Registro Oficial. 26 de NOVIEMBRE del 2004 Suplemento

Viernes, 26 de noviembre de 2004

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE\n NOVIEMBRE DEL 2004
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Viernes, 26 de noviembre del 2004 - R. O. No. 470

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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SUPLEMENTO

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DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR
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ACUERDO\n DE CARTAGENA

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PROCESOS:

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83-IP-2003\n Interpretación\n prejudicial de la norma prevista en el artículo 70 de\n la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad\n Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República\n de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección\n Primera, e interpretación de oficio de los artículos\n 34 y 276 eiusdem. Parte adora: abogado Ranfer Molina Morales.\n Caso: Demanda de nulidad del artículo 5 de la Resolución\n 00210 de la Superintendencia de Industria y Comercio del Ministerio\n de Desarrollo Económico de la República de Colombia.\n Expediente Interno No 74772

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89-IP-2003 Interpretación prejudicial\n de los artículos 56, 58 literal f) de la Decisión\n 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que corresponden\n a los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión\n 344, solicitada por el Consejo de Estado de la República\n de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección\n Primera. Marca: CRISTAGEL. Actor: ANHÍDRIDOS Y DERIVADOS\n DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL S.A. Proceso interno No 5406.

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91-IP-2003 Interpretación prejudicial\n de las normas previstas en los artículos 81 y 83, literal\n a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo\n de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República\n de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección\n Primera. Parte actora: sociedad TECNO-QUIMICAS S.A. Caso: denominación\n "LOXAN". Expediente Interno No 6159..

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90-IP-2003 Solicitud de interpretación\n prejudicial del artículo 83, literal a) de la Decisión\n 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena e interpretación\n de oficio de los artículos 81 y 95, in fine, de la misma,\n con fundamento en la solicitud proveniente del Tribunal de lo\n Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República\n del Ecuador. Expediente Interno No. 6719-LR. Actor: "BELL\n IP HOLDING L.L.C.". Marca: "BELL".

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97-IP-2003 Solicitud de interpretación\n prejudicial del artículo 83, literales a) y b) de la Decisión\n 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada\n por el Consejo de Estado de la República de Colombia e\n interpretación de oficio de los artículos 81 y\n 128 ibídem. Expediente Interno No 6742. Actor: Ingenieros\n Químicos Asociados Ltda. -IQA-, Marca: "IQA"\n (mixta)..

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ORDENANZA\n MUNICIPAL:

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-\n Cantón Sevilla de Oro: Estructura Orgánica.\n

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\n PROCESO No\n 83-IP-2003

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ACUERDO DE CARTAGENA

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Interpretación prejudicial de la norma prevista en\n el artículo 70 de la Decisión 486 de la Comisión\n de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de\n la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,\n Sección Primera, e interpretación de oficio de\n los artículos 34 y 276 eiusdem. Parte actora: abogado\n Ranfer Molina Morales. Caso: Demanda de nulidad del artículo\n 5 de la Resolución 00210 de la Superintendencia de Industria\n y Comercio del Ministerio de Desarrollo Económico de la\n República de Colombia. Expediente Interno No 7477.

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco\n de Quito, ocho de octubre del año dos mil tres.

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VISTOS:

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La solicitud de interpretación prejudicial de la disposición\n prevista en el artículo 70 de la Decisión 486 de\n la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo\n de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso\n Administrativo, Sección Primera, por órgano de\n su Consejero Ponente, Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y\n recibida en este Tribunal en fecha 4 de septiembre del 2003;\n y,

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El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes\n para la interpretación, y que, junto con los que derivan\n de autos, son del tenor siguiente:

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1. Demanda

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Según el consultante, "el 15 de enero de 2001,\n la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la\n Resolución núm. 00210 por la cual reglamenta parcialmente\n la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad\n Andina

\n\n

...el artículo 5° de la citada Resolución,\n establece que la corrección de errores materiales sobre\n derechos concedidos, en particular los que trata el artículo\n 70 de la Decisión 486, deberán subsanarse por vía\n de recursos, so pena de quedar definitivos en el evento en que\n no concurran las condiciones para solicitar la revocatoria directa".

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La parte actora alega que "de conformidad con los artículos\n 2 y 3 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo\n de Cartagena, la Decisión 486 obliga a todos los Países\n Miembros desde la fecha que entra en vigencia, esto es, desde\n el 1 de diciembre del 2000"; que "La Decisión\n 486 es una legislación de carácter supranacional,\n cuyo propósito es lograr uniformidad y unidad en materia\n de propiedad industrial entre los países miembros del\n Acuerdo de Cartagena ..."; que, de conformidad con el artículo\n 5 de la Resolución 210 del 15 de enero del 2001, "los\n errores materiales sobre derechos concedidos, en particular el\n que trata el artículo 70 de la Decisión 486 deberán\n subsanarse por vía de recursos, so pena de quedar definitivos\n en el evento en que no concurran las condiciones para solicitar\n la revocatoria directa"; que "Si bien la Decisión\n 486 no define lo que es un error material, del contenido de los\n artículo (sic) 70 y 142 de la Decisión 486, se\n puede inferir que dichos errores se presentan por omisión,\n cambios o alteración involuntaria de palabras o equivocación\n en la consignación de la información"; y que\n "Es evidente que el límite temporal establecido por\n el artículo 5 de la Resolución 210 para la corrección\n de errores materiales, en cuanto condiciona el ejercicio del\n derecho a la presentación de recursos, contradice abiertamente\n el contenido del artículo 70 de la Decisión 486,\n el cual determina tácitamente que los mismos pueden ser\n corregidos en cualquier tiempo".

\n\n

Agrega el actor que "es claro que el legislador comunitario\n quiso darle a la modificación de lo (sic) errores materiales\n el mismo tratamiento conferido a los derechos de que trata la\n primera parte de la norma, los cuales por su naturaleza son posteriores\n al acto de concesión y pueden ser ejercido (sic)
\n en cualquier tiempo durante la vigencia del derecho"; que\n el artículo 70 de la Decisión 486 contempla dos\n situaciones distintas pero reguladas del mismo modo, por lo que,\n si "los derechos allí consignados pueden ejercerse\n en cualquier tiempo, mal puede un decreto reglamentario estipular\n una situación contraria, y establecer para el ejercicio\n de dichos derechos, unas condiciones no previstas en la ley ...";\n que "el artículo 70 de la Decisión 486, el\n cual está ubicado dentro del capítulo 'De los actos\n posteriores a la concesión', presupone necesariamente\n que los actos cuya corrección se demanda se encuentran\n en firme, situación que no sería posible en caso\n que hubiese que presentar recursos para corregir un error material,\n ya que en ese evento el acto de concesión quedaría\n aplazado"; que "un decreto reglamentario jamás\n puede regular una situación no prevista en la ley, mucho\n menos ir contra su espíritu"; y que "el reglamento\n tiene por objeto asegurar la aplicación de la ley, fijando\n y desarrollando la aplicación de los principios que la\n ley contiene, pero en manera alguna puede dictar una disposición\n nueva, mucho menos contradecirla o interpretarla restrictivamente".

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2. Contestación a la demanda

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El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio\n sostiene que "El artículo 21 numeral 2 del decreto\n ley 2153 de 1992 que definió la estructura orgánica\n y funcional de la Superintendencia de Industria y Comercio, versa\n sobre las facultades que le asisten a esta Entidad para instruir\n a sus destinatarios sobre la manera como deben cumplirse las\n normas sobre propiedad industrial, fijar los criterios que faciliten\n su cumplimiento y señalar los procedimientos que sean\n necesarios para su aplicación"; que "El artículo\n 276 de la Decisión Comunitaria en cita, hace referencia\n a la remisión a la normatividad interna señalando\n que de (sic) los asuntos de Propiedad Industrial no comprendidos\n en la misma Decisión serán regulados por las normas\n internas de los países Miembros"; que "la Superintendencia\n de Industria y Comercio tiene la facultad legal de expedir normas\n reglamentarias tendientes a asegurar el cumplimiento de las disposiciones\n comunitarias, con el propósito de garantizar la mejor\n aplicación de la Decisión 486 conforme a lo previsto\n en el artículo 278"; y que "la expedición\n de medidas necesarias para el cumplimiento de las normas comunitarias\n como es el caso de la resolución 210 ... constituye el\n pleno ejercicio de las facultades asignadas a la Superintendencia\n de Industria y Comercio como oficina nacional competente, sin\n que pueda hablarse de una presunta extralimitación de\n las funciones asignadas por parte de mi representada".

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En particular, la Superintendencia de Industria y Comercio,\n además de hacer valer el criterio sentado por este Tribunal\n en el Proceso 2-IP-88, alega que "La disposición\n comunitaria reglamentada a través del acto administrativo\n acusado trata de los actos posteriores a la concesión\n de la patente de invención, sin que la misa (sic) señale\n la oportunidad dentro de la cual el titular de la patente podrá\n solicitar la corrección de cualquier error material en\n la misma"; que "resulta pertinente tener en cuenta\n el contenido de los artículos 34 y 142 de la Decisión\n 486, normas en las cuales se observa claramente que el legislador\n comunitario señala de manera clara la oportunidad para\n solicitar la corrección de errores materiales, contrario\n a lo que no ocurre en el artículo 70 en donde no lo hace";\n que "... en desarrollo del principio de complemento indispensable\n la Superintendencia de Industria y Comercio puede reglamentar\n la norma en aras de garantizar su mejor aplicación y la\n consecuente, (sic) eficiencia y fluidez del trámite de\n patentes"; y que la norma impugnada "es el desarrollo\n natural de la facultad reglamentaria que busca primordialmente\n garantizar la aplicación de las disposiciones relativas\n a la Propiedad Industrial mediante la adopción de decisiones\n de carácter operativo en desarrollo del denominado principio\n de 'complemento indispensable', que no van en contra del fortalecimiento\n de los derechos propiedad industrial (sic) y no obstaculizan\n su aplicabilidad".

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CONSIDERANDO

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Que la norma cuya interpretación se solicita es la\n disposición consagrada en el artículo 70 de la\n Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina;

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Que de conformidad con la disposición contenida en\n el artículo 1, literal c) del Tratado de Creación\n del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), la\n norma cuya interpretación se pide forma parte del ordenamiento\n jurídico de la Comunidad Andina;

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Que de conformidad con la disposición señalada\n en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal,\n en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4,\n 121 y 2 de su Estatuto (codificado mediante la Decisión\n 500), este Tribunal es competente para interpretar por vía\n prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico\n de la Comunidad Andina;

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Que de conformidad con la disposición indicada en el\n artículo 125 del Estatuto, y según consta en la\n providencia que obra al folio 83 del expediente, la presente\n solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a\n trámite; y,

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Que por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación\n de la disposición contemplada en el artículo 70\n de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad\n Andina; asimismo, el Tribunal, con fundamento en la potestad\n que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación,\n estima pertinente interpretar de oficio las disposiciones previstas\n en los artículos 34 y 276 eiusdem, cuyos textos son del\n tenor siguiente:

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Decisión 486:

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"Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá\n pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del\n trámite. La modificación no podrá implicar\n una ampliación de la protección que correspondería\n a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

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Del mismo modo, se podrá pedir la corrección\n de cualquier error material".

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"Artículo 70.- El titular de una patente podrá\n pedir a la oficina nacional competente que se modifique la patente\n para consignar cualquier cambio en el nombre, dirección,\n domicilio u otros datos del titular o del inventor o para modificar\n o limitar el alcance de una o más de las reivindicaciones.\n Del mismo modo, podrá pedir la corrección de cualquier\n error material en la patente.

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Serán aplicables en lo pertinente, las disposiciones\n relativas a la modificación o corrección de una\n solicitud".

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"Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial\n no comprendidos en la presente Decisión, serán\n regulados por las normas internas de los Países Miembros".

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I. De la supremacía del ordenamiento jurídico\n de la Comunidad Andina. De los asuntos sobre Propiedad Industrial\n no comprendidos en la Decisión 486 de la Comisión\n de la Comunidad Andina.

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A juicio del Tribunal, "La preeminencia que se deriva\n de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene\n el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre\n una norma de derecho interno, de manera que allí donde\n se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos\n contemplados en el derecho de integración deberá\n acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia\n sobre el derecho interno" (Sentencia dictada en el expediente\n No 06-IP-93 de 17 de febrero de 1994, publicada en la G.O.A.C.\n No 150 del 25 de marzo del mismo año).

\n\n

Por virtud del citado principio de primacía del ordenamiento\n jurídico de la Comunidad, y a propósito de la disposición\n prevista en el artículo 84 de la Decisión 85, según\n la cual los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos\n en dicha Decisión pueden ser regulados por la legislación\n interna de los Países Miembros, el Tribunal ha declamado\n inadmisible "...que la autoridad nacional intente regular\n aspectos del régimen marcarlo ya definidos en la Decisión\n ... pues ello equivaldría a permitir la modificación\n unilateral y por tanto arbitraria del régimen común.\n No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación\n nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos\n ... En tal sentido debe precisarse que tampoco sería admisible\n que se agreguen por la autoridad nacional otros requisitos para\n la configuración de un derecho de propiedad industrial,\n o que se adicionen causales o motivos para la pérdida\n de tales derechos. Ello equivaldría a desconocer la eficacia\n propia del derecho de la integración ..." (Sentencia\n dictada en el expediente No 02-IP-88 del 25 de mayo de 1988,\n publicada en la G.O.A.C. No 33 del 26 de julio del mismo año).

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Además, el Tribunal ha señalado que los principios\n de primacía y aplicación directa del ordenamiento\n jurídico de la Comunidad "... no dejan espacio para\n que cada uno de los países emita disposiciones de derecho\n interno, so pretexto de que éstas viabilizan la aplicación\n en su territorio de las normas comunitarias. Si tal facultad\n llegara a existir y cada País Miembro pudiera, de manera\n general y obligatoria plasmar en normas jurídicas de derecho\n interno sus criterios y particulares concepciones sobre la forma\n de aplicar las normas comunitarias y sobre el entendimiento que\n debe dársele a su contenido, no podríamos hablar\n de un ordenamiento jurídico común, sino de tantos\n ordenamientos cuantos Países Miembros existieran. El punto\n ha sido prolijamente tratado por el Tribunal en su jurisprudencia\n al abordar el tema del complemento mínimo indispensable\n para el desarrollo interno de la norma comunitaria" (Sentencia\n dictada en el expediente No 07-AI-99 del 12 de noviembre de 1999,\n publicada en la G.O.A.C. No 520 del 20 de diciembre del mismo\n año).

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En efecto, en cuanto a la figura del "complemento indispensable",\n el Tribunal ha precisado que "en la aplicación de\n esta figura las legislaciones internas de cada país no\n podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o\n dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto\n con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales\n regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo,\n una menor protección a los derechos consagrados por la\n norma comunitaria" (Sentencia dictada en el expediente No\n 10-IP-94 de 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. No\n 177 del 20 de abril del mismo año).

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II. De la corrección de error material en la solicitud\n de patente

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El Tribunal ha establecido que la solicitud de patente es\n "el acto jurídico por el cual el inventor, sus cesionarios\n o causahabientes, requieren del Estado el otorgamiento de un\n derecho de explotación exclusiva sobre una invención\n o un modelo de utilidad, por un período de tiempo limitado\n ... Constituye por tanto ... el presupuesto necesario para iniciar\n el procedimiento de concesión de la patente" (Sentencia\n dictada en el expediente No 21-IP-2000 del 21 de octubre del\n 2000, publicada en la G.O.A.C. No 631 del 10 de enero del 2001,\n caso "DERIVADOS DE BILIS HUMANA").

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El artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión,\n atribuye a quien requiera la concesión de la patente -inventor\n o causahabiente- la facultad de pedir la modificación\n de los elementos de su solicitud en cualquier momento del trámite,\n siempre que dicha modificación no signifique ampliar la\n protección que correspondería a la divulgación\n contenida en la solicitud inicial. La disposición citada\n atribuye también al inventor o causahabiente la facultad\n de pedir del mismo modo la corrección de cualquier error\n material habido en la solicitud, por lo que dicha facultad puede\n ser ejercida en cualquier momento del trámite, en el entendido\n de que éste se agota con la expedición de la providencia\n en que se otorgue o niegue en definitiva el título de\n la patente. Hay pues regla expresa en lo que concierne al tiempo\n de ejercicio de las citadas facultades, cuyo alcance, además,\n debe ser interpretado a favor del titular.

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En ocasión de interpretar una disposición semejante\n de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de\n Cartagena, el Tribunal sostuvo que "la modificación\n a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado\n del trámite, y dependerá de lo que disponga el\n Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad\n de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un\n recurso administrativo contra la denegación de la patente",\n pues "en el recurso administrativo, el administrado puede\n invocar, en apoyo a su demanda, cualquier motivo: un motivo jurídico\n (puede señalar a la administración un error de\n derecho o de hecho que hace ilegal la decisión), pero\n también razones de oportunidad; puede incluso apelar a\n la buena voluntad de la administración. El recurso contencioso\n -en cambio- sólo puede fundamentarse en la violación\n del derecho (RIVERO, Jean, Derecho Administrativo, traducción\n de la 9a edición francesa por el Instituto de Derecho\n Público de la Universidad Central de Venezuela, 1984)".\n (Sentencia dictada en el expediente No 21-IP-2000, ya citada).

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Las consideraciones que anteceden permiten ratificar que la\n potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros\n de regular, a través de normas internas, y en el ámbito\n de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial no\n comprendidos en la Decisión 486 de la Comisión\n de la Comunidad Andina, según se desprende del artículo\n 276 de la citada Decisión, no podrá ser ejercida\n de modo tal que signifique la introducción de restricciones\n adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados\n por la norma comunitaria. El establecimiento de tales restricciones\n debe ser objeto de norma comunitaria expresa, por lo que su falta\n de previsión no debe interpretarse como constitutiva de\n un asunto no comprendido en la citada Decisión.

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III. De la corrección de error material en el título\n de la patente

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Las disposiciones previstas en los artículos 70 a 73\n de la Decisión 486 facultan al titular de la patente para\n solicitar, en la forma allí establecida, la corrección\n de errores materiales en el título de la patente, y la\n modificación de ésta en cuanto a los datos del\n titular o del inventor y a las reivindicaciones, así como\n para que el titular manifieste su voluntad de renunciar a una\n o más reivindicaciones o a la patente, de dividirla en\n dos o más o de fusionar dos o más de ellas. Se\n trata de facultades que derivan del derecho exclusivo que nace\n con la patente de invención, la prueba de cuya concesión\n reside en el título que el Estado otorga.

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En lo que concierne a la facultad de solicitar la corrección\n de errores materiales, es decir, de errores de impresión\n o de escritura en el título, se observa que, si bien la\n norma prevista en el segundo inciso del citado artículo\n 70 no fija de manera directa el plazo de ejercicio de la facultad\n en referencia, prevé la remisión y, en consecuencia,\n ordena la aplicación, en lo pertinente, de las disposiciones\n relativas a la modificación o corrección de la\n solicitud de patente. Visto que del ya citado artículo\n 35 cabe desprender que el pedimento de corrección de cualquier\n error material en la solicitud de patente puede formularse en\n cualquier momento del trámite, y visto que la disposición\n indicada es aplicable, por mandato del artículo 70, al\n pedimento de corrección de cualquier error material en\n el título, corresponde interpretar que este último\n pedimento podrá formularse en cualquier tiempo, una vez\n concedida la patente y hasta su vencimiento, mientras el derecho\n subsista en cabeza de su titular.

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Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL\n DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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CONCLUYE

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1° En la aplicación de la figura del complemento\n indispensable, el Tribunal reitera que las legislaciones internas\n de los Estados Miembros no podrán establecer exigencias,\n requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u\n otra manera restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho\n Comunitario, de forma que signifiquen, por ejemplo, una menor\n protección de los derechos consagrados por la norma comunitaria.\n Por tanto, la potestad de las autoridades nacionales de los Estados\n Miembros de regular, a través de normas internas, y en\n el ejercicio de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial\n no comprendidos en la Decisión 486 de la Comisión\n de la Comunidad Andina, no podrá ser ejercida de modo\n tal que signifique la introducción de restricciones adicionales\n al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la\n norma comunitaria.

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2° Visto que de la disposición consagrada en el\n artículo 35 de la Decisión 486 en referencia cabe\n desprender que el pedimento de corrección de todo error\n material en la solicitud de patente puede formularse en cualquier\n momento del trámite, y visto que la disposición\n indicada es aplicable, por mandato del artículo 70 eiusdem,\n al pedimento de corrección de todo error material en el\n título, procede interpretar que este último pedimento\n podrá formularse en cualquier tiempo, una vez concedida\n la patente y hasta su vencimiento, mientras el derecho subsista\n en cabeza de su titular.

\n\n

A tenor de la disposición prevista en el artículo\n 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de\n Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso\n Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar\n la presente interpretación en la sentencia que pronuncie\n y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo\n 128, tercer inciso, del Estatuto del Tribunal, deberá\n remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

\n\n

Notifíquese la presente interpretación mediante\n copia certificada y sellada, y remítase también\n copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina,\n para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de\n Cartagena.

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Rubén Herdoíza Mera
\n PRESIDENTE

\n\n

Ricardo Vigil Toledo
\n MAGISTRADO

\n\n

Guillermo Chahín Lizcano
\n MAGISTRADO

\n\n

Moisés Troconis Villarreal
\n MAGISTRADO

\n\n

Walter Kaune Arteaga
\n MAGISTRADO

\n\n

Eduardo Almeida Jaramillo
\n SECRETARIO

\n\n

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia\n que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente\n de esta Secretaría. CERTIFICO.

\n\n

Eduardo Almeida Jaramillo
\n SECRETARIO

\n\n

PROCESO No 89-IP-2003

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ACUERDO DE CARTAGENA

\n\n

Interpretación prejudicial de los artículos\n 56, 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión\n del Acuerdo de Cartagena, que corresponden a los artículos\n 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, solicitada por\n el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala\n de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca:\n CRISTAGEL. Actor: ANHÍDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A.\n ANDERCOL S.A. Proceso interno No 5406.

\n\n

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco\n de Quito, a los ocho días del mes de octubre del año\n dos mil tres.

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VISTOS

\n\n

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos,\n remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia,\n Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,\n a través de su Consejero Ponente doctor Manuel S. Urueta\n Ayola, recibida en este Tribunal en fecha 4 de septiembre del\n 2003, relativa a los artículos 81 y 83 literal a) de la\n Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina,\n con motivo del proceso interno No 5406.

\n\n

El auto de primero de octubre del presente año, mediante\n el cual este Tribunal decidió admitir a trámite\n la referida solicitud de interpretación prejudicial por\n cumplir con los requisitos contenidos en los artículos\n 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del\n Estatuto; y,

\n\n

Los hechos relevantes señalados por el consultante\n y complementados con los documentos agregados a su solicitud,\n que se detallan a continuación:

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1. Partes en el proceso interno

\n\n

Es demandante la sociedad ANHÍDRIDOS Y DERIVADOS DE\n COLOMBIA S.A. ANDERCOL S.A. y es demandada la Superintendencia\n de Industria y Comercio de la República de Colombia. Interviene\n como tercera interesada Roseta Industrial Ltda.

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2. Hechos

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Los señalados por el consultante en el oficio No 1711\n de 16 de julio del 2003, complementados con los documentos incluidos\n en anexos, que demuestran:

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No obstante que no consta en el expediente la fecha de presentación\n de la solicitud de registro de la marca CRISTAGEL a favor de\n Roseta Industrial Ltda. para distinguir productos de la Clase\n 2 (Clasificación Internacional de Niza. Clase 2: Colores,\n barnices, lacas; conservantes contra la herrumbre y el deterioro\n de la madera, materias tintóreas; mordientes; resinas\n naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores,\n decoradores, impresores y artistas), sin embargo por la fecha\n de la publicación de la solicitud de registro en la Gaceta\n de Propiedad Industrial de febrero de 1990, se presume que ésta\n fue presentada estando vigente la Decisión 85.
\n Dicha solicitud fue objeto de oposición por parte de Andercol\n con base en su marca CRISTAGEL clase 1, la Superintendencia de\n Industria y Comercio aceptó los argumentos de Andercol\n mediante Resolución No 14745 de 11 de abril de 1994. Roseta\n Industrial interpuso recurso de reposición y en subsidio\n de apelación, el primero fue resuelto favorablemente para\n Andercol mediante Resolución No 008810 de 7 de abril de\n 1997, mientras que al resolver el recurso de apelación,\n la Superintendencia por Resolución No 3472 de 14 de septiembre\n de 1998 revocó la Resolución No 14745 de 11 de\n abril de 1994 concediendo a favor de Roseta Industrial Ltda.\n el registro de la marca CRISTAGEL para la clase 2.

\n\n

Por otro lado y como hechos conexos a la nulidad planteada\n por Andercol S.A. contra la Resolución No 3472 de los\n documentos acompañados se desprende que el 12 de diciembre\n de 1988, la Superintendencia de Industria y Comercio, por Resolución\n No 12426, dispuso el registro de la marca CRISTAGEL para distinguir\n productos de la Clase 1, a favor de Andercol S.A. (Clasificación\n Internacional de Niza. Clase 1: Productos químicos destinados\n a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura;\n resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas\n en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras;\n preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos\n químicos destinados a conservar los alimentos; materias\n curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria).\n Andercol usó su marca para fabricar y vender su producto\n CRISTAGEL consistente en laca, barniz (gelcoat) transparente,\n que se adhiere hasta llegar a formar parte integral del producto\n al que es aplicado. Según el consultante, durante el periodo\n de gracia que amparaba el registro de la marca CRISTAGEL, Andercol\n presentó nueva solicitud para la Clase 1 y para los mismos\n productos, solicitud que fue objeto de oposición por parte\n de Jabonerías Hada, y que la Superintendencia por Resolución\n No 3350 de 14 de febrero de 1998 rechazó la oposición\n presentada y en consecuencia concedió nuevamente el registro\n del signo CRISTAGEL solicitado por la sociedad Andercol S.A.

\n\n

3. Fundamentos jurídicos de la demanda.

\n\n

La demandante, sociedad ANHÍDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA\n S.A. ANDERCOL, manifiesta que "las consideraciones hechas\n por la Superintendencia en cuanto al sentido y alcances del artículo\n 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena dejan claramente\n establecidos los motivos que pueden llevar a confusión\n del público respecto a productos o servicios distinguidos\n con marcas iguales o semejantes entre sí... estas consideraciones\n sirven para establecer sin lugar a dudas la irregistrabilidad\n de la marca CRISTAGEL para la clase de productos solicitados\n por Roseta y sin reparar en ello el Superintendente Delegado\n expidió la resolución objeto de la presente demanda\n ".

\n\n

Sostiene que "existe la posibilidad de que productos\n comprendidos en distintos grupos de la Clasificación Internacional\n tengan similitud en cuanto a su naturaleza y usos como ocurre\n en este caso y ha sido la razón fundamental para que Andercol\n hubiera presentado con éxito su oposición al uso\n de la marca (sic) CRISTAGEL para producir colores, barnices,\n lacas y productos similares destinados al mismo público\n consumidor que utiliza los productos fabricados y comercializados\n desde tiempo atrás por Andercol".

\n\n

Respecto a la afirmación del Superintendente delegado\n de que el registro de la marca CRISTAGEL en la Clase 1 venció\n el 12 de diciembre de 1993 sin que se hubiese solicitado su renovación,\n la demandante indica que "el caso subjudice estaba resuelto\n a favor de Andercol en dos instancias durante la vigencia del\n Registro a su favor y que por tanto al resolver el recurso de\n apelación interpuesto por Roseta, el follador no podía\n alterar los hechos y circunstancias que operaban al dictarse\n las providencias recurridas como fue el desconocer que al momento\n del fallo de la oposición el período de gracia\n a favor de Andercol no estaba vencido. Finalmente resulta inconsecuente\n el otorgamiento del registro controvertido, simultáneamente\n a las dos empresas de las cuales Andercol ostentaba el antecedente\n de venir utilizándola desde tiempo atrás y de haber\n sido titular del primer registro".

\n\n

4. Fundamentos jurídicos de la contestación\n a la demanda.

\n\n

La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la\n demanda dice:

\n\n

No se tenga en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas\n por la demandante por carecer de apoyo jurídico y, por\n consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen.

\n\n

Que con la Resolución No 3472 de 14 de septiembre de\n 1998 expedida por el Superintendente delegado para la Propiedad\n Industrial "no se ha incurrido en violación de las\n normas contenidas... en la Decisión 344 de la Comisión\n del Acuerdo de Cartagena" y que "el Jefe de la División\n de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio\n (sic) expidió legal y válidamente la resolución\n nº (sic) 34 72... decidiendo la revocatoria de la resolución\n no (sic) 14745 ... y concediendo el registro de la marca 'CRISTAGEL'\n para distinguir los productos de la clase 2 ... a favor de la\n sociedad Roseta Industrial Líela. ...".

\n\n

Basándose en jurisprudencia emitida por el Consejo\n de Estado y por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,\n argumenta que: "efectuado el estudio correspondiente...\n la marca fundamento de la oposición 'CRISTAGEL'... a favor\n de la sociedad Andercol S.A., estuvo vigente hasta el 12 de diciembre\n de 1993, sin que se hubiese solicitado su renovación y\n por lo tanto, ya había caducado y había perdido\n su fuerza ejecutoria ".

\n\n

Haciendo una comparación de las marcas registradas\n sostiene que "los productos de la clase 1 son principalmente\n materias primas y los de la clase 2 son productos terminados,\n y el público consumidor al que van dirigidos son diferentes,\n no existiendo en consecuencia relación entre tales productos,\n por lo que no existe confundibilidad entre las mismas y por lo\n tanto, de coexistir en el mercado no conllevarían a error\n al público consumidor, existiendo (sic) la posibilidad\n de confusión directa e indirecta entre los mismos ".

\n\n

Manifiesta que "la marca l CRISTAGEL 'para distinguir\n los productos comprendidos en la clase 2 es registrable conforme\n a lo dispuesto en la Decisión 344 ... como se expuso válida\n y acertadamente por la Oficina Nacional competente como fundamento\n del acto administrativo ahora acusado refiriéndose a la\n expresión 'CRISTAGEL', la que evidentemente cumple con\n los requisitos exigidos en el artículo 81 de la misma\n Decisión 344 ... pues es suficientemente distintiva lo\n que no conlleva a una posible confusión del consumidor".

\n\n

La sociedad Roseta Industrial Ltda. como tercera interesada,\n contesta a la demanda en los siguientes términos:

\n\n

Se opone a las pretensiones y pide que no se declare la nulidad\n de la Resolución No 3472.

\n\n

En cuanto a la demanda, manifiesta que ésta ha sido\n estructurada "con base en la Acción de Nulidad y\n Restablecimiento del Derecho, consagrada en el artículo\n 85 del C.A.A. y siéndolo así, es con base en esta\n acción y no en la acción de nulidad especial mixta\n consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344\n de la comisión del Acuerdo de Cartagena que hubiera sido\n la norma apropiada" y solicita "se declare la caducidad\n de la acción de nulidad y restablecimiento de derecho...".

\n\n

Sostiene que "la actora... es una sociedad legalmente\n constituida cuyo objeto social es 'la elaboración de insumos\n químicos básicos con destino a la industria manufacturera'.\n Artículos que son exclusivos de la clase la De allí\n su nombre o razón social ANHÍDRIDOS Y DERIVADOS\n DE COLOMBIA S.A." en tal calidad obtuvo el registro de la\n marca CRISTAGEL, para luego indicar que "por lo expuesto\n ... el uso de su marca registrada para fabricar y vender su producto\n CRISTAGEL consistente en laca, barniz, (gelcoat) transparente\n ... es simple y llanamente un USO ILÍCITO de la marca,\n que como tal no le genera a ANDERCOL S.A. ningún derecho\n de propiedad industrial, toda vez que la fabricación y\n venta de tales productos como ... no están comprendidos\n dentro de su objeto social y están comprendidos en otra\n clase distinta ... productos de la clase segunda como colores,\n barnices, lacas, no pueden ser tomados como insumos químicos,\n sino como productos terminados que si bien pueden ser utilizados\n en la industria manufacturera también como insumos, se\n diferencian diametralmente de aquéllos que como lo afirma\n la apoderada de la parte actora, por tratarse CRISTAGEL de un\n insumo químico éste se adhiere hasta llegar a formar\n parte integral del producto al que es aplicado'. Fenómeno\n que no se presenta con ninguno de los productos de la clase segunda...\n ".

\n\n

Indica que "en asuntos de propiedad industrial para afirmar\n que dos signos empleados como marca sean idénticos se\n requiere que los signos empleado (sic) como marca y los productos\n a los cuales se aplican sean los mismos". Asimismo sostiene\n que "al considerar la confusión entre marcas, no\n basta afirmar que las marcas en cuestión sean idénticas\n o semejantes en razón de los signos. Es necesario demostrar\n hasta la saciedad que entre ellas exista una identidad confundiblemente\n semejante ... para que sean confundiblemente semejantes, no se\n requiere que sean idénticos pueden ser parcialmente parecidos,\n pero lo deben ser en tal grado que ese parecido sea susceptible\n de inducir al público a error... ".

\n\n

Finalmente indica que sería injusto indilgarle al Superintendente\n delegado para la Propiedad Industrial que "hubiese violado\n el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344\n de la comisión del Acuerdo de Cartagena ".

\n\n

CONSIDERANDO

\n\n

Que las normas contenidas en los artículos 81 y 83\n literal a) de la Decisión 344, cuya interpretación\n ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico\n de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del\n artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal;

\n\n

Que este Tribunal es competente para interpretar en vía\n prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico\n comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme\n en el territorio de los Países Miembros, siempre que la\n solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia\n para actuar- como Juez Comunitario, como lo es en este caso el\n Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución\n del proceso, conforme a lo establecido por el artículo\n 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante\n la Decisión 472), en correspondencia con lo previsto en\n los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, (codificado mediante\n la Decisión 500);

\n\n

Que de acuerdo a la aplicación del ordenamiento jurídico\n en el tiempo, las normas aplicables al caso objeto de la presente\n consulta, no son las requeridas por el Juez Consultante por lo\n que, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado\n de Creación del Tribunal y 126 de su estatuto corresponde\n interpretar los artículos 56, 58 literal f) de la Decisión\n 85, que corresponden a los artículos 81 y 83 literal a)\n de la Decisión 344, toda vez que, de los hechos controvertidos,\n se desprende que la solicitud de concesión del registro\n de la marca CRISTAGEL a favor de Roseta Industrial Ltda. se presentó\n durante la vigencia de la Decisión 85 y, aunque la concesión\n del registro se dio en vigencia de la Decisión 344, sin\n embargo respecto de los requisitos que deben cumplir los signos\n para ser susceptibles de registro como marcas son aplicables\n las normas de la indicada Decisión 85, cuyos textos son:

\n\n

Decisión 85:

\n\n

"Artículo 56.- Podrán registrarse como\n marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean\n novedosos, visibles y suficientemente distintivos.

\n\n

"Artículo 58.- No podrán ser objeto de\n registro como marcas:

\n\n

()

\n\n

f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas\n con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con\n reivindicación válida de una prioridad para productos\n o servicios
\n comprendidos en una misma clase;

\n\n

()".

\n\n

I. APLICACIÓN DEL ORDENAMIENTO COMUNITARIO EN EL TIEMPO

\n\n

Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la\n confianza legítima, de acuerdo con el principio de irretroactividad,\n la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.\n En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas normadas\n en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas\n a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y\n si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones\n jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia,\n procede su aplicación inmediata tanto en algunos de sus\n efectos futuros de la situación jurídica nacida\n bajo el imperio de la norma anterior como en materia procedimental,\n de conformidad a la disposición transitoria primera de\n la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena\n precedentemente transcrita.

\n\n

Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente\n al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo\n como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión\n o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación -tanto\n en sede administrativa como judicial- de la resolución\n interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente\n sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para\n juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento\n comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido\n solicitado el registro marcario. Lo anterior se confirma con\n lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la\n normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo,\n para lo cual se deberá observar. (Proceso 39-IP- 2003,\n caso "& mixta", publicado en la G.O.A.C. No 965\n de 8 de agosto del 2003).

\n\n

El régimen común en materia de propiedad industrial\n se ha basado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues\n ha dispuesto siempre que todo derecho de propiedad industrial,\n válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior,\n subsistirá por el tiempo en que fue concedido. Sin embargo,\n las disposiciones han contemplado, además, la aplicabilidad\n inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros\n del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues\n han dispuesto que, en cambio, se aplicará la nueva Decisión\n comunitaria al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones\n y prórrogas de tal derecho.

\n\n

El Tribunal ha manifestado al respecto que "si el ius\n superveniens se halla constituido por una norma de carácter\n procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada\n en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De\n hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará\n inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no,\n salvo previsión expresa, a las ya cumplidas". (Proceso\n 38-IP-2002, marcas: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC, publicado\n en la G.O.A.C. No 845 del 1° de octubre del 2002).

\n\n

Del caso de autos se desprende que si bien, no se encuentra\n la fecha de solicitud del registro de la marca CRISTAGEL a favor\n de Roseta Industrial Ltda., por la fecha de publicación\n del registro en la Gaceta de Propiedad Industrial de febrero\n de 1990, se presume que ésta fue presentada en vigencia\n de la Decisión 85 y, aunque la concesión del registro\n se dio en vigencia de la Decisión 344, sin embargo, respecto\n de los requisitos para el registro del signo como marca, son\n aplicables las normas contenidas en la indicada Decisión\n 85.

\n\n

II. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO.

\n\n

Conforme lo establece el artículo 56 de la Decisión\n 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos\n básicos e intrínsecos que debe reunir un signo\n para que pueda constituirse en marca, son: que sea novedoso,\n visible y suficientemente distintivo; características\n que dan al signo la capacidad para identificar y distinguir en\n el mercado los productos o servicios producidos o comercializados\n por una persona de otros idénticos o similares, a fin\n de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore,\n diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error\n acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

\n\n

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular\n al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo\n de sus productos o servicios, como el interés general\n de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios,\n garantizándoles el origen y la calidad de éstos,\n evitando el riesgo de confusión o error, tomando así\n transparente el mercado.

\n\n

Cabe referirse a los requisitos básicos mencionados\n por el artículo 56 de la Decisión 85, los cuales\n brindan a la marca las siguientes características:

\n\n

La novedad

\n\n

Este requisito previsto en el artículo 56 de la Decisión\n 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya no está\n contemplado a partir de la Decisión 311 de la Comisión\n del Acuerdo de Cartagena.

\n\n

El requisito de novedad no se dirige a la inexistencia de\n su uso anterior, sino a que sea apropiado en relación\n al producto o servicio que va a distinguir, y que sea inconfundible\n con marcas registradas o previamente solicitadas para la misma\n clase de productos o servicios.

\n\n

El Tribunal ha manifestado que "La novedad y originalidad,\n que se exige también a los signos como elementos constitutivos\n para su protección legal, son relativas... y así\n lo considera parte de la doctrina. 'Es verdad que en ocasiones\n el signo que se emplea como marca es nuevo y original. Pero no\n es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida\n por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua\n extranjera. La falta de novedad es todavía más\n palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía\n siendo utilizado como marca para designar productos o servicios\n de una clase diferente'. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos\n de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S. A., Madrid 1984,\n Página 24; también en ese sentido Ricardo Metke\n y Alfredo Casado Cervino). Un signo es novedoso, no por el hecho\n de ser desconocido sino porque requiere que tenga distintivos\n que lo hagan inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios\n ya registrados o anteriormente solicitados. Un signo novedoso,\n en consecuencia, identifica un producto o un servicio" (Proceso\n 09-1P-94, marca: DIDA, publicado en la G.O.A.C. No 180 de 10\n de mayo de 1995).

\n\n

La visibilidad

\n\n

Igualmente este requisito previsto en el artículo 56\n de la indicada Decisión 85, tampoco se contempla a partir\n de la Decisión 311. La visibilidad, busca que la marca\n sea aprehensible por medio del sentido de la vista y en consecuencia\n identificable por los consumidores. Se constituye en una limitación\n que descarta que puedan ser registrables los signos auditivos,\n táctiles, olfativos y gustativos. Se consideran signos\n visibles, aquellos referidos a: una denominación, una\n palabra, un número, una figura, un dibujo o a un conjunto\n de palabras, numero, figuras y dibujos; que sean aprehendidos\n por el sentido de la vista e identificados por el consumidor.\n El requisito de la visibilidad -esto es, que el signo sea aprehendido\n por el sentido de la vista e identificado por el consumidor-\n que se exigía en la Decisión 85, ha sido objeto\n de ampliación conceptual en las posteriores decisiones\n comunitarias relativas al régimen común de Propiedad\n Industrial, reemplazándose por la perceptibilidad, que\n abarcó la posibilidad de que el signo sea aprehendido\n por los consumidores o usuarios a través de cualesquiera\n de los sentidos. Al respecto, siendo la marca un bien inmaterial,\n para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto\n pase a ser una impresión material, soportada en una o\n más letras, números, palabras, dibujos u otros\n elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que,\n al ser aprehendidos por medios sensoriales y asimilados por la\n inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios\n del producto o servicio que pretende amparar dicha marca y, de\n esta manera pueda ser seleccionada con facilidad.

\n\n

La distintividad

\n\n

Es la capacidad que tiene un signo para distinguir en el mercado\n unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el\n consumidor o usuario los diferencie para su elección.\n Es considerada como característica primigenia y esencial\n que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye\n el presupuesto indispensable para que cumpla su función\n principal de identificar e indicar el origen empresarial y la\n calidad del producto o servicio.

\n\n

Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista\n Jorge Otamendi sostiene que: "'El poder o carácter\n distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder\n ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto\n de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un\n signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un\n producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades"\n (Otamendi, Jorge. "Derecho de Marcas". LexisNexis.\n Abeledo Perrot, Cuarta Edición, 2001, p. 27).

\n\n

Sobre esta característica, el Tribunal ha manifestado\n en reiteradas ocasiones que: "El signo distintivo es aquel\n individual y singular frente a los demás y que no es confundible\n con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de\n productos. El signo que no tenga estas características,\n carecería del objeto o función esencial de la marca,\n cual es el de distinguir unos productos de otros " (Proceso\n 19-IP-2000, marca: LOS ALPES, publicado en la en la G.O.A.C.\n No 585 de 20 de julio del 2000).
\n De lo expuesto se concluye que un signo es registrable como marca\n conforme a las exigencias fijadas por el artículo 56 de\n la Decisión 85, cuando cumple plena y acumulativamente\n con los tres requisitos característicos de la novedad,\n visibilidad y suficiente distintividad; siempre que no se encuentre\n comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas\n en el artículo 58 de la misma Decisión, resultando\n que, si bien los requisitos establecidos por el referido artículo\n 56 son necesarios, no son suficientes, toda vez que el signo\n no debe estar incurso en las prohibiciones previstas por el artículo\n precedentemente indicado.

\n\n

III. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS\n Y RIESGO DE CONFUSIÓN.

\n\n

La Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de\n Cartagena observa en forma estricta el principio de especialidad\n salvo el caso de las marcas notoriamente conocidas. En cambio\n la Decisión 344 si bien tiene como base la especialidad,\n sin embargo, es más flexible toda vez que no sólo\n hace excepción en la marca notoriamente conocida sino\n también cuando los productos o servicios respecto de los\n cuales el uso de la

 

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