Registro Oficial

Registro Oficial. 4 de JUNIO del 2003

Miércoles, 04 de junio de 2003

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE JUNIO DEL 2003
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Miércoles, 4 de junio del 2003 - R. O. No. 96

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR
\n

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

ACUERDO:

\n\n

MINISTERIO\n DE TRABAJO:

\n\n

0173 Expídese el Reglamento\n de Trabajo del Foro Social Bananero

\n\n

CORPORACION\n ADUANERA ECUATORIANA:

\n\n

CONSULTAS\n DE AFORO:

\n\n

006 Presentada mediante hoja de trámite\n Nº 03-02142 relativa al producto: "TRIMIX 2" edulcorante\n de uso industrial

\n\n

007 Presentada mediante hoja de trámite\n No 03-02141 relativa al producto: "QUIMIX 2" edulcorante\n de uso industrial

\n\n

FUNCION\n JUDICIAL

\n\n

CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA
\n SALA ESPECIALIZADA DE LO FISCAL:

\n\n

Recursos de casación\n en los juicios seguidos por las siguientes personas e instituciones:

\n\n

10-2002 Banco del Pichincha y otros en contra\n del Municipio de Santo Domingo de los Colorados

\n\n

14-2002\n Banco Continental\n y otro en contra de la Dirección General de Rentas

\n\n

34-2002 Industria Ecuatoriana Productora de Alimentos\n C.A. - INEPACA en contra de la Directora General del Servicio\n de Rentas Internas

\n\n

39-2002\n Víctor\n Fabricio Tinoco Cando en contra del Gerente Distrital de la Corporación\n Aduanera Ecuatoriana de Manta

\n\n

60-2002\n Compañía\n Corporación Ecuatoriana de Licores y Alimentos S.A. (CELYASA)\n en contra del Director Regional del Servicio de Rentas Internas

\n\n

64-2002\n Compañía\n Fibro Acero S.A. en contra del Director Regional del Austro del\n Servicio de Rentas Internas

\n\n

ACUERDO\n DE CARTAGENA

\n\n

PROCESOS:

\n\n

15-IP-2003 Interpretación prejudicial de los\n artículos 81, 82 literal h), y 83, literales a), d) y\n e) y de oficio del artículo 84 de la Decisión 344\n de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por\n la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo,\n de la República del Ecuador. Distrito No. 1. Actor: MOBIL\n OIL CORPORATION. Marca: T MOBIL (DEUTSCHE TELEKOM AC)

\n\n

16-IP-2003\n Interpretación\n prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y e)\n y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo\n de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de\n lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador,\n Distrito No. 1. Actor: EL COMERCIO C.A. Marca: "CONSTRUIR\n Y DISEÑO". Proceso interno No. 2591-Al

\n\n

27-AI-2000\n Levantamiento\n parcial de la sanción impuesta a la República del\n Ecuador

\n\n

ORDENANZAS\n MUNICIPALES:

\n\n

- Gobierno Municipal del Cantón\n Yacuambi: Para\n la determinación, administración y recaudación\n de la tasa por servicios técnicos y administrativos

\n\n

- Cantón Quinindé: Que regula la determinación,\n administración, recaudación y control del impuesto\n a los predios rurales

\n\n

- Cantón Guamote: De creación y funcionamiento\n de la Unidad Cantonal de Protección Integral a la Niñez\n y la Adolescencia\n

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\n\n

 

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\n\n

 

\n\n

Nº\n 0173

\n\n

MINISTERIO DE TRABAJO Y
\n RECURSOS HUMANOS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que es necesario implementar el compromiso del sector bananero,\n acerca del trabajo de menores de edad, asumido en la ciudad de\n Guayaquil a los veintitrés días del mes de julio\n de 2002;

\n\n

Que es un compromiso común de los sectores privado\n y público, adelantar toda iniciativa tendiente a elevar\n el nivel de vida de los ecuatorianos en un marco de corresponsabilidad\n y diálogo consensuado;

\n\n

Que la participación tripartita y multisectorial para\n elevar estándares laborales, ha brindado resultados y\n ventajas relativas apreciables, en las decisiones de desarrollo\n y competitividad en mercados externos, así como en el\n acceso de los productos ofertados; y,

\n\n

En uso de las facultades conferidas en el Decreto Ejecutivo\n No. 792, publicado en el Registro Oficial No. 189 del 7 de noviembre\n de 1997, relativo a la creación y competencias del Comité\n Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil,\n CONEPTI,

\n\n

Acuerda:

\n\n

El siguiente: Reglamento de Trabajo del Foro Social Bananero.

\n\n

Art. 1.- Ambito de aplicación.- El presente\n reglamento se aplica al trabajo a desarrollarse por la Comisión\n Sectorial del Banano del CONEPTI, conocido en adelante como Foro\n Social Bananero, y se aplicará a todas las actividades\n a desarrollarse en materia sociolaboral, tendiente a elevar los\n estándares laborales y erradicar progresivamente el trabajo\n de menores de edad en el sector, conforme al mandato de las normas\n internacionales ratificadas por el país y la legislación\n nacional vigente.

\n\n

Art. 2.- Del Foro Social Bananero:

\n\n

1. Tendrá como sede permanente la ciudad de Guayaquil,\n pudiendo cambiarla de acuerdo a los intereses del foro con el\n consenso de los miembros.

\n\n

2. El foro tiene como objetivo, desarrollar todas las acciones\n e iniciativas tendientes a la erradicación progresiva\n del trabajo de menores de quince años de edad en el sector\n bananero, así como elevar el nivel de vida y educación\n de los mayores de quince y menores de dieciocho años que\n trabajen en el sector, en circunstancias legales y protegidas.

\n\n

3. El foro estará conformado con los siguientes miembros:

\n\n

a. El Ministro de Trabajo y Recursos Humanos, en su calidad\n de Presidente del CONEPTI o su delegado;

\n\n

b. Los productores bananeros convencionales, que para este\n efecto nombrarán un vocero que les represente, o su delegado;

\n\n

c. Los productores bananeros orgánicos, que para este\n efecto nombrarán un vocero que les represente, o su delegado;

\n\n

d. Los exportadores bananeros, quienes nombrarán dos\n representantes para su participación, o sus delegados.\n Su número de participación se lo determina en equivalencia\n del número de representantes de los productores convencionales\n y orgánicos;

\n\n

e. Los trabajadores, quienes nombrarán un delegado\n nacional y un delegado por las provincias del Guayas, Los Ríos\n y El Oro, de entre las asociaciones de trabajadores bananeros,\n legalmente acreditadas y registradas en el Ministerio de Trabajo\n y Recursos Humanos;

\n\n

f. El Ministro de Agricultura y Ganadería o su delegado;

\n\n

g. El Secretario del CONEPTI;

\n\n

h. El Presidente Ejecutivo de la CORPEI o su delegado; e,

\n\n

i. Un representante del INNFA.

\n\n

Los representantes de los trabajadores bananeros convencionales\n y orgánicos; así como los representantes de los\n exportadores y los trabajadores convocarán a sus respectivos\n sectores para difundir y promover las políticas del foro.

\n\n

4. Los representantes de UNICEF y de la OIT estarán\n presentes en las reuniones del foro como miembros observadores\n a fin de brindar asesoría técnica al proceso.

\n\n

5. El delegado de cualquiera de los miembros del Foro Social\n Bananero, tendrá las mismas potestades y decisión\n que el miembro titular, por cuya facultad el delegado tendrá\n poder de decisión, para comprometer y comprometerse en\n la calidad de su representación.

\n\n

6. En caso de ser necesario, se aceptará la participación\n de organizaciones nacionales. o internacionales, públicas\n o privadas, asociaciones de trabajadores agrícolas, que\n por su relevancia o aporte, puedan apoyar al trabajo del foro.

\n\n

7. Siendo el CONEPTI parte del foro, se entenderá la\n participación de todos sus miembros por medio de su Presidente\n el Ministro de Trabajo y Recursos Humanos o su delegado; sin\n embargo, de ser el caso, podrán participar todos los miembros\n del CONEPTI en el foro, de forma consultiva o técnica.

\n\n

8. Tendrá como función coordinar con las políticas\n nacionales del CONEPTI, y aplicarlas planificando en su seno\n de forma concertada.

\n\n

9. El foro se encargará de aprobar el Plan de trabajo\n para la prevención y erradicación progresiva del\n trabajo de menores en el sector bananeros así como monitorear\n su seguimiento.

\n\n

10. Promover el cumplimiento de la legislación sobre\n el trabajo de menores.

\n\n

11. Proponer al Ejecutivo, proyectos de reformas legales en\n materia de trabajo, educación y seguridad social de los.\n menores de edad.

\n\n

12. Coordinar sus acciones con organismos nacionales e internacionales\n para lograr los finas y objetivos propuestos en este acuerdo.

\n\n

13. Implementar el compromiso del sector bananero, acerca\n del trabajo de menores de edad, suscrito en la ciudad de Guayaquil\n a los veintitrés días del mes de julio de 2002.

\n\n

14. Los demás que determine el foro en el marco del\n Plan Nacional de Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil\n (menores de edad).

\n\n

 

\n\n

Art. 3.- De las inspecciones y veedurías.- El\n foro apoyará la realización de las inspecciones\n contempladas en el Plan de Trabajo y la verificación de\n las mismas a través de veedurías.

\n\n

 

\n\n

Art. 4.- De la Secretaría del Foro:

\n\n

1. La Secretaría del Foro Social Bananero será\n responsabilidad de la Secretaría del CONEPTI, y el CORPEI.

\n\n

2. La Secretaría responderá de su trabajo al\n Foro Social y al CONEPTI, según fuera el caso.

\n\n

3. Se encargará particularmente de llevar las agendas\n y actas del foro, realizará las convocatorias para las\n reuniones ordinarias y extraordinarias, y en general todo el\n trabajo administrativo que demande el foro.

\n\n

4. La Secretaría del foro será implementada\n con apoyo del CORPEI.

\n\n

Art. 5.- De las reuniones.- El Foro Social Bananero\n se reunirá una vez al mes, de forma ordinaria, y cuantas\n veces sean necesarias de forma extraordinaria, previa convocatoria\n de su Secretaria.

\n\n

El quórum necesario para que el Comité Nacional\n pueda sesionar será de por lo menos la mitad más\n uno de sus miembros.

\n\n

Artículo final.- Encárguese la ejecución\n del presente acuerdo al Comité Nacional para la Erradicación\n del Trabajo Infantil.

\n\n

El presente acuerdo, entrará en vigencia a partir de\n su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Quito, a 27 de mayo de 2003.

\n\n

f.) Dr. Felipe Mantilla Huerta, Ministro de Trabajo y Recursos\n Humanos.

\n\n

 

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\n\n

CONSULTA\n DE AFORO Nº 006

\n\n

Guayaquil, 20 de mayo de 2003.

\n\n

Señor
\n Julio Alberto Bernal Ramírez
\n Representante legal,
\n INCAUCA, Alimentos y Refrescos S.A.
\n Ciudad.

\n\n

De mis consideraciones:

\n\n

En relación a su solicitud de consulta de aforo presentada\n mediante de trámite Nº 03-02 142 relativa al producto:\n "TRIMIX 2" edulcorante de uso industrial, y\n en base al oficio Nº. 074-BDC-GGA-JT-CAE, suscrito por la\n Dra. Brigid Delgado, funcionaria de la Unidad Técnica\n de la Gerencia de Gestión Aduanera de la Corporación\n Aduanera Ecuatoriana, al amparo de lo dispuesto en los Arts.\n 48 y 11 2) Operativas, literal d) de la Ley Orgánica de\n Aduanas y de la Resolución Nº 242 del Gerente General\n de la CAE, procedo a absolver la consulta en los siguientes términos:

\n\n

ANTECEDENTES

\n\n

El producto denominado comercialmente como "TRIMIX 2"\n es un edulcorante de uso industrial, de acuerdo a lo manifestado\n por el solicitante.

\n\n

En la descripción del mismo se dice que está\n constituido por una mezcla de sacarosa, sucralosa y ácido\n cítrico en la proporción de 99.89%-94.7%, 0.01%-0.3%\n y 0.1% - 5%, respectivamente.

\n\n

Análisis de su composición:

\n\n

1.- La sacarosa o sucrosa, conocida como azúcar de\n mesa, se la obtiene por medio de la trituración y extracción\n de la caña de azúcar con agua o extraída\n del azúcar de remolacha (beta vulgaris) con agua, evaporando\n y purificando con cal, carbono y varios líquidos. Existen\n en el mercando varias calidades:

\n\n

- Reactivo.
\n - U.S.P.
\n - Técnica.
\n - Refinada.

\n\n

Especialidades utilizadas según sea el caso tanto en\n el área alimenticia, farmacéutica e industrial.

\n\n

2.- La sucrosa es un edulcorante sintetizado a partir\n de la molécula de la sacarosa, es decir que es un edulcorante\n artificial no calórico, con un grado de dulzura muy parecido\n a la sacarosa, de fácil digestión, que es muy utilizado\n para mejorar el grado de dulzura de una sacarosa al estado natural.

\n\n

3.- Acido cítrico es una sustancia orgánica\n natural o sintética, que en este caso es utilizada para\n que cumpla el papel de un "aditivo". Qué es\n un aditivo?. Es cualquier ingrediente (de variada naturaleza)\n que se agrega en el procesamiento de alimentos para modificar\n las propiedades físicas, químicas, biológicas\n o sensoriales. Y en este caso sería para mejorar la calidad\n del edulcorante TRIMIX 2.

\n\n

En el caso del producto denominado TRIMIX 2, edulcorante utilizado\n en el preparado de bebidas alimenticias, contiene una gran concentración\n de sacarosa (98.66%) y acidez expresada en ácido cítrico\n (0.60%), como así lo indican los resultados de análisis\n practicados a la muestra enviada por el usuario y realizadas\n en el laboratorio de alimentos "AV-VE".

\n\n

-Se adjunta resultado original reportado por el laboratorio-.

\n\n

Análisis de la clasificación arancelaria:

\n\n

En base a los resultados dados por el laboratorio, se tiene\n que el producto TRIMIX 2 contiene un elevado porcentaje de sacarosa,\n esto es un 98.66%, y ácido cítrico en un porcentaje\n de 0.60%, a más de un mínimo porcentaje de sucralosa\n (0.01% 0.3%). Por la naturaleza de la mezcla sin tomar en cuenta\n la alta concentración de sacarosa que presenta el producto\n TRIMIX 2, se determina que no es sacarosa químicamente\n pura, por lo tanto se debe de considerar al producto como una\n preparación alimenticia en la que se encuentra presente\n una mezcla de azúcar con alto grado de pureza, más\n un edulcorante artificial (sucralosa) y ácido cítrico\n (aditivo).

\n\n

 

\n\n

La descripción de la composición del producto\n TRIMIX 2 se acoge a la nota B) de las notas explicativas, que\n en la página 181 expresa textualmente lo siguiente:

\n\n

"Las preparaciones total o parcialmente compuestas\n por sustancias alimenticias que se utilizan en la preparación\n de bebidas o alimentos para el consumo humano. Se clasifican\n aquí principalmente las que consistan en mezclas de productos\n químicos (ácidos orgánicos, sales de calcio,\n etc.) con sustancias alimenticias (por ejemplo, harina, azúcar,\n leche en polvo) destinadas a su incorporación en preparaciones\n alimenticias, bien como componentes de estas preparaciones, bien\n para mejorar algunas de sus características (presentación,\n conservación, etc.)

\n\n

Conclusión:

\n\n

Por lo expuesto anteriormente se llega a la conclusión\n de que el producto denominado comercialmente como TRIMIX 2,\n que contiene sacarosa, sucralosa y ácido cítrico,\n utilizado como "edulcorante de uso industrial", debe\n estar clasificado en el arancel nacional de importaciones, en\n la subpartida arancelaria:

\n\n

"2106.90.60 - - Edulcorantes con sustancias alimenticias".

\n\n

Atentamente,

\n\n

f.) Crnl. Guillermo Vásconez, Gerente General.

\n\n

Corporación Aduanera Ecuatoriana.- Secretaria General.-\n Certifico que es fiel copia de su original.- f.) Bernardita Abarca\n de Cabal, Secretaria General de la CAE.

\n\n

 

\n\n

CONSULTA\n DE AFORO Nº 007

\n\n

Guayaquil, 20 de mayo de 2003.

\n\n

Señor
\n Julio Alberto Bernal Ramírez
\n Representante legal,
\n INCAUCA, Alimentos y Refrescos S.A.
\n Ciudad.

\n\n

De mis consideraciones:

\n\n

En relación a su solicitud de consulta de aforo presentada\n mediante hoja de trámite Nº 03-02141 relativa al\n producto: "QUIMIX 2" edulcorante de uso Industrial,\n y en base al oficio Nº 073-BDC-GGA-JT-CAE, suscrito por\n la Dra. Brigid Delgado, funcionaria de la Unidad Técnica\n de la Gerencia de Gestión Aduanera de la Corporación\n Aduanera Ecuatoriana, al amparo de lo dispuesto en los Arts.\n 48 y 11 2) Operativas, literal d) de la Ley Orgánica de\n Aduanas y de la Resolución Nº 242 del Gerente General\n de la CAE, procedo a absolver la consulta en los siguientes términos:

\n\n

ANTECEDENTES

\n\n

El producto denominado comercialmente como "QUIMIX 2"\n es un edulcorante de uso industrial, de acuerdo a lo manifestado\n por el solicitante.

\n\n

En la descripción del mismo se dice que está\n constituido por una mezcla de stevia y de sacarosa, en la proporción\n de 0.6% - 0.05 y 99.9% - 99.4%, respectivamente.

\n\n

Análisis de su composición:

\n\n

1.- La stevia es un edulcorante natural que proviene de la\n planta llamada "Stevia Rebaudiana Bertoni" muy usado\n en Japón por sus propiedades. Es un principio activo denominado\n en el área de la fitoquímica como esteviósido,\n extraído a partir de las hojas de la planta, que tiene\n las propiedades de actuar como edulcorante natural no calórico.\n Además de ser usada por sus propiedades edulcorantes,\n la planta es una hierba utilizada como alimento en las regiones\n donde se cultiva, países de Sudamérica como Uruguay,\n Argentina, etc.

\n\n

2.- La sacarosa o sucrosa, conocida como azúcar\n de mesa, se la obtiene por medio de la trituración y extracción\n de la calla de azúcar con agua o extraída del azúcar\n de remolacha (beta vulgaris) con agua, evaporando y purificando\n con cal, carbono y varios líquidos. Existen en el mercado\n varias calidades:

\n\n

- Reactivo.
\n - U.S.P.
\n - Técnica.
\n - Refinada.

\n\n

Especialidades utilizadas según sea el caso tanto en\n el área alimenticia, farmacéutica e industrial.

\n\n

En el caso del producto denominado QUIMIX 2, edulcorante utilizado\n en el preparado de bebidas alimenticias, contiene una gran concentración\n de sacarosa (99.95%) y como lo indican los resultados de análisis\n practicados a la muestra enviada por el usuario, y realizadas\n en el laboratorio de alimentos "AV-VE".

\n\n

-Se adjunta resultado original reportado por el laboratorio-.

\n\n

Análisis de la clasificación arancelaria:

\n\n

En base a los resultados dados por el laboratorio, se tiene\n que el producto QUIMIX 2 contiene un elevado porcentaje de sacarosa,\n esto es un 99.95%, es decir que tiene una alta concentración,\n lo que determina que se trata de una sacarosa químicamente\n pura, mezclada con una ínfima cantidad de edulcorante\n natural extraído de las hojas de la planta stevia en un\n 0.5%.

\n\n

Por la concentración de sacarosa que presenta el producto\n QUIMIX 2 deben a ser clasificado en el capítulo 17, partida\n 01, pero al estar mezclado con una mínima cantidad de\n stevia (0.05%) esto hace que cambie por completo la naturaleza\n química del producto, incluso al grado de dulzura y la\n rotación óptica que es característico para\n cada uno de los diferentes azúcares naturales.

\n\n

Por la naturaleza de la mezcla sin tomar en cuenta la alta\n concentración de sacarosa que presenta el producto QUIMIX\n 2, se determina que no es sacarosa químicamente pura,\n por lo tanto se debe considerar al producto como una preparación\n alimenticia en la que se encuentra presente una mezcla de azúcar\n con un alto grado de pureza, más un edulcorante natural\n extraído de las hojas de la planta stevia rebaudiana.

\n\n

La descripción de la composición del producto\n QUIMIX 2 se acoge a la nota B) de las notas explicativas, que\n en la página 181 expresa textualmente lo siguiente:

\n\n

"Las preparaciones total o parcialmente compuestas\n por sustancias alimenticias que se utilizan en la preparación\n de bebidas o alimentos para el consumo humano. Se clasifican\n aquí principalmente las que consistan en mezclas de productos\n químicos (ácidos orgánicos, salas de calcio,\n etc.) con sustancias alimenticias (por ejemplo, harina, azúcar,\n leche en polvo) destinadas a su incorporación en preparaciones\n alimenticias, bien como componentes de estas preparaciones, bien\n para mejorar, algunas de sus características (presentación,\n conservación, etc.)".

\n\n

Conclusión:

\n\n

Por lo expuesto anteriormente se llega a la conclusión\n de que el producto denominado comercialmente como QUIMIX 2, que\n contiene sacarosa más stevia, utilizado como "edulcorante\n de uso industrial", debe estar clasificado en el Arancel\n Nacional de Importaciones, en la subpartida arancelaria:

\n\n

"2106.90.60 - - Edulcorantes con sustancias alimenticias

\n\n

Atentamente,

\n\n

f.) Crnl. Guillermo Vásconez, Gerente General.

\n\n

Corporación Aduanera Ecuatoriana.- Secretaria General.-\n Certifico que es fiel copia de su original.- f.) Bernardita Abarca\n de Cabal, Secretaria General de la CAE.

\n\n

 

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\n\n

 

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\n\n

Nº\n 10-2002

\n\n

JUICIO DE IMPUGNACION

\n\n

ACTORES: Dr. César Aulestia Donoso,\n Procurador Judicial del Banco del Pichincha, del Banco de Préstamos,\n del Banco Internacional y del Banco Bolivariano y el Dr. Pablo\n Roberto Cevallos Fonseca, Procurador Judicial del Banco de Préstamos\n SA.

\n\n

DEMANDADOS:\n Alcalde y Procurador Síndico del Municipio de Santo Domingo\n de los Colorados.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SALA ESPECIALIZADA DE LO FISCAL

\n\n

Quito, 21 de enero de 2003; las 11h00.

\n\n

VISTOS: El doctor César Aulestia Donoso, Procurador\n Judicial del Banco del Pichincha, del Banco de Préstamos,\n del Banco Internacional y del Banco Bolivariano el 31 de octubre\n de 2001, y el doctor Pablo Roberto Cevallos Fonseca, Procurador\n Judicial del Banco de Préstamos S.A., en saneamiento,\n el 1 de noviembre del mismo año interponen recurso de\n casación en contra de la sentencia de 23 de octubre de\n 2001 expedida por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo\n Fiscal Nº 1 dentro del juicio de impugnación 14874,\n propuesto en contra del Alcalde y del Procurador Síndico\n del Municipio de Santo Domingo de los Colorados. Concedido el\n recurso no lo ha contestado la Municipalidad demandada y pedidos\n los autos para resolver se considera: PRIMERO.- La Sala es competente\n para conocer el recurso en conformidad al Art. 1 de la Ley de\n Casación. SEGUNDO.- El doctor César Aulestia Donoso\n en la calidad en que interviene basa el recurso en la causal\n 1ª del Art. 3 de la Ley de Casación y alega que al\n expedirse el fallo se ha interpretado erróneamente los\n artículos 7, 112, 242, 245, 249, 261, 277, 285 y 288 del\n Código Tributario y 192 de la Constitución Política.\n Sostiene que al tenor de lo que prevé el Art. 261 del\n Código Tributario debe estarse a las afirmaciones del\n actor y aceptar que para expedir las ordenanzas no se cumplió\n con el Art. 7 del propio código que establece que previamente\n a su expedición debía existir informe favorable\n del Ministerio de Finanzas, requisito también previsto\n en el Art. 384 de la Ley de Régimen Municipal; que no\n cabe se rechace la demanda al amparo de los artículos\n 245 y 249 del indicado código, siendo el caso que la demandada\n se allanó a la competencia de la Sala juzgadora y no contestó\n la demanda; que en la sentencia se confunde la facultad oficiosa\n prevista en el Art. 277 del código aludido con la del\n Art. 285 del propio código que faculta al Juez establecer\n presunciones; que lo que importa en un proceso es la existencia\n de las pruebas, no quien las haya presentado; que no se ha producido\n el abandono, pues el trámite se encontraba concluido y\n correspondía que se expida el fallo; que es erróneo\n afirmar que el ordinal 2 del Art. 234 del referido código\n comporta un recurso objetivo y que en todo caso debió\n suplirse las omisiones de derecho en conformidad con el Art.\n 288 del precitado código; que existe violación\n del Art. 192 de la Constitución Política que ordena\n que el sistema procesal es un medio para la realización\n de la justicia y que no se la debe sacrificar por la omisión\n de formalidades; y, que limita su pretensión a la declaratoria\n de nulidad de la ordenanza publicada en el Registro Oficial 472\n de 4 de julio de 1990, pues la del año 1991, ya fue declarada\n nula. De su parte, el doctor Pablo Roberto Cevallos Fonseca,\n en la calidad en que interviene basa el recurso en las causales\n 1ª y 5ª del Art. 3 de la Ley de Casación y alega\n que al expedirse el fallo impugnado se ha dejado de aplicar los\n artículos 2, 3, 4, 132 inciso segundo y 288 inciso segundo\n del Código Tributario; 278 y 280 del Código de\n Procedimiento Civil; y, 128 y 137 de la Ley de Régimen\n Municipal. Asevera que los tributos deben crearse mediante ley\n y no por ordenanza como pretende el Municipio; que la sentencia\n impugnada carece de motivación y que no considera que\n el asunto discutido es de puro derecho; que al expedirse la ordenanza\n publicada el 4 de julio de 1990 no se cumplieron los requisitos\n previstos en los citados artículos de la Ley de Régimen\n Municipal en razón de lo cual la misma es nula en conformidad\n al Art. 132 numeral 2 del Código Tributario; y que la\n sentencia no cumple con los requisitos previstos en los artículos\n 278 y 280 del Código de Procedimiento Civil concernientes\n a los fundamentos que debe contener. TERCERO.- Por haberse determinado\n expresamente en los escritos que contienen los recursos de casación\n interpuestos, la pretensión se contrae exclusivamente\n a la ordenanza expedida por el Municipio, publicada en el Registro\n Oficial 472 de 4 de julio de 1990. En la demanda amparándose\n en lo previsto por el Art. 234 numeral 2 del Código Tributario,\n los bancos solicitan la anulación total con efectos generales\n de la ordenanza mencionada. Al propósito se argumenta\n que mediante ordenanza, no por ley según corresponde,\n se ha definido el objeto del impuesto de patentes municipales.\n El numeral 2 del Art. 234 del Código Tributario prevé\n que entre otras, se podrá proponer la acción de\n impugnación contra reglamentos, ordenanzas, resoluciones\n o circulares de carácter general dictadas en materia tributaria\n y literalmente dice que el Tribunal Distrital de lo Fiscal es\n competente para conocer: "2.- De las acciones que se propongan\n contra los mismos actos indicados en el numeral anterior, sea\n por quien tenga interés directo, sea por la entidad representativa\n de actividades económicas, los colegios y asociaciones\n de profesionales, o por los organismos de la Administración\n Pública o Semipública, cuando se persiga la anulación\n total o parcial, con efecto general, "de dichos actos".\n Los mismos actos son los que quedan señalados, debiéndose\n acotar que tal acción la pueden proponer no únicamente\n determinados colectivos sino también quien tenga interés\n directo, cual ha ocurrido en el caso presente en el que varios\n bancos han propuesto la acción de impugnación indicada.\n Débese además anotar que esta acción no\n requiere como la prevista en el numeral 1 del Art. 234 la alegación\n de que dichos actos normativos hayan lesionado "derechos\n subjetivos de los reclamantes". También es de subrayar\n que la acción del numeral 2 del. Art. 234 pretende que\n se declare erga omnes, es decir con efectos generales, la anulación\n del acto normativo de que se trate por considerarlo ilegal, en\n tanto que la del numeral 1 del Art. 234 pretende que semejante\n acto deje de aplicarse al reclamante y por lo tanto la correspondiente\n declaratoria tiene efectos particulares. En el caso presente\n se ve con claridad meridiana que lo que pretenden los bancos\n actores es la declaratoria de anulación general y al intento\n se apoyan en el numeral 2 del Art. 234 que es el qué corresponde.\n CUARTO.- La acción propuesta es de ilegalidad de la ordenanza\n por contravenir el principio que gobierna la materia contenido\n en el Art. 4 del Código Tributario, norma que estatuye\n que los elementos esenciales de los tributos, entre ellos el\n objeto imponible, han de obrar de ley. La Constitución\n de 1978 vigente a la época en el Art. 53 regulaba el principio\n de legalidad, mas, se refería exclusivamente a la creación\n de los tributos y no a sus elementos esenciales cual ocurría\n en el Art. 99 de la Constitución de 1967. En consecuencia,\n la acción propuesta de ilegalidad no entraña necesariamente\n la de inconstitucionalidad y la Segunda Sala del Tribunal Distrital\n de lo Fiscal Nº 1 tenía competencia para conocerla.\n Huelga advertir que paras la proposición de las acciones\n objetivas de anulación - como la ejercida, no es aplicable\n el término contemplado en el Art. 243 del Código\n Tributario. QUINTO.- No se ha demostrado que al tenor de los\n artículos 7 del Código Tributario y 384 de la Ley\n de Régimen Municipal previamente a emitir la ordenanza\n materia de la discrepancia se obtuvo el dictamen del Ministerio\n de Finanzas. Esa omisión es trascendente pues, de acuerdo\n al sistema jurídico estatuido la facultad de la Municipalidad\n demandada para emitir tal ordenanza se encontraba supeditada\n al cumplimiento del indicado requisito so pena de incurrir en\n exceso de poder. En mérito de las consideraciones expuestas,\n la Sala de lo Fiscal de la Corte Suprema, ADMINISTRANDO JUSTICIA\n EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, acepta los\n recursos interpuestos y con efectos generales anula la Ordenanza\n para la determinación, administración, control\n y recaudación del impuesto de patentes municipales en\n el cantón Santo Domingo de los Colorados cuyo texto se\n encuentra publicado en el Registro Oficial 472 de 4 de julio\n de 1990.- Notifíquese. Publíquese y devuélvase.

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Fdo.) Dres. Alfredo Contreras Villavicencio, José Vicente\n Troya Jaramillo y Hernán Quevedo Terán (VS.), Ministros\n Jueces.

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Certifico.

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f.) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario, Sala de lo Fiscal.

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VOTO SALVADO DEL SEÑOR DOCTOR HERNAN QUEVEDO TERAN,\n MINISTRO JUEZ DE LA SALA DE LO FISCAL DE LA CORTE SUPREMA.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SALA ESPECIALIZADA DE LO FISCAL

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Quito, 21 de enero de 2003; las 11h00.

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VISTOS: El doctor César Aulestia Donoso, Procurador\n Judicial del Banco del Pichincha, del Banco de Préstamos,\n del Banco Internacional y del Banco Bolivariano el 31 de octubre\n de 2001, y el doctor Pablo Roberto Cevallos Fonseca, Procurador\n Judicial del Banco de Préstamos SA., en saneamiento,.\n el 1 de noviembre del mismo año interponen recurso de\n casación en contra de la sentencia de 23 de octubre de\n 2001 expedida por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo\n Fiscal NC 1 dentro del juicio de impugnación 1488874,\n propuesto en contra del Alcalde y del Procurador Sindico del\n Municipio de Santo Domingo de los Colorados. Concedido el recurso\n no lo ha contestado la Municipalidad demandada y pedidos los\n autos para resolver se considera: PRIMERO.- La Sala es competente\n para conocer el recurso en conformidad al Art. 1 de la Ley de\n Casación. SEGUNDO.- El doctor César Aulestia Donoso\n en la calidad en que interviene basa el recurso en la causal\n 1ª del Art. 3 de la Ley de Casación y alega que al\n expedirse el fallo se ha interpretado erróneamente los\n artículos 7, 112, 242, 245, 249, 261, 277, 285 y 288 del\n Código Tributario y 192 de la Constitución Política.\n Sostiene que al tenor de lo que prevé el Art. 261 del\n Código Tributario debe estarse a las afirmaciones del\n actor y aceptar que para expedir las ordenanzas no se cumplió\n con el Art. 7 del propio código que establece que previamente\n a su expedición debía existir informe favorable\n del Ministerio de Finanzas, requisito también previsto\n en el Art. 384 de la Ley de Régimen Municipal; que no\n cabe se rechace la demanda al amparo de los artículos\n 245 y 249 del indicado código, siendo el caso que la demandada\n se allanó a la competencia de la Sala juzgadora y no contestó\n la demanda; que en la sentencia se confunde la facultad oficiosa\n prevista en el Art. 277 del código aludido con la del\n Art. 285 del propio código que faculta al Juez establecer\n presunciones; que lo que importa en un proceso es la existencia\n de las pruebas, no quien las haya presentado; que no se ha producido\n el abandono, pues el trámite se encontraba concluido y\n correspondía que se expida el fallo; que es erróneo\n afirmar que el ordinal 2 del Art. 234 del referido código\n comporta un recurso objetivo y que en todo caso debió\n suplirse las omisiones de derecho en conformidad con el Art.\n 288 del precitado código; que existe violación\n del Art. 192 de la Constitución Política que ordena\n que el sistema procesal es un medio para la realización\n de la justicia y que no se la debe sacrificar por la omisión\n de formalidades; y, que limita su pretensión a la declaratoria\n de nulidad de la ordenanza publicada en el Registro Oficial 472\n de 4 de julio de 1990, pues la del año 1991, ya fue declarada\n nula. De su parte, el doctor Pablo Roberto Cevallos Fonseca,\n en la calidad en que interviene basa el recurso en las causales\n 1ª y 5ª del Art. 3 de la Ley de Casación y alega\n que al expedirse el fallo impugnado se ha dejado de aplicar los\n artículos 2, 3, 4, 132 inciso segundo y 288 inciso segundo\n del Código Tributario; 278 y 280 del Código de\n Procedimiento Civil; y, 128 y 137 de la Ley de Régimen\n Municipal. Asevera que los tributos deben crearse mediante ley\n y no por ordenanza como pretende el Municipio; que la sentencia\n impugnada carece de motivación y que no considera que\n el asunto discutido es de puro derecho; que al expedirse la ordenanza,\n publicada el 4 de julio de 1990 no se cumplieron los requisitos\n previstos en los citados artículos de la Ley Municipal\n en razón de lo cual la misma es nula en conformidad al\n Art. 132 numeral 2 del Código Tributario; y que la sentencia\n no cumple con los requisitos previstos en los artículos\n 278 y 280 del Código de Procedimiento Civil concernientes\n a los fundamentos que debe contener. TERCERO.- Por haberse determinado\n expresamente en los escritos que contienen los recursos de casación\n interpuestos, la pretensión se contrae exclusivamente\n a la ordenanza expedida por el Municipio, publicada en el Registro\n Oficial 472 de 4 de julio de 1990. CUARTO.- La Constitución\n Política del Estado, en actual vigencia, establece con\n total claridad en su artículo 257 que solo por acto legislativo\n de órgano competente se podrán establecer, modificar\n o extinguir tributos. No se dictarán leyes tributarias\n con efecto retroactivo en perjuicio de los contribuyentes; a\n su vez, su artículo 119 dice: "Las instituciones\n del Estado, sus organismos y dependencias y los funcionarios\n públicos no podrán ejercer otras atribuciones que\n las consignadas en la constitución y en la Ley, y tendrán\n el deber de coordinar sus acciones para la consecución\n del bien común". Y finalmente su artículo\n 272 prescribe: "La Constitución prevalece sobre cualquier\n otra normal legal. Las disposiciones de leyes orgánicas\n y ordinarias, decretos leyes, decretos, estatutos, ordenanzas,\n reglamentos, resoluciones y otros actos de los poderes públicos,\n deberá mantener conformidad con sus disposiciones y no\n tendrán valor si, de algún modo, estuvieren en\n contradicción con ella o alteraren sus prescripciones".\n QUINTO.- Como esta Constitución entró a regir a\n partir del 10 de agosto de 1998, resulta, totalmente, pertinente,\n analizar los textos que estuvieron en vigencia al momento de\n incoarse esta acción, a cuyo efecto es menester transcribir\n los siguientes artículos: artículo 53: Solo se\n pueden establecer, modificar o extinguir tributos por acto legislativo\n de órgano competente. No se dictan leyes tributarias con\n efecto retroactivo en perjuicio de los contribuyentes".\n El artículo 39 expresa en su segundo párrafo: "Todo\n órgano del Poder Público es responsable y no puede\n ejercer otras atribuciones que las consignadas en esta Constitución\n y en las demás leyes". Finalmente, el artículo\n 137 dice: "La Constitución es la Ley Suprema del\n Estado. Las normas secundarias y las demás de menor jerarquía\n deben mantener conformidad con los preceptos constitucionales.\n No tienen valor alguno las leyes, decretos, ordenanzas, disposiciones\n y tratados o acuerdos internacionales que, de cualquier modo,\n estuvieren en contradicción con la constitución\n o alteraren prescripciones". SEXTO.- Por manera que, en\n caso de que existían las falencias sustentadas en la demanda\n la acción tenía que dirigirla al entonces existente\n Tribunal de Garantías Constitucionales, en razón\n de que en la Ley Suprema del Estado es donde se establecía\n y se establece el requisito de legalidad en lo atinente a materia\n tributaria. Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE\n DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se rechazan los recursos\n de casación interpuestos y se establece la legalidad de\n la sentencia dictada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital\n de lo Fiscal Nº 1.- Notifíquese, publíquese\n y devuélvase.

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Fdo.) Dres. Alfredo Contreras Villavicencio, José Vicente\n Troya Jaramillo y Hernán Quevedo Terán, Ministros\n Jueces.

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Certifico.

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f.) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario, Sala de lo Fiscal.

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Nº\n 14-2002

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ACTOR: Ing. Jorge Gallardo Zavala, como\n representante del Banco Continental, entidad que luego se fusiona\n al Banco del Pacifico.

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DEMANDADA:\n Dirección General de Rentas.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SALA ESPECIALIZADA DE LO FISCAL

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Quito, 26 de febrero de 2003; las 10h20.

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VISTOS: El Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 2, con\n sede en Guayaquil, el 25 de enero de 2002 dicta sentencia, rechazando\n la demanda de impugnación por pago indebido en contra\n de la resolución de la Dirección General de Rentas,\n que niega la devolución de un valor que se estima indebidamente\n pagado. La acción es propuesta por el ingeniero Jorge\n Gallardo Zavala, como representante del Banco Continental, entidad\n que luego se fusiona al Banco del Pacifico el 5 de octubre de\n 2000, de acuerdo con la Resolución Nº JB-2000-264\n de la Junta Bancaria. El licenciado Félix Herrero Bachmeier,\n en su calidad de Presidente Ejecutivo y por lo tanto representante\n legal del Banco del Pacifico se acoge al recurso extraordinario\n de casación, que lo presenta dentro del término\n señalado en el artículo 5 de la Ley de Casación\n y cumpliendo, así también, los requisitos formales\n que exige el artículo 6 del mismo cuerpo legal. El Tribunal\n a-quo lo acepta a trámite, remitiéndose a esta\n Sala Especializada de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia,\n en donde se le ha dado la sustanciación legal; y, habiéndose\n expedido la providencia de autos en relación, es su estado\n el de resolverse, a cuyo efecto se considera: PRIMERO.- Esta\n Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso,\n en virtud de lo que dispone el artículo 1 de la Ley de\n Casación. SEGUNDO.- El recurrente funda el recurso en\n las causales primera y quinta del artículo 3 de la Ley\n de Casación; y, estima infringidas las siguientes normas:\n El artículo 80 de la Ley 006, publicada en el Registro\n Oficial Nº 97 del 29 de noviembre de 1988, reformado por\n el artículo 5 de la Ley Nº 063, publicada en el Registro\n Oficial Nº 366 de 30 de enero de 1990; el artículo\n 81 de la misma Ley 006, que derogó el artículo\n 2 del Decreto Legislativo Nº 52 del 14 de noviembre de 1980,\n publicado en el Registro Oficial Nº 326 de 28 de noviembre\n de 1980 y los artículos 12, segundo inciso, 13, 31 y 288\n segundo inciso del Código Tributario. TERCERO.- Del estudio\n detenido del proceso, se halla que el punto sustancial a dilucidarse\n es si el "préstamo subordinado" es sinónimo\n o antónimo de "las opera unes de crédito",\n que sería la base para justificar si el Banco Central\n del Ecuador, al haber otorgado un préstamo subordinado\n al Banco Continental debió haber hecho la retención\n o no del impuesto a las operaciones de crédito del 2%\n y del impuesto adicional del 0.6% a favor de SOLCA. CUARTO.-\n De la revisión minuciosa de las normas que se estiman\n infringidas se halla lo siguiente: el artículo 80 de la\n Ley 006, publicada en el Registro Oficial Nº 97 de 29 de\n noviembre de 1988, no coincide con la fecha; y, el artículo\n 5 del Registro Oficial Nº 366 de 30 de enero de 1990, dice,\n textualmente: "En los artículos 78 y 80 sustitúyase\n la expresión Decreto Legislativo Nº 139 por la Ley\n Nº 139". Considerando que tales artículos a\n la fecha de su expedición en la Ley de Control Tributario\n y Financiero, esto es el 29 de diciembre de 1988 (R.O. Nº\n 97) se referían, el primero estableciendo a favor de SOLCA\n el impuesto del 0.25% del uno por ciento anual sobre toda operación\n y de préstamos y descuentos que efectúen las compañías\n financieras, los bancos comerciales, hipotecarios y de ahorros\n o cualquier sección de bancos o de sus sucursales que\n funcionaren en la República, inclusive el Banco Central;\n el segundo, es decir, el artículo 80 indica que se derogan\n todas las exoneraciones del impuesto unificado a operaciones\n de crédito en moneda nacional. El artículo 81 ratifica\n lo que se dispone en el 80. Todas estas normas legalizan el cobro\n del impuesto a las operaciones de crédito, por lo tanto,\n no sustentan el punto del recurrente de que no era dable la retención\n del Banco Central por este concepto. De las normas del Código\n Tributario, se menciona al artículo 12, segundo inciso,\n que tiene relación con la interpretación de la\n ley, que en este caso se ha cumplido con su letra junto con el\n artículo 13 sobre la supletoriedad de otras leyes, en\n la circunstancia que el hecho no esté reglado en el Código\n Tributario; y, en la especie, se encuentra la Ley de Control\n Tributario y Financiero, incluido dentro del ámbito tributario,\n por lo tanto no corren éstas como infringidas; el artículo\n 31 que indica que solo mediante ley puede haber exenciones tributarias,\n de acuerdo con los artículos 80 y 81 de la Ley de Control\n Tributario y Financiero, de 29 de diciembre de 1988, de forma\n clara, manifiesta que no habrá ningún tipo de exoneraciones\n en el impuesto de operaciones de crédito; y, finalmente\n el artículo 288, segundo párrafo, que trata sobre\n la motivación, la sentencia que dicta el Tribunal tiene\n su fundamento legal y contrae todos los puntos sobre los que\n se trabó la litis, por lo que no ha lugar el señalamiento\n como infringido. QUINTO.- La Ley de Instituciones del Sistema\n Financiero, publicada en el Registro Oficial Suplemento Nº\n 439 de 12 de mayo de 1994, su artículo 147, incluido en\n el Título XI, capítulo 1, Regularización\n de instituciones con problemas, dice en su texto: "Asimismo,\n podrán otorgarle un préstamo subordinado, computable\n como patrimonio técnico. Con la Codificación de\n la Ley General de Instituciones Financieras, publicada en el\n Registro Oficial Suplemento Nº 465 de 30 de noviembre de\n 2001, su artículo 145, dice: ". . Asimismo, podrán\n otorgarle un préstamo denominado subordinado, computable\n como patrimonio técnico. SEXTO.- De la transcripción\n del artículo anterior y el vigente, se encuentra que no\n ha cambiado su sentido, su tenor es el mismo, y en ninguno de\n los dos casos enuncia que el préstamo subordinado esté\n exonerado de pagar el impuesto a las operaciones de crédito.\n SEPTIMO.- Finalmente, luego del análisis preciso realizado\n a las normas legales invocadas, y profundizando en el enunciado\n del considerando tres, la parte actora en su escrito de casación,\n luego de pormenorizar el préstamo subordinado, abre capítulos\n sobre lo que considera, diferencia doctrinaria entre crédito\n y préstamo, diferencia legal entre préstamo subordinado\n y operación de crédito, diferencia técnica\n entre uno y otro, y falta de consideración en la sentencia\n de los oficios del Superintendente de Bancos encargado y del\n Gerente General del Banco Central. OCTAVO.- A no dudarlo, la\n operación de crédito es el término genérico\n y el préstamo subordinado una de sus especies, puesto\n que está utilizando recurso de otra persona, si bien tiene\n que cumplir requisitos para su aprobación, para su utilización\n y para su liquidación, pero el que las normas pertinentes\n le hayan impuesto mecanismos especiales, no lo desnaturaliza\n en su esencia. Esto es verdad dentro del análisis de los\n tres cuerpos del expediente, a tal punto que de fojas 54 a 61,\n del primer cuerpo, consta la Resolución Nº 972-98\n de 28 de marzo de 1998, expedida por la Junta Monetaria, prueba\n que es actuada por la parte actora, y en cuyo artículo\n 1, se dice literalmente: "Incorpórase el siguiente\n Capítulo IV (DE LOS PRESTAMOS SUBORDINARIOS), en el Título\n Tercero (OPERACIONES DE CREDITO DEL BANCO CENTRAL) del Libro\n 1 (POLITICA MONETARIA CREDITICIA) de la Codificación de\n Regulaciones de la Junta Monetaria". NOVENO.- Sobre la alegación\n de que la sentencia del Tribunal Distrital enunció el\n testo de los oficios suscritos por: el Superintendente de Bancos\n encargado y el ex-Gerente del Banco Central, son opiniones, pero\n no pasan de ello, pues no constituyen ni autoridades tributarias\n ni jueces de la materia. Por las consideraciones expuestas, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n se rechaza el recurso de casación planteado.-sin costas.-\n Notifíquese, publíquese y devuélvase.

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Fdo.) Dres. Alfredo Contreras Villavicencio, José Vicente\n Troya Jaramillo y Hernán Quevedo Terán, Ministros\n Jueces.

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Certifico.- f.) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario, Sala\n de lo Fiscal.

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Nº\n 34-2002

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JUICIO DE IMPUGNACION

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ACTORA: Industria Ecuatoriana Productora\n de Alimentos C.A., INEPACA.

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DEMANDADA:\n Elsa Romoleroux de Mena, Directora General del Servicio de Rentas\n Internas.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SALA ESPECIALIZADA DE LO FISCAL

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Quito, 29 de enero de 2003; las 11h50.

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VISTOS: La señora Elsa Romoleroux de Mena, Directora\n General del Servicio de Rentas Internas, dentro del juicio Nº\n 05-99 propuesto por INDUSTRIA ECUATORIANA PRODUCTORA DE ALIMENTOS\n C.A., INEPACA, comparece e interpone recurso de casación\n de la sentencia dictada por el Tribunal Distrital de lo Fiscal\n Nº 4 de Portoviejo, el 29 de enero de 2002, a las 09h00,\n notificada en los mismos día, mes y año, así\n como del auto resolutivo dictado el 7 de marzo del mismo año.-\n Recibido el recurso y aceptado a trámite, se dispone poner\n en conocimiento de las partes la recepción del proceso\n para los fines previstos por el Art. II de la Ley de Casación.\n Pedidos los autos para resolver se considera: PRIMERO.- La Sala\n de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, es competente para\n conocer y resolver el recurso interpuesto, de acuerdo a lo mandado\n por el Art. 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO.- La recurrente\n alega la pertinencia del recurso de acuerdo al primer inciso\n del Art. 2 de la Ley Reformatoria a la Ley de Casación,\n publicada en el Registro Oficial 39 de 8 de abril de 1997. Invoca\n el Art. 10 de la Ley Orgánica de la Procuraduría\n General del Estado, que establece que los organismos y entidades\n del sector público tendrán el término de\n quince días para interponer el recurso de casación\n y después de abundar en su argumentación aduce\n la pertinencia y procedencia del recurso dentro del término\n legal.- Prosigue señalando las NORMAS DE DERECHO QUE ESTIMA\n INFRINGIDAS O LAS SOLEMNIDADES DE PROCEDIMIENTO QUE SE HAYA INFRINGIDO.\n -Expresa que la sentencia recurrida viola los siguientes Arts:\n 68, 82, 95 y 288 del Código Tributario y el Art. 192 de\n la Constitución Política de la República.-\n DETERMINACION DE LAS CAUSALES EN QUE SE FUNDA.- Al respecto alega:\n Falta de aplicación y errónea interpretación\n del Art. 82 concordante con el Art. 68 del Código Tributario\n (Art. 3 causal primera de la Ley de Casación.- Falta de\n aplicación de lo instituido en el Art. 192 de la Constitución\n Política de la República (Art. 3 causal primera\n de la Ley de Casación).- Falta de aplicación del\n Art. 95 del Código Tributario en su primer inciso y errónea\n interpretación del segundo inciso del mismo artículo\n (Art. 3 causal primera de la Ley de Casación).- Falta\n de aplicación del Art. 288 del Código Tributar

 

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