Registro Oficial. 21 de OCTUBRE del 2003

Martes, 21 de octubre de 2003

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE OCTUBRE DEL 2003
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Martes, 21 de Octubre del 2003 - R. O. No. 194

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR
\n

\n\n

FUNCIÓN\n EJECUTIVA

\n\n

ACUERDOS:

\n\n

MINISTERIO\n DE DESARROLLO
\n URBANO Y VIVIENDA:

\n\n

0171\n Apruébase\n el estatuto y concédese personería jurídica\n al Consorcio de Juntas Administradoras de Agua Potable de la\n provincia del Guayas

\n\n

MINISTERIO\n DE RELACIONES
\n EXTERIORES:

\n\n

Convenio\n de Cooperación Económica\n y Técnica entre el Gobierno de la República del\n Ecuador y el Gobierno de la Federación de Rusia

\n\n

RESOLUCIONES:

\n\n

CONSEJO\n DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES:

\n\n

211 Autorizase varias importaciones,\n de conformidad con las características y beneficiarios..

\n\n

OFICINA\n DE SERVICIO CIVIL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL:

\n\n

OSCIDI.2003-042 Emítese dictamen favorable\n a la Estructura y Estatuto Orgánico por Procesos de la\n Corporación de Desarrollo Regional de Chimborazo- CODERECH.

\n\n

CONTRALORÍA\n GENERAL DEL ESTADO:

\n\n

Lista\n de personas naturales y jurídicas que han incumplido contratos con el Estado,\n que han sido declaradas como adjudicatarios fallidos y que han\n dejado de constar en el Registro de Contratistas Incumplidos\n y Adjudicatarios Fallidos

\n\n

FUNCIÓN\n JUDICIAL

\n\n

CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA TERCERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL:

\n\n

Recursos de casación\n en los juicios seguidos por las siguientes personas:

\n\n

187-2003 Abogado José Aveiga\n Delgado en contra de Marcia Eugenia Ordeñana Campodónico\n y otro

\n\n

188-2003\n David Vicente\n Molina Arias en contra de Rey Banano del Pacífico S.A\n

\n\n

TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL

\n\n

RESOLUCIONES:

\n\n

1089-99-RA Deséchase el pedido\n solicitado y ordénase el archivo del expediente presentado\n por el señor Paco Moncayo Gallegos y otro
\n
\n 700-2002-RA Agréguese al expediente\n los escritos presentados por la doctora Mariana Yépez\n de Velasco y otra.

\n\n

004-2003-DI Declárase que no hay\n lugar a la inconstitucionalidad del artículo 3 de la Ley\n No 121, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No 378\n de viernes 7 de agosto de 1998.

\n\n

006-2003-DI Declárase la inconstitucionalidad\n con carácter general y obligatorio y suspéndese\n los efectos de la frase: "De lo que resuelva la Corte Superior\n respecto de la apelación no cabe recurso alguno",\n contenida en el artículo 347 del Código de Procedimiento\n Penal en vigencia

\n\n

014-2003-TC Deséchase la demanda\n de inconstitu-cionalidad planteada por el ingeniero Fernando\n Gómez Miranda.

\n\n

054-2003-HC Confirmase la decisión\n de la Segunda Vicepresidenta del Concejo del Distrito Metropolitano\n de Quito, encargada de la Alcaldía y niégase el\n recurso de hábeas corpus planteado por Jorge Wilson Andrade\n Pazmiño.

\n\n

375-2003-RA Confirmase en todas sus partes\n la resolución de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso\n Administrativo, Distrito Quito y concédese el amparo solicitado\n por varios trabajadores de la Unidad Ejecutora Operación\n Rescate Infantil, ORI.

\n\n

TRIBUNAL\n SUPREMO ELECTORAL

\n\n

RESOLUCIÓN:

\n\n

RJE-PLE-TSE-2-7-10-2003 Déjase sin efecto la\n cancelación de la inscripción del Partido Socialista\n - Frente Amplio, en el Registro de Organizaciones Políticas

\n\n

ORDENANZA\n METROPOLITANA DE QUITO:

\n\n

0100 Sustitutiva de la Ordenanza\n No 068, que reforma el Título V, Capítulo 1 del\n Libro II del Código Municipal, relacionado con el barrido,\n entrega, recolección, transporte, transferencia y disposición\n final de los residuos sólidos urbanos domésticos,\n comerciales, industriales y biológicos

\n\n

ORDENANZAS\n MUNICIPALES:

\n\n

Cantón\n Atacames: De\n Servicio Civil y Carrera Administrativa Municipal, que regula\n la administración del personal.

\n\n

Cantón\n Patate: Que\n crea la Comisión Permanente de Medio Ambiente y Turismo.\n

\n \n
\n

 

\n\n

No. 0171

\n\n

Arquitecto Ermel Fiallo Grunaguer
\n MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, de conformidad con lo prescrito en el numeral 19 del\n artículo 23 de la Constitución Política\n de la República, el Estado Ecuatoriano reconoce y garantiza\n a los ciudadanos el derecho a la libre asociación con\n fines pacíficos;

\n\n

Que, de conformidad con lo previsto en el Decreto Ejecutivo\n No 339, publicado en el Registro Oficial No. 77 del 30\n de noviembre de 1998, se delega a los ministros de Estado, para\n que de acuerdo con la materia de que se trate, aprueben los estatutos\n y las reformas de los mismos, de las fundaciones o corporaciones,\n y les otorguen la personalidad jurídica, según\n lo previsto en el artículo 584 del Código Civil;

\n\n

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1218, publicado en el\n Registro Oficial No. 317 del 16 de noviembre de 1993, se otorga\n al MIDUVI funciones rectoras en materia de desarrollo y ordenamiento\n urbano, así como la atención y solución\n de problemas de saneamiento ambiental y protección del\n medio ambiente;

\n\n

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1820, publicado en el\n Registro Oficial No. 461 del 14 de junio de 1994, se fusiona\n al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda el Instituto Ecuatoriano\n de Obras Sanitarias y la Junta Nacional de la Vivienda, con las\n competencias que constan en las leyes de origen y las sucesivas\n reformas;

\n\n

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Título XXIX\n del Código Civil ecuatoriano, se faculta el libre derecho\n de constituirse como asociación de derecho privado, con\n personería jurídica propia y ajena a toda actividad\n política;

\n\n

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo\n 179 de la Constitución Política de la República\n del Ecuador, corresponde a los ministerios del Estado expedir\n las normas, acuerdos y resoluciones que requiera la gestión\n ministerial;

\n\n

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo\n 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo\n de la Función Ejecutiva, los ministros de Estado tienen\n competencia para el despacho de todos ¡os asuntos inherentes\n a sus ministerios; y,

\n\n

En uso de las facultades legales y reglamentarias,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Art. 1.- Aprobar el estatuto y conceder personería\n jurídica al Consorcio de Juntas Administradoras de Agua\n Potable de la provincia del Guayas, con domicilio en la ciudad\n de Guayaquil República del Ecuador, con las reformas introducidas\n en el estatuto. Pudiendo establecer sedes en otras ciudades de\n la provincia.

\n\n

Para el efecto, facúltese al Director de Procesos de\n Asesoría Jurídica para que a nombre del MIDUVI,\n realice los trámites necesarios para su publicación\n en el Registro Oficial. Dado en el Despacho del Ministro de Desarrollo\n Urbano y Vivienda, en Quito, Distrito Metropolitano, a 30 de
\n septiembre de 2003.

\n\n

f.) Arq. Ermel Fiallo Grunaguer, Ministro de Desarrollo Urbano\n y Vivienda.

\n\n

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.- Certifico que\n este documento es fiel copia del original.- f.) Secretaria General.-\n Fecha: 9 de octubre de 2003.

\n\n

MINISTERIO DE RELACIONES
\n EXTERIORES

\n\n

CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA\n Y TÉCNICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA
\n REPUBLICA DEL ECUADOR Y EL GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN DE\n RUSIA

\n\n

El Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno\n de la Federación de Rusia denominados en adelante las\n Partes.

\n\n

Animados por el deseo de fortalecer las relaciones de amistad\n entre los dos estados en base al respeto mutuo.

\n\n

Incentivados por la voluntad de desarrollar y ampliar de manera\n multifacética la cooperación económica y\n técnica, entre los dos estados.

\n\n

Conscientes de las ventajas que pueden obtenerse de esta cooperación.

\n\n

Han convenido en lo siguiente,

\n\n

ARTICULO I

\n\n

Las Partes continuarán encaminando sus esfuerzos orientados\n a promover la cooperación económica y técnica\n entre los dos estados para la ejecución de programas y\n proyectos de interés común y cooperarán,\n dentro de sus posibilidades y recursos, en la solución\n de problemas de carácter económico y técnico,\n en base a los principios de igualdad y beneficio mutuo en el\n marco de la legislación vigente en cada uno de los estados.

\n\n

ARTICULO II

\n\n

Las Partes presentarán especial atención al\n desarrollo de la cooperación económica y técnica\n bilateral, en particular en las siguientes áreas:

\n\n

a) Extracción y refinación de petróleo;

\n\n

b) Energética;

\n\n

c) Agricultura;

\n\n

d) Transporte;

\n\n

e) Medicina;

\n\n

f) Industria alimenticia;

\n\n

g) Pesca procesamiento de pescado y productos del mar; y,

\n\n

h) Exploración y extracción de recursos naturales.

\n\n

ARTICULO III

\n\n

La cooperación en el marco del presente convenio se\n realizará en base de programas y acuerdos, cuyo concreto\n contenido lo determinarán conjuntamente las organizaciones\n correspondientes de ambos estados.

\n\n

Las Partes tomarán las medidas necesarias destinadas\n a crear las más favorables condiciones para llevar a la\n práctica la cooperación, en particular, en las\n siguientes formas:

\n\n

a) Establecimiento de empresas con inversiones extranjeras;

\n\n

b) Proyección, construcción y modernización\n de obras en diversas áreas;

\n\n

c) Intercambio de expertos y asesores;

\n\n

d) Consultas;

\n\n

e) Organización de seminarios, estudios y preparación\n complementaria para expertos principalmente en el área\n de comercio exterior;

\n\n

f) Organización de exposiciones;

\n\n

g) Intercambio de conocimientos científicos y técnicos;

\n\n

h) Realización conjunta o coordinada de programas de\n investigación y/o programas de desarrollo; e,

\n\n

i) Otras formas de cooperación económica y técnica,\n de conformidad con las necesidades con los dos estados.

\n\n

ARTICULO IV

\n\n

En los casos pertinentes, para la participación en\n los programas que se ejecuten en el marco del presente convenio,\n las entidades ecuatorianas y rusas podrán, de común\n acuerdo, contar con la participación de organizaciones\n de terceros estados.

\n\n

ARTICULO V

\n\n

Cada una de las Partes garantizará la no difusión\n de documentos, informaciones y otros datos obtenidos durante\n el cumplimiento del presente convenio, a cualquier tercera parte,\n sin consentimiento de la otra parte contratante.

\n\n

ARTICULO VI

\n\n

Las Partes han convenido en realizar consultas mutuas con\n el objeto de desarrollar y ampliar la cooperación económica\n y técnica, analizar las propuestas para el uso efectivo\n del presente convenio y elaborar propuestas para eliminar los\n obstáculos que puedan presentarse durante la realización\n de cualquier proyecto, elaborado de conformidad con el presente\n convenio. Tales consultas transcurrirán en el marco de\n la Comisión Intergubernamental Bilateral de Cooperación\n Económica - Comercial.

\n\n

ARTICULO VII

\n\n

Las controversias sobre la interpretación y utilización\n del presente convenio serán resueltas mediante negociaciones\n y consultas entre las Partes.

\n\n

ARTICULO VIII

\n\n

Todas las modificaciones y enmiendas al presente convenio\n se introducen, por acuerdo mutuo de las Partes y se formalizarán\n a través de protocolos.

\n\n

ARTICULO IX

\n\n

El presente convenio entrará en vigor a partir de la\n fecha en que se reciba la última notificación oficial\n escrita que confirme el cumplimiento por las Partes de los procedimientos\n internos estatales necesarios para su entrada en vigor.

\n\n

El presente convenio estará vigente durante cinco años\n y automáticamente se prorrogará por períodos\n de cinco años, si alguna de las Partes no informa por\n escrito a la otra Parte contratante sobre su intención\n de cesar la vigencia del mismo, con un mínimo de seis\n meses de anticipación a la expiración del período\n en curso.

\n\n

Las disposiciones del presente convenio continuarán\n aplicándose a todos los acuerdos firmados durante el período\n de su vigencia y que no hayan sido cumplidos completa o parcialmente\n al momento del término del plazo de vigencia del presente\n convenio.

\n\n

Hecho en Moscú, el primer día del mes de noviembre\n de 2002, en dos ejemplares originales, cada uno en idioma español\n y ruso, con igual validez.

\n\n

Por el Gobierno de la República del Ecuador. f.) Ilegible.

\n\n

Por el Gobierno de la Federación de Rusia.

\n\n

f.) Ilegible.

\n\n

Certifico que es fiel copia del documento original que se\n encuentra en los archivos de la Dirección General de Tratados\n del Ministerio de Relaciones Exteriores.- Quito, a 6 octubre\n de 2003.- f.) Rodrigo Yepes Enríquez, Director General\n de Tratados.

\n\n

No. 211

\n\n

LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL CONSEJO\n DE
\n COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el artículo 158 de la Ley para la Promoción\n de la Inversión y de la Participación Ciudadana,\n publicada en el Registro Oficial No. 144 de 18 de agosto de 2000,\n permite las importaciones de vehículos automotores de\n uso especial, equipo caminero, equipos agrícolas, sus\n componentes y accesorios, usados o remanufacturados, previo el\n cumplimiento de ciertos requisitos determinados en la misma norma;

\n\n

Que el articulo 39 del Texto Unificado de la Legislación\n del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización,\n Pesca y Competitividad, publicado mediante Decreto Ejecutivo\n No. 3497, en el Registro Oficial No 744 del 14 de enero\n de 2003, permite las importaciones de vehículos automotores\n de uso especial, equipo caminero, equipos agrícolas, sus\n componentes y accesorios, usados o remanufacturados, previo el\n cumplimiento de determinados requisitos;

\n\n

Que los informes técnicos Nos. 120. 121, ¡24,\n 128 y 130 del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización,\n Pesca y Competitividad determinan que, las solicitudes presentadas\n cumplen con los requisitos establecidos en el articulo ¡58\n de la Ley para la Promoción de la Inversión y de\n la Participación Ciudadana y su reglamento; así\n como con el Decreto Ejecutivo No. 3497: y,

\n\n

En ejercicio de las facultades que le confiere la lev,

\n\n

Resuelve:

\n\n

ARTICULO ÚNICO.- Autorizar las siguientes importaciones,\n de conformidad con las características y beneficiarios\n que se detallan a continuación:

\n\n

(Anexo 21OCT1,5)

\n\n

Certifico que la presente resolución fue adoptada por\n la Comisión Ejecutiva del Consejo de Comercio Exterior\n e Inversiones en sesión llevada a cabo el día lunes\n 13 de octubre de 2003.

\n\n

f.) Cristian Espinosa Cañizares, Subsecretario de Comercio\n Exterior e Integración del MICIP, Secretario del COMEXI.

\n\n

No OSCIDI.2003-042

\n\n

EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE SERVICIO
\n CIVIL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo No 3609, publicado en la Edición\n Especial No 1 del Registro Oficial de 20 de marzo de 2003, se\n conforma la Corporación de Desarrollo Regional de Chimborazo,\n CODERECH:

\n\n

Que en el marco del proceso de modernización administrativa\n del Estado, se viene aplicando los nuevos sistemas de organización\n por procesos y de desarrollo de recursos humanos a implementarse\n en las entidades del sector público, conforme a las políticas\n públicas establecidas en la Resolución No\n OSCIDI-2000-032, publicada en el Registro Oficial No 234\n del 29 de diciembre de 2000;

\n\n

Que con Resolución No OSCIDI-2001 -050, publicada en\n el Registro Oficial No 375 de 24 de julio de 2001, la Oficina\n de Servicio Civil y Desarrollo Institucional, expidió\n la Norma Técnica, de Aplicación del Subsistema\n de Clasificación de Puestos del Servicio Civil, que determina\n la nomenclatura de '¡a clasificación de los procesos\n institucionales;

\n\n

Que la filosofía de gestión por procesos, se\n basa en un análisis permanente y mejoramiento continuo\n de los diferentes procesos institucionales; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Decreto\n Ejecutivo No 41, publicado en el Suplemento del Registro Oficial\n No 11 de 25 de agosto de 1998,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1.- Emitir dictamen favorable a la Estructura y Estatuto\n Orgánico por Procesos de la Corporación de Desarrollo\n Regional de Chimborazo, CODERECH, integrado por los siguientes\n procesos:

\n\n

1. PROCESOS GOBERNANTES

\n\n

1.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
\n DEL MANEJO DE LOS RECURSOS
\n HÍDRICOS DE LAS CUENCAS
\n HIDROGRÁFICAS DE LA PROVINCIA DE
\n CHIMBORAZO

\n\n

Responsable: Directorio

\n\n

1.2 GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL MANEJO
\n DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LAS
\n CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA
\n PROVINCIA DE CHIMBORAZO
\n
\n Responsable: Director Ejecutivo

\n\n

2. PROCESOS HABILITANTES

\n\n

2.1. DE ASESORIA

\n\n

2.1.1 ASESORIA JURÍDICA

\n\n

Responsable: Coordinador

\n\n

2.2. DE APOYO
\n
\n 2.2.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
\n FINANCIERA; integrado por los siguientes subprocesos:

\n\n

2.2.1.1 Gestión de Recursos Humanos
\n 2.2.1.2 Servicios Institucionales
\n 2.2.1.3 Presupuesto y Contabilidad
\n 2.2.1.4 Administración de Caja

\n\n

Responsable: Coordinador

\n\n

3. PROCESOS AGREGADORES DE VALOR

\n\n

3.1 MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO;
\n integrado por los siguientes subprocesos:

\n\n

Responsable: Director Técnico de Área

\n\n

3.1.1 PROYECTOS DE RIEGO, DRENAJE Y CONTROL DE INUNDACIONES

\n\n

3.1.1.1 Estudios y Diseños
\n 3.1.1.2 Construcción y Fiscalización

\n\n

Responsable: Coordinador

\n\n

3.1.2 ASISTENCIA TÉCNICA Y
\n TRANSFERENCIA DE LOS
\n SISTEMAS DE RIEGO

\n\n

3.1.2.1 Operación, Mantenimiento y Transferencia
\n 3.1.2.2 Capacitación y Fortalecimiento de Organizaciones\n de Usuarios

\n\n

Responsable: Coordinador

\n\n

Art. 2.- La Corporación de Desarrollo Regional de Chimborazo,\n CODERECH, expedirá la correspondiente resolución\n en los términos de la presente.

\n\n

Esta resolución entrará en vigencia a partir\n de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Dado, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n 26 de septiembre de 2003.

\n\n

f.) Dr. Angel Torres Moncayo, Director de Servicio Civil y\n Desarrollo Institucional (E).

\n\n

(Anexo 21OCT2)

\n\n

CONTRALORÍA GENERAL

\n\n

Oficio No 35650 SGEN.D

\n\n

Sección: SECRETARIA GENERAL

\n\n

Asunto: Nómina Contratistas Incumplidos

\n\n

Quito, 8 de octubre de 2003.

\n\n

Señor doctor
\n Jorge Arturo Morejón Martínez
\n Director del Registro Oficial
\n Tribunal Constitucional
\n Ciudad

\n\n

Señor Director:

\n\n

De conformidad con lo prescrito en el artículo 122\n del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de\n Contratación Pública, agradeceré a usted\n disponer se publique en un ejemplar del Registro Oficial la lista\n de personas naturales y jurídicas que han incumplido contratos\n con el Estado, que han sido declaradas como adjudicatarios fallidos\n y que han dejado de constar en el Registro de Contratistas Incumplidos\n y Adjudicatarios Fallidos.

\n\n

INHABILITADOS

\n\n

Personas Naturales Entidad

\n\n

lng. Roberto Arévalo Ministerio de Bienestar
\n Moscoso 0903541233 Social

\n\n

Ing. José Fabricio Correa PETROPRODUCCIÓN
\n Delgado CC. 0907097208

\n\n

Ing. Oswaldo Aráuz Guerrero Municipio de Guayaquil
\n 090792926-9

\n\n

lng. Colón Vicente Ruiz Ministerio de Bienestar
\n Chávez 090 174015-9 Social

\n\n

Arq. Rolando Marconi Ministerio de Bienestar
\n Avellán Molina 090602956-6 Social

\n\n

Carlos Eduardo Oquendo Empresa Metropolitana
\n Troncoso 170397255-2 de Obras Públicas

\n\n

Marcelo Enrique Silva Empresa Metropolitana
\n Troncoso 170302849-6 de Obras Públicas

\n\n

Leticia Nerey Troncoso Empresa Metropolitana
\n Campbell 170661846-7 de Obras Públicas

\n\n

Ing. Juan Carlos Berrú
\n Cabrera 070267189-2 PREDESUR

\n\n

Esteban Mateus Acosta Banco Central del
\n 090552447-6 Ecuador

\n\n

Personas Jurídicas Entidad

\n\n

Rugoloto S.A. Municipio de Guayaquil
\n Marpoxa S.A. Municipio de Guayaquil

\n\n

Empresa Cárdenas Cárdenas Unidad Operadora del
\n Asociados Cía. Ltda. Sistema Trolebús
\n LOGIKA

\n\n

Compañía FERLECOM SA. Municipio de Guayaquil\n Compañía CAVIMIR SA. Municipio de Guayaquil

\n\n

HABILITADOS

\n\n

Personas Naturales Entidad
\n Ing. Ernesto Alonso Nájera Empresa Metropolitana
\n Yépez 1702554401 de Obras Públicas

\n\n

lng. Iván Francisco Torres Empresa Metropolitana
\n Mora 170444754-7 de Obras Públicas

\n\n

Arq. Iván Gustavo Proaño H. Consejo Provincial\n de
\n Acevedo 170390616-2 Pichincha

\n\n

lng. José Alberto Vega Delegación Distrital\n del
\n Cáceres 1703045631 Cañar del Consejo
\n Nacional de la
\n Judicatura

\n\n

lng. José Félix Barreiro Municipio de Otavalo\n
\n Riofrío 170446581-2

\n\n

Ing. Carlos Antonio Gavidia Ministerio de Desarrollo
\n Castillo 170425306-9 Urbano y Vivienda

\n\n

lng. Pedro Alfonso Alarcón Fondo de Inversión
\n Vedoya 170328290-3 Social de Emergencia, FISE

\n\n

Personas Jurídicas Entidad

\n\n

Sul América Compañía de Empresa Metropolitana
\n Seguros del Ecuador C.A. de Obras Públicas

\n\n

Integral S.A. Compañía de Ministerio de Obras
\n Seguros y Reaseguros Públicas

\n\n

Atentamente, Dios, Patria y Libertad
\n Por el Contralor General del Estado

\n\n

f.) Dr. César Mejía Freire, Secretario General\n de la Contraloría (E).

\n\n

No. 187-2003

\n\n

JUICIO VERBAL SUMARIO

\n\n

ACTOR: Ab. José Aveiga Delgado, en su calidad de procurador\n judicial de Esteban Alberto Bajaña Peralta.

\n\n

DEMANDADOS: Marcia Eugenia Ordeñana Campodónico\n y Dr. Ernesto Pazzos Navarro.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n TERCERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, 2 de septiembre de 2003; las 10h30.

\n\n

VISTOS (284-2002): El abogado José Aveiga Delgado en\n calidad de procurador judicial de Esteban Alberto Bajaña\n Peralta, dice que el Dr. Teodoro Alejandro Vinueza Pinos en calidad\n de apoderado del expresado doctor, dio en arrendamiento a Marcia\n Eugenia Ordeñana Campodónico el departamento ubicado\n en la planta baja de la villa No. 7 de la manzana 90 en la ciudadela\n La Garzota de la ciudad de Guayaquil el ¡5 de enero de\n 2001. Añade que el arrendador desahució a su arrendataria,\n de acuerdo con el Art. 33 de la Ley de Inquilinato luego de lo\n cual la requirió, pero que ella hace caso omiso de tales\n diligencias. Con estos antecedentes y al amparo de los Arts.\n 33 de la Ley de Inquilinato y 843 y siguientes del Código\n de Procedimiento Civil, demanda a Marcia Eugenia Ordeñana\n Campodónico y a su garante Dr. Ernesto Pazzos Navarro,\n pidiendo que se les condene a la terminación del contrato,\n la inmediata desocupación y entrega del inmueble al resarcimiento\n de daños y perjuicios, al pago de las pensiones vencidas\n y que se vencieren y al de las costas procesales. El señor\n Juez Cuarto de Inquilinato de Guayaquil declara con lugar la\n demanda. La Quinta Sala de la H. 'Corte Superior de Justicia\n de dicha jurisdicción confirma la decisión de primer\n nivel con el voto salvado del Dr. Alfredo Tapia Egüez exclusivamente\n en la parte en que le condena a pagar por la mora la suma de\n un mil dólares en tanto que la decisión de mayoría\n fijó en setenta dólares hasta la desocupación\n y entrega. Marcia Eugenia Ordeñana Campodónico\n y el Dr. Ernesto Pazzos Navarro han interpuesto recurso de casación\n contra el pronunciamiento de dicho Tribunal. Consideran infringidos\n los Arts. 44 y 355 numeral tercero del Código de Procedimiento\n Civil y
\n 49 de la Ley de Federación de Abogados; así como\n la "Disposición Transitoria Segunda, según\n la codificación, publicada en el RO. 196 del 1 de Noviembre\n del 2000 y su antecedente, la Ley Reformatoria al Art. 6 de la\n Ley de Inquilinato reformada mediante Ley No. 54, publicada en\n el RO. No. 319, publicada en el R.O. No. 81 del 19 de mayo de\n 2000". Invocan la causal primera del Art. 3 de la Ley de\n Casación. Dicho Tribunal rechazó la impugnación\n y los recurrentes dedujeron el recurso de hecho. El abogado José\n Aveiga Delgado en calidad de procurador judicial del señor\n Esteban Alberto Bajaña Peralta contestó en los\n términos del escrito que obra a fojas 3 - 4 de este cuaderno.\n Con estos antecedentes para resolver se considera: PRIMERO.-\n Los juicios ordinarios y los verbal sumarios son juicios de conocimiento.\n Lo que se ha discutido es si lo son los ejecutivos habiéndose\n sostenido que éstos, efectivamente no lo son. SEGUNDO.-\n La Quinta Sala de dicho Tribunal negó el recurso de casación\n argumentando que los juicios de inquilinato no son de conocimiento\n razón por la cual los autores de la impugnación\n interpusieron el recurso de hecho, en virtud del cual los autos\n han llegado a esta Sala. Los recurrentes alegaron- la prórroga\n de los contratos de inquilinato pero la norma pertinente se halla\n concebida en los siguientes términos: "SEGUNDA.-\n Congélanse por dos años las pensiones de arrendamiento\n de los inmuebles destinados a vivienda, vivienda - taller o vivienda\n - negocio, cuya cuantía mensual no exceda de seis salarios\n mínimos vitales generales; y prorrógase por igual\n tiempo el plazo de los contratos a partir del 19 de mayo del\n 2000 según Ley 2000 - 17 promulgada en el RO. 81 de la\n misma fecha.". Tal prórroga no beneficia a los que\n recurren en casación pues según la Ley para la\n Transformación Económica del Ecuador, publicada\n en el RO. No. 34 del 13 de marzo de 2000 en el artículo\n innumerado dice: "Salario Mínimo Vital General.-\n Mantiénese exclusivamente para fines referenciales, el\n Salario Mínimo Vital General de cien mil sucres...",\n lo que quiere decir que dicha norma no beneficiaba a la arrendataria\n porque la renta estipulada en el contrato materia del litigio\n es la de un millón setecientos veintiocho mil sucres mensuales.\n TERCERO.- Ni el desahucio ni el requerimiento son juicios como\n equivocadamente hacen constar los demandados. El primero es un\n aviso que el arrendador da al arrendatario noventa días\n antes, por lo menos de la terminación del plazo; y el\n requerimiento es una insistencia en el mismo sentido. CUARTO.-\n Por lo mismo no se ha infringido el Art. 44 del Código\n de Procedimiento Civil que se refiere a la comparecencia en juicio\n ni el Art. 49 de la Ley de Federación de Abogados, que\n trata del procurador judicial. En cuanto al ordinal tercero del\n Art. 355 del Código de Procedimiento Civil, que se refiere\n a la solemnidad sustancial de legitimidad de personería\n no hay razón para considerarlo infringido. En consecuencia\n la impugnación carece de fundamento, motivo por el cual,\n ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD\n DE LA LEY, se deniega el recurso de hecho y por tanto el de casación\n que le precede. Sin costas ni multa. Notifíquese.

\n\n

Fdo.) Dres. Rodrigo Varea Avilés, Estuardo Hurtado\n Larrea y Galo Pico Mantilla, Ministros Jueces.

\n\n

Certifico.

\n\n

f.) Dra. Lucía Toledo Puebla, Secretaria Relatora.,

\n\n

Las dos fojas que anteceden son fiel copia de su original.

\n\n

Certifico.

\n\n

Quito, 2 de septiembre de 2003.

\n\n

f.) Secretaria Relatora.

\n\n

No. 188-2003

\n\n

JUICIO VERBAL SUMARIO

\n\n

ACTORES: David Vicente Molina Arias,\n David Sandro Molina Avilés y Juan Carlos
\n Molina Avilés.

\n\n

DEMANDADO: Rey Banano del Pacífico\n SA.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n TERCERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, 5 de septiembre de 2003; las\n 10h30.

\n\n

VISTOS (101-2002): David Vicente Molina Arias dice que el\n 21 de marzo de 1996 celebró por el plazo de un año,\n un contrato de compraventa de banano destinado a la exportación,\n con Rey Banano del Pacífico SA., en cuya cláusula\n segunda se comprometió a entregar con exclusividad, semanalmente,\n tres mil ochocientos cajas de banano 22 XU de 19.5 kg. Que la\n compradora exigía y le recibía cajas de tipo superior\n al contratado, o sea hasta 30 libras pagándole ese mismo\n precio y que ésta le ha descontado indebidamente valores\n por la calificadora S.G.S., así como valores para el inspector\n de cupo de la compradora. Que el 31 de octubre de 1996 se acercó\n a cobrar la entrega de las tarjas u órdenes de entrega\n recibidas, y se le manifestó que la empresa habla suspendido\n el pago y menciona que se daba así por terminado unilateralmente\n el contrato, por lo que a su vez entraba a funcionar la cláusula\n novena del mismo en la que fundamenta su demanda, pidiendo una\n indemnización equivalente al valor de 3,50 dólares\n americanos por cada caja por el tiempo que faltaba hasta la terminación\n del contrato, el 21 de marzo de 1997. Señala también\n que a la fecha del cobro se le adeudaba 3.616 cajas a razón\n de US 3,50 cada una a esa época. Expresa que la terminación\n unilateral de parte del demandado estriba en el incumplimiento\n de las obligaciones, especialmente en la del pago del precio.\n El señor Juez Segundo de lo Civil de Guayaquil acepta\n parcialmente la demanda. La Tercera Sala de la H. Corte Superior\n de Justicia de dicha jurisdicción confirma la decisión\n de primer nivel. David Sandro Molina Avilés y Juan Carlos\n Molina Avilés han interpuesto recurso de casación\n contra el pronunciamiento de dicho Tribunal. Consideran infringidos\n los Arts. 1588, 1743, 1744, 1578, 1594 y 1585 del Código\n Civil. Invocan la causal primera del Art. 3 de la ley de la materia.\n La contraparte no contestó la impugnación. Con\n estos antecedentes, para resolver, se considera: PRIMERO.- El\n demandado contestó oponiendo, entre otras, la excepción\n de que el actor carece de derecho para demandar de acuerdo al\n Art. 1595 del Código Civil, según el cual "En\n los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está\n en mora, dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo\n cumple por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y\n tiempo debidos". Aquello que la doctrina conoce como "purga\n de la mora". Esto es lo que encuentra el fallo impugnado\n y lo hace con arreglo a la ley. SEGUNDO.- Establecido lo anterior,\n se concluye necesariamente con que tal decisión no ha\n infringido ninguna de las normas que los recurrentes señalan.\n El Art. 1588 del Código Civil establece que todo contrato\n es ley para los contratantes; el Art. 1743 define al instrumento\n público; el 1744 enseña cuándo hace fe dicho\n instrumento; -el 1578 define la cláusula penal; el 1594\n trata de cuándo el deudor está en mora; y, el 1585\n de cuándo puede exigirse la pena. Y, como se ve, ninguna\n de tales normas ha sido infringida. Establecido, como ha quedado,\n aquello de que "la mora purga la mora", como ha ocurrido\n en el presente caso, la impugnación deviene infundada.\n Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se deniega el recurso de casación\n interpuesto. Sin costas ni multa. Notifíquese.

\n\n

Fdo.) Dres. Rodrigo Varea Avilés, Estuardo Hurtado\n Larrea y Galo Pico Mantilla, Ministros Jueces.

\n\n

Certifico.

\n\n

f.) Dra. Lucía Toledo Puebla, Secretaria Relatora.\n Es fiel copia de su original.

\n\n

Certifico.

\n\n

Quito, 5 de septiembre de 2003. f.) Secretaria Relatora.

\n\n

PLENO DEL TRIBUNAL
\n CONSTITUCIONAL

\n\n

Quito, 7 de octubre de 2003; las 10h20.

\n\n

VISTOS: En el caso signado con el Nro. 1089-99-RA, agréguese\n al expediente el escrito presentado por el señor Paco\n Moncayo Gallegos y doctor Carlos Jaramillo Díaz. Alcalde\n y Procurador Síndico del Distrito Metropolitano respectivamente,\n de 2 de octubre de 2003. Al respecto el Pleno del Tribunal Constitucional\n considera: Que, mediante providencia de 24 de septiembre de 2003\n el Tribunal dispuso que el Juez Décimo Segundo de lo Civil\n de Pichincha proceda a hacer cumplir la Resolución Nro.\n 127-2000-IP adoptada por el Organismo en la causa Nro. 1089-99-RA\n de 12 de julio de 2000, de conformidad con lo dispuesto en los\n artículos 55 y 58 de la Ley del Control Constitucional,\n por lo que se desecha el pedido solicitado y se ordena el archivo.-\n Notifíquese y publíquese en el Registro Oficial.

\n\n

f.) Dr. Jaime Nogales Izurieta, Presidente (E).

\n\n

Lo certifico: Quito, 7 de octubre de 2003; las 10h20.

\n\n

f.) Dr. Víctor Hugo López Vallejo, -Secretario\n General.

\n\n

Razón: Siento por tal, que la providencia que antecede\n fue aprobada por el Tribunal Constitucional con nueve votos a\n favor (unanimidad) correspondientes a los doctores Milton Burbano\n Bohórquez, Miguel Camba Campos, René de la Torre\n Alcívar, Manuel Jaramillo Córdova, Héctor\n Rodríguez Dalgo, Luis Rojas Bajaña, Mauro Terán\n Cevallos, Simón Zavala Guzmán y Jaime Nogales Izurieta,\n en sesión del día martes siete de octubre de dos\n mil tres.- Lo certifico.

\n\n

f.) Dr. Víctor Hugo López Vallejo, Secretario\n General.

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Quito,\n a 14 de octubre de 2003.- f.) El Secretario General.

\n\n

PLENO DEL TRIBUNAL
\n CONSTITUCIONAL

\n\n

Quito, 8 de octubre de 2003; las 12h30.

\n\n

VISTOS.- Los escritos presentados por la doctora Mariana Yépez\n de Velasco, Ministra Fiscal General y por la doctora Daysi Janeth\n Aveiga Soledispa el 17 y el 23 de septiembre de 2003, en el caso\n No. 700-2002-RA, agréguense al expediente.- En lo principal,\n se dispone enviar todos los escritos presentados al Tribunal\n de instancia a fin de que dé cumplimiento a la Resolución\n 700-2002-RA de 21 de mayo de 2003, por ser de su responsabilidad\n al tenor de lo preceptuado en los Arts. 55 y 58 de la Ley del\n Control Constitucional.- Notifíquese y archívese.

\n\n

f.) Dr. Jaime Nogales Izurieta, Presidente (E).

\n\n

Lo certifico.- Quito, 8 de octubre de 2003; las 12h30.
\n f) Dr. Víctor Hugo López Vallejo. Secretario General.

\n\n

Razón: Siento por tal, que la providencia que antecede\n fue aprobada por el Tribunal Constitucional con siete votos a\n favor correspondientes a los doctores Milton Burbano Bohórquez,\n René de la Torre Alcívar, Manuel Jaramillo Córdova,\n Héctor Rodríguez Dalgo. Luis Rojas Bajaña,\n Mauro Terán Cevallos y Simón Zavala Guzmán;\n y dos votos salvados de los doctores Miguel Camba Campos y Jaime\n Nogales Izurieta, en sesión del día miércoles\n ocho de octubre de dos mil tres.- Lo certifico.

\n\n

f.) Dr. Víctor Hugo López Vallejo, Secretario\n General.

\n\n

Quito, D. M., octubre 13 de 2003.

\n\n

VOTO SALVADO DE LOS DOCTORES MIGUEL A. CAMBA CAMPOS Y JAIME\n NOGALES
\n IZURIETA, EN EL CASO No. 700-2002-RA

\n\n

Con los antecedentes constantes en el voto de mayoría\n me aparto del mismo, por lo siguiente:

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, conforme el inciso segundo del artículo 301 del\n Código Adjetivo Civil, norma supletoria en materia constitucional,\n para apreciar el alcance de la sentencia, se tendrá en\n cuenta no sólo la parte resolutiva, sino también\n los fundamentos objetivos de la misma;

\n\n

Que, en la resolución adoptada por el Pleno del Tribunal\n en sesión de 21 de mayo de 2003 que, en lo principal,\n revoca la resolución dictada por el Tribunal de lo Contencioso\n Administrativo No. 2, de la ciudad de Guayaquil, y, en consecuencia,\n acepta la acción de amparo, en su último CONSIDERANDO\n textualmente se establece, y, que el accionante deberá\n ser considerada persona elegible sin tacha alguna, para la designación\n de cualquier cargo del Ministerio Público, para llenar\n las vacantes por concurso de crecimientos y Oposición\n de Ministro Fiscal Distrital o Higiene Fiscal Distrital de cualquier\n provincia., siendo éste el único jurídico\n del Pleno del Tribunal dio a la concesión de la acción\n de amparo propuesta por la accionante; y,

\n\n

Que, así las cosas, al cursar la señora Ministra\n Fiscal General el memorando No. 131-MFG de
\n 5 de agosto de 2003, en el que dispone a la Directora Nacional\n de Recursos Humanos, adoptar
\n las medidas legales pertinentes a un de cumplimiento con la resolución\n dictada por el Tribunal
\n Constitucional y en ejecución del mismo, se expide por\n tal funcionaria la acción de personal No.
\n 1636-DRH-MFG de 15 de agosto de 2003, nombrando provisionalmente\n a la Dra. Daysi Aveiga
\n Soledispa, en el cargo de Agente Fiscal del Distrito de Tungurahua,\n a dado fiel cumplimiento al
\n pronunciamiento del órgano de control constitucional,\n con mayor razón si a ello, se agrega, la
\n circunstancia invocada por la señora Ministra Fiscal General\n en su escrito de 17 de septiembre
\n de 2003, presentado a las 15h21, en el sentido de que tal nombramiento\n con el carácter de
\n provisional es ".hasta que se produzca la disponibilidad\n o vacante en el Distrito de Guayas, Galápagos"

\n\n

Por las consideraciones que anteceden, el Pleno del Tribunal\n Constitucional.

\n\n

Resuelve:

\n\n

1.- Declarar que la señora Ministra Fiscal General\n ha dado estricto cumplimiento con la resolución adoptado\n por el Pleno del Tribunal Constitucional en sesión de\n 21 de mayo de 2003, en el caso signado con el No. 700-2002-RA.

\n\n

2.- Comunicar con esta resolución al Tribunal de instancia\n para los fines legales consiguientes.

\n\n

3.- Disponer el archivo del expediente.- Notifíquese\n y publíquese.

\n\n

f.) Dr. Miguel Camba Campos, Vocal, Primera Sala. f) Dr. Jaime\n Nogales Izurieta, Vocal, Tercera Sala.

\n\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.. Es fiel copia del original.- Quito,\n a 14 de octubre de 2003.- f.) El Secretario General.

\n\n

Nro. 004-2003-DI

\n\n

"EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n\n

En el caso Nro. 004-2003-Dl

\n\n

ANTECEDENTES: La abogada Maria Leonor Jiménez de Viteri,\n doctor Carlos Eduardo Jaramillo Castillo y abogado Oswaldo Menéndez\n Stevenson. Ministros Jueces y Conjuez Permanente de la Cuarta\n Sala de la O. Corte Superior de Justicia de Guavaquil respectivamente,\n mediante comunicación de junio 9 de 2003, informan al\n Tribunal Constitucional, lo siguiente:

\n\n

Que dentro del juicio laboral Nro. 79-2002, seguido por la\n señora Flérida María Gonzáles Romero,\n en contra de la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado\n de Guayaquil. que subiera en grado a la H. Corte Superior de\n Justicia de Guayaquil, por interposición del recurso de\n apelación de la sentencia dictada por el Juez Quinto del\n Trabajo del Guayas, cuyo conocimiento correspondiera a esa Sala\n por el sorteo reglamentario, se ha dictado sentencia el 10 de\n marzo de 2003: a las 11h35. con el voto salvado del doctor Carlos\n Eduardo Jaramillo Castillo. Que en el sexto considerando de la\n sentencia se expresa textualmente lo siguiente: SEXTO.- En referencia\n a lo manifestado por la demandada en el sentido que de conformidad\n con lo que dispone la ley especial Nro. 121. la actora no tiene\n derecho a recibir las indemnizaciones determinadas en el literal\n el del artículo 16 del XIV Contrato Colectivo'; esta Sala\n hace el siguiente análisis: a) El artículo 272\n de la Constitución Política del Ecuador, establece\n como principio que: "La Constitución prevalece sobre\n cualquier otra norma legal". De igual manera establece que:\n las disposiciones de leyes orgánicas y ordinarias, decretos-leyes\n etc., no tendrán valor o de algún modo estuvieran\n en contradicción con ella o alteraren sus prescripciones";\n b) Que el artículo 273 de la misma Constitución\n Política, de manera imperativa dispone que "Las Cortes,\n Tribunales y Jueces, tendrán la obligación de aplicar\n las normas de la Constitución que sean pertinentes, aunque\n la parte interesada no las invoque expresamente", en el\n presente caso, la actora en su demanda las ha invocado; c) De\n igual manera el artículo 274 de la Constitución,\n dispone que: "cualquier Juez o Tribunal en las causas que\n conozca, podrá declarar inaplicable de oficio o a petición\n de parte, un precepto jurídico contrario a las normas\n de la Constitución"; y, d) En este caso la Ley Especial\n Nro. 121 y particularmente su articulo 3, es una norma jerárquicamente\n inferior a la Constitución Política, y es contraría\n a las garantías constitucionales constantes en los numerales\n 3, 4 y 12 del artículo 35 de nuestra Carta Política,\n razón por la cual carece de valor legal y es inaplicable,\n en razón de lo expuesto, esta Sala considera que es procedente\n ordenar el pago de las indemnizaciones señaladas en el\n literal c) del artículo 16 del XIV Contrato Colectivo\n de Trabajo, reclamadas por la actora, esto es el 100% de las\n remuneraciones que corresponde percibir a la actora por el tiempo\n que haya prestado la trabajadora".

\n\n

Que el inciso segundo del artículo 274 de la Constitución\n Política de la República, señala que declarado\n inaplicable, de oficio o a petición de parte, un precepto\n jurídico contrario a las normas de la Constitución,\n el Juez, Tribunal o Sala presentará un informe sobre la\n declaratoria de inconstitucionalidad, para que el Tribunal Constitucional\n resuelva con carácter general y obligatorio.

\n\n

El H. Guillermo Landázuri Carrillo, en su condición\n de Presidente del H. Congreso Nacional, al contestar el traslado\n que se le corrió dando cumplimiento a la providencia de\n 21 de julio de 2003, en el manifiesto que obra a fojas 32, 33,\n 34, sostiene que el Tribunal Constitucional, en innumerables\n causas de inconstitucionalidad de normas legales lo que vale\n también para los casos de inaplicabilidad que vía\n informe se remiten a ese Organismo, en aplicación del\n principio pro constitucional de la ley, -han reiterado que no\n basta únicamente enunciar las supuestas violaciones a\n los preceptos constitucionales, sino que deben probarse. Indica,\n en el caso, la norma impugnada -de una ley especial- regula el\n pago de emolumentos, cuando los trabajadores no continuaren sus\n relaciones laborales en las circunstancias allí previstas,\n fijando situaciones alternativas de pago, situación que\n de ninguna manera contradice a las disposiciones constitucionales\n que aducen los señores ministros de la Cuarta Sala de\n la Corte Superior de Guayaquil. Respecto de beneficios constantes\n en un contrato colectivo, que supuestamente pueden ser desconocidos\n por una ley y que por tal razón aparecería como\n inconstitucional, la propia Magistratura Constitucional no lo\n ha considerado así, y para demostrar esta aseveración\n menciona la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas,\n publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 181 de 30\n de abril de 1999, en cuyo titulo cuarto constan disposiciones\n reformatorias a la legislación laboral, regulatoria de\n los contratos colectivos y actas transaccionales, las que habiendo\n sido objeto de demanda de inconstitucionalidad, el Tribunal aceptó\n parcialmente, pero no en el caso verbi gratia del literal c)\n del artículo 56 de dicha ley, que contempla que en ningún\n contrato colectivo se podrá pactar, que los trabajadores\n recibirán gratuitamente o de manera subsidiada, los servicios\n o bienes que produce la institución del Estado, y que\n se reputarán no escritas las estipulaciones que garanticen\n la sucesión en el puesto de trabajo. (Resolución\n del Tribunal, publicada en el Suplemento del Registro Oficial\n Nro. 67 de 28 de abril de 2000). Por tanto, se pronuncia en contra\n de la pretendida inaplicabilidad de la norma impugnada.

\n\n

Por su parte el doctor Carlos Larrea Estrada, Subsecretario\n Jurídico de la Presidencia de la República y como\n delegado del señor coronel ingeniero Lucio Gutiérrez\n Borbúa. Presidente Constitucional de la República,\n calidad que se halla acreditada con los instrumentos que reposan\n a fojas 36 y 37 de los autos, al contestar el traslado que se\n le corrió mediante providencia de 21 de julio de 2003,\n en el escrito que obra a fojas 38, sostiene: Que al no existir\n un instrumento jurídico específico que regula las\n relaciones laborales entre el sector público y sus trabajadores,\n la contratación colectiva con los trabajadores públicos,\n caotiza al país por las excesivas demandas de los mismos,\n por lo que se hizo indispensable que en algunos casos como el\n de ECAPAG, intervenga el Congreso Nacional, que ante la demanda\n imperativa de la prestación de servicios de agua potable\n y alcantarillado de la ciudad de Guayaquil, y ante la delicada\n situación financiera de ECAPAG, se vio precisado a expedir\n la Ley Nro. 121,' precautelando los intereses supremos de la\n colectividad, sin descuidar los derechos fundamentales de los\n trabajadores, por lo que la disposición contenida en el\n articulo 3 de la Ley Nro. 121, norma legal ésta que, en\n modo alguno contraviene lo previsto en los numerales 3, 4 y 12\n del articulo 35 de la Constitución Política de\n la República, por cuanto el contrato colectivo no ha sido\n modificado, desconocido o menoscabado en forma unilateral por\n parte del empleador sino por causas legales. Que el Código\n Civil, en su artículo 1588 dispone, que todo contrato\n celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado\n sino por su consentimiento mutuo o por causas legales; dentro\n de este marco jurídico, el contrato colectivo de trabajo\n ha sido modificado por causas legales, no imputables a ninguna\n de las partes contratantes y por ende el artículo 3 de\n la Ley 121 es constitucional y legal. Por tanto, solícita\n se deseche el pedido formulado por los Ministros Jueces de la\n Cuarta Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, para\n que se declare la inaplicabilidad del artículo 3 de la\n Ley Especial 121, publicada en el Registro Oficial Nro. 378 de\n agosto 7 de 1998.

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, el Tribunal Constitucional, de conformidad con el inciso\n segundo del articulo 274 de la Constitución Política\n de la República, tiene competencia para conocer y resolver.\n sobre la declaratoria de inaplicabilidad del articulo 3 de la\n Ley Especial Nro. 121 formulada en la sentencia, con el voto\n salvado del doctor Carlos Eduardo Jaramillo Castillo, pronunciada\n por la Cuarta Sala de la H. Corte Superior de Justicia de Guayaquil.

\n\n

Que, en el trámite de este caso, se han observado los\n mandatos contenidos en la Constitución Política\n de la República, Ley del Control Constitucional y Reglamento\n de Trámite de Expedientes en el Tribunal Constitucional,\n que aseguran la validez del proceso, validez que se declara expresamente.

\n\n

Que, del texto del artículo 3 de la Ley Nro. 121, publicada\n en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 378 del viernes 7\n de agosto de 1998, se desprende: a) Que los trabajadores de la\n ECAPAG, que no continuaren sus relaciones laborales con la empresa,\n con motivo de la concesión de los servicios públicos\n de agua potable y alcantarillado del cantón Guayaquil,\n recibirán de la ECAPAG una indemnización en la\n cuantía establecida en el Código del Trabajo, para\n el caso de despido intempestivo, según la última\n remuneración percibida y el tiempo de servicio efectivo\n prestado a dicha empresa; y, b) Los trabajadores mantendrán\n su derecho a ejercer la opción de presentar voluntariamente\n su renuncia y a recibir en lugar de tales indemnizaciones, las\n previstas contractualmente para el caso de renuncia.

\n\n
 

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