Registro Oficial. 31 de MARZO del 2004

Miércoles, 31 de marzo de 2004

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE MARZO DEL 2004
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Miércoles, 31 de Marzo del 2004 - R. O. No. 304

\n

TRIBUNAL CONSTITUCION

\n

DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR
\n
FUNCIÓN\n EJECUTIVA

\n\n

DECRETOS:

\n\n

1513\n Refórmase\n el Reglamenta General de Aplicación de la Ley de Turismo,\n expedido mediante Decreto Ejecutivo No 1186, publicado en el\n Registro Oficial No 244 de 5 de enero del 2004.

\n\n

1514 Refórmase el nivel arancelario\n constante en el Arancel Nacional de Importaciones del 35% al\n 10% para la subpartida arancelaria: 8704.90.00.90 - Los demás

\n\n

ACUERDO:

\n\n

MINISTERIO\n DE BIENESTAR SOCIAL:

\n\n

2410 Transfiérese a la Ilustre\n Municipalidad de Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, las\n potestades, atribuciones y recursos del Cuerpo de Bomberos de\n Yantzaza.

\n\n

TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL

\n\n

RESOLUCIONES:

\n\n

0766-2002-RA\n Revócase\n la resolución del Juez de instancia y niégase la\n acción de amparo constitucional solicitada por Elsa del\n Pilar Paucar Castro.

\n\n

008,009\n y 016-2003-TC\n Deséchanse las demandas de inconstitucionalidad presentadas\n por el abogado José Javier Varas Calvo y otros.

\n\n

367-2003-RA Revócase la resolución\n venida en grado y dispónese que se dé el trámite\n debido al recurso de casación interpuesto por Rafael Galeth.

\n\n

0434-2003-RA Confírmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por la señora María Encarnación Valladolid\n Murillo.

\n\n

0508-2003-RA Inadmitir el amparo interpuesto\n por el coronel Medardo Ángel Silva Granda y revócase\n la resolución del Juez Primero de lo Penal de Pichincha

\n\n

0511-2003-RA\n Confírmase\n la resolución venida en grado y deséchase la demanda\n de amparo constitucional formulada por Gonzalo Correa Crespo

\n\n

608-2003-RA Revócase la resolución\n venida en grado y concédese la acción de amparo\n propuesta por la señora Teresa María Bravo Galarza.

\n\n

0676-2003-RA Revócase la resolución\n del Juez Trigésimo Primero de lo Civil de Guayaquil y\n concédese el amparo solicitado por el señor Alfredo\n Enrique Nuques Columbus.

\n\n

0716-2003-RA Inadmitir la acción\n de amparo propuesta por el señor Pablo Ramón Olaciregui\n Pita y revócase la resolución venida en grado.

\n\n

0725-2003-RA Confírmase la resolución\n subida en grado y acéptase la acción de amparo\n constitucional presentada por el señor Cabo P. Nro. 3901\n de la CTG Felipe Jhonn Nieves López.

\n\n

765-2003-RA Revócase la resolución\n del Juez Noveno de lo Civil de El Oro e inadmítese la\n acción de amparo constitucional planteada por la señorita\n Anabel Yolanda Preciado Pardo, por improcedente.

\n\n

003-2004-HC Revócase la resolución\n emitida por la encargada de la Alcaldía del Distrito Metropolitano\n de Quito y concédese el recurso de hábeas corpus\n propuesto a favor de la señora Lorena Espinoza Castellanos.

\n\n

0007-2004-HC Revócase la resolución\n venida en grado y acéptase la acción de hábeas\n corpus propuesta por la doctora Susy Garbay Mancheno y otras.

\n\n

ORDENANZA\n MUNICIPAL:

\n\n

Cantón\n Espejo: Que\n regula y pone en vigencia el Plan de Desarrollo Estratégico.\n

\n \n
\n

 

\n\n

No 1513

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 3516 publicado en el Registro\n Oficial Edición Especial No. 2 de 31 de marzo del 2003\n se expidió el Reglamento Especial de Turismo en Áreas\n Naturales Protegidas;

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1186 publicado en el Registro\n Oficial No. 244 de 5 de enero del 2004, se expidió el\n Reglamento General de Aplicación a la Ley de Turismo,\n el cual derogó entre otras disposiciones el Reglamento\n de Guías Naturalistas de las Áreas Protegidas;

\n\n

Que la provincia de Galápagos constituye un Régimen\n Especial de administración territorial por consideraciones\n ambientales, tal como lo establecen los artículos 238\n y 239 de la Constitución Política de la República;

\n\n

Que la Ley Orgánica de Régimen Especial para\n la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia\n de Galápagos garantiza el principio del manejo participativo,\n el cual se refiere a una alianza establecida de común\n acuerdo entre los interesados de un territorio o conjunto de\n recursos amparados bajo el estado de protección para compartir\n entre ellos las funciones de manejo, derechos y responsabilidades;

\n\n

Que la participación de la comunidad en la provincia\n de Galápagos es reculada a través de la Junta Consultiva,\n la Junta de Manejo Participativo y la Autoridad Interinstitucional\n de Manejo de la Reserva Marina de Galápagos;

\n\n

Que la Constitución Política de la República\n declara de interés público el establecimiento de\n un sistema nacional de áreas naturales protegidas, que\n garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento\n de los servicios ecológicos;

\n\n

Que de conformidad con lo que establece la Ley Forestal y\n de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre,\n la planificación, manejo, desarrollo, administración,\n protección y control del patrimonio de áreas naturales\n del Estado, está a cargo del Ministerio del Ambiente;\n y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral\n 5 del artículo 171 de la Constitución Política\n de la República,

\n\n

Decreta:

\n\n

Expedir las siguientes reformas al Reglamento General de Aplicación\n de la Ley de Turismo, expedido mediante Decreto Ejecutivo No.\n 1186, publicado en el Registro Oficial No. 244 de 5 de enero\n del 2004.

\n\n

Art. 1.- Deróganse los artículos 65 y 68; la\n disposición general primera del Capítulo I del\n título séptimo; la disposición transitoria\n cuarta del Capítulo II del título séptimo;\n y el numeral 2 del Capítulo I del título final\n "Reformas y Derogatorias".

\n\n

Art. 2.- Sustitúyanse los artículos 64 y 66\n del Reglamento General de Aplicación a la Ley de Turismo,\n por los siguientes:

\n\n

"Art. 64.- Para el ejercicio de actividades turísticas\n dentro del patrimonio nacional de áreas naturales protegidas,\n el Ministerio del Ambiente podrá requerir del Ministerio\n de Turismo información y criterios previos, los mismos\n que estarán contenidos en un informe que es referencial\n para el Ministerio del Ambiente y sus unidades administrativas\n y tratarán única y exclusivamente sobre temas relacionados\n con la ejecución de actividades y prestación de\n servicios turísticos en los términos establecidos\n en el Ley de Turismo.

\n\n

Los mecanismos específicos de coordinación institucional\n ente el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Turismo, son\n aquellos establecidos en el Reglamento Especial de Turismo en\n Áreas Naturales Protegidas.".

\n\n

"Art. 66.- El Ministerio del Ambiente a través\n de Acuerdo fijará los valores o derechos de ingreso a\n las áreas naturales protegidas, en las que no se hayan\n establecido impuestos por disposición de leyes especiales.\n No procede el cobro de tributos o cualquier otro derecho en una\n misma área protegida, que grave al turismo, la ejecución\n de actividades y prestación de servicios turísticos.

\n\n

Para la determinación de los derechos y los valores\n a los que se refiere este artículo deberá contarse\n con los estudios técnicos relacionados con la ejecución\n de actividades y prestación de servicios turísticos\n en los términos establecidos en la Ley de Turismo contenidos\n en el informe al que se hace referencia en el artículo\n 64 de este Reglamento.

\n\n

El ejercicio de actividades turísticas en el patrimonio\n nacional de áreas protegidas deberá constar en\n los correspondientes planes de manejo con los que cada uno de\n ellos deberá contar al menos con la capacidad de carga\n del área y la identificación de los sitios de visita.\n El componente de turismo del plan de manejo del área deberá\n ser consultado con el Ministerio de Turismo.".

\n\n

Art. 3.- Expídase el Reglamento de Guías Naturalistas\n de las Áreas Protegidas.

\n\n

"Art. 1.- Definición.- Los GUIAS NATURALISTAS\n de las Áreas Protegidas, son personas naturales no dependientes\n del Estado que tienen la responsabilidad de prestar servicios\n de conducción, .interpretación, educación,\n y conservación de los recursos naturales para el esparcimiento\n y educación de visitantes, previo la aprobación\n del curso de capacitación dictado por el Ministerio del\n Ambiente.

\n\n

Art. 2.- Funciones y obligaciones.- Los guías naturalistas\n tienen la responsabilidad de informar y educar al turista respecto\n a la historia natural y a la conservación del área\n respectiva; de asegurar que las acciones de los turistas a su\n cargo no contravengan las disposiciones legales establecidas\n en la Ley Forestal y de Conservación de Arcas Naturales\n y Vida Silvestre y en los libros III Del Régimen Forestal\n y Libro IV De la Biodiversidad del Texto Unificado de la Legislación\n Secundaria del Ministerio del Ambiente; así como, las\n disposiciones técnico-administrativas contenidas en el\n Plan de Manejo del Área Protegida en la que presten sus\n servicios, con el fin de que el turista tenga una experiencia\n placentera y satisfactoria de su visita.

\n\n

Son funciones y obligaciones de los guías naturalistas:

\n\n

a) Brindar los servicios de información e interpretación\n de los recursos del área protegida a los visitantes, con\n competencia y prestancia;

\n\n

b) Controlar y responsabilizarse por las acciones de los visitantes\n a su cargo, en las áreas naturales y áreas de patrimonio\n forestal;

\n\n

c) Cumpliré hacer cumplir las normas vigentes para\n la visita al área protegida;

\n\n

d) Ponerse en contacto con la autoridad administrativa del\n área protegida, al entrar a la misma, para informar de\n la presencia de su grupo y recibir instrucciones pertinentes;

\n\n

e) Portar las credenciales y licencias establecidas, así\n como vestir el uniforme de guía autorizado por la Jefatura\n del área respectiva;

\n\n

f) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones técnico-\n administrativas que se emitan para proteger los recursos de las\n áreas naturales y los visitantes;

\n\n

g) Cooperar con el control y patrullaje del área para\n asegurar la conservación y uso racional de los recursos;

\n\n

h) Cooperar en los sistemas de monitoreo del área para\n la colección de datos sobre el impacto y otros aspectos\n ambientales, y la toma de decisiones de manejo;

\n\n

i) Participar en los servicios de interpretación para\n grupos especiales;

\n\n

j) Presentar los informes requeridos en las disposiciones\n legales y técnico administrativas pertinentes; y,

\n\n

k) Las demás que les confieren la ley y reglamentos.

\n\n

Art. 3.- Categorías.- Se establecen tres categorías\n de guías naturalistas para las Áreas Naturales\n Protegidas:

\n\n

Guía naturalista 1.- Son personas nativas del área\n o residentes locales por muchos años, con título\n de bachiller, (para aspirantes a guías naturalistas en\n áreas naturales de la Amazonía, deben haber aprobado\n el ciclo básico), tener vastos conocimientos de la zona,\n dominio elemental del idioma inglés y que hayan aprobado\n el Curso de Guías Naturalistas 1.

\n\n

Pueden conducir grupos de 10 turistas, como máximo.

\n\n

Guía naturalista 2.- Son ecuatorianos por nacimiento\n o por naturalización, que hayan terminado la instrucción\n secundaria o con formación intermedia universitaria en\n biología, ramas afines o turismo; con dominio del idioma\n inglés, francés o alemán; y, que hayan aprobado\n el Curso de Guías Naturalistas 2. Pueden conducir grupos\n de hasta 16 turistas, como máximo.

\n\n

Guía naturalista 3.- Son ecuatorianos por nacimiento\n ó naturalización; y en el caso de extranjeros deberán\n tener autorización de trabajo legalmente concedida; deben\n acreditar un título académico en biología,\n ramas afines o en turismo; dominar el idioma castellano, inglés,\n francés o alemán; haber aprobado el Curso de Guías\n Naturalistas 3.

\n\n

Pueden conducir hasta 16 turistas como máximo.

\n\n

Art. 4.- Procedimiento para la selección de candidatos.-

\n\n

Los ministerios del Ambiente y Turismo convocarán por\n uno de los diarios de mayor circulación en el país,\n con 45 días de anticipación a la iniciación\n de los cursos, para la inscripción de los interesados.

\n\n

Para la selección de candidatos a guías naturalistas,\n el Ministerio del Ambiente, receptarán por sí o\n a través del área protegida respectiva, las aplicaciones\n que estarán acompañadas de los requisitos exigidos.

\n\n

El Ministerio del Ambiente en coordinación con los\n jefes de las Áreas Protegidas respectivas y el Ministerio\n de Turismo, seleccionarán a los candidatos bajo los criterios\n preferenciales que establece el plan de manejo y las políticas\n institucionales.

\n\n

Se dará preferencia en la selección a los nativos,\n residentes o vecinos permanentes del área, que cumplan\n los requisitos establecidos.

\n\n

Además de la selección por curriculum, se rendirá\n un examen de admisión para evaluar los conocimientos básicos,\n el mismo que deberá ser aprobado con un 80% de puntaje\n como mínimo.

\n\n

Art. 5.- Recepción de documentos:
\n
\n - La presentación de documentos de los aspirantes a guías\n naturalistas se solicitarán con'45 días de anticipación\n a la realización del curso, utilizando uno de los diarios\n de mayor circulación en el país.

\n\n

- La fecha límite para presentación de los documentos\n será de 30 días anteriores a la fecha del curso.

\n\n

- Los aspirantes podrán entregar la documentación\n en los centros administrativos de las áreas naturales,\n distritos forestales o en las oficinas del Ministerio del Ambiente.

\n\n

- Los ministerios del Ambiente y Turismo, estudiarán\n la documentación de los aspirantes previo a su calificación.

\n\n

- Los aspirantes seleccionados para recibir el Curso de Guías\n Naturalistas, deberán inscribirse en la Jefatura del área\n respectiva o en el Ministerio del Ambiente.

\n\n

- Para la inscripción se someterán a lo establecido\n en la programación académica y administrativa del\n curso a dictarse.

\n\n

- Se establecerá una prueba de admisión que\n servirá de base para la selección de los aspirantes\n a guías naturalistas.

\n\n

Art. 6.- Requisitos para optar por la calidad de guía\n naturalista:

\n\n

Para guías naturalistas:

\n\n

Ser ecuatoriano de nacimiento o por naturalización.

\n\n

- Ser bachiller (Amazonía haber aprobado ciclo básico).\n Dominio del idioma español para los aspirantes nativos.

\n\n

Se dará prioridad a los residentes y vecinos permanentes\n del área.

\n\n

Experiencia en actividades turísticas en la región.\n Conocimiento básico del idioma inglés. Haber aprobado\n el Curso para Guías Naturalistas 1. Estar registrado en\n las oficinas de Turismo.

\n\n

- Certificado médico actualizado.

\n\n

Referencias personales.

\n\n

- Récord policial.

\n\n

Para guías naturalistas 2:

\n\n

- Ser ecuatoriano de nacimiento o por naturalización.

\n\n

- Tener título de bachiller o formación intermedia\n universitaria en biología, ramas afines o turismo.

\n\n

- Dominio del idioma inglés.

\n\n

- Se dará prioridad a los residentes y vecinos permanentes\n del área.

\n\n

- Aprobar el Curso para Guías Naturalistas 2. Estar\n registrado en las oficinas de Turismo.

\n\n

- Estar inscrito en el Registro Forestal.

\n\n

- Certificado médico actualizado.

\n\n

- Referencias personales.

\n\n

- Récord policial.

\n\n

Para guías naturalistas 3:

\n\n

- Ser ecuatoriano de nacimiento, por naturalización\n o extranjero con autorización de trabajo legalmente concedida.

\n\n

- Formación universitaria, título académico,\n en turismo, biología o ramas afines.

\n\n

- Dominio del español, inglés y francés\n o alemán.

\n\n

- Estar registrado en las oficinas de Turismo.

\n\n

- Aprobar el Curso para Guías Naturalistas 3.

\n\n

- Estar inscrito en el Registro Forestal.

\n\n

- Certificado médico actualizado.

\n\n

- Referencias personales.

\n\n

- Récord policial.

\n\n

En todas las categorías, para la obtención de\n la respectiva licencia luego de haber aprobado el curso, deberá\n estar inscrito en el Registro Forestal y en el Ministerio de\n Turismo.

\n\n

Art. 7.- Del curso de capacitación.- El Ministerio\n del Ambiente, será responsable de la programación,\n organización y cumplimiento de los cursos de capacitación\n de guías naturalistas.

\n\n

Art. 8.- Contenido de los cursos.- Los cursos versarán\n principalmente sobre: Historia natural y cultural de la región\n de influencia del área correspondiente; Manejo del Patrimonio\n Nacional de Áreas Naturales; Técnicas de Interpretación;\n Legislación; Ecología y Conservación; Geografía\n del Ecuador; Educación Ambiental; Cartografía;

\n\n

Técnicas de Campismo; Primeros Auxilios y Supervivencia;\n los principales grupos de Fauna y Flora Silvestres del Ecuador;\n la problemática ambiental ecuatoriana; y otros que considere\n pertinente el Ministerio del Ambiente. El Ministerio de Turismo,\n por su parte, será responsable de incluir la temática\n de su competencia en la programación general de cursos\n unificados.

\n\n

Art. 9.- Evaluación.- Para optar por la licencia de\n guía naturalista 1, 20 3, los aspirantes deberán\n aprobar por lo menos el 80% de puntaje en cada una de las materias\n con evaluación teórica y práctica; y así\n mismo, deberán asistir al 90% de clases dictadas, salvo\n casos de calamidad doméstica o enfermedad debidamente\n justificadas.

\n\n

Art. 10.- De los cursos especiales para renovación\n de la licencia:

\n\n

a) Cursos de actualización de conocimientos; y,

\n\n

b) Cursos para ascenso de categoría.

\n\n

Art. 11.- De los cupos para los cursos de Guía.- El\n cupo máximo para los cursos para optar por primera vez\n la calidad de guías naturalistas, será de treinta\n aspirantes.

\n\n

Para los cursos de actualización y especialización,\n el cupo máximo será de veinte guías.

\n\n

Art. 12.- Financiamiento de los cursos de guías.- Los\n cursos de capacitación para los guías se financiarán\n con los aportes de:

\n\n

a) Instituciones organizadoras;

\n\n

b) Organismos no gubernamentales; y,

\n\n

c) Valores de inscripción fijados para los aspirantes.

\n\n

Estos valores serán administrados por el Jefe del área\n respectiva, donde se realice el curso y de acuerdo a la programación\n correspondiente.

\n\n

Art. 13.- Requisitos para trabajar en un área protegida.-

\n\n

Contar con la licencia de guía naturalista en cualquiera\n de las 3 categorías.

\n\n

Art. 14.- Vigencia de la licencia.- La licencia tendrá\n vigencia de dos años calendario, y será renovada\n siempre que el Jefe del área justifique que el guía\n ha operado por lo menos 40 días en el año, en áreas\n continentales; y, 120 días en Galápagos, actualizando\n los requisitos para la obtención de dicha licencia.

\n\n

Art. 15.- Requisitos para mantener vigente la licencia:

\n\n

Cumplir los requisitos establecidos por el reglamento para\n optar por la actividad de guía naturalista.

\n\n

Laborar regularmente en la actividad conforme lo establecido\n en el artículo anterior.

\n\n

- Participar en seminarios y cursos especiales que la administración\n del área organice para su mejor capacitación.

\n\n

- Cumplir con las obligaciones establecidas en leyes, reglamentos\n y disposiciones técnico-administrativas que se emitan\n para la protección del área.

\n\n

Art. 16.- De las infracciones y el procedimiento:

\n\n

a) Infracciones:

\n\n

El Ministerio del Ambiente a través del Jefe del Área\n o del Jefe del Distrito Forestal Regional, en sus respectivas\n jurisdicciones podrán sancionar a los guías naturalistas\n con la suspensión temporal o cancelación definitiva\n de su licencia para conducir grupos turísticos por infracciones\n a la ley, reglamentos y disposiciones técnico-administrativas\n vigentes debidamente comprobadas, especialmente de acuerdo con\n los artículos: 80. 81, 82, 83, 84. 85, 86, 87, 88, 89\n y 90 de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas\n Naturales y Vida Silvestre; y, de las contenidas en el Libro\n III Del Régimen Forestal. Estas sanciones se aplicarán\n independientemente de las acciones civiles y penales a las que\n hubiere lugar; y,

\n\n

b) Procedimiento:

\n\n

Conocida la infracción por parte del Jefe del Área\n Protegida, inmediatamente comunicará del particular al\n Guía Naturalista, quien en el término de cinco\n días contestará sobre los cargos existentes en\n su contra hecho lo cual o en rebeldía se abrirá\n la causa a prueba por el tiempo de cuatro días y luego,\n sin más trámite se expedirá, la resolución\n correspondiente en el término de cuarenta y ocho horas.

\n\n

Habrá recurso de apelación ante el Jefe del\n Distrito Forestal Regional, y en su falta ante el Director Nacional\n Forestal el mismo que se podrá interponer en el término\n de tres días posteriores a la notificación de la\n resolución. El recurso será resuelto en el término\n de quince días posteriores a la recepción del expediente\n junto con la petición del recurso.

\n\n

La participación del Ministerio de Turismo se aplicará\n exclusivamente para el caso de cursos unificados, es decir los\n que dictarán conjuntamente con el Ministerio del Ambiente.

\n\n

Es obligatorio para los operadores turísticos el contratar\n a guías naturalistas autorizados por el Ministerio del\n Ambiente en cada área protegida para la conducción\n de grupos turísticos.

\n\n

Art. 17.- Se dará prioridad para participar en el curso\n de guías a personas nacionales, residentes vecinos; se\n aceptará como máximo el 20% de extranjeros para\n participar en el curso para Guías Naturalistas 3.

\n\n

Cuando no hubieren aspirantes nacionales a Guías Naturalistas\n 3, en número suficiente para cubrir la proporción\n del 80% que según este reglamento les corresponde; en\n este caso el Director del Parque Nacional Galápagos aceptará\n en el curso un número adicional de aspirantes extranjeros,\n igual al que faltare por cubrirse por parte de los nacionales,\n y siempre que las necesidades del servicio del parque así\n lo exijan.

\n\n

Art. 18.- La actividad turística se regirá por\n las normas establecidas en los planes de manejo de cada área.".

\n\n

Art. 4.- En el Art. 23 sustitúyase la palabra: "tasas"\n por la palabra "tarifas".

\n\n

Art. 5.- Las normas contenidas en el presente decreto prevalecerán\n respecto de otras normas que se le opongan.

\n\n

Art. FINAL.- De la ejecución del presente decreto que\n entrará en vigencia a partir de su publicación\n en el Registro Oficial, encárguese al Ministro del Ambiente\n y de Turismo.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 22 de marzo del 2004.

\n\n

f) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

f.) Fabián Valdivieso E., Ministro del Ambiente.

\n\n

f.) Gladys Eljuri de Álvarez, Ministra de Turismo.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Dr. Guillermo H. Astudillo Ibarra, Secretario General\n de la Administración Pública (E).

\n\n

No.1514

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, la República del Ecuador forma parte del Convenio\n de Complementación Industrial en el sector Automotor suscrito\n entre Ecuador y Venezuela, que tiene por objeto adoptar una política\n comunitaria para facilitar una mayor articulación entre\n los productores subregionales, aprovechando los mercados ampliados\n de la región, así como propiciar condiciones equitativas\n de competencia en el mercado subregional y un aumento de la competitividad\n y eficiencia;

\n\n

Que, el artículo 5 del referido convenio establece\n que "Para los vehículos de la Categoría 1,\n los Países Participantes establecerán un Arancel\n Externo Común del 35% y para los bienes automotores de\n las Categorías 2a y 2b un Arancel Externo Común\n del 15% en el caso de Colombia y Venezuela; y, del 10% en el\n caso del Ecuador";

\n\n

Que, el Tribunal de Justicia en su segundo considerando del\n Proceso No. 05-AI-98, Sumario por Incumplimiento de Sentencia\n del 21 de enero del 2004, establece que "si bien el tribunal\n ha podido constatar, en la parte pertinente del anexo del Decreto\n 2429, relativo al ^Arancel Nacional de Importaciones", publicado\n del Registro Oficial Suplemento No. 547 del 3 de abril del 2002,\n que casi la totalidad de sus partidas arancelarias guarda concordancia\n con las del Convenio de Complementación en el Sector Automotor...\n aún no coincide con el previsto en el citado Convenio\n en lo que concierne a la subpartida NANDINA 87049000";

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 2429, publicado en el Suplemento\n del Registro Oficial No. 547 de 3 de abril del 2002, se expide\n el Arancel Nacional de Importaciones, que ha sido adecuado sobre\n la base de la Decisión 507 de la Comisión Andina;

\n\n

Que, el Ecuador adoptó el arancel del 35% para la subpartida\n 8704,90.00 (nandina) (8704.90.00.90 con apertura nacional) y\n no del 10% que correspondía por encontrarse dicha subpartida\n en la categoría 2b;

\n\n

Que, mediante Resolución No. 233, el Consejo de Comercio\n Exterior e Inversiones COMEXI, emitió dictamen favorable\n para la modificación de los niveles arancelarios del 35%\n al 10% ad valórem del Arancel Nacional de Importaciones;

\n\n

Que, el artículo 15 de la Ley Orgánica de Aduanas,\n faculta al COMEXI emitir dictámenes para la reforma de\n los niveles arancelarios, tanto en su nomenclatura, como en sus\n tarifas; y,

\n\n

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo\n 257 de la Constitución Política de la República\n y Art. 15 de la Ley Orgánica de Aduanas,

\n\n

Decreta:

\n\n

Artículo primero.- Reformarse el nivel arancelario\n constante en el Arancel Nacional de Importaciones del 35% al\n 10% para la subpartida arancelaria: 8704.90.00.90 ­ Los demás.

\n\n

Artículo segundo.- El presente decreto de cuya ejecución\n se encargarán los ministros de Economía y Finanzas\n y de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad,\n regirá desde la fecha de su publicación en el Registro\n Oficial.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 22 de marzo del 2004.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

f.) Mauricio Pozo Crespo, Ministro de Economía y Finanzas.

\n\n

f.) Ivonne Juez de Baki, Ministra de Comercio Exterior, Industrialización,\n Pesca y Competitividad.

\n\n

"Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Dr. Guillermo H. Astudillo Ibarra, Secretario General\n de la Administración Pública (E).

\n\n

No. 2410

\n\n

EL MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el artículo 225 de la Constitución Política\n de la República del Ecuador dispone al Gobierno Central,\n transferir, progresivamente funciones, atribuciones, competencias,\n responsabilidades y recursos a las entidades seccionales autónomas;

\n\n

Que el inciso tercero del artículo 226 de la Constitución\n Política de la República establece que la descentralización\n será obligatoria cuando una entidad seccional la solicite\n y tenga capacidad operativa para asumirla;

\n\n

Que la Ley de Descentralización y Modernización\n del Estado, así como la Ley Especial de Descentralización\n y el Reglamento a la Ley de Descentralización del Estado\n (artículo 4) señala como autoridades competentes\n para suscribir convenios a las siguientes: el Presidente de la\n República, el Ministro que transfiere las funciones y\n competencias, el Ministro de Economía y Finanzas y los\n representantes legales del gobierno seccional autónomo\n del Ecuador;

\n\n

Que el fin último de estas transferencias es mejorar\n el servicio público y satisfacer de manera eficiente las\n necesidades de la ciudadanía;

\n\n

Que el Ilustre Municipio de Yantzaza, provincia de Zamora\n Chinchipe, ha solicitado la descentralización mediante\n oficio No. 027-CMY de fecha 3 de febrero del 2004;

\n\n

Que la Municipalidad está en capacidad de asumir los\n servicios que presta el Cuerpo de Bomberos de Yantzaza, fortaleciendo\n como una instancia que goce de la autonomía necesaria\n para que pueda desarrollar eficientemente su función de\n servicio comunitario; y,

\n\n

En uso de las atribuciones legales otorgadas por el artículo\n 17 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo\n de la Función Ejecutiva,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Artículo 1.- Transferir a la Ilustre Municipalidad\n de Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, las potestades, atribuciones\n y recursos del Cuerpo de Bomberos de Yantzaza, que en relación\n con la materia y conforme a la Ley de Defensa contra Incendios,\n ha venido ejerciendo el Ministerio de Bienestar Social.

\n\n

Artículo 2.- La transferencia se realiza en los términos\n del artículo 7 de la Ley de Modernización, Privatizaciones\n y Prestación de Servicios Públicos y del artículo\n 12 de la Ley de Descentralización del Estado, por lo que\n transfiere las atribuciones, funciones y recursos necesarios\n para el ejercicio de las actividades correspondientes.

\n\n

Artículo 3.- Confórmase una comisión\n integrada por el Ministerio de Bienestar Social, el Alcalde del\n Municipio de Yantzaza y el Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos\n de Yantzaza o sus respectivos delegados, a fin de que establezcan\n los procedimientos y realicen las gestiones necesarias para hacer\n efectiva la transferencia dispuesta en este acuerdo.

\n\n

Artículo 4.- Este acuerdo entrará en vigencia\n a partir de su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en Quito, a 8 de marzo del 2004.

\n\n

f.) Patricio Acosta Jara, Ministro de Bienestar Social.

\n\n

Nro. 0766-2002-RA

\n\n

"EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso Nro. 0766-2002-RA

\n\n

ANTECEDENTES: Elsa del Pilar Paucar Castro, quien laboró\n en el parqueadero tarifado del mercado mayorista del Municipio\n de Ambato, aunque tenía el nombramiento de Recaudador\n de la Sección Tesorería del Departamento de Administración\n Financiera del indicado Municipio, incoa la acción de\n amparo constitucional en contra del Municipio de Ambato, representado\n por su Alcalde y Procurador Síndico, ante el Juez Cuarto\n de lo Civil de Tungurahua.

\n\n

La accionante manifiesta que mediante acción de personal\n y Resolución Administrativa No. 013-DA-2002 de 26 de agosto\n del año 2002, suscrita por el arquitecto Femando Callejas\n B., Alcalde de Ambato se ha suprimido el cargo cuya designación\n ostentaba.

\n\n

Indica que la mencionada resolución de supresión\n de su cargo, viola expresas disposiciones legales y sobre todo\n garantías constitucionales, lo que le ocasiona un daño\n inminente a más de grave e irreparable, por lo que interpone\n acción de amparo constitucional, a fin de que se deje\n sin efecto la resolución administrativa citada.

\n\n

El Juez Cuarto de lo Civil de Tungurahua acepta la acción\n de amparo constitucional interpuesto por Elsa del Pilar Paucar\n Castro, dejando sin efecto las Resolución Administrativa\n No. 013-DA-2002 de 26 de agosto de 2002.

\n\n

Inconforme con tal decisión el Municipio de Ambato,\n por intermedio de sus representantes legales, apela de la misma\n para ante el Tribunal Constitucional.

\n\n

Luego del sorteo de ley, ha correspondido al Tribunal Constitucional\n el conocimiento del recurso de apelación planteada.

\n\n

Al encontrarse el expediente en estado de resolver, se hacen\n las siguientes,

\n\n

Considerando:

\n\n

PRIMERO.- El Tribunal Constitucional es competente para conocer\n y resolver la presente causa, de conformidad con lo dispuesto\n en el artículo 276 numeral 3 de la Constitución\n Política de la República.

\n\n

SEGUNDO.- En el presente trámite no se ha; omitido\n solemnidad legal alguna que pueda incidir en la resolución\n del mismo, por lo que se declara la validez del proceso.

\n\n

TERCERO.- La acción de amparo constitucional, de conformidad\n con lo prescrito en el artículo 46 de la Ley del Control\n Constitucional, procede cuando existe la concurrencia simultánea\n de tos siguientes elementos: a) Que exista un acto ilegítimo\n de autoridad pública; b) Que ese acto haya causado, cause\n o pueda causar un daño inminente, a mas de grave e irreparable;\n y, c) Que ese acto vulnere los derechos consagrados en la Constitución\n o los consignados en las declaraciones, pactos, convenios y demás\n instrumentos internacionales vigentes en el Ecuador.

\n\n

CUARTO.- Del examen del expediente, no se encuentra que el\n Alcalde de Ambato haya incurrido en acto ilegítimo al\n suprimir el cargo que ocupaba la accionante; por el contrario,\n se halla entre sus atribuciones y competencias.

\n\n

QUINTO.- En concepto del Tribunal Constitucional no existe\n violación a las garantías constitucionales ni a\n los instrumentos internacionales vigentes en el Ecuador.

\n\n

Por lo expuesto, el Tribunal Constitucional, en ejercicio\n de sus atribuciones legales,

\n\n

Resuelve:

\n\n

1. Revocar la resolución del Juez de instancia; en\n consecuencia, negar la acción de amparo constitucional\n solicitada.

\n\n

2. Devolver el expediente al inferior para los fines legales\n consiguientes.

\n\n

3. Publicar la presente resolución en el Registro Oficial.-\n Notifíquese".

\n\n

f.) Dr. Jaime Nogales Izurieta, Presidente (E).

\n\n

Razón: Siento por tal, que la resolución que\n antecede fue aprobada por el Tribunal Constitucional con cinco\n votos a favor correspondientes a los doctores Miguel Camba Campos,\n Rene de la Torre Alcívar, Manuel Jaramillo Córdova,\n Luis Rojas Bajaña y Jaime Nogales Izurieta; y, cuatro\n votos salvados de los doctores Millón Burbano Bohórquez,\n Héctor Rodríguez Dalgo, Mauro Terán Cevallos\n y Simón Zavala Guzmán en sesión del día\n miércoles tres de marzo de dos mil cuatro.- Lo certifico.

\n\n

f.) Dr. Víctor Hugo López Vallejo, Secretario\n General.

\n\n

VOTO SALVADO DE LOS DOCTORES MILTON BURBANO BOHÓRQUEZ,\n HÉCTOR RODRÍGUEZ DALGO, MAURO TERAN CEVALLOS Y\n SIMÓN ZAVALA GUZMÁN, EN EL CASO SIGNADO CON EL\n No. 0766-2002-RA.

\n\n

Quito, D.M., 3 de marzo de 2004.

\n\n

Elsa del Pilar Paucar Castro comparece ante el Juez Cuarto\n de lo Civil de Tungurahua y formula acción de amparo constitucional\n en contra del I. Municipio de Ambato, en las personas de sus\n representantes legales, esto es. Alcalde, Procurador Síndico,\n Director Financiero y Director de Recursos Humanos. La accionante,\n en lo principal, manifiesta:

\n\n

Que ingresó a trabajar en el Departamento de Administración\n Financiera, Sección Tesorería, con el puesto de\n Recaudadora, mediante acción de personal No. 00499 de\n 1 de julio de 1999, la misma que se registró el 3 de julio\n de 1998 en la Dirección Nacional de Personal con el No.597.0P;

\n\n

Que el 29 de agosto de 2002, el Director de Recursos Humanos\n de la Municipalidad de Ambato le entregó la notificación\n No. 1426-DRH-2002, en la que le remitió copias simples\n de la acción de personal y del Resolución No. 013-DA-2002\n de 26 de agosto de 2002, suscrita por el Alcalde de Ambato, en\n la que se manifiesta la supresión de su cargo;

\n\n

Que dicha resolución es ilegal y nula, y al respecto\n se citan los artículos 16, 17, 18, 23 numeral 15 y 24\n numeral 13 de la Constitución de la República;

\n\n

Que la resolución mencionada se refiere a la supresión\n de los cargos ocupados por personal con nombramiento que labora\n en el parqueadero tarifado del Mercado Mayorista, mientras que\n su acción de personal se refiere al puesto de Recaudador\n - Sección Tesorería, por lo que su cargo es muy\n distinto;

\n\n

Que al proceder a la supresión de su cargo se hace\n referencia al Decreto Ejecutivo No. 928 de 8 de julio de 1993,\n sin que se exprese en la resolución si fue o no publicado\n en el Registro Oficial;

\n\n

Que el 14 de octubre de 2002, dos empleados del Municipio\n de Ambato le entregaron la notificación No. 1603-DRH de\n 3 de septiembre de 2002, suscrita por e) Director de Recursos\n Humanos, en la que se le remite una copia de la acción\n de personal en la que se indica la cesación definitiva\n del cargo de Recaudadora;

\n\n

Se cita también el artículo 108 literales c)\n y d) de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa;

\n\n

Con estos fundamentos de hecho y de derecho solicita que se\n deje sin efecto la resolución administrativa que suprime\n su partida presupuestaria;

\n\n

En audiencia pública llevada a efecto el 6 de noviembre\n de 2002, la accionante se ratifica en los fundamentos de hecho\n y de derecho del presente amparo constitucional. Por su parte,\n los accionados, por intermedio de su abogado defensor, manifiestan:

\n\n

Que el 21 de junio de 2002, el Alcalde de Ambato dicta la\n Resolución Administrativa No. 009.- 2002, mediante la\n cual resuelve que la Compañía Daytona Park inicie\n la realización del parqueadero del Mercado Mayorista a\n partir del 24 de junio de 2002, resolución dada en base\n a normas que permiten que bienes municipales puedan darse en\n arrendamiento;

\n\n

Que el arrendatario, de conformidad con el respectivo contrato,\n tiene la obligación de proveer del personal solicitante\n para el funcionamiento del parqueadero tarifario durante las\n 24 horas del día, de lunes a domingo;

\n\n

Que una vez que la Compañía Daytona Park queda\n facultada para iniciar con la administración del parqueadero,\n el Alcalde solicita al Departamento de Recursos Humanos que realice\n el estudio pertinente para la aplicación del Reglamento\n de Supresión de Puestos y su correspondiente indemnización,\n y con fundamento en la auditoría administrativa que se\n llevó a efecto y en las normas de dicho reglamento y de\n la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, se dictó\n la Resolución Administrativa No. 013-DA-2002 de 26 de\n agosto de 2002, mediante la cual se suprimen los cargos del personal\n con nombramiento que labora en el parqueadero tarifario del Mercado\n Mayorista;

\n\n

Que la resolución mencionada se encuentra motivada;

\n\n

Que una vez que se dictó la supresión de los\n puestos, se procedió a realizar las liquidaciones correspondientes;

\n\n

Que la Municipalidad de Ambato no ha cometido actos que causen\n un perjuicio a los particulares, toda vez que lo actuado es conforme\n a derecho;

\n\n

Con estos fundamentos, se solicita que se rechace el amparo\n constitucional solicitado;

\n\n

La accionante, a quien nuevamente se le concede la palabra,\n manifiesta literalmente que "[...] dentro del Municipio\n existe varios departamentos y secciones en donde se hace recaudación,\n por lo que hay que tomar muy en cuenta esto como el caso del\n señor Juan Saona persona que también se le suprimió\n el puesto de trabajo y que se le reubicó en otra parte\n dentro del mismo I. Municipio de Ambato [...]" (sic). Por\n su parte, los accionados expresan que "[...] el señor\n Juan Saona es un empleado a contrato más no a nombramiento\n como lo señala el abogado de la recurrente y no tiene\n la denominación de recaudador como la tuvo la señora\n Elsa Del Pilar Paucar Castro" (sic);

\n\n

El Juez Cuarto de lo Civil de Tungurahua resuelve aceptar\n el amparo constitucional interpuesto, considerando que la acción\n de personal se realizó sin que la Resolución Administrativa\n No. 013-DA-2002 de 26 de agosto de 2002 haya entrado en vigencia,\n con lo que se ha violado el derecho al debido proceso.

\n\n

Considerando:

\n\n

PRIMERO.- El Tribunal Constitucional es competente para conocer\n y resolver sobre la presente causa, de conformidad con el artículo\n 276 numeral 3 de la Constitución de la República\n y los artículos 12 numeral 3 y 62 de la Ley del Control\n Constitucional.

\n\n

SEGUNDO.- No se ha omitido solemnidad sustancial alguna que\n pueda influir en la decisión de la causa, por lo que el\n proceso es válido y así se lo declara.

\n\n

TERCERO.- El Municipio de Ambato, mediante el contrato que\n obra a fojas 19 de los autos, entregó en arrendamiento\n el Parqueadero Tarifado del Mercado Mayorista Municipal de Ambato.\n La celebración de este contrato, y el compromiso del arrendatario\n de proveer del personal necesario para el funcionamiento de dicho\n estacionamiento, han servido como fundamento para que se resuelva\n suprimir, entre otros, el puesto de trabajo de la accionante,\n con la consecuente cesación de funciones. Todo ello se\n lo ha pretendido realizar con fundamento en el artículo\n 109 literal d) de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa\n y en el Reglamento de Supresión de Puestos, expedido mediante\n Decreto Ejecutivo No. 928 que se publicó en el Registro\n Oficial No. 236 de 20 de julio de 1993.

\n\n

CUARTOS Como puede observarse del acta de la audiencia pública\n a la que comparecieron las partes, se admitió el hecho\n de que un funcionario contratado fue reubicado dentro del mismo\n Municipio de Ambato, pese a que se suprimió su puesto\n en el estacionamiento del Mercado Mayorista de dicha ciudad,\n situación esta que desdibuja notablemente la legitimidad\n de las actuaciones del Alcalde y del Director de Recursos Humanos\n del Municipio de Ambato. En efecto, tal hecho contrasta con lo\n manifestado en el oficio No 1167 DRH de 24 de julio de 2002,\n suscrito por el Director de Recursos Humanos (fojas 28 de los\n autos), en el cual se indica que "Las funciones que cumplen\n estos tres cargos no tienen similares vacantes en la plan central\n de la I. Municipalidad, tampoco tienen cargos similares bajo\n contratación por la modalidad de servicios ocasionales".\n Por otra parte, se tiene presente que la accionante es servidora\n publica con nombramiento registrado en la Dirección Nacional,\n de Personal, como consta a fojas 7 de los autos, de modo que\n su derecho, especialmente en lo que concierne a la estabilidad\n y a la reubicación, prevalece sobre el personal contratado,\n pero sucede que a un empleado con contrato, que precisamente\n trabajaba en el mismo lugar, se lo reubicó.

\n\n

QUINTO.- La situación descrita en el considerando precedente\n desdibuja la legitimidad de 16 actuado por el Municipio de Ambato\n frente a los derechos de la accionante, pues se puede inferir\n que había posibilidades de reubicación dentro de\n la institución, como de hecho sucedió con un empleado\n con contrato a quien se le reubicó. Por ello, se estima\n que el Municipio de Ambato ha violado el derecho a la estabilidad\n reconocido en el artículo 124 de la Constitución\n de la República, con el consiguiente daño grave\n que consiste en la pérdida del puesto de trabajo y de\n medios legítimos con que contaba la accionante para satisfacer\n sus necesidades.

\n\n

Por los considerandos expuestos, se debe:

\n\n

1.- Confirmar la resolución venida en grado, y por\n consiguiente, aceptar la acción de amparo constitucional\n formulada por Elsa del Pilar Paucar Castro, a quien deberá\n reubicársele dentro de las dependencias de la Municipalidad\n de Ambato; y,

\n\n

2.- Devolver el expediente al Juez de origen para la ejecución\n de esta resolución.

\n\n

f.) Dr. Milton Burbano Bohórquez, Vocal.

\n\n

f.) Dr. Héctor Rodríguez Dalgo, Vocal.

\n\n

f.) Dr. Mauro Terán Cevallos, Vocal.

\n\n

f.) Dr. Simón Zavala Guzmán, Vocal.

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Quito,\n a ................. f.) El Secretario General.

\n\n

Nro. 008, 009 y 016-2003-TC

\n\n

"EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso Nro. 008,009 y 016-2003-TC

\n\n

ANTECEDENTES: El abogado José Javier Varas Calvo, de\n profesión abogado, de ocupación Diputado de la\n República, comparece ante el señor Presidente del\n Tribunal Constitucional, y plantea acción de inconstitucionalidad\n de la Resolución No. 028 de 2003, dictada por el Consejo\n
\n Nacional de Electrificación, CONELEC, el 31 de enero de\n 2003, a través de la cual se incrementan las tarifas eléctricas,\n e indica:

\n\n

Que el señor Presidente Constitucional de la República,\n Coronel Lucio Gutiérrez Borbúa, a través\n del Consejo Nacional de Electrificación, ha incrementado\n las tarifas del servicio eléctrico, en desmedro de la\n economía de los ecuatorianos y del sector productivo nacional,\n en circunstancias que es indispensable la reactivación\n económica del Ecuador, como el único medio idóneo\n de solventar la crisis en que se debate el país.

\n\n

Que es evidente, se pretende omitir todo el proceso de análisis\n y el estudio técnico, en base al cual se pueda evaluar\n y decidir la ilegalidad o no, del incremento de las tarifas eléctricas,\n las mismas que no pueden ser fijadas al arbitrio del señor\n Presidente de la República y del Consejo Nacional de Electrificación,\n CONELEC, sino que depende de un minucioso análisis de\n las cifras y valores de generación, transmisión\n y distribución, es así que el artículo 6\n del Reglamento de Fijación de Tarifas Eléctricas,\n establece el criterio para fijarlas, las mismas que deberán\n considerar los precios referenciales de generación, los\n costos medios del sistema de 'transmisión, y el valor\n agregado de distribución; adicionalmente deben analizarse\n indicadores como los costos variables de la energía activa,\n el costo de restricción técnica del sistema, los\n elementos que a su vez se deben a una metodología de cálculo,\n al que debe sumarse el Valor Agregado de Distribución\n (VAD). Así mismo, asevera el actor, que dicho reglamento\n establece en el artículo 23, el período dentro\n del cual se podría proceder a la elevación de las\n tarifas eléctricas, esto es el 30 de octubre de cada año.\n Todo ello como demostración de que la fijación\n de tarifas no puede efectuarse por una simple disposición\n política, que omita sustanciales elementos técnicos,\n que permitan establecer un pliego tarifario justo y real.

\n\n

Que la industria nacional ha soportado un costo de US $ 0.8,70\n kilovatio/hora/mes, cifra que ya constituía una carga\n elevada para la población y para el aparato productivo;\n y, que sin considerar los elementos técnicos, el señor\n Presidente de la República y el Directorio del CONELEC,\n mediante la Resolución Nro. 028-2003, dictada el 31 de\n enero de 2003, ha incrementado las tarifas del sector eléctrico,\n fijando en US $ 0.10,38 el kilovatio hora mes, convirtiendo así\n la tarifa por K/H/M, en el Ecuador, la más cara de América\n y una de .las más caras del mundo, significando que se\n ha afectado a todos los usuarios, en especial al aparato productivo.

\n\n

Que los antecedentes expuestos, determinan haberse violado\n los derechos y deberes consagrados en los artículos 3,\n numerales 4 y 5; 23, numerales 20 y 26; 244, numeral 8 y el principio\n de legalidad, dispuesto por el artículo 119 de la Constitución\n Política de la República, a través de un\n acto ilegítimo de una autoridad pública.

\n\n

Que en su calidad de usuario y abonado al servicio eléctrico,\n solicita se declare la inconstitucionalidad de la Resolución\n Nro. 028-2003, dictada por el Directorio del CONELEC, y se disponga\n su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

B. Caso No. 0009-2003-TC

\n\n

Por su parte los señores Napoleón Saltos Galarza,\n Vocero de la Coordinadora de Movimientos Sociales, CMS; José\n Pedro de la Cruz, Presidente de la Federación Ecuatoriana\n de Indígenas, Campesinos y Negros, FENOCIN, Marco Murillo\n Ilbay, Presidente de la Federación Ecuatoriana de Indígenas\n Evangélicos, FEINE, Pablo Fidel Iturralde Blacio, Miembro\n del Comité Ejecutivo de la Coordinadora de Movimientos\n Sociales, CMS, Héctor Neptalí Terán Aguirre,\n Presidente de la Confederación Nacional de Servidores\n Públicos, CONASEP; José Clemente Agualsaca Guamán,\n Presidente de la Federación Ecuatoriana de Indígenas,\n FEI; Santiago Yagual, Presidente de Tumo del Frente Unitario\n de Trabajadores - FUT, comparecen con la demanda de

 

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