Registro Oficial. 7 de OCTUBRE del 2003

Martes, 07 de octubre de 2003

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

\n \n \n \n
   MES DE OCTUBRE DEL 2003
\n \n \n \n
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Martes, 7 de Octubre del 2003 - R. O. No. 185

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR
\n

\n FUNCIÓN\n EJECUTIVA

\n\n

DECRETO:

\n\n

884\n Deróganse\n los decretos ejecutivos Nos. 256, 429 y 660, publicados en los\n registros oficiales Nos. 56 de 7 de abril y 146 de 13 de agosto\n de 2003

\n\n

RESOLUCIONES:

\n\n

CONSEJO\n NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

\n\n

2003-20\n Expídense\n la Estructura y el Estatuto Orgánico por Procesos.

\n\n

DIRECCIÓN\n GENERAL DE LA MARINA MERCANTE Y DEL LITORAL
\n
\n
244/2003\n Expídense las normas para implementar las enmiendas\n al Convenio SOLAS 74 (12-XII-2002) y en especial el Código\n Internacional para la Protección de los Buques y de las\n Instalaciones Portuarias (Código PBIP), en el Ecuador

\n\n

FUNCIÓN\n JUDICIAL

\n\n

CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA PRIMERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL:

\n\n

Recursos de casación\n en los juicios seguidos por las siguientes personas:

\n\n

129-2003\n José\n Suárez Núñez en contra de EPAP-G y otro

\n\n

131-2003\n Manuel Curillo\n Lima en contra de la Muy Ilustre Municipalidad de Cuenca.

\n\n

138-2003\n Mirtha Díaz\n Ramírez en contra de Comisariato, San Rafael S.A.

\n\n

139-2003 Gilberto S. Florencia Ronzare\n en contra de PACIFICTEL S.A.

\n\n

141-2003 Clara del Carmen Tipán\n en contra del IESS

\n\n

149-2003\n Jaime Patricio\n Castro Eras en contra de la Empresa K.P.I

\n\n

150-2003\n Antonio Quiñónez\n Angulo en contra de Angel Celio Jiménez y otro.

\n\n

155-2003 Angler Marquínez Reasco\n en contra de Autoridad Portuaria de Esmeraldas

\n\n

157-2003\n Rosa Elvira\n Checa Carrillo en contra del IESS

\n\n

160-2003 Manuel Cléver Torres\n Rodas en contra del Ministerio de Educación y Cultura\n y
\n otros

\n\n

163-2003 Máximo Emiliano Tandazo\n Gallegos en contra de la Sociedad Agrícola e Industrial\n San Carlos

\n\n

169-2003\n Ingeniero César\n Antonio Parrales Acevedo en contra de la Compañía\n FERTISA, Fertilizantes Terminales y Servicios S.A

\n\n

170-2003\n Olmedo Noboa\n Castillo en contra del Municipio de Guayaquil.

\n\n

181-2003\n Rómulo\n Tapia Saldaña en contra de Autoridad Portuaria de Guayaquil.

\n\n

182-2003 Rosendo Sigifredo Molina Santamaría\n en contra de la Empresa INEPACA

\n\n

190-2003\n José\n Lizandro Cerón Olla en contra de la Empresa Cemento Chimborazo\n y otros

\n\n

319-2003\n Juan Alfredo\n Molestina García en contra de la Organización Química\n Farmacéutica
\n Cía. Ltda., ORQUIFA.

\n\n

ORDENANZA\n MUNICIPAL:

\n\n

-\n Gobierno Municipal de Mocha: Que reglamenta la Estructura\n Orgánica Funcional por Procesos \n

\n \n
\n

 

\n\n

No. 884

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo No 256, publicado en el Registro\n Oficial No 56 de 7 de abril de 2003, se conformé la Corporación\n Nacional del Migrante - CORPAM, como entidad de derecho público,\n con presupuesto propio, con autonomía administrativa y\n financiera y con domicilio principal en la ciudad de Quito;

\n\n

Que a través de Decreto Ejecutivo No 660, publicado\n en el Registro Oficial No 146 de 13 de agosto de 2003 se sustituyó\n el Art. 4 del Decreto Ejecutivo N0 256 y se aprobé el\n Estatuto de la Corporación Nacional de Protección\n al Migrante - CORPAM;

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo No 429 de 20 de mayo de 2003,\n el Presidente Constitucional de la República nombré\n al doctor Héctor Hugo Falconí Escobar como su delegado\n ante el Directorio y Presidente de la Corporación Nacional\n de Protección del Migrante; y,

\n\n

En ejercicio de la facultad que le confiere el Art. 171 numeral\n 9 de la Constitución Política de la República\n y Art. 11 literal h) del Estatuto del Régimen Jurídico\n y Administrativo de la Función Ejecutiva,

\n\n

Decreta:

\n\n

Artículo 1.- Deróganse los decretos ejecutivos\n Nos. 256, publicado en el Registro Oficial No 56 de abril 7 de\n 2003,

\n\n

Decreto Ejecutivo No 429 y Decreto Ejecutivo No 660, publicado\n en el Registro Oficial No 146 de agosto 13 de 2003.

\n\n

Artículo 2.- El presente, decreto ejecutivo entrará\n en vigencia a partir de la presente fecha sin perjuicio de su\n publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 30 de septiembre\n de 2003.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbón, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Patricio Acosta Jara, Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

No 2003-20

\n\n

EL SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO NACIONAL\n DE RECURSOS HÍDRICOS - CNRH

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, la Oficina de Servicio Civil y Desarrollo Institucional,\n mediante oficio No. OSCIDI-2003- 1927, remitió las políticas\n de ubicación de los servidores del Consejo Nacional de\n Recursos Hídricos, dentro de la estructura ocupacional\n genérica y escala de sueldos básicos, conforme\n lo establecido en la norma técnica de "Ubicación\n Inicial de los Servidores Públicos en el Desarrollo de\n la Carrera", expedida mediante Resolución No. OSCIDI-0034-2000,\n publicada en el Suplemento del Registro Oficial 234 del 29 de\n diciembre de 2000 y sus reformas;

\n\n

Que, mediante Resolución No. OSCIDI-2003-04 1 del 26\n de septiembre de 2003, la Oficina de Servicio Civil y Desarrollo\n Institucional - OSCIDI, emitió dictamen favorable al Estatuto\n Orgánico por Procesos de la Secretaría General\n del Consejo Nacional de Recursos Hídricos;

\n\n

Que, mediante el Decreto Ejecutivo No. 871, publicado en el\n Suplemento del Registro Oficial No. 177 de septiembre 25 de 2003,\n se reactiva la Secretarla General del Consejo Nacional de Recursos\n Hídricos;

\n\n

Que, las atribuciones determinadas en los artículos\n 35 de la Ley de Modernización del Estado y Prestación\n de Servicios por parte de la Iniciativa Privada; y, 84 del Estatuto\n del Régimen Jurídico Administrativo de la Función\n Ejecutiva,

\n\n

Que, en virtud de lo señalado en el artículo\n 11, literal 1) del Reglamento Orgánico Funcional del CNRH;\n y,

\n\n

Que, por lo determinado en el Art. 6, literal d) del Decreto\n Ejecutivo 871 de 22 de septiembre de 2003,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Artículo 1.- Expedir la Estructura y Estatuto Orgánico\n por Procesos de la Secretaria General del Consejo Nacional de\n Recursos Hídricos, integrado por los siguientes procesos:

\n\n

1. PROCESOS GOBERNANTES

\n\n

1.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ADMINISTRACIÓN\n Y CONTROL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS A NIVEL NACIONAL

\n\n

Responsable: Consejo Directivo

\n\n

1.2. GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO\n DE LA ADMINISTRACIÓN, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE\n LOS RECURSOS HÍDRICOS A NIVEL NACIONAL

\n\n

Responsable: Secretario General

\n\n

2. PROCESOS HABILITANTES

\n\n

2.1 DE ASESORIA; conformado por los siguientes procesos:

\n\n

2.1.1. ASESORIA JURÍDICA

\n\n

Responsable: Director Técnico de Área

\n\n

2.1.2. PLANIFICACIÓN

\n\n

Responsable: Director Técnico de Área

\n\n

2.2. DE APOYO; conformado por los siguientes procesos:

\n\n

2.2.1 GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
\n
\n Conformado por los siguientes subprocesos:

\n\n

2.2.1.1 Gestión de recursos humanos.

\n\n

2.2.1.2 Gestión de desarrollo informático.

\n\n

2.2.1.3 Gestión de servicios institucionales.

\n\n

Responsable: Director Técnico de Área

\n\n

2.2.2 GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

\n\n

Conformado por los siguientes subprocesos:

\n\n

2.2.2.1 Presupuesto.

\n\n

2.2.2.2 Contabilidad.

\n\n

2.2.2.3 Administración de Caja.

\n\n

Responsable: Director Técnico de Aren

\n\n

3. MACRO PROCESO AGREGADOR DE VALOR

\n\n

DIRECCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN PRODUCTIVA DEL CONSEJO\n NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS -CNRH--

\n\n

Responsable: Director Técnico

\n\n

Con los siguientes procesos:

\n\n

3.1 DIRECCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

\n\n

Conformado por los siguientes subprocesos:

\n\n

3.1.1 Estudios y regulaciones para la administración\n del agua.

\n\n

3.1.2 Supervisión y asesoramiento técnico-legal\n a las agencias.

\n\n

Responsable: Coordinador de Procesos

\n\n

 

\n\n

3.2 GESTIONA PARA LA CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN\n Y USO DEL RECURSO HÍDRICO

\n\n

Conformado por los siguientes subprocesos:

\n\n

3.2.1 Manejo del agua en cuencas hidrográficas.
\n
\n 3.2.2 Gestión para el uso del recurso hídrico.

\n\n

Responsable: Coordinador de procesos

\n\n

4... PROCESOS DESCONCENTRADOS

\n\n

4.1 ASESORIA TÉCNICA LEGAL

\n\n

Responsable: Coordinador de procesos.

\n\n

Articulo 2.- La presente resolución entrará\n en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su\n publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n 26 de septiembre de 2003.

\n\n

f.) Ing. Bolívar Muñoz Reinoso, Secretario General\n del CNRH (E).

\n\n

Secretaria General.

\n\n

C.N.R.H.

\n\n

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los\n archivos de la institución.

\n\n

Quito, 26 de septiembre de 2003.

\n\n

f.) Ilegible, Responsable de Documentación y Archivo.

\n\n

(Anexo 07OCT1)

\n\n

N 244/2003

\n\n

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA\n MERCANTE Y DEL LITORAL

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el Ecuador es parte contratante del Convenio Internacional\n para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS, 74);

\n\n

Que el Convenio SOLAS 74, mediante la Resolución 2\n de la Conferencia de los Gobiernos Contratantes del Convenio\n adoptó en el Capítulo XI-2 las enmiendas relativas\n a las medidas especiales para incrementar la seguridad y protección\n marítima (12-XII-02), una de las cuales contiene el Código\n Internacional para la Protección de los Buques y de las\n Instalaciones Portuarias (PBIP), el mismo que exige que los buques,\n las compañías y las instalaciones portuarias cumplan\n obligatoriamente las prescripciones estipuladas en la Parte "A"\n de ese código, que entrará en vigor el 1 de julio\n de 2004. En la parte "B" del mismo, se encuentran las\n orientaciones relativas a la implementación de las disposiciones\n sobre protección tanto del Convenio SOLAS 74 como de la\n parte "A" de dicho código;

\n\n

Que el Art. 7 de la Ley General del Transporte Marítimo\n y Fluvial, faculta a la Dirección General de la Marina\n Mercante y del Litoral (DIGMER) a velar y tomar acciones para\n la aplicación de las normas internacionales o tratados\n de los que el Ecuador es signatario, para la seguridad y desarrollo\n de las actividades marítimas, así como velar por\n el mantenimiento de los principios de autoridad, responsabilidad\n y disciplina en los buques y más embarcaciones dedicados\n al tráfico marítimo y fluvial;

\n\n

Que la Ley General de Puertos en su Art. 5, faculta a la Dirección\n General de la Marina Mercante y del Litoral, DIGMER a realizar\n inspecciones periódicas a las entidades portuarias y formular\n recomendaciones del caso, así como fiscalizar el uso de\n todos los puertos o instalaciones marítimas o fluviales\n concedidos a personas naturales o jurídicas, privados\n o públicos;

\n\n

Que la Ley de Régimen Administrativo de los Terminales\n Petroleros, en su Art. 4, establece que las funciones de seguridad\n y control en la jurisdicción de los terminales petroleros,\n estarán a cargo del Destacamento Naval que fuere designado\n por la Armada Nacional, que actuará de acuerdo a normas,\n directivas y leyes especiales de la institución, en coordinación\n con la Superintendencia del Terminal y de las autoridades civiles\n y militares de la plaza;

\n\n

Que la Dirección General de la Marina Mercante y del\n Litoral DIGMER, en representación del Gobierno Nacional\n y en uso de las facultades conferidas por las leyes arriba mencionadas,\n debe hacer cumplir las nuevas prescripciones de este código\n a las compañías navieras y sus buques de tráfico\n internacional, a las autoridades portuarias, a los terminales\n portuarios privados, y a los terminales portuarios petroleros\n para detectar y prevenir actos que supongan una amenaza para\n la protección del sector del transporte marítimo\n y portuario, y adoptar las medidas preventivas contra tales sucesos;\n y,

\n\n

En uso de las facultades que le concede el literal e) del\n Art. 7 de la Ley General de Transporte Marítimo y Fluvial\n y en concordancia con el literal b) del Art. 5 de la Ley General\n de Puertos,

\n\n

Resuelve:

\n\n

EXPEDIR LAS SIGUIENTES NORMAS PARA IMPLEMENTAR LAS ENMIENDAS\n AL CONVENIO SOLAS, 74 (12-XII-2002) Y EN ESPECIAL EL CÓDIGO\n INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BUQUES Y DE LAS\n INSTALACIONES PORTUARIAS (CÓDIGO PBIP), EN EL ECUADOR.

\n\n

Art. 1.- Disponer el cumplimiento del Código Internacional\n para la Protección de los Buques y de las Instalaciones\n Portuarias (PBIP), a las compañías navieras y sus\n buques de tráfico internacional, a las autoridades portuarias,\n a los terminales portuarios privados, y a los terminales portuarios\n petroleros, que se encuentran bajo la jurisdicción marítima\n ecuatoriana.

\n\n

Art. 2.- Disponer que se establezcan los procedimientos de\n cooperación y coordinación interinstitucional de\n las entidades indicadas en el numeral anterior con los organismos\n ecuatorianos de competencia y jurisdicción local, seccional\n y nacional en apoyo a la protección marítima y\n portuaria (FF.AA., Policía Nacional, Defensa Civil, Corporación\n Aduanera Ecuatoriana, cuerpos de bomberos, Cruz Roja, etc.).

\n\n

Art. 3.- Emitir las disposiciones específicas como\n se indican a continuación:

\n\n

3.1 COMPAÑÍAS NAVIERAS Y SUS BUQUES DE TRAFICO\n INTERNACIONAL

\n\n

1) Toda compañía naviera que opere buques de\n bandera nacional en tráfico internacional deberá\n designar un Oficial de la Compañía para la Protección\n Marítima (OCPM) y un Oficial de Protección del\n Buque (OPB) para cada uno de sus buques.

\n\n

2) Entre las responsabilidades del Oficial de la Compañía\n para la Protección Marítima (OCPM), están:

\n\n

a) Verificar que se realice la Evaluación de Protección\n del Buque (EPB);

\n\n

b) Verificar que se prepare el Plan de Protección de\n cada Buque de la Compañía (PPB);

\n\n

c) Presentar el Plan de Protección del Buque (EPB)\n para la aprobación de la Autoridad Marítima Nacional\n (DIGMER);

\n\n

d) Verificar que el Plan de Protección respectivo se\n lleve a bordo del buque que está obligado a cumplir con\n la Parte "A" del Código PBIP; y,

\n\n

e) Coordinar permanentemente sus acciones con el
\n Oficial de Protección del Buque (OPB) y con el
\n Oficial de Protección de la Instalación Portuaria
\n (OPIP).

\n\n

3) La responsabilidad de preparación del Oficial de\n Protección de la Compañía, del Oficial de\n Protección del Buque y del personal involucrado en la\n protección marítima, recae en la compañía\n o armador.

\n\n

4) La compañía se asegurará de que en\n el Plan de Protección del Buque (PPB) conste una declaración\n de que el Capitán ostenta la máxima autoridad y\n la responsabilidad de adoptar decisiones en relación con\n la seguridad y la protección del buque y de solicitar\n ayuda a la compañía o a la DIGMER.

\n\n

5) La compañía garantizará que el Oficial\n de la Compañía (OCPM) y el Oficial de Protección\n del Buque (OPB) cuentan con el apoyo necesario para sus tareas\n y responsabilidades conforme el Capítulo XI.2 de SOLAS,\n 74 y del Código PBIP.

\n\n

6) La Evaluación de Protección del Buque (EPB)\n es parte integrante y esencial de la elaboración y actualización\n del Plan de Protección del Buque (PPB).

\n\n

7) La Evaluación de la Protección del Buque\n EPB incluirá:

\n\n

a) Identificación de las medidas, procedimientos y\n actividades existentes en relación con la protección;

\n\n

b) Identificación y evaluación de las actividades\n esenciales a bordo que es importante proteger;

\n\n

e) Identificación de las posibles amenazas para las\n actividades esenciales a bordo del buque y la probabilidad que\n se concreten, a fin de establecer medidas de protección\n y el orden de prioridad de las mismas; y,

\n\n

d) Identificación de los puntos débiles, incluidos\n los relacionados con el factor humano en relación con\n su perfil ocupacional, políticas y procedimientos.

\n\n

8) Todo buque de tráfico internacional de más\n de 500 TRB y aquellos de tráfico nacional que la DIGMER\n determine llevarán a bordo un PPB aprobado por la Autoridad\n Marítima Nacional.

\n\n

9) Una Organización de Protección Reconocida\n (OPR) por la Autoridad Marítima Nacional (DIGMER), puede\n realizar evaluaciones de protección y preparar el Plan\n de Protección para un determinado Buque (PPB).

\n\n

10) El Plan PPB comprenderá las medidas a tomarse y\n los procedimientos a seguir para los tres niveles de protección\n que determine la Autoridad Marítima Nacional, será\n redactado en español e incluirá una traducción\n en idioma inglés. El plan se ocupará, como mínimo\n de lo siguiente:

\n\n

a) Medidas previstas para evitar que se introduzcan a bordo\n del buque armas, sustancias peligrosas y dispositivos destinados\n a ser utilizados contra personas, buques o instalaciones portuarias\n y cuyo transporte no esté autorizado;

\n\n

b) Identificación de las zonas restringidas y medidas\n para prevenir el acceso no autorizado a ellas;

\n\n

c) Medidas para prevenir el acceso no autorizado al buque;

\n\n

d) Procedimientos para hacer frente a las amenazas para la\n protección o a un fallo de las medidas de protección,\n incluidas las disposiciones necesarias para mantener las operaciones\n esenciales del buque o de la interfaz buque-puerto;

\n\n

e) Procedimientos para responder a cualquier instrucción\n que emita la DIGMER sobre el Nivel de Protección 3;

\n\n

f) Procedimientos para la evacuación en caso de amenaza\n para la protección o de fallo de las medidas de protección;

\n\n

g) Tareas del personal de a bordo al que se le asignen responsabilidades\n de protección y del resto del personal de a bordo en relación\n con la protección;

\n\n

h) Procedimientos para verificar las actividades de protección;

\n\n

i) Procedimientos para la formación, los ejercicios\n y las prácticas relacionados con el plan;

\n\n

j) Procedimientos para la interfaz con las actividades de\n protección de las instalaciones portuarias;

\n\n

k) Procedimientos para el examen periódico del plan\n y su actualización:

\n\n

l) Procedimientos para informar de los sucesos que afecten\n a la protección marítima;

\n\n

m) Identificación del Oficial de Protección\n del Buque;

\n\n

n) Identificación del Oficial de la Compañía\n para la Protección Marítima OCPM, con sus datos\n de contacto para las 24 horas del día,

\n\n

o) Procedimientos para garantizar que se llevan a cabo las\n inspecciones, pruebas, calibrado y mantenimiento del equipo de\n protección de a bordo;

\n\n

p) La frecuencia con que se deberá someter a prueba\n o calibrar el equipo de protección de a bordo;

\n\n

q) Identificación de los lugares donde se encuentren\n los dispositivos para activar el sistema de alerta de protección\n del buque; y,

\n\n

r) Procedimientos, instrucciones y orientaciones para la utilización\n del sistema de alerta de protección del buque, así\n como para su prueba, activación, desactivación\n y reactivación, y para limitar el número de falsas\n alarmas.

\n\n

11) El Plan de Protección del Buque (PPB) deberá\n ser presentado a la DIGMER para su aprobación, luego de\n la cual, extenderá el Certificado Internacional de Protección\n del Buque (CIPB) previsto en el código.

\n\n

12) El plan puede mantenerse en formato electrónico,\n pero deberá estar protegido contra el acceso o divulgación\n no autorizados.

\n\n

13) Las medidas de protección previstas en el PPB deben\n haberse implantado cuando se lleve a cabo la verificación\n inicial del cumplimiento de lo prescrito en el Capítulo\n XI-2 y en la Parte A del Código PBIP. De lo contrario\n no podrá expedirse el Certificado Internacional de Protección\n del Buque (CIPB).

\n\n

14) En cada buque se designará un Oficial de Protección\n del Buque (OPB). Sus principales tareas, además de las\n contenidas en el Código PBIP, son las siguientes:

\n\n

a) Realizar inspecciones periódicas de la protección\n del buque para asegurarse de que se mantienen las medidas de\n protección que corresponda;

\n\n

b) Mantener y supervisar la implantación del PPB, incluyendo\n sus enmiendas;

\n\n

e) Coordinar los aspectos de protección en la manipulación\n de las provisiones y de la carga del buque con personal ajeno\n al mismo y con los Oficiales de Protección de las Instalaciones\n Portuarias (OPIP) pertinentes;

\n\n

d) Proponer modificaciones al PPB;

\n\n

e) Informar al Oficial de Protección de la Compañía\n para la Protección Marítima OCPM de toda deficiencia\n e incumplimiento descubiertos durante las auditorías internas,\n revisiones periódicas, inspecciones de protección\n y verificaciones del cumplimiento y ejecución de cualquier\n medida correctiva;

\n\n

f) Promover la toma de conciencia de la protección\n y la vigilancia a bordo;

\n\n

g) Garantizar que se ha impartido formación adecuada\n al personal de a bordo;

\n\n

h) Notificar todos los sucesos que afecten a la protección;

\n\n

i) Coordinar la implantación del PPB con el Oficial\n de la Compañía para la Protección Marítima\n OCPM y el Oficial de Protección de la Instalación\n Portuaria OPIP pertinente; y,

\n\n

j) Garantizar el funcionamiento, prueba, calibrado y mantenimiento\n adecuados del equipo de protección.

\n\n

3.2 AUTORIDADES PORTUARIAS Y PUERTOS PRIVADOS

\n\n

1) En las entidades portuarias, aún cuando sus instalaciones,\n parcial o totalmente, se encuentren bajo las figuras jurídicas\n de concesión o permiso, la responsabilidad de implementar\n el Código PBIP recae en la administración de la\n Autoridad Portuaria.

\n\n

2) En los terminales portuarios privados, la responsabilidad\n de implementar el Código PBIP recae en la administración\n de los mismos.

\n\n

3) Es obligatorio que se realice una Evaluación de\n la Protección (EPIP) de cada una de las instalaciones\n de las autoridades portuarias y puertos privados en el territorio\n ecuatoriano que presten servicio a buques dedicados a viajes\n internacionales.

\n\n

4) La Evaluación de la Protección de la Instalación\n Portuaria (EPIP) es fundamentalmente un análisis de riesgos\n de todos los aspectos de las operaciones de la instalación\n portuaria, para determinar qué elemento o elementos de\n éstas son susceptibles y/o tienen la posibilidad de sufrir\n un ataque.

\n\n

5) La evaluación EPIP incluirá lo siguiente:

\n\n

a) Determinar la amenaza percibida para las instalaciones\n portuarias e infraestructuras;

\n\n

b) Determinar los posibles puntos vulnerables; y,

\n\n

c) Calcular las consecuencias del suceso.

\n\n

6) La Evaluación de la Protección de la Instalación\n Portuaria EPIP de las autoridades portuarias y puertos privados\n será realizada por cada uno de ellos. La Autoridad Marítima\n Nacional DIGMER podrá autorizar a dichas autoridades portuarias\n y puertos privados para que una Organización de Protección\n Reconocida OPR por la DIGMER realice la evaluación de\n protección de las mencionadas instalaciones.

\n\n

7) A la Autoridad Marítima Nacional DIGMER, le corresponde\n examinar dicha evaluación y aprobarla si cumple con lo\n dispuesto en el Código PBIP.

\n\n

8) La Evaluación de la Protección de la Instalación\n Portuaria (EPIP) correspondiente, deberá incluir como\n mínimo los siguientes elementos:

\n\n

a) Identificación y evaluación de los bienes\n e infraestructuras que es importante proteger;

\n\n

b) Identificación de las posibles amenazas para esos\n bienes e infraestructuras y la probabilidad de que se concreten,\n a fin de establecer medidas de protección y el orden de\n prioridad de las mismas;

\n\n

c) Identificación, selección y clasificación\n por orden de prioridad de las medidas para contrarrestar las\n amenazas, y de los cambios de procedimientos y su grado de eficacia\n para reducir la vulnerabilidad; y,

\n\n

d) Identificación de los puntos débiles, incluidos\n los relacionados con el factor humano en relación con\n su perfil ocupacional, políticas y procedimientos.

\n\n

9) En cada autoridad portuaria, puerto privado del país,\n en que recalen buques de tráfico internacional, se deberá\n elaborar, basado en la evaluación de protección\n aprobada por la DIGMER, un Plan de Protección (PPIP) de\n la respectiva Instalación Portuaria adecuado para el interfaz\n buque-puerto.

\n\n

10) El plan PPIP comprenderá los tres niveles de protección\n definidos en el Código, con las
\n respectivas medidas de protección a tomarse y se ocupará\n como mínimo, de lo siguiente:

\n\n

a) Medidas previstas para evitar que se introduzcan a bordo\n de un buque o en la instalación portuaria armas, sustancias\n peligrosas y dispositivos destinados a ser utilizados contra\n las personas, buques o puertos y cuyo transporte no esté\n autorizado;

\n\n

b) Medidas destinadas a prevenir el acceso no autorizado a\n la instalación portuaria, a los buques amarrados en ella\n y a las zonas restringidas de la instalación portuaria;

\n\n

c) Procedimientos para hacer frente a las amenazas para la\n protección o a un fallo de las medidas de protección,\n incluidas las disposiciones necesarias para mantener las operaciones\n esenciales de la instalación portuaria o de la interfaz\n buque-puerto;

\n\n

d) Procedimientos para responder a cualquier instrucción\n sobre protección en el Nivel de Protección 3, que\n dé la DIGMER para la instalación portuaria que\n se encuentre dentro del territorio nacional;

\n\n

e) Procedimientos para la evacuación en caso de amenaza\n para la protección o de fallo de las medidas de protección;

\n\n

f) Tareas del personal de la instalación portuaria\n al que se asignen responsabilidades de protección y del\n resto del personal de la instalación portuaria en relación\n con la protección;

\n\n

g) Procedimientos para la interfaz con las actividades de\n protección del buque;

\n\n

h) Procedimientos para la revisión periódica\n del plan y su actualización;

\n\n

i) Procedimientos para informar de los sucesos que afecten\n a la protección marítima;

\n\n

j) Identificación del Oficial de Protección\n de la Instalación Portuaria OPIP, con sus datos de contacto\n para atención las 24 horas del día;

\n\n

k) Medidas para garantizar la protección de la información\n contenida en el plan;

\n\n

l) Medidas para garantizar la protección eficaz de\n la carga y del equipo para la manipulación de la carga\n en la instalación portuaria; procedimientos para verificar\n el Plan de Protección de la Instalación Portuaria\n PPIP;

\n\n

m) Procedimientos para la respuesta en caso de activación\n .del Sistema de Alerta de Protección de un buque en la\n instalación portuaria; y,

\n\n

n) Procedimientos para facilitar el permiso de tierra del\n personal del buque o los cambios de personal, así como\n el acceso de visitantes al buque, incluidos los representantes\n de las organizaciones para el bienestar de la gente de mar y\n los sindicatos.

\n\n

11) El Plan de Protección de cada Instalación\n Portuaria PPIP deberá ser aprobado por la DIGMER.

\n\n

12) El Plan de Protección de la Instalación\n Portuaria PPIP deberá combinarse con el Plan de Protección\n del Puerto o cualquier otro Plan del Puerto para situaciones\n de emergencia o formar parte de ellos.

\n\n

13) Cada Autoridad Portuaria y Puerto Privado designará\n un Oficial de Protección de la Instalación Portuaria\n (OPIP).

\n\n

14) Además de lo que se estipula en la Parte "A"\n del código, las tareas y responsabilidades del Oficial\n de Protección Portuaria OPIP serán principalmente:

\n\n

a) Llevar a cabo una evaluación Inicial completa de\n la instalación portuaria, tomando en consideración\n la oportuna Evaluación de la Protección de la Instalación\n Portuaria EPIP;

\n\n

b) Garantizar la elaboración y el mantenimiento del\n Plan de Protección de la Instalación Portuaria
\n PPIP;

\n\n

c) Implantar el Plan de Protección de la Instalación\n Portuaria y realizar prácticas con él;

\n\n

d) Realizar periódicamente inspecciones de protección\n de la instalación portuaria para asegurarse de que las\n medidas de protección siguen siendo adecuadas;

\n\n

e) Recomendar e incluir, según proceda, modificaciones\n en el Plan de Protección de la Instalación Portuaria\n a fin de subsanar deficiencias y actualizar el plan en función\n de los cambios que haya en la instalación portuaria;

\n\n

f) Acrecentar la toma de conciencia de la protección\n y la vigilancia entre el personal de la instalación portuaria;

\n\n

g) Asegurarse de que se ha impartido la formación adecuada\n al personal responsable de la protección de la instalación\n portuaria;

\n\n

h) Informar a las autoridades pertinentes de los sucesos que\n supongan una amenaza para la protección de la instalación\n portuaria y llevar un registro de los mismos

\n\n

i) Coordinar la implantación del Plan de Protección\n de la Instalación Portuaria PPIP con los pertinentes Oficiales\n de Protección de los Buques OPB y Oficiales de las Compañías\n para la Protección Marítima OCPM;

\n\n

j) Coordinar con los servicios de protección necesarios;

\n\n

k) Verificar que se cumplen las normas relativas al personal\n responsable de la protección de la instalación\n portuaria;

\n\n

l) Garantizar el funcionamiento, prueba, calibrado y mantenimiento\n adecuados del equipo de protección; y,

\n\n

m) Ayudar a los Oficiales de Protección de los Buques\n OPB a confirmar la identidad de las personas que deseen subir\n a bordo, cuando les sea solicitado.

\n\n

15) La responsabilidad de la preparación del Oficial\n de Protección de la Instalación Portuaria (OPIP)\n recae en la respectiva autoridad portuaria, puerto concesionado\n o puerto privado, correspondiente.

\n\n

3.3 SUPERINTENDENCIAS DE TERMINALES PETROLEROS

\n\n

1) Las superintendencias de terminales petroleros nacionales\n en que recalan buques de tráfico internacional, cumplirán\n con las mismas obligaciones prescritas en el Código PBIP\n para las instalaciones portuarias, incluyendo la Evaluación\n de Protección de la Instalación Portuaria EPIP\n y el Plan de Protección, debidamente aprobados por la\n DIGMER.

\n\n

2) La implementación del Plan de Protección\n de las Instalaciones Portuarias de los Terminales Petroleros\n PPTP, en las áreas operativa y marítima será\n de responsabilidad de PETROCOMERCIAL, OCP (Oleoducto de Crudos\n Pesados) y de la Superintendencia del Terminal Petrolero correspondiente,\n respectivamente.

\n\n

3) En cada terminal marítimo petrolero se designarán\n los siguientes oficiales de protección de las instalaciones\n portuarias:

\n\n

a) Un Oficial de Protección para el Área Marítima,\n designado por la Superintendencia del Terminal Petrolero respectiva;\n (SUINSA, SUINLI y SUINBA).

\n\n

Para el Ares Operativa:

\n\n

· 01 Oficial de protección para el terminal\n petrolero en SUINSA (3 Bocas y Pta. Arenas), designado por PETROCOMERCIAL.

\n\n

· 01 Oficial de Protección para el terminal\n petrolero de SUINLI, designado por PETROCOMERCIAL.

\n\n

· 01 Oficial de protección para:

\n\n

· El TEPRE designado por la Superintendencia de Refinería.

\n\n

· El SOTE designado por la Superintendencia de Oleoductos\n de PETROECUADOR.

\n\n

· El OCP designado por la Superintendencia del OCP

\n\n

b) Estos deberán coordinar y cumplir sus tareas de\n conformidad con el Plan de Protección de la Superintendencia\n del Terminal Petrolero PPTP correspondiente y con las demás\n prescripciones dispuestas en el Código PBIP; y,

\n\n

e) La responsabilidad de la preparación de los oficiales\n de protección de las instalaciones portuarias de los terminales\n petroleros, estará a cargo de PETROCOMERCIAL, OCP y de\n la Superintendencia del Terminal Petrolero, respectivamente.

\n\n

Art. 4.- La presente resolución entrará en vigencia\n a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Dada en Guayaquil, en esta Dirección General, a los\n veintiún días del mes de agosto del año\n dos mil tres.

\n\n

f.) Homero Arellano Lascano, Capitán de Navío-EMC,\n Director General.

\n\n

Certifico: Que la copia que antecede es conforme a su original.-\n Lo certifico.

\n\n

f.) Secretario.

\n\n

Guayaquil, 18 de septiembre de 2003.

\n\n

No 129-2003

\n\n

JUICIO VERBAL SUMARIO

\n\n

ACTOR: José Suárez.

\n\n

DEMANDADO: ECAPAG.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

\n\n

Quito, junio 17 de 2003; las 09h40.

\n\n

VISTOS: De fs. 20 a 21 del cuaderno de segunda instancia,\n el actor, José Suárez Núñez, deduce\n recurso de casación de la sentencia dictada en ese nivel\n por la Sexta Sala de la H. Corte Superior de Justicia de Guayaquil,\n en la que se confirma la dictada en su oportunidad por la Jueza\n Cuarta del Trabajo del Guayas, que declaró sin lugar la\n demanda presentada por el recurrente en contra de la "Empresa\n Provincial de Agua Potable" EPAP-G, y de su representante\n legal, Ing. Hugo Villalva Larco. Siendo el estado del proceso\n el de resolver sobre el recurso planteado para hacerlo, se considera:\n PRIMERO.- La competencia de la Sala se encuentra establecida\n y asegurada por el sorteo de ley, cuya razón actuarial\n consta a fs. 1 del cuaderno de este nivel y de conformidad con\n el Art. 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO.- Al plantear\n su recurso, el casacionista cita como normas incumplidas, las\n de los Arts. 28 y 56, incisos 40 y 50 del Duodécimo Contrato\n Colectivo celebrado entre la empresa demandada y sus trabajadores,\n relativos al bono jubilatorio y la forma de calcularse, fundándolo\n en la causal primera del Art. 3 de la Ley de Casación,\n y fundamentándolo, en síntesis, en los siguientes\n términos: que como no se le ha cancelado completamente\n el bono jubilatorio, no podía la empresa borrarlo del\n rol activo de trabajadores, por lo que sigue siendo trabajador\n activo con derecho a percibir remuneraciones completas y no como\n sostiene la Sala a quo, que la acción está prescrita;\n que así lo expresa el Art. 56 del contrato colectivo;\n que el hecho de cobrar sin trabajar no es extraño en el\n Código del Trabajo, pues idéntica situación\n contempla para el caso de la mujer embarazada, o de un becario,\n entre otros; que, su derecho a recibir remuneración sin\n laborar, hasta la fecha en que se le pague la totalidad del bono\n jubilatorio y su liquidación consta en los Arts. 56, inciso\n 50 y 16, inciso 20 del contrato colectivo. TERCERO. Centrado\n el recurso en los términos del considerando anterior,\n esto es en lo relativo al incumplimiento del contrato colectivo,\n por parte de la empleadora, y analizadas las actuaciones que\n obran del proceso, se destaca lo siguiente: En primer lugar,\n tal como lo advierten los jueces de instancia, en autos no consta\n prueba de lo que sostiene el actor haber recibido como bono jubilatorio,\n ni menos, constancia de remuneraciones, no pudiendo considerarse\n prueba idónea sobre estos particulares las fotocopias\n que obran a fs. 18 y 19 de los autos, solo consta del proceso,\n el juramento deferido rendido por el actor a fs. 29, en el que\n aparece que su última remuneración fue S/ 112.129,\n lo que no tiene ninguna relación con lo que, sobre el\n particular señaló en la demanda, esto es, SI. 488.205.\n Debe señalarse por otro lado que, si sumamos lo que, según\n el actor puntualiza en su demanda, esto es, el sueldo y otros\n componentes, totaliza S/. 526.602, deviniendo, entonces, en arbitrarias,\n todas las cantidades que según el actor fue, su última\n remuneración. Según lo dicho, y no constando de\n autos prueba alguna que acredite las aseveraciones puntualizadas\n en la demanda, esta Primera Sala de lo Laboral y Social, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n desecha el recurso de casación por el que ha llegado a\n este nivel el presente, juicio. Publíquese, notifíquese\n y devuélvase.

\n\n

Fdo.) Dres. Miguel Villacís Gómez, Hugo Quintana\n Coello y Jaime Velasco Dávila.

\n\n

Es fiel copia de su original.

\n\n

Quito, 3 de julio de 2003.

\n\n

f.) Secretario de la Primera Sala de lo Laboral y Social,\n Coste Suprema de Justicia.

\n\n

No 131-2003

\n\n

JUICIO VERBAL SUMARIO

\n\n

ACTOR: Manuel Curillo.

\n\n

DEMANDADO: Municipio de Cuenca.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

\n\n

Quito, junio 17 de 2003; las 10h10.

\n\n

VISTOS: De fojas 8 a 9 vuelta del segundo cuaderno la Segunda\n Sala de la Corte Superior de la ciudad de Santa Ana de los Cuatro\n Ríos de Cuenca dictó sentencia confirmando a su\n turno y en todas sus partes el fallo parcialmente estimatorio\n emitido en el primer nivel jurisdiccional. En desacuerdo con\n este pronunciamiento el señor Manuel Curillo Lima planteó\n recurso de casación. Todo lo relatado ocurre dentro del\n juicio especial, singular, verbal sumario y de conocimiento o\n cognición que sigue el recurrente en contra de la Muy\n Ilustre Municipalidad de dicha ciudad en las interpuestas personas\n del arquitecto Juan Fernando Cordero Cueva y del doctor Tarquino\n Orellana Serrano, Alcalde y Procurador Síndico, respectivamente,\n de la mencionada corporación. Encontrándose radicada\n la competencia en esta Sala, habiéndose dado cumplimiento\n a lo estatuido en el articulo 11 de la ley de la materia y siendo\n el estado del debate el de dirimir; para hacerlo se considera:\n PRIMERO.- El actor al patentizar su censura y reproche contra\n la decisión de alzada manifiesta que en aquella han sido\n infringidos los artículos 7, 85, 188, 190 y 586 del Código\n del Trabajo, la resolución obligatoria de la Corte Suprema\n de Justicia, publicada en el Registro Oficial No 412 de 6 de\n abril de 1990, los artículos 1. 3, 7, 8, 10, 60 y 61 del\n contrato colectivo vigente en la persona moral accionada, así\n como también los artículos 117, 118, 125, 211 y\n 212 del Código de Procedimiento Civil y los artículos\n 24 numerales 13, 16 y 35 numeral 6 de la Constitución\n Política de la República. Funda su impugnación\n en la causal 3 del artículo 3 de la Ley de Casación.\n SEGUNDO. Al razonar en favor de su pretensión dice el\n accionante, en síntesis: A) Que ha demandado a la contraparte\n objetando el visto bueno tramitado como antecedente de este proceso,\n el mismo que se originó en una denuncia verbal presentada\n en su contra y de un compañero llamado Pedro Cárdenas\n Tarqui; B) Que el Comité Obrero-Patronal fue convocado\n para conocer dicha denuncia pero que no arribó a un acuerdo\n conciliatorio pues, cuando la parte empleadora solicitó\n que se tramitara el visto bueno la votación quedó\n empatada a dos votos; C) Que en virtud de dicho empate las partes\n fueron convocadas a una nueva sesión para tratar el asunto\n pero que a ella no concurrieron los representantes de la parte\n trabajadora y que ante tal situación fue solicitado el\n visto bueno en su contra; D) Que aparte de la ilegalidad anotada\n en el acta de dicha sesión del comité, compareció\n como miembro principal de la parte trabajadora la señora\n Bertha Rojas Zamora, quien carece de tal representatividad, lo\n cual no ha sido apreciado en la sentencia que ataca; E) Que dentro\n del término probatorio demostró que los cuatro\n viajes' con material pétreo los recibió el inspector\n que trabaja en la Municipalidad y aún más que el\n doctor Gustavo Quito quien figura como adquirente de dicho material\n al ahora demandante, ha declarado que no lo compró al\n actor, no obstante lo cual estas pruebas tampoco han sido apreciadas\n en autos; F) Agrega también que ha sido sancionado las\n 2 veces por una supuesta falta: con multa y visto bueno, no obstante\n lo que piensa en contrario el juzgador de segundo nivel. G) Que\n el visto bueno es un simple informe y que en ningún caso\n -reitera- se ha probado que el actor haya vendido material pétreo\n de propiedad municipal al doctor Gustavo Quito y en base de una\n simple denuncia no probada se lo ha dejado en la calle luego\n de 25 años de trabajo para su ex-empleadora; y, H) Que\n con estos antecedentes estima que ha habido errónea interpretación\n de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración\n de la prueba violándose de esta manera las disposiciones\n legales y que ha dejado señaladas tanto en la Constitución\n de la ley y del contrato colectivo. Por último pide el\n casacionista que se case la sentencia en base, insiste, a los\n argumentos que deja indicados. TERCERO.- Resumida en sus aspectos\n trascendentales la oposición del actor y luego de confrontada\n ésta con la sentencia de alzada, este órgano jurisdiccional\n colegiado solventa la controversia efectuando las siguientes\n puntualizaciones: A) Cuestión de primordial importancia\n dentro de la especie, es la de dilucidar si la parte empleadora\n tenía o no facultad legal para presentar la solicitud\n de visto bueno para dar por finalizada la vinculación\n laboral con el ahora actor. Al respecto, es oportuno señalar\n que para tratar la falta de probabilidad atribuida a Manuel Curillo\n Lima el Comité Obrero Patronal fue convocado 2 veces a\n sesión. En la primera de éstas, la votación\n sobre el tema quedó empatada a dos votos y en la segunda\n convocatoria no concurrieron, sin causa que lo justifique, los\n miembros de la correspondiente organización de trabajadores.\n Y es ante esta situación que la Municipalidad cuencana\n solicitó y obtuvo el visto bueno que le permitió\n finalizar la relación de trabajo. Sobre este particular\n este Tribunal estima que la entidad accionada no quebrantó\n ni lesionó los derechos del trabajador; ora, porque, el\n visto bueno como es de general conocimiento tiene únicamente\n valor de informe que en la vía judicial, el Juez lo apreciará\n con libre criterio; ora porque los delegados de la parte trabajadora\n faltaron a su responsabilidad al no concurrir a la segunda sesión\n del Comité Obrero Patronal a la que fueron convocados;\n ora en fin, porque de aceptarse el criterio de que tal organismo\n debe decidir si se toma o no una acción, bastaría\n impedir artificiosamente, con la falta de sus delegados para\n que una conducta que se estima lesiva a los intereses de una\n de las partes no pueda ser examinada inicialmente en la vía\n administrativa y luego ventilada en la esfera judicial. Por tanto\n no hay lugar a la improcedencia de la presentación del\n visto bueno que alega el demandante; B) La probidad, como bien\n lo define el Diccionario de la Lengua Española es "Bondad,\n rectitud de ánimo, hombría de bien, integridad\n y honradez en el Obrar". Probidad es sinónimo de\n lealtad, honorabilidad, honestidad, decencia y seriedad. Y es\n obvio que estas virtudes deben ser siempre puestas de manifiesto\n en la relación laboral. En la especie, se ha acreditado\n que el trabajador sin autorización alguna procedió\n a entregar material pétreo a una persona particular, con\n lo cual no solo se actuó en perjuicio los intereses de\n la ciudad que son representados por la entidad municipal, sino\n que también quebrantó las disposiciones disciplinarias\n y desobedeció a elementales normas reglamentarias a que\n estaba sometido. De allí que el visto bueno concedido\n en su contra, este Juzgado pluripersonal estima apegado a la\n ley y por tanto exonera de responsabilidades indemnizatorias\n a la contraparte; y, C) En otro orden, carece de sustento jurídico\n la invocación del principio de derecho "Non bis in\n ídem", no dos veces por lo mismo, pues de autos consta\n que no ha recibido 2 sanciones por el mismo acto lesivo que se\n analiza y del cual no queda duda alguna de su participación\n y culpabilidad. Por las consideraciones que quedan expuestas,\n y- estimando que el recurrente faltó conscientemente a\n los deberes de lealtad y respeto para la contraparte y sus bienes,\n ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD\n DE LA LEY, se desecha el recurso de casación formulado.\n Publíquese, notifíquese y devuélvase.

\n\n

Fdo.) Dres. Miguel Villacís Gómez, Hugo Quintana\n Coello y Jaime Velasco Dávila.

\n\n

Es fiel copia de su original. Quito, 24 de junio de 2003.\n f.) La Secretaria.

\n\n

No 138-2003

\n\n

JUICIO VERBAL SUMARIO

\n\n

ACTORA: Mirtha Díaz.

\n\n

DEMANDADA: Importadora El Rosado.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

\n\n

Quito, junio 24 de 2003; las 08h50.

\n\n

VISTOS: A fs. II a 12 vta., Ruth Baier Oppenheimer de Czarninski,\n p.s.p.d. y p.l.d.q.r., de Comisariatos San Rafael SA., deduce\n recurso de casación respecto de la sentencia dictada en\n ese nivel por la Segunda Sala de la H. Corte Superior de Justicia\n de Guayaquil, en la que, con la modificación señalada\n en la misma, confirma la resolución del Juez de primera\n instancia que declaró con lugar, parcialmente, la demanda\n dirigida por Mirtha Díaz Ramírez, en contra de\n la recurrente. Siendo el estado del proceso, el de resolver sobre\n el recurso planteado, para hacerlo, se considera: PRIMERO.- La\n competencia de la Sala se encuentra establecida y asegurada por\n el sorteo de ley cuya razón actuarial consta a fs. 1 del\n cuaderno de este nivel y de conformidad con el Art. 1 de la Ley\n de Casación. SEGUNDO.- En el escrito que contiene el recurso\n se puntualiza las normas de derecho que la recurrente considera\n infringidas, así mismo, se lo funda en la causal 1a del\n Art. 3 de la Ley de Casación, y se lo fundamente, en síntesis,\n de la siguiente forma: que la Segunda Sala no aplicó el\n Art. 592 del Código del Trabajo, según el cual\n el acta de finiquito es un instrumento de inatacable valor jurídico\n que puede ser impugnado solo cuando la liquidación no\n está pormenorizada y se haya practicado si la intervención\n del Inspector del Trabajo, lo que en la especie no se ha dado;\n que así lo tienen resuelto las tres salas de lo Laboral\n y Social, en fallos que transcribe; además, según\n la recurrente la condenan "a pagar despido intempestivo",\n sin que la actora lo haya probado; que para tal propósito,\n agrega la recurrente, y solo para favorecer a la parte actora,\n tomaron como muletilla la confesión ficta, sin considerar\n que el Art. 135 del Código de Procedimiento Civil prescribe\n que tal confesión tiene valor probatorio según\n las circunstancias que hayan rodeado al acto, es decir que deben\n existir otros elementos probatorios. TERCERO.-Referido el recurso\n exclusivamente a atacar la sentencia de instancia en cuanto ha\n desatendido el contenido del acta de finiquito, la cual no es\n impugnable por reunir las exigencias previstas en el Art. 592\n del Código del Trabajo, y en cuanto se ha tomado como\n prueba la confesión ficta, esta Sala, luego de revisar\n el proceso particularmente en lo relativo a las actuaciones que\n tienen que ver con la impugnación, encuentra lo siguiente:\n Cierto es, como lo sostiene la recurrente que la Corte Suprema,\n particularmente esta Primera Sala de lo Laboral y Social, reconoce,\n como no podría ser de otra manera, pues así lo\n dispone el Art. 592 del Código del Trabajo, que el acta\n de finiquito podrá ser impugnada por el trabajador cuando,\n la liquidación, no hubiere sido practicada por el Inspector\n del Trabajo, que cuidará que sea pormenorizada; pe

 

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