Registro Oficial. 6 de ABRIL del 2004

Martes, 06 de abril de 2004

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE ABRIL DEL 2004
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Martes, 06 de Abril del 2004 - R. O. No. 308

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TRIBUNAL CONSTITUCION

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DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR
\n
FUNCIÓN\n LEGISLATIVA

\n\n

EXTRACTOS:

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25-259\n Proyecto de\n Ley Reformatoria al artículo 183 de la Ley Orgánica\n de la Función Judicial.

\n\n

25-260\n Proyecto de\n Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Elecciones

\n\n

25-261 Proyecto de Ley Reformatoria\n a los artículos 16 y 17 de la Ley de Casación.

\n\n

25-262\n Proyecto de\n Ley Reformatoria a la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas

\n\n

TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL
\n PRIMERA SALA:

\n\n

0581-2003-RA Revócase la resolución\n del Juez de instancia e inadmítese la acción de\n amparo constitucional propuesta por el señor Esteban Ros\n Arque.

\n\n

0751-2003-RA Confírmasela resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional\n presentada por el señor Bayardo Corrales Gaybor

\n\n

0778-2003-RA Confírmase la resolución\n del Juez de instancia y deséchase la acción propuesta\n por Goevanny Arturo Cabrera Rondón..

\n\n

0806-2003-RA Inadmítese. la acción\n de amparo constitucional propuesta por la Gerenta de APLITEC\n S.A.

\n\n

0843-2003-RA Confírmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional\n planteada por el Cabo Primero de Policía Freddy Pérez\n Andrade

\n\n

0014-04-HC\n Confírmase\n la resolución subida en grado y niégase el recurso\n de hábeas corpus, interpuesto por Juan Carlos Cuña\n Navarrete, por improcedente

\n\n

0048-2004-RA Confírmase la resolución\n del Juez de instancia y niégase el amparó solicitado\n por Víctor Guamán Manzano y otro por improcedente.

\n\n

0060-2004-RA Confírmase la resolución\n del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por\n Domingo Rodríguez Ortega y otra, por improcedente.

\n\n

SEGUNDA\n SALA:

\n\n

018-2003-RS Deséchase la queja presentada\n por el señor Ángel Perfecto Huacón Vásquez.

\n\n

0276-2003-RA Confírmase la resolución\n venida en grado y deséchase la demanda de amparo constitucional\n formulada por la licenciada María Filomena Pulla Lojano.

\n\n

0465-2003-RA Confírmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparó\n propuesta por el doctor Rigoberto Luis Ibarra Arboleda..

\n\n

0714-2003-RA\n Revócase\n la resolución venida en grado y niégase la acción\n de amparo propuesta por el doctor Bayardo Moreno Piedrahita,\n por improcedente.

\n\n

0766-2003-R4 Confírmasela resolución\n venida en grado y niégase la 'acción de amparo\n propuesta por, el ingeniero Osear Ayerve Rosas

\n\n

0790-2003-RA Revócase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta por el señor Segundo Teodomiro Peñafiel\n Verdugo.

\n\n

0839-2003-RA Ratifícase la resolución\n venida en grado y acéptase la acción de amparo\n propuesta por los representantes de la Cooperativa de Vivienda\n Urbana San Enrique

\n\n

0841-03-RA Confírmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por la señora Gloria Cruz Sanpedro Suárez

\n\n

107-2004-RA\n Revócase\n la decisión del Juez de instancia e inadmítese\n por improcedente el amparo solicitado por Tomás Máximo\n Alvarado Castro.

\n\n

TERCERA\n SALA:

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0073-2003-HD Niégase el babeas data\n propuesto por la señora Silvia Paltan Guerrero y confírmase\n la resolución del Juez Décimo Sexto de lo Civil\n de Salinas

\n\n

0808-2003-RA Confírmase la resolución\n de primer nivel y niégase el amparo constitucional interpuesto\n por Luis Mario Gavilanes Rosero y otro.

\n\n

0818-2003-RA Revócase la resolución\n de primer nivel y concédese el amparo constitucional presentado\n por Juan Francisco Echeverría Córdova56 \n

\n\n

0829-2003-RA Niégase el amparo interpuesto\n por el doctor Rafael Pino Rubira y revócase la resolución\n de la Jueza Octava de lo Civil de Guayaquil

\n\n

0840-2003-RA Revócase la resolución\n venida en grado y niégase el amparo constitucional propuesto\n por el ingeniero comercial Gabriel Segundo Villacreses Barrionuevo,\n por improcedente.

\n\n

0008-2004-RA Niégase el amparo constitucional\n interpuesto por Carlos Manuel Barreiro Delgado.

\n\n

0019-2004-RA Declárase improcedente\n la demanda de amparo constitucional propuesta por el doctor Julio\n Enrique Chacón Quizhpi.

\n\n

0021-2004-RA Confírmase la resolución\n venida en grado y concédese el amparo constitucional\n propuesto por el señor Jaime Torres, por improcedente.

\n\n

0023-2004-RA Confírmase la resolución\n de primer nivel y niégase por improcedente el amparo constitucional\n planteado por Manuel Meza Mosquera.

\n\n

ORDENANZAS\n MUNICIPALES:

\n\n

Cantón\n San Miguel de Los Bancos: Refórmase\n la Ordenanza municipal que reglamenta los procesos de adjudicación\n y venta de inmuebles municipales.

\n\n

Gobierno\n Local del Municipio de Santa Ana de Cotacachi: Reforma a la Ordenanza que regula\n la determinación, administración y recaudación del impuesto a los predios urbanos.
\n  \n

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\n

 

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CONGRESO\n NACIONAL

\n\n

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
\n ART. 150 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

\n\n

NOMBRE: "REFORMATORIA AL
\n ARTICULO 183 DE LA LEY
\n ORGÁNICA DE LA
\n FUNCIÓN JUDICIAL".

\n\n

CÓDIGO: 25-259.

\n\n

AUSPICIO: H LUIS ALMEIDA MORAN.

\n\n

COMISIÓN: DE LO CIVIL Y PENAL.

\n\n

FECHA DE
\n INGRESO: 03-03-2004.

\n\n

FECHA DE ENVÍO

\n\n

A COMISIÓN: 19-03-2004.

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

El anacrónico sistema de doble jornada, eliminado de\n la Administración Pública general hace varias décadas,\n se ha mantenido de manera antitécnica en la Función\n Judicial, dificultando el acceso de los usuarios a los tribunales\n y juzgados, por la interrupción de actividades de dos\n horas y media durante el medio día, impidiendo la implementación\n de sistemas procesales modernos.

\n\n

OBJETIVOS BÁSICOS:

\n\n

Es indispensable dar continuidad al funcionamiento de los\n órganos de la Función Judicial, eliminando la interrupción\n del medio día, de manera tal que el lapso entre las doce\n horas y las catorce y treinta horas, la ciudadanía no\n sea limitada en su derecho al acceso a los sistemas procesales\n de la Administración de Justicia.

\n\n

CRITERIOS:

\n\n

El artículo 23 numeral 27 de la Constitución\n Política de la República, establece como uno de\n los derechos civiles de los ciudadanos, el acceso al debido\n proceso y a una justicia sin dilaciones.

\n\n

f.) Pablo Santillán Paredes, Director General Legislativo,\n encargado.

\n\n

CONGRESO\n NACIONAL

\n\n

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
\n ART. 150 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

\n\n

NOMBRE: "REFORMATORIA A LA LEY
\n ORGÁNICA DE ELECCIONES".

\n\n

CÓDIGO: 25-260.

\n\n

AUSPICIO: H. CARLOS KURE MONTES.

\n\n

COMISIÓN: DE LO CIVIL Y PENAL.

\n\n

FECHA DE
\n INGRESO: 03-03-2004.

\n\n

FECHA DE ENVÍO
\n A COMISIÓN; 19-03-2004.

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

La cuestión eleccionaria es muy importante, porque\n los gobernantes no pueden ser auto elegidos, ni designados por\n un cónclave de amigos, sino que debe resultar de una amplia\n consulta popular. Como consecuencia, surge la necesidad de crear\n un método adecuado para identificar y recoger esa voluntad,\n que se manifiesta respecto a quien debe desempeñar las\n funciones del mando social.

\n\n

OBJETIVOS BÁSICOS:

\n\n

El hecho de que la voluntad de la mayoría, valga como\n voluntad del grupo, no significa que el poder de ella esté\n exento de limitaciones. La primera limitación que soporta\n es precisamente el respeto a la opinión de las minorías,\n es decir, que se hace lo que la mayoría dispone, pero\n se garantiza esa opinión y su derecho a expresarla. Este\n es un supuesto legal y moral del sistema democrático,\n garantizar la opinión de las minorías y su derecho\n a expresarla.

\n\n

CRITERIOS:

\n\n

Actualmente el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad\n de los artículos 105 y 106 de la Ley Orgánica de\n Elecciones y 112 de su reglamento, que se refieren a la aplicación\n del método D'Hont para calcular la representación\n de las minorías.

\n\n

f.) Pablo Santillán Paredes, Director General Legislativo,\n encargado

\n\n

CONGRESO\n NACIONAL

\n\n

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
\n ART. 150 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

\n\n

NOMBRE: "REFORMATORIA A LOS
\n ARTÍCULOS 16 Y 17 DE LA
\n LEY DE CASACIÓN".

\n\n

CÓDIGO: 25-261.

\n\n

AUSPICIO: H. CARLOS KURE MONTES.

\n\n

COMISIÓN: DE LO CIVIL Y PENAL.

\n\n

FECHA DE
\n INGRESO: 04-03-2004.

\n\n

FECHA DE ENVÍO
\n A COMISIÓN: 19-03-2004.

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

La Ley que Regula la Casación en todas las materias,\n ha sido calificada como uno de los cambios de mayor trascendencia\n que ha tenido el Ecuador en los últimos años. La\n institucionalización de la casación y la supresión\n de la tercera instancia, como consecuencia de la reforma constitucional\n de 1992, siguen siendo materia de un amplísimo debate\n en foros judiciales y académicos.

\n\n

OBJETIVOS BÁSICOS:
\n La casación, al igual que todas las instituciones jurídicas,\n está destinada a una permanente evolución a fin\n que se adapte a las necesidades del medio y responda a los requerimientos\n de la sociedad respectiva, a las particularidades de su\n función y de la comunidad de justiciables.

\n\n

CRITERIOS:

\n\n

El recurso de casación constituye un control jurídico\n sobre los jueces, a fin de mantener la unidad del derecho y de\n la jurisprudencia nacional, asegurando al propio tiempo de igualdad\n de la ley para todos.

\n\n

f.) Pablo Santillán Paredes, Director General Legislativo,\n encargado.

\n\n

CONGRESO\n NACIONAL

\n\n

EXTRACTO DEL PROVECTO DE LEY
\n ART. 150 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

\n\n

NOMBRE: REFORMATORIA A LA LEY
\n DE PERSONAL DE LAS
\n FUERZAS ARMADAS".

\n\n

CÓDIGO: 25-262.

\n\n

AUSPICIO: RAMIRO RIVERA MOLINA.

\n\n

COMISIÓN: DE LO CIVIL Y PENAL.

\n\n

FECHA DE
\n INGRESO: 0-03-2004.

\n\n

FECHA DE ENVÍO
\n A COMISIÓN: 19-03-2004.

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

Mientras otros países han logrado superar medianamente\n las tentaciones de los golpes militares y han optado por el respeto\n al sistema democrático, mediante la modernización\n de sus Fuerzas Armadas, el Ecuador camina en sentido contrario,\n los militares intervienen en la agenda política cotidiana,\n desobedecen a la autoridad civil, deliberan, hacen negocios como\n si fuesen empresarios al margen del control institucional civil.

\n\n

OBJETIVOS BÁSICOS:

\n\n

Es importante asumir cambios legislativos en la normativa\n de la institución castrense, como mecanismo no limitado\n a solucionar la coyuntura de descrédito institucional,\n sino como un mecanismo imprescindible para que las Fuerzas Armadas\n desarrollen actividades estrictamente profesionales que la Constitución\n ordena que permitan transitar hacia una modernización\n que requerirá el debate y la participación de toda\n la sociedad.

\n\n

CRITERIOS:

\n\n

El presente proyecto modifica una de las ventanas a la distorsión\n del rol de las Fuerzas Armadas y de sus miembros, no tiene otra\n motivación sino de servir a la democracia y desalentar\n la ingerencia en las actividades propias de la política\n civil.

\n\n

f.) Pablo Santillán Paredes, Director General Legislativo,\n encargado.

\n\n

Magistrado ponente: Dr. Miguel A. Camba Campos

\n\n

No. 0581-2003-RA

\n\n

PRIMERA SALA DEL
\n TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso signado con el No. 0581-03-RA

\n\n

ANTECEDENTES:

\n\n

El señor Esteban Ros Arque, en calidad de Gerente General\n y representante legal de la Compañía SUN AND FUN\n CLUB, SUNFUN Cía. Ltda., comparece ante la Tercera Sala\n de la Corte Superior de Justicia de Pichincha y plantea acción\n de amparo constitucional, en contra de la Superintendencia de\n Compañías, en la persona de su titular Economista\n Fabián Albuja Chávez. El accionante en lo principal\n manifiesta:

\n\n

Que SUN AND FUN CLUB, SUNFUN Cía. Ltda., se constituyó\n mediante escritura celebrada el 9 de julio de 1997, ante la Dra.\n Ximena Moreno de Solines, Notaría Segunda del cantón\n Quito, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías\n con resolución No. 97.1.1.1.1779 de 29 de julio de 1997,\n inscrita en el Registro Mercantil el 15 de agosto de 1997;

\n\n

Que mediante Resolución No. 02.Q.ICI.015 de 22 de febrero\n de 2002, su representada fue intervenida por la Superintendencia\n de Compañías, habiéndose designado como\n interventor al señor Econ., Luis Andrade Tafur, quien,\n en todo momento ha dado cumplimiento a lo previsto en el artículo\n 357 de la Ley de Compañías;

\n\n

Que la intervención fue resuelta por la Superintendencia,\n ante las graves anomalías cometidas por la administración\n a cargo de Luz María Cabrera, quien causó perjuicio\n a la compañía por la cantidad de US$ 29.253,21\n dólares, por lo que, se presentó la correspondiente\n denuncia en la Fiscalía Distrital, dándose inicio\n al respectivo enjuiciamiento penal;

\n\n

Que a partir de 20 de noviembre de 2002, para proteger su\n inversión, asumió la Gerencia General de la compañía,\n en reemplazo del anterior Gerente señor Andrés\n Carrillo Cruz, quien renunció;

\n\n

Que se ha dado cumplimiento a todos los requerimientos hechos\n por la Ing. Katia Pro, que es la persona designada por la Intendencia\n de Control e Intervención, a cuyo cargo estuvo la inspección\n de la compañía, y lamentablemente, esta funcionaría,\n en lugar de facilitar el levantamiento de la intervención,\n adoptó una posición negativa con el claro afán\n de llevarla a su disolución, sin meditar en el hecho de\n que, una decisión de esta naturaleza puede ocasionar grave\n perjuicio a terceros, pues son más de un mil quinientas\n personas las que han suscrito contratos de servicios hoteleros\n y turísticos, con plazos que se prolongan por dos años\n o más, hasta un máximo de diez años, y que\n están en plena vigencia;

\n\n

Que pese a estas circunstancias adversas, el 14 de mayo de\n 2003, ante el Notario Décimo Octavo, Dr. Enrique Díaz\n Ballesteros, su representada y él, como su único\n socio, procedieron a incrementar su capital, en la suma de US$\n 9.200,00 dólares, aumento que luego del trámite\n correspondiente, fue aprobado por la Superintendencia de Compañías,\n mediante Resolución No. 03.Q.IJ.2142 de 13 de junio de\n 2003;

\n\n

Que sorpresivamente el 25 de agostó de 2003, recibió\n la resolución No. 03.Q.IJ.3117 de 21 de agosto de 2003,\n en la que, la Superintendencia de Compañías declara\n disuelta a la compañía, sin que medie justificación\n legal en este sentido, y lo que es peor, sin respetar el debido\n proceso, pues se adopta esta decisión en forma violenta\n y sin ninguna anticipación y, sin que exista la posibilidad\n de que la compañía demuestre que sus procedimientos\n han sido legal y correctamente adoptados y, demostrando\n la Superintendencia una total desorganización, puesto\n que, mientras por un lado se acepta un aumento de capital, por\n otro, se procede a declarar disuelta la compañía;

\n\n

Que no es verdad que la compañía haya concedido\n préstamos a sus administradores y socios, como se asevera\n en el primer considerando de la mentada resolución. Asimismo\n el Libro de Actas de Juntas Generales se encuentra completo y,\n es falsa la aseveración que sirve de fundamento para tan\n ilegal resolución, más aún, el Reglamento\n para Juntas Generales dictado por la Superintendencia el 1 de\n abril de 2002, no es aplicable, a juntas generales celebradas\n el 1 de octubre y 4 de diciembre de 1997 y el 10 de agosto de\n 1999, pues el mismo no tiene efectos retroactivos, como equivocadamente\n se menciona en el considerando de marras. Más aún,\n nunca se le ha hecho conocer el contenido del informe No. IJ.DJDL.03.2838\n de 21 de agosto de 2003, que la Directora Jurídica de\n Disolución y Liquidación de Compañías,\n se dirige a sí misma, dándose informe favorable\n para que ella dicte la resolución que declara la disolución\n y pone en liquidación a Sun and Fun Club, SUNFUN Cía.\n Ltda., todo en el mismo día;

\n\n

Que la resolución declarando la disolución de\n la compañía es ilegal, pues sus fundamentos no\n son los previstos en el numeral 11 del artículo 361 de\n la Ley de Compañías, ya que no se ha inobservado\n y peor violado la ley, sus reglamentos y los estatutos de la\n compañía, al contrario, es ésta resolución\n de disolución, la que atenta contra su normal funcionamiento\n y causa grave perjuicio especialmente a terceros;

\n\n

Que con la resolución de disolución de su representada,\n se viola el derecho a la defensa consagrado en el artículo\n 23 de la Constitución Política, numerales 26 y\n 27 en los que se consagra la seguridad jurídica y el debido\n proceso; el derecho a la libre empresa y al trabajo, consagrados\n en los numerales 16 y 17 del mismo artículo 23 de la Constitución;\n se viola el debido proceso, consagrado en los numerales 13 y\n 14 del artículo 24 de la Carta Magna; y existe violación\n del trámite, contraviniendo lo dispuesto en e! numeral\n 11 del artículo 361 de la Ley de Compañías;

\n\n

Que amparado en lo que dispone el artículo 95 de la\n Constitución, en concordancia con lo dispuesto por los\n artículos 46 y siguientes de la Ley de Control Constitucional,\n solicita se adopten las medidas urgentes y necesarias para hacer\n cesar el acto ilegítimo. Resolución No. 03.Q.IJ.3117\n de 21 de agosto de 2003, dictada por la Superintendencia de Compañías,\n ya que ocasiona daño grave e irreparable, pues, viola\n los derechos y garantías constitucionales de su representada;

\n\n

Los Ministros de la Tercera Sala de la Corte Superior de Justicia\n de Quito, convocan a audiencia pública en la que el actor\n se afirma y ratifica en los fundamentos de hecho y de derecho\n de su pretensión. Por su parte, la accionada, por medio\n de su abogado defensor, Dr. Fabián Secaira, manifiesta\n que niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda,\n señala que la institución que representa, observó\n las normas del debido proceso y el principio de seguridad jurídica,\n que si bien las personas tienen libertad de organizar compañías\n y emprender negocios para obtener ganancias, deben hacerlo dentro\n del marco legal y que Sun and Fun Club, SUNFUN Cía. Ltda.,\n realiza ventas a futuro sin las debidas garantías, que\n algunas actas de juntas generales no fueron redactadas y aprobadas\n en forma legal, que no se han formado los libros que manda la\n ley, que se entregó dinero de la compañía\n a la esposa del accionante; que en la junta general universal\n del 4 de febrero de 2003, se resolvió reconocer como gastos\n operacionales, las cuentas pendientes de cobro a la ex Gerenta\n y esposa del accionante, y que la compañía continúa\n con una situación financiera crítica que no se\n soluciona con el aumento de capital. Indica que la resolución\n de la Superintendencia de Compañías que declara\n la disolución de la compañía, es un acto\n administrativo emanado de autoridad competente, que desde luego,\n es impugnable ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo,\n que es a donde debió acudir el accionante; que ampara\n su defensa en los artículos 116, 122, 354, 355, 361, 369,\n 370, 374 de la mencionada ley; que, tampoco existe nulidad de\n procedimientos, ni cabe que se anule la resolución impugnada,\n pues, como indica la Ley de Compañías, se establece\n la posibilidad de reactivar una compañía en trámite\n de liquidación. Siempre que subsane las causales en que\n ha incurrido para entrar en el proceso de disolución y\n liquidación; y, que por todo lo expuesto solicita que\n se rechace o niegue por improcedente la ilegal acción\n de amparo constitucional y se archive la causa.

\n\n

La Tercera Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito,\n con voto de mayoría resuelve negar la acción de\n amparo propuesta por el señor Esteban Ros Arque, en contra\n del economista Fabián Albuja Chávez, titular de\n la Superintendencia de Compañías.

\n\n

CONSIDERACIONES:

\n\n

Que, la Superintendencia de Compañías mediante\n Resolución No 03.Q.IJ.3117 de 21 de agosto de 2003, dispone\n declarar disuelta a SUN AND FUN CLUB. SUNFUN CÍA. LTDA.,\n resolución impugnada por el accionante;

\n\n

Que, resulta indiscutible que las RESOLUCIONES para tal propósito,\n son ACTOS ADMINISTRATIVOS que crean, modifican o extinguen situaciones\n jurídicas individuales, que no pueden ser impugnadas por\n el artículo 276 numeral 1 de la Constitución de\n la República, por el carácter INDIVIDUAL del acto\n administrativo, distinto en su naturaleza del acto normativo\n que es de carácter GENERAL; pero, obviamente, sí\n es impugnable de conformidad con el artículo 276 numeral\n 2 de 4a Carta Fundamental, en concordancia con el artículo\n 24 de la Ley de Control Constitucional;

\n\n

Que, en consecuencia, la Resolución No. 03.Q.IJ.3117\n de 21 de agosto de 2003 de la Superintendencia de Compañías\n debía ser impugnada mediante demanda de inconstitucionalidad\n de acto administrativo, y no por acción de amparo constitucional;

\n\n

Que, por lo mismo, este pronunciamiento no puede analizar\n lo principal de la temática, por haber el accionante equivocado\n la vía, para hacer efectivo sus derechos constitucionales\n si los considera afectados; y,

\n\n

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales,

\n\n

Resuelve:

\n\n

1.- Revocar la resolución del Juez de instancia, en\n consecuencia, inadmitir la acción de amparo constitucional,\n propuesta por el señor Esteban- Ros Arque, Gerente General\n y representante legal de la Compañía SUN AND FUN\n CLUB, SUNFUN Cía. Ltda.

\n\n

2.- Dejar a salvo los derechos del actor, para que los haga\n valer en la vía pertinente.

\n\n

3.- Devolver el expediente al inferior para los fines legales\n consiguientes.

\n\n

f.) Dr. Rene de la Torre Alcívar, Vocal - Presidente,\n Primera Sala.

\n\n

f.) Dr. Miguel A. Camba Campos, Vocal, Primera Sala.

\n\n

f.) Dr. Milton Burbano Bohórquez, Vocal, Primera Sala.

\n\n

RAZÓN: Siento por tal, que la resolución que\n antecede fue discutida y aprobada por los magistrados de la Primera\n Sala del Tribunal Constitucional que suscriben, a los dieciocho\n días del mes de marzo de dos mil cuatro.- Lo certifico.

\n\n

f.) Dr. Jaime Pozo Chamorro, Secretario de Sala.

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del\n original.- Quito, a 25 de marzo de 2004.- f.) Secretario de la\n Sala.

\n\n

Magistrado ponente: Dr. Miguel A. Camba Campos

\n\n

No. 0751-2003-RA

\n\n

LA PRIMERA SALA DEL
\n TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso seguido No. 0751-2003-RA

\n\n

ANTECEDENTES

\n\n

Bayardo Corrales Gaybor, Presidente del Comité pro\n - Cantonización de la parroquia San Antonio del cantón\n Ibarra, comparece ante el Juzgado Quinto de lo Civil de Ibarra,\n y deduce acción de amparo constitucional, en contra del\n I. Gobierno Municipal del Cantón Ibarra, representado\n por los señores Alcalde y Procurador Síndico de\n esa entidad. En su demanda manifiesta:

\n\n

Que el Municipio de Ibarra en sesión ordinaria realizada\n el martes 8 de julio de 2003, procedió a debatir sobre\n el tema de la posible cantonización de la parroquia rural\n San Antonio de Ibarra; en base a estos hechos se ha resuelto\n con fecha 28 de julio de 2003, solicitar al Tribunal Provincial\n Electoral de Imbabura, convoque a una consulta popular en la\n parroquia rural de San Antonio de Ibarra, para dicho efecto,\n según la referida resolución deberá ser\n tomada en cuenta por el gobierno central, antes de decidir sobre\n dicho aspecto; y, autorizar al señor Alcalde para que\n cumpla con los requerimientos del reglamentó para la consulta\n popular, contraviniendo la comunicación dirigida con fecha\n 30 de junio de 2003, por el señor Presidente Constitucional\n de la República, al señor Presidente del H. Congreso\n Nacional, en la que manifiesta, que de conformidad con la facultad\n que le confiere el articuló 147 de la Constitución\n Política de la República, presenta a consideración\n del H. Congreso, el PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DEL CANTÓN\n SAN ANTONIO, en la jurisdicción de la Provincia de Imbabura.

\n\n

Que según el artículo 147 de la Constitución\n Política, señala que es iniciativa privativa del\n Presidente de la República. - SOLAMENTE EL PRESIDENTE\n DE LA REPÚBLICA PODRA PRESENTAR PROYECTOS DE LEY\n MEDIANTE LOS CUALES SE CREEN, MODIFIQUEN O SUPRIMAN IMPUESTOS,\n AUMENTEN EL GASTO PUBLICO O MOFIFIQUEN LA DIVISIÓN POLÍTICA\n ADMINISTRATIVA DEL PAÍS (SIC), consecuentemente, el Municipio\n de Ibarra, no puede interferir los proyectos de ley, que en forma\n privativa le corresponde al Presidente Constitucional de la República,\n contraviniendo inclusive, lo que determina el artículo\n 4 de la Ley de Régimen Municipal; el artículo 6\n del mismo cuerpo legal establece, que el plebiscito debe ser\n solicitado únicamente por el Congreso Nacional, toda vez\n que para la creación del mismo se necesita inclusive informe\n del H. Consejo Provincial, quien ha emitido en forma favorable\n su opinión para la consecución de ese objetivo.

\n\n

Fundamenta su acción de amparo en lo dispuesto en el\n Art. 23 numerales 4, 7 y 20; Arts. 95/147 y 196 de la Constitución\n Política; Arts. 4 y 6 de la Ley de Régimen Municipal;\n Arts. 1, 46, 47, 48, 49 y siguientes de la Ley de Control Constitucional;\n por lo que solicita se deje sin efecto la mencionada resolución\n del Municipio del Cantón Ibarra, de fecha 28 de julio\n de 2003.

\n\n

En la Audiencia Pública celebrada ante el señor\n Juez Quinto de lo Civil de Ibarra, el accionante entre otras\n cosas, se afirma y se ratifica en los fundamentos de hecho y\n de derecho de su acción de amparo. La parte accionada\n a través de su abogado defensor manifiesta: Que el acto\n administrativo impugnado, tal como se desprende del texto de\n la petición de amparo, no es otra cosa que la resolución\n tomada por la Cámara Edilicia del Municipio de Ibarra,\n respecto de "SOLICITAR" al Tribunal Provincial Electoral\n de Imbabura, convoque a una consulta popular en la parroquia\n de San Antonio, para que la ciudadanía a través\n del voto popular secreto, se pronuncie si está o no de\n acuerdo con la cantonización de dicha parroquia.- Que\n la mencionada resolución se la tomó en estricto\n apego a lo prescrito por la Ley Orgánica de Régimen\n Municipal, en los artículos 126 y siguientes, y en lo\n dispuesto en el artículo 106 de la Carta Magna.- Que lo\n anotado no hace más que ratificar, que la resolución\n adoptada se la realiza, en base a un derecho democrático\n constante en la Constitución, y que no puede ser considerado\n como violatorio de derechos subjetivos, pues no causa daño\n grave e inminente, ya que la mencionada solicitud, puede o no\n ser considerada por el organismo al cual se ha formulado.- Que\n al no haberse justificado los presupuestos del artículo\n 95 de la Constitución Política, solicita se rechace\n en su totalidad la acción de amparo.

\n\n

El Juez Quinto de lo Civil de Imbabura, resuelve rechazar\n la acción de amparo constitucional, por considerar que\n los cabildos son entes autónomos, que pueden tomar sus\n resoluciones acorde a sus normas y reglamentos, y en observancia\n a los artículos 126 y más pertinentes de la Ley\n de Régimen Municipal, lo cual guarda cierta relación\n con el artículo 106 de la Constitución Política,\n que determina que los organismos seccionales podrán resolver\n una convocatoria a consulta popular en casos de carácter\n trascendental, cuyas resoluciones pueden ser motivo de reconsideración\n por parte del Municipio, previa solicitud de los supuestos afectados,\n y de conformidad con las disposiciones reglamentarias en materia\n municipal.

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el Tribunal Constitucional, de acuerdo con el numeral\n 3 del artículo 276 de la Constitución Política\n de la República, es competente para conocer y resolver\n el presente caso;

\n\n

Que no se ha omitido solemnidad alguna que influya en la decisión\n de la causa; por lo que se declara su validez procesal;

\n\n

Que para que proceda la acción de amparo constitucional\n establecida en el artículo 95 de la Constitución\n Política de la República, es necesario que concurra\n en forma simultánea y unívoca los siguientes elementos:\n a) Que exista un acto u omisión, ilegítimos de\n autoridad pública; b) Que ese acto u omisión, viole\n o pueda violar cualquier derecho consagrado en la Constitución,\n convenio o tratado internacional vigente; y, c) Que de modo inminente\n amenace causar grave daño;

\n\n

Que el accionante solicita, se deje sin efecto la resolución\n adoptada por el I. Gobierno Municipal del Cantón Ibarra,\n de fecha 28 de julio de 2003, "con el fin de que el Tribunal\n Electoral de Imbabura, no proceda a realizar ninguna convocatoria\n a la pretendida Consulta Popular";

\n\n

Que a fojas 7 del expediente enviado por el inferior, consta\n la certificación del Secretario General del Concejo Municipal\n de Ibarra de fecha 28 de julio de 2003, la misma que en su parte\n pertinente indica: "...Solicitar al Tribunal Provincial\n Electoral de Imbabura, convoque a una Consulta Popular en la\n parroquia rural de San Antonio de Ibarra, para que la ciudadanía\n a través del voto popular, secreto y directo, se pronuncie\n si está o no de acuerdo con la cantonización de\n dicha parroquia, decisión democrática que deberá\n ser tomada en cuenta por el Gobierno Central, antes de decidir\n sobre dicho aspecto.- De la lectura de la certificación\n se establece, que el Concejo de Ibarra resolvió, "SOLICITAR"\n al Tribunal Provincial Electoral de Imbabura, convoque a una\n consulta popular, de conformidad a su derecho de petición\n establecido en la Constitución;

\n\n

Que el artículo 106 inciso primero de la Carta Política\n establece: "Cuando existan circunstancias de carácter\n trascendental atinentes a su comunidad, que justifiquen el pronunciamiento\n popular, los organismos del régimen seccional, con el\n voto favorable de las tres cuartas partes de sus integrantes,\n podrán resolver que se convoque a consulta popular a los\n ciudadanos de la correspondiente circunscripción territorial";\n es decir, que el Municipio al solicitar la convocatoria a consulta\n popular, ha actuado de conformidad a sus facultades constitucionales,\n para que la ciudadanía a través del voto secreto,\n se pronuncié sobre la cantonización de San Antonio\n de Ibarra;

\n\n

Que el acto administrativo impugnado es legítimo, ya\n que el Municipio de Ibarra ha actuado con competencia, y de conformidad\n con lo establecido en los artículos 126 y siguientes de\n la Ley de Régimen Municipal; en el supuesto de que los\n accionantes se vieran afectados con esa decisión, bien\n podrían haber presentado su reclamo ante el propio Municipio,\n pidiendo la revocatoria de ese acto, lo cual no ha sucedido;

\n\n

Que no aparece del proceso que el Tribunal Provincial Electoral\n de Imbabura, se hay a pronunciado respecto a la solicitud del\n Municipio de Ibarra.- Por lo expuesto, no se hace necesario seguir\n con el análisis de la presente causa;

\n\n

En uso de sus atribuciones,

\n\n

Resuelve:

\n\n

1.- Confirmar la resolución venida en grado y en consecuencia,\n negar la acción de amparo constitucional presentada por\n el señor Bayardo Corrales Gaybor, Presidente del Comité\n pro - Cantonización de la parroquia San Antonio, por improcedente.

\n\n

2.- Devolver el expediente al Juez de origen, para los fines\n legales consiguientes.- Notifíquese y publíquese.

\n\n

f.) Dr. René de la Torre Alcívar, Vocal - Presidente,\n Primera Sala.

\n\n

f.) Dr. Miguel A. Camba Campos, Vocal, Primera Sala.

\n\n

f.) Dr. Milton Burbano Bohórquez, Vocal, Primera Sala.

\n\n

RAZÓN: Siento por tal, que la resolución que\n antecede fue discutida y aprobada por los magistrados de la Primera\n Sala del Tribunal Constitucional que suscriben, el dieciocho\n de marzo de dos mil cuatro.- Lo certifico.

\n\n

f.) Dr. Jaime Pozo Chamorro, Secretario, Primera Sala.

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del\n original.- Quito, a 25 de marzo de 2004.- f.) Secretario de la\n Sala.

\n\n

No. 0778-2003-RA

\n\n

Magistrado ponente: Dr. Milton Burbano\n Bohórquez

\n\n

PRIMERA SALA DEL
\n TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

Caso No. 0778-2003-RA

\n\n

ANTECEDENTES

\n\n

Geovanny Arturo Cabrera Rendón, Secretario General\n y representante legal del Comité de Empresa de los Trabajadores\n de ANDINATEL S.A, comparece ante el Juzgado Noveno de lo Civil\n de Pichincha, e interpone acción de amparo constitucional\n en contra del Fondo de Solidaridad y el señor Procurador\n General del Estado.

\n\n

Manifiesta que mediante varios medios de comunicación\n escrita, las empresas ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL S.A., convocaron,\n por decisión de su único accionista y propietario\n exclusivo, el Fondo de Solidaridad, a participar en el proceso\n de contratación de las personas jurídicas, interesadas\n en el gerenciamiento y administración temporal de las\n empresas de telecomunicaciones, de conformidad con las condiciones\n establecidas en las bases que, para el efecto, pusieron a disposición\n de los interesados en las direcciones web, www.fondodesolidaridad.gov.ec:\n www.andinatel.com; y, www.pacifictel.net.

\n\n

 

\n\n

Que el 15 de agosto, ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL S.A., mediante\n sendas resoluciones de sus respectivas juntas generales de accionistas,\n constituyeron un Comité Ejecutivo, encargado de llevar\n a cabo el denominado "Proceso de Contratación de\n la Administración Temporal de las Empresas de Telecomunicaciones",\n entre cuyas atribuciones están: Aprobar las bases, realizar\n la convocatoria al proceso, absolver las consultas presentadas,\n entre otras.

\n\n

En el párrafo 2.5 denominado "Decisiones del Comité",\n se determina que el único órgano competente para\n la toma de decisiones relacionadas con el proceso es el comité,\n en consecuencia cualquier documento o solicitud presentada ante\n cualquier persona natural o jurídica, pública o\n privada u órgano que no fuere el referido, se tendrá\n por inexistente y carecerá de valor alguno.

\n\n

Que el comité creó una Comisión de Apoyo\n asignándole atribuciones y elaborando el cronograma del\n proceso, estableciendo fechas para el cumplimiento del proceso\n y finalmente arribar a la suscripción de los respectivos\n contratos de administración y devolución de las\n garantías de seriedad de la oferta.

\n\n

Que el No. 1.3. de las bases, denominado requisitos, señala\n que únicamente podrán participar personas jurídicas\n nacionales o extranjeras, y consorcios conformados por las mismas\n personas en el proceso de conformación, que acrediten\n ser operadoras, administradoras o consultoras de empresas de\n telecomunicaciones; acrediten capacidad técnica financiera\n e idoneidad legal.

\n\n

Que en el capítulo presentación y evaluación\n de credenciales, el participante deberá demostrar ingresos\n operacionales anuales de por lo menos $ 100'000.000,oo durante\n el último ejercicio fiscal, y que el mismo demuestre que\n ha administrado u operado, o administra u opera en la actualidad\n un mínimo de 2 proyectos de telecomunicaciones.

\n\n

Señala que es un absurdo elegir como administradora\n una empresa cuyo volumen de ingresos, es alrededor del 20% de\n las empresas que administraría, y cuya experiencia administrativa\n sería inferior, por ser de menores dimensiones que las\n que vendría a administrar, lo que constituye un peligro\n inminente del derecho protegido constitucionalmente, que asegura\n el goce de un servicio de óptima calidad a la comunidad,\n conforme garantiza el numeral 7 del artículo 23 de nuestra\n Constitución Política.
\n Con los antecedentes expuestos, y en virtud de la violación\n constitucional de los artículos 35, 10, 18, 20, 23. 26,\n 242 249 y 250 de la Constitución Política del Estado,\n 49 y 51 de la Ley de Control Constitucional, solicita se adopten\n las medidas urgentes destinadas a cesar y remediar los actos\n ilegítimos, provenientes del accionista Fondo de\n Solidaridad y que ponen a la comunidad ecuatoriana, en el riesgo\n de sufrir la ausencia de la prestación del servicio público\n de telecomunicaciones, y al Estado en grave riesgo de tener que\n pagar indemnizaciones por los daños y perjuicios, originados\n de la deficiente o defectuosa prestación del servicio\n público de telecomunicaciones; además solicita\n se ordene la suspensión inmediata y definitiva, del proceso\n de contratación de la administración temporal \n de las empresas de telecomunicaciones ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL\n S.A. y disponer que las bases del proceso establezcan que en\n lugar de los cien millones de ingresos «anuales que necesita\n demostrar el participante para ser calificado, esa cifra equivalga\n al menos al doble de la suma de ingresos operacionales de ANDINATEL\n y PACIFICTEL; y, que la cifra de líneas de telefonía\n fija en servicio operadas por el participante, equivalga a no\n menos del doble de las operadas por ANDINATEL y PACIFICTEL en\n conjunto.

\n\n

Con fecha 6 de noviembre del 2003, se lleva a cabo la audiencia\n pública en la cual el accionante, en lo principal, se\n afirma y ratifica en los fundamentos de su pretensión.\n Por su parte, los accionados señalan que el presente amparo\n carece de los requisitos exigidos en la Constitución Política\n y en la Ley de Control Constitucional, para su procedencia; contraría\n las disposiciones de admisibilidad determinadas en el Reglamento\n de Trámite de Expedientes del Tribunal Constitucional\n y en la interpretación de la acción de amparo constitucional\n que fuera expedida por la Corte Suprema de Justicia, y, porque,\n el temor subjetivo que tenía el actor ha quedado desvirtuado\n en los hechos, comedidamente solicitan se sirva rechazar la acción\n propuesta. Por su parte el Procurador General del Estado, por\n intermedio de su delegado, señala que, bajo el precepto\n del artículo 95 de la Constitución, el señor\n Secretario del Comité de Empresa de Trabajadores de ANDINATEL,\n no cuenta con ninguna legitimación por parte de la comunidad\n ecuatoriana, para proponer el presente amparo, tanto más\n que la propia Constitución en el artículo 23 numeral\n 15, prohíbe hacer peticiones a nombre del pueblo, por\n tanto la acción es improcedente.

\n\n

Con fecha 17 de noviembre del 2003, el Juez Noveno de lo Civil\n de Pichincha, resuelve desechar la acción propuesta, la\n misma que es apelada por el accionante, para ante este Tribunal.

\n\n

Con estos antecedentes, la Sala, para resolver realiza las\n siguientes,

\n\n

CONSIDERACIONES:

\n\n

PRIMERA.- La Sala es competente para conocer y resolver el\n presente caso de conformidad con lo que dispone el artículo\n 276, número 3 de la Constitución Política\n de la República.

\n\n

SEGUNDA.- La acción de amparo procede, entre otros\n aspectos, ante la concurrencia simultánea de los siguientes\n elementos: a) Que exista un acto u omisión ilegítimo\n de autoridad pública; b) Que el acto viole o pueda violar\n cualquier derecho consagrado en la Constitución, convenio\n o tratado internacional vigente; y, c) Que, el acto u omisión\n de modo inminente, amenace con causar un daño grave. También\n procede el amparo constitucional ante actos de particulares que\n prestan servicios públicos.

\n\n

TERCERA.- Un acto es ilegítimo cuando ha sido dictado\n por una autoridad que no tiene competencia para ello, que no\n se lo haya dictado con los procedimientos señalados por\n el ordenamiento jurídico, o cuyo contenido sea contrario\n al ordenamiento jurídico vigente o bien que se lo haya\n dictado sin fundamento o suficiente motivación, por lo\n tanto, el análisis de legitimidad del acto impugnado,\n no se basa solo en el estudio de competencia, sino también\n de su forma, contenido, causa y objeto.

\n\n

CUARTA.- El demandado, mediante escrito presentado ante la\n Sala, el 18 de febrero de 2004, informó que con fecha\n 30 de enero de 2004, el comité encargado de llevar a cabo\n el proceso impugnado en esta acción, lo declaró\n cancelado, aseveración que se encuentra debidamente certificado\n por el Dr. Raúl Poveda, Secretario del Comité Ejecutivo,\n encargado de llevar a cabo el proceso, quien señala: "...\n el Comité Ejecutivo, en sesión de 30 de enero de\n 2004, resolvió de conformidad con los términos\n de las Bases, NO HABILITAR al .Consorcio en formación\n EUROCOM para la presentación de la Oferta Económica,\n y en tal virtud declarar CANCELADO el proceso".

\n\n

Mediante providencia de 19 de febrero de 2004, se dispuso\n correr traslado al accionante el escrito y documento presentados\n por el demandado, a fin de que lo conteste en el término\n de 48 horas, providencia que le fue notificada el 20 de febrero,\n sin que hasta la presente fecha haya dado contestación\n a los referidos documentos.

\n\n

QUINTA.-En virtud de haberse declarado cancelado el Proceso\n de Contratación de la Administración Temporal de\n las Empresas de Telecomunicaciones, materia de la presente acción\n de amparo, la Sala concluye que, en el momento de resolver, el\n acto impugnado ha dejado de existir, consiguientemente, se halla\n imposibilitada de examinar un acto inexistente, como tampoco\n puede examinar posibles violaciones a derechos que habría\n podido ocasionar tal acto. Sin embargo, cabe precisar que,\n de insistir en cualquier proceso de contratación, deberá\n considerarse que siendo responsabilidad del Estado la provisión\n de servicios públicos, como son las telecomunicaciones,\n sea que los preste directamente, o mediante delegación\n a empresas mixtas o privadas, será indispensable garantizar\n que el servicio responda a principios de eficiencia,\n responsabilidad, accesibilidad, continuidad y calidad, velando\n por que los precios y servicios sean equitativos. conforme prevé\n el artículo 249, último inciso de la Constitución\n de la República.

\n\n

Por las consideraciones que anteceden, la Primera Sala, en\n ejercicio de sus atribuciones legales y contractuales,

\n\n

Resuelve:

\n\n

1. Confirmar la resolución del Juez de instancia,\n en consecuencia desechar la acción propuesta.

\n\n

2. Dejar a salvo los derechos del actor.

\n\n

3. Remitir el expediente al Juez de origen, para el cumplimiento\n de los fines de ley." Notifíquese y publíquese.

\n\n

f.) Dr. Rene de la Torre Alcívar, Vocal - Presidente,\n Primera Sala.

\n\n

f.) Dr. Miguel A. Camba Campos, Vocal, Primera Sala.

\n\n

f.) Dr. Milton Burbano Bohórquez, Vocal, Primera Sala.

\n\n

RAZÓN: Ciento por tal que, la resolución que\n antecede fue discutida y aprobada por los señores magistrados\n de la Primera Sala del Tribunal Constitucional que suscriben,\n el dieciocho de marzo de dos mil cuatro.- Lo certifico.

\n\n

f.) Dr. Jaime Pozo Chamorro, Secretario de Sala.

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del\n original.- Quito, a 25 de marzo de 2004.- f.) Secretario de la\n Sala.

\n\n

Magistrado ponente: Dr. Miguel A. Camba Campos

\n\n

No. 0806-2003-RA

\n\n

PRIMERA SALA DEL
\n TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso signado con el No. 0806-03-RA

\n\n

ANTECEDENTES:

\n\n

La ingeniera Marcela Minchala Aguirre, Gerenta y representante\n legal de la Compañía APLITEC S.A., fundamentada\n en los artículos 95 de la Constitución y 46 y siguientes\n de la Ley de Control Constitucional, comparece ante el Tribunal\n Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil\n e interpone acción de amparo, contra los señores\n miembros del Directorio de la Corporación Regional de\n Desarrollo de El Oro, CODELORO y del Ing. Gonzalo Cobo Regalado,\n Director Ejecutivo encargado de la Corporación Regional\n de Desarrollo de El Oro, CODELORO.- La accionante en lo principal\n manifiesta:

\n\n

Que solicita se suspendan los efectos de la resolución\n s/n dictada el 5 de noviembre de 2002, mediante la cual se declara\n unilateralmente terminado el contrato celebrado el 1 de octubre\n de 2001, entre CODELORO y su representada, para la construcción\n del canal de aducción, obras conexas, sifón invertido\n y canal principal, para el mejoramiento y optimización\n de la infraestructura de riego, drenaje y desarrollo agrícola\n del proyecto múltiple Tahuín, primera etapa.

\n\n

Que se dé cumplimiento al oficio No. 452-DPG-02 de\n 23 de agosto de 2002, del delegado distrital del Guayas de la\n Procuraduría General del Estado, a fin de que se celebre\n un contrato complementario de obra y, que se disponga la exclusión\n de su representada en el Registro de Contratistas Incumplidos\n de la Contraloría General del Estado, y se declare que\n ha operado el silencio administrativo.

\n\n

Que la actuación ilegítima del Director Ejecutivo,\n de CODELORO, ha violentado el derecho a la seguridad jurídica,\n a la libertad de empresa y de contratación, el derecho\n al debido proceso y el derecho de petición. Señala\n que el mencionado Director al haber terminado unilateralmente\n el contrato, violenta las disposiciones del artículo 105\n de la Ley de Contratación Pública, que prohíbe\n la terminación unilateral si la entidad contratante se\n encuentra en mora, tal como lo establece el artículo 1595\n del Código Civil.

\n\n

Que en consecuencia, se ha coartado el principio de la legítima\n confianza de que gozaba su representada para que las actuaciones\n de la Administración, en este caso de CODELORO, sean realizadas\n de conformidad con el ordenamiento jurídico.

\n\n

Que como consecuencia de la resoluci&oacut

 

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