunal). ".

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Siguiendo con el criterio establecido por el Tribunal en la\n Sentencia 2-IP-98 antes citada, la incompatibilidad de una norma\n nacional interna anterior a una norma comunitaria no implica\n su derogación automática. En efecto, "la derogación\n propiamente dicha de una norma interna, por ser contraria a una\n comunitaria, puede resultar indispensable para efectos prácticos,\n en determinados casos. Pero como tal derogación habría\n de ser decidida por el derecho interno y no por el comunitario,\n el derecho integracionista, en principio, se contenta con la\n aplicación preferente. Su efecto inmediato y directo no\n sería compatible con la condición de que las normas\n nacionales contrarias sean expresamente derogadas por el legislador\n nacional, ya que ello dependería de éste y no de\n la comunidad. ".

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En ese sentido, resulta indispensable analizar las medidas\n adoptadas por el Gobierno de Colombia y confrontarla con las\n disposiciones comunitarias invocadas por la Secretaría\n General, a fin de determinar si existe la evidencia de un incumplimiento.

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El Gobierno colombiano, en sus descargos a la nota de observaciones\n presentados el 4 de diciembre del 2003, señaló\n que "los Decretos 459/00 y las Resoluciones 2899/01 del\n ICA; 1550 y 1551 de 2001 del entonces denominado Ministerio de\n Salud, hoy de la Protección Social, es importante aclarar\n que tales disposiciones fueron anteriores a la entrada en vigencia\n de la Decisión 436, hecho que ocurrió hasta el\n 2 de julio de 2002, fecha en que fue publicada en la Gaceta Oficial\n del Acuerdo de Cartagena la Resolución 630, que aprueba\n el Manual Técnico, de manera que esas disposiciones rigieron\n en Colombia sólo hasta dicha fecha y no han seguido siendo\n aplicadas (...)" (el subrayado es nuestro).

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De otro lado, del expediente no se desprende que con la aplicación\n de las normas señaladas el Gobierno de Colombia se encuentre\n vulnerando lo establecido en el ordenamiento jurídico\n andino. Sin embargo, en cumplimiento del artículo 30 inciso\n a) del Acuerdo de Cartagena, la Secretaría General considera\n pertinente que el Gobierno de Colombia realice las gestiones\n conducentes a dejar sin efecto los decretos 459/00 y las resoluciones\n 2899/01 del ICA; 1550 y 1551 del 2001 del Ministerio de Salud,\n los mismos que en la actualidad no se encuentran siendo aplicados\n conforme a lo señalado por el propio Gobierno colombiano,\n ello únicamente con el objeto de prevalecer el sistema\n de integración andino y preservar la seguridad jurídica.

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3.2 De la conducta sustantiva recogida en la Resolución\n 770 del 2003 que originó el incumplimiento.- Respecto\n a la Resolución 770 del ICA, las empresas recurrentes\n señalaron que la Secretaría General
\n enunció de manera errónea que el literal b) del\n artículo 12 de la Resolución 770 del ICA contenía\n medidas contrarias a la Decisión 436 y al Manual Técnico\n Andino; en realidad debió indicarse el literal
\n b) del artículo 17 de la Resolución 770 del ICA,\n publicada en el Diario Oficial del 27 de marzo del 2003.

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En efecto, la cita del referido artículo de la Resolución\n 770 del ICA no corresponde al cuerpo normativo objeto de denuncia;\n sin embargo cabe señalar que a pesar de ello, dicha actuación\n no invalida el pronunciamiento de la Secretaría General,\n debido a que ésta en su resolución hizo una apreciación\n de la conducta del Gobierno colombiano al emitir la Resolución\n 770, evidentemente contraria al ordenamiento jurídico\n andino, en especial de la Decisión 436 y el Manual Técnico.\n Sobre este aspecto el Tribunal Andino ha señalado en su\n Sentencia 43- AI-99 que "un error de hecho o de derecho\n por sí solo no constituiría causa de invalidez\n del acto, cuando del contexto de los motivos se desprende con\n claridad y objetividad cuál es la intención del\n administrador y las razones que lo han llevado a la expedición\n del acto. ".

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3.3 De la aplicación de la Lev 822 del 2003.- Las empresas\n recurrentes señalaron en su recurso de reconsideración\n que el alcance de la Decisión 436 y del Manual Técnico\n abarca la regulación de los requisitos y procedimientos\n de registro y revaluación para todos los plaguicidas químicos\n de uso agrícola, sin importar que éstos se hayan\n basado en un ingrediente activo con o sin registro anterior en\n el país; en ese sentido las normas internas colombianas\n resultan contrarias al ordenamiento jurídico andino ya\n que establecen procedimientos y requisitos para plaguicidas químicos\n de uso agrícola con ingrediente activo ya registrado en\n el país (genéricos). Como sustento de su afirmación\n cita varios párrafos de la Sentencia 137-IP-2003, publicada\n en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No 1054 de fecha\n 15 de abril del 2004.

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Al respecto, la Resolución 798 de la Secretaría\n General no resulta contraria a lo señalado por el Tribunal\n debido a que con relación a la Ley 822 señaló\n que "(...) ésta tiene por objeto reglamentar el registro\n y control de 'agroquímicos genéricos', aspecto\n que es contemplado en la Decisión 436 y Resolución\n 630 que establecen normas para el registro y control de todo\n plaguicida químico de uso agrícola en general.\n La norma interna colombiana regula el tema de agroquímicos\n genéricos de una manera más específica lo\n cual conforme a la doctrina del complemento indispensable no\n resulta contrario a la normativa andina ".

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Conforme a ello, el Gobierno de Colombia tiene la facultad\n de regular materias que la normativa andina no ha contemplado\n siempre y cuando no vulnere o contravenga el régimen comunitario.\n En ese sentido, respecto al régimen de registro y control\n de plaguicidas químicos de uso agrícola el Tribunal\n Andino en su Sentencia 137-IP-2003 señala que "Del\n régim

 

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