Registro Oficial

Registro Oficial. 1 de JUNIO del 2004

Martes, 01 de junio de 2004

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE\n JUNIO DEL 2004
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Martes, 1 de junio del 2004 - R. O. No. 346

\n

TRIBUNAL CONSTITUCION

\n

DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR
\n
FUNCIÓN\n EJECUTIVA

\n\n

DECRETOS:

\n\n

1687\n Acéptase\n la renuncia del economista Mauricio Yépez Najas.

\n\n

1688\n Desígnase\n Agregado Militar Adjunto a la Embajada del Ecuador en los Estados\n Unidos al señor TCRN. de E.M. Iván Ricardo Moreno\n Valverde.

\n\n

1689 Dispónese que el Ministerio\n de Relaciones Exteriores, en su calidad de Secretaría\n Pro Témpore de la Comunidad Andina tenga todas las facilidades\n para realizar las actividades que involucren dar seguimiento\n a las directrices aprobadas en el XIV Consejo Presidencial Andino.

\n\n

1690 Expídase la Quinta Revisión\n del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, elaborada\n por la Comisión de Medicamentos e Insumes y aprobada por\n el Directorio del Consejo Nacional de Salud

\n\n

1692 Autorízase al Banco\n Central del Ecuador, para que del 20% de los recursos del FEIREP,\n transfiera la suma de (US $ 40´933.063,29), con la finalidad\n de compensar la caída de los ingresos petroleros efectivos\n producida en el primer trimestre del 2004 en el Presupuesto del\n Gobierno Central.

\n\n

1693\n Asciéndese\n al grado de General de Distrito a varios coroneles de Policía\n de Línea.

\n\n

1694 Asciéndese al grado\n de Teniente Coronel de Policía de Línea a varios\n mayores de Policía de Línea.

\n\n

CONVENIO:

\n\n

MINISTERIO\n DE RELACIONES EXTERIORES:

\n\n

Convenio\n de Reconocimiento\n Mutuo de Certificados de Estudios, Títulos y Grados Académicos\n de Educación Superior entre la República del Ecuador\n y la República del Paraguay.

\n\n

FUNCIÓN\n JUDICIAL

\n\n

CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO PENAL:

\n\n

Recursos de casación\n en los juicios colusorios y penales seguidos en contra de las\n siguientes personas:

\n\n

62-04 Segundo Alberto Calahorrano\n Analuisa y otros por juicio de colusión en perjuicio de\n Elsa Piedad Carrillo Lascano.

\n\n

64-04\n Oscar Rubén\n Caranqui Villegas por tráfico de estupefacientes en perjuicio\n del Estado.

\n\n

65-04 Manuel Arturo Paredes Fernández\n por homicidio a Rodolfo Rodríguez López.

\n\n

66-04 José Guerra Guerrero\n por injurias en perjuicio de Gladys Enriqueta Guzmán Fonseca

\n\n

67-04 Jorge Vinicio Verdezoto Garófalo\n por injurias en perjuicio de María Barbarita Suntaxi.

\n\n

75-04 Martha Valencia Montenegro\n por injurias en perjuicio de Blanca Briceida Ramírez Salinas.

\n\n

76-04 Doctor Eduardo Calero Arregui\n y otros, por el delito de prevaricato en contra del Diputado\n Luis Gilberto Talahua Paucar.

\n\n

ACUERDO\n DE CARTAGENA

\n\n

PROCESOS:

\n\n

68-IP-2003 Interpretación prejudicial\n de la disposición transitoria primera de la Decisión\n 344 y de los artículos 71, 72 literal h), 73 literales\n a), d) y e), 82 y 84 de la Decisión 313 de la Comisión\n del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del\n Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República\n del Ecuador, Distrito de Quito. Marca: RYKA. Actor: MAVESA S.A.\n Proceso interno No 2873-465-96-WM.

\n\n

74-IP-2003\n Interpretación\n prejudicial, de oficio, de las normas previstas en los artículos\n 56, 58, literales a), f) y g) y 65 de la Decisión 85 de\n la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en\n la solicitud del Consejo de Estado de la República de\n Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección\n Primera. Parte actora: Sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA\n DE TABACO S.A. Marca: "A + gráfica". Expediente\n Interno: No 3286..

\n\n

ORDENANZA\n MUNICIPAL:

\n\n

Cantón\n Jaramijó:\n Sobre discapacidades, eliminación de barreras arquitectónicas\n y urbanísticas y de creación del Consejo Cantonal\n de Discapacidades.

\n\n

FE\n DE ERRATAS:

\n\n

A\n la publicación\n del Instructivo para el Funcionamiento de los Centros de Información\n Electoral para Cambios de Domicilio, efectuado en el Registro\n Oficial No 335 de 14 de mayo del 2004..

\n\n

A\n la publicación\n de la Resolución No 248 del COMEXI, efectuada en el Registro\n Oficial No 329 del 6 de mayo del 2004.

\n\n

A\n la publicación\n de la Codificación de la Ley de Desarrollo Agrario, realizada\n en el Suplemento al Registro Oficial No 315 de 16 de abril del\n 2004.
\n  \n

\n \n
\n

 

\n\n

No 1687

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPÚBLICA

\n\n

En consideración a la renuncia presentada por el economista\n Mauricio Yépez Najas, como Jefe Negociador en representación\n del Estado Ecuatoriano en el Proceso de Negociación del\n Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América;\n y,

\n\n

En ejercicio de la facultad de las atribuciones consignadas\n en el Art. 171 numeral 3 de la Constitución Política\n de la República y el Art. 11 letra f) del Estatuto del\n Régimen Jurídico Administrativo de la Función\n Ejecutiva,

\n\n

Decreta:

\n\n

ARTICULO PRIMERO.- Aceptar la referida renuncia y agradecer\n al economista Mauricio Yépez Najas, por los servicios\n prestados.

\n\n

ARTICULO SEGUNDO.- Este decreto entrará en vigencia\n a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 13 de mayo del 2004.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Dr. Guillermo H. Astudillo Ibarra, Subsecretario General\n de la Administración Pública.

\n\n

No 1688

\n\n

Ing. Lucio E. Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPÚBLICA

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le conceden los artículos\n 171, numeral 14 concordante con el 179, numeral 2 de la Constitución\n Política de la República del Ecuador y el Art.\n 41 de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas; y, a solicitud\n del señor Ministro de Defensa Nacional, previo pedido\n de la Comandancia General de la Fuerza Terrestre, a través\n del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1°.- Designar a partir del 28 de julio del 2004 hasta\n el 28 de julio del 2005, para que realice el Curso Superior de\n Defensa y Seguridad Hemisférica, en el Colegio Interamericano\n de Defensa, en Washington, en condiciones de Agregado Militar\n Adjunto a la Embajada del Ecuador en los Estados Unidos, al señor\n OJ50131155-9 TCRN. de E.M. Moreno Valverde Iván Ricardo,\n quien percibirá las asignaciones económicas determinadas\n en el reglamento pertinente, con cargo al presupuesto del Ministerio\n de Defensa Nacional, Sección Fuerza Terrestre.

\n\n

Art. 2°.- Los señores ministros de Defensa Nacional\n y Relaciones Exteriores, quedan encargados de la ejecución\n del presente decreto.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito D.M., a 13 de mayo del\n 2004.

\n\n

f.) Ing. Lucio E. Gutiérrez Borbúa, Presidente\n Constitucional de la República.

\n\n

f.) Gral. Nelson Herrera Nieto, Ministro de Defensa Nacional.

\n\n

f.) Embajador Patricio Zuquilanda, Ministro de Relaciones\n Exteriores.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Dr. Guillermo H. Astudillo Ibarra, Subsecretario Genera\n de la Administración Pública.

\n\n


\n No 1689

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPÚBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que la Constitución Política de la República\n del Ecuador, en su artículo 4 numeral 5 propugna la integración,\n de manera especial la andina y la latinoamericana, lo cual obedece\n a la vocación integracionista del país;

\n\n

Que la Comunidad Andina constituye el bloque natural integracionista\n al que el Ecuador pertenece y por ello se constituyó en\n miembro fundador;

\n\n

Que como miembro de la Comunidad Andina y en cumplimiento\n del artículo 14 del Acuerdo de Cartagena, le corresponde\n al Ecuador ejercer la Presidencia de la Comunidad Andina, en\n el período junio del 2003 a julio del 2004;

\n\n

Que durante el año de la Presidencia de la Comunidad\n Andina, el Ecuador también ejerce la Presidencia del Consejo\n Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, los consejos ministeriales,\n de la Comisión, de los comités de Alto Nivel de\n los grupos especializados. Asimismo, en dicho período,\n el Ministerio de Relaciones Exteriores ejerce la Secretaría\n Pro Témpore de la CAN;

\n\n

Que por mandato del artículo 14 del Acuerdo de Cartagena,\n le corresponde al Presidente de la CAN: "a) Convocar y presidir\n las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo; b) Ejercer\n la representación del Consejo y de la Comunidad Andina;\n c) Supervisar el cumplimiento por parte de los otros órganos\n e instituciones del Sistema Andino de Integración de las\n directrices emanadas del Consejo; y, d) Llevar a cabo las gestiones\n que le sean solicitadas por el Consejo.";

\n\n

Que uno de los compromisos que el Ecuador asume al ejercer\n la Presidencia de la Comunidad Andina es el de realizar en el\n país las reuniones del Consejo Presidencial Andino y.\n Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, así\n como de los demás comités de Alto Nivel y de los\n grupos especializados;

\n\n

Que conforme el mandato del artículo 19 del Acuerdo\n de Cartagena, le corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores\n ejercer la Secretaría Pro Tempere de la Comunidad Andina,\n lo que implica realizar el seguimiento de las directrices impartidas\n por el Consejo Presidencial Andino, a través de la coordinación\n de la agenda andina con las capitales de los países miembros\n de la CAN, con los órganos del Sistema Andino de Integración,\n así como con los estados de otras regiones, con los organismos\n multilaterales y sus órganos, y con otros bloques regionales\n de integración;

\n\n

Que es responsabilidad del Gobierno Nacional velar por la\n imagen internacional del país y precautelar los altos\n intereses nacionales; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos\n 171 numeral 9 de la Constitución Política de la\n República y 11 letra f) del Estatuto del Régimen\n Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1.- Disponer que el Ministerio de Relaciones Exteriores,\n en su calidad de Secretaría Pro Témpore de la Comunidad\n Andina tenga todas las facilidades que el caso amerita para la\n realización de las actividades que involucren dar seguimiento\n a las directrices aprobadas en el XIV Consejo Presidencial Andino,\n así como las que considere pertinente para avanzar en\n el proceso de integración andino.

\n\n

Art. 2.- Encomendar al Ministro de Relaciones Exteriores la\n preparación, organización y realización\n del XV Consejo Presidencial Andino, que se realizará en\n Loja - Ecuador, del lunes 5 al sábado 10 de julio del\n 2004, así como de las reuniones ordinarias y extraordinarias\n del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de\n las demás reuniones que el Ecuador tenga que presidir.

\n\n

Art. 3.- El Ministerio de Relaciones Exteriores, se encargará\n de los aspectos relativos a la preparación y desarrollo\n de los asuntos protocolarios, logísticos, sociales y de\n ceremonial del XV Consejo Presidencial Andino, así como\n de las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Andino\n de Ministros de Relaciones Exteriores, como de las demás\n reuniones que el Ecuador tenga que presidir.

\n\n

Art. 4.- El Ministerio de Relaciones Exteriores, tendrá\n bajo su responsabilidad la organización operativa de las\n reuniones señaladas en el artículo 3 y de las que\n fuere necesario impulsar, en el marco de la agenda andina.

\n\n

Art. 5.- El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Comandancia\n General de la Policía designarán un oficial superior\n de cada institución, quienes serán los responsables\n de los aspectos de seguridad del XV Consejo Presidencial Andino\n y al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Dichos\n oficiales superiores asesorarán permanentemente y hasta\n el término de las reuniones al Ministerio de Relaciones\n Exteriores.

\n\n

Art. 6.- Los ministerios de Relaciones Exteriores, Gobierno\n y Policía, Defensa Nacional, Economía y Finanzas,\n Comercio Exterior» Energía y Minas y Turismo, así\n como la Secretaria General de Comunicación del Estado,\n el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), la Dirección\n Nacional de Aviación Civil, la Dirección Nacional\n de Migración, el Fondo de Solidaridad, a través\n de ANDINATEL y PACIFICTEL, y otras entidades que fueran requeridas\n por el Ministerio de Relaciones Exteriores deberán prestar\n en forma prioritaria y con la prontitud que el caso amerite,\n toda su colaboración para coadyuvar al éxito del\n XV Consejo Presidencial Andino y al Consejo Andino de Ministros\n de Relaciones Exteriores.

\n\n

Art. 7.- Las erogaciones en que incurrieren los ministerios\n y las entidades del Estado como resultado de su participación\n en la preparación del XV Consejo Presidencial Andino y\n del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores deberán\n ser imputadas a sus respectivos presupuestos.

\n\n

Art. 8.- Los gastos que demande la organización del\n XV Consejo Presidencial Andino así como de las demás\n reuniones que tengan que realizarse en el marco de la agenda\n de la Comunidad Andina y que deba cubrir el Ministerio de Relaciones\n Exteriores, se efectuarán con cargo a la partida presupuestaria\n número 11200000A1300000005801080020 "PRESIDENCIA\n CAN-ECUADOR Y CUMBRE PRESIDENCIAL", por el valor de US $\n 720.000,00 (SETECIENTOS VEINTE MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS\n UNIDOS DE AMÉRICA). Los desembolsos y el tipo de gastos\n para este evento se regirán por un instructivo de gastos\n que el Ministro de Relaciones Exteriores expedirá para\n el efecto.

\n\n

Art. 9.- De la ejecución del presente decreto que entrará\n en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio\n de su publicación en el Registro Oficial, encárguense\n los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía y\n Finanzas.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 13 de mayo del
\n 2004.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Dr. Guillermo H. Astudillo Ibarra, Subsecretario General\n de la Administración Pública.

\n\n

No 1690

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPÚBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el artículo 42 de la Constitución Política\n de la República, determina que el Estado garantizará\n el derecho a la salud, su promoción y protección,\n por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión\n desagua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes\n saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad\n de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme\n a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad\n y eficiencia;

\n\n

Que el artículo 28 de la Ley Orgánica del Sistema\n Nacional de Salud, establece que el Ministerio de Salud Pública,\n con el apoyo del Consejo Nacional de Salud, dispondrá\n las medidas que permitan garantizar la disponibilidad de medicamentos\n e insumes en el país, así como también promoverá\n la producción nacional y garantizará el uso de\n productos genéricos y organizará instancias y procesos\n de provisión común de los mismos, de acuerdo con\n el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos que se elaborará\n según la nomenclatura internacional aprobada por la Organización\n Mundial de la Salud, el mismo que será de aplicación\n obligatoria por las entidades del sector, con resguardo de su\n calidad, seguridad y eficacia y al menor costo posible;

\n\n

Que la Ley de Producción, Importación, Comercialización\n y Expendio de Medicamentos Genéricos de Uso Humano, publicada\n en el Registro Oficial No. 59 de 17 de abril del 2000, en el\n artículo 6 establece que las entidades del sector público\n que tengan a su cargo prestaciones y programas de salud, están\n obligadas a adquirir exclusivamente medicamentos genéricos,\n de acuerdo al Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos\n que será elaborado por el Consejo Nacional de Salud;

\n\n

Que el artículo 7 de la ley mencionada en el considerando\n anterior, establece que el Consejo Nacional de Salud convocará\n a concursos públicos de oferta de productos determinados\n en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos que elaborará\n este organismo de forma privativa, enumerando los medicamentos\n por su nombre genérico, para efectos de seleccionar a\n los proveedores que suministren medicamentos genéricos\n a las instituciones del sector público;

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 807, publicado en el Registro\n Oficial No. 176 de 3 de octubre del 2000, se expidió la\n Cuarta Revisión del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos,\n elaborada por la Comisión de Farmacología del Consejo\n Nacional de Salud;

\n\n

Que mediante oficio No. CNS-04-142 de 3 de mayo del 2004,\n el Director Ejecutivo del CONASA, informa que en sesión\n extraordinaria del Directorio de 28 de abril del 2004, se aprobó\n la V Revisión del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos;

\n\n

Que el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos constituye\n el instrumento fundamental para la implementación del\n Programa Nacional de Medicamentos Genéricos; y,

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones que le confiere la Constitución\n y la ley,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1.- Expídase la Quinta Revisión del Cuadro\n Nacional de Medicamentos Básicos, elaborada por la Comisión\n de Medicamentos e Insumes y aprobada por el Directorio del Consejo\n Nacional de Salud.

\n\n

Art. 2.- De la ejecución del presente decreto ejecutivo\n que entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación\n en el Registro Oficial, encárguese al Ministro de Salud\n Pública.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 13 de mayo del 2004.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

f.) Teófilo Lama Pico, Ministro de Salud Pública.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Dr. Guillermo H. Astudillo Ibarra, Subsecretario General\n de la Administración Pública.

\n\n

No 1692

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPÚBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización\n y Transparencia Fiscal, publicada en el Registro Oficial No.\n 589 de 4 de junio del 2002, en su artículo 17 dispone\n los porcentajes de distribución de los recursos del Fondo\n de Estabilización, Inversión Social y Productiva\n y Reducción del Endeudamiento Público FEIREP;

\n\n

Que el numeral 2 del Art. 17 de la Ley Orgánica de\n Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal,\n dispone que el veinte por ciento del Fondo de Estabilización,\n Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento\n Público "FEIREP", se festinará a estabilizar\n los ingresos petroleros hasta alcanzar el 2.5% del Producto Interno\n Bruto - PIB, índice que deberá mantenerse de manera\n permanente;

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 96, publicado en el Registro\n Oficial No. 18 de 10 de febrero del 2003, se expidió el\n Reglamento a la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización\n y Transparencia Fiscal;

\n\n

Que el Art. 48 del Reglamento a la Ley Orgánica de\n Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal\n reformado mediante Decreto Ejecutivo No. 1657, publicado en el\n Registro Oficial No. 334 de 13 de mayo del 2004, dispone que\n la transferencia de recursos del FEIREP al Presupuesto del Gobierno\n Central se efectuará en un monto máximo igual al\n que signifique la reducción de ingresos petroleros efectivos;

\n\n

Que el Ministerio de Economía y Finanzas mediante informe\n No. STN-2004-024 de 20 de abril del 2004, establece que una vez\n concluido el primer trimestre del presente año, se han\n obtenido menos cuarenta millones novecientos treinta y tres mil\n sesenta y tres 29/100 dólares de los Estados Unidos de\n América (US $ 40'933.063,29), en las recaudaciones petroleras\n efectivas frente a los ingresos previstos presupuestariamente;

\n\n

Que la Comisión de Estabilización, Inversión\n Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público\n - CEIREP, en sesión de 17 de mayo del 2004, aprobó\n la transferencia del fideicomiso FEIREP la suma de cuarenta millones\n novecientos treinta y tres mil sesenta y tres 29/100 dólares\n de los Estados Unidos de América (US $ 40´933.063,29),\n al Presupuesto General del Estado, monto equivalente a la reducción\n de ingresos petroleros efectivos; y

\n\n

En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo\n 17 de la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización\n y Transparencia Fiscal,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1.- Autorízase al Banco Central del Ecuador, para\n que del 20% de los recursos del FEIREP establecido en el numeral\n 2 del Art. 17 de la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización\n y Transparencia Fiscal. para estabilizar los ingresos petroleros,\n transfiera la suma de cuarenta millones novecientos treinta y\n tres mil sesenta y tres 29/100 dólares de los Estados\n Unidos de América (US $ 40'933.063,29), con la finalidad\n de compensar la caída de los ingresos petroleros efectivos\n producida en el primer trimestre del 2004 en el Presupuesto del\n Gobierno Central.

\n\n

La utilización de los recursos destinados a la estabilización\n de los ingresos petroleros, se registrará en la ejecución\n presupuestaria como ingresos, en base a la disposición\n constante en el penúltimo inciso del Art. 17 de la Ley\n Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia\n Fiscal.

\n\n

Art. 2.- El presente decreto ejecutivo entrará en vigencia\n a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial, y de su ejecución encárguense\n los ministros de Economía y Finanzas; la Comisión\n de Estabilización, Inversión Social y Productiva\n y Reducción del Endeudamiento Público; y, el Banco\n Central del Ecuador, en su calidad de fiduciario del FEIREP.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 18 de mayo del 2004.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Dr. Guillermo H. Astudillo Ibarra, Subsecretario General\n de la Administración Pública.

\n\n

No 1693

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPÚBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

La Resolución No. 2004-431-CsG-PN, dictada por el H.\n Consejo de Generales de la Policía Nacional de 10 de mayo\n del 2004;

\n\n

El pedido del Ministro de Gobierno y Policía formulado\n mediante oficio Nro. 784-SPN de 14 de mayo del 2004, previa solicitud\n del Comandante General de la Policía Nacional, con oficio\n Nro. 00417-DGP-PN de 13 de mayo del 2004;

\n\n

De conformidad con lo establecido en los Arts. 37 inciso cuarto\n y 57 literal c) del Reglamento de Evaluación para el Ascenso\n de los Oficiales de la Policía Nacional y con los Arts.\n 76, 77 y 79 de la Ley de Personal de la Policía Nacional;\n y,

\n\n

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 6 de la\n Ley Orgánica de la Policía Nacional,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1.- Ascender con fecha 8 de junio del 2004, al grado\n de General de Distrito a los siguientes señores coroneles\n de Policía de Línea:

\n\n

CORONEL DE POLICÍA DE E.M.

\n\n

Cartagena Álvaro Rodrigo Eloy
\n Ruiz Grijalva Héctor Edmundo
\n Grijalva Ortiz Carlos Alfonso
\n Cisneros Galarza Ángel Bolívar

\n\n

Art. 2.- De la ejecución del presente decreto encárguese\n el Ministro de Gobierno y Policía.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, Distrito Metropolitano de la\n ciudad de Quito, a 18 de mayo del 2004.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

f.) Raúl Baca Carbo, Ministro de Gobierno y Policía.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Dr. Guillermo H. Astudillo Ibarra, Subsecretario General\n de la Administración Pública.

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1.- Ascender con fecha 23 de mayo del 2004, al grado\n de Teniente Coronel de Policía de Línea a los siguientes\n señores mayores de Policía de Línea, pertenecientes\n a la Cuadragésima Sexta Promoción de Oficiales\n de Línea:

\n\n

MAYORES DE POLICÍA DE LINEA

\n\n

Moncayo Juaneda Edmundo Enrique
\n Mantilla Andrade Ramiro Miguel
\n Mosquera Peñaherrera Eduardo F.
\n Logroño Varela Carlos Julio
\n Gallegos Herdoíza Pedro Pablo
\n Benítez Pozo Ignacio Elías
\n Salazar Jarrín Marco Vinicio
\n Londoño Molina Víctor Hugo
\n Jiménez Ruiz Esvar Pompilio
\n Cobos Fernández Luis Galo
\n Aguirre Terán Carlos Raúl
\n Arias Morales Juri Germán
\n Leiva Herrera Celiano Giovanny
\n Castro Loaiza Romel Juvenal
\n Uquillas Moreno Patricio Augusto
\n Saltos Boada Rubén Ernesto
\n Castillo Miranda Luis Pómulo
\n Villena Betancourt Wellington Alberto
\n Calles Vásconez Edgar Femando

\n\n

Art. 2.- De la ejecución del presente decreto encárguese\n el Ministro de Gobierno y Policía.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, Distrito Metropolitano de la\n ciudad de Quito, a 18 de mayo del 2004.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

f.) Raúl Baca Carbo, Ministro de Gobierno y Policía.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Dr. Guillermo H. Astudillo Ibarra, Subsecretario General\n de la Administración Pública.

\n\n

No 1694

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPÚBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

La Resolución No. 2004-405-CsG-PN, dictada por el H.\n Consejo de Generales de la Policía Nacional de 13 de mayo\n del 2004;

\n\n

El pedido del Ministro de Gobierno y Policía formulado\n mediante oficio Nro. 763-SPN de 11 de mayo del 2004, previa solicitud\n del Comandante General de la Policía Nacional, con oficio\n Nro. 00410-DGP-PN de 10 de mayo del 2004;

\n\n

De conformidad con lo establecido en los Arts. 77, 79 y 85\n de la Ley de Personal de la Policía Nacional; y,

\n\n

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 6 de la\n Ley Orgánica de la Policía Nacional,

\n\n

MINISTERIO\n DE RELACIONES
\n EXTERIORES

\n\n

CONVENIO DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE\n CERTIFICADOS DE ESTUDIOS, TÍTULOS Y GRADOS ACADÉMICOS\n DE EDUCACIÓN SUPERIOR ENTRE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR\n Y LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

\n\n

El Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno\n de la República del Paraguay, en adelante "las Partes";

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MOTIVADOS por el deseo de desarrollar las relaciones entre\n los pueblos de ambos países y cooperar para la integración\n en las áreas de la Educación, la Cultura y la Ciencia;

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TENIENDO en cuenta el Convenio de Intercambio Cultural suscrito\n entre la República del Ecuador y la República del\n Paraguay, el 28 de junio de 1968, vigente entre ambas Partes;

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CON EL OBJETO de adoptar procedimientos que permitan una más\n efectiva y equitativa convalidación de certificados y\n títulos de educación superior,

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HAN CONVENIDO en lo siguiente:

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Artículo I

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1. Las partes reconocerán y concederán validez\n a los certificados de estudios, títulos y grados académicos\n de educación superior otorgados por las universidades\n e instituciones reconocidas oficialmente por los sistemas educativos\n de ambos Estados.

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2. Las acciones necesarias para el cumplimiento de lo acordado\n mediante este instrumento serán coordinadas a través\n de los respectivos organismos oficiales, siendo en el caso de\n la República del Ecuador las Universidades y Escuelas\n Politécnicas, siendo el Consejo Nacional de Universidades\n y Escuelas Politécnicas (CONUEP) quien certificará\n la existencia legal de las mismas y en caso de la República\n del Paraguay el Ministerio de Educación y Culto y las\n Universidades reconocidas.

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3. Para tal fin se constituirá una Comisión\n Bilateral Técnica destinada a elaborar una tabla de equivalencias\n que se reunirá cuantas veces lo considere necesario para\n cumplir el objetivo previsto.

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Artículo II

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Para los efectos de este Convenio se entenderá como\n reconocimiento la validez oficial otorgada por una de las Partes\n de los estudios superiores realizados en instituciones del sistema\n educativo nacional del otro Estado, acreditados por: certificados\n de estudios, títulos y grados académicos.

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Artículo III

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Los estudios completos realizados en uno de los países\n signatarios del presente convenio serán reconocidos en\n el otro a los fines de la prosecución de los estudios\n y de acuerdo a lo establecido en el Artículo I.

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Artículo IV

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Las partes promoverán, por medio de los organismos\n pertinentes de cada país, la obtención del derecho\n al ejercicio profesional a quien acredite un título reconocido,\n sin perjuicio de la aplicación de las reglamentaciones\n que cada país impone a sus nacionales, de acuerdo con\n las normas legales vigentes para cada profesión.

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Artículo V

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Los estudios superiores universitarios y no universitarios\n parciales o incompletos realizados en uno de los países\n signatarios, serán reconocidos/en el otro al solo fin\n de la prosecución de los mismos, de acuerdo a las asignaturas\n aprobadas, lo cual será competencia de los organismos\n oficiales previstos en el Artículo I.

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Artículo VI

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La Comisión Bilateral Técnica prevista en el\n Artículo I se reunirá por primera vez dentro de\n los noventa días siguientes a la fecha correspondiente\n al canje de los instrumentos de ratificación.

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Artículo VII

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Las Partes deberán informarse mutuamente sobre cualquier\n clase de cambios en el sistema educativo, en especial sobre el\n otorgamiento de certificados de estudios, títulos y grados\n académicos. En caso de que las Partes lo consideren necesario\n será convocada la Comisión Bilateral Técnica.

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Artículo VIII

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En caso de modificaciones de las leyes que reglamentan los\n sistemas de educación, tanto en la República del\n Ecuador como en la República del Paraguay, en relación\n a los títulos o grados académicos reconocidos por\n cada Estado, se informará al respecto por la vía\n diplomática.

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Artículo IX

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Las disposiciones de este Convenio prevalecerán sobre\n todo otro Convenio vigente entre las Partes a la fecha de su\n entrada en vigor.

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Artículo X

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Las Partes tomarán las medidas correspondientes para\n garantizar el cumplimiento del presente Convenio por todos los\n centros docentes e instituciones interesados en los respectivos\n países.

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Artículo XI

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El presente Convenio entrará en vigor en la fecha en\n que ambas Partes se comuniquen por escrito a través de\n la vía diplomática, el cumplimiento de los procedimientos\n exigidos por sus respectivos ordenamientos constitucionales.

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Artículo XII

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El presente Convenio tendrá una duración de\n cinco (5) años y se prorrogará automáticamente\n por períodos, iguales.

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Podrá ser denunciado por alguna de las Partes, mediante\n notificación escrita por vía diplomática\n que surtirá efecto un año después de la\n notificación respectiva.

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Suscrito en Asunción, a los veinte y cinco días\n del mes de agosto del año un mil novecientos noventa y\n siete, en dos textos originales, siendo ambos igualmente auténticos.

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Por el Gobierno de la República del Ecuador,

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f.) José Ayala Lasso, Ministro de Relaciones Exteriores.

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Por el Gobierno de la República del Paraguay,

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f.) Rubén Melgarejo Lanzoni, Ministro de Relaciones\n Exteriores.

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Certifico que es fiel copia del documento original que se\n encuentra en los archivos de la Dirección General de Tratados\n del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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Quito, a 5 de mayo del 2004.

\n\n

f.) Roberto Ponce, Director General de Tratados.

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No 62-04

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JUICIO COLUSORIO

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO PENAL

\n\n

Quito, 17 de diciembre del 2003; las\n 11h00.

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VISTOS: Elsa Piedad Carrillo Lascano manifiesta a la Corte\n Superior de Quito que desde hace veinticinco años, mantiene\n unión de hecho con Segundo Alberto Calahorrano Analuisa,\n que su conviviente logró despojarla de un aserradero que\n era la fuente de los recursos con los que logró construir\n una casa ubicada en la calle Juan Torres No 554 y Galo Molina,\n en esta ciudad de Quito en donde actualmente vive. Que con el\n claro propósito de desalojarla de su morada, Alberto Calahorrano\n intentó contra la compareciente un juicio de inquilinato,\n sin que su conviviente lograra su propósito. Que luego\n de ello, en contubernio con sus familiares José Vicente\n Navas Calahorrano y Ana Victoria Chisaguano Balseca, procede\n a vender a éstos el inmueble en el que siempre ha vivido,\n utilizando el traspaso de dominio para expelerla de la casa,\n en razón de la venta efectuada y las normaste Ley de Inquilinato.\n Con tales antecedentes aduciendo confabulación para perjudicarla,\n en ejercicio de la acción que otorga la Ley para el Juzgamiento\n de la Colusión, demanda a Segundo Alberto Calahorrano\n Analuisa, José Vicente Navas Calahorrano y Ana Victoria\n Chisaguano Balseca para que se declare en sentencia la nulidad\n del contrato de compraventa del inmueble ubicado en la calle\n Juan Torres No 554 y Galo Molina de esta ciudad de Quito otorgado\n por escritura pública de 13 de julio de 1998, inscrita\n en el Registro de la Propiedad el 11 de noviembre de 1998; se\n declare la nulidad del trámite de desahucio iniciado por\n los demandados; se les condene al pago de daños, perjuicios\n y costas; se le imponga la pena de prisión que ordena\n la ley. Segundo Alberto Calahorrano Analuisa dedujo excepciones,\n negando los fundamentos de la demanda y especialmente que la\n actora tuviere derechos en el inmueble vendido; improcedencia\n de la acción; inexistencia de la unión de hecho;\n falta de derecho de la accionante por haber sido simplemente\n arrendadora de parte del inmueble. José Vicente Navas\n Calahorrano y Ana Victoria Chisaguano Balseca dedujeron las excepciones\n que siguen: improcedencia de la acción colusoria por cuanto\n la compra efectuada por los excepcionantes es acto legítimo;\n no haber realizado ningún acto ficticio con el comprador.\n La Cuarta Sala de la Corte Superior de Quito, rechazó\n la demanda por lo que la actora interpuso recurso de apelación,\n remitido a esta Sala, previo el sorteo de ley, que para resolver\n considera: PRIMERO.- Conforme al artículo 8 de la Ley\n para el Juzgamiento de la Colusión y 60 de la Ley Orgánica\n de la Función Judicial, esta Sala tiene jurisdicción\n y es competente para decidir la impugnación. SEGUNDO.-\n El Juicio se ha sustanciado según el trámite previsto\n por la ley, sin que exista causa alguna de nulidad que lo invalide.\n TERCERO.- En el caso Elsa Piedad Carrillo Lascano ha demostrado\n la unión que ha mantenido, desde el año de 1972\n con Segundo Alberto Calahorrano Analuisa, ha probado asimismo\n haber contribuido con su esfuerzo en la construcción de\n una casa de habitación sobre un terreno adquirido por\n éste según escritura pública entre folios\n 80-82 y en base a su actividad económica, que consistía\n en la explotación de un aserradero ubicado en esta ciudad,\n como ha demostrado también haber procreado con Calahorrano\n Analuisa dos hijos, pese a lo cual se produce la venta del inmueble\n terreno y construcción a José Vicente Navas Calahorrano\n y Ana María Chisaguano Balseca. CUARTO.- Es evidente que\n de la prueba testimonial amplia, coherente y libre de tacha se\n viene en conocimiento que estos antecedentes son verdaderos.\n Se puede conocer también que el carácter irascible\n de Calahorrano Analuisa con su conviviente, le llevó a\n inferirle humillaciones y ultrajes durante los veinticinco años\n que se mantuvo la unión de hecho, hasta culminar con la\n venta, que de modo unilateral hizo de la casa a sus compradores.\n QUINTO.- Para afianzar de mejor modo el criterio de este Tribunal,\n cabe señalar que a más de los indicios fundados\n que fluyen de la confesión del demandado, existe prueba\n que Segundo Alberto Calahorrano con posterioridad a la celebración\n del contrato de compra venta, siguió ejerciendo actos\n de administración y propiedad del inmueble a los que solo\n el dominio da derecho. De especial significación es el\n contrato de arrendamiento de fojas 192 de 10 de mayo de 1992,\n en que el demandado invocando su calidad de arrendador vale decir\n de propietario- arrienda un departamento en el inmueble materia\n de la controversia a Washington Daniel Enrique Santos, cuando\n obviamente el predio se hallaba vendido y más aún\n inscrito en el Registro de la Propiedad. En consecuencia, la\n prueba documental, la abundante prueba testimonial uniforme y\n libre de tacha y en especial el acto jurídico que acaba\n de consignarse, denotan sin lugar a duda la actuación\n fraudulenta de Calahorrano y la de los compradores del inmueble\n en perjuicio real y consumado de la accionante en el ámbito\n del artículo 1 de la Ley para el Juzgamiento de la Colusión\n en cuanto al derecho de uso y habitación de la vivienda\n que contribuyó a edificar con su esfuerzo económico\n personal, aspecto prevalente sobre la excepción No 4 de\n folios 42, con la cual Calahorrano Analuisa dice que "parte\n del inmueble que es de mi propiedad fue entregado a la señora\n Elsa Piedad Carrillo Lascano en calidad de arrendamiento",\n aspecto sobre el cual esta Sala observa que en el respectivo\n trámite de inquilinato los jueces competentes declararon\n la inexistencia de esta relación de arrendamiento entre\n las partes. El artículo 8 inciso segundo de la Ley para\n el Juzgamiento de la Colusión, confiere a los magistrados\n y al Tribunal Supremo "atender a los dictados de su conciencia\n para la apreciación de los hechos y de las pruebas, aplicando\n el criterio judicial de equidad en que lo consideraren necesario".\n Se trata de un arbitrio extraordinario del Legislador, a efecto\n de juzgar un caso en que el examen de la verdad se dificulta\n por la naturaleza de su complejidad y es evidente que en la colusión\n existe un entendimiento fraudulento e ilícito y obviamente\n secreto entre quienes lo consuman, pero hay, así mismo\n actos de insólita resonancia como el descrito, que patentiza\n ilicitud en la actuación de los demandados. SEXTO.- En\n la sentencia de la Cuarta Sala de la Corte Superior Quito no\n se repara con la hondura necesaria, ni en el valor convincente\n de la prueba testimonial, ni en el arrendamiento irrito que hace\n Calahorrano de un bien raíz que ya no le pertenecía.\n SÉPTIMO.- En el dictamen que presenta a esta Sala el doctor\n Guillermo Mosquera Soto, Ministro Fiscal General subrogante,\n se formulan conclusiones de especial importancia en lo que atañe\n al mérito del acervo probatorio que hay en el proceso\n y que lleva necesariamente al juzgador a acoger la acción.\n En tal virtud, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY; compartiendo la opinión de\n la Fiscalía General del Estado revoca la sentencia expedida\n por la Cuarta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito\n y se declara con lugar la demanda colusoria propuesta por Elsa\n Piedad Carrillo Lascano en contra de Segundo Alberto Calahorrano\n Analuisa, José Vicente Navas Calahorrano y Ana Victoria\n Chisaguano Balseca; en consecuencia, se declara nula la escritura\n de compraventa del inmueble descrito en la demanda, celebrada\n ante el Notario Cuarto doctor Jaime Aillón Albán,\n el 13 de julio de 1998 e inscrita en el Registro de la Propiedad\n de este cantón, el 11 de noviembre de 1998; disponiéndose\n oficiar tanto al Notario como al Registrador de la Propiedad\n de Quito la cancelación de las anotaciones pertinentes\n en su protocolo y registro, sentando razón de esta sentencia.\n Se declara igualmente nulo el contrato de arrendamiento celebrado\n entre Segundo Calahorrano Analuisa y Washington Enrique Sánchez,\n por el cual el primero de los nombrados entregó para vivienda\n la parte del edificio que ya había vendido, por el plazo\n de un año y el precio de cuatrocientos cincuenta mil sucres\n mensuales y por el cual el arrendador, Calahorrano Analuisa recibió\n un millón quinientos mil sucres, a la fecha del convenio,\n debiendo asimismo oficiarse al Juzgado Tercero de Inquilinato\n de este cantón para que se cancele el registro pertinente\n de tal contrato, que tiene fecha 22 de septiembre de 1999, a\n efecto de que las cosas vuelvan al estado que se hallaban antes\n de la colusión y debiendo asimismo recuperar la actora\n sus derechos conculcados por la colusión sobre el inmueble\n tantas veces señalado en este fallo. Con costas, daños\n y perjuicios, se fija en 200,00 USD los honorarios profesionales\n de la doctora Betty Vásquez Carrera como defensora de\n la accionante. Por lo dispuesto en el artículo 7 inciso\n segundo, se impone a Segundo Alberto Calahorrano Analuisa, José\n Vicente Navas Calahorrano y Ana Victoria Chisaguano Balseca la\n pena de dos meses de prisión que la deberán cumplir\n en uno de los Centros de Rehabilitación Social de la ciudad\n de Quito.- Devuélvase el proceso al órgano jurisdiccional\n de origen para los efectos legales consiguientes.- Cúmplase\n y notifíquese.

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f.) Dr. Gonzalo Zambrano Palacios, Magistrado, Presidente.

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f.) Dr. Eduardo Brito Mieles, Magistrado.

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f.) Dr. Carlos Riofrío Corral, Magistrado.

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Certifico.- f.) Secretario Relator.

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VOTO SALVADO DEL DR. CARLOS RIOFRÍO CORRAL.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO PENAL

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Quito, 17 de diciembre del 2003; las 11h00.

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VISTOS: Elsa Piedad Carrillo Lascano manifiesta a la Corte\n Superior de Quito que desde hace veinticinco años, mantiene\n unión de hecho con Segundo Alberto Calahorrano Analuisa;\n que su conviviente 'logró despojarla de un aserradero\n que era la fuente de los recursos con los que logró construir\n una casa ubicada en la calle Juan Torres No 554 y Galo Molina,\n en esta ciudad de Quito en donde actualmente vive. Que con el\n claro propósito de desalojarla de su morada, Alberto Calahorrano\n intentó contra la compareciente un juicio de inquilinato,\n sin que su conviviente lograra su propósito. Que luego\n de ello, en contubernio con sus familiares José Vicente\n Navas Calahorrano y Ana Victoria Chisaguano Balseca, procede\n a vender a éstos el inmueble en el que siempre ha vivido,\n utilizando el traspaso de dominio para expelerla de la casa,\n en razón de la venta efectuada y las normas de Ley de\n Inquilinato. Con tales antecedentes aduciendo confabulación\n para perjudicarla, en ejercicio de la acción que otorga\n la Ley para el Juzgamiento de la Colusión, demanda a Segundo\n Alberto Calahorrano Analuisa, José Vicente Navas Calahorrano\n y. Ana Victoria Chisaguano Balseca para que se declare en sentencia\n la nulidad del contrato de compraventa del inmueble ubicado en\n la calle Juan Torres No 554 y Galo Molina de esta ciudad de Quito\n otorgado por escritura pública de 13 de julio de 1998,\n inscrita en el Registro de la Propiedad el 11 de noviembre de\n 1998; se declare la nulidad del trámite de desahucio iniciado\n por los demandados; se les condene al pago de daños, perjuicios\n y costas; se le imponga la pena de prisión que ordena\n la ley. Segundo Alberto Calahorrano Analuisa dedujo excepciones,\n negando los fundamentos de la demanda y especialmente que la\n actora tuviere derechos en el inmueble vendido; improcedencia\n de la acción; inexistencia de la unión de hecho;\n falta de derecho de la accionante por haber sido simplemente\n arrendadora de parte del inmueble. José Vicente Navas\n Calahorrano y Ana Victoria Chisaguano Balseca dedujeron las excepciones\n que siguen: improcedencia de la acción colusoria por cuanto\n la compra efectuada por los excepcionantes es acto legítimo;\n no haber realizado ningún acto ficticio con el comprador.\n La Cuarta Sala de la Corte Superior de Quito, rechazó\n la demanda por lo que la actora interpuso recurso de apelación,\n remitido a esta Sala, previo el sorteo de ley, que para resolver\n considera: PRIMERO.- Conforme el artículo 8 de la Ley\n para el Juzgamiento de la Colusión y 60 de la Ley Orgánica\n de la Función Judicial, esta Sala tiene jurisdicción\n y es competente para decidir la impugnación. SEGUNDO.-\n El juicio se ha sustanciado según el trámite previsto\n por la ley, sin que exista causa alguna de nulidad que lo invalide.\n TERCERO.- Aún en el supuesto de que haya existido sociedad\n de bienes en unión de hecho según lo dispuesto\n en el artículo 1 de la Ley 115 -R.O. 399 de 29 XX 1982-\n (cuestión no debidamente probada conforme se analiza en\n la sentencia de primera instancia), el inmueble que Segundo Calahorrano\n vendió a sus familiares, sin el consentimiento o autorización\n expresa de su conviviente Elsa Piedad Carrillo, no perteneció\n a la supuesta sociedad de bienes formada en 1975 (que según\n confesión de la accionante es el año en que se\n inició la unión de hecho y por tanto la sociedad-\n de bienes); pues ese bien raíz fue adquirido por Segundo\n Calahorrano el 13 de septiembre de 1967 según escritura\n pública inscrita el 18 de septiembre de 1967. Es decir\n la adquisición del inmueble se realizó 8 años\n antes de formarse la sociedad de bienes que se regla por las\n mismas disposiciones aplicables para la sociedad conyugal que\n se constituye por el hecho del matrimonio, una de las cuales\n - la regla quinta del artículo 157 del Código Civil\n dispone que entran a formar parte de la sociedad conyugal los\n bienes adquiridos por los cónyuges durante el matrimonio,\n no los adquiridos con anterioridad al mismo. CUARTO.- Si bien\n es cierto que en el terrero de propiedad exclusiva de Segundo\n Calahorrano, se edificó una casa de vivienda en la época\n de la unión de hecho, esa construcción no pertenece\n a la sociedad de bienes formada por la convivencia, ni hace copropietaria\n del inmueble a la señora Piedad Carrillo Lascano, pues\n según el ordinal 3° del artículo 159 reformado,\n del Código Civil, "no entran a componer el haber\n social, todos los aumentos materiales que acrecen a cualquier\n especie de uno de los cónyuges formando un mismo cuerpo\n en ella, por aluvión, edificación, plantación,\n o cualquier otra causa". Si la accionante no tenía\n derecho de propiedad sobre el inmueble que pertenece exclusivamente\n a Segundo Calahorrano, mal puede considerarse que con la -venta\n del inmueble realizada por éste, se le privó del\n derecho de dominio. QUINTO.- Segundo Calahorrano propuso juicio\n de inquilinato para dar por terminado un supuesto contrato de\n arrendamiento celebrado con Piedad Carrillo en el bien raíz\n del pleito, pero ese juicio no prosperó, ya que el juzgador\n consideró que no habían relaciones de arrendamiento,\n sino "maritales". Se hizo entonces la venta del inmueble\n de propiedad exclusiva de Segundo Calahorrano, para que los compradores\n del inmueble desahucien a Elsa Piedad Carrillo bajo la argumentación\n de que era arrendataria del inmueble vendido; pero ese trámite\n de desahucio tampoco prosperó, porque la Jueza de Inquilinato\n se inhibió por la misma razón de in

 

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