Registro Oficial. 13 de JULIO del 2004

Martes, 13 de julio de 2004

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE\n JULIO DEL 2004
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Martes, 13 de julio del 2004 - R. O. No. 376

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TRIBUNAL CONSTITUCION

\n

DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR
\n
FUNCIÓN\n LEGISLATIVA

\n\n

EXTRACTOS:

\n\n

25-345 Proyecto de Ley Reformatoria\n a la Ley de las Juntas Parroquiales

\n\n

25-346\n Proyecto de\n Ley Interpretativa del artículo 871 del Código\n de Procedimiento Civil.

\n\n

25-347 Proyecto de Ley Reformatoria\n a la Ley de Derechos y Amparo al Paciente.

\n\n

25-348\n Proyecto de\n Ley Especial Extensiva de Protección a la Maternidad..

\n\n

25-349 Proyecto de Ley Reformatoria\n a la Ley Orgánica de Aduanas.

\n\n

25-350 Proyecto de Ley Reformatoria\n al Código del Trabajo.

\n\n

FUNCIÓN\n EJECUTIVA

\n\n

DECRETOS:

\n\n

1794\n Efectúanse\n varios nombramientos diplomáticos.

\n\n

1801 Autorízase la integración\n de 1a doctora Beatriz García Banderas, Viceministra de\n Trabajo y Coordinadora de la Comisión de Negociación\n de Temas Laborales, al Equipo Negociador del Ecuador, para la\n Segunda Ronda de Negociaciones TLC Ecuador ­ EUA.

\n\n

RESOLUCIÓN:

\n\n

CONSEJO\n DIRECTIVO DEL CONSEP:

\n\n

013\n CD CCC Expídese\n el Reglamento sustitutivo para el cobro de derechos de depósito,\n custodia y administración de bienes y valores, aprehendidos,\n incautados y comisados entregados al CONSEP..

\n\n

TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL

\n\n

RESOLUCIONES:

\n\n

0038-2003-TC Deséchase la demanda\n de inconstitucionalidad por la forma, de las resoluciones dictadas\n por la Corte Suprema de Justicia, publicadas" en los registros\n oficiales Nros. 559 de 19 de abril del 2002 y 693 de octubre\n del mismo año.

\n\n

0044-2003-TC Declárase la demanda\n de inconstitucionalidad por vicios de fondo, planteada por el\n señor Alfonso López Freire.

\n\n

758-2003-RA\n Confírmase\n la resolución expedida por el Juez Undécimo de\n lo Civil de Guayaquil, encargado del Juzgado Vigésimo\n Cuarto de lo Civil de Guayaquil y concédese la acción\n de amparo constitucional propuesta por el ingeniero Jorge Baquerizo\n Carbo.

\n\n

800-2003-RA Confírmase la resolución\n venida en grado y acéptase la demanda de amparo constitucional\n formulada por Pedro Stalin Domínguez Olmedo.

\n\n

842-2003-RA Confirmase la resolución\n del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por\n T.P. Pedro Julián Girino Jaramillo.

\n\n

003-2004-TC Deséchase la demanda\n de inconstitucionalidad propuesta por el señor Daniel\n Jaques Klein Sussmánn en contra del artículo tercero\n de la Ordenanza Metropolitana 0095.

\n\n

004-2004-TC Deséchase la demanda\n de inconstitucionalidad propuesta por el señor José\n Roberto Alvear Campodónico.

\n\n

0014-2004-TC Inadmítese la demanda\n de inconstitucionalidad de la Resolución No 036-SCM- 2003\n de 26 de febrero del 2003, expedida por el I. Concejo Cantonal\n de Riobamba.

\n\n

027-2004-HC Confírmase la resolución\n venida en grado y niégase el recurso de hábeas\n corpus planteado por Susy Garbay Mancheno y otros.

\n\n

0061-2004-RA\n Acéptase\n parcialmente la acción de amparo constitucional planteado\n por el señor Andrés David Machuca Granda..

\n\n

069-2004-RA Revócase la resolución\n del Juez de instancia y concédese cautelarmente la acción\n de amparo constitucional presentada por el ingeniero Rolando\n Cevallos Jácome.\n

\n \n
\n

 

\n\n

CONGRESO NACIONAL

\n\n

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
\n ART. 150 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

\n\n

NOMBRE: "REFORMATORIA A LA LEY
\n DE LAS JUNTAS
\n PARROQUIALES".

\n\n

CÓDIGO: 25-345.

\n\n

AUSPICIO: H. XAVIER CAJILEMA SALGUERO.

\n\n

COMISIÓN: DE DESCENTRALIZACIÓN,
\n DESCONCENTRACION Y
\n RÉGIMEN SECCIONAL.

\n\n

FECHA DE
\n INGRESO: 09-06-2004.

\n\n

FECHA DE ENVÍO
\n A COMISIÓN: 21 -06-2004.

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

Luego de aprobada en el Congreso Nacional la Ley que Regula\n el Funcionamiento de las Juntas Parroquiales y luego de que su\n aplicación durante un período aproximado a los\n cuatro años, este cuerpo legal en la práctica ha\n dejado entrever algunos vacíos y limitaciones en su aplicación.

\n\n

OBJETIVOS BÁSICOS:

\n\n

Entendiendo a estos organismos como entes que tienen la facultad\n de-ejecutar obras de infraestructura, es prioritario que éstos\n puedan contar con los recursos necesarios para cumplir con sus\n objetivos. También es necesario que los recursos que se\n destinan a las juntas parroquiales sean sujetos no solo de fiscalización\n por parte de la asamblea parroquial, sino que deben ser controlados\n por los organismos encargados de auditar y controlar los fondos\n públicos.

\n\n

CRITERIOS:

\n\n

Tarea fundamental de las juntas parroquiales es coadyuvar\n y coordinar con los consejos provinciales y municipios para el\n desarrollo social y económico de la jurisdicción\n a la que pertenece.

\n\n

f.) Dr. John Argudo Pesantez, Prosecretario General del Congreso\n Nacional.

\n\n

CONGRESO NACIONAL

\n\n

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
\n ART. 150 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

\n\n

NOMBRE: "INTERPRETATIVA DEL
\n ARTICULO 871 DEL CÓDIGO
\n DE PROCEDIMIENTO CIVIL".

\n\n

CÓDIGO: 25-346.

\n\n

AUSPICIO: H. XAVIER SANDOVAL
\n BAQUERIZO.

\n\n

COMISIÓN: DE LO CIVIL Y PENAL.

\n\n

FECHA DE
\n INGRESO: 09-06-2004.

\n\n

FECHA DE ENVÍO
\n A COMISIÓN: 21-06-2004.

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

Se han presentado dudas sobre la debida aplicación\n de los motivos de recusación o excusa previstos en el\n artículo 871 del Código de Procedimiento Civil,\n sobre todo en el ámbito penal, lo que afectaría\n el sistema procesal y la celeridad y eficiencia en la administración\n de justicia.

\n\n

OBJETIVOS BÁSICOS:

\n\n

Es necesario que el Congreso Nacional, acorde a la facultad\n contenida en los artículos 130 numeral 5 y 141 numeral\n 7 de la Constitución Política de la República,\n expida una ley interpretativa que aclare la norma en toda su\n extensión, procurando su aplicación sin confusas\n interpretaciones o interesadas restricciones.

\n\n

CRITERIOS:

\n\n

 

\n\n

Resulta alarmante observar como los principios de celeridad\n y eficiencia son fácilmente burlados, en unos casos por\n la mala práctica de alguna de las partes en el proceso\n y en otros por ciertos jueces y fiscales que por alguna circunstancia\n prefieren convenir en dilatorias a interesadas excusas, para\n no tramitar las causas con imparcialidad, agilidad y eficiencia,\n afectando el interés común y el fin que persigue\n la debida aplicación del derecho.

\n\n

f.) Dr. John Argudo Pesantez, Prosecretario General del Congreso\n Nacional.

\n\n

CONGRESO NACIONAL

\n\n

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
\n ART. 150 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

\n\n

NOMBRE: "REFORMATORIA A LA LEY
\n DE DERECHOS Y AMPARO AL
\n PACIENTE".

\n\n

CÓDIGO: 25-347.

\n\n

AUSPICIO: H. MIGUEL LÓPEZ MORENO.

\n\n

COMISIÓN: DE SALUD, MEDIO AMBIENTE
\n Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.
\n
\n FECHA DE
\n INGRESO: 09-06-2004.

\n\n

FECHA DE ENVÍO
\n A COMISIÓN: 21-06-2004.

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

A pesar de su importancia la ley señalada no se cumple,\n no es raro oír que fallecieron personas porque no se las\n atendió en situaciones de emergencia, porque no tenían\n el documento que garantice su afiliación a una institución\n de seguridad social, etc., además, con frecuencia se discrimina\n a las personas por su capacidad económica, edad, cultura,\n orientación sexual, etc. Estos problemas suceden tanto\n en instituciones públicas como en privadas.

\n\n

OBJETIVOS BÁSICOS:

\n\n

La Constitución Política, vigente desde 1998\n incorporó avances en el reconocimiento de los derechos\n humanos y de los derechos de los usuarios, en este caso, de los\n servicios de salud, ante lo cual los derechos reconocidos por\n la Ley de Derechos y Amparo al Paciente deben ser actualizados\n en el contexto del nuevo marco constitucional. Es necesario actualizar\n la ley con el objetivo de fortalecer los mecanismos que garanticen\n su cumplimiento.

\n\n

CRITERIOS:

\n\n

La ley en mención garantiza una atención apegada\n a los derechos humanos de las personas, una atención de\n calidad, respecto a su privacidad, intimidad a la información,\n a su posibilidad de decidir y la atención en casos de\n emergencia sin que medie ningún compromiso de orden económico\n previo. Determina sanciones específicas en caso de que\n se incumpla y obliga a los servicios de salud a exponer en sitios\n visibles los derechos de los pacientes.

\n\n

f.) Dr. John Argudo Pesantez, Prosecretario General del Congreso\n Nacional.

\n\n

CONGRESO NACIONAL

\n\n

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
\n ART. 150 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

\n\n

NOMBRE: "ESPECIAL EXTENSIVA DE
\n PROTECCIÓN A LA
\n MATERNIDAD".

\n\n

CÓDIGO: 25-348.

\n\n

AUSPICIO: H. H. SOLEDAD AGUIRRE,
\n MIRIA GARCES DAVILA

\n\n

COMISIÓN: DE SALUD, MEDIO AMBIENTE
\n Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.

\n\n

FECHA DE
\n INGRESO: 10-06-2004.

\n\n

FECHA DE ENVÍO
\n A COMISIÓN: 21-06-2004.

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

Las funcionarías públicas que desempeñan\n sus funciones por ser electas en votación popular y que\n actualmente se encuentran en estado de gestación, no pueden\n acogerse al tratamiento especial que otorga la ley a "todas"\n las funcionarías públicas; es decir, estas funcionarías\n deben cubrir su horario normal de trabajo, no reciben la ayuda\n prenatal, de parto y post parto, exceptuando las licencias extremas.

\n\n

OBJETIVOS BÁSICOS:

\n\n

El Congreso Nacional debe legislar de manera global, permitiendo\n que este derecho se extienda a todas las mujeres ecuatorianas\n que desempeñen cargos públicos, sea cual fuere\n su forma de haber obtenido ese cargo, cualquiera sea la jerarquía\n del mismo o la antigüedad. El proyecto es una acción\n legislativa que requiere especial y urgente atención.

\n\n

CRITERIOS:

\n\n

La discriminación en todas sus formas es oprobiosa\n y contraria no solo al derecho, que en última instancia\n es un resultado de la elucubración normativa humana, sino\n a la justicia que es un principio universal imperativo.

\n\n

f.) Dr. John Argudo Pesantez, Prosecretario General del Congreso\n Nacional,

\n\n

CONGRESO NACIONAL

\n\n

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
\n ART. 150 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

\n\n

NOMBRE: "REFORMATORIA A LA LEY
\n ORGÁNICA DE ADUANAS".

\n\n

CÓDIGO: 25-349,

\n\n

AUSPICIO: H. GUADALUPE LARRIVA.

\n\n

COMISIÓN: DE LO ECONÓMICO.
\n AGRARIO, INDUSTRIAL Y
\n COMERCIAL.

\n\n

FECHA DE
\n INGRESO: 10-06-2004.

\n\n

FECHA DE ENVÍO
\n A COMISIÓN: 21-06-2004.

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

En los últimos años, pese a la crisis multidimensional\n que afecta al país, la Región del Austro se ha\n transformado en un ejemplo de dinamismo, tanto por los efectos\n multiplicadores de las remesas de los migrantes como por el desarrollo\n productivo en las actividades: industrial, artesanal y agrícola\n que han generado una importante oferta exportadora, sumándose\n el sector comercial que con todos ellos han dinamizado un comercio\n exterior muy significativo.

\n\n

OBJETIVOS BÁSICOS:

\n\n

El Congreso Nacional en tanto que es el poder del Estado que\n mejor representa e interpreta las demandas y necesidades de los\n más amplios y diversos sectores de la sociedad, está\n en la obligación de promover una reforma puntual de la\n Ley Orgánica de Aduanas que atienda los requerimientos\n de esa importante región de la Patria que es el Austro.\n En consecuencia, se plantea la creación de un Distrito\n Permanente de Aduanas en la ciudad de Cuenca para efectuar todos\n y cada uno de los trámites aduaneros. Dirigidos hacia\n Cuenca y la Región del Austro.

\n\n

CRITERIOS:

\n\n

El desarrollo económico del país, en sus diversas\n regiones, así como los avances espectaculares que se han\n producido en las últimas décadas en los medios\n de comunicación, hacen factible ubicar distritos aduaneros\n como unidades de servicio que atienda los requerimientos y necesidades\n del sector económico vinculado al comercio exterior.

\n\n

f.) Dr. John Argudo Pesantez, Prosecretario General del Congreso\n Nacional.

\n\n

CONGRESO NACIONAL

\n\n

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
\n ART. 150 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

\n\n

NOMBRE: "REFORMATORIA AL CÓDIGO
\n DEL TRABAJO".

\n\n

CÓDIGO: 25-350.

\n\n

AUSPICIO: H. MIGUEL LÓPEZ MORENO.

\n\n

COMISIÓN: DE LO LABORAL Y SOCIAL.

\n\n

FECHA DE
\n INGRESO: 10-06-2004

\n\n

FECHA DE ENVÍO
\n A COMISIÓN: 21 -06-2004.

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

El último decenio en el Ecuador, más que hablar\n de la década perdida, se comprueba que es el ascenso a\n los niveles más críticos en la explotación\n de la mano de obra y el acelerado empobrecimiento de una población\n cada vez más carente de los más elementales bienes\n y servicios al punto que se agudiza la extrema pobreza que siete\n de cada diez personas son pobres, en el área urbana y\n nueve de cada diez se hallan en índices de pobreza extrema\n en el sector rural.

\n\n

OBJETIVOS BÁSICOS:

\n\n

Es obligación del Estado y particularmente de su Función\n Legislativa aportar a la eliminación del malestar social\n y propender al mantenimiento del equilibrio socio - económico\n de su población especialmente trabajadora, para lo cual\n se requieren urgentes reformas.

\n\n

CRITERIOS:

\n\n

Los medios de comunicación han difundido en las últimas\n semanas los escandalosos hechos de incumplimiento a obligaciones\n legales y sociales cometidos por las empresas proveedoras de\n personal para los sectores público y privado. Han identificado\n a los "tercerizadores" como los causantes de este nuevo\n malestar social.

\n\n

f.) Dr. John Argudo Pesantez, Prosecretario General del Congreso\n Nacional.

\n\n

No 1794

\n\n

Ing. Lucio E. Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPÚBLICA

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos\n 171, numeral 14 concordante con el 179, numeral 2 de la Constitución\n Política de la República del Ecuador y el artículo\n 41 de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, a solicitud\n del señor Ministro de Defensa Nacional, previo pedido\n de la Comandancia General de la Fuerza Terrestre a través\n del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1°.- Efectuar los siguientes nombramientos diplomáticos\n con las fechas que se detallan a continuación:

\n\n

Del 1 de agosto del 2004 hasta el 31 de julio del 2005.

\n\n

· Agregado Militar a la Embajada del Ecuador en la\n República de Colombia, al señor CRNL. EMC. 060118772-7\n GAVIDIA VELASTEGUI ÁNGEL ABDON.

\n\n

· Agregado Militar, Naval y Aéreo a la Embajada\n del Ecuador en la República de Argentina, con sede en\n Buenos Aires y Agregado Militar Concurrente en la República\n de Uruguay, al señor CRNL. EMC. 110103282-9 LUZURIAGA\n LOAIZA PAVEL ORESTES.

\n\n

· Agregado Militar Adjunto a la Embajada del Ecuador\n en los Estados Unidos de Norteamérica, con sede en Miami,\n al señor CRNL. EMS. 170011809-2 SANMARTÍN CHIRIBOGA\n MIGUEL ÁNGEL.

\n\n

Del 15 de agosto del 2004 hasta el 14 de agosto del 2005.

\n\n

· Agregado Militar, Naval y Aéreo a la Embajada\n del Ecuador en la República de Bolivia, al señor\n CRNL. EMC. 170490714-4 CRUZ RAMÍREZ JORGE ANTONIO.

\n\n

· Agregado Militar a la Embajada del Ecuador en la\n República de Chile, al señor CRNL. EMC. 070093846-7\n GARCÍA MOSQUERA WELLINGTON JHON.

\n\n

Del 1 de septiembre del 2004 hasta el 31 de agosto del 2005.

\n\n

· Agregado Militar y Naval a la Embajada del Ecuador\n en Israel, al señor CRNL. EMC. 040050500-4 OÑATE\n FIERRO GUSTAVO EFRAIN.

\n\n

Art. 2°.- Los señores oficiales que constan en\n el artículo que antecede, percibirán las asignaciones\n económicas determinadas en el reglamento pertinente, con\n cargo al presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional, Sección\n Fuerza Terrestre.

\n\n

Art. 3°.- Los señores ministros de Defensa Nacional\n y Relaciones Exteriores quedan encargados de la ejecución\n del presente decretó.
\n Dado en el Palacio Nacional, en Quito D.M., a 21 de junio del\n 2004.

\n\n

f.) Ing. Lucio E. Gutiérrez Borbúa, Presidente\n Constitucional de la República.

\n\n

f.) Gral. Nelson Herrera Nieto, Ministro de Defensa Nacional.

\n\n

f.) Embajador Patricio Zuquilanda, Ministro de Relaciones\n Exteriores.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.- f.) Dr. Guillermo\n H. Astudillo Ibarra, Secretario General de la Administración\n Pública, encargado.

\n\n

No 1801

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPÚBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, el Ecuador ha iniciado la segunda ronda de negociaciones\n del Tratado de Libre Comercio por lo cual el grupo negociador\n debe trasladarse a la ciudad de Atlanta, Estados Unidos desde\n el 14 al 18 de junio;

\n\n

Que con oficio de Quito, 29 de abril del 2004 el Negociador\n Adjunto del TLC Ecuador - EUA, nombró Coordinador de la\n Comisión de Negociación de Temas Laborales a la\n Dra.

\n\n

Beatriz García Banderas, la misma que por tratarse\n de un tema de fundamental relevancia para el Ecuador, debe asistir\n en el precitado grupo negociador; y,

\n\n

En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo\n 171, numeral 9 de la Constitución Política de la\n República del Ecuador, en concordancia con las disposiciones\n emanadas de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera\n Administrativa y de Unificación y Homologaciones de las\n Remuneraciones del Sector Público,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1.- Autorízase la integración de la doctora\n Beatriz García Banderas, Viceministra de Trabajo y Coordinadora\n de la Comisión de Negociación de Temas Laborales,\n al Equipo Negociador del Ecuador, para ante la segunda ronda\n de negociaciones TLC Ecuador -EUA a celebrarse en la ciudad de\n Atlanta, Estados Unidos desde el 14 al 18 de junio.

\n\n

Art. 2;- Declárase en comisión de servicios\n con derecho a sueldo a la doctora Beatriz García Banderas\n por el tiempo comprendido desde el 13 al 19 de junio del 2004,\n inclusive.

\n\n

Art. 3.- Los pasajes, viáticos y subsistencias para\n la doctora Beatriz García Banderas se pagarán por\n 7 días, con cargo a la partida Traslados, Instalaciones,\n Viáticos y Subsistencias No 13100000D12100000005303000000,\n vigente presupuesto del Ministerio de Trabajo.

\n\n

Art. 4.- Encárguese el despacho de la Viceministra\n de Trabajo, mientras dure la ausencia del titular, a la Ing.\n Genny Vélez, Directora Financiera del Ministerio de Trabajo\n y Recursos Humanos.

\n\n

Art. 5.- De la ejecución del presente decreto, encárguese\n a los señores ministros de Estado en las carteras de Relaciones\n Exteriores y de Trabajo y Recursos Humanos.

\n\n

Dado en Quito, a 21 de junio del 2004.

\n\n

f.) Ing. Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente\n Constitucional de la República.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Dr. Guillermo H. Astudillo Ibarra. Secretario General\n de la Administración Pública, encargado.

\n\n

No.013CDCCC

\n\n

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEP
\n Considerando:

\n\n

Que, en el Registro Oficial No. 523 de 17 de septiembre de\n 1990, se publicó la Ley 108 de Sustancias Estupefacientes\n y Sicotrópicas, la cual fue reformada mediante Ley No.\n 25, publicada en el Registro Oficial No. 173 de 15 de octubre\n de 1997; :

\n\n

Que, de acuerdo con el Art. 9 de la Ley 108, el Consejo Nacional\n de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas,\n es una persona autónoma de derecho público, dotado\n de patrimonio y fondos propios;

\n\n

Que, de conformidad con el numeral 16 del Art. 16 de la Ley\n de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas, es función\n de la Secretaría Ejecutiva del CONSEP actuar como depositaría\n de las sustancias o bienes objeto de aprehensión, incautación\n y comiso por infracciones a la Ley 108;

\n\n

Que, en virtud de lo dispuesto por el numeral 16.2 del Art.\n 13 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas,\n corresponde al Consejo Directivo del CONSEP, aprobar los valores\n que debe cobrar la entidad, por los servicios que proporcione\n relativos al control de las drogas estupefacientes y sustancias\n Sicotrópicas previstos en esta ley o en su reglamento,\n cuyos recursos servirán para financiar el presupuesto\n del CONSEP;

\n\n

Que, para la restitución de los bienes y valores colocados\n en depósito, los propietarios deben pagar, previamente\n al CONSEP, los valores ocasionados;

\n\n

Que, mediante Resolución No. 059-CD de 19 de diciembre\n de 1999, el Consejo Directivo del CONSEP expidió el Reglamento\n para el cobro de derechos de depósito, custodia y administración\n de bienes y valores, aprehendidos, incautados y comisados entregados\n al CONSEP, por infracciones a la Ley 108, reglamento que en la\n actualidad no se adecúa a la realidad económica\n de la gestión de depósito;

\n\n

Que, es necesario establecer y determinar objetivamente los\n valores que deben cobrarse por el depósito, los cuales\n deben ajustarse a la realidad actual de los costos y gastos de\n administración y mantenimiento que corren por cuenta del\n CONSEP; y,

\n\n

En ejercicio de la atribución que le otorga el numeral\n 5 del Art. 13 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Expedir el Reglamento sustitutivo para el cobro de derechos\n de depósito, custodia y administración de bienes\n y valores, aprehendidos, incautados y comisados entregados al\n CONSEP, por, infracciones a la Ley 108.

\n\n

Art. 1.- La Secretaría Ejecutiva del CONSEP, por intermedio\n de la Dirección Técnica de Administración\n de Bienes en Depósito, es responsable de la custodia,\n administración y depósito de los bienes aprehendidos,\n incautados y comisados entregados al CONSEP, actividades que\n por ocasionar erogaciones económicas, deben ser asumidas\n por sus respectivos propietarios, luego de concluido el depósito\n y existir orden judicial que determine la restitución\n correspondiente.

\n\n

Art. 2.- Las obligaciones descritas en el artículo\n anterior, se inician cuando los bienes aprehendidos, incautados\n o comisados son recibidos en depósito, mediante la suscripción\n de las respectivas actas de entrega recepción y terminan\n con la ejecución de la orden judicial de restitución.

\n\n

Art. 3.- Los valores por concepto de depósito, custodia\n y administración serán sufragados por el propietario\n de los bienes, de conformidad con la siguiente tabla:

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

BIEN
\n DERECHO DE DEPOSITO

\n\n

Edificios, casas, departamentos, terrenos, haciendas, instalaciones\n industriales, bodegas, galpones, locales comerciales y otros\n bienes inmuebles
\n Costo de guardianía y otros, más el 2% anual sobre\n el avalúo

\n\n

Bienes muebles, suministros, accesorios, semovientes y otros\n bienes muebles
\n 10% anual sobre avalúo

\n\n

Títulos valores y especies monetarias
\n El rendimiento financiero generado durante el depósito\n o inversión

\n\n

 

\n\n

Para el caso de automotores y vehículos se aplicará\n la siguiente tabla:

\n\n

AVALUO
\n COSTO DIARIO EN DOLARES

\n\n

Menos de $ 500
\n 0,50

\n\n

De $500 hasta $1.000
\n 1,00

\n\n

De $1.001 hasta $3.000
\n 1,50

\n\n

De $3.001 hasta 5.000
\n 2,00

\n\n

De $5.001 hasta $10.000
\n 2,50

\n\n

Más de $10.000
\n 3.00

\n\n

 

\n\n

Art. 4.- Para determinar el valor sobre el cual deben cobrarse\n los derechos establecidos en este reglamento sustitutivo, el\n Secretario Ejecutivo dispondrá la contratación\n de técnicos o peritos conocedores del objeto materia de\n la restitución, quienes avaluarán los bienes tomando\n en consideración el precio real del mercado, el estado\n de conservación y la vida útil. El informe pericial\n será presentado en forma escrita, con los elementos que\n dieron lugar al avalúo. El costo del peritaje estará\n a cargo del propietario de los bienes.

\n\n

Art. 5.- Los derechos del CONSEP como depositario, cuando\n se trate de arrendamiento de bienes productivos, serán\n del 50% sobre el producto o renta ingresada bajo esta modalidad,\n que se cobrarán antes de la devolución del bien.\n El restante 50% del rendimiento deberá imputarse a los\n derechos de depósito.

\n\n

Art. 6.- La recaudación de los valores del depósito,\n custodia y administración la realizará la Dirección\n Técnica de Gestión Financiera o las jefaturas regional\n o zonales, únicamente en dinero en efectivo o cheque certificado\n girado a la orden del CONSEP, que tendrá el respaldo de\n una factura, ingreso que se incluirá en el reporte semanal\n de recaudaciones con destino a la matriz, acompañado de\n la liquidación realizada y el avalúo. Copia de\n la factura se entregará al interesado.

\n\n

Las jefaturas regional y zonales efectuarán el depósito\n de estos valores en su totalidad y en forma inmediata en la cuenta\n que para el efecto se determine.

\n\n

Art. 7.- Por excepción y ante la imposibilidad de pago\n del propietario de los bienes colocados en depósito, el\n Secretario Ejecutivo podrá conceder un plazo no mayor\n a 90 días para su cancelación, que se formalizará\n mediante un convenio de facilidades de pago suscrito por las\n partes, en el cual se estipulará la forma de pago de lo\n adeudado, más el interés mínimo convencional\n que señale semanalmente el Banco Central del Ecuador para\n las operaciones de crédito, al momento del cobro y la\n exigencia de una garantía bancaria o póliza de\n fiel cumplimiento del contrato que caucione la acreencia.

\n\n

Art. 8.- Si el depositó generare otros gastos adicionales\n a los del propio depósito, custodia y administración,\n también los pagará el propietario de los bienes.

\n\n

Art. 9.- Cuando la restitución opere sobre dinero en\n moneda nacional o extranjera, la devolución será\n sin ningún tipo de rendimiento de acuerdo a lo dispuesto\n por el inciso segundo de Art. 108 de la ley de la materia.

\n\n

Art. 10.- Para los casos de duda en la aplicación de\n este reglamento sustitutivo, éstos serán resueltos\n por el Consejo Directivo del CONSEP.

\n\n

Art. 11.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se\n opongan al presente reglamento sustitutivo, que entrará\n en vigencia a partir de la fecha de su expedición, sin\n perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en la sala de sesiones del Consejo Directivo del CONSEP,\n en el Distrito Metropolitano de Quito, a 17 de junio del 2004.

\n\n

f.) Dr. José María Borja Gallegos, Procurador\n General del Estado, Presidente del Consejo Directivo del CONSEP.

\n\n

f.) Cristian Córdova Cordero, Secretario Ejecutivo\n del CONSEP, Secretario del Consejo Directivo.

\n\n

Nro. 0038-2003-TC

\n\n

"EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso Nro. 0038-2003-TC

\n\n

ANTECEDENTES:. El doctor Clemente García Fabre, acorde\n con el artículo 277.5 de la Constitución Política\n de la República, demanda la inconstitucionalidad de las\n Resoluciones s/n dictadas por la Corte Suprema de Justicia, de\n 10 de abril de 2002 y 24 de septiembre de 2002, publicadas en\n los Registros Oficiales Nros. 559 de 19 de abril de 2002 y Nro.\n 693 del 29 de octubre de 2002. El accionante en lo principal\n manifiesta:

\n\n

Que en las resoluciones cuya inconstitucionalidad está\n accionando, dictadas por la Corte Suprema de Justicia, se reglamentó\n el procedimiento a seguirse en los recursos de amparo constitucional;\n al efecto, cita en la resolución del 10 de abril: ".que\n para darle mayor claridad es necesario modificar dicha resolución";\n y, la resolución de 24 de septiembre: "artículo\n 1.- Los jueces de instancia, se limitarán a ordenar a\n la autoridad o funcionario público, contra quien se haya\n dirigido la acción, el cumplimiento de la decisión\n final...";

\n\n

Que las resoluciones efectúan una interpretación\n del artículo 95 de la Constitución y el Título\n II, Capítulo III de la Ley del Control Constitucional,\n interpretación que solamente le es permitida al Congreso\n Nacional, acorde con lo que puntualiza el artículo 130,\n numerales 4 y 5 de la Ley Suprema. En mérito a ello, al\n reglamentar el amparo constitucional, se estaría transgrediendo\n la facultad que le corresponde al Presidente Constitucional de\n la República, de conformidad al artículo 171, numeral\n 5 de la norma suprema, lo que traería como consecuencia\n que se limite la
\n capacidad de los jueces y tribunales, para tutelar los derechos\n y garantías que establece la Constitución, acorde\n con las medidas emergentes que considere necesarias, a favor\n de los ciudadanos, al tenor del imperio de la Ley Fundamental;

\n\n

Que de acuerdo con la resolución de 24 de septiembre\n de 2002, la Corte Suprema de Justicia, se habría arrogado\n ilegítima e inconstitucionalmente funciones que no le\n son propias; tanto más, que en el considerando cuarto\n de dicha resolución, se dice: "Que se han presentado\n dudas acerca del alcance de los artículos 55 y 58 de la\n Ley de Control Constitucional, respecto a las atribuciones específicas\n de los jueces de instancia, en materia de amparo constitucional,\n con relación a las facultades de los órganos de\n la justicia ordinaria";

\n\n

Que de aplicarse las resoluciones de marras, la ciudadanía\n quedaría expuesta a "un abierto ataque", por\n parte del Estado que a través de los jueces de instancia,\n se abstendrían de optar por cualquier medida, para tutelar\n los derechos constitucionales conculcados, que se presenten por\n la vía de amparo constitucional;

\n\n

Que todo acto jurídico, como son las resoluciones,\n debe ser ejecutado tomando en consideración los principios\n de razonabilidad, adecuación y formalidad, que respectivamente\n fijan, que los actos administrativos deben ser medios aptos para\n el cumplimiento de los fines constitucionales, que las disposiciones\n de menor jerarquía, deben ajustarse a aquellas que por\n su naturaleza, tienen superioridad jurídica y, además,\n para dictar un acto administrativo, se cumplirá con los\n requisitos para la formación y adopción del mismo,

\n\n

Que efectúa un análisis jurídico de lo\n que consiste el "Estado de Derecho", con el fin de\n establecer que bajo la normativa del filósofo alemán\n Kelsen, rige su pragmaticidad en el derecho positivo constitucional,\n en el sentido de que todo acto administrativo, tiene que subordinarse\n y compatibilizarse a la Carta Política del Estado, lo\n cual deben respetar los poderes públicos y los particulares,\n de lo contrario se produciría una desviación del\n respeto a la Ley Suprema y por ende, un estado de anarquía\n jurídica;

\n\n

Que de producirse el hecho de que un acto no se acomode y\n respete el texto constitucional, los órganos jurisdiccionales\n pertinentes, tienen la obligación de reparar la trasgresión\n a la Carta Magna;

\n\n

Que la Corte Suprema de Justicia como un órgano de\n poder del Estado, debe subordinar sus actos de poder público\n a la Carta Política y a la ley, en los límites\n que se fijan para ella, de no ser así, los actos administrativos\n devendrían en inconstitucionales, transgrediendo especialmente\n los principios de la seguridad jurídica del Estado, que\n hace referencia al imprescindible marco de actuación de\n inmutabilidad, en el cual deben desarrollarse las actividades\n de los órganos del poder público, y-de los ciudadanos;\n sujetándose exclusivamente a las capacidades y atribuciones\n que le otorga la ley; ya que de lo contrario se violaría\n la constitucionalidad, en el marco donde actúa el Estado,\n y que constituye la base primordial de la legalidad de las actuaciones\n de los poderes públicos;

\n\n

Que la Corte Suprema de Justicia igualmente, no se ajustó\n en dichas Resoluciones a la garantía constitucional del\n debido proceso, del cual emana que todo acto administrativo,\n o toda resolución debe tener su motivación, tanto\n en los hechos como en el derecho; para lo cual el accionante,\n hace un estudio en doctrina de lo que constituye la motivación\n de un acto administrativo, y cita lo dicho en el Decreto Ejecutivo\n Nro. 3179, de 10 de octubre del 2002, publicado en el Registro\n Oficial Nro. 686, de 18 de los mismos mes y año, que en\n sus artículos 1 y 4 expresan, que la motivación\n no es un requisito meramente formal sino de fondo, ya que los\n motivos que dan lugar al acto administrativo, son aquellos mediante\n los cuales, los ciudadanos conocen las razones que justifican\n dicho acto, y de no producirse ello, podría generarse\n arbitrariedad e indefensión, lo cual se halla prohibido\n por la Constitución Política;

\n\n

Que existió arrogación de funciones, al dictarse\n las resoluciones impugnadas. Señala que la Corte Suprema\n de Justicia, al dictar las resoluciones mencionadas, obstruyó\n el imperio constitucional, sobre el que se rige el Estado de\n Derecho, ya que la reglamentación debía nacer del\n Presidente Constitucional de la República, y cualquier\n interpretación del texto constitucional, debía\n nacer del H. Congreso Nacional; y,

\n\n

Que de acuerdo con los fundamentos de derecho, se han violado\n las siguientes normas constitucionales: artículo 23 numeral\n 26; artículo 24 en lo referente al debido proceso; artículo\n 171 numeral 5; artículo 244 numeral 1; artículo\n 272: que se refieren respectivamente a: la garantía de\n la seguridad jurídica, a la obligatoriedad que tiene el\n Congreso Nacional de interpretar la ley con carácter obligatorio,\n a la capacidad jurídica que tiene el Presidente de la\n República de reglamentar la ley, a la garantía\n de las actividades económicas, mediante un orden jurídico\n e instituciones que las promuevan y fomenten, a la supremacía\n de la Constitución sobre otra norma de menor jerarquía,\n y el acatamiento de la Constitución Política de\n la República por parte de cortes, tribunales, jueces y\n autoridades administrativas.

\n\n

El doctor Armando Bermeo Castillo, Presidente de la Corte\n Suprema de Justicia, en su contestación, señala\n que la resolución expedida por el Pleno de la Corte Suprema\n de Justicia, el 24 de septiembre de 2002 y publicada en el Registro\n Oficial Nro. 693 de 29 de octubre de 2002, se fundamenta en la\n facultad concedida por el artículo 15 de la Ley Orgánica\n de la Función Judicial, y se la expidió como se\n indica en la motivación de la resolución, porque\n se han presentado dudas acerca del alcance de los artículos\n 55 y 58 de la Ley del Control Constitucional, respecto de las\n atribuciones específicas de los jueces de instancia, en\n materia de amparo constitucional. El Pleno de la Corte Suprema\n de Justicia resuelve, que los jueces de instancia ante quienes\n se interpusieren las acciones de amparo, se limitarán\n a ordenar a la autoridad o funcionario público, contra\n quien se haya dirigido la acción, el cumplimiento de la\n decisión final adoptada en el procedimiento de amparo,\n es decir, se limita a señalar que los jueces deben cumplir\n en forma estricta y sin interpretaciones de ninguna naturaleza,\n lo que se halla dispuesto en los artículos 55 y 58 de\n la Ley de Control Constitucional, y señala además\n que esta atribución, no les faculta disponer el cumplimiento\n de obligaciones, que deben ser previamente declaradas por el\n juez competente, mediante el procedimiento previsto en la ley.\n Indica que la resolución fue dictada, en razón\n de que. los jueces de instancia en el trámite del recurso\n de amparo, han procedido ilegalmente, al ordenar embargos, secuestros,\n pagos, etc., que no constan en el procedimiento señalado\n en los citados artículos 55 y 58, actuaciones inconstitucionales\n y arbitrarias, que violan el procedimiento constitucional. En\n relación a la Resolución expedida el 10 de abril\n de 2002, la Corte Suprema de Justicia modificó la misma,\n con el objeto de darle mayor claridad, y que tampoco es inconstitucional,\n pues la Corte Suprema de Justicia, se halla facultada legalmente\n para expedirla, y tanto su expedición como su contenido\n se sujeta a las normas constitucionales.

\n\n

CONSIDERANDO:

\n\n

Que, el Tribunal Constitucional es competente para conocer\n y resolver el presente caso, de conformidad con la atribución\n consignada en el numeral 1 del artículo 276 de la Constitución\n de la República;

\n\n

Que, no se observa omisión de formalidad alguna, que\n pueda influir en la decisión de la causa, por lo que se\n declara su validez;

\n\n

Que, el accionante se encuentra legitimado para presentar\n la acción de inconstitucionalidad, conforme a los artículos\n 277.5 de la Carta Fundamental y 18 letra e) de la Ley del Control\n Constitucional;

\n\n

Que, en la especie, se aprecia que se demanda la inconstitucionalidad,\n por la forma, de las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia,\n aprobadas el 16 de abril y 24 de septiembre de 2002, y publicadas\n en los registros oficiales Nros. 559, de 19 de abril y 693 de\n 29 de octubre de 2002, respectivamente;

\n\n

Que, el Tribunal Constitucional en Resolución Nro.\n 036- 2001-TC, en los casos Nros. 036-2001-TC, 042-2001-TC y 044-200\n L-TC (acumulados), publicada en el Registro Oficial Nro. 606\n de 27 de junio de 2002, desechó la "demanda de inconstitucionalidad\n por la forma y por el fondo de la resolución dictada por\n la Corte Suprema de Justicia, publicada en el Registro Oficial\n No. 378 de 27 de julio del 2001..." y, en ella, no adoptó\n pronunciamiento respecto del artículo 1, de la letra e)\n del artículo 2, del artículo 4 y del 'artículo\n 7 que fueron sustituidos, en su orden, por los artículos\n 1, 2, 3 y 4 de la resolución de la Corte Suprema de Justicia,\n publicada en el Registro Oficial No. 559 de 19 de abril de 2002,\n en razón de que la situación jurídica materia\n de tales impugnaciones varió y no existían textos\n sobre los cuales el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse,\n cuanto más que carece de facultades para conocer y resolver\n de oficio. Lo expuesto, simplemente para ilustrar este necesario\n antecedente, pues norma alguna en específico, por el fondo,\n ha sido impugnada respecto de la Resolución de la Corte\n Suprema de Justicia, publicada en el Registro Oficial Nro. 559\n de 19 de abril de 2002, ni respecto de la resolución de\n la Corte Suprema de Justicia, publicada en el Registro Oficial\n Nro. 693 de 29 de octubre de 2002;

\n\n

Que, también, el Tribunal Constitucional mediante Resolución\n Nro. 005-2003-TC, publicada en el Registro Oficial Nro. 258 de\n 23 de enero de 2004, declaró "la inconstitucionalidad\n por vicios de fondo de la Resolución de la Corte Suprema\n de Justicia, en materia de amparo publicada en el Registro Oficial\n No. 693 de 29 de octubre de 2002 ...", infiriéndose\n de la misma que desechó, por improcedente, la inconstitucionalidad\n por la forma, y a cuyos efectos jurídicos en su total\n contexto, tendrán que sujetarse en el futuro, en materia\n de amparo;

\n\n

Que, sobre la impugnada inconstitucionalidad de forma, de\n las Resoluciones de 'a Corte Suprema de Justicia anteriormente\n citadas, el Tribunal Constitucional, se remite a las motivaciones\n de orden constitucional y legal, invocadas en las resoluciones\n Nros. 036-2001-TC y 005-2003-TC, publicadas en los registros\n oficiales Nros. 606 de 27 de junio de 2002 y No. 258 de 23 de\n enero de 2004, que en resumen, señalan que según\n el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Función\n Judicial, la Corte Suprema de Justicia, tiene facultades para\n dictar la disposición que será generalmente obligatoria,\n en los casos de duda u oscuridad de las leyes, la que podrá\n ser ejercida por iniciativa propia o a pedido de las Cortes Superiores;\n en el caso, al haberse presentado dudas sobre la aplicación\n de determinadas normas de la Ley del Control Constitucional,\n especialmente en lo referente a la acción de amparo constitucional,\n el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, sirviéndose\n de la facultad de iniciativa propia, consignada en el artículo\n 15 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, dictó\n las Resoluciones que se publican en los registros oficiales Nros.\n 559, de 19 de abril de 2002 y Nro. 693 de 29 de octubre de 2002,\n sin que se manifieste en ninguna de sus partes, que la intención\n es interpretar el artículo 95 de la Constitución\n Política de La República y que, el Pleno de la\n Corte Suprema de Justicia, al expedir las resoluciones, se amparó\n en la parte final del artículo 200 de la Carta Fundamental\n con lo que, además de las atribuciones que le concede\n la Constitución, tiene otras que le señalan las\n leyes, y entre éstas se encuentra la facultad concedida\n en el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Función\n Judicial, que no ha sido derogado, de manera que el Pleno de\n la Corte Suprema, al dictar las. resoluciones impugnadas, hizo\n uso de una disposición legal vigente; y,

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones,

\n\n

Resuelve:

\n\n

1.- Desechar la demanda de inconstitucionalidad por la forma,\n de las resoluciones dictadas por la Corte Suprema de Justicia,\n publicadas en los registros oficiales Nros. 559 de 19 de abril\n de 2002 y Nro. 693 de 29 de octubre de 2002.

\n\n

2.- Publicar esta resolución en el Registro Oficial.-\n Notifíquese".

\n\n

f.) Dr. Jaime Nogales Izurieta, Presidente (E).

\n\n

Razón: Siento por tal, que la resolución que\n antecede fue aprobada por el Tribunal Constitucional, con ocho\n votos a favor correspondientes a los doctores Milton Burbano\n Bohórquez, Miguel Camba Campos, René de la Torre\n Alcívar, Enrique Herrería Bonnet, Manuel Jaramillo\n Córdova, Mauro Terán Cevallos, Simón Zavala\n Guzmán y Jaime Nogales Izurieta y un voto salvado del\n doctor Luis Rojas Bajaña, en sesión del día\n martes quince de junio de dos mil cuatro.- Lo certifico.

\n\n

f.) Dr. Víctor Hugo López Vallejo, Secretario\n General.

\n\n

VOTO SALVADO DEL DR. LUIS ROJAS BAJAÑA
\n EN EL CASO SIGNADO CON EL No 0038-2003-TC

\n\n

Con los antecedentes constantes en la resolución aprobada\n el 15 de junio del» 2004, salvo mi voto en virtud de las\n siguientes consideraciones:

\n\n

1.- La Corte Suprema de Justicia, para dictar las resoluciones\n de 10 de abril y 24 de septiembre del 2002, publicadas en los\n registros oficiales 559 de 19 de abril del 2002 y 693 de 29 de\n octubre del 2002, ejerció la facultad establecida en el\n Art. 15 de la Ley Orgánica de la Función Judicial\n que dispone: "La misma facultad anterior tendrá la\n Corte Suprema, en los casos de duda u oscuridad de las leyes,\n la que podrá ejercitarla, sea por propia iniciativa o\n a pedido de las cortes superiores. La resolución que dicte\n tendrá igual vigor que la que se dictare en caso de fallos\n contradictorios, y regirá desde su publicación\n en el Registro Oficial". El Art. 14 ibídem, que establece\n la facultad a la que se refiere la norma citada, señala\n lo siguiente: "En los casos en que la Corte Suprema expidiere\n fallos contradictorios sobre un mismo punto de derecho, los Ministros\n jueces y el Ministro Fiscal, que serán convocados inmediatamente\n después de ocurrida la discrepancia, dictarán,\n por mayoría de votos conformes, la disposición\n que será generalmente obligatoria, mientras no se disponga\n lo contrario por la Ley. La resolución se dará,\n a más tardar, dentro de quince días de hecha la\n convocatoria y se publicará en el Registro Oficial".

\n\n

2.- Por el texto de las normas citadas y la finalidad de las\n mismas, así como por el contexto de la Ley Orgánica\n de la Función Judicial cuyo objetivo es normar la organización\n de dicha Función del Estado, la competencia utilizada\n por la Corte Suprema de Justicia para dictar las resoluciones\n impugnadas se encuentra prevista de tal forma por tratarse del\n órgano superior de la Función Judicial, y tanto\n lo referente a fallos contradictorios como lo que se establece\n respecto de normas oscuras o respecto de las cuales exista duda,\n es una competencia que tiene que ver con los criterios a aplicarse\n en los casos que competen a la Función Judicial ordinariamente,\n es decir, en cuanto al ejercicio de su jurisdicción propia.\n La jurisdicción constitucional que tienen los jueces civiles\n y tribunales de instancia así como los jueces penales\n en circunstancias extraordinarias, para conocer las acciones\n de amparo previstas en el Art. 95 de la Constitución,\n es una jurisdiccional especial que tiene que ver con el sistema\n de control constitucional establecido en la Constitución,\n sistema de control cuyo órgano máximo es el Tribunal\n Constitucional, con jurisdicción nacional como Tribunal\n superior para la resolución de los casos de apelación\n en las acciones de amparo, por lo tanto, lo que respecta tanto\n a jurisprudencia como a criterios sobre aplicación de\n las normas de la Ley del Control Constitucional respecto del\n amparo, es de competencia de este Tribunal, así como se\n encuentra establecida la competencia de la Corte Suprema de Justicia\n para los casos establecidos en los Arts. 14 y 15 de la Ley Orgánica\n de la Función Judicial.

\n\n

3.- En los considerandos de la resolución publicada\n en el Registro Oficial No 693 del 29 de octubre del 2002, se\n señala como antecedente que se han presentado dudas acerca\n del alcance de aplicación de los artículos 55 y\n 58 de la Ley del Control Constitucional; y, la resolución\n publicada en el Registro Oficial No 559 de 19 de abril del 2002\n introduce varias reformas a la resolución que la misma\n Corte Suprema de Justicia publicara en el Registro Oficial No\n 378 de 27 de julio del 2001. Esta última resolución\n mencionada señala en su primer considerando que se han\n presentado dudas sobre la inteligencia de la Ley Orgánica\n del Control Constitucional, respecto de la acción de amparo\n y señala que el objetivo de la misma sería unificar\n la interpretación de las normas sobre las que existen\n dudas o criterios contradictorios, y fundamenta su competencia\n en el mismo Art. 15 de la Ley Orgánica de la Función\n Judicial. De lo dicho se ve claramente que la intención\n de la Corte Suprema de Justicia fue la de interpretar la Ley\n del Control Constitucional y definir su alcance, estableciendo\n el Art. 12 de la resolución que la misma será generalmente\n obligatoria.

\n\n

4.- El Art. 130 de la Constitución establece las atribuciones\n y deberes del Congreso Nacional, entre ellas el número\n 5 señala: 'Expedir, reformar o derogar las leyes e interpretadas\n con carácter generalmente obligatorio91 (el resaltado\n es mío). Por lo tanto, la atribución de interpretación\n de las leyes con carácter generalmente obligatorio es\n propia del Congreso Nacional y se encuentra prevista en la Constitución.

\n\n

5.- De todo lo anteriormente señ

 

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