Registro Oficial. 2 de OCTUBRE del 2003

Jueves, 02 de octubre de 2003

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE OCTUBRE DEL 2003
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Jueves, 2 de Octubre del 2003 - R. O. No. 182

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR
\n

\n FUNCIÓN\n LEGISLATIVA

\n\n

EXTRACTOS:

\n\n

24-165 Proyecto de Ley Reformatoria\n al Código Penal.

\n\n

24-166\n Proyecto de\n Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Control del Gasto\n Electoral y de la Propaganda Electoral.

\n\n

24-167\n Proyecto de\n Ley que reforma al artículo 130 de la Constitución\n Política de la República.

\n\n

FUNCIÓN\n EJECUTIVA

\n\n

DECRETOS:

\n\n

861-A Autorizase al Ministro de Economía\n y Finanzas para que suscriba un contrato de préstamo con\n el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., destinado a financiar\n la "Adquisición de tres lanchas oceánicas\n patrulleras", como parte del Proyecto "Fortalecimiento\n del Sistema de Vigilancia en el Mar y Zona Marino Costera",\n cuya ejecución se encuentra a cargo de la Armada del Ecuador

\n\n

872\n Expídese\n el Reglamento de concesiones del sector vial.

\n\n

874 Expídanse las reformas\n al Reglamento General a la Ley Orgánica de Aduanas..

\n\n

875 Refórmase el Reglamento\n para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario\n Interno.

\n\n

876\n Refórmase\n el nivel arancelario constante en el nivel nacional de importaciones\n del 5% al 10% para varias partidas arancelarias

\n\n

RESOLUCIÓN:

\n\n

SERVICIO\n DE RENTAS INTERNAS:

\n\n

NAC-0768 Delégase al doctor Sandro\n Vallejo Aristizzabal, para que asista a las reuniones de la Junta\n de Acreedores del Banco Filanbanco.

\n\n

FUNCIÓN\n JUDICIAL

\n\n

RESOLUCIÓN:

\n\n

CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA

\n\n

-\n Competencia de la Corte Suprema\n para conocer las denuncias que se presenten contra los magistrados\n que la integran, por la Comisión de Infracciones previstas\n en el numeral primero del Art. 13 de la Ley Orgánica de\n la Función Judicial

\n\n

SALA\n DE LO LABORAL Y SOCIAL:

\n\n

Recursos de casación\n en los juicios seguidos por las siguientes personas:

\n\n

26-2003 Miguel Ángel Narváez\n en contra del Ministro de Salud Pública y otros..

\n\n

55-2003 Maria Buri Saraguro en contra\n de Olga Lainez de Ontaneda.

\n\n

68-2003 Mauricio Figueroa Roldán\n en contra del ingeniero Carlos Chicaiza Allan y otra..

\n\n

80-2003\n Dilza Muñoz\n Moreno en contra de ANDINATEL S.A..

\n\n

82-2003\n Simón\n Andrés Reyes Mero en contra de la Dirección General\n de Aviación Civil.

\n\n

84-2003 Pablo Emilio Ayala Palacios\n en contra de la Empresa Mármoles y Granitos Importados\n S.A., M.G.I. (FABRIMARMOL S.A.).

\n\n

86-2003\n Carlos Gaitán\n Barberén en contra del Gerente de Autoridad Portuaria\n de Guayaquil..

\n\n

94-2003\n Ángel\n Hidalgo en contra de la Empresa Andina de Telecomunicaciones\n ANDINATEL S.A..

\n\n

98-2003\n Doctor Vicente\n Calle en contra de Lucía Monge Cárdenas..

\n\n

TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL
\n PRIMERA SALA

\n\n

RESOLUCIONES:

\n\n

0442-2003-RA Revócase la resolución\n del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por\n el señor David Goldbaum Morales, por improcedente.

\n\n

0472-2003-RA Confirmase la resolución\n del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por\n Luis Alberto Moncayo Murillo, por improcedente.

\n\n

0490-03-RA Confirmase la resolución\n pronunciada por el Juez Séptimo de lo Civil de Pichincha\n que acepta la acción de amparo constitucional propuesta\n por el señor Ángel Amable Cando.

\n\n

ORDENANZA\n MUNICIPAL:

\n\n

-\n Cantón Logroño:\n Que reforma a la reforma a la Ordenanza que reglamenta el servicio\n de agua potable\n

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\n

 

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CONGRESO NACIONAL

\n\n

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY ART. 150\n DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

\n\n

NOMBRE: "REFORMATORIA AL CÓDIGO\n PENAL".

\n\n

CÓDIGO: 24-165.

\n\n

AUSPICIO: H. NUBIA NAVEDA GILER.

\n\n

COMISIÓN: DE LO CIVIL Y PENAL.

\n\n

FECHA DE
\n INGRESO: 03-09-2003.

\n\n

FECHA DE ENVÍO
\n A COMISIÓN: 19-09-2003.

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

La Constitución Política de la República,\n en el inciso segundo del artículo 125 dice: "Se prohíbe\n el nepotismo en la forma que determina la Ley. La violación\n de este principio se sancionará penalmente".

\n\n

OBJETIVOS BÁSICOS:

\n\n

Es importante establecer una disposición legal inmersa\n en el Código Penal, para tipificar y sancionar el tráfico\n de influencias con el fin de normar las actuaciones de las autoridades\n y funcionarios públicos. De esta manera, se estaría\n cumpliendo con el mandato constitucional de sancionar penalmente\n el nepotismo.

\n\n

CRITERIOS:

\n\n

El Diccionario de la Lengua Española define al nepotismo\n como la desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes\n para las gracias y empleo público. El nepotismo es una\n acción grave al conceder contratos, nombramientos y otros\n beneficios a favor de su cónyuge y familiares, es decir,\n constituye una forma de abuso de los fondos del Estado para beneficiar\n a parientes.

\n\n

f.) Dr. John Argudo Pesántez, Prosecretario General\n del Congreso Nacional.

\n\n

CONGRESO NACIONAL

\n\n

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY ART. 150\n DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

\n\n

NOMBRE: "REFORMATORIA A LA LEY\n ORGÁNICA DE CONTROL DEL GASTO ELECTORAL Y DE LA PROPAGANDA\n ELECTORAL.".

\n\n

CÓDIGO: 24-166.

\n\n

AUSPICIO: H. SEGUNDO SERRANO.

\n\n

COMISIÓN: DE GESTIÓN PUBLICA Y UNIVERSALIZACIÓN\n DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

\n\n

FECHA DE
\n INGRESO: 03-09-2003.

\n\n

FECHA DE ENVÍO
\n A COMISIÓN: 19-09-2003.

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

Las experiencias vividas en los procesos electorales a lo\n largo de la historia nacional han determinado que el Congreso\n Nacional, en uso de sus facultades constitucionales y legales\n dicte una serie de leyes que aseguren la participación\n de todos y cada uno de los actores que hacen una democracia.

\n\n

OBJETIVOS BÁSICOS:

\n\n

Es urgente emprender reformas de orden legal al actual marco\n jurídico, a fin de que no quede duda alguna respecto a\n la aplicación de su contexto legal al que se sujetarán\n los partidos políticos, movimientos y organizaciones,\n candidatos y las alianzas que se formen entre éstos; igualmente\n a la que se sujetan las personas jurídicas públicas\n y privadas, las entidades del sector público y las personas\n naturales cualquiera que fuere la naturaleza de su participación\n dentro de un proceso eleccionario o de promoción electoral.

\n\n

CRITERIOS:

\n\n

Es necesario implementar mecanismos de orden legal a fin de\n garantizar la tutela plena de los derechos de las personas, sobre\n todo se evite la agresión, la ofensa, el insulto, como\n mecanismos de promoción electoral, dejando de lado principios\n y planteamientos dirigidos a los electores.

\n\n

f.) Dr. John Argudo Pesántez, Prosecretario General\n del Congreso Nacional.

\n\n

CONGRESO NACIONAL

\n\n

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY ART. 150\n DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

\n\n

NOMBRE: "REFORMA AL ARTICULO 130\n DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA.".

\n\n

CÓDIGO: 24-167.

\n\n

AUSPICIO: H. LUIS VILLACÍS MALDONADO.

\n\n

COMISIÓN: DE ASUNTOS CONSTITU-CIONALES.

\n\n

FECHA DE
\n INGRESO: 09-09-2003.

\n\n

FECHA DE ENVÍO
\n A COMISIÓN: 19-09-2003.

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

Las condiciones de crisis económicas del país\n exigen el manejo apropiado de los recursos del Estado y para\n ello es necesario poner en práctica los reales principios\n de austeridad no solamente de los gobernados, sino también\n de los gobernantes quienes deben poner el ejemplo a seguir en\n todos los niveles inferiores de la Administración Pública.

\n\n

OBJETIVOS BÁSICOS:

\n\n

El objetivo es hacer que el Jefe de Estado ponga en juego\n su capacidad de negociación en el proceso de integración\n y cooperación mutua entre los estados; demuestre su honestidad\n puesto que el despilfarro del gobernante implica el sacrificio\n y lágrimas de los gobernados y eficiencia porque de los\n resultados dependerá el servicio a la comunidad.

\n\n

CRITERIOS:

\n\n

En la era de la globalización, el internet y las videoconferencias\n ya no hacen necesario que las personas recorran grandes distancias,\n ni viajen horas enteras para que se dé una interacción\n de cooperación e integración entre los estados\n del mundo.

\n\n

f.) Dr. John Argudo Pesántez, Prosecretario General\n del Congreso Nacional.

\n\n

No 861-A

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que la Oficina de Planificación de la Presidencia de\n la República, a través de oficio N0 ODEPLAN-DE-2000-0001037\n de 28 de diciembre de 2000, calificó como prioritario\n al Proyecto "Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia en\n el Mar y Zona Marino Costera", dentro del que se encuentra\n la adquisición de tres lanchas oceánicas patrulleras,\n para la Armada del Ecuador;

\n\n

Que mediante oficios Nos. SCP-2001-2485-6700 de 14 de noviembre\n de 2001 y SCP-CES-2002 1986 5095 de 28 de agosto de 2002, el\n Ministerio de Economía y Finanzas, oficializó ante\n el Reino de España, los proyectos que serian financiados\n con cargo al saldo de los recursos provenientes del Programa\n Financiero Hispano Ecuatoriano, entre los cuales consta el Proyecto\n "Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia en el Mar y Zona\n Marino Costera" que comprende entre otras adquisiciones,\n la de tres lanchas oceánicas patrulleras, para la Armada\n del Ecuador, por el valor de US $ 30'893.774,18;

\n\n

Que mediante memorandos Nos. SIP-DM-2002-5363 de 12 de septiembre\n de 2002 y SPIP-DM-2003-MEMO-189 2284 de 30 de mayo de 2003, el\n Subsecretario de Programación de la Inversión Pública,\n del Ministerio de Economía y Finanzas de conformidad con\n lo que disponen los artículos 9 y la letra a) del articulo\n 10 de la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización\n y Transparencia Fiscal, en concordancia con el articulo 24 del\n reglamento a la ley ibídem, emite la calificación\n de viabilidad económica, social y financiera y, valida\n la viabilidad técnica del Proyecto de Inversión\n de "Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia en el Mar\n y Zona Marino Costera";

\n\n

Que la Procuraduría General del Estado, mediante oficio\n N0 27521 de 19 de diciembre de 2002, emitió dictamen favorable\n al Proyecto de contrato de crédito puesto a su consideración,\n a celebrarse entre la República del Ecuador y el Banco\n Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., por un monto de US $ 30'893.774,18\n destinado a financiar la adquisición de tres lanchas oceánicas,\n más un valor aproximado de US $ 4'473.418,00 correspondiente\n a la prima de seguro CESCE, conforme lo establece el articulo\n 10 de la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización\n y Transparencia Fiscal;

\n\n

Que el Directorio del Banco Central del Ecuador, emitió\n dictamen favorable sobre los aspectos financieros del contrato\n de préstamo a suscribirse entre la República del\n Ecuador y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA., por un monto\n de hasta US $ 30'893.774,18, destinado a financiar parcialmente\n el Proyecto "Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia en\n el Mar y Zona Marino Costera", dentro del que se encuentra\n la adquisición de tres lanchas oceánicas patrulleras\n más el valor correspondiente a la prima de seguro CESCE,\n cuya ejecución se encuentra a cargo de la Armada del Ecuador,\n según consta de los oficios Nos. DBCE-0436-2003 03 01154\n y 0476.2003-03 01268 de 23 de abril y 7 de mayo de 2003, respectivamente,\n dirigidos por el Presidente del Directorio del Banco Central\n del Ecuador al Ministro de Economía y Finanzas;

\n\n

Que la Subsecretaria de Crédito Público del\n Ministerio de Economía y Finanzas, de conformidad con\n lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley Orgánica\n de Administración Financiera y Control e inciso segundo\n del articulo 36 del Reglamento a la Ley Orgánica de Responsabilidad,\n Estabilización y Transparencia Fiscal, presentó\n el correspondiente informe contenido en el memorando N0 SCP-CSE-2002\n 0093 de 13 de mayo de 2003, manifestando que para la suscripción\n del contrato de crédito, anteriormente referido, se ha\n cumplido con lo que disponen los artículos 9 y 10 de la\n Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización\n y Transparencia Fiscal, y que la ejecución del proyecto\n se encuentra considerado en el Programa Anual de Inversiones\n (PAl) y en el Presupuesto General del Estado del año 2003,-\n por lo que recomienda al Ministro de Economía y Finanzas\n que emita dictamen favorable respecto de los términos\n y condiciones financieras del crédito, así como\n la continuación del trámite legal correspondiente;

\n\n

Que el Ministro de Economía y Finanzas, expidió\n la Resolución N0 SCP-2003 031 de 6 de junio de 2003, por\n la que emite dictamen favorable respecto de los términos\n y condiciones del Proyecto de contrato de préstamo y aprueba\n la suscripción del referido contrato de préstamo;\n y,

\n\n

En uso de las facultades que le confieren los artículos\n 171, numeral 18 de la Constitución Política de\n la República y 127 de la Ley Orgánica de Administración\n Financiera y Control,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1.- Autorizase al Ministro de Economía y Finanzas\n para que personalmente o mediante delegación, a nombre\n y en representación de la República del Ecuador,\n en calidad de prestataria, suscriba con el Banco Bilbao Vizcaya\n Argentaria S.A. como prestamista, un contrato de préstamo\n (convenio de crédito comprador) por un monto de hasta\n treinta millones ochocientos noventa y tres mil setecientos setenta\n y cuatro 18/100 dólares de los Estados Unidos de América\n (US $ 30'893.774,l8), destinados a financiar la "Adquisición\n de tres lanchas oceánicas patrulleras", como parte\n del Proyecto "Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia\n en el Mar y Zona Marino Costera", más el valor correspondiente\n a la prima de la póliza de seguro de CESCE, cuya ejecución\n se encuentra a cargo de la Armada del Ecuador.

\n\n

Art. 2.- Los términos y condiciones financieras del\n contrato de préstamo que se autoriza suscribir por medio\n de este decreto son los siguientes:

\n\n

PRESTAMISTA: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA.

\n\n

PRESTATARIA: República del Ecuador.

\n\n

EJECUTORA: Armada del Ecuador.

\n\n

OBJETO DEL Financiar la "Adquisición de
\n CRÉDITO: tres lanchas oceánicas patrulleras",\n dentro del Proyecto "Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia\n en el Mar y Zona Marino Costera".

\n\n

MONTO DEL Hasta por US $ 30'893.774,18,
\n FINANCIAMIENTO: más los importes correspondientes al 100%\n de la prima de la póliza de seguro de la Compañía\n Española de Seguros de Crédito a la Exportación\n SA. "CESCE".

\n\n

PLAZO: 8.5 años.

\n\n

PERIODO DE Seiscientos noventa días (690),
\n DISPONIBILIDAD: contados a partir de la entrada en vigor del\n contrato.

\n\n

TASA DE INTERÉS: lasa de interés anual del 3,94%.\n Este tipo de interés será invariable durante toda\n la vida del crédito.

\n\n

TASA DE MORA: La tasa que resulte de incrementar un punto\n porcentual sobre la tasa de interés establecida en el\n contrato.

\n\n

COMISIÓN DE 0,35% que se calculará sobre el
\n APERTURA: importe total del crédito y que se hará\n efectiva en forma previa a la entrada en vigor del convenio.

\n\n

AMORTIZACIÓN: En un plazo de 8.5 años, mediante\n el pago de 17 cuotas de importes iguales y venci-mientos semestrales\n consecu-tivos. El vencimiento de la primera cuota se producirá\n a los 6 meses de la fecha que figure en las correspondientes\n actas de entrega de las lanchas. En cualquier caso, no más\n tarde del mes 23 (690 días), contados a partir de la entrada\n en vigor del presente contrato.

\n\n

PRIMA DE SEGURO El Banco Bilbao Vizcaya
\n DE "CESCE": Argentaria S.A. financiará el 100%\n del importe inicial de la prima de seguro que le abonará\n al CESCE, previa notificación de su importe.

\n\n

El monto definitivo de la prima de seguro a la suscripción\n del contrato de préstamo no deberá ser superior\n al monto referencial.

\n\n

Art. 3.- El servicio de la deuda y demás costos financieros\n del contrato de crédito que se autoriza celebrar mediante\n este decreto, lo realizará el Estado Ecuatoriano a partir\n del año 2003, con aplicación a la partida presupuestaria\n del Presupuesto General del Estado, Capítulo Deuda Pública\n Externa N0 1000.0000.F900.000.00.00.5603030470 y, en los años\n subsiguientes, con aplicación a las partidas presupuestarias\n del Presupuesto del Gobierno Central, Capitulo Deuda Pública\n Externa, que el Ministerio de Economía y Finanzas deberá\n determinar oportunamente. Por otra parte, para el pago de las\n respectivas obligaciones, dicho Ministerio suscribirá\n el respectivo contrato de agencia fiscal con el Banco Central\n del Ecuador, comprometiendo los recursos que fueren necesarios\n de la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional.

\n\n

Art. 4.- La Armada del Ecuador en su calidad de organismo\n ejecutor, tendrá a su cargo la ejecución del proyecto\n que se financia con el crédito al que se refiere este\n decreto, y será responsabilidad de sus funcionarios, en\n las áreas de sus respectivas intervenciones, velar porque\n los procedimientos y trámites que se lleven a cabo para\n la ejecución del contrato o contratos respectivos, se\n enmarquen y sujeten a las leyes, reglamentos y más normas\n que regulan la contratación pública en el Ecuador.

\n\n

Art. 5.- Suscrito el contrato de préstamo, se procederá\n a su registro, en conformidad con lo dispuesto en los artículos\n 11 de la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización\n y Transparencia Fiscal y 119 de la Ley Orgánica de Administración\n Financiera y Control.

\n\n

Art. 6.- De la ejecución del presente decreto, que\n entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación\n en el Registro Oficial, encárguese el Ministro de Economía\n y Finanzas.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional de Gobierno, en Quito, a 22 de\n septiembre de 2003.

\n\n

f.) Ing. Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente\n Constitucional de la República.

\n\n

f.) Econ. Mauricio Pozo Crespo, Ministro de Economía\n y Finanzas.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Patricio Acosta Jara, Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

N0 872

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que la Constitución Política de la República\n del Ecuador en su articulo 23 dispone que el Estado reconocerá\n y garantizará a las personas el derecho a disponer de\n bienes y servicios públicos y privados de óptima\n calidad; a elegirlos con libertad, así como a recibir\n información adecuada y veraz sobre su contenido y características;

\n\n

Que la misma Constitución, en su artículo 249,\n dispone que sea responsabilidad del Estado la provisión\n de servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento,\n fuerza eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, facilidades\n portuarias y otros de naturaleza similar, mediante concesión,\n asociación, capitalización, traspaso de la propiedad\n accionaria o cualquiera otra forma contractual de acuerdo con\n la ley. Las condiciones contractuales acordadas no podrán\n modificarse unilateralmente por leyes u otras disposiciones;

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 2328, publicado en el Suplemento\n al Registro Oficial No. 581 de 2 de diciembre de 1994, se expidió\n el Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de\n Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación\n de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada,\n bajo cuyas normas se han implementado procesos de concesiones\n en materia vial que han evidenciado la necesidad de establecer\n normas claras y precisas que rijan los nuevos proyectos que serán\n implementados, así como mecanismos de control acordes\n con las necesidades y realidad del país;

\n\n

Que el reglamento indicado, en su Art. 113, dispone que las\n concesiones viales se regularán por otras normas de carácter\n general que se expidan para el efecto;

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 860 y Acuerdo Ministerial\n 001 de 12 de enero de 2001 se dispuso que la red vial estatal\n constituida por las redes primarias y secundarias será\n administrada única y exclusivamente por el Ministerio\n de Obras Públicas; y,

\n\n

En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral\n quinto del artículo 171 de la Constitución Política\n de la República,

\n\n

Decreta:

\n\n

Expedir el siguiente REGLAMENTO DE CONCESIONES DEL SECTOR\n VIAL.

\n\n

CAPITULO I

\n\n

DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN

\n\n

Art. 1. Normas aplicables.- Las concesiones del sector vial\n se regirán por las normas generales que rigen la materia,\n especialmente la Ley de Modernización, el Reglamento Sustitutivo\n del Reglamento General de la Ley de Modernización del\n Estado, la Ley de Caminos y su reglamento, la Ley de Tránsito\n y Transporte Terrestres y su reglamento, y las normas del presente\n Reglamento de Concesiones del Sector Vial.

\n\n

Las disposiciones del presente reglamento no primarán\n sobre las disposiciones generales del Reglamento Sustitutivo\n del Reglamento General de la Ley de Modernización del\n Estado. Las presentes disposiciones se aplicarán en forma\n supletoria para complementario.

\n\n

Art. 2. Organismos.- Las normas del presente reglamento regirán\n en el ámbito nacional para todas las instituciones del\n Estado.

\n\n

Art. 3. Definición de términos.- Para la debida\n interpretación de términos en los proyectos de\n concesiones del sector vial, se deberán atender las siguientes\n definiciones:

\n\n

Ampliaciones.- Son aquellas obras o servicios que son indispensables\n para la operación del proyecto y que no estuvieron, previstas\n en la definición inicial del mismo.

\n\n

Aportes de Gobierno.- Serán todos los aportes a realizarse\n por el Estado a través del ente concedente en dinero,\n especies, valores, instrumentos financieros o servicios, tales\n como bienes raíces, licencias de explotación productivas\n en materia de turismo, comercio, hotelería, minería\n o cualquier bien o derecho que se traduzca en un beneficio para\n el concesionario. El monto, formas o especificaciones de estos\n aportes, su cronograma de desembolsos y la valoración\n respectiva deberán definirse en los contratos o en algún\n instrumento previsto contractualmente. Para realizar compromisos\n en dinero por parte del Estado deberá verificarse la existencia\n de fondos para el efecto, mediante la certificación conferida\n por la unidad administrativa encargada de las finanzas. Estos\n aportes deberán transferirse y administrarse a través\n de un contrato de fiducia mercantil, que se constituya para el\n efecto o que se hubiere previsto contractualmente. Para el caso\n de aportes de bienes, no se considerará como una enajenación\n o transferencia, puesto que estarán afectados a la obra\n o servicio público y sujeto a reversión una vez\n que termine la concesión. En estos casos deberá\n realizarse una valoración de los derechos de uso así\n como de la depreciación, para determinar el monto del\n aporte. Estos aportes serán solamente posibles en concesiones\n de obra pública.

\n\n

Bases.- Son las bases contractuales de licitación las\n cuales incluyen los aspectos generales, técnicos, financieros,\n económicos y legales que involucren el proyecto. Sus estipulaciones\n formarán parte del contrato y no podrán ser modificadas\n para la suscripción del mismo. Cuando en este reglamento\n se haga referencia a bases, se entenderá que se refiere\n a sus anexos, proyecto de contrato, formularios, modelos económico\n financieros de presentación de ofertas, modificaciones,\n aclaraciones o reformas, sea que se hayan producido a solicitud\n de los oferentes o de oficio, por el ente concedente.

\n\n

Cierre financiero.- Se entiende como el perfeccionamiento\n de la operación o conjunto de operaciones que demuestren\n y garanticen que el concesionario cuenta con la totalidad de\n los recursos requeridos para realizar las inversiones necesarias\n a las que se obliga en el contrato de concesión. El cierre\n financiero incluye el aporte de capital de riesgo ofrecido por\n el concesionario y los créditos ofrecidos por el sector\n financiero. Los documentos que demuestren el cierre financiero\n serán el contrato de crédito en que conste que\n los fondos están a disposición del concesionario,\n de acuerdo al flujo de caja y cronograma de inversiones sin más\n condición que el otorgamiento de la concesión.\n No serán demostrativos de cierre financiero los compromisos\n condicionados o cartas de intención.

\n\n

Compensación... Corresponde a la cuantificación\n económica que el ente concedente deberá entregar\n al concesionario por concepto de reparación por desequilibrios\n económicos financieros producidos en el desarrollo del\n contrato. La compensación se dará en dinero, en\n aumento de plazos, en tarifas si fuere permitido, en especie,\n en valores, en licencias, permisos, autorizaciones, instrumentos\n financieros o en cualquier otra modalidad siempre y cuando pudiera\n cuantificarse. Para el caso de aportes de bienes, no se considerará\n como una enajenación o transferencia, puesto que estarán\n afectados a la obra o servicio público y sujeto a reversión\n una vez que termine la concesión. En estos casos deberá\n realizarse una valoración de los derechos de uso así\n como de la depreciación, para determinar el monto de la\n compensación.

\n\n

El CONAM.- Es un órgano administrativo encargado de\n coordinar y dirigir los procedimientos establecidos en la Ley\n de Modernización del Estado.

\n\n

Concesión vial.- Es la modalidad de delegación\n al sector privado o mixto que otorga el ente concedente a favor\n de un concesionario, de conformidad con las normas de la Ley\n de Modernización, el Reglamento Sustitutivo de la Ley\n de Modernización y el presente reglamento, para que realice\n una o más actividades que conforman el sector vial, efectuando\n las inversiones y asumiendo los riesgos técnicos y financieros\n que se prevean en las bases de licitación y el contrato,\n a cambio de la retribución económica que se acuerde.\n Las concesiones del sector vial podrán corresponder a\n las modalidades de concesión de obra pública, de\n servicio público o de uso, o combinación de ellas.

\n\n

Bajo la modalidad de concesión de obra pública\n se podrán concesionar actividades tales como construcción,\n reconstrucción, rehabilitación, reparación,\n gestión de conservación vial, mantenimiento, y\n otras relacionadas con ejecución de actividades de infraestructura.

\n\n

Bajo la modalidad de concesión de servicio público\n se podrán concesionar actividades tales como administración,\n gestión u operación de infraestructura vial, estaciones\n de peajes o pesajes o prestación de servicios accesorios.

\n\n

Bajo la modalidad de concesión de uso se podrá\n concesionar el uso o usufructo por un tiempo determinado de infraestructura,\n espacios, áreas, zonas, derechos que se encuentren en\n las zonas aledañas a los proyectos viales o en las zonas\n que constituyen el derecho de vía.

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Concesionario.- Se entenderá como el ganador de la\n licitación que convocará el ente concedente para\n cada proyecto. Deberá constituirse como compañía\n anónima con el objeto específico de desarrollar\n el proyecto concesionado, de acuerdo a lo previsto en las bases\n de la licitación y en la oferta correspondiente.

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Contrato de concesión.- El contrato de concesión\n deberá incorporar en forma fiel las especificaciones constantes\n en las bases. Formarán parte integrante del mismo las\n bases, los formatos, pro formas o modelos económico financieros\n de presentación de ofertas, y la oferta presentada por\n el concesionario en la licitación.

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Centro de Documentación o "Data Room".- Es\n el recinto físico o virtual que disponga el ente concedente\n para la consulta de documentación que está relacionada\n con el proyecto de concesión.

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Decreto 860.- Es el Decreto Ejecutivo No. 860, publicado en\n el Registro Oficial 186 de 18 de diciembre de 2000 que en concordancia\n con el Acuerdo Ministerial No. 001 de 12 de enero de 2001, dispone\n que la red vía estatal, conformada por las redes de vías\n primaria y secundaria a nivel nacional, será administrada\n única y exclusivamente por el Ministerio de Obras Públicas.

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Diseños preliminares o estudios preliminares.- Sin\n perjuicio de definiciones técnicas, para efectos de la\n aplicación de las normas del presente reglamento corresponderán\n a aquellos en los cuales se acople información inicial\n o básica, pero suficiente para determinar la viabilidad\n financiera, económica, social, ambiental o técnica\n del proyecto. El ente concedente definirá el alcance y\n la profundidad de los estudios o diseños que se requieran\n para cada caso. Los diseños o estudios tendrán\n el carácter de informativo, sin que sus resultados o contenidos\n sean obligatorios para el ente concedente o para el concesionario,\n e incluirán un estimado lo más preciso posible\n del monto de la inversión requerida. El concesionario\n deberá por su cuenta y riesgo, verificar los contenidos\n y resultados de los diseños o estudios preliminares.

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Ecuación económico financiera.- El esquema de\n retribución al concesionario siempre estará basado\n en el principio de la recuperación de su inversión\n utilizando una tasa de interés libre de riesgos imprevisibles,\n la cual es fijada por el MOP. En la ecuación económica\n financiera el concesionario deberá proyectar como ingresos\n operativos brutos los resultantes de Las tarifas especificadas\n en las bases aplicadas a los volúmenes proyectados en\n sus estudios preliminares. En esta misma ecuación entre\n los egresos operativos del concesionario se incluirán\n también los que son a favor del concedente y los cuales\n se calcularán de la siguiente manera: En las concesiones\n de uso el canon mensual ofrecido por el arriendo de los bienes\n públicos; y en las concesiones de servicio público\n la participación ofrecida en los ingresos brutos, excluyendo\n los impuestos. En las concesiones de obra pública el concesionario\n no ofrecerá pagar nada al concedente, por el uso del corredor\n vial, pero en cambio ofrecerá dar por terminada la concesión\n en el menor tiempo posible en el cual se calcula que habrá\n recuperado su inversión y que quedará estipulado\n contractualmente. Al cabo de este tiempo los bienes construidos,\n que siempre han sido de propiedad del Estado, pasarán\n a ser usufructuados por este.

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Ente concedente.- Es el organismo del sector público\n ecuatoriano a quien competa, o a quien esté asignada,\n la administración de la vía, obra de infraestructura\n vial, estación de peaje o pesaje, área, derecho\n o servicio objeto de la concesión. También podrá\n ser el MOP para los casos previstos en el Art. 11 del presente\n reglamento.

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Ente regulador de las concesiones.- Es el Ministerio de Obras\n Públicas y Comunicaciones, MOP. Esta competencia es indelegable.

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Equilibrio económico financiero.- Equivale al mantenimiento\n de las condiciones económicas y financieras acordadas\n de conformidad a las bases y a la oferta presentada por el concesionario\n dentro del proceso licitatorio, plasmada en la ecuación\n económica financiera. Este equilibrio funciona tanto a\n favor del concedente como del concesionario, y por lo tanto cualquiera\n de las partes podrá solicitar que se restablezca el equilibrio\n económico financiero si se presentaren cambios mayores\n en las condiciones económicas del país o por causas\n imprevistas fuera del control de las partes, que no les fueren\n imputables.

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El restablecimiento de este equilibrio puede consistir en\n aumentos o disminuciones del plazo de la concesión, cánones\n a favor del concedente, y/o aumentos en las tarifas cobradas\n por el servicio público.

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Esquema tarifario.- Corresponde a la estructura .de tarifas\n por categoría de vehículos que el concesionario\n aplicará en cada una de las estaciones de peaje concesionadas\n por el ente concedente. El esquema tarifario, independientemente\n de quien sea el ente concedente, siempre deberá ser aprobado\n por el MOP, así como sus modificaciones, las cuales deberán\n ser siempre justificadas de acuerdo al mantenimiento del equilibrio\n económico financiero. El nivel de las tarifas a aplicar\n durante toda la vida de cualquier tipo de concesión será\n fijada en las bases precontractuales por el ente concedente.\n Deberá revisarse semestralmente hacia arriba de acuerdo\n al índice de inflación o devaluación, el\n que sea mayor de los dos a fin de que las tarifas mantengan un\n valor real.

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El ente concedente no podrá bajo ningún concepto\n disminuir el nivel de las tarifas reales pactadas con el concesionario.

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Fondo de contingencia.- Es el fondo constituido con la finalidad\n de cubrir aportes de gobierno, compensaciones u obligaciones\n contingentes a cargo del MOP en materia de concesiones viales.\n Este fondo será administrado a través de un contrato\n de fiducia mercantil. Los demás entes concedentes que\n no sean el MOP deberán también implantar fondos\n de contingencia para iguales fines. Los recursos para este fondo\n deberán ser presupuestados y aportados cada año\n por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

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Fuerza mayor, caso fortuito y actos de autoridad.- Se considera\n fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto que no es posible\n resistir, de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 30 del Código\n Civil, debiendo considerarse actos de autoridad los realizados\n por la Administración Pública Central y sus representantes\n en el ejercicio de sus competencias. Para las concesiones viales,\n serán actos de autoridad los actos normativos, actos administrativos,\n actos de administración, hechos administrativos u operaciones\n administrativas, que tengan alcance individual, es decir, que\n se refieran a una situación concreta o específica,\n de conformidad a las definiciones constantes en el Estatuto del\n Régimen Jurídico Administrativo de la Función\n Ejecutiva.

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Indemnización.. Es la cantidad de dinero que deberá\n pagar la parte cuyo incumplimiento ocasione la terminación\n del contrato. En los casos de caducidad y declaratoria unilateral\n de terminación del contrato, esta indemnización\n deberá pagarla el concesionario. En caso de resolución\n del contrato decretada por la autoridad judicial o arbitral prevista\n en el contrato, por causas imputables al ente concedente, deberá\n pagarla este último. La indemnización de daños\n y perjuicios incluirá el daño emergente y el lucro\n cesante.

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Ingreso generado.- Será la sumatoria acumulada de todos\n los ingresos recibidos por el concesionario en la ejecución\n del contrato de concesión, entre ellos los generados por\n concepto de ingresos por peajes, compensaciones por desequilibrios\n económico financieros, otras compensaciones contractualmente\n estipuladas o aportes de Gobierno.

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Ingreso por peaje.- Es la suma de dinero recaudada en las\n estaciones de peaje cedidas al concesionario por el ente concedente\n como recuperación de la inversión realizada por\n éste.

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Interés público.- Es el conjunto de intereses\n de la sociedad que prevalece sobre el interés individual.\n Tiene un contenido concreto y determinable, que en materia de\n concesiones del sector vial se materializa mediante el conjunto\n de consideraciones de orden jurídico, administrativo,\n técnico, económico o financiero que motiva al ente\n concedente a tomar la decisión, mediante acto administrativo,\n de modificar el alcance técnico del proyecto o de que\n se presten servicios auxiliares o adicionales no incluidos en\n el contrato, para garantizar la seguridad de los usuarios de\n las vías, preservar la seguridad de quienes habiten en\n las zonas de influencia del proyecto o propender al bienestar\n de la comunidad.

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Inversión.- Se entiende por inversión todos\n los costos y gastos que se efectúen en el proyecto para\n el cumplimiento del contrato de concesión. En cada caso\n panicular, las bases de la licitación o el contrato determinarán\n este aspecto. En la ejecución de los contratos de concesión,\n se estará a los montos y cifras constantes en las bases\n y en la oferta.

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Ley de Modernización.- Corresponde a la Ley No. 50\n de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación\n de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada,\n publicada en el Registro Oficial 349 de 31 de diciembre de 1993\n y sus posteriores reformas.

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Liquidación del contrato.- Corresponde a la operación\n matemática que se debe realizar una vez que el contrato\n termina en forma anticipada, con el fin de establecer los valores\n que corresponde devolverse mutuamente entre el ente concedente\n y el concesionario, por concepto de inversiones realizadas; y\n aún no recuperadas aportes o compensaciones entregadas.\n Estos valores pueden compensarse, de tal forma que se entregue\n a la parte que corresponda únicamente la cantidad remanente.\n En el contrato se preverá la fecha a partir de la cual\n correrán intereses para dichas devoluciones. Esta liquidación\n es independiente de la indemnización de daños y\n perjuicios a que hubiere lugar, a cargo de la parte a quien corresponda.\n Las devoluciones y restituciones mutuas que debieran realizarse\n corresponderán al esquema económico financiero\n del contrato, en cuanto a montos, cifras, reajustes, plazos,\n formas, etc.

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MOP.- Es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones,\n que a su vez es el ente regulador de las concesiones viales.

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Negocios o esquemas fiduciarios.- Se entienden como contratos\n de fiducia mercantil, en ningún caso como mandatos fiduciarios.

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Obras adicionales.- Son aquellas que no pueden entenderse\n contenidas en las obligaciones a ser ejecutadas por el concesionario,\n de conformidad con lo previsto en el contrato de concesión.\n El ente concedente podrá realizar estas obras adicionales\n por su cuenta sin que sea obligatorio que las realice el concesionario.\n El ente concedente será responsable de la óptima\n calidad y ejecución de las obras adicionales, y de existir\n un daño por causa de deficiencias técnicas o de\n materiales será de exclusiva responsabilidad del ente\n concedente la reparación de los mismos, sin perjuicio\n de que el concesionario efectúe el mantenimiento rutinario\n de las obras adicionales y el que estuviere planificado para\n el resto del proyecto. La mejora de tráfico que ocasione\n las obras adicionales deberá cubrir los mayores egresos\n que el mantenimiento ocasione al concesionario. Si este aumento\n de tráfico no fuere suficiente deberá ser compensado\n por el ente concedente. Si el aumento del tráfico por\n efectos de la obra adicional cubriere los sobre costos de mantenimiento\n del concesionario y generare excedentes, éstos irán\n en beneficio del ente concedente para invertirlos en el propio\n proyecto vial.

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El concesionario deberá llevar contabilidad detallada\n de los ingresos y costos de mantenimiento de estas obras adicionales.\n Se deberán abrir sub cuentas apropiadas en su sistema\n de contabilidad y el representante legal del concesionario deberá\n pronunciarse sobre los equilibrios o desequilibrios de las cifras.

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Peaje sombra.- Es el pago que hará el Estado al concesionario\n en función de cantidades variables, en función\n del uso real que dé un determinado usuario a la infraestructura\n vial. El ente concedente podrá establecer mecanismos para\n determinar el uso real de la infraestructura vial, y establecer\n tratamientos preferenciales a los usuarios frecuentes.

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Red vial estatal.- Se entenderá de conformidad a la\n clasificación de caminos realizada por el MOP mediante\n Acuerdo Ministerial No. 001 de 12 de enero de 2001.

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Reglamento a la Ley de Modernización.- Corresponde\n al Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de\n Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación\n de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada,\n promulgado mediante Decreto Ejecutivo No. 2328, publicado en\n el Suplemento del Registro Oficial 581 de 2 de diciembre de 1994.

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Sector vial.- Es el relacionado con las actividades de construcción,\n reconstrucción, rehabilitación, reparación,\n mantenimiento, administración, gestión u operación\n de caminos, carreteras, autopistas, puentes, túneles,\n estaciones de peaje, de pesaje o servicios accesorios tales como\n restaurantes, paradores turísticos, centros de información\n u operación, auxilios de salud y mecánicos.

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Tarifa de peaje.- Son los valores aplicables a cada una de\n las categorías de vehículos. El establecimiento\n y la variación de las mismas deberán ser conocidos\n y aprobados por el MOP, independientemente de quien sea el ente\n concedente.

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Tasa de interés libre de riesgos imprevisibles. Es\n necesario que el MOP, en base a recomendación del Banco\n Central, estipule una tasa de interés para los cálculos\n financieros de los entes concedentes y los concesionarios. Esta\n tasa reflejará el riesgo país pero también\n reflejará el bajo riesgo de negocios, ya que existen los\n mecanismos de equilibrio económico financiero del contrato\n para absorber los riesgos imprevisibles.

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Usuario frecuente.- Es quien, por razones de vecindad, cruza\n una o varias estaciones de peaje por más de cinco veces\n en el día.

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CAPITULO II

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ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIA

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Art. 4. Competencia del MOP.- A más de las competencias\n propias del MOP establecidas en las normas generales, Ley de\n Caminos, Reglamento de la Ley de Caminos, Decreto 860 y demás\n normativa pertinente, le corresponde dirigir la política\n nacional de concesiones viales, constituyéndose en el\n ente regulador, controlador y promotor de las concesiones del\n sector vial. En ese sentido, son atribuciones del MOP:

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a) Planificar, diseñar, estructurar, promover, ejecutar\n y supervisar la política de concesiones viales, y velar\n por su cumplimiento;

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b) Conferir aprobación a proyectos de concesiones del\n sector vial que vayan a ser ejecutados por otros entes concedentes;

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c) Asegurar el buen desempeño y operación de\n las concesiones, mediante la supervisión de los procesos\n precontractuales, contractuales y ejecución de las mismas;

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d) Velar porque los usuarios de las vías concesionadas\n cuenten con adecuados niveles de servicio;

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e) Dirimir las controversias que se suscitaren entre el concesionario\n y el concedente, cuando no se trate de concesiones contratadas\n por el MOP; y,

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f) Establecer la política de regulación y regular\n la prestación de servicios en el sector vial.

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Todos los caminos de la Red Vial Estatal estarán bajo\n el control del Ministerio de Obras Públicas.

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Con independencia del ente concedente, los proyectos de concesión\n referentes al sector vial de la Red Vial Estatal, aún\n cuando estuvieren temporalmente entregados a consejos provinciales\n o municipios, deberán contar obligatoriamente con la aprobación\n e informe favorable sobre los aspectos técnicos de las\n bases precontractuales otorgado por el MOP, requisitos sin los\n cuales no podrán implementarse o ejecutarse.

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Art. 5. Organización.- La Subsecretaría de Concesiones\n se encargará de las concesiones viales y deberá\n planificar, diseñar y controlar la política de\n concesiones viales, para lo cual podrá regular, dirigir,\n gestionar y ejecutar la misma bajo encargo de la máxima\n autoridad. Será competencia de esta Subsecretaria elaborar\n los informes técnicos que corresponda, de acuerdo a lo\n previsto en el Art. 4 de este reglamento. Además, deberá\n supervisar e interactuar con los municipios, consejos provinciales\n y demás organismos del régimen seccional a quienes\n se les hubiere entregado la administración de vías\n de la Red Estatal, con el fin de coordinar los procesos de concesión\n correspondientes.

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Esta Subsecretaria se organizará y actuará de\n acuerdo a los principios de eficacia, profesionalismo, especialidad,\n diafanidad, agilidad y responsabilidad administrativa.

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Deberá contar con la suficiente dotación de\n recursos físicos y tecnológicos para atender sus\n funciones en forma óptima.

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El financiamiento para el desarrollo de los proyectos de concesión\n en materia vial con que cuente esta Subsecretaría de Concesiones\n será manejado y administrado autárquicamente por\n ella bajo encargo de la máxima autoridad del MOP, para\n lo cual se utilizarán mecanismos fiduciarios, fondo de\n contingencia y otros que sean convenientes o necesarios para\n el desarrollo de los proyectos.

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En los contratos de concesión deberán incluirse\n aportes como obligaciones de los concesionarios para el funcionamiento\n de la Subsecretaria de Concesiones, estos montos se calcularán\n como un porcentaje de los ingresos brutos del proyecto de concesión\n y serán administrados a través de un contrato de\n fiducia mercantil. Así mismo otro porcentaje se destinará\n a la conformación del fondo de contingencia.

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Deberá contar con profesionales con conocimientos y\n experiencia en las áreas técnica, económica\n - financiera, jurídica, social y medio ambiental.

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La Subsecretaría deberá asignar gerentes de\n proyecto para cada uno de los proyectos que se implementen. Dependiendo\n de las características y magnitud del proyecto, esta Gerencia\n podrá ser ejercida por funcionarios de la Subsecretaría\n de Concesiones o por profesionales contratados para el efecto.

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Estos gerentes de proyecto tendrán como responsabilidad\n las labores de gestión integral del proyecto en las áreas\n técnica, jurídica y financiera y en actividades\n de programación y presupuesto de tal manera que se garantice\n el éxito del proyecto.

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Si el MOP debiera contratar personas naturales o jurídicas\n expertas en el área de gestión integral de proyectos\n de concesiones para la promoción, planificación,\n dirección, coordinación, evaluación o cualquier\n actividad relacionada con la Gerencia de Proyectos, no se someterá\n al procedimiento de contratación previsto en la Ley de\n Consultoría y su reglamento, en aplicación de la\n exclusión prevista en el Art. 57 de la Ley de Modernización.\n En estos casos, el MOP podrá realizar contrataciones directas\n o establecer procedimientos especiales de selección para\n el efecto.

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Los demás entes concedentes fuera del MOP, deberán\n también organizar unidades administrativas que tengan\n a su cargo las concesiones viales. Su financiación se\n hará de acuerdo a los mismos porcentajes especificados\n por el MOP en este mismo articulo y los fondos serán administrados\n también con un contrato de fiducia mercantil.

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Art. 6. Proyectos d

 

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