Registro Oficial. 22 de OCTUBRE del 2003

Miércoles, 22 de octubre de 2003

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

\n \n \n \n
   MES DE OCTUBRE DEL 2003
\n \n \n \n
\n

\n
 
\n

 
\n

Miércoles, 22 de Octubre del 2003 - R. O. No. 195

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR
\n
FUNCIÓN\n EJECUTIVA

\n\n

DECRETOS:

\n\n

905-A Declárase el estado\n de emergencia temporal exclusivamente para el sector agrícola\n bananero de pequeños productores de hasta 20 hectáreas\n de la provincia de El Oro.

\n ACUERDOS:

\n\n

MINISTERIO\n DE SALUD:

\n\n

0478 Autorizase la adquisición\n urgente de 3.000 litros de deltametrina líquida al 2.5%\n y 2.000 kilos de deltametrina en polvo al 5%, para prevenir el\n dengue y la malaria

\n\n

0505 Declárase en estado\n de emergencia médica y sanitaria a los cantones Quero,\n Cevallos, Mocha, Pelileo y Tisaleo y los sectores Juvie Grande\n y Pondoa de la provincia de Tungurahua y a los cantones Penipe\n y Guano de la provincia de Chimborazo por la prolongación\n activa eruptiva del volcán Tunguarahua.

\n\n

0546\n Derógase\n el Acuerdo Ministerial No 00675 de 23 de octubre de 2001

\n\n

TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL
\n TERCERA SALA

\n\n

RESOLUCIONES:

\n\n

0010-2003-AA Deséchase la demanda\n de incons-titucionalidad planteada por el doctor Fausto A. Moreno\n Sánchez.

\n\n

0029-2003-HD Niégase el hábeas\n data propuesto por el señor Enrique Crespo Guzmán

\n\n

0035-2003-HC Confirmase la resolución\n emitida por el Alcalde de Manta y niégase el recurso de\n hábeas corpus interpuesto por el señor Máximo\n Majojo Lascano

\n\n

053-2003-HC Confirmase la resolución\n emitida por el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito (E)\n y niégase el recurso de hábeas corpus interpuesto\n por la señora Jeannette Alexandra Sánchez Palacios

\n\n

0058-03-HC Confirmase la resolución\n dictada por la Alcaldía del Distrito Metropolitano de\n Quito y niégase el hábeas corpus interpuesto por\n Jorge Astudillo Jaramillo.

\n\n

0209-2003-RA Niégase la acción\n de amparo inter-puesta por David A. Goldbaum Morales y revócase\n tu resolución del Juez Décimo Segundo de lo Civil\n de Guayaquil

\n\n

0254-2003-RA Niégase el amparo interpuesto\n por el Ing. Víctor Emilio Castillo Vásquez y confirmase\n la resolución del Juez Tercero de lo Civil de Loja

\n\n

0281-2003-RA No admitir la acción\n de amparo interpuesta por el señor Edison Patricio Rodríguez\n Flores y otro y confirmase la resolución del Juez Vigésimo\n de lo Civil de Pichincha.

\n\n

0287-2003-RA Concédese el amparo\n interpuesto por el doctor Edén Arístides Romero\n Mora y otros y revócase la resolución de la Jueza\n Trigésima Primera de lo Civil de Guayaquil

\n\n

0302-2003-RA Revócase la resolución\n del Juez de instancia y concédese el amparo constitucional\n solicitado por Nelson Leonardo Zambrano Zambrano.

\n\n

0320-2003-RA\n Concédese\n el amparo interpuesto por la señora Soledad Rossana Bonilla\n Hidalgo y confirmase la resolución del Juez Décimo\n Sexto de lo Civil del Guayas, con asiento en Salinas.

\n\n

0325-2003-RA Revócase la resolución\n del Juez de instancia y concédese parcialmente el amparo\n constitucional planteado por el Presidente de la Asociación\n de Negros del Ecuador.

\n\n

0334-2003-RA Niégase el amparo interpuesto\n por la señora Dina Yolanda Reyes Márquez y otros.

\n\n

0337-2003-RA Confirmase la resolución\n subida en grado e inadmitir el amparo solicitado por Raúl\n Estupiñán Tello Benalcázar, por improcedente.\n

\n\n

0366-2003-RA Confirmase la resolución\n subida en grado y niégase el amparo solicitado por Iván\n Yerovi Víllalva

\n\n

0369-2003-RA Revócase la resolución\n subida en grado y no admitir el amparo solicitado por Alfonso\n de Jesús González Pérez y otros.

\n\n

0386-2003-RA Confirmase la resolución\n subida en grado y niégase el amparo solicitado por Marco\n Eduardo Cajamarca Tixi y otro

\n\n

0399-2003-RA Confirmase la resolución\n subida en grado y concédese el amparo constitucional planteado\n por Segundo Elías Ramón Mora.

\n\n

0402-2003-RA Ratificase la resolución\n del Juez Octavo de lo Civil de El Oro y concédese el amparo\n constitucional propuesto por Federico José Loor Oporto.

\n\n

0403-2003-RA Confirmase la resolución\n subida en grado y niégase por improcedente el amparo constitucional\n interpuesto por Milton Javier Enríquez Coello

\n\n

0415-2003-RA Revócase la resolución\n subida en grado y niégase el amparo constitucional solicitado\n por Edi Zulay Castro Arellano

\n\n

0428-2003-RA Dispónese el archivo\n definitivo del proceso.

\n\n

0432-2003-RA Confirmase la resolución\n subida en grado y niégase el amparo solicitado por Jacinto\n Joselito Loor Bazurto.

\n\n

0448-2003-RA Revócase la resolución\n en grado y niégase el amparo constitucional presentado\n por Byron Ruperto Carrera Gallo y otros

\n\n

0466-2003-RA No admitir por Improcedente\n el amparo constitucional Interpuesto por Angel Severo Flor Alvarado.\n

\n \n
\n

 

\n\n

No 905-A

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que es deber del Estado Ecuatoriano, en caso de catástrofes\n naturales adoptar las medidas necesarias para prevenir impactos\n en la economía nacional;

\n\n

Que el señor Ministro de Economía y Finanzas,\n mediante oficio No. 3455 SGJ-2003 de 31 de julio de 2003, emite\n dictamen favorable a la expedición del presente decreto\n ejecutivo; y,

\n\n

En ejercicio de la atribución que le confieren los\n artículos 180 y 181 de la Constitución Política\n de la República,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1.- Declárase el estado de emergencia temporal\n exclusivamente para el sector agrícola bananero de pequeños\n productores de hasta 20 hectáreas de la provincia de El\n Oro; en consecuencia, dispónese que el Ministerio de Agricultura\n y Ganadería, en coordinación con el Ministerio\n de Economía y Finanzas, se encarguen de efectuar los trámites\n necesarios y los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación\n Pública y su reglamento, requeridos para estos casos,\n para la ejecución de los trabajos que sean necesarios\n para enfrentar la indicada emergencia. Así mismo, se encarga\n al Banco Nacional de Fomento que direccione recursos crediticios\n a favor de los pequeños productores antes citados.

\n\n

Art. 2.- Facúltase al Ministro de Agricultura y Ganadería\n a celebrar en nombre y representación del Estado Ecuatoriano,\n los contratos que sean necesarios para ejecutar acciones a fin\n de conjurar la emergencia temporal declarada.

\n\n

 

\n\n

Art. 3.- El financiamiento de los contratos que sean necesarios\n para ejecutar las obras y adquirir los bienes y servicios para\n atender la emergencia, se aplicará con cargo al vigente\n presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

\n\n

Art. 4.- De la ejecución del presente decreto ejecutivo\n que entrará en vigencia a partir de su publicación\n en el Registro Oficial, encárgase a los ministros de Economía\n y Finanzas y de Agricultura y Ganadería.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional en Quito, a 3 de octubre de 2003.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

Es fiel copia del original.

\n\n

Lo certifico.

\n\n

f.) Patricio Acosta Jara, Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

No 0478

\n\n

EL MINISTRO DE SALUD
\n PUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que de conformidad con el artículo 176, Capitulo 3,\n Título VII de la Constitución Política de\n la República, los ministros de Estado representan al Presidente\n de la República en los asuntos propios del Ministerio\n a su cargo, esto en concordancia con lo dispuesto en el artículo\n 17 del Decreto Ejecutivo N0 2428, publicado en el Registro Oficial\n N0 536 de 18 de marzo de 2002, que modifica el Estatuto del Régimen\n Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva;

\n\n

Que el artículo 42 de la Carta Política de la\n República, garantiza el derecho a la salud, promoción\n y protección y a la posibilidad de acceso ininterrumpido\n a servicios de salud conforme a los principios de equidad, universalidad,\n solidaridad, calidad y eficiencia;

\n\n

Que el Código de la Salud establece en su articulo\n 96 que el Estado fomentará la salud individual y colectiva;

\n\n

Que es necesario anticiparse con medidas preventivas adecuadas,\n a la próxima estación lluviosa, que probablemente\n comenzará a mediados de diciembre;

\n\n

Que es necesario dotar de insecticidas al Servicio Nacional\n de la Malaria, para que proceda con el Programa de Prevención\n del Dengue y la Malaria; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones concedidas por los artículos\n 176 y 179 de la Constitución Política de la República\n y el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico\n Administrativo de la Función Ejecutiva,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Art. 1.- Autorizar la adquisición urgente de 3.000\n litros de deltametrina líquida al 2.5% y 2.000 kilos de\n deltametrina en polvo al 5%, para prevenir el dengue y la malaria,\n en razón de que se inicia la época invernal.

\n\n

Art. 2.- De la ejecución del presente acuerdo ministerial,\n encárguese a la Subsecretaria General de Salud.

\n\n

Art. 3.- El presente acuerdo ministerial entrará en\n vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de\n su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 29 de agosto\n de 2003.

\n\n

f.) Dr. Ernesto Gutiérrez Vera, Ministro de Salud Pública.

\n\n

Es fiel copia del documento que consta en el archivo del Departamento\n de Documentación y Archivo al que me remito en caso necesario.-\n Lo certifico, en Quito, a 26 de septiembre de 2003.- f.) Jefe\n de Documentación y Archivo.- Ministerio de Salud Pública.

\n\n

No 0505

\n\n

EL MINISTRO DE SALUD
\n PUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el artículo 42 de la Carta Política de la\n República, garantiza el derecho a la salud, promoción\n y protección y a la posibilidad de acceso ininterrumpido\n a servicios de salud conforme a los principios de equidad, universalidad,\n solidaridad, calidad y eficiencia;

\n\n

Que el Código de la Salud establece en su artículo\n 96 que el Estado fomentará la salud individual y colectiva;

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo N0 564, publicado en el Registro\n Oficial 122 de 10 de julio de 2003, declara el estado de emergencia\n a los cantones Quero, Cevallos, Mocha, Pelileo y Tisaleo y los\n sectores Juvie Grande y Pondoa de la provincia de Tungurahua\n y a los cantones Penipe y Guano de la provincia de Chimborazo,\n por la prolongación activa eruptiva del volcán\n Tungurahua,

\n\n

Que en tal razón el Ministerio de Salud Pública,\n cree pertinente la declaración del estado de emergencia\n médica y sanitaria a las poblaciones afectadas por la\n erupción del Tungurahua, y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones concedidas por el articulo\n 71 del Código de la Salud,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Art. 1.- Declarar en estado de emergencia médica y\n sanitaria a los cantones Quero, Cevallos, Mocha, Pelileo y Tisaleo\n y los sectores Juvie Grande y Pondoa de la provincia de Tungurahua\n y a los cantones Penipe y Guano de la provincia de Chimborazo,\n por la prolongación activa eruptiva del volcán\n Tungurahua.

\n\n

Art. 2.- Por la emergencia médica sanitaria declarada,\n se exonera- de los procedimientos precontractuales la adquisición\n de ambulancias, equipos, materiales, insumos, medicamentos de\n marca y genéricos que sirvan para la atención de\n lo señalado en el Art. 1 del presente acuerdo. Esta declaratoria\n contempla lo preceptuado en el articulo 6 literal a) de la Codificación\n a la Ley de Contratación Pública.

\n\n

Art. 3.- Las instituciones del sector salud, organismos seccionales,\n Fuerza Pública, medios de comunicación social,\n organizaciones de la sociedad civil, de la cooperación\n externa están comprometidos para colaborar en las acciones\n que sean menester para solucionar la emergencia.

\n\n

Art. 4.- De la ejecución del presente acuerdo ministerial,\n encárguese a la Subsecretaria General de Salud; Director\n General de Salud y directores provinciales de salud.

\n\n

Art. 5.- El presente acuerdo ministerial, entrará en\n vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su\n publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 16 de septiembre\n de 2003.

\n\n

f.) Dr. Ernesto Gutiérrez Vera, Ministro de Salud Pública.

\n\n

Es fiel copia del documento que consta en el archivo del Departamento\n de Documentación y Archivo al que me remito en caso necesario.-\n Lo certifico, en Quito, a 26 de septiembre de 2003.- f.) Jefe\n de Documentación y Archivo.-Ministerio de Salud Pública.

\n\n

No 0546

\n\n

EL MINISTRO DE SALUD PÚBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que de conformidad con el artículo 176, Capitulo 3,\n Título VII de la Constitución Política de\n la República, los ministros de Estado representan al Presidente\n de la República en los asuntos propios del Ministerio\n a su cargo, esto en concordancia con lo dispuesto en el artículo\n 17 del Decreto Ejecutivo No 2428, publicado en el Registro Oficial\n N0 536 de 18 de marzo de 2002, que modifica el Estatuto del Régimen\n Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva;

\n\n

Que con Acuerdo Ministerial No 286-A, publicado en el Registro\n Oficial No 116 de 10 de julio de 2000, se expide el Reglamento\n Único de Contrataciones del Ministerio de Salud, a nivel\n nacional;

\n\n

Que mediante Acuerdo Ministerial No 00675 de 23 de octubre\n de 2001. se expide el Reglamento Especial para la Adquisición\n de Muebles, la Ejecución de Obras y Prestación\n de Servicios, para realizar construcciones, adecuaciones, reparación,\n mantenimiento, equipamiento en infraestructura civil de los establecimientos\n de salud a nivel nacional a través del Departamento de\n Infraestructura Física del Ministerio de Salud para procesos\n cuya cuantía alcance hasta valores que resulten de multiplicar\n el coeficiente 0,00002 por el monto del Presupuesto Inicial del\n Estado del correspondiente ejercicio económico;

\n\n

Que en razón de existir contradicciones entre los dos\n reglamentos se hace necesario derogar uno de ellos; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones concedidas por los artículos\n 176 y 179 de la Constitución Política de la República\n y el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico\n Administrativo de la Función Ejecutiva,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Art. 1.- Derogar el Acuerdo Ministerial No 00675 de 23 de\n octubre de 2001, por existir contradicciones entre las dos normas\n legales vigentes y por razones institucionales

\n\n

Art. 2.- El presente acuerdo ministerial entrará en\n vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de\n su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 26 de septiembre\n de 2003.

\n\n

f.) Dr. Oswaldo Ríos Muñoz, Ministro de Salud\n Pública (E).

\n\n

Es fiel copia del documento que consta en el archivo del Departamento\n de Documentación y Archivo al que me remito en caso necesario.-\n Lo certifico, en Quito, a 26 de septiembre de 2003.- f.) Jefe\n de Documentación y Archivo.-Ministerio de Salud Pública.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

No 0010-2003-AA

\n\n

Magistrado ponente: Dr. Enrique Herrería\n Bonnet

\n\n

"LA TERCERA SALA DEL TRIBUNAL
\n CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso signado con el No 0010-2003-AA

\n\n

ANTECEDENTES:

\n\n

El doctor Fausto A. Moreno Sánchez, con el informe\n favorable del Defensor del Pueblo que corre a fojas 36 a 38 del\n expediente, presenta demanda de inconstitucionalidad del acto\n administrativo mediante el que se expidió el Reglamento\n Especial para la elección de Rector y Vicerrector, representantes\n docentes, de estudiante y de empleados y trabajadores a la Junta\n Universitaria, representantes estudiantiles y de empleados y\n trabajadores al Consejo Académico Administrativo Superior;\n y, representantes estudiantiles al Consejo Académico de\n Área" y, especialmente, de sus artículos 22,\n números 7 y 9, 24, números 8 y 10, y 44, inciso\n primero, expedido por el Consejo Académico-Administrativo\n Superior de la Universidad Nacional de Loja, representado por\n el Rector y el Procurador de la institución, demanda que\n ingresó a esta Magistratura el 3 de julio de 2003.

\n\n

Señala que este reglamento fue expedido por el Consejo\n Académico Administrativo Superior en sesión ordinaria\n de 10 de diciembre de 2002, en sesiones extraordinarias de 17\n y 19 de marzo de 2003 y en sesiones ordinarias de 25 de marzo\n y 8 de abril de 2003, conteniendo normas inconstitucionales tales\n como el artículo 22, números 7 y 9, en el que se\n dispone que los candidatos a Rector y Vicerrector deben cumplir,\n entre otros requisitos, el de tener experiencia educativa, haber\n desempeñado funciones de rector, vicerrector, miembro\n docente de la Junta Universitaria, decano o subdecano de facultad,\n director de área, director general de una unidad académica,\n director de escuela, director de programa o proyecto de investigación,\n representante docente de los niveles de postgrado, pregrado o\n técnico-tecnológico, además de coordinador\n de una carrera terminal; haber publicado textos, libros o artículos\n en calidad de autor o coautor, ya sea reconocido por la universidad\n para escalafón o con auspicio de organismos o entidades\n de relevancia provincial o nacional o haber realizado obras en\n el campo artístico, literario, técnico, certificados\n por la universidad o reconocidos por organismos o entidades de\n relevancia provincial o nacional. Alega que, por precipitación,\n luego de establecer los representantes docentes que se elegirán\n a la Junta Universitaria en el artículo 23, el artículo\n 24 establece los requisitos para ser candidatos, incluyendo en\n los números 8 y 10 los que constan en el articulo 22,\n números 7 y 9, para ser rector y vicerrector, lo que estima\n no sólo inconstitucional e ilegal sino absurdo, tanto\n más que ese organismo se debe integrar por representantes\n de los estudiantes y de los empleados y trabajadores, a los que\n se les exigen condiciones que garantizan a sus componentes el\n derecho a elegir y ser elegidos. El articulo 44 señala\n que la inscripción de candidaturas se presentará\n hasta las 18h00 del vigésimo día anterior a la\n fecha fijada para las elecciones, que en este caso es el lO de\n mayo, pues la elecciones se convocaron para el 30 de ese mes,\n en circunstancias que el reglamento fue aprobado el 8 de abril,\n por lo que no se ha difundido y no se conoce la exigencia de\n recoger el 10% de firmas de los docentes empadronados, lo que\n deja ver la actitud del Consejo Académico de pretender\n eliminar de forma deliberada posibles candidaturas a diferentes\n dignidades. Hace presente que el articulo 30 de la Ley No 2000-16\n Orgánica de Educación Superior señala que\n para ser rector de una universidad se requiere ser ecuatoriano,\n gozar de derechos de ciudadanía, tener título profesional\n y título académico de cuarto nivel, tener experiencia\n en gestión educativa, haber realizado o publicado obras\n de relevancia en su especialidad y haber ejercido la docencia\n por lo menos diez años, cinco o más en calidad\n de profesor principal, lo que se reitera en el artículo\n 10 del Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional de\n Loja, por lo que el reglamento impugnado es inconstitucional,\n en especial sus artículos 22, números 7 y 9, 24,\n números 9 y 10, y el inciso primero del artículo\n 44, al vulnerar el artículo 18 de la Constitución,\n toda vez que se exigen requisitos no establecidos ni en la Constitución\n ni en la ley para el ejercicio de derechos, restringiéndolo,\n como es el caso de la exigencia de haber sido rector, vicerrector\n u otros, como es, además, haber sido coordinador de una\n carrera terminal. Tampoco el requisito legal de haber escrito\n obras tiene los condicionamientos señalados en el reglamento\n impugnado, lo que implica vulneración del principio de\n igualdad ante la ley, consagrado en el número 3 del artículo\n 23 del Código Político y el artículo 2 de\n la Ley No 2000-16, además de coartar el derecho a elegir\n y se elegido, reconocido en el artículo 26 del texto constitucional\n Por otra parte, alega vulneración del artículo\n 130, número 5 de la Constitución que establece\n la potestad legislativa del Congreso Nacional.

\n\n

Mediante providencia de 4 de julio de 2003, las 10h30, la\n Comisión de Recepción y Calificación del\n Tribunal Constitucional admitió a trámite esta\n demanda.

\n\n

La Tercera Sala del Tribunal Constitucional, luego del sorteo\n correspondiente, mediante providencia de 15 de julio de 2003,\n avoca conocimiento de la causa y corre traslado en el contenido\n de la demanda al Rector y Procurador de la Universidad Nacional\n de Loja.

\n\n

El Rector y el Procurador General (E) de la Universidad Nacional\n de Lona, en su contestación, señalan que el reglamento\n desarrolla los requisitos contenidos en la ley, sin contradecirlos,\n lo que no implica violación al artículo 18 de la\n Constitución, indicando que la determinación de\n plazos es ajena a la constitucionalidad y legalidad del acto\n impugnado.

\n\n

Considerando:

\n\n

PRIMERO.- Que, esta Sala es competente para conocer y resolver\n la demanda planteada, de conformidad con lo que disponen los\n artículos 276, número 2 de la Constitución,\n 12, número 2, y 62 de la Ley del Control Constitucional\n y 20 y siguientes del Reglamento de Trámite de Expedientes\n en el Tribunal Constitucional;

\n\n

SEGUNDO.- Que, el peticionario se encuentra legitimado para\n interponer esta acción constitucional, de conformidad\n con los artículos 277, número 5 de la Constitución\n y 23, letra e) de la Ley del Control Constitucional;

\n\n

TERCERO.- Que, toda vez que no se ha omitido solemnidad sustancial\n alguna que pueda incidir en la resolución de la causa,\n se declara su validez;

\n\n

CUARTO.- Que, el peticionario impugna, mediante esta acción\n constitucional, el Reglamento Especial para la elección\n de Rector y Vicerrector, representantes docentes de estudiante\n y de empleados y trabajadores a la Junta Universitaria; representantes\n estudiantiles y de empleados y trabajadores al Consejo Académico\n Administrativo Superior; y, representantes estudiantiles al Consejo\n Académico de Área" y, especialmente, de sus\n artículos 22, números 7 y 9, 24, números\n 8 y 10, y 44, inciso primero, expedido por el Consejo Académico-Administrativo\n Superior de la Universidad Nacional de Loja;

\n\n

QUINTO.- Que, de modo general, se entiende por acto administrativo\n la declaración unilateral de voluntad de autoridad pública\n competente, en ejercicio de su potestad administrativa, que ocasione\n efectos jurídicos subjetivos, concretos e inmediatos,\n mientras que el articulo 24 de la Ley del Control Constitucional\n dispone que, para efectos de la demanda de inconstitucionalidad,\n se entenderá por acto administrativo las declaraciones\n que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas\n individuales, así como los de mero trámite que\n influyan en una decisión final;

\n\n

SEXTO.- Que, en la especie, el reglamento que se impugna no\n contiene una decisión adoptada en el ejercicio de la potestad\n administrativa que ocasione efectos jurídicos subjetivos,\n concretos e inmediatos, es decir, que cree, modifique o extinga\n una situación jurídica individual, toda vez que\n no se dirige al peticionario ni resuelve una situación\n jurídica de determinada persona o grupo de personas identificables\n de modo concreto. Del mismo modo, a diferencia de un reglamento,\n el acto administrativo, además de su presunción\n de legitimidad, se caracteriza por su ejecutividad, esto es,\n que el acto está dotado de la fuerza de cosa decidida,\n además de su ejecutoriedad, es decir, no se requiere de\n previa declaración judicial para que la decisión\n concreta contenida en el acto se cumpla. En definitiva, el reglamento\n impugnado no reúne las características de un acto\n administrativo, ni sus elementos esenciales (determinados, de\n modo general, por la competencia, forma, causa-objeto, contenido\n y motivación);

\n\n

SÉPTIMO.- Que, dentro del artículo 24 de la\n Ley del Control Constitucional, para efecto de esta acción\n constitucional, se incluyen los actos de mero trámite,\n también denominados actos de simple administración,\n como son los dictámenes o informes requeridos para dictar\n un acto administrativo y, de modo general, todo acto que íntegra\n el procedimiento administrativo y que conduce al acto final o\n definitivo, concepto dentro del cual tampoco se incluyen los\n reglamentos;

\n\n

OCTAVO.- Que, en definitiva, ésta no es la vía\n competente para conocer y resolver la impugnación de inconstitucionalidad\n planteada, a pesar de lo cual esta Sala hace presente que, respecto\n del contenido del reglamento impugnado existe pronunciamiento\n emitido por la Segunda Sala de esta Magistratura dentro del caso\n N0 362-2003-RA, propuesto por el mismo accionante, respecto de\n los puntos sobre los que el peticionario ha basado, fundamentalmente,\n esta acción constitucional;

\n\n

Por lo expuesto y en ejercicio de sus atribuciones,

\n\n

Resuelve:

\n\n

1. Desechar la demanda de inconstitucionalidad planteada por\n el doctor Fausto A. Moreno Sánchez, que con el informe\n favorable del Defensor del Pueblo que corre a fojas 36 a 38 del\n expediente, presenta demanda de inconstitucionalidad del acto\n administrativo mediante el que se expidió el Reglamento\n Especial para la elección de Rector y Vicerrector, representantes\n docentes, de estudiante y de empleados y trabajadores a la Junta\n Universitaria; representantes estudiantiles y de empleados y\n trabajadores al Consejo Académico Administrativo Superior;\n y, representantes estudiantiles al Consejo Académico de\n Área" y, especialmente, de sus artículos 22,\n números 7 y 9, 24, números 8 y 10, y 44, inciso\n primero.

\n\n

2. Disponer que esta resolución se publique en el Registro\n Oficial.- Notifíquese.

\n\n

f.) Dr. Enrique Herrería Bonnet, Presidente, Tercera\n Sala. f.) Dr. Jaime Nogales lzurieta, Vocal, Tercera Sala.
\n f.) Dr. Simón Zavala Guzmán, Vocal, Tercera Sala.

\n\n

Razón: Siento por tal que la resolución que\n antecede fue aprobada por la Tercera Sala del Tribunal Constitucional,\n el uno de octubre de dos mil tres.- Lo certifico.

\n\n

f.) Dr. Rafael Oyarte Martínez, Secretario (E), Tercera\n Sala.

\n\n

Fiel copia del original.- Tercera Sala.- f.) Secretario de\n Sala.- Tribunal Constitucional.

\n\n

No. 0029-2003-HD

\n\n

Magistrado ponente: Dr. Enrique Herrería\n Bonnet

\n\n

"LA TERCERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso signado con el No. 0029-2003-HD

\n\n

ANTECEDENTES:

\n\n

El señor Enrique Crespo Guzmán, el 7 de enero\n de 2003, comparece ante el Juez DÉCIMO de lo Civil de\n Guayaquil e interpone acción de hábeas data en\n contra del Banco de Crédito S.A. en saneamiento, en la\n persona de su representante legal, el Gerente General de la Agencia\n de Garantía de Depósitos, y el Administrador Temporal\n y Apoderado Especial de la institución financiera, acción\n que ingresa a esta Magistratura el II de junio de 2003.

\n\n

Señala que el 27 de febrero de 1997 se celebró\n un contrato de crédito entre el Banco de Crédito\n y la Compañía Fincomerpro S.A., hoy denominada\n Frescomar, Empacadora de Camarones S.A., por el que esta última\n se hizo prestataria de 4'774.742,64 dólares de los Estados\n Unidos a cinco años plazo, contados a partir de la fecha\n de celebración del contrato, con un interés del\n 12% anual, que se mantendría fijo durante su vigencia.\n Ese mismo día, mediante contrato de fianza, indica que\n se constituyó en codeudor solidario de Fincomerpro S.A.,\n hasta por un 25% del monto al que ascendía el capital\n adeudado, más los intereses convenidos. Indica que, de\n conformidad con la cláusula sexta del contrato de préstamo,\n el Banco de Crédito, el 23 de junio de 1998, comunicó\n al representante legal de Frescomar S.A. su decisión de\n declarar vencido anticipadamente el plazo del contrato. El 30\n de junio de 1998, Frescomar S.A. y el Banco de Crédito\n S.A. celebraron un convenio de dación en pago, mediante\n el cual la primera dio en pago al segundo varios bienes muebles,\n a los cuales se les fijó el valor de US$ 1 '062.828,15,\n y otro, mediante el cual se daba en pago varios bienes inmuebles\n por US$ I'154.427,8I, daciones que debían perfeccionarse\n en sesenta días con la inscripción de la escritura\n pública en el Registro de la Propiedad de Guayaquil. Ese\n mismo día, el Banco de Crédito S.A., por intermedio\n de su apoderado especial, celebró un convenio de cesión\n de derechos a favor de la Compañía Vigíe\n Enterprises Corp., domiciliada en Nassau, Bahamas, cediendo la\n totalidad de derechos, créditos y acciones que le corresponden\n como acreedora del contrato de préstamo celebrado el 21\n de febrero de 1997 con Fincomerpro S.A., hoy Frescomar SA., cesión\n de derechos que también comprendió la relativa\n a la fianza otorgada por los señores Femando León\n Barba, Boris Jarrín Rivadeneira y el peticionario. El\n precio de la cesión fue el saldo que Frescomar S.A. debía\n al Banco de Crédito. De este modo, Vigíe Enterprises\n Corp. canceló al Banco de Crédito la suma de US$\n 3'034.000,00, institución que declaró haberla recibido\n a entera satisfacción por medio de su representante legal,\n razón por la cual se extinguió la obligación,\n puesto que, además, se había cancelado la suma\n de US$ 2'2 17.255,96 a través de las reseñadas\n daciones en pago. Agrega que, mediante diligencia de notificación\n recaída en el Juzgado Octavo de lo Civil de Guayaquil,\n el 31 de octubre de 2002, el Banco de Crédito S.A. en\n saneamiento, representado legalmente por su administrador temporal\n y apoderado especial, puso en conocimiento del representante\n legal de Fincomerpro SA., hoy Frescomar S.A., y de los fiadores\n solidarios, un convenio de cesión de derechos que el 20\n de septiembre de 2002 suscribió con Vigie Enterprises\n Corp., por el cual la última cede al Banco el crédito\n del contrato de préstamo suscrito por Fincomerpro S.A.,\n actualmente Frescomar S.A., por el valor de US$ 4'774.742,64,\n por encontrarse la deuda vencida e impaga en exceso. Añade\n que, el actualidad, ni Fincomerpro S.A., hoy Frescomar S.A.,\n ni el peticionario, como fiador solidario, mantienen obligaciones\n crediticias con el Banco de Crédito S.A. en saneamiento,\n pues por el convenio de cesión de derechos de 30 de junio\n de 1998, ratificado el 2 de julio de 1998, Vigie Enterprises\n Corp. sustituyó la deuda para con esa institución\n bancaria. En virtud de lo señalado, solicita que el Banco\n de Crédito remita copia certificada de los siguientes\n documentos: 1) Registro contable de la obligación bancaria\n en los estados financieros de Banco de Crédito S.A., con\n la Compañía Fincomerpro S.A., actualmente Frescomar\n S.A., por la suma de US$ 4'774.742,64 de fecha 27 de febrero\n de 1997. 2) Asiento contable de cartera por sustitución\n de la deuda de la Compañía Fincomerpro a la Compañía\n Vigie Enterprises Corp., de fecha 30 de junio de 1998. 3) Detalle\n del registro contable de ingresos de cartera para saber dónde\n se aplicaron los valores de los bienes muebles que por dación\n en pago recibió el Banco de Crédito S.A., por la\n suma de US$ 1'062.828,5 de 30 de junio de 1998. 4) Detalle del\n registro contable de ingresos de cartera para saber dónde\n se aplicaron los valores de los bienes inmuebles que por dación\n de pago recibió el Banco de Crédito S.A. por la\n suma de US$ l'154.427,81 de 30 de junio de 1998. 5) Detalle del\n registro contable de ingresos de cartera para saber dónde\n se aplicaron los valores que en pago recibió el Banco\n de Crédito S.A., por la Compañía Vigíe\n Enterprises Corp., por la suma de US$ 3'034.000,00 el 30 de junio\n de 1998. 6) Que al cierre del ejercicio contable en los balances\n de diciembre de 1998, se me certifique si existe registrada alguna\n obligación de la Compañía Fincomerpro S.A.,\n para con el Banco de Crédito S.A. 7) Cartas de instrucciones\n dadas o autorizaciones de notas de débito automáticas'\n otorgadas por los funcionarios autorizados de Vigie Enterprises\n Corp., para que se aplique la suma de US$ 3'034.000,00 al crédito\n que por la cesión de derechos de fecha 30 de junio de\n 1998, se emitió y que es materia de este hábeas\n data. 8) Documento que justifique la facultad de quien suscribió\n como representante legal de Vigíe Enterprises Corp. el\n convenio de cesión de derechos de 30 de junio de 1998.\n 9) Documento que justifique la facultad, esto es el poder especial\n o nombramiento que acredite su personería para suscribir\n como apoderado general de la Compañía Vigíe\n Enterprises Corp., el Convenio de Cesión de Derechos de\n fecha 20 de septiembre de 2002.

\n\n

Mediante providencia de 8 de enero de 2003, las 08h40, el\n Juez DÉCIMO de lo Civil de Guayaquil admite a trámite\n la petición de hábeas data y convoca a audiencia\n pública para el día 13 de los mismos mes y año,\n a las 16h00. Por cambio de domicilio de la AGD, el accionante\n solicita que se señale nuevo día y hora para que\n tenga lugar la audiencia pública, la que es señalada\n para el 17 de enero de 2003, a las 10h00, en providencia de 14\n de enero de 2003, las 08h35.

\n\n

En la fecha señalada se realizó la audiencia\n pública en la que el accionante se ratificó en\n los fundamentos de hecho y de derecho formulados en su petición.\n Por su parte, los accionados, Gerente General de la AGD y representante\n legal del Banco de Crédito en saneamiento, y el administrador\n temporal del Banco de Crédito en saneamiento señalan\n que lo solicitado por el peticionario es que se remitan a esta\n judicatura copias certificadas de correspondencias, oficios,\n comunicaciones, documentación contable, copias de balances,\n todo lo cual se encuentra estatuido en el artículo 203\n del Código de Procedimiento Civil, añadiendo que\n la legislación procesal ha incorporado a su normativa\n diligencias preparatorias como la exhibición y el reconocimiento\n de documentos, para lo cual no se ha establecido el hábeas\n data, sino el juicio de exhibición. Agregan que no se\n ha citado al Procurador General del Estado, lo que acarrea la\n nulidad del proceso.

\n\n

El 22 de enero de 2003, el Juez DÉCIMO de lo Civil\n de Guayaquil resolvió negar la petición por asimilarse\n a la exhibición de documentos.
\n Considerando:

\n\n

PRIMERO.- Que, la Sala es competente para conocer y resolver\n el presente caso de conformidad con lo que disponen los artículos\n 95 y 276, número 3 de la Constitución, en concordancia\n con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley del Control\n Constitucional;

\n\n

SEGUNDO.- Que, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna\n que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo\n que se declara su validez;

\n\n

TERCERO.- Que, el artículo 94 de la Constitución\n señala que "Toda persona tendrá derecho a\n acceder a los documentos, bancos de datos e informes que sobre\n sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas\n o privadas, si como conocer el uso que se haga de ellos y su\n propósito", lo que se reitera, en similar sentido,\n en el artículo 34 de la Ley del Control Constitucional,\n cuerpo normativo que, en su artículo 35, determina el\n objeto de esta garantía constitucional, señalando\n que procederá para: a) Obtener del poseedor de la información\n que éste la proporcione al recurrente, en forma completa,\n clara y verídica; b) Obtener el acceso directo a la información;\n c) Obtener de la persona que posee la información que\n la rectifique, elimine o no la divulgue a terceros; y, d) Obtener\n certificaciones o verificaciones sobre que la persona poseedora\n de la información la ha rectificado, eliminado, o no la\n ha divulgado;

\n\n

CUARTO.- Que, el peticionario solícita, a través\n de esta acción constitucional, se remitan copias certificadas\n de una serie de documentos como son registros contables de una\n obligación bancaria y de ingresos de cartera, asientos\n contables, cartas de instrucciones dadas o autorizaciones de\n notas de débito, documentos que justifiquen la facultad\n de representantes legales y de apoderado general de una compañía\n para suscribir convenios, sin que se argumente que los documentos\n solicitados contengan información sensible del accionante\n o que, a través de ésta, se vulneren sus derechos\n subjetivos constitucionales;

\n\n

QUINTO.- Que, la Constitución es un todo orgánico\n y el sentido de sus normas debe ser determinado e interpretado\n de tal manera que exista entre ellas la debida correspondencia\n y armonía, debiendo excluirse, definitivamente, cualquier\n interpretación que conduzca a anular o privar de eficacia\n a algunos de sus preceptos;

\n\n

SEXTO.- Que, de conformidad con lo señalado en el considerando\n precedente, el hábeas data es un proceso de protección\n del derecho de acceso a la información, fundamentalmente\n sensible, cuyo contenido puede afectar otros derechos subjetivos\n constitucionales como la honra, la buena reputación y\n a la intimidad por lo que no se encuentra previsto en la Constitución\n como un mecanismo para remplazar procedimientos previstos por\n el ordenamiento jurídico;

\n\n

SÉPTIMO.- Que, para la exhibición de documentos\n como los que solicita el accionante, se encuentran mecanismos\n expresos previstos en el Código de Procedimiento Civil,\n en sus artículos 68, número 3, y 836 y siguientes,\n tanto como acto preparatorio como en forma de juicio;

\n\n

OCTAVO.- Que, por último, el peticionario señala\n que "en la actualidad, la compañía FINCOMERPRO\n S.A., ACTUALMENTE FRESCOMAR., EMPACADORA DE CAMARONES S.A., ni\n el suscrito en mi calidad de FIADOR SOLIDARIO, mantenemos ni\n mantengo, ninguna clase de obligación crediticia para\n con la referida Institución Bancaria, esto es BANCO DE\n CRÉDITO S.A., EN SANEAMIENTO, puesto que, como ya lo enuncié\n en líneas anteriores mediante Convenio de Cesión\n de Derechos, celebrado el 30 de junio de 1998 y ratificado el\n 2 de julio de 1998, la compañía VIGIE ENTERPRISES\n CORP., sustituyó la deuda para con esa Institución\n Bancaria", asunto que no puede ser dilucidado mediante un\n proceso cautelar de derechos ni por jueces constitucionales,\n sino que corresponde a los jueces ordinarios determinar si el\n accionante mantiene o no obligaciones pendientes;

\n\n

Por lo expuesto y en ejercicio de sus atribuciones,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Negar el hábeas data propuesto por el señor\n Enrique Crespo Guzmán y confirmar la resolución\n del Juez DÉCIMO de lo Civil de Guayaquil.

\n\n

2.- Devolver el expediente al Juzgado de origen. Notifíquese.".

\n\n

f.) Dr. Enrique Herrería Bonnet, Presidente, Tercera\n Sala. f.) Dr. Jaime Nogales Izurieta, Vocal, Tercera Sala.
\n f.) Dr. Simón Zavala Guzmán, Vocal, Tercera Sala.

\n\n

RAZÓN: Siento por tal que la resolución que\n antecede fue aprobada por la Tercera Sala del Tribunal Constitucional,\n el veintiuno de agosto de dos mil tres.- Lo certifico.

\n\n

f.) Lcdo. Francisco Morales Andrade, Secretario (E), Tercera\n Sala.

\n\n

Fiel copia del original.- Tercera Sala.- f.) Secretario de\n Sala.- Tribunal Constitucional.

\n\n

No. 0035-2003-HC

\n\n

Magistrado ponente: Dr. Simón\n Zavala Guzmán

\n\n

"LA TERCERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso signado con el No. 0035-2003-HC

\n\n

ANTECEDENTES:

\n\n

El señor Máximo Majojo Lascano, interpone para\n ante el Tribunal Constitucional recurso de apelación,\n impugnando la resolución que niega el hábeas corpus,\n expedida el 4 de junio de 2003, por el Alcalde de Manta; funda\n su petición en el hecho de que se encuentra injustamente\n privado de su libertad desde el 2 de junio de 2003, habiendo\n permanecido detenido sin orden escrita de Juez competente, desconociendo\n la causa de su detención, por lo que solícita a\n través de este recurso de hábeas corpus se disponga\n su inmediata libertad al amparo del Art. 93 de la Carta Política\n y del Art. 74 de la Ley de Régimen Municipal. Con estos\n antecedentes, siendo el estado de la causa el de resolver, para\n hacerlo se considera:

\n\n

PRIMERO.- La causa se ha tramitado de acuerdo con las normas\n legales pertinentes y, por lo mismo, no existe nulidad que declarar.

\n\n

SEGUNDO.- La Tercera Sala del Tribunal Constitucional es competente\n para conocer y resolver la presente causa, de conformidad con\n lo dispuesto en los Arts. 93 de la Constitución Política,\n y 12, número 3 y 62 de la Ley del Control Constitucional.

\n\n

TERCERO.- El hábeas corpus es una de las garantías\n fundamentales que tienen todas las personas, partiendo de que\n la libertad constituye uno de los bienes jurídicos de\n supremo valor, indispensable para la existencia misma de la sociedad\n y un Estado democrático de derecho, se encuentra respaldado\n por muchos siglos de historia avalada por la doctrina y reconocida\n por la mayoría de las constituciones políticas\n del mundo. El artículo 93 de nuestra Carta Política\n textualmente dice: Hábeas Corpus.- "Toda persona\n que crea estar ilegalmente privada de su libertad, podrá\n acogerse al hábeas corpus. Ejercerá este derecho\n por si o por interpuesta persona, sin necesidad de mandato escrito,\n ante el alcalde bajo cuya jurisdicción se encuentre o\n ante quien haga sus veces". Los artículos 30 y 31\n de la Ley del Control Constitucional, y en lo que no se oponga,\n el artículo 74 de la Ley de Régimen Municipal,\n guardan concordancia con las normas constitucionales.

\n\n

CUARTO.- En el presente caso, consta del expediente a fojas\n 25, el oficio No. 450-2003, suscrito por el Juez Octavo de lo\n Penal de Manabí, en el que se informa que esa Judicatura\n confirmó la aprehensión y que el Fiscal Ab. René\n Mera Ch. solícita la orden de prisión preventiva\n con fecha 3 de junio de 2003, el Parte Policial elevado al Jefe\n de la Policía Nacional de Manta, por medio del cual informa\n que se ha procedido a la aprehensión del mencionado ciudadano\n al haberse encontrado en su domicilio las evidencias reportadas\n como robadas de dos domicilios de la ciudad de Manta; consta\n el auto de inicio de Instrucción Fiscal, en el que se\n dicta el auto de prisión preventiva en contra de el recurrente,\n en atención a lo dispuesto en el Art. 167 del Código\n de Procedimiento Penal, girándose la respectiva Boleta\n Constitucional de Encarcelamiento. Todo esto evidencia que el\n recurrente se encuentra detenido en legal y debida forma, cumpliéndose\n con todos los requisitos' legales, no existen vicios de procedimiento\n en la detención, por reunidos los requisitos establecidos\n en los Arts. 167 y 168 del Código de Procedimiento Penal.\n El recurrente fue conducido en presencia del Alcalde de Manta\n el 3 de junio de 2003, a las 1 6h00, haciendo uso de su derecho\n legítimo a la defensa y en general existe un debido proceso,\n es decir, se han cumplido los requisitos legales y constitucionales\n para la detención del sindicado. Por las consideraciones\n que anteceden, la TERCERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

\n\n

Resuelve:

\n\n

Confirmar la resolución de fecha 4 de junio de 2003,\n emitida por el Alcalde de Manta, en consecuencia, se niega el\n recurso de hábeas corpus interpuesto por el señor\n Máximo Majojo Lascano.

\n\n

2.- Devolver el expediente al Alcalde de Manta, para los fines\n consiguientes.- Notifíquese.

\n\n

f.) Dr. Enrique Herrería Bonnet. Presidente, Tercera\n Sala.
\n f.) Dr. Jaime Nogales Izurieta, Vocal, Tercera Sala.
\n f.) Dr. Simón Zavala Guzmán. Vocal, Tercera Sala.

\n\n

RAZÓN: Siento por tal que la resolución que\n antecede fue aprobada por la Tercera Sala del Tribunal Constitucional,\n a los veinte días del mes de agosto de dos mil tres.-\n Lo certifico.

\n\n

f.) Dra. Anacélida Burbano Játiva, Secretaria,\n Tercera Sala.

\n\n

Fiel copia del original.- Tercera Sala.- f.) Secretario de\n Sala.- Tribunal Constitucional.

\n\n

No. 0053-2003-HC

\n\n

Magistrado ponente: Dr. Simón\n Zavala Guzmán

\n\n

'LA TERCERA SALA DEL TRIBUNAL
\n CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso signado con el No. 0053-2003-HC

\n\n

ANTECEDENTES:

\n\n

La señora Alexandra Jeannete Sánchez Palacios,\n interpone para ante el Tribunal Constitucional recurso de apelación,\n impugnando la resolución que niega el hábeas corpus,\n expedida el 22 de julio de 2003, por el Alcalde de del Distrito\n Metropolitano de Quito (E); funda su petición en el hecho\n de que se encuentra injustamente privada de su libertad desde\n el 10 de julio de 2003, habiendo permanecido detenida sin orden\n escrita de Juez competente, desconociendo la causa de su detención,\n por lo que solícita a través de este recurso de\n hábeas corpus se disponga su inmediata libertad al amparo\n del Art. 93 de la Carta Política y del Art. 74 de la Ley\n de Régimen Municipal. Con estos antecedentes, siendo el\n estado de la causa el de resolver, para hacerlo se considera:

\n\n

PRIMERO.- La causa se ha tramitado de acuerdo con las normas\n legales pertinentes y, por lo mismo, no existe nulidad que declarar.

\n\n

SEGUNDO.- La Tercera Sala del Tribunal Constitucional es competente\n para conocer y resolver la presente causa, de conformidad con\n lo dispuesto en los Arts. 93 de la Constitución Política,\n y 12, número 3 y 62 de la Ley del Control Constitucional.

\n\n

TERCERO.- El hábeas corpus es una de las garantías\n fundamentales que tienen todas las personas, partiendo de que\n la libertad constituye uno de los bienes jurídicos de\n supremo valor, indispensable para la existencia misma de la sociedad\n y un Estado democrático de derecho, se encuentra respaldado\n por muchos siglos de historia avalada por la doctrina y reconocida\n por la mayoría de las constituciones políticas\n del mundo. El artículo 93 de nuestra Carta Política\n textualmente dice: Hábeas Corpus.- "Toda persona\n que crea estar ilegalmente privada de su libertad, podrá\n acogerse al hábeas corpus. Ejercerá este derecho\n por sí o por interpuesta persona, sin necesidad de mandato\n escrito, ante el alcalde bajo cuya jurisdicción se encuentre\n o ante quien haga sus veces". Los artículos 30 y\n 31 de la Ley del Control Constitucional, y en lo que no se oponga,\n el articulo 74 de la Ley de Régimen Municipal, guardan\n concordancia con las normas constitucionales.

\n\n

CUARTO.- En el presente caso, consta del expediente el auto\n de inicio de Instrucción Fiscal No. 2025-JMJ de fecha\n 10 de julio de 2003, (fojas 265) en el que solícita se\n ordene la prisión preventiva en contra de la recurrente,\n en atención a lo dispuesto en el Art. 167 del Código\n de Procedimiento; consta el Parte elevado al Jefe de la Policía\n Judicial de Pichincha, por medio del cual informa que se ha procedido\n a la aprehensión de la mencionada ciudadana, dando cumplimiento\n al Of. 921-2003-J7PP de fecha 27 de junio de 2003, emanado por\n la Jueza Séptima de lo Penal de Pichincha (fojas 18 del\n expediente); la providencia em

 

Change password



Loading..