Registro Oficial. 26 de MARZO del 2004

Viernes, 26 de marzo de 2004

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE MARZO DEL 2004
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Viernes, 26 de Marzo del 2004 - R. O. No. 301

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TRIBUNAL CONSTITUCION

\n

DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR
\n

\n\n

FUNCIÓN\n EJECUTIVA

\n\n

ACUERDO:

\n\n

MINISTERIO\n DE RELACIONES

\n\n

EXTERIORES:

\n\n

Memorándum\n de Entendimiento\n entre los gobiernos de la República del Ecuador y la República\n de Bolivia sobre lavado de activos.

\n\n

TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL

\n\n

RESOLUCIONES:

\n\n

017-2003-AA Declárase la inconstitucionalidad\n de los actos administrativos expedidos el 18 de junio de 2002\n por el Comisario Primero Municipal y el 30 de noviembre de 2002\n que se contiene en la Resolución No. 033B-2002-DSG/IJA\n adoptada por el Pleno del Concejo Municipal del Cantón\n Playas; declaratoria que conlleva la revocatoria de tales actos\n administrativos.

\n\n

028-2003-TC\n Deséchase\n la demanda de inconstitucionalidad por el fondo propuesto en\n contra de los artículos 64 de la Ley de Personal del Cuerpo\n de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Guayas\n y 117 del Reglamento de Disciplina y Sanciones de la misma ley.

\n\n

039-2003-TC Deséchasela demandado\n inconstitucionalidad presentada por el señor Francisco\n Chipantiza y otros

\n\n

0046-2003-TC Deséchase la impugnación\n de la Resolución No OSCIDI 0034, publicada en el Registro\n Oficial No 234 de 29 de diciembre de 2000 expedida por el Director\n de la Oficina de Servicio Civil y Desarrollo Institucional, OCIDI.

\n\n

0552-2003-RA Revócase la resolución\n pronunciada por el Juez Primero de 16 Civil de Cuenca, que admite\n parcialmente el amparo constitucional presentado por el señor\n Orlando Llangari y otros

\n\n

644-2003-RA Inadmítese la demanda\n de amparo constitucional propuesta por el señor Diego\n Daza Urresta y revócase la resolución emitida por\n el Juez de instancia...26

\n\n

671-2003-RA Revócase la resolución\n subida en grado y concédese el amparo constitucional\n planteado por Fidel Ángel Paredes Hidrovo.

\n\n

0678-2003-RA Confirmase la resolución\n pronunciada por el Juez Décimo Cuarto de lo Civil de El\n Oro y concédese el amparo solicitado por la ingeniera\n comercial Olga Marlene Ocampo Palacios..

\n\n

760-2003-RA Revócase la resolución\n emitida por el Juez de instancia y concédese el amparo\n solicitado por Irma Ugalde Noritz.

\n\n

PRIMERA\n SALA

\n\n

0735-2003-RA Confírmase la resolución\n del Juez Primero de lo Civil de Sucumbíos y niégase\n el amparo solicitado por el señor Jaime Ramiro Fernández\n Salgado.

\n\n

0779-2003-RA Confírmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por José Gregorio Lluilema Apugllón45

\n\n

0781-03-RA Confírmase la resolución\n expedida por el Tribunal Distrital Fiscal NB 4 de Portoviejo\n y concédese el amparo solicitado por el señor Frank\n Vargas Marcillo.

\n\n

0799-2003-RA Confírmase la resolución\n del Juez de instancia y concédese el amparo solicitado,\n disponiendo la suspensión definitiva de la acción\n de personal impugnada por el señor Luis Eduardo Sarzosa\n Jurado.

\n\n

0823-2003-RA Revócase la resolución\n del Juez Sexto de lo Civil de Los Ríos e inadmítese\n la acción de amparo constitucional solicitada por la doctora\n María del Carmen Rodríguez Vargas y otros.

\n\n

0011-04-HC Confírmase la resolución\n subida en grado y niégase el recurso de babeas corpus\n interpuesto a favor del ciudadano de nacionalidad polaca Tarczynski\n Miroseaw Adam.\n

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\n

 

\n\n

MINISTERIO\n DE RELACIONES
\n EXTERIORES

\n\n

MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE\n LOS GOBIERNOS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA REPÚBLICA\n DE BOLIVIA SOBRE LAVADO DE ACTIVOS

\n\n

Los gobiernos de la República del Ecuador y de la República\n de Bolivia, denominados en adelante las Partes; conscientes de\n la utilidad de desarrollar e intensificar la cooperación\n mutua, con vistas a prevenir e impedir la utilización\n económica para el lavado de activos procedentes de actividades\n delictivas.

\n\n

Teniendo en cuenta,

\n\n

Las atribuciones conferidas por el artículo 11-A, letra\n e) agregado por la Ley No. 25 publicada en el Registro Oficial,\n Suplemento 173 de 15 de octubre de 1997 a la Ley de Estupefacientes\n y Sustancias Psicotrópicas, al Procurador General del\n Estado del Ecuador; por el artículo I de la Ley General\n de Instituciones Financieras, a la Superintendencia de Bancos\n del Ecuador; y por los artículos 9,13 numeral 11 de la\n Ley de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y 91,\n letra g) y 16 de la Ley de Instituciones Financieras, al Consejo\n Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas,\n CONSEP - Unidad de Procesamiento de Información Reservada,\n UPIR-DN del Ecuador; y,

\n\n

Las atribuciones conferidas por los artículos 185 bis\n y 185 ter del Código Penal y el artículo 19, incisos\n 1 y 3 del Decreto Supremo No 24771 de 31 de julio de 1997, al\n Director de la Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia\n (UIF);

\n\n

Primero

\n\n

Acuerdan:

\n\n

El Gobierno de la República del Ecuador por intermedio\n de la Procuraduría General del Estado, la Superintendencia\n de Bancos y el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes\n y Psicotrópicas, CONSEP - Unidad de Procesamiento de Información\n Reservada, UPIR-DN y el
\n Gobierno de la República de Bolivia por intermedio de\n la Unidad de Investigaciones Financieras de la República\n de Bolivia (UIF) intercambiarán por su propia iniciativa\n o a petición de uno u otro de estos organismos, todo elemento\n de información (datos, informes, antecedentes, etc) sobre\n operaciones económicas o financieras relacionadas con\n el lavado de activos procedentes de actividades presuntamente\n delictivas que entren en el ámbito de aplicación\n de los textos legales antes citados, que puedan ser utilizados\n en investigaciones en curso, o a realizar o desarrollar de los\n organismos en cuestión.

\n\n

Segundo

\n\n

En el marco jurídico y dentro de los límites\n fijados en los mencionados textos legales y con sujeción\n al principio de reciprocidad, el intercambio de los elementos\n de información señalados en el párrafo anterior,\n se realizará a través de las personas habilitadas\n a esos efectos por ambos organismos, por todos los medios, incluida\n si fuese necesario, una línea de comunicación protegida.

\n\n

Tercero

\n\n

Las informaciones intercambiadas solo podrán ser utilizadas\n para los fines establecidos en el numeral primero y no podrán\n ser comunicadas a personas, instituciones u otros organismos\n sin autorización previa expresa del o los organismos emisores.

\n\n

Cuarto

\n\n

Las, informaciones objeto de intercambio tendrán carácter\n confidencial quedarán cubiertas por el secreto profesional\n y gozarán en cada una de las Partes de la protección\n concedida por la ley a las informaciones de origen nacional de\n la misma naturaleza.

\n\n

Quinto

\n\n

Los compromisos contenidos en el presente documento quedarán\n sin efecto cuando su aplicación pudiera afectar la soberanía,\n la seguridad, la política nacional, el orden público\n y los intereses esenciales de cualesquiera de las Partes.

\n\n

Sexto

\n\n

Los compromisos contenidos en el presente documento no obligarán\n a la Procuraduría General del Estado, Superintendencia\n de Bancos y el CONSEP-UPIR-DN del Ecuador o a la UIF de Bolivia\n a prestarse cooperación entre si en el caso de haberse\n iniciado un proceso judicial, sobre los mismos hechos, en Ecuador\n o Bolivia.

\n\n

Séptimo

\n\n

El presente Memorándum de Entendimiento entrará\n en vigor a partir de la fecha en que las dos Partes se hayan\n notificado por escrito el cumplimiento de los requisitos y formalidades\n internas. Tendrá una duración de cinco años\n y podrá ser modificado por acuerdo de las Partes. Se prorrogará\n automáticamente por otro período de cinco años,\n salvo que una de las Partes notifique por escrito de su intención\n de darlo por terminado. Dicha denuncia será efectiva seis\n meses después de su recepción por la otra Parte.

\n\n

Firmado en La Paz, Bolivia, a los treinta y un días\n del mes de enero del dos mil dos, en dos ejemplares originales,\n en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

\n\n

Por el Gobierno de la República del Ecuador.

\n\n

f.) Heinz Moeller Freile, Ministro de Relaciones Exteriores.

\n\n

Por el Gobierno de la República de Bolivia.

\n\n

f.) Gustavo Fernández Saavedra, Ministro de Relaciones\n Exteriores y Culto.

\n\n

Certifico que es fiel copia del documento original que se\n encuentra en los archivos de la Dirección General de Tratados\n del Ministerio de Relaciones Exteriores.- Quito, a 10 de marzo\n del 2004.- f.) Roberto Ponce, Director General de Tratados.

\n\n

Nro.\n 017-2003-AA

\n\n

"EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso Nro. 017-2003-AA

\n\n

ANTECEDENTES: La señora Ellen Bohórquez Barzola,\n comparece ante el Tribunal Constitucional y, fundamentada en\n los artículos 276, numeral 2, 277, numeral 5 y 272 de\n la Constitución Política, con el informe favorable\n del Defensor del Pueblo, deduce demanda de inconstitucionalidad\n del acto administrativo contenido en la Resolución No\n 033B-2002. DSG/IJA de 30 de noviembre de 2002, adoptada por el\n Concejo Cantonal de la Municipalidad del Cantón Playas\n que ratifica la providencia de 18 de junio emitida por el Comisario\n Municipal, cuya constitucionalidad también impugna:

\n\n

Manifiesta que, mediante acto administrativo, la Comisaría\n Primera Municipal del Cantón Playas, el 18 de junio de\n 2002, dispuso la demolición de un kiosko en el que funciona\n un soda-bar, ubicado en el solar No 02 de la manzana de las calles\n Jaime Roídos y Callejón 9 del cantón Playas,\n de su propiedad. Señala que la resolución de la\n Comisaría atenta contra su derecho a la propiedad, por\n cuanto, existe una contradicción al constar a fojas 1\n del expediente el memorando de 30 de abril e informe del Procurador\n Síndico Municipal, en que se establece que al revisar\n el archivo no se pudo constatar que la señora Bohórquez\n Barzola haya solicitado el permiso de construcción dentro\n del mencionado solar, en tanto que en el acápite 2.2.\n del acto se señala que de la certificación remitida\n al despacho por el Jefe de Avalúos y Catastros en el sentido\n que no existe predio alguno a nombre de Ellen Bohórquez\n Barzola, por tanto es necesario investigar sobre tal hecho, toda\n vez que la misma alega ser propietaria. Mas, señala,\n con la documentación que acompaña, acredita que\n es propietaria del solar en referencia y que no tiene una construcción\n en la vía pública, sin permiso de construcción.\n

\n\n

De la revisión del proceso se encuentra que no existe\n contestación alguna en tiempo oportuno a la demanda de\n inconstitucionalidad planteada.

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, el Tribunal Constitucional es competente para conocer\n y resolver la demanda planteada, de conformidad con lo que dispone\n el número 2 del artículo 276 de la Constitución;

\n\n

Que no se ha omitido solemnidad sustancia alguna que pueda\n incidir en la resolución de la causa;

\n\n

Que, la peticionaria se encuentra legitimada para interponer\n esta acción constitucional, de conformidad con los artículos\n 277, número 5 de la Constitución y 23, letra e)\n de la Ley del Control Constitucional;

\n\n

Que, por cuanto la Resolución No 033B impugnada en\n esta acción, hace referencia a la providencia expedida\n por el Comisario Primero Municipal, igualmente impugnada, se\n realiza el análisis de esta última, determinándose\n que, luego de efectuado el proceso correspondiente, instaurado\n para investigar la denuncia presentada contra la ahora accionante,\n respecto a haber construido, un kiosco en el que funciona un\n soda-bar, se ha dispuesto su demolición, conforme prevé\n el artículo 161, literal 1) de la Ley Orgánica\n de Régimen Municipal;

\n\n

Que, la actora señala que la inconstitucionalidad del\n acto estaría confirmada al existir una contradicción\n en el señalamiento de no haber solicitado permiso de construcción\n y el certificado de no hallarse catastrada su propiedad, debiendo\n tal hecho investigarse. Al respecto, el acto de autoridad pública\n expedido el 18 de junio de 2002, en el expediente de demolición\n No. 31-2002, por el Comisario Primero Municipal del cantón\n Playas, tiene como antecedentes la certificación remitida\n por el Jefe de Catastro y Avalúo del Municipio de Playas,\n quien certifica que revisado el archivo catastral del cantón\n Playas, no existe predio alguno a nombre de Ellen Bohórquez\n Barzola, a cuya consecuencia, el Comisario Municipal señala\n que "...es necesario investigar sobre tal hecho, toda vez\n que la misma alega ser propietaria del solar en donde se edificó\n sin permiso, que es objeto de la presente investigación...".\n Sin embargo de que la temática respecto de la propiedad\n se ha puesto en duda, tal resolución concluye inconstitucional\n y contradictoriamente ordenando la demolición de un kiosco,\n en donde funciona una soda-bar, edificado en el solar 02, manzana\n 07 del sector 03, que se afirma es de "...propiedad de la\n señora Ellen Vanesa Bohórquez Barzola, ubicada\n en las calles Jaime Roídos Aguilera y Callejón\n noveno en este cantón Playas...". De autos no consta\n documento alguno que sustente la afirmación del Comisario\n Municipal de que el kiosco es de propiedad de la accionante;\n por el contrario, de autos consta la escritura pública\n otorgada ante el Notario de General Villamil, abogado Alfredo\n Yagual Preciado, el 4 de julio del 2000, inscrita en el Registro\n de la Propiedad del Cantón Playas el 22 de julio de 2000,\n mediante la cual la accionante adquiere a título oneroso\n a la I. Municipalidad del Cantón Playas, el solar No.\n 02 "A" manzana 07, sector 03, con una superficie total\n de 21,06 metros cuadrados y que tiene como antecedente el contrato\n de arrendamiento del mencionado solar aprobado en sesión\n de 18 de diciembre de 1999 con dicha accionante, en el mismo\n que consta varias obligaciones de la arrendataria tales como,\n cercar el solar dentro de los 180 días subsiguientes y\n conservar la cerca en buen estado; construir la acera y bordillo\n en la parte frontal del terreno; construir una edificación\n que ocupe por lo menos el 25% del área del solar, dentro\n del plazo de 2 años; y, que la falta de cumplimiento de\n tales obligaciones dará derecho al Concejo para declarar\n disuelto el contrato sin ninguna otra solemnidad, quedando por\n consiguiente libre para dar en arrendamiento a cualquier otro\n interesado.

\n\n

Que, las puntualizaciones antes expresadas, sin mayor esfuerzo,\n permiten apreciar el cumplimiento de todas las obligaciones de\n la arrendataria para que la I. Municipalidad de Playas haya celebrado\n el contrato de compara venta correspondiente y, resulta, por\n decirlo menos, extraño, que el Jefe de Catastro y Avalúo\n de la Municipalidad certifique que no existe predio alguno a\n nombre de la accionante y, sin prueba alguna se acredite qué\n la edificación de una obra menor (un kiosco), es de propiedad\n de la impugnante.

\n\n

Que, resulta incuestionable que la resolución expedida\n por el Comisario Primero Municipal del cantón Playas,\n contraria derechos civiles de la accionante, especialmente los\n relativos al derecho a la propiedad, en los términos que\n señala la ley, a la seguridad jurídica, y a las\n garantías del debido proceso, muy en particular la atinente\n a que las resoluciones de la Administración Pública\n que afecten a las personas deben ser debidamente motivadas, esta\n última que adolece tanto la resolución del Comisario\n Municipal cuanto la expedida por el Concejo en Pleno en sesión\n ordinaria celebrada el 30 de noviembre de 2002, contenida en\n el oficio No. 033B-2002-DSG/IJA de 30 de noviembre de 2002, que\n niega el recurso de apelación interpuesto por Ellen Vanesa\n Bohórquez Barzola, fundamentado en que el Juez Décimo\n Octavo de lo Civil, encargado del Juzgado Tercero de lo Civil\n de Guayaquil, desecha el amparo constitucional interpuesto por\n la expresada apelante, sin ninguna otra motivación relativa\n a lo principal de la temática y que se concreta a la demolición\n de la obra menor ejecutada en el solar, este sí de propiedad\n de Ellen Vanesa Bohórquez Barzola.

\n\n

Que, en consecuencia, para reparar los derechos constitucionales\n vulnerados y protegidos, debe declararse la inconstitucionalidad\n de los actos administrativos impugnados, sin perjuicio\n de que el Pleno del Concejo de Playas adopte las medidas necesarias\n para preservar el respeto a las normas constitucionales en el\n expediente Nro. 031-2002.

\n\n

En uso de sus atribuciones,

\n\n

Resuelve:

\n\n

1.- Declarar la inconstitucionalidad de los actos administrativos\n expedidos el 18 de junio de 2002 por el Comisario Primero Municipal\n y el 30 de noviembre de 2002 que se contiene en la Resolución\n No. 033B-2002-DSG/IJA adoptada por el Pleno del Concejo Municipal\n del Cantón Playas; declaratoria que conlleva la revocatoria\n de tales actos administrativos.

\n\n

2.- Publicar la presente resolución en el Registro\n Oficial.- Notifíquese.

\n\n

f.) Dr. Jaime Nogales Izurieta, Presidente (E).

\n\n

Razón: Siento por tal, que la resolución que\n antecede fue aprobada por el Tribunal Constitucional con siete\n votos a favor correspondientes a los doctores Milton Burbano\n Bohórquez, Miguel Camba Campos, Enrique Herrería\n Bonnet, Manuel Jaramillo Córdova, Luis Rojas Bajaña,\n Mauro Terán Cevallos y Jaime Nogales Izurieta y dos votos\n salvados de los doctores Rene de la Torre Alcívar y Simón\n Zavala Guzmán, en sesión del día jueves\n 26 de febrero de dos mil cuatro.- Lo certifico.

\n\n

f.) Dr. Víctor Hugo López Vallejo, Secretario\n General.

\n\n

VOTO SALVADO DEL DOCTOR RENE DE LA TORRE ALCÍVAR Y\n SIMÓN ZAVALA GUZMÁN EN EL CASO SIGNADO CON EL NRO.\n 017-2003-AA.

\n\n

Quito, D.M., 26 de febrero de 2004.

\n\n

Con los antecedentes que se indican en la resolución\n adoptada, nos separamos de la misma y consignamos nuestro voto\n salvado, en los siguientes términos:

\n\n

PRIMERA: El Tribunal Constitucional, de acuerdo con el numeral\n 2 del Art. 276 de la Constitución Política de la\n República, es competente para conocer y resolver sobre\n la inconstitucionalidad de los actos administrativos de toda\n autoridad pública.

\n\n

SEGUNDA: La demanda de inconstitucionalidad presentada\n por la señora Ellen Bohórquez Barzola, cuenta con\n el informe favorable de procedibilidad emitido por el Defensor\n del Pueblo. Se da cumplimiento en esta forma, al requisito establecido\n en el numeral 5 del Art. 277 de la Carta Suprema del Estado.

\n\n

TERCERA: La señora Ellen Vanesa Bohórquez Barzola,\n impugna la Resolución No. 033B-2002-DSG/IJA, adoptada\n el 30 noviembre de 2002, por el Ilustre Concejo Cantonal de la\n Municipalidad del Cantón Playas, la que por adolecer de\n inconstitucionalidad solicita sea revocada y se deje sin efecto\n alguno.

\n\n

CUARTA: El Concejo en Pleno en sesión ordinaria celebrada\n el sábado 30 de noviembre de 2002, vista la resolución\n del Juez Décimo Octavo de lo Civil, encargado del Juzgado\n Tercero de lo Civil de Guayaquil, en la que desecha el amparo\n constitucional interpuesto por Ellen Vanesa Bohórquez\n Barzola, niega el recurso de apelación formulado por ésta\n dentro del expediente Nro. 31-2002.

\n\n

QUINTA: Examinado el contenido del libelo de demanda de inconstitucionalidad\n presentada por la señora Ellen Vanesa Bohórquez\n Barzola, se puede establecer que ésta se limita a consignar\n el número, fecha de expedición y quien expidió\n el acto administrativo que niega el recurso de, apelación,\n pero no determina los vicios de fondo o de forma con los que\n se viola la Constitución de la República del Ecuador,\n y que encausan a la declaratoria de inconstitucional.

\n\n

SEXTA: Finalmente, la actora impugnó solamente el acto\n administrativo que contiene la Resolución Nro. 033B-2002-DSG/IJA,\n de manera que no es pertinente se pronuncie sobre un acto administrativo\n que no ha sido impugnado, como es el que se ha expedido por la\n Comisaría Primera Municipal del Cantón Playas,\n el 8 de junio de 2002.

\n\n

Por lo expuesto» al separamos de la resolución\n y consignar nuestro voto salvado, somos del criterio que se deseche\n por improcedente, la demanda de inconstitucionalidad presentada\n por la señora Ellen Vanesa Bohórquez Barzola, dejando\n a salvo sus derechos.

\n\n

f.) Dr. Rene de la Torre Alcívar, Vocal.

\n\n

f.) Dr. Simón Zavala Guzmán, Vocal.

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Quito,\n a 15 de marzo de 2004.- f.) El Secretario General.

\n\n

Nro. 028-2003-TC

\n\n

EL\n TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso Nro. 028-2003-TC

\n\n

ANTECEDENTES: El Dr. Ricardo Xavier Vanegas Cortázar,\n manifiesta que la Ley Sustitutiva de la Ley de Creación\n de la Comisión de Tránsito de la provincia del\n Guayas, en su Art. 1 establece: "De su Naturaleza.- La Comisión\n de Tránsito de la provincia del Guayas (C.T.G.) es una\n persona jurídica de derecho público, descentralizada,\n de duración indefinida, con patrimonio propio y con autonomía\n técnica, funcional, administrativa, financiera y presupuestaria\n con domicilio en la ciudad de Guayaquil y con jurisdicción\n en todo el territorio de la provincia del Guayas. De acuerdo\n con lo establecido en el artículo 259 de la Constitución\n Política de la República, el Presupuesto de la\n C.T.G., será conocido y aprobado por el Congreso Nacional,\n dentro de los (30) días posteriores a su recepción...".

\n\n

Que el Art. 64 de la Ley de Personal del Cuerpo .de Vigilancia\n de la Comisión de Tránsito del Guayas dispone:

\n\n

"Los miembros del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión\n de Tránsito del Guayas gozarán, cuando se hallen\n en cumplimiento de sus funciones específicas, de los fueros\n y facultades de que está investida la Policía Nacional",\n por lo cual en una interpretación realizada por los jueces\n y ministros de la Corte Policial del IV Distrito, todas las acciones\n penales que se inician en contra de los oficiales y vigilantes\n del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito\n del Guayas, son tramitados y conocidos por el fuero especial\n que se alega en los juzgados del IV Distrito de la Policía\n Nacional y en la Segunda Corte de la Policía Nacional,\n como si 'se tratara de miembros de la Policía Nacional.

\n\n

Que los vigilantes y oficiales del Cuerpo de Vigilantes de\n la Comisión de Tránsito del Guayas no son parte\n de la Policía Nacional y en consecuencia no integran la\n Fuerza Pública Ecuatoriana, lo que confronta a la norma\n constitucional, no siendo aceptable que una disposición\n reglamentaria disponga que además de las Fuerzas Armadas\n y de la Policía Nacional, deba concederse el fuero especial\n a los miembros del Cuerpo de Vigilantes de la Comisión\n de Tránsito del Guayas.

\n\n

Que lo señalado en los Arts. 64 de la Ley de Personal\n del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito\n del Guayas y 117 de su reglamento es contradictorio y confronta\n a la norma constitucional que consta en los Arts. 183 y 187 de\n la Carta Magna.

\n\n

Que el Art. 186 de la Constitución establece que: "Los\n miembros de la fuerza pública tendrán las mismas\n obligaciones y derechos que todos los ecuatorianos, salvo las\n excepciones que establecen la Constitución y la ley. Se\n garantizan la estabilidad y profesionalidad de los miembros de\n la fuerza pública. No se los podrá privar, de sus\n grados, honores ni pensiones sino por las causas y en la forma\n previstas por la ley".

\n\n

Que esta contradicción y confrontación de competencias\n fue alegada por el Sargento Julio Heredia en el juicio penal\n No. 02-2002 seguido en el Juzgado Primero del IV Distrito de\n la Policía Nacional, la que fue aceptada por el Juez en\n su resolución de 12 de agosto de 2002, que declaró\n inaplicable la norma contentiva en el Decreto Legislativo de\n Creación de la Comisión de Tránsito del\n Guayas de 5 de noviembre de 1948, en aplicación a lo que\n dispone el Art. 274 de la Constitución Política\n de la República, así como de los Arts. 5, numerales\n 4 y 5 del Código de Procedimiento Penal de la Policía\n Nacional, en cuanto a la jurisdicción; 6 que señala\n a los jefes y demás funcionarios, 129 que determina la\n incomunicación; 67 y 68 que determinan la existencia como\n pena de la absolución de la instancia. Libro V, Arts.\n 234 y 238 del Código de Procedimiento Penal; Art. 1 Código\n Penal de la Policía Nacional referente a faltas disciplinarias,\n y Art. 3, que han originado confusión a más de\n otros temas y con respecto a que los miembros de la Comisión\n de Tránsito (vigilantes) deben ser considerados empleados\n públicos o miembros de la Fuerza Pública, siendo\n sólo estos últimos quienes pueden en uso de una\n prerrogativa legal ser juzgados por los Juzgados y Tribunales\n Militares o Policiales en su orden".
\n
\n Que en providencia de 19 de agosto de 2002, el Juez Primero del\n Cuarto Distrito de la Policía Nacional, procede a aclarar\n su auto resolutivo de 12 de agosto de 2002, en el que manifiesta\n que: "...la Ley de Creación de la Comisión\n de Tránsito del Guayas fue derogada por la Ley Sustitutiva\n de la Ley de Creación de la Comisión de Tránsito\n del Guayas, promulgada en Registro Oficial No. 202 de 1 de junio\n de 1999 y por tanto las normas que deben ser declaradas inaplicables\n de conformidad con lo dispuesto en el Art. 274 de la Constitución\n Política de la República, son las establecidas\n en el Art. 64 de la Ley de Personal del Cuerpo de Vigilancia\n de la Comisión de Tránsito del Guayas de 10 de\n agosto de 1984 y Art. 117 del Reglamento de Disciplina y Sanciones\n de la Ley de Personal del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión\n de Tránsito de la Provincia del Guayas, publicado en el\n Registro Oficial No. 4 de viernes 14 de agosto del 998.".

\n\n

Que el Ministro Fiscal de la Segunda Corte Distrital de Justicia\n Policial en el proceso de apelación seguido en el caso\n No. 212-2002 en la Segunda Corte Distrital, señala el\n 17 de octubre de 2002 y el 20 de febrero de 2003, que se abstiene\n de emitir su dictamen pidiendo que el proceso sea devuelto al\n Juez a que, con el objeto de que emita su pronunciamiento.

\n\n

Que el Juez Primero del Cuarto Distrito de la Policía\n Nacional a pesar de haber declarado inaplicables las disposiciones\n legales referidas por ser contradictorias y confrontar normas\n constitucionales vigentes en los Arts. 183 y 186, no hizo llegar\n el informe al Tribunal Constitucional.

\n\n

Que de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 276, numeral 1 de\n la Constitución Política de la República\n del Ecuador y con el respectivo informe de procedibilidad de\n la Defensoría del Pueblo, recurre ante el Tribunal Constitucional\n para que se anulen las normas inconstitucionales en cuanto al\n fondo que se encuentran en vigencia en el Art. 64 de la Ley de\n Personal del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito\n del Guayas y en el Art. 117 de su reglamento.

\n\n

El Presidente del Congreso Nacional señala su casillero\n constitucional para notificaciones- futuras, en escrito presentado\n el 7 de julio de 2003.

\n\n

El Director de Patrocinio, delegado del Procurador General\n del Estado, en su contestación impugna y rechaza la demanda\n incoada, por carecer de fundamentos de hecho y de derecho y,\n señala:

\n\n

Que se desprende de los Arts. 2 de la Ley de Creación\n de la Comisión de Tránsito del Guayas y 4, literal\n g) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que\n las dos instituciones cumplen las mismas funciones en lo que\n respecta al tránsito y transporte terrestres. La Comisión\n de Tránsito del Guayas con competencia en la provincia\n del Guayas y la Policía Nacional en las restantes provincias\n del país.

\n\n

Que también existe similitud en lo que respecta al\n régimen de personal al que se sujetan sus miembros, por\n lo que frente á tales paralelismos y similitudes es lógico\n y jurídico que la Ley de Personal del Cuerpo de Vigilancia\n de la CTG y no el Reglamento de Disciplina y Sanciones, como\n afirma el actor, aplique los mismos fueros y facultades de los\n que están investidos el personal de la Policía\n Nacional.

\n\n

Que a las razones jurídicas señaladas se suman\n otras de orden práctico, que posibilitan que los miembros\n de los juzgados y tribunales policiales tengan mayor aptitud\n que los jueces ordinarios, para conocer y sancionar las conductas\n punibles de los miembros de la CTG, en el cumplimiento de sus\n funciones específicas.

\n\n

Por lo expuesto solicita se rechace la demanda de inconstitucionalidad\n planteada.

\n\n

El Subsecretario Jurídico, delegado del Presidente\n Constitucional de la República, expresó que la\n demanda no tiene amparo en norma jurídica constitucional\n alguna. La disposición constitucional señalada\n por el actor no consagra la atribución del Tribunal Constitucional\n de declarar la anulabilidad de normas inconstitucionales en cuanto\n al fondo y sería absurdo que el organismo declare la inconstitucionalidad\n de normas inconstitucionales.

\n\n

Que en el presente caso el Art. 119 de la Constitución\n Política de la República no puede ser desatendido.

\n\n

Que existe ilegitimidad de personería del actor y nulidad\n de la acción por violación del trámite y\n de la ley, así como por omisión de solemnidades\n sustanciales con las que no se allana, por lo que solicita se\n declare la nulidad absoluta de la demanda propuesta.

\n\n

Considerando:

\n\n

PRIMERO.- Que, el Pleno del Tribunal Constitucional es competente\n para conocer y resolver el presente caso, de conformidad con\n los artículos 276 número 1 de la Constitución,\n 62 de la Ley del Control Constitucional y 1 y siguientes del\n Reglamento de Trámite de Expedientes en el Tribunal Constitucional.

\n\n

SEGUNDO.- Que, el peticionario se encuentra legitimado para\n interponer esta acción constitucional, de conformidad\n con los artículos 277 número 5 de la Constitución\n y 18 letra e) de la Ley del Control Constitucional.

\n\n

TERCERO." Que, no se ha omitido solemnidad sustancial\n alguna que pueda incidir en la resolución de la causa,\n por lo que se declara su validez.

\n\n

CUARTO.- Que, el artículo 64 de la Ley de Personal\n del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito\n del Guayas, impugnado mediante esta acción, dice: "Los\n miembros del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito\n del Guayas gozaran, cuando se hallen en cumplimiento de sus funciones\n específicas, de los fueros y facultades de que está\n investida la Policía Nacional y de los beneficios que\n el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social entrega a dicha\n Institución Policial. En cuanto a sus atribuciones y subordinación\n jerárquica, estarán sometidos al Directorio y al\n Comando del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito".

\n\n

QUINTO.- Que, el artículo 117 del Reglamento de Disciplina\n y Sanciones de la Ley de Personal del Cuerpo de Vigilancia de\n la Comisión de Tránsito del Guayas, también\n impugnado mediante esta acción, dice: 'Toda conducta que\n no esté tipificada como falta leve, grave o atentatoria\n y en general configure un delito será materia de un proceso\n penal, que debe llevarse a cabo de acuerdo a lo previsto en el\n Código Penal y Procedimiento Penal de la Policía\n Nacional".

\n\n

SEXTO.- Que, mediante esta acción de\n inconstitucionalidad se pretende contraponer los artículos\n impugnados al artículo 187 de la Constitución Política\n de la República que dice: "Los miembros de la fuerza\n pública estarán sujetos a fuero especial para el\n juzgamiento de las infracciones cometidas en el ejercicio de\n sus labores profesionales. En caso de infracciones comunes, estarán\n sujetos a la justicia ordinaria".

\n\n

SÉPTIMO.- Que, si bien es cierto que de conformidad\n con el artículo 183 de la Constitución Política\n del Estado, los miembros de la Comisión de Tránsito\n del Guayas no son parte de la fuerza pública, no hay motivo\n para pensar que el fuero especial es patrimonio exclusivo de\n la fuerza pública, sino que el fuero es una institución\n que viene dada por una categoría especial del servidor,\n bien sea por su jerarquía, bien sea por su función;\n y, desde esta perspectiva, no es dable la contraposición\n entre los artículos impugnados y la disposición\n constitucional que hace referencia al fuero especial de la fuerza\n pública.

\n\n

OCTAVO.- Que, las funciones que cumplen tanto los miembros\n de la Comisión de Tránsito de la Provincia del\n Guayas como aquellos que integran la Policía Civil Nacional,\n en lo relativo al tránsito y transporte terrestres, son\n iguales, lo cual puede establecerse de la revisión de\n las disposiciones contenidas en .el artículo 2 de la Ley\n de Creación de la Comisión de Tránsito del\n Guayas y artículo 4 literal g) de la Ley Orgánica\n de la Policía Nacional, situación que se halla\n en plena concordancia con lo dispuesto en el artículo\n 31 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres.

\n\n

Dentro de estas acciones paralelas que realizan tanto la Policía\n Nacional como la Comisión de Tránsito del Guayas\n en lo relativo al tránsito, ésta tiene como finalidad\n regular, dirigir y controlar las actividades, operaciones y servicios\n de tránsito y transporte terrestres en la Provincia del\n Guayas.

\n\n

NOVENO.- Que, la similitud de acciones de tránsito,\n tanto de la Policía Civil Nacional y de la Comisión\n de Tránsito del Guayas, conlleva a que el régimen\n de personal al que se encuentran sometidos los miembros de las\n dos instituciones sean idénticos, razón por la\n cual la Ley de Personal de la Comisión de Tránsito\n del Guayas lo que hace es aplicar los mismos procedimientos a\n los que está sometido el personal de la Policía\n Nacional, y a ello se debe la legitimidad del fuero al que se\n someten los oficiales y personal de tropa de la Comisión\n de Tránsito del Guayas, toda vez que la competencia en\n materia penal nace exclusivamente de la ley, y en este sentido\n se debe entender el artículo 64 de la Ley de Personal\n del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito\n del Guayas, reglamentado por el artículo 117 del Reglamento\n de Disciplina y Sanciones de la Ley de Personal del Cuerpo de\n Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Guayas.

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones,

\n\n

Resuelve:

\n\n

1.- Desechar la demanda de inconstitucionalidad por el fondo\n propuesta en contra de los artículos 64 de la Ley de Personal\n del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito\n del Guayas y 117 del Reglamento de Disciplina y Sanciones de\n la Ley de Personal del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión\n de Tránsito del Guayas.

\n\n

2.- Publicar la presente resolución en el Registro\n Oficial.- Notifíquese.

\n\n

f.) Dr. Jaime Nogales Izurieta, Presidente (E).

\n\n

Razón: Siento por tal, que la resolución que\n antecede fue aprobada por el Tribunal Constitucional con cinco\n votos a favor correspondientes a los doctores Miguel Camba Campos,\n Rene de la Torre Alcívar, Manuel Jaramillo Córdova,\n Luis Rojas Bajaña y Jaime Nogales Izurieta y cuatro votos\n salvados de los doctores Millón Burbano Bohórquez,\n Enrique Herrería Bonnet, Mauro Terán Cevallos y\n Simón Zavala Guzmán, en sesión del día\n jueves veintiséis de febrero de dos mil cuatro.- Lo certifico.

\n\n

f.) Dr. Víctor Hugo López Vallejo, Secretario\n General.

\n\n

VOTO SALVADO DE LOS DOCTORES MILTON BURBANO BOHÓRQUEZ,\n ENRIQUE HERRERÍA BONNET, MAURO TERAN CEVALLOS Y SIMÓN\n ZAVALA GÜZMAN EN EL CASO SIGNADO CON EL NRO. 028-2003-TC.

\n\n

Quito. D.M., 26 de febrero de 2004.

\n\n

Con los antecedentes constantes en la resolución adoptada,\n discrepamos con la misma por las siguientes consideraciones:

\n\n

Que, el Pleno del Tribunal Constitucional es competente para\n conocer y resolver el presente caso, de conformidad con los artículos\n 276, número 1 de la Constitución, 62 de la Ley\n del Control Constitucional y 1 y siguientes del Reglamento de\n Trámite de Expedientes en el Tribunal Constitucional.

\n\n

Que, el peticionario se encuentra legitimado para interponer\n esta acción constitucional, de conformidad con los artículos\n 277, número 5 de la Constitución y 18, letra e)\n de la Ley del Control Constitucional.

\n\n

Que, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda\n incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara\n su validez.

\n\n

Que, el principio universal de la supremacía o de la\n fuerza normativa de la Constitución, está claramente\n consignado en nuestra Carta Política. De manera indefectible,\n los preceptos constitucionales tienen superioridad frente al\n resto, están en la cúspide de la jerarquía\n del ordenamiento jurídico ya que sus normas prevalecen\n sobre las demás leyes, las que deben mantener conformidad\n con sus disposiciones, sean éstas referentes al derecho\n público o al derecho privado, y consecuentemente\n sobre las disposiciones de la Ley de Personal del Cuerpo de\n Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Guayas\n y el Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Ley de Personal\n del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito\n de la Provincia del Guayas. Por tanto, aquellas normas opuestas\n a la Constitución son inválidas y este principio\n no puede ser eludido en ninguna circunstancia.
\n Si una ley admite dos interpretaciones o más debe escogerse\n aquella que sea conforme con la Constitución y/o con los\n instrumentos internacionales, si eso no es posible, aplicar la\n jurisprudencia y la doctrina internacionales. La fuerza normativa\n de la Constitución está consignada en el Art. 272\n de la Constitución Política cuando señala:\n "La Constitución prevalece sobre cualquier otra norma\n legal. Las disposiciones de leyes orgánicas y ordinarias,\n decretos-leyes, decretos, estatutos, ordenanzas, reglamentos,\n resoluciones y otros actos de los poderes públicos, deberán\n mantener conformidad con sus disposiciones y no tendrán\n valor si, de algún modo, estuvieren en contradicción\n con ella o alteraren sus prescripciones".

\n\n

Que, en la presente demanda se alega la inconstitucionalidad\n de fondo del Art. 64 de la Ley de Personal del Cuerpo de Vigilancia\n de la Comisión de Tránsito del Guayas, que fue\n aprobada mediante Ley No. 183 el 31 de julio de 1984, y el Art.\n 117 del Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Ley de Personal\n del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito\n de la Provincia del Guayas, aprobado mediante Acuerdo 204, Orden\n General 077 de 27 de marzo de 2000.

\n\n

Que, el Estado posee potestad que es el poder público\n que tiene para cumplir los objetivos de su creación, es\n la fuerza moral que nacida de la soberanía permite gobernar\n a la nación; vale decir, el Estado es el único\n titular del poder público que le otorga la autoridad moral\n y jurídica suficientes para cumplir con los propósitos\n nacionales permanentes, y por ello la potestad pública\n es connatural a la existencia misma del Estado, no es prerrogativa,\n sino poder efectivo, real, mensurable proveniente de la soberanía;\n su fuerza es inicialmente moral, pero se exterioriza jurídicamente\n por medio de la Constitución y de las leyes y se hace\n efectiva por la capacidad coactiva que tiene el mismo Estado.\n El Estado tiene la potestad de legislar pero entrega esa función\n o la encarga a un órgano como es el Congreso Nacional,\n así como la potestad de administrar justicia, misma que\n la encarga a la Función Jurisdiccional, y la superior\n capacidad para dirigir políticamente a toda la sociedad,\n valiéndose para ello de instrumentos como la fuerza pública,\n integrada por las fuerzas armadas, cuyo fin principal es la defensa\n nacional, garantizar la soberanía e independencia nacional,\n defender la integridad territorial y el ordenamiento constitucional;\n y, la Policía Nacional que tiene entre sus objetivos garantizar\n el mantenimiento del orden público, esto es, asegurar\n la tranquilidad, la seguridad y salubridad públicas. De\n manera taxativa el Art. 183 de la Constitución Política\n preceptúa: "La fuerza pública estará\n constituida por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional".

\n\n

Que, la Ley de la Comisión de Tránsito del Guayas\n en su Art. 2 determina que la institución .tiene como\n finalidad "...regular, dirigir y controlar las actividades,\n operaciones y servicios de tránsito y el transporte terrestre\n en la jurisdicción de la provincia del Guayas. La planificación\n y organización de estas acciones podrán ser coordinadas\n con las municipalidades de esta provincia. Para el logro de sus\n fines la Comisión de Tránsito de la Provincia del\n Guayas a través de su Directorio podrá aplicar\n tarifas retributivas de los servicios públicos que presta,\n previo cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 7 del Código\n Tributario". En consecuencia, esta ley tiene como fin especifico\n normar aquello que tiene que ver con el servicio de tránsito\n y transporte terrestres concretamente en la provincia del Guayas,\n siendo su esfera de competencia y ámbito de atribuciones\n legalmente previstas, diversas y distintas de aquellas asignadas\n constitucionalmente a la fuerza pública.

\n\n

Que, concretamente el Art. 64 de la Ley de Personal del Cuerpo\n de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Guayas,\n establece que "Los miembros del Cuerpo de Vigilancia de\n la Comisión de Tránsito del Guayas gozarán,\n cuando se hallen en cumplimiento de sus funciones especificas,\n de los fueros y facultades de que está investida la Policía\n Nacional y de los beneficios que el Instituto Ecuatoriano de\n Seguridad Social entrega a dicha Institución Policial.\n En cuanto a sus atribuciones y subordinación jerárquica,\n estarán sometidos al Directorio y al Comando del Cuerpo\n de Vigilancia de la Comisión de Tránsito".\n Norma que al ser confrontada con la Carta Política, evidencia\n que 'la contradice, por cuanto, el personal de la Comisión\n de-Tránsito del Guayas, si bien puede tener un régimen\n de jerarquías y disciplina asimilable a la Policía\n Nacional, no forma parte, ni es una rama de la Policía\n Nacional. Lo propio cabe precisar con el Art. 117 del Reglamento\n de Disciplina y Sanciones de la Ley de Personal del Cuerpo de\n Vigilancia de la Comisión de Transito de la Provincia\n del Guayas, que de manera puntual señala: "Toda conducta\n que no esté tipificada como falta leve, grave o atentatoria\n y en general configure un delito, será materia de un proceso\n penal, que debe llevarse a cabo de acuerdo a lo previsto en el\n Código Penal y Procedimiento Penal de la Policía\n Nacional Disposiciones que a su vez contrarían a los\n Arts. 4 del Código Penal de la Policía y 7 del\n Código de Procedimiento
\n Penal de la Policía Nacional, que otorgan y aplican el\n fuero a los miembros de la institución policial respecto\n de las infracciones cometidas en el ejercicio de la función,\n y en lo fundamental con el Art. 183 de la Carta Política\n que consigna: "La fuerza pública estará constituida\n por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional".

\n\n

Por todo lo expuesto, se debe:

\n\n

1.- Declarar la inconstitucionalidad por vicios de fondo del\n Art. 64 de la Ley de Personal del Cuerpo de Vigilancia de la\n Comisión de Tránsito del Guayas, y el Art. 117\n del Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Ley de Personal\n del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito\n de la Provincia del Guayas.

\n\n

2.- Publicar esta resolución en el Registro\n Oficial.- Notifíquese.

\n\n

f.) Dr. Milton Burbano Bohórquez, Vocal.

\n\n

Dr. Enrique Herrería Bonnet, Vocal.

\n\n

f.) Dr. Mauro Terán Cevallos, Vocal.

\n\n

f.) Dr. Simón Zavala Guzmán, Vocal.

\n\n

RAZÓN: Siento por tal, que el doctor Enrique Herrería\n Bonnet, Vocal del organismo no suscribe el voto salvado que antecede\n por cuanto se encuentra haciendo uso de licencia. Quito, 15 de\n marzo de 2004.- Lo certifico.

\n\n

f.) Dr. Víctor Hugo López Vallejo, Secretario\n General.

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Quito,\n a 15 de marzo de 2004.- f.) El Secretario General.

\n\n

Nro.\n 039-2003-TC

\n\n

"EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso Nro. 039-2003-TC

\n\n

ANTECEDENTES: Los señores Francisco Chipantiza, en\n representación de CERLUX, Luis Santos, en representación\n de ARKETIP'S, Miguel Prado, en representación de CENYCA,\n David Abramowicz, en representación de IMPORTACIONES ABRAMOWICZ\n RICAURTE S.A., con el informe de procedencia emitido por el Defensor\n del Pueblo, demandan la inconstitucionalidad de las normas contenidas\n en las letras i) y j) del artículo 11 de la Ley de Comercio\n Exterior e Inversiones, LEXI, en la parte que facultan a) COMEXI\n a crear tributos arancelarios al comercio exterior ecuatoriano\n y la inconstitucionalidad íntegra de la Resolución\n No 205 expedida por el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones\n (COMEXI), publicada en el Registro Oficial No 159 de 1 de septiembre\n de 2003, con vigencia desde el 2 de septiembre de 2003, de conformidad\n con el número 1 del artículo 276 de la Constitución.

\n\n

Señalan que la salvaguardia es una medida de excepción,\n de carácter transitorio, que se aplica mediante un incremento\n arancelario a las importaciones de productos al territorio nacional,\n cuando se cumplen determinadas condiciones que causen o amenacen\n causar daños graves a la rama de producción nacional\n o que produce productos similares o directamente competidores.\n (Artículo 252. del Decreto Ejecutivo No 3497). Indican\n que la Ley de Comercio Exterior e Inversiones, en su artículo\n 11, letras i) y j), atribuía la competencia para imponer\n ese incremento arancelario al Consejo de Comercio Exterior e\n Inversiones, COMEXI, órgano colegiado que integra la Función\n Ejecutiva, de acuerdo con los artículos 164 y 176 de la\n Constitución Política de la República y\n artículos 15 y 16 del Estatuto del Régimen Jurídico\n Administrativo de la Función Ejecutiva. Que el artículo\n 9, letra a) de la Ley Orgánica de Aduanas (Registro Oficial\n No 359 de 13 de julio de 1998), define a los derechos arancelarios,\n en cuanto a su porcentaje ad valórem, como tributos al\n comercio exterior y son competencia privativa del Presidente\n de. la República (Art. 257, inciso final de la, Constitución).\n Que los incrementos del arancel de importaciones, denominados\n pararancelarios, son también tributos, en razón\n a que se encuentran dentro de la clasificación que formula\n el artículo 1, inciso segundo, del Código Tributario\n como impuestos. Que la Ley de Aduanas, que tiene la categoría\n de orgánica, asigna la competencia del incremento de las\n tarifas arancelarias, en exclusiva, al Presidente de la República,\n en concordancia con el inciso final del artículo 257 de\n la Constitución, y al COMEXI le atribuye la competencia\n de dictaminar con carácter necesario sobre el incremento\n tarifario de los aranceles al Ejecutivo. Que el Congreso Nacional\n mediante la expedición de una ley, delega su competencia,\n vigente desde la reforma de 1998, de establecer, modificar o\n suprimir, mediante ley, impuestos, tasas u otros ingresos públicos,\n excepto tasas y contribuciones especiales (artículo 130,\n número 6 de la Constitución) al Presidente de la\n República, en cuanto a los aranceles de importación\n y exportación, pero éste no se encuentra facultado\n para delegar lo que a él le ha sido delegado. Que las\n normas de competencia previstas en las letras i) y j) del artículo\n 11 de la Ley de Comercio Exterior e Inversiones, LEXI, vigente\n desde el año 1997, al sustraer la competencia delegada\n al Presidente de la República por el artículo 22\n de la Ley Orgánica de Aduanas, de incrementar los tributos\n arancelarios (salvaguardias) y atribuirla al COMEXI, adolecen\n de inconstitucionalidad sobrevenida, pues contradice la norma\n prevista en el inciso final del artículo 257 y/o al numeral\n 6 del artículo 130 de la Carta Política, vigente\n desde el 10 de agosto de 1998, y que en el caso de no ser inconstitucional,\n fueron tácitamente derogadas por la norma prevista en\n el artículo 15 de la Ley Orgánica de Aduanas, vigente\n desde el 13 de julio de 1998. Indica que, ya sea por inconstitucionalidad\n o por derogatoria tácita, el COMEXI no tiene competencia\n alguna a la fecha, para expedir resoluciones que contengan la\n creación de tributos, y al hacerlo violenta las normas\n previstas en los artículos 119 y 257 de la Constitución\n y que, al no ser constitucionalmente competente el COMEXI, por\n carecer de validez constitucional o jurídica la atribución\n que le conferían las letras i) y j) del artículo\n 11 de la LEXI, la Resolución No 205, adoptada por ese\n órgano, resulta también inconstitucional. Insisten\n en que el Tribunal Constitucional debe declarar la inconstitucionalidad\n de la competencia del COMEXI para crear tributos al comercio\n exterior, en vista de lo prescrito en el número 6 del\n artículo 130 y artículo 257 de

 

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