Registro Oficial

Registro Oficial. 31 de AGOSTO del 2004 Suplemento

Martes, 31 de agosto de 2004

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE\n AGOSTO DEL 2004
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Martes, 31 de agosto del 2004 - R. O. No. 410

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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SUPLEMENTO

\n

DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR
\n
FUNCIÓN\n EJECUTIVA

\n\n

DECRETOS:

\n\n

2015\n Renuévese\n la declaratoria de estado de emergencia vial y determínase\n como zona de atención prioritaria a la provincia de Manabí1

\n\n

2025 Autorízase al Ministro\n de Economía y Finanzas para que, apruebe un aumento de\n crédito de US $ 257.000.000,00 al Presupuesto General\n del Estado, con recursos provenientes de los nuevos ingresos\n obtenidos por el FEIREP en el año 2004.

\n\n

ACUERDO\n DE CARTAGENA

\n\n

RESOLUCIONES:

\n\n

776\n Recurso de\n Reconsideración interpuesto por la República del\n Ecuador contra la Resolución 754 de la Secretaría\n General, que declaró inadmisible la solicitud de salvaguardia\n para importaciones de productos de la cadena de las oleaginosas.

\n\n

777 Conformación de un\n Grupo Ad Hoc de la Cadena del Algodón de la Comunidad\n Andina para sugerir propuestas para el desarrollo del sector\n en su conjunto.

\n\n

778\n Precios de\n Referencia del Sistema Andino de Franjas de Precios para la primera\n quincena de noviembre del 2003, correspondientes a la Circular\n No 207 del 20 de octubre del 2003

\n\n

779 Dictamen 07-2003 de incumplimiento\n por parte de la República de Colombia al diferir unilateralmente\n el Arancel Externo Común aplicable a las importaciones\n de propeno, o-Xileno, etilenglicol, polietilenos, copolímeros\n de etileno y látex de caucho.\n

\n \n \n \n
\n

 

\n\n

 

\n\n

No 2015

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPÚBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1789 publicado en el Registro\n Oficial No. 364 de 25 de junio del 2004, se declaró el\n estado de emergencia vial en la provincia de Manabí;

\n\n

Que ante los embates de la naturaleza que viene soportando\n la provincia de Manabí, producto del inusitado invierno\n que la afecta y que entre otros daños produce frecuentes\n deslaves causando serios daños, tales como la destrucción\n de carreteras, caminos, puentes, el Gobierno Nacional debe tomar\n las medidas necesarias para evitar que se presenten mayores peligros\n en esa zona;

\n\n

Que es deber del Estado Ecuatoriano, ante la recurrencia del\n peligro que amenaza a esa Provincia adoptar las medidas necesarias\n para prevenir peligros inminentes o reparar daños causados\n a las poblaciones y a la infraestructura vial de la región\n afectada, con la finalidad de evitar que se agrave la situación\n económica y social de la misma; y,

\n\n

En ejercicio de la atribución que le confieren los\n artículos 180 y 181 de la Constitución Política\n de la República,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1.- Renuévese la declaratoria de estado de emergencia\n vial y determínase como zona de atención prioritaria\n a la provincia de Manabí, y en consecuencia, dispónese\n que el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, se\n encargue de efectuar los trámites necesarios y los procedimientos\n establecidos en la Ley de Contratación Pública\n y su reglamento, requeridos para estos casos, para la ejecución\n de los trabajos que sean necesarios a fin de dar atención\n a la vialidad en las carreteras, caminos, y puentes, para solucionar\n los hechos de la naturaleza y el peligro inminente que constituye\n sin duda una amenaza para esa importante provincia de la costa\n ecuatoriana.

\n\n

Art. 2.- Facúltase al Ministro de Obras Públicas\n a celebrar en nombre y representación del Estado Ecuatoriano,\n los contratos que sean necesarios para ejecutar las obras y adquirir\n los bienes .y servicios que permitan conjurar la emergencia,\n para cuyo efecto, podrá ampararse en las disposiciones\n constantes en el Art. 6 letra a) de la Ley de Contratación\n Pública.

\n\n

Art. 3.- La calificación de la causa y exoneración\n del cumplimiento de los trámites precontractuales\n y contractuales establecidos en la Ley de Contratación\n Pública y su reglamento para que la entidad contratante\n pueda acogerse al régimen de excepción previsto\n en el Art. 1 del presente decreto, serán determinados\n y de exclusiva responsabilidad del Ministro de Obras Públicas\n y Comunicaciones.

\n\n

Art. 4.- Autorízase al Ministro de Economía\n y Finanzas para que realice las reasignaciones presupuestarias\n correspondientes con el objeto de financiar los contratos que\n sean necesarios para ejecutar las obras y adquirir los bienes\n y servicios para atender la emergencia.

\n\n

Art. 5.- De la ejecución del presente decreto ejecutivo,\n que entrará en vigencia a partir de la presente fecha\n sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial,\n encárguese a los ministros de Obras Públicas y\n Comunicaciones y de Economía y Finanzas.

\n\n

Dado, en el Palacio Nacional, a 24 de agosto del 2004.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

f.) Mauricio Yépez Najas, Ministro de Economía,\n y Finanzas.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Dr. Guillermo H. Astudillo Ibarra, Subsecretario General\n de la Administración Pública.

\n\n

No 2025

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPÚBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, de conformidad con lo previsto en el Art. 57 de la Ley\n de Presupuestos del Sector Público, es facultad del Ministerio\n de Economía y Finanzas la aprobación de aumentos\n de crédito en el Presupuesto General de Estado;

\n\n

Que, en el numeral 7 del artículo 48 de la Ley Orgánica\n de Administración Financiera y Control se establece la\n atribución del Ministro de Economía y Finanzas\n para aprobar los aumentos y rebajas de crédito que alteren\n los niveles fijados en el Presupuesto General del Estado, hasta\n por el monto del 5% del valor aprobado por el Congreso Nacional;

\n\n

Que, de acuerdo con el oficio No. SE-C-868-23004-04-03475\n de 12 de julio del 2004 remitido por el Banco Central del Ecuador;\n y los Informes Técnicos Nos. 92-SPE -DM-2004 y SP-PPT-065-2004\n de 28 de julio y 20 de agosto del 2004, respectivamente, elaborados\n por el Ministerio de Economía y Finanzas, se ha establecido\n técnicamente que los recursos económicos provenientes\n de la producción petrolera nacional en el año 2004,\n asignados al Fondo de Estabilización, Inversión\n Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Públicos,\n FEIREP, superarán en US $ 257 millones de dólares\n el monto presupuestado inicialmente;

\n\n

Que, mediante oficio No. SP-2004-4734 de 20 de agosto del\n 2004, el Ministerio de Economía y Finanzas solicita la\n autorización correspondiente para efectuar una\n modificación presupuestaria consistente en un aumento\n de crédito de US $ 257.000.000,00, en-el Presupuesto General\n del Estado, con recursos provenientes de los nuevos ingresos\n del FEIREP no presupuestados inicialmente;

\n\n

Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 260\n de la Constitución Política de la República,\n es facultad del Presidente de la República determinar\n los mecanismos y procedimientos para la administración\n de las finanzas públicas, sin perjuicio del control de\n los organismos pertinentes; y,

\n\n

En uso de las atribuciones previstas en los artículos\n 260 y 171, numeral 9 de la Constitución de la República;\n y 11, literal f), del Estatuto del Régimen Jurídico\n y Administrativo de la Función Ejecutiva,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1.- Autorizar al señor Ministro de Economía\n y Finanzas para que, en uso de las atribuciones previstas en\n los artículos 57 de la Ley de Presupuestos del Sector\n Público y numeral 7 del artículo 48 de la Ley Orgánica\n de Administración Financiera y Control, apruebe un aumento\n de crédito de US $ 257.000.000,00 al Presupuesto General\n del Estado, con recursos provenientes de los nuevos ingresos\n obtenidos por el FEIREP en el año 2004, que no fueron\n presupuestados inicialmente.

\n\n

Art. 2.- Los ingresos señalados en el artículo\n anterior que financiarán el aumento de crédito\n autorizado, se destinarán exclusivamente a los fines y\n en los porcentajes previstos en el Art. 17 de la Ley Orgánica\n de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal,\n en concordancia con los artículos 46, 47, 48 y 49 de su\n reglamento.

\n\n

Art. FINAL.- De la ejecución del presente decreto,\n que entrará en vigencia a partir de su publicación\n en el Registro Oficial, encárguese al Ministro de Economía\n y Finanzas.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 27 de agosto del\n 2004.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

f.) Mauricio Yépez Najas, Ministro de Economía\n y Finanzas.

\n\n

Es fiel copia del original.-Lo certifico.

\n\n

f.) Dr. Guillermo H. Astudillo Ibarra, Subsecretario General\n de la Administración Pública.

\n\n

No 776

\n\n

ACUERDO DE CARTAGENA

\n\n

Recurso de Reconsideración interpuesto por la República\n del Ecuador contra la Resolución 754 de la Secretaría\n General, que declaró inadmisible la solicitud de salvaguardia\n para importaciones de productos de la cadena de las oleaginosas

\n\n

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

\n\n

VISTOS: Los artículos 1, 30, literal a), y 97 del Acuerdo\n de Cartagena, en su texto codificado a través de la Decisión\n 563; los artículos 1 y 4 del Tratado del Tribunal de Justicia\n de la Comunidad Andina; el Reglamento de Procedimientos Administrativos\n de la Secretaría General contenido en la Decisión\n 425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores;\n y, la Resolución 754 de la Secretaría General;\n y,

\n\n

CONSIDERANDO: Que el Gobierno del Ecuador, mediante fax 2003-079\n DOC-MICIP, de fecha 17 de julio de 2003, comunicó a la\n Secretaría General que el Consejo de Comercio Exterior\n e Inversiones, COMEXI, a través de la Resolución\n 189 del 25 de abril del 2003, publicada en el Registro Oficial\n del Ecuador el 16 de mayo del 2003, aplicó una medida\n de salvaguardia provisional, por un período de seis meses,\n a las importaciones procedentes y originarias de los Países\n Miembros de la Comunidad Andina, consistente en un gravamen arancelario\n equivalente al arancel total (AEC+DVA) del Sistema Andino de\n Franjas de Precios (SAFP), cobrado a países distintos\n de la Comunidad Andina, a los productos clasificados en las subpartidas\n arancelarias NANDINA 1507.90.00, 1512.19.00, 1516.20.00,\n 1517.10.00y 1517.90.00;

\n\n

Que con fecha 19 de agosto del 2003, la Secretaría\n General emitió la Resolución 754, publicada en\n la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 969 del 20 de agosto\n del 2003, mediante la cual declaró inadmisible por extemporánea\n la solicitud presentada por el Gobierno del Ecuador, al amparo\n del artículo 97 del Acuerdo de Cartagena, para la autorización\n de las medidas correctivas previstas en la Resolución\n 189 del COMEXI. En consecuencia, se dispuso la suspensión\n de las medidas correctivas aplicadas por el Gobierno del Ecuador\n y la devolución de las garantías que hubieran sido\n impuestas por la aplicación de las medidas provisionales\n a que se refiere la Resolución 189 del COMEXI;

\n\n

Que el Gobierno del Ecuador, mediante oficio 030556 de fecha\n 15 de septiembre del 2003, recibido por la Secretaría\n General en la misma fecha, interpuso recurso de reconsideración\n contra la Resolución 754 de la Secretaría General.\n Acompañó a su recurso la comunicación 2003-079\n DOC de 17 de julio del 2003, a través de la cual informó\n la aplicación de la medida de salvaguardia y el informe\n que la sustentaba; el fax 2003-111 DOC-MICIP respecto a la solicitud\n de prórroga; el fax de la Secretaría General SG/F/2.14.17/1264/2003,\n en el que se comunicó que se procedería a evaluar\n la solicitud de salvaguardia con base en la normativa andina;\n y adjuntó también un resumen ejecutivo sobre el\n "Informe Técnico para sustento de Medida de Salvaguardia",\n referido a los productos de la cadena de oleaginosas;

\n\n

Que el 18 de septiembre del 2003, la Secretaría General\n recibió nuevamente el oficio 030556 de fecha 15 de septiembre\n del 2003, con anexos de las comunicaciones citadas en el párrafo\n anterior, y adicionalmente un nuevo informe técnico de\n más de 100 páginas, como sustento de la medida\n de salvaguardia titulado "Solicitud a la Comunidad Andina\n de prórroga de la Salvaguardia para el Sector de Oleaginosas\n y sus productos";

\n\n

Que en su recurso de reconsideración el Gobierno del\n Ecuador argumentó que, mediante oficio 2003-111 DOC-MICIP\n del 17 de julio del 2003, habría solicitado una prórroga\n del plazo establecido para la presentación de pruebas\n que servirían para la elaboración de un informe\n que sustentaría los motivos por los cuales dicho país\n adoptó la medida correctiva, con base en el artículo\n 29 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría\n General. Agregó que su solicitud de prórroga para\n la presentación del informe la habría realizado\n "... en razón de que la consolidación del\n mismo se retrasó debido a la elevada dispersión\n de los distintos entes productivos, así como por la falta\n de esquemas homogéneos en el manejo de costos de producción".\n Adicionalmente, destacó que la Secretaría General\n habría indicado en la comunicación SG/F/2.14.17/1264/2003\n de 4 de agosto del 2003 u... que evaluaría la solicitud\n conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de Cartagena y en el Reglamento\n de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General\n de la Comunidad Andina (Decisión 425), y que a la brevedad\n posible se pronunciaría sobre el tema", respuesta\n que según el gobierno ecuatoriano no habría ocurrido\n contradiciendo lo dispuesto en los artículos 4 y 42 de\n Decisión 425. Concluye el recurso de reconsideración\n que la Secretaría General habría incurrido en vicios\n de forma al declarar inadmisible por extemporánea la solicitud\n presentada, considerando que el plazo de notificación\n es un elemento indispensable para continuar con el proceso de\n calificación de la medida y no contemplar en su criterio\n resolutivo la solicitud de prórroga para la presentación\n del informe técnico referido en el oficio 2003-111 DOC-MICIP.\n Por último, el Gobierno del Ecuador solicitó que\n se "disponga mediante auto la suspensión de las medidas\n cautelares contempladas en los artículos 2 y 3 de dicha\n Resolución [754], debido a que limitan nuestro derecho\n a ejecutar acciones orientadas a proteger el sector agroindustrial\n ecuatoriano vinculado al cultivo de productos oleaginosos de\n las afecciones (sic) que le generan las importaciones de procedencia\n andina";

\n\n

Que el Gobierno de Colombia, mediante comunicación\n de 15 de octubre def2003, señaló que coincidía\n con lo resuelto por la Secretaría General al declarar\n inadmisible por extemporánea la solicitud de autorización\n de la medida de salvaguardia a las importaciones de los productos\n clasificados en las subpartidas NANDINA 1507.90.00, 1512:19.00,\n 1516.20.00, 1517.10.00 y 1517.90.00 originarias de Países\n Miembros de la Comunidad Andina. Sostuvo que "... teniendo\n en cuenta que los plazos establecidos en el Reglamento de Procedimientos\n Administrativos de la Secretaría General y en el artículo\n 97 del mencionado Acuerdo, son de carácter obligatorio,\n y el Gobierno de Ecuador no remitió de forma oportuna\n a la Secretaría General el informe sobre los motivos en\n que se fundamenta la aplicación de la medida";

\n\n

Que con carácter previo, corresponde pronunciarse acerca\n de la solicitud de suspensión de los artículos\n 2 y 1 de la Resolución 754 de la Secretaría General,\n a través de los cuales se dispuso la suspensión\n de las medidas correctivas aplicadas por el Gobierno del Ecuador\n y la devolución de las garantías que hubieran sido\n impuestas por la aplicación de las medidas provisionales\n a que se refiere la Resolución 189 del COMEXI. De los\n términos de la petición planteada por el Gobierno\n del Ecuador se desprende que su pretensión va dirigida\n a que este órgano comunitario suspenda provisionalmente\n la eficacia de los artículos 2 y 3 de la Resolución\n 754, hasta que se adopte un pronunciamiento definitivo acerca\n del recurso de reconsideración;

\n\n

Que al respecto, el segundo párrafo del artículo\n 4.1 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría\n General prevé que "de oficio o a petición\n del interesado, el Secretario General podrá disponer mediante\n auto la suspensión de los efectos del acto recurrido,\n mientras dure el procedimiento, cuando su ejecución pueda\n causar un perjuicio irreparable o de difícil reparación\n al interesado, no subsanable por la Resolución definitiva\n o si el recurso se fundamenta en la nulidad de pleno derecho\n del acto";

\n\n

Que la República del Ecuador no ha demostrado que la\n ejecución pueda causarle a dicho País Miembro un\n perjuicio irreparable o de difícil reparación y\n que el supuesto perjuicio no pudiera ser subsanado con la resolución\n definitiva del recurso. Tampoco se ha alegado ni demostrado que\n el acto recurrido adolezca de un vicio que lo afecte de nulidad\n de pleno derecho;

\n\n

Que en consecuencia, debe desestimarse la solicitud de suspensión\n provisional de los efectos de los artículos 2 y 3 de la\n Resolución 754;

\n\n

Que en relación con los argumentos relacionados con\n los supuestos vicios de forma en los que habría incurrido\n la Resolución 754 al declarar inadmisible por extemporánea\n la solicitud presentada por el Gobierno Ecuatoriano, la Secretaría\n General confirma su criterio expresado en el acto recurrido,\n en el sentido de que la presentación del informe en el\n caso de la invocación de la cláusula de salvaguardia\n del artículo 97 del Acuerdo de Cartagena es un elemento\n "esencial y básico" para la continuación\n del procedimiento, así como para la legitimación\n misma de las medidas restrictivas aplicadas por el País\n Miembro solicitante de manera provisional. El informe presentado\n por el País Miembro solicitante debe incluir toda la justificación\n necesaria para respaldar su petición, así como\n la evidencia de los hechos alegados. El pronunciamiento que la\n Secretaría General debe emitir dentro de los sesenta días\n siguientes a la fecha de la recepción del informe se basa\n en gran medida en la información aportada en ese documento;

\n\n

Que en anteriores oportunidades la Secretaria General se ha\n pronunciado respecto a la oportunidad de presentación\n del informe que sustenta la medida de salvaguardia. Así,\n en la Resolución 300 del 5 de junio de 1991, la Junta\n del Acuerdo de Cartagena (hoy Secretaría General) señaló\n con relación al artículo 79 A del Acuerdo de Cartagena\n (actual artículo 97) que "la presentación\n extemporánea de la comunicación y del informe sobre\n los motivos en que se fundamenta la aplicación de la cláusula\n de salvaguardia, significa un incumplimiento del Gobierno de\n Colombia del plazo fijado por el acuerdo para comunicar este\n tipo de situaciones al órgano encargado de verificar la\n perturbación y emitir un pronunciamiento sobre la procedencia\n de las medidas", considerando en consecuencia que no era\n procedente autorizar las medidas correctivas solicitadas. De\n igual forma, en la Resolución 717 de 26 de abril del 2003,\n la Secretaría General señaló que la presentación\n del informe en el caso de la salvaguardia del artículo\n 109 (actual artículo 97) del Acuerdo de Cartagena "es\n un elemento esencial y básico para la continuación\n del procedimiento", y a su vez sostuvo que "si se admitiera\n que un País Miembro puede presentar extemporáneamente\n una solicitud de autorización de medidas de salvaguardia\n bajo el articulo 109, mientras mantiene vigentes restricciones\n comerciales a productos comunitarios, y luego se pueda esperar\n que la Secretaría General legitime ex-post la aplicación\n de tales restricciones, se abriría la puerta para que\n bajo el artículo 109 se puedan aplicar restricciones al\n comercio intracomunitario por tiempo indefinido";

\n\n

Que el plazo previsto en el artículo 97 del Acuerdo\n de Cartagena para que el País Miembro que aplicó\n medidas provisionales solicite la autorización de la Secretaría\n General, es un plazo preclusivo, por lo que transcurridos los\n sesenta días, se pierde la posibilidad legal de amparar\n la restricción comercial impuesta en la cláusula\n de excepción del Acuerdo de Cartagena;

\n\n

Que lo anterior se deriva no sólo del tenor literal\n de la propia norma comunitaria, sino también de la naturaleza\n jurídica de las salvaguardias como mecanismos que exceptúan\n la aplicación de compromisos básicos emanados del\n Acuerdo de Cartagena, y específicamente de su Programa\n de Liberación. A este respecto, el Tribunal de Justicia\n de la Comunidad Andina en su sentencia de 10 de junio de 1987\n (proceso 1- N-86) precisó que las cláusulas de\n salvaguardia "constituyen remedio extremo que sólo\n se permite por vía de excepción, como defensa necesaria,\n aunque transitoria, de los países comprometidos en el\n proceso de integración, ante trastornos graves e imprevistos".\n En tal sentido, el Tribunal Andino afirmó que "[u]na\n primera consecuencia de estos principios generales es la obvia\n de que, mientras el proceso de liberación es automático\n e irrevocable, la defensa excepcional que se autoriza, en aparente\n detrimento de tal proceso, no puede ser en ningún caso\n unilateral, automática ni irrevocable. Muy por el contrario,\n tiene establecido el derecho, comunitario que la aplicación\n de tales medidas exceptivas, siempre temporales o transitorias,\n .debe ceñirse rígidamente a los procedimientos\n previamente señalados en las normas exceptivas pertinentes\n que son, por lo mismo, imperativas, estrictas y que excluyen,\n por definición, actuaciones ex-oficio, unilaterales o\n puramente potestativas y que, jurídicamente, están\n sujetas a una interpretación restrictiva, como normas\n de excepción" (énfasis añadido);

\n\n

Que por lo expuesto, el artículo 29 del Reglamento\n de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General\n (Decisión 425), que establece la posibilidad excepcional\n de prorrogar los plazos establecidos para presentar pruebas o\n rendir informes u opiniones, no resulta aplicable al plazo preclusivo\n de 60 días previsto en el artículo 97 del Acuerdo\n de Cartagena para que el País Miembro que aplique medidas\n correctivas presente un informe sobre los motivos en que fundamenta\n su aplicación. Además de las consideraciones expuestas\n sobre la naturaleza de las medidas de salvaguardia y las consecuencias\n que podrían derivarse si se abriera la posibilidad de\n que los Países Miembros presenten extemporáneamente\n el informe sobre la aplicación de una medida correctiva,\n debe tenerse presente que el artículo 97 expresamente\n impone la obligación al País Miembro de presentar\n el informe en un plazo "no mayor den sesenta días;

\n\n

Que por lo indicado, no resultaba procedente la solicitud\n de prórroga formulada por el Gobierno del Ecuador; y,

\n\n

Que por todo lo anteriormente expuesto, la Secretaría\n General;

\n\n

Resuelve:

\n\n

Artículo único.- Declarar sin lugar el recurso\n de reconsideración interpuesto por el Gobierno del Ecuador\n y, en consecuencia, confirmar la Resolución 754 impugnada.

\n\n

Conforme a lo previsto en los artículos 17 y 44 del\n Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría\n General, se señala que contra la presente resolución\n no puede interponerse un nuevo recurso de reconsideración,\n dejándose a salvo el derecho de las partes a recurrir\n ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a través\n del ejercicio de la acción de nulidad dentro de los dos\n años siguientes a la fecha de entrada en vigencia de la\n resolución.

\n\n

Comuníquese a los Países Miembros la presente\n resolución.

\n\n

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los quince días\n del mes de octubre del año dos mil tres.

\n\n

GUILLERMO FERNANDEZ DE SOTO
\n Secretario General

\n\n

No 777

\n\n

ACUERDO DE CARTAGENA

\n\n

Conformación de un Grupo Ad Hoc de la Cadena del Algodón\n de la Comunidad Andina para sugerir propuestas para el desarrollo\n del sector en su conjunto

\n\n

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

\n\n

VISTOS: El artículo 38 de la Decisión 471 y\n el artículo 3 de la Decisión 564; y,

\n\n

CONSIDERANDO: Que en la Comunidad Andina se registra un déficit\n de abastecimiento interno de algodón sin cardar ni peinar,\n lo cual ha llevado a que los Países Miembros presenten\n de manera reiterada solicitudes de diferimiento del Arancel Externo\n Común de este producto, clasificado en la subpartida NANDINA\n 5201.00.00;

\n\n

Que el artículo 3 de la Decisión 564 dispone\n establecer un Grupo Ad Hoc de 4a Cadena del Algodón para\n analizar como cadena productiva el problema de desabastecimiento\n de dicha materia prima, con el propósito de sugerir propuestas\n para el desarrollo del sector en su conjunto; y,

\n\n

Que es necesario precisar la conformación del Grupo\n Ad Hoc y el alcance de su trabajo;

\n\n

Resuelve:

\n\n

Artículo 1.- El Grupo Ad Hoc de la Cadena del Algodón,\n establecido mediante Decisión 564, estará conformado\n por cuatro representantes de cada uno de los Países Miembros,\n distribuidos de la siguiente manera: Un funcionario gubernamental\n de alto nivel y tres representantes del sector privado. Dicho\n Grupo se reunirá por convocatoria de la Secretaría\n General las veces que así lo acuerde.

\n\n

La acreditación de los representantes del sector público\n y privado, y sus correspondientes alternos, deberá efectuarse\n por cada País Miembro ante la Secretaría General,\n a más tardar dentro de los diez días calendario\n siguientes a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución.

\n\n

Artículo 2.- Las reuniones del Grupo Ad Hoc serán\n presididas por el representante gubernamental del País\n Miembro que ocupa la Presidencia del Consejo Presidencial Andino\n o, en su ausencia, por el representante gubernamental del país\n que le suceda en orden alfabético.

\n\n

La Secretaría Técnica del Grupo Ad Hoc será\n ejercida por un funcionario que al efecto designe la Secretaría\n General, quien deberá proponer la Agenda Preliminar de\n las reuniones del Grupo.

\n\n

A solicitud de sus miembros, y con la aprobación de\n la mayoría de ellos, en las reuniones del grupo podrán\n participar, en calidad de observadores, otros agentes relacionados\n con la cadena del Algodón de la Subregión.

\n\n

Artículo 3.- Las recomendaciones del Grupo Ad Hoc serán\n consignadas en un informe y presentadas a la comisión,\n por intermedio de la Secretaría General.

\n\n

Artículo 4.- El Grupo Ad Hoc tendrá una duración\n de 12 meses contados a partir de la fecha de emisión de\n la presente resolución.
\n
\n Artículo 5.- Comuníquese a los Países Miembros\n la presente resolución, la cual entrará en vigencia\n a partir de su fecha de publicación en la Gaceta Oficial\n del Acuerdo de Cartagena.

\n\n

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los diecisiete días\n del mes de octubre del año dos mil tres.

\n\n

JOSÉ ANTONIO GARCÍA BELAUNDE
\n Director General
\n Encargado de la Secretaría General

\n\n

No 778

\n\n

ACUERDO DE CARTAGENA

\n\n

Precios de Referencia del Sistema Andino de Franjas de Precios\n para la primera quincena de noviembre del 2003, correspondientes\n a la Circular No 207 del 20 de octubre del 2003

\n\n

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

\n\n

VISTOS: El Tratado de Creación del Tribunal de Justicia\n de la Comunidad Andina, la Decisión 371 de la Comisión\n sobre el Sistema Andino de Franjas de Precios, la Resolución\n 683 de la Secretaría General y el Reglamento de Procedimientos\n Administrativos de la Secretaría General, contenido en\n la Decisión 425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones\n Exteriores; y,

\n\n

CONSIDERANDO: Que, en cumplimiento de lo establecido en el\n artículo 22 de la Decisión 371, y para efectos\n de la aplicación de las Tablas Aduaneras publicadas en\n la Resolución 683, o de efectuar los cálculos establecidos\n en los artículos 11, 12, 13 y 14 de la Decisión\n 371, la Secretaría General debe comunicar quincenalmente\n a los Países Miembros los Precios de Referencia del Sistema\n Andino de Franjas de Precios;

\n\n

Que, es necesario facilitar a las autoridades aduaneras nacionales\n la aplicación oportuna de los Precios de Referencia, evitando\n la necesidad de someter dichos precios a ratificación\n mediante disposiciones internas y publicación en diarios\n oficiales;

\n\n

Que, en virtud del artículo 1 del Tratado de Creación\n del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las resoluciones\n de la Secretaría General hacen parte del ordenamiento\n jurídico andino;

\n\n

Que, de acuerdo al artículo 4 del Tratado citado, los\n Países Miembros están obligados a adoptar las medidas\n que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas\n que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad\n Andina, y se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida\n alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún\n modo obstaculice su aplicación; y,

\n\n

Que, de conformidad con lo establecido en los artículos\n 17, 37 y 44 del Reglamento de Procedimientos Administrativos\n de la Secretaría General, se señala que contra\n la presente resolución cabe interponer recurso de reconsideración\n dentro de los 45 días siguientes a su publicación\n en la Gaceta Oficial, así como acción de nulidad\n ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro de\n los dos años siguientes a la fecha de su entrada en vigencia.

\n\n

RESUELVE:

\n\n

Artículo 1.- Se fijan los siguientes Precios de Referencia\n del Sistema Andino de Franjas de Precios correspondientes a la\n primera quincena de noviembre del 2003.

\n\n

NANDINA PRODUCTO MARCADOR PRECIO DE REFERENCIA (USD/t)

\n\n

0203.29.00 Carne de cerdo 1282 (Un mil doscientos ochenta\n y dos)
\n 0207.14.00 Trozos de pollo 882 (Ochocientos ochenta y dos)
\n 0402.21.19 Leche entera 1862 (Un mil ochocientos, sesenta y\n dos)
\n 1001.10.90 Trigo 169 (Ciento sesenta y nueve)
\n 1003.00.90 Cebada 153 (Ciento cincuenta y tres)
\n 1005.90.11 Maíz amarillo 124 (Ciento veinticuatro)
\n 1005.90.12 Maíz blanco 137 (Ciento treinta y siete)
\n 1006.30.00 Arroz blanco 236 (Doscientos treinta y seis)
\n 1201.00.90 Soya en grano 295 (Doscientos noventa y cinco)
\n 1507.10.00 Aceite crudo de soya 602 (Seiscientos dos)
\n 1511.10.00 Aceite crudo de palma 500 (Quinientos)
\n 1701.11.90 Azúcar crudo 154 (Ciento cincuenta y cuatro)
\n 1701.99.00 Azúcar blanco 214 (Doscientos catorce)

\n\n

Artículo 2.- Los Precios de Referencia indicados en\n el artículo anterior, se aplicarán a las importaciones\n que arriben a puertos de la Comunidad Andina entre el primero\n y el quince de noviembre del año dos mil tres.

\n\n

Artículo 3.- Para la determinación de los derechos\n variables adicionales o las rebajas arancelarias que correspondan\n a los Precios de Referencia indicados en el artículo 1,\n se podrán utilizar las Tablas Aduaneras publicadas en\n la Resolución 683 de la Secretaría General, o se\n efectuarán, los cálculos que se establecen en los\n artículos 11, 12, 13 y 14 de la Decisión 371.

\n\n

Artículo 4.- Comuníquese a los Países\n Miembros la presente resolución, la cual entrará\n en vigencia a partir de su fecha de publicación en la\n Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

\n\n

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los veinte días\n del mes de octubre del año dos mil tres.

\n\n

GUILLERMO FERNANDEZ DE SOTO
\n Secretario General

\n\n

No 779

\n\n

ACUERDO DE CARTAGENA

\n\n

Dictamen 07-2003 de incumplimiento por parte de la República\n de Colombia al diferir unilateralmente el Arancel Externo Común\n aplicable a las importaciones de propeno, o-Xileno, etilenglicol,\n polietilenos, copolímeros de etileno y látex de\n caucho

\n\n

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

\n\n

VISTOS: El Capítulo VIII del Acuerdo de Cartagena sobre\n Arancel Externo Común; los artículos 4 y 23 del\n Tratado de Creación del Tribunal de Justicia; las Decisiones\n 370 y 465 de la Comisión; el Reglamento de Procedimientos\n Administrativos de la Secretaría General contenido en\n la Decisión 425; y, la Resolución 501 de la Junta\n del Acuerdo de Cartagena;

\n\n

CONSIDERANDO: Que el 18 de julio del 2003 se recibió\n una denuncia del Gobierno de Venezuela, a través de la\n cuál informó acerca de la expedición por\n parte de la República de Colombia del Decreto 1130 de\n 7 de mayo del 2003, que difirió, a partir del 9 de mayo\n del 2003 y por un: período de seis meses, el gravamen\n arancelario a cero por ciento (0%) para un contingente de importaciones\n de los siguientes productos: propeno (propileno), o-Xileno, etilenglicol\n (etanodiol), polietileno de densidad inferior a 0,94, polietileno\n de densidad superior o igual a 0,94, copolímeros de etileno\n con otras olefinas y látex de caucho estireno-butadieno\n carboxilado, comprendidos en las subpartidas 2901220000, 2902410000,\n 2905310000, 3901100000. 3901200000 y 4002112000. El Gobierno\n de Venezuela precisó que el referido Decreto 1130 contravendría\n el artículo 98 del Acuerdo de Cartagena, así como\n la Resolución 501 de la Junta del Acuerdo de Cartagena\n relativa a los criterios y procedimientos para la reducción\n o suspensión transitoria del Arancel Externo Común\n con el fin de atender insuficiencias transitorias de la oferta;

\n\n

Que mediante comunicación SG-F/0.5/1333/2003, transmitida\n el 15 de agosto del 2003, la Secretaría General dirigió\n a la República de Colombia una nota de observaciones,\n considerando que la expedición del Decreto No 1130 del\n 7 de mayo del 2003 podría constituir un incumplimiento\n de obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento\n jurídico de la Comunidad Andina, en particular del artículo\n 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia, de\n los artículos 81, 85 y 86 del Acuerdo de Cartagena, de\n las Decisiones 370 y 465 de la Comisión y de la Resolución\n 501 de la Junta del Acuerdo de Cartagena. En la nota de observaciones\n se concedió a la República de Colombia un plazo\n de quince (15) días hábiles para que diera respuesta;

\n\n

Que mediante comunicación de fecha 5 de septiembre\n del 2003, en respuesta a la nota de observaciones, el Gobierno\n de Colombia señaló que el 23 de marzo del 2003\n presentó a la Secretaría General una solicitud\n de diferimiento del Arancel Externo Común por razones\n de insuficiencia transitoria de oferta, con arreglo a lo previsto\n en el artículo 85 del Acuerdo de Cartagena. Manifestó,\n igualmente, que "teniendo en cuenta que Colombia ya había\n surtido el procedimiento previsto en la normativa comunitaria\n y especialmente lo dispuesto en la Resolución 501, es\n decir, haber presentado y sustentado la insuficiencia de oferta\n por parte de Venezuela y la necesidad de adoptar un diferimiento,\n procedió a decretar la medida y así intentar suplir\n la manifiesta y comprobada carencia de materias primas comprometidas";

\n\n

Que mediante comunicación del 17 de septiembre del\n 2003, el Gobierno de Venezuela ratificó los elementos\n aportados en su comunicación del 16 de julio del 2003;

\n\n

Que el artículo 81 del Acuerdo de Cartagena consagra\n el compromiso de los Países Miembros de poner en aplicación\n un Arancel Externo Común en los plazos y modalidades que\n establezca la comisión,

\n\n

Que por su parte, el artículo 86 del Acuerdo de Cartagena\n establece que los Países Miembros se comprometen a no\n alterar unilateralmente los gravámenes del Arancel Externo\n Común;

\n\n

Que el Decreto 1130 de fecha 7 de mayo del 2003 difirió\n a cero por ciento (0%) el Arancel Externo Común para un\n contingente de importaciones de propeno, o-Xileno, etilenglicol,\n polietileno de densidad inferior a 0,95, polietileno de densidad\n superior o igual a 0,94, copolímeros de etileno con otras\n olefinas y látex de caucho estirenobutadieno carboxilado;

\n\n

Que en las consideraciones del Decreto 1130 del 7 de mayo\n del 2003, se señala que el artículo 4 de la Decisión\n 370 de la Comisión autoriza a los Países Miembros\n a diferir la aplicación del Arancel Externo Común\n a.0% para atender insuficiencias transitorias de oferta que afecten\n a cualquier País Miembro, cuando se trate de materias\n primas y bienes de capital;

\n\n

Que el artículo 4 de la Decisión 370 prevé\n que para atender insuficiencias transitorias de oferta que afecten\n a cualquier País Miembro, se aplicará lo establecido\n en el artículo 67 (actual 85) del Acuerdo de Cartagena,\n pudiéndose suspender transitoriamente la aplicación\n del gravamen, reduciéndolo hasta el 5%, o al 0% a partir\n del sexto mes de insuficiencia, para el caso de materias primas\n y bienes de capital, previa consulta entre las partes y la junta;

\n\n

Que el artículo 85 del Acuerdo de Cartagena dispone:\n "Para atender insuficiencias transitorias de la oferta que\n afecten a cualquier País Miembro, éste podrá\n plantear el problema a la Secretaría General, la cual\n verificará la situación en un plazo compatible\n con la urgencia del caso. Una vez que la Secretaria General compruebe\n que existe el problema planteado y lo comunique al país\n afectado, éste podrá tomar medidas tales como la\n reducción o suspensión transitoria de los gravámenes\n del Arancel Externo dentro de los límites indispensables\n para corregir la perturbación";

\n\n

Que la Resolución 501 de la Junta del Acuerdo de Cartagena\n estableció los criterios y procedimientos para la reducción\n o suspensión transitoria del Arancel Externo Común\n con el fin de atender insuficiencias transitorias de la oferta.\n Dicha Resolución regula la información mínima\n que debe contener una solicitud de diferimiento del arancel para\n atender insuficiencias transitorias de oferta (artículo\n 5). Se prevé asimismo que la autorización de la\n Secretaría General para que un País Miembro difiera\n el arancel se adoptará mediante Resolución (artículo\n 9). Por último, se dispone que las consultas entre los\n Países Miembros y la Secretaría General a que se\n refiere el artículo 4 de la Decisión 370 se entenderán\n cumplidas una vez agotado el procedimiento previsto en la referida\n Resolución 501 (artículo 10);

\n\n

Que de las normas comunitarias citadas se desprende que los\n Países Miembros pueden reducir el Arancel Externo Común\n con el fin de atender insuficiencias transitorias de oferta siempre\n que hayan obtenido una autorización expresa por parte\n de la Secretaría General. En tal sentido, resultan aplicables\n las consideraciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad\n Andina en su sentencia de fecha 22 de marzo de 2000, dictada\n dentro del proceso 16-AI-99:

\n\n

"La calificación que debe realizar el Órgano\n Ejecutivo y Técnico de la Comunidad Andina no constituye\n una mera formalidad que puede ser obviada, por más urgente\n que sea la circunstancia que atraviese un país; tal procedimiento\n es una aplicación directa de la prohibición a los\n Países Miembros de alterar unilateralmente los gravámenes\n que se establezcan en las diversas etapas del Arancel Externo,\n lo que permite garantizar al resto de la Comunidad que no se\n produzcan desequilibrios, desventajas o quiebras en la "unión"\n aduanera o distorsiones en la competencia";

\n\n

Que si bien la República de Colombia el 27 de marzo\n del 2003 dirigió a la Secretaría General una solicitud\n de diferimiento arancelario transitorio para algunas materias\n primas del sector de plásticos, por problemas de abastecimiento\n de Venezuela, dicha solicitud sólo fue admitida el 18\n de septiembre del 2003, después de haber presentado la\n información requerida por la Secretaría General,\n con arreglo a lo previsto en la Resolución 501;

\n\n

Que en consecuencia, carece de fundamento la afirmación\n del Gobierno de Colombia en el sentido de que la medida se adoptó\n una vez cumplido el procedimiento previsto por la normativa comunitaria\n y especialmente lo dispuesto en la Resolución 501;

\n\n

Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la citada\n sentencia 16-AI-99, destacó que "cualquier comportamiento\n unilateral de los Países Miembros que pretenda modificar\n los niveles arancelarios legalmente fijados y su inobservancia\n constituye, a juicio del Tribunal, un incumplimiento grave a\n la específica prohibición establecida en el artículo\n 98 [actual 86] del Acuerdo de Cartagena";

\n\n

Que conforme a lo establecido en el artículo 23 del\n Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad\n Andina, en concordancia con el artículo 57 del Reglamento\n de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General\n (Decisión 425), cuando la Secretaría General considere\n que un País Miembro ha incurrido en incumplimiento de\n obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento\n jurídico de la Comunidad Andina le formulará sus\n observaciones por escrito. Recibida la propuesta o vencido el\n plazo, la Secretaría General deberá emitir dictamen\n motivado;

\n\n

RESUELVE:

\n\n

Artículo 1.- Dictaminar que la República de\n Colombia, al modificar unilateralmente el Arancel Externo Común\n aplicable a los siguientes productos: propeno (propileno), o-\n Xileno, etilenglicol (etanodiol), polietileno de densidad inferior\n a'0,94, polietileno de densidad superior o igual a 0,94, copolímeros\n de etileno con otras definas y látex de caucho estireno-butadieno\n carboxilado, comprendidos en las subpartidas 290122,0000, 2902410000,\n 2905310000, 3901100000, 3901200000 y 4002112000, ha incurrido\n en incumplimiento de los artículos 81, 85 y 86 del Acuerdo\n de Cartagena; del artículo 4 del Tratado de Creación\n del Tribunal de Justicia; de las Decisiones 370 y 465 de la Comisión;\n y de la Resolución 501 de la Junta del Acuerdo de Cartagena.

\n\n

Artículo 2.- Conforme a lo previsto en el literal f)\n del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría\n General (Decisión 425), concédase al Gobierno de\n Colombia un plazo de diez (10) días calendario para que\n ponga fin al incumplimiento a que se refiere el presente dictamen.

\n\n

Comuníquese a los Países Miembros la presente\n resolución, la cual entrará en vigencia a partir\n de su fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo\n de Cartagena.

\n\n

De acuerdo con lo establecido en tos artículos 17 y\n 44 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría\n General, se informa que contra la presente resolución\n procede recurso de reconsideración dentro de los cuarenta\n y cinco (45) días siguientes a la notificación\n del acto que se impugna.

\n\n

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los veinte días\n del mes de octubre del año dos mil tres.

\n\n

GUILLERMO FERNANDEZ DE SOTO
\n Secretario General
\n

 

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