Registro Oficial. 9 de JUNIO del 2003

Lunes, 09 de junio de 2003

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE JUNIO DEL 2003
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Lunes, 9 de junio del 2003 - R. O. No. 99

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR
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\n\n

FUNCION\n LEGISLATIVA

\n\n

LEY:

\n\n

2003-6\n Ley Reformatoria\n de la Ley de Defensa Contra Incendios

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

DECRETO:

\n\n

449 Declárase el estado\n de emergencia vial a la provincia de Bolívar

\n\n

ACUERDO:

\n\n

MINISTERIO\n DEL AMBIENTE:

\n\n

028\n Sustitúyese\n la denominación de Subsecretaria de Capital Natural, por\n la de Subsecretaría de Biodiversidad, Forestal y de Conservación\n Ecológica

\n\n

FUNCION\n JUDICIAL

\n\n

CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL:

\n\n

Recursos de casación\n en los juicios seguidos por las siguientes personas:

\n\n

91-2003 Pablo Heredia Valarezo en contra\n de Rosario Zumba Aguilar y otro

\n\n

92-3003\n Daysi Calero\n Solórzano en contra de Isnelda Andrea Izurieta Olaya .

\n\n

101-2003 Luis Estanislao Montalvo Rocha\n en contra de Fanny Nancy Beatriz Paredes Proaño y otros\n

\n\n

105-2003\n Ingeniero Miguel\n Angel González Granda en contra del l. Municipio del Chaco

\n\n

109-2003 Luis Efraín Mejía\n Arcos en contra de Luis Alfredo Montaluisa Moreno y otra

\n\n

110-2003\n Rómulo\n Rafael Lesano Tite en contra de Luis Alfonso Acosta Rodríguez\n y otros

\n\n

ACUERDO\n DE CARTAGENA

\n\n

PROCESO:

\n\n

17-IP-2003 Interpretación prejudicial\n de la disposición prevista en el artículo 83, literal\n a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo\n de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República\n de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección\n Primera, e interpre-tación de oficio de los artículos\n 81, 82, literales a), d) y e), y 83, literal h), eiusdem. Parte\n actora: TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. TUBESA S.A.\n Marca: "TUBERIAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.".\n Expediente interno Nº 5959

\n\n

ORDENANZAS\n MUNICIPALES:

\n\n

- Cantón Echeandía:\n De creación\n de la Unidad Médica, Odontológica y de Laboratorio

\n\n

- Cantón Salinas: Que reforma a la Ordenanza de\n ornato y fábrica

\n\n

- Cantón Balao: Para la determinación,\n administración, control y recaudación de los impuestos\n a los vehículos

\n\n

- Cantón Balao: Que norma la concesión\n de los permisos para la explotación y/o transporte del\n material pétreo y arena en los ríos y playas

\n\n

- Cantón Balao: Para la determinación,\n administración, control y recaudación del impuesto\n de patentes municipales

\n\n

- Cantón Pedro Vicente\n Maldonado: Que\n regula la administración y el uso de las instalaciones\n del recinto ferial y de ferias de comercialización de\n ganado, así como de la recaudación de los derechos\n señalados por este concepto

\n\n

- Gobierno Municipal de Santa\n Cruz: Que reglamenta\n el Plan de ordenamiento urbano y delimitación al perímetro\n urbano de Santa Rosa

\n\n

- Cantón Durán:\n Reformatoria\n a la Ordenanza de constitución de la Empresa Municipal\n de Agua Potable y Alcantarillado, (EMAPAD)

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No 2003-6

\n\n

EL CONGRESO NACIONAL

\n\n

Considerando:

\n\n

 

\n\n

Que los cuerpos de bomberos del Ecuador, son entidades sin\n fines de lucro y de servicio social, que cumplen con su labor\n básica de defender a las personas y a las propiedades\n contra el fuego, socorrer en catástrofes o siniestros\n y efectuar acciones de salvamento;

\n\n

Que los cuerpos de bomberos en la actualidad, no disponen\n de un presupuesto que cubra las más mínimas necesidades\n para alcanzar su objetivo social;

\n\n

Que la infraestructura básica de los cuerpos de bomberos\n es obsoleta y requiere de una adecuada actualización y\n mantenimiento, que permita prestar a la sociedad un ágil\n y eficiente servicio en casos de emergencias en general;

\n\n

Que es necesario reformar la Ley de Defensa Contra Incendios,\n publicada en el Registro Oficial Nº 815 de 19 de abril de\n 1979; y,

\n\n

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales,\n expide la siguiente,

\n\n

LEY REFORMATORIA DE LA
\n LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS

\n\n

Art. 1.- En los numerales 1, 2 y 3 del artículo 32,\n sustitúyase la frase: "salario mínimo vital",\n por: "remuneración básica mínima unificada\n del trabajador en general".

\n\n

Art. 2.- Agréguese al artículo 32, un\n inciso que diga:

\n\n

"Los recursos provenientes de la contribución\n adicional que se señala en los incisos anteriores, se\n distribuirán en los siguientes porcentajes: 30% para incrementos\n salariales; 10% para capacitación y entrenamiento; 50%\n para equipamiento; y, 10%, para el seguro de vida y accidentes\n del personal bomberil.".

\n\n

Art. 3.- Sustitúyese el artículo 35,\n por el siguiente:

\n\n

"Art. 35.- Los primeros jefes de los cuerpos de bomberos\n del país, concederán permisos anuales, cobrarán\n tasas de servicios, ordenarán con los debidos fundamentos,\n clausuras de edificios, locales e inmuebles en general y, adoptarán\n todas las medidas necesarias para prevenir flagelos, dentro de\n su respectiva jurisdicción, conforme a lo previsto en\n esta Ley y en su Reglamento.

\n\n

Los funcionarios municipales, los intendentes, los comisarios\n nacionales, las autoridades de salud y cualquier otro funcionario\n competente, dentro de su respectiva jurisdicción, previamente\n a otorgar las patentes municipales, permisos de construcción\n y los permisos de funcionamiento, exigirán que el propietario\n o beneficiario presente el respectivo permiso legalmente otorgado\n por el cuerpo de bomberos correspondiente.

\n\n

Los primeros jefes de los cuerpos de bomberos y los funcionarios\n mencionados en el inciso anterior, que no den cumplimiento a\n estas disposiciones y todas aquellas que se refieran a la concesión\n de permisos anuales y ocasionales de edificios, locales e inmuebles\n en general que sean idóneos, serán personal y pecuniariamente\n responsables de los daños y perjuicios ocasionados, sin\n perjuicio de la destitución de su cargo."

\n\n

Art. 4.- La presente Ley Reformatoria, entrará\n en vigencia desde su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dada en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito,\n en la sala de sesiones del Congreso Nacional del Ecuador, a los\n veinte días del mes de mayo del año dos mil tres.

\n\n

f.) Guillermo Landázuri Carrillo, Presidente.

\n\n

f.) Gilberto Vaca García, Secretario General.

\n\n

Palacio Nacional, en Quito, a veinte y nueve de mayo de dos\n mil tres.

\n\n

Promúlguese.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Patricio Acosta Jara, Secretario General de la Administración\n Pública.

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\n\n

No 449

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que es deber primordial del Estado preservar el desarrollo\n equilibrado y equitativo en beneficio colectivo; erradicar la\n pobreza y promover el progreso económico, social y cultural\n de sus habitantes; crear infraestructura física y dotar\n de los servicios básicos para el desarrollo, como agua\n potable, saneamiento, telecomunicaciones, vialidad, y otras de\n naturaleza similar, de conformidad con lo previsto en los numerales\n 4) y 5) del artículo 3, numeral 5) del artículo\n 249 y artículo 244 de la Constitución Política\n de la República, en su orden;

\n\n

Que el Estado Ecuatoriano ha postergado la atención\n y solución de los problemas básicos de la provincia\n de Bolívar; y que constituye imperativo fundamental del\n actual Gobierno Constitucional dar solución a los .problemas\n prioritarios de esta provincia, especialmente a su gravísima\n situación vial, la misma que ha colapsado por la fuerte\n estación invernal que soportó esta zona del país,\n tomándose inaplazable y de urgente necesidad, restaurar\n la capa asfáltica de la carretera Ambato-Guaranda-Balzapamba\n que se encuentra destruida por este fenómeno natural;

\n\n

Que la falta de un sistema vial adecuado que conecte principalmente\n la sierra con la costa, y dado el deterioro de sus carreteras,\n la provincia de Bolívar siendo una zona geográfica\n eminentemente agrícola y productiva que mereció\n el reconocimiento de "Granero del Ecuador", ha incrementado\n la pobreza, el desempleo y la migración, pasando a convertirse\n en la provincia más pobre del país; y,

\n\n

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales,

\n\n

 

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1.- Declárese el estado de emergencia vial\n a la provincia de Bolívar; y en consecuencia, dispónese\n que el señor Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones,\n en coordinación con el señor Prefecto Provincial\n de Bolívar, se encarguen de realizar todos los trámites\n y procedimientos establecidos en la Ley de Contratación\n Pública y su reglamento de aplicación, requeridos\n para estos casos, para la ejecución de los trabajos viales,\n mediante la colocación de carpeta asfáltica de\n la carretera Ambato-Guaranda--Balzapamba y el arreglo, a nivel\n de doble tratamiento bituminoso, de las carreteras Guara: de\n Echandía, Chimbo-El Huayco; y, San Pablo-Chillanes-Pucay.

\n\n

Art. 2.- Calificase como prioritaria y de ejecución\n inmediata la realización de los trabajos viales señalados\n en el artículo anterior.

\n\n

Art. 3.- La calificación de la causa y exoneración\n del cumplimiento de los trámites precontractuales y contractuales\n establecidos en la Ley de Contratación Pública\n y su reglamento de aplicación, para que la entidad contratante\n pueda acogerse al régimen de excepción previsto\n en el artículo 1 de este decreto serán determinados\n por el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones.

\n\n

Art. 4.- Los recursos económicos que se requieran\n para la ejecución de las obras citadas provendrán\n del contrato de préstamo que, para el efecto, otorgará\n el Banco del Estado -BEDE- al Gobierno Nacional, para lo cual,\n el señor Ministro de Economía y Finanzas realizará\n de inmediato, la correspondiente solicitud de crédito\n al BEDE, el mismo que será cancelado con cargo al Presupuesto\n General del Estado del año 2004.

\n\n

Art. 5.- De la ejecución del presente decreto,\n que entrará en vigencia desde su publicación en\n el Registro Oficial, encárguese a los señores ministros\n de Obras Públicas y Comunicaciones, y de Economía\n y Finanzas, respectivamente.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 29 de mayo de 2003.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Patricio Acosta Jara, Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

 

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No. 028

\n\n

EL MINISTRO DEL AMBIENTE

\n\n

Considerando:

\n\n

Que es necesario de la denominación de la Subsecretaria\n de Capital Natural, responda a las actividades que realiza, como\n son las de conservación de los recursos forestales, la\n biodiversidad y la ecología de nuestro país;

\n\n

Que, con la denominación actual por ser genérica\n se entiende que está obliga a proteger los recursos naturales\n en general, entre los cuales constan recursos no renovables;

\n\n

Que, el artículo 179, numeral 6 de la Constitución\n Política de la República del Ecuador, faculta a\n los ministros de Estado a expedir normas, acuerdos y resoluciones\n que requiera la gestión ministerial; y,

\n\n

En uso de su facultad constitucional,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Art. 1.- Sustituir la denominación de la Subsecretaría\n de Capital Natural, por la de Subsecretaría de Biodiversidad,\n Forestal y de Conservación Ecológica.

\n\n

Art. 2.- Los procesos a cargo de la Subsecretaría de\n Capital Natural serán asumidos por la Subsecretaria, de\n Biodiversidad, Forestal y de Conservación Ecológica.

\n\n

Art. 3.- De la ejecución de este acuerdo encárguense\n los señores subsecretarios de Capital Natural y de Desarrollo\n Organizacional.

\n\n

Art. 4.- El presente acuerdo entrará en vigencia a\n partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Comuníquese y publíquese.- Quito, a 23 de enero\n de 2003.- f.) Lcdo. Edgar lsch, Ministro del Ambiente.

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No. 91-2003\n

\n\n

Dentro del juicio ordinario por demarcación\n de linderos No. 205-02, que sigue Pablo Benigno Heredia Valarezo\n en contra de Rosario y Roberto Zumba Aguilar, se ha dictado lo\n siguiente:

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL
\n

\n\n

Quito, abril 1 de 2003; las 09h30.

\n\n

VISTOS: Rosario y Roberto Zumba Aguilar deducen recurso de\n casación contra la sentencia dictada por la Segunda Sala\n de la Corte Superior de Machala, en el juicio de demarcación\n y linderos que sigue Pablo Heredia Valarezo en contra de los\n recurrentes. Aducen que en la sentencia se han transgredido:\n el artículo 192 de la Constitución Política\n de la República del Ecuador; los artículos 119,\n 677 y 679 del Código de Procedimiento Civil, y los artículos\n 734, 953, 2434 y 2435 del Código Civil.- Fundamentan el\n recurso en las causales primera y tercera del artículo\n 3 de la Ley de Casación.- Por concedido el recurso sube\n a la Corte Suprema de Justicia y se radica la competencia, por\n el sorteo de ley, en esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil,\n la que en providencia de 17 de septiembre de 2002, lo acepta\n a trámite. Concluida la sustanciación, atento el\n estado de la causa, para resolver sobre el recurso de casación\n se considera: PRIMERO.- Uno de los cargos formulados contra la\n sentencia, apoyado en la causal tercera del artículo 3\n de la Ley de Casación, es que aquella ha infringido lo\n dispuesto por el artículo 677 del Código de Procedimiento\n Civil por medio de yerro en la valoración probatoria.\n Esta norma es del siguiente tenor: "Presentada la demanda\n en que se solicite el restablecimiento de los linderos que se\n hubieren obscurecido o que hubieren desaparecido o experimentado\n algún trastorno; o que se fije por primera vez la línea\n de separación entre dos o más heredades, con señalamiento\n de linderos; el juez nombrará un perito o peritos conforme\n al Art. 254 y ordenará que se cite a los dueños\n de los terrenos lindantes, para que concurran al deslinde con\n sus documentos y testigos; advirtiéndoles que, de no hacerlo,\n se procederá en rebeldía. Al efecto señalará\n día y hora para la diligencia, que se practicará\n cuando menos después de cinco días de dictada la\n orden de citación. ". De acuerdo con el artículo\n transcrito, en nuestro ordenamiento legal la pretensión\n de demarcación y linderos procede en estos dos supuestos\n específicos: 1. Que haya necesidad de fijar por primera\n vez la línea de separación entre dos inmuebles\n colindantes, de distintos propietarios, con señalamiento\n de linderos. 2. Que no obstante haberse fijado la línea\n de separación, con señalamiento de linderos, ésta\n se hubiera oscurecido o desaparecido o experimentado algún\n trastorno.- La sentencia que resuelve lo principal de una controversia\n de demarcación y linderos, de acuerdo con la valoración\n de la prueba, debe arribar en forma imprescindible, a. una conclusión\n sobre los hechos debatidos, y determinar razonadamente si estos\n hechos concretos e individuales procede subsumirlos o no en los\n supuestos de hecho, abstractos y generales, del artículo\n 677 del Código de Procedimiento Civil. La sentencia recurrida\n tiene como motivación central, para aceptar la pretensión\n del actor el considerando tercero, que dice: "por la\n forma en que se ha trabado la litis queda en evidencia que el\n conflicto de linderos existe, pues por lógica, si un colindante\n afirma que el conflicto existe, la negativa del otro no lo elimina;\n en el caso, Pablo Benigno Heredia Valarezo afirma que los linderos\n no están señalados físicamente en el terreno,\n aunque sí en la escritura, por lo que pide que se lo señale\n por primera vez; por su parte los demandados se oponen, pero\n se contradicen cuando reconvienen la prescripción adquisitiva\n de dominio exclusivamente de una casa donde habitan".\n El considerando transcrito se refiere a asuntos de orden lógico,\n pero omite o prescinde completamente de verificar una valoración\n de la prueba y llegar a alguna conclusión sobre los hechos\n debatidos que sean susceptibles de subsumir en el artículo\n 677 del Código de Procedimiento Civil. En suma, la sentencia\n deja de aplicar el artículo 677 del código citado,\n por yerro en la valoración probatoria, y por ende adolece\n del vicio previsto en la causal tercera del artículo 3\n de la Ley de Casación, Por todo lo dicho, de acuerdo con\n lo previsto por el artículo 14 de la ley citada, esta\n Sala encuentra procedente el recurso de casación formulado\n por Rosario y Roberto Zumba Aguilar, y le toca dictar el fallo\n que corresponda en reemplazo del dictado por la Segunda Sala\n de la Corte Superior de Machala. SEGUNDO.- Pablo Benigno Heredia\n Valarezo en su libelo de demanda expresa: Que es propietario\n de un inmueble, cuya ubicación, linderos y más\n datos de identificación señala; que, al reponer\n las cercas de alambre para restablecer los linderos, se produjeron\n divergencias respecto a los mismos con sus vecinos Rosario Zumba\n Aguilar y Roberto Zumba Aguilar, que mantienen en su poder el\n predio colindante de José Nazario Zúmba Loaiza,\n en calidad de herederos; que, con estos antecedentes y amparado\n en lo dispuesto en el artículo 898 del Código Civil,\n en concordancia con lo dispuesto en el artículo 677 del\n Código de Procedimiento Civil, demanda a Rosario y Roberto\n Zumba Aguilar, y a los demás herederos conocidos y desconocidos,\n la fijación de los limites que separan su propiedad con\n la de los colindantes, los demandados.- Practicada la diligencia\n prevista en los artículos 678 a 681 del Código\n de Procedimiento Civil, en vista de que las partes no han convenido\n en un acuerdo, ni se hallaba la causa en el estado de poderse\n verificar la demarcación por la simple inspección,\n o por las pruebas producidas durante la diligencia y de lo que\n hubiese se observado el Juez, se ha agregado al proceso las declaraciones\n de los testigos presentados por las partes, los documentos probatorios\n que cada una de ellas ha aportado y el informe pericial. Con\n todo lo actuado se ha oído simultáneamente a las\n partes en el término de tres días, y lo que éstas\n han dicho se ha tenido por demanda y contestación y se\n ha continuado el trámite del juicio por la vía\n ordinaria.- En el término antedicho, el actor Pablo Benigno\n Heredia Valarezo repite el texto íntegro de su demanda,\n y los demandados Rosario y Roberto Zumba Aguilar oponen las siguientes\n excepciones: a) Negativa pura y simple de los fundamentos de\n hecho y de derecho de la acción deducida en su contra;\n b) Falta de derecho del actor para proponer la demanda; y, c)\n Alegan de manera expresa que no hay confusión de limites\n alguno, pues de las escrituras públicas presentadas por\n ellos y que constan en el juicio, aparecen claramente determinadas\n los mismos y con su debido cerco.- Asimismo, de manera expresa\n reconvienen al actor, la prescripción adquisitiva extraordinaria\n de dominio de la casa de habitación de un piso o planta,\n cuyas características describen. Agregan que se encuentran\n en posesión de este inmueble en forma tranquila, ininterrumpida,\n por el plazo de más de dieciocho años, en concepto\n de propietarios, esto es, con ánimo de señores\n y dueños. Fundamentan su reconvención en lo dispuesto\n en los artículos 622, 734, 2416, 2422, 2424, 2435, 2437\n y más pertinentes del Código Civil.- El actor,\n a su vez, opone a la reconvención las siguientes excepciones:\n 1. Negativa simple y pura de los fundamentos de hecho y de derecho\n de la acción deducida en su contra. 2. La reconvención\n o contra demanda no reúne los requisitos determinados\n en los artículos 71 y 72 del Código de Procedimiento\n Civil y más disposiciones legales aplicables al trámite\n ordinario de prescripción extraordinaria adquisitiva de\n dominio. 3. La reconvención propuesta en su contra por\n los demandados carece de derecho, no es una excepción\n y por lo mismo es injurídica e improcedente. 4. Falta\n de derecho de los actores de la reconvención para proponerla\n en su contra. 5. Falta de relación o correlación\n entre las materias de la presente causa. 6. Improcedencia de\n la reconvención en el fondo y en la forma.- Concluida\n la sustanciación del juicio ordinario, el Juez Octavo\n de lo Civil de El Oro, en sentencia de primera instancia, declara\n con lugar la demanda y fija la línea demarcatoria que\n tendrán los terrenos colindantes. Por apelación\n de los demandados, la Segunda Sala de la Corte Superior de Machala,\n en sentencia de segunda instancia, confirma la sentencia subida\n en grado, y deja a salvo los derechos que pudieran tener los\n demandados en cuanto a adquirir por prescripción extraordinaria.-\n Hallándose así el estado del juicio, para resolver\n el asunto principal de la litis contestación, se considera.\n TERCERO.- No se observa que se hayan omitido solemnidades sustanciales\n previstas para el juicio ordinario en el artículo 355\n del Código de Procedimiento Civil, ni se ha violado el\n trámite correspondiente a la naturaleza del asunto o al\n de la causa que se está juzgando; el proceso, por tanto,\n es válido. CUARTO.- Como se explica en el considerando\n primero, la pretensión de demarcación de linderos\n procede en dos casos específicos: 1. Que haya necesidad\n de fijar por primera vez la línea de separación\n entre dos inmuebles colindantes, de distintos propietarios, con\n señalamiento de linderos. 2. Que no obstante haberse fijado\n la línea de separación, con señalamiento\n de linderos, ésta se hubiere oscurecido o desaparecido\n o experimentado algún trastorno. Para que prospere tal\n pretensión, lo primero que hay que determinar es si de\n los medios de prueba incorporados al proceso aparecen acreditados\n o no los presupuestos fácticos para que proceda aquella\n pretensión. El medio de prueba esencial para el objeto,\n es la percepción personal que hacen los juzgadores del\n sitio en que colindan las dos propiedades, para verificar si\n entre ellas están o no colocados mojones o señales\n visibles, puesto que los mojones son en definitiva la prueba\n objetiva de que se halla fijado físicamente el lindero\n respectivo. Ahora bien, según la inspección judicial\n practicada en segunda instancia (fojas 182 y 183 del cuaderno\n de segundo nivel), los predios colindantes están separados\n con estacas de madera y alambre de púas, que cercan todo\n el predio. En efecto, en las observaciones de los ministros de\n la Corte Superior de Machala se afirma categóricamente\n lo siguiente: " el predio en general, se encuentra\n cercado con estacas de madera y alambre de púas".\n Estas observaciones están confirmadas por el informe pericial\n del ingeniero Luis Ovidio Macas Motote (fojas 172 a 181 del cuaderno\n de segundo nivel), que en la parte pertinente expresa: "..\n . El predio inspeccionado se constituye en un predio rústico\n con sembríos de café, árboles frutales,\n con cercas visibles demarcatorias de sus linderos, terreno\n sobre el cual no se observan huellas de linderos o amojonamientos\n que hayan desaparecido por el transcurso del tiempo o por acción\n del hombre".- De estas pruebas se aprecia, sin lugar\n a dudas, que entre las dos propiedades colindantes existe una\n línea de separación establecida mediante mojones\n o señales ostensiblemente visibles, como son los postes\n de madera con alambres de púas que cercan todo el predio,\n y no se han aportado medios de prueba que demuestren fehacientemente\n que entre las dos propiedades colindantes existió anteriormente\n una línea amojonada, que ha desaparecido para ser sustituida\n con tales postes de madera y alambre de púas. No procede,\n consiguientemente, la pretensión de demarcación\n y linderos. Debe precisarse que la acción de demarcación\n y linderos, prevista en .el artículo 677 del Código\n de Procedimiento Civil, es distinta en sus presupuestos fácticos\n y efectos jurídicos de la acción reivindicatoria\n prevista en el artículo 953 del Código Civil, que\n es la que tiene el titular del derecho de dominio de un inmueble\n que no está en posesión, en todo o en parte, para\n que el poseedor de él sea condenado a restituírselo.\n Uno de los efectos de la acción reivindicatoria, por ejemplo,\n es el derecho de poseedor vencido a que se le abonen las expensas\n necesarias y las expensas útiles a que se refieren los\n artículos 972 y 973 del Código Civil, derecho que\n no podía ejercerlo en la acción de demarcación\n y linderos. Por eso, si quien pretende ser dueño de la\n parte de un predio que no está en posesión sino\n el poseedor colindante, lo conducente para obtener la restitución\n es la acción reivindicatoria, la que no puede sustituirse\n con la acción de demarcación y linderos. QUINTO.-\n En la acción de demarcación y linderos, asimismo,\n no procede reconvención por prescripción extraordinaria\n adquisitiva de dominio, porque la una y la otra tienen objetos\n de naturaleza jurídica distinta, que son incompatibles\n entre sí. En efecto la acción de demarcación\n y linderos, llamada por los romanos finium regum domino, es un\n conjunto de operaciones que tiene por objeto fijar la línea\n de separación de dos predios colindantes de distintos\n dueños, y señalarlos por medio de signos materiales\n (hitos o mojones) mientras que la acción de prescripción\n extraordinaria adquisitiva de dominio, llamada por los romanos\n usucapión, tiene por objeto la declaración de que\n es titular del derecho de dominio de un inmueble quien ha poseído\n en las condiciones señaladas por la ley.-Por las consideraciones\n expuestas, la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte\n Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, casa la sentencia pronunciada por\n la Corte Superior de Machala, en el juicio de demarcación\n y linderos seguido por Pablo Heredia Valarezo en contra de Rosario\n y Roberto Zumba Aguilar y otros, y en su reemplazo se rechaza\n la demanda. Igualmente se rechaza la reconvención planteada\n por los demandados. Sin costas. De conformidad con lo dispuesto\n en el artículo 17 de la Ley de Casación devuélvase\n el monto total de la caución a la parte demandada. Notifíquese\n y devuélvase.

\n\n

 

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Fdo.) Dres. Santiago Andrade Ubidia, Galo Galarza Paz y Ernesto\n Albán Gómez, Ministros Jueces.

\n\n

Esta copia es igual a su original.

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Certifico.

\n\n

Quito, 1 de abril de 2003.

\n\n

f.) Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria Relatora.

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No. 92-2003

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En el juicio ordinario Nro. 82-03 que\n por dinero (cobro de intereses y mora) sigue Daysi Calero Solórzano\n contra Isnelda Andrea Izurieta Olaya, se ha dictado lo siguiente:

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, a 14 de abril de 2003; las 09h35.

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VISTOS: Daysi Calero Solórzano interpone recurso de\n hecho por habérsele negado el de casación contra\n el auto dictado por la Corte Superior de Esmeraldas, dentro del\n juicio ordinario que por dinero (cobro de intereses y mora) sigue\n la recurrente en contra de Isnelda Andrea Izurieta Olaya. Radicada\n que se halla la competencia en esta Sala en virtud de la nota\n de sorteo correspondiente, para resolver sobre la procedibilidad\n del recurso, se considera: PRIMERO.- En cumplimiento de lo que\n dispone el inciso tercero del artículo 9 reformado de\n la Ley de Casación, y en atención a que, (conforme\n lo ha declarado en múltiples resoluciones este Tribunal),\n el recurso de hecho no es en realidad un medio impugnatorio de\n naturaleza jurisdiccional sino más bien un recurso vertical\n de queja contra el juzgador de última instancia que, a\n criterio de quien lo interpone, ha denegado infundadamente el\n recurso de casación, la Sala ha de realizar el examen\n de la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso de casación\n denegado, para en base a ello declarar si admite o rechaza la\n queja objeto del recurso de hecho y dar paso o no al proceso\n de casación. Con el fin de efectuar este estudio, la Sala\n revisará el análisis que el Tribunal de instancia\n efectuó del escrito de fundamentación para determinar\n si éste cumple o no con los cuatro requisitos que son\n indispensables para la procedibilidad del recurso extraordinario\n y supremo de casación que están consignados en\n los artículos 2, 4, 5 y 6 de la ley de la materia. SEGUNDO.-\n Respecto del recurso propuesto se considera: La Corte Superior\n de Esmeraldas ha declarado desierto el recurso de apelación\n interpuesto por la actora y ordenado que se devuelva el proceso\n al inferior para que se ejecute la sentencia dictada por el Juez\n a quo. La deserción es la presunción de la ley\n de que el recurrente ha abandonado tácitamente su recurso\n y por tanto no cabe abrirse una nueva instancia para él.\n En el derecho procesal, la deserción del recurso de apelación\n se produce cuando la parte vencida, después de haberlo\n interpuesto contra la sentencia del Juez de primer nivel, deja\n transcurrir voluntariamente el término sin expresar agravios,\n y la parte contraria acusa la rebeldía; se considera que\n el apelante es libre de abandonar sus derechos y acciones pero,\n al mismo tiempo debe hacerse cargo de los perjuicios causados\n y por lo tanto se hace pasible de la condena en costas. La consecuencia\n de la deserción del recurso de apelación es que\n se torna irrevocable la sentencia dictada en primera instancia,\n que pasa en autoridad de cosa juzgada. Por lo tanto, la resolución\n que pone fin al proceso no es la declaratoria de deserción\n dictada por la Corte Superior, sino la sentencia de primer nivel,\n que causó estado. TERCERO.-El inciso primero del artículo\n 2 de la Ley de Casación, dice: El recurso de casación\n procede contra las sentencias y autos que pongan fin a los procesos\n de conocimiento, dictados por las cortes superiores, por los\n tribunales distritales de lo fiscal y de lo contencioso administrativo".\n Si por efecto de la deserción este juicio terminó\n con la sentencia de primer nivel, el recurso de casación\n presentado por el demandado deviene improcedente, pues en nuestra\n legislación no existe el recurso per saltum. Por las consideraciones\n que anteceden, esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la\n Corte Suprema de Justicia, rechaza el recurso de hecho interpuesto\n por Daysi Calero Solórzano por improcedente y se ordena\n devolver el proceso al Tribunal de origen para los fines de ley.\n Notifíquese.

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Dres. Santiago Andrade Ubidia, Galo Galarza Paz y Ernesto\n Albán Gómez, Ministros Jueces.

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Certifico.- Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria Relatora.

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RAZON: Siento por tal que la copia que antecede es igual a\n su original.- Certifico.- Quito, a 10 de abril de 2003.

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f.) Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria Relatora.

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No. 101-2003

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En el juicio ordinario (recurso de casación)\n No. 166-2002 que, por reivindicación de un predio, sigue\n Luis Estanislao Montalvo Rocha en contra de Fanny Nancy Beatriz\n Paredes Proaño, Hernán Pinzón y Amada de\n Jesús Moreno, estos dos últimos representantes\n de la Comunidad de Hermanas Dominicanas Servidoras de Cristo\n Sacerdote, se ha dictado lo siguiente:

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL
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Quito, 14 de abril de 2003; las 09h00.

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VISTOS: Luis Montalvo Rocha deduce recurso de casación\n en contra de la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte\n Superior de Justicia de Ibarra, dentro del juicio ordinario que,\n por reivindicación de un predio, sigue el recurrente en\n contra de Fanny Nancy Beatriz Paredes Proaño, Hernán\n Pinzón y Amada de Jesús Moreno, estos dos últimos\n representantes de la Comunidad de Hermanas Dominicanas Servidoras\n de Cristo Sacerdote. Dicho recurso le fue concedido, por lo que\n el proceso subió a conocimiento de la Corte Suprema de\n Justicia, y por el sorteo de ley ha correspondido su conocimiento\n y resolución a esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil;\n habiendo terminado la etapa de sustanciación del recurso,\n para resolver se considera: PRIMERO.- El recurrente afirma que\n se han infringido los artículos 953, 954 y 957 del Código\n Civil y fundamenta su recurso en las causales primera y tercera\n del artículo 3 de la Ley de Casación. Estos son\n los límites, fijados por el propio recurrente, dentro\n de los cuales se desenvolverá la actividad jurisdiccional\n del Tribunal de Casación. SEGUNDO.- En cuanto a la causal\n tercera, el recurrente no determina de modo alguno las razones\n por las cuales la sentencia impugnada incurre en esta causal,\n ni cita normas o principios relativos a la valoración\n de la prueba, que hayan sido inaplicados, aplicados indebidamente\n o erróneamente interpretados, por lo que este cargo carece\n de sustento. TERCERO.- Respecto a la causal primera, el recurrente\n acusa falta de aplicación de los artículos 953,\n 956 y 957 del Código Civil, y dice que en la sentencia\n casada, "2.- . . .se ha cometido un grave error en la relación,\n porque hace de la motivación y considerandos en el fallo,\n especialmente en la parte en la cual expresa «la reivindicación\n constituye la más enérgica y eficaz defensa de\n la propiedad», y sin embargo de esta consideración,\n no se toma en cuenta que mi acción se fundamenta en el\n Art. 953, 954 y 957 del Código Civil, para reclamar la\n entrega del 50% de la superficie del lote adquirido en la sociedad\n conyugal. 3.- De este raciocinio, se colige la existencia de\n un error en la interpretación de las disposiciones legales\n del Código Civil, porque no me encuentro en posesión\n del terreno en la parte que me corresponde, y que el H. Tribunal\n Superior no considera ni toma en cuenta que soy legítimo\n dueño, y en vista de ello, he planteado esta acción\n reivindicatoria, porque soy dueño y ha singularizado el\n predio en su totalidad y de la cual soy dueño del 50%,\n que se debe reconocerse (SIC) mi derecho y que por no aplicar\n la disposición del Art. 957 del citado Código,\n se quiere despojarme de ese inmueble.". Alega que el Tribunal\n de última instancia no ha tomado en cuenta que él\n es el legitimo dueño del cincuenta por ciento del inmueble\n materia de la demanda, ya que éste fue adquirido dentro\n de la sociedad conyugal que tuviera con la demandada Fanny Nancy\n Beatriz Paredes Proaño, quien arbitrariamente ha procedido\n a enajenar todo el inmueble, desconociendo su derecho de propiedad\n sobre la-parte que le correspondía: "Pues como accionante\n en esta causa, he presentado la escritura de adquisición\n y aquella en la que mi ex mujer ha dispuesto sin mi intervención,\n sin mi autorización, porque habiendo sido su marido, y\n adquirido dentro de la sociedad conyugal, NO SE ME PUEDE PRIVAR\n DEL DERECHO DE RECLAMAR la entrega de la cuota que me pertenece\n en el tantas veces mencionado inmueble... La acción reivindicatoria\n que he intentado y he tramitado en el curso de esta causa, procede\n por ser el medio por excelencia que consagra nuestro derecho;\n pues, la reivindicación, es una acción real que\n como propietario tengo para pedir su entrega, porque de lo contrario,\n se constituirla el procedimiento de la parte demandada como una\n usurpación de cosa ajena, ya que mi cuota de la superficie\n de terreno no la he enajenado a persona alguna. Atenta esta circunstancia,\n procede mi acción reivindicatoria.". Por último\n señala: "Del contenido de la sentencia del Tribunal\n Superior, y como también del inferior, se apartan del\n mérito del proceso, y de la documentación justificativa\n de mi derecho; las disposiciones legales que no han sido consideradas,\n cuyo análisis he realizado, y mi acción reivindicatoria\n procede en todo sentido, y la afirmación en cuanto a la\n determinación de la superficie, bien puede ser un error\n de cálculo, que se lo rectifica en cualquier momento.".\n CUARTO.- En el caso sub lite, la parte resolutiva del fallo de\n última instancia se sustenta en las siguientes afirmaciones\n que constan en el considerando cuarto: "1.) Del análisis\n de los títulos escriturarios se desprende claramente que\n Fanny Paredes Proaño adquirió el lote de terreno\n a Segunda Lidia González y otros con dinero de su propio\n peculio, por cuya razón no entra a formar el haber social\n Art. 159 del Código Civil, habiendo su ex cónyuge\n y hoy actor comparecido a celebrar la escritura de compra venta\n que se hace el 29 de junio de 1984 ante el Notario Público,\n Dr. Enrique Proaño e inscrita el 11 de octubre del mismo\n año, realizándose así la subrogación\n legal, reconociendo de esta manera que Montalvo no es dueño\n del terreno, lo que asoma incluso justificado en segunda instancia\n cuando rinde la confesión el actor reconociendo que sí\n firmó la escritura, lo que también lo hace en primera\n instancia, aclarando que no conocía del contenido. De\n esta manera no procede la reivindicación formulada por\n el actor por no ser dueño de la propiedad a reivindicar,\n no tiene título, sin que se cumpla de esta manera el presupuesto\n primero del Art. 953 del Código Civil. 2) La posesión\n del inmueble a reivindicarse lo tienen los compradores del predio\n Padre Hernán Pinzón y Amada de Jesús Moreno\n hoy demandados, por haber adquirido en compra a Fanny Paredes\n también demandada y quien como es lógico no está\n en posesión del inmueble. Los demandados se encuentran\n como señores y dueños del inmueble con título\n legal y no como meros tenedores. De esta manera no se cumple\n con el segundo presupuesto del Art. 953 Código Civil.\n 3) El actor dice que reclama el cincuenta por ciento de la propiedad\n y construcciones existente, esto es 7.450 metros cuadrados. La\n propiedad que vende la señora Fanny Paredes al Padre Pinzón\n y Hermana es de 3.600 metros cuadrados. En la inspección\n judicial se determina que el inmueble tiene 5.390 metros, sin\n que coincidan los linderos. De esta manera no se singulariza\n el inmueble a reivindicarse ni con prueba documental ni testimonial,\n siendo así improcedente la acción por no cumplirse\n este tercer requisito para la reivindicación. De todo\n lo expuesto asoma que el actor no ha justificado en derecho ninguno\n de los elementos constitutivos de la reivindicación para\n que pueda proceder, todo lo que hace improcedente le acción,\n así como la reconvención propuesta.". Se examinarán\n fundamentos del fallo casado antes transcritos en concordancia\n con las impugnaciones que formula el recurrente. QUINTO.- En\n el recurso de casación se aduce que el vicio del fallo\n casado, que ha sido determinante de su parte dispositiva, consiste\n en que ha habido errónea interpretación del artículo\n 957 del Código Civil porque, al haber adquirido la demandada\n este bien cuando era cónyuge del recurrente y existía\n entre ellos el régimen de sociedad conyugal, el mismo\n ingresó al haber de esa sociedad conyugal y, por lo tanto,\n no es de dominio exclusivo de la demandada, sino que pertenecía\n en partes iguales a ella y al recurrente, y que por lo tanto\n no podía enajenarlo sin contar con su consentimiento o\n autorización.-Para determinar si existe o no el vicio\n acusado, se precisa previamente establecer en qué casos\n un bien adquirido durante la vigencia de la sociedad conyugal\n no entra al haber de la misma y, en consecuencia, pertenece exclusivamente\n a uno de los cónyuges. Para el efecto, se señalarán\n las normas legales en las cuales se encuadra, a criterio de la\n Sala, esta controversia: a) El artículo 157 del Código\n Civil señala el haber de la sociedad conyugal, de la siguiente\n manera: "El haber de la sociedad conyugal se compone: 1º\n De los salarios y emolumentos de todo género de empleos\n y oficios devengados durante el matrimonio; 2º De todos\n los frutos, réditos, pensiones, intereses y lucro de cualquiera\n naturaleza, que provengan, sea de los bienes sociales, sea de\n los bienes propios de cada uno de los cónyuges, y que\n se devenguen durante el matrimonio; 3º Del dinero que cualquiera\n de los cónyuges aportare a la sociedad, o durante ella\n adquiriere; obligándose la sociedad a la restitución\n de igual suma; 4º De las cosas fungibles y especies muebles\n que cualquiera de los cónyuges aportare al matrimonio,\n o durante él adquiriere; quedando obligada la sociedad\n a restituir su valor, según el que tuvieron al tiempo\n del aporte o de la adquisición; y, 5º De todos los\n bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera durante\n el matrimonio, a título oneroso. Las reglas anteriores\n pueden modificarse mediante las capitulaciones matrimoniales,\n conforme lo dispuesto en el Art. 151."; b) El artículo\n 158 señala: "Las adquisiciones hechas por cualquiera\n de los cónyuges, a título de donación, herencia\n o legado, se agregarán a los bienes del cónyuge\n donatario, heredero o legatario; y las adquisiciones hechas por\n ambos cónyuges simultáneamente, a cualquiera de\n estos títulos, no aumentarán el haber social, sino\n el de cada cónyuge."; c) El artículo 159 por\n su parte dice: "No obstante lo dispuesto en el Art. 157,\n no entrarán a componer el haber social: 1º El inmueble\n que fuere debidamente subrogado a otro inmueble propio de alguno\n de los cónyuges; 2º Las cosas compradas con valores\n propios de uno de los cónyuges, destinados a ello en las\n capitulaciones matrimoniales o en una donación por causa\n de matrimonio; y, 3º Todos los aumentos materiales que acrecen\n a cualquiera especie de uno de los cónyuges, formando\n un mismo cuerpo con ella, por aluvión, edificación,\n plantación o cualquiera otra causa."; d) El artículo\n 165 dispone: "Para que un inmueble se entienda subrogado\n a otro inmueble de uno de los cónyuges, es necesario que\n el segundo se haya permutado por el primero; o que, vendido el\n segundo durante el matrimonio, se haya comprado con su precio\n el primero, y que en la escritura de permuta o en las escrituras\n de venta y de compra se exprese el ánimo de subrogar.\n Puede también subrogarse un inmueble a valores propios\n de uno de los cónyuges, que no consistan en bienes raíces.\n Mas, para que valga la subrogación, será necesario\n que los valores hayan sido destinados a ellos en conformidad\n al numeral 20 del Art. 159, y que en la escritura de compra del\n inmueble aparezca la inversión de dichos valores y el\n ánimo del subrogar."; e) El artículo 170 dice:\n "Toda cantidad de dinero y de cosas fungibles, todas las\n especies, créditos, derechos y acciones que existieren\n en poder de cualquiera de los cónyuges al tiempo de disolverse\n la sociedad, se presumirán pertenecer a ella, a menos\n que aparezca o se pruebe lo contrario. Ni la declaración\n de uno de los cónyuges que afirme ser suya o debérsele\n una cosa, ni la confesión del otro, ni ambas juntas, se\n estimarán suficiente prueba, aunque se hagan con juramento.\n La confesión, en tal caso, se mirará como donación\n revocable, que, confirmada por la muerte del donante, se llevará\n a efecto en su parte de gananciales, o en sus bienes propios,\n en lo que hubiere lugar. Sin embargo, se mirarán como\n pertenecientes a cada cónyuge, sus vestidos, y todos los\n muebles de su uso personal necesario."; f.) El artículo\n 181 del Código Civil (sustituido por el artículo\n 6 de la Ley 88, Registro Oficial 492 de 2 de agosto de 1990)\n dispone: "El cónyuge a cuyo cargo está la\n administración ordinaria de los bienes sociales necesitará\n de la autorización expresa del otro cónyuge para\n realizar actos de disposición, limitación, constitución\n de gravámenes de los bienes inmuebles, de vehículos\n a motor y de las acciones y participaciones mercantiles que pertenezcan\n a la sociedad conyugal. En caso de que el cónyuge cuyo\n consentimiento fuere necesario para celebrar estos contratos\n se encontrare imposibilitado de expresarlo, el administrador\n de los bienes sociales deberá contar con la correspondiente\n autorización de un Juez de lo Civil del domicilio del\n cónyuge imposibilitado. Para conceder la autorización,\n el Juez procederá sumariamente, con conocimiento de causa\n y previa la determinación de la utilidad, conveniencia\n o necesidad de realizar el acto o contrato. La omisión\n del consentimiento expreso del cónyuge que no administre\n los bienes sociales o de la autorización del Juez, en\n su caso, será causa de nulidad relativa del acto o contrato.";\n g) El artículo 186 señala: "Si el cónyuge\n o sus herederos probaren haberse enajenado, hipotecado o empeñado\n alguna parte de los bienes de la sociedad conyugal, sin los requisitos\n prescritos en los artículos precedentes, podrán\n ejerce el derecho de reivindicación, o pedir la restitución\n de la prenda o cancelación de la hipoteca, en los casos\n en que, por regla general, se conceden estas acciones. Tendrán,\n asimismo, derecho a ser indemnizados con los bienes del otro\n cónyuge, en los casos en que no puedan o no quieran ejercer\n dichas acciones contra terceros. Los terceros tendrán\n acción de saneamiento contra el cónyuge que hubiere\n contratado ilegalmente; y si la indemnización se hiciere\n con bienes sociales, deberá dicho cónyuge reintegrarlos.";\n h) El artículo 1475 señala: "La resolución,\n rescisión y revocación de que hablan los artículos\n anteriores, no dan acción contra terceros poseedores,\n ni para la extinción de las hipotecas, servidumbre u otros\n derechos constituidos sobre las cosas donadas, sino en los casos\n siguientes: 1º) Cuando en la escritura pública de\n la donación (inscrita en el competente registro, si la\n calidad de las cosas donadas lo hubiere exigido), se ha prohibido\n al donatario enajenarlas, o se ha expresado la condición;\n 2º) Cuando antes de las enajenaciones o de la constitución\n de los referidos derechos, se ha notificado a los terceros interesados,\n que el donante u otra persona a su nombre se proponen intentar\n la acción resolutoria, rescisoria o revocatoria contra\n el donatario; y, 3º) Cuando se ha procedido a enajenar los\n bienes donados, o a constituir los referidos derechos, después\n de intentada la acción. El donante que no hiciere uso\n de dicha acción contra terceros, podrá exigir al\n donatario el precio de las cosas enajenadas, según el\n valor que hayan tenido a la fecha de la enajenación.";\n i) El inciso segundo del artículo 1727 del Código\n Civil dice: "Los actos realizados por el marido, o por la\n mujer, respecto de los bienes de la sociedad conyugal, sin el\n consentimiento del otro cónyuge, cuando éste es\n necesario, son relativamente nulos, y la nulidad relativa puede\n ser alegada por el cónyuge cuyo consentimiento era necesario\n y faltó"; y, j) El artículo 1735 dice "El\n plazo para pedir rescisión dura cuat

 

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