Registro Oficial. 3 de JUNIO del 2003

Martes, 03 de junio de 2003

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE JUNIO DEL 2003
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Martes, 3 de junio del 2003 - R. O. No. 95

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

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SUMARIO
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FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

RESOLUCIONES:

\n\n

MINISTERIO\n DEL AMBIENTE:

\n\n

073 Implántase la jornada única\n de trabajo en las ciudades que ejercen jurisdicción los\n directores regionales de los distritos forestales, jornada que\n se cumplirá en ocho horas de labor efectiva

\n\n

CONSEJO\n NACIONAL DE
\n RECURSOS HIDRICOS:

\n\n

2003-05 Modifícase la Resolución\n Nº 2002-10

\n\n

FUNCION\n JUDICIAL

\n\n

CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA
\n SALA ESPECIALIZADA DE LO FISCAL:

\n\n

Recursos de casación\n en los juicios seguidos por las siguientes personas e instituciones:

\n\n

47-99 Compañía CENATIC\n S.A. en contra de la Universidad de Guayaquil

\n\n

64-2000 Banco Amazonas S.A. en contra\n del Director del Departamento Financiero Municipal del Distrito\n Metropolitano de Quito

\n\n

18-2001 CLAM Cía. Ltda. en contra\n del Director Regional del Servicio de Rentas Internas del Austro

\n\n

22-2001 Casas y Predios S.A. en contra\n el Director Regional del Servicio de Rentas Internas del Austro.

\n\n

30-2001\n La Cemento\n Nacional - CEM en contra del Director General de Rentas

\n\n

116-2001 Empresa Inmobiliaria Costandes\n S.A. en contra del Director Financiero de la Municipalidad de\n Guayaquil

\n\n

125-2001 Julio Enrique Chávez\n en contra del Director General de Rentas

\n\n

1-2002 Mauro de la Cruz Machuca Guzmán\n en contra del Director Regional del Servicio de Rentas Internas\n del Austro.

\n\n

2-2002 GRAIMAN Cía. Ltda. en\n contra del Director Regional del Servicio de Rentas Internas\n del Austro

\n\n

8-2002 Compañía Centro\n Quirúrgico Metropolitana, López Ordóñez\n Cía. Ltda. en contra del Director Regional del Servicio\n de Rentas Internas del Austro

\n\n

ACUERDO\n DE CARTAGENA

\n\n

PROCESOS:

\n\n

12-IP-2003 Interpretación prejudicial\n del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de\n la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el\n Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de\n lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación\n de oficio del artículo 81 de la misma decisión.\n Actor: HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT Marca: "AMARYL".\n Expediente interno Nº 7008

\n\n

05-IP-2003\n Interpretación\n prejudicial de las dispo-siciones previstas en los artículos\n 81, 83, literales b y d, 93, 95 y 128 de la Decisión 344\n de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por\n el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala\n de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, e interpretación\n de oficio de los artículos 84 y 102 eiusdem. Parte actora:\n ESCUELA DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS -EAN-. Marca: "EAN\n INTERNACIONAL mixta". Expediente interno Nº 5307

\n\n

ORDENANZAS\n MUNICIPALES:

\n\n

- Gobierno Municipal del Cantón\n Yacuambi: De\n control y reserva de la zona alta.

\n\n

- Cantón La Maná:\n Que regula la\n determinación, administración, recaudación\n y control del impuesto a los predios rurales

\n\n

- Gobierno Municipal del Cantón\n Yacuambi: Para\n la aplicación, control y cobro de la tasa por filiación\n de ganado y otros.

\n\n

- Cantón La Maná: Reformatoria a la Ordenanza\n de aseo público, recolección de basura y cobro\n de la tasa por el servicio

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No. 073

\n\n

LA MINISTRA DEL AMBIENTE

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 909, publicado en el Registro\n Oficial No. 382 del 18 de febrero de 1981, el señor Presidente\n de la República implantó en la Administración\n Pública la jornada única de trabajo, que se la\n cumplirá en ocho horas de labor efectiva, interrumpida\n por el lapso de treinta minutos durante el medio día,\n para que los servidores públicos tomen el almuerzo, jornada\n que debe cumplirse de 08h00 am a 12h00 pm y de 01h00 pm a 04h30\n pm;

\n\n

Que, en la disposición transitoria del Decreto Ejecutivo\n No. 909, publicado en el Registro Oficial No. 382 del 18 de febrero\n de 1981, dispone que lo establecido en dicho decreto, rige exclusivamente\n para los empleados y obreros de la Administración Pública\n de las ciudades de Quito y Guayaquil;

\n\n

Que, en la parte final del artículo 54 del Reglamento\n de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, se faculta\n al Director Nacional de Personal, ampliar la jornada única\n de trabajo a otras ciudades del país;

\n\n

Que, es necesario mejorar la prestación de servicios\n a la comunidad por parte de las direcciones regionales de los\n distritos forestales del Ministerio del Ambiente, garantizando\n la continuidad y eficiencia de los mismos;

\n\n

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 del\n Decreto Ejecutivo No. 41, publicado en el Suplemento del Registro\n Oficial No. 11 de 25 de agosto de 1998, las facultades de la\n Dirección Nacional de Personal, establecidas en las leyes\n de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Remuneraciones\n de los Servidores Públicos y sus reglamentos generales,\n pasaron a ser asumidas por las unidades de Personal o de Recursos\n Humanos de los ministerios y de las entidades y organismos del\n sector público; y,

\n\n

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1.- Implantar la jornada única de trabajo en las\n ciudades que ejercen jurisdicción los directores regionales\n de los distritos forestales del Ministerio del Ambiente, jornada\n que se la cumplirá en ocho horas de labor efectiva, interrumpida\n por el lapso de treinta minutos durante el medio día,\n para que los servidores públicos y trabajadores de dichos\n distritos se sirvan el almuerzo.

\n\n

La mencionada jornada única se la cumplirá dentro\n del siguiente horario: desde la 08h00 de la mañana hasta\n las 12h30 y de las 13h00 hasta las 16h30 de la tarde. Entre las\n 12h30 y las 13h00 se servirá el respectivo almuerzo.

\n\n

Art. 2.- La ejecución de esta resolución encárgase\n al señor Subsecretario de Desarrollo Organizacional y\n al líder de Gestión de Recursos Humanos.

\n\n

Art. 3.- Esta resolución entrará en vigencia\n a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.

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Comuníquese y publíquese.

\n\n

Quito, a 28 de noviembre de 2002.

\n\n

f.) Lourdes Luque de Jaramillo, Ministra del Ambiente.

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No. 2003-05

\n\n

EL SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO NACIONAL\n DE RECURSOS HIDRICOS - CNRH

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, con fecha 5 de septiembre del año 2001 se emitió\n la Resolución No. 2001-10, que establece a favor de todos\n los servidores de la Secretaria del CNRH, un aporte del ochenta\n por ciento del costo estimado del servicio de alimentación;

\n\n

Que, la asociación de servidores de la institución,\n solicita, mediante comunicación ASO-CNRH-20 del 25 de\n abril de 2002, que el aporte que está dando la entidad\n sea incrementado en vista de la constante inflación que\n experimenta actualmente el país;

\n\n

Que, la Dirección Financiera de la institución,\n mediante certificación de fondos de fecha 23 de mayo de\n 2003, considera conveniente el beneficio al ochenta por ciento\n del valor de dos dólares cincuenta centavos, considerando\n como costo de alimentación en los actuales momentos; así\n mismo, en la certificación de fondos justifica lo concerniente\n al financiamiento del aumento del aporte; y,

\n\n

Que, de conformidad con lo señalado en los literales\n a) y c) del Art. 11 del Orgánico Funcional del Consejo\n Nacional de Recursos Hídricos,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1.- Sustitúyase el artículo primero\n de la Resolución No. 2002-10, por el siguiente:

\n\n

"Establece a favor de todos los servidores de la Secretaría\n del CNRH, que laboren en jornada única, un aporte para\n financiar el ochenta por ciento del servicio de alimentación,\n estimado en un valor de dos dólares cincuenta centavos\n por día, quedando a cargo del servidor el valor equivalente\n al veinte por ciento restante;".

\n\n

Art. 2.- En todo lo que no esté previsto en la presente\n resolución, cúmplase lo establecido en la Resolución\n No. 2002-10.

\n\n

Art. 3.- Del cumplimiento de la presente resolución,\n encárgase al señor Director Financiero.

\n\n

Art. 4.- La presente resolución entrará\n en vigencia desde el primero de mayo de 2003, sin perjuicio de\n su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, a 23 de mayo\n de 2003.

\n\n

f.) Iván Cisneros, Secretario General del CNRH.

\n\n

SECRETARIO GENERAL DEL CNRH.- Certifico que es fiel copia\n del original que reposa en los archivos de la institución.-\n Quito, 28 de mayo de 2003.- f.) Responsable de Documentación\n y Archivo.
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Nº 47-99

\n\n

EN EL JUICIO DE EXCEPCIONES QUE SIGUE\n EL ECONOMISTA ALBERTO ESPINOSA VELARDE, REPRESENTANTE LEGAL DE\n CENATIC S.A. EN CONTRA DEL DIRECTOR FINANCIERO DE LA UNIVERSIDAD\n DE GUAYAQUIL

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SALA ESPECIALIZADA DE LO FISCAL

\n\n

Quito, 18 de noviembre de 2002; las\n 16h00.

\n\n

VISTOS: La ingeniera comercial Nancy Monroy de Ortega, en\n su calidad de Directora Financiera encargada de la Universidad\n de Guayaquil, ingresa con fecha de 12 de mayo de 1999 su escrito\n conteniendo el recurso de casación, frente al fallo dictado\n por el Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 2, sede en Guayaquil,\n el 5 de mayo de 1998, dentro de la acción propuesta por\n la Compañía CENATIC S.A., planteando excepciones\n a la acción coactiva seguida en su contra por la Universidad\n de Guayaquil. Calificado que fuera el recurso, es enviado lo\n actuado a esta Sala Especializada de lo Fiscal de la Corte Suprema\n de Justicia, en donde luego de darse el trámite legal,\n se ha expedido la providencia de autos en relación, siendo,\n en consecuencia, el estado de resolverse, se considera: PRIMERO.-\n Esta Sala de lo Fiscal es competente para conocer y resolver\n el presente recurso de conformidad con el texto del artículo\n 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO.- Estima la recurrente\n que se han infringid las normas constantes en el numeral 10 de\n artículo 213 del Código Tributario y los artículos\n primer y segundo cíe la Ley Nº 70-06, publicada en\n el Registro Oficial Nº 413 de 17 de abril de 1970 y establece\n como causales la primera y tercera del artículo 3 de la\n Ley de Casación. TERCERO.- En la sentencia, materia de\n este recurso, se analiza, básicamente, que la Ley Nº\n 70-06 al destinar el impuesto del 2 x 1.000 para la construcción,\n equipamiento y mantenimiento del Hospital Universitario de Guayaquil,\n en su artículo 1 centra como objeto del gravamen el comercio,\n la banca, e industrias del cantón Guayaquil coincidiendo\n con el reglamento de dicho impuesto, el cual preceptúa,\n igualmente, en su artículo primero que se gravará\n a las personas naturales y jurídicas que se dediquen a\n actividades comerciales, bancarias e industriales dentro de la\n jurisdicción del cantón Guayaquil, estimando que\n CENATIC S.A. no tiene como objeto ninguno de estos tres tipos\n de tarea y concluyendo, que hay inexistencia de la obligación\n tributaria, conforme al numeral tercero del artículo 213\n del Código Tributario. CUARTO.-Examinando con detenimiento\n el proceso, no aparece que la parte actora haya presentado como\n prueba su escritura de constitución o de la reforma de\n estatutos; es más de la certificación que obra\n a fs. 7 del cuaderno de primera instancia la Superintendencia\n de Compañías, entidad estatal de control, al referirse\n al objeto social de CENATIC S.A. certifica "Compraventa\n y administración de inmuebles de su propiedad...",\n actividad comercial que no ha sido desvirtuada suficientemente\n por el exponente, a fin de diferenciar el tipo de actividad,\n en base de la cual fue constituida la empresa, su domicilio real\n y cuál es el objeto social, a cuyo efecto el artículo\n 60 del Código Tributario, n su numeral primero, establece\n que el domicilio de las personas jurídicas será\n el señalado en el contrato social o en s respectivos estatutos.\n QUINTO.- El artículo 273 del Código Tributario\n manda que es obligación del actor probar los hechos que\n ha propuesto afirmativamente en la demanda y que ha negado expresamente\n la autoridad demandada, incluso deberán ser probados los\n hechos negativos cuando impliquen alguna afirmación implícita\n o explícita, sin embargo de ello, durante el trámite\n de la causa ante el Tribunal a-quo, la parte actora no ha generado\n prueba ni sobre su domicilio ni sobre su actividad. SEXTO.- En\n adición a lo dicho, el artículo 117 del Código\n de Procedimiento Civil establece la obligación del actor\n de probar los hechos que ha propuesto afirmativamente y que ha\n negado el reo, mientras que el demandado no está obligado\n a presentar pruebas, si su contestación ha sido simple\n y absolutamente negativa. SEPTIMO.- Conforme a lo expuesto, la\n razón sustancial de la sentencia de 5 de mayo de 1999,\n no ha sido, debidamente, sustentada durante la tramitación\n en la instancia única. Por las consideraciones expuestas\n y siendo evidente la falta de aplicación de los principios\n jurídicos sobre la valoración de la prueba, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n se acepta el recurso de casación propuesto por la Universidad\n de Guayaquil. Notifíquese, devuélvase y publíquese.

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Fdo.) Dres. José Vicente Troya Jaramillo (VS.), Hernán\n Quevedo Terán, Ministros Jueces y Gustavo Durango Vela\n Conjuez Permanente.

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Certifico.- f.) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario, Sala\n de lo Fiscal.

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VOTO SALVADO DEL SEÑOR DOCTOR JOSE VICENTE TROYA\n JARAMILLO, MINISTRO JUEZ DE LA SALA DE LO FISCAL.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SALA ESPECIALIZADA DE LO FISCAL

\n\n

Quito, 18 de noviembre de 2002; las 16h00.

\n\n

VISTOS: La Directora Financiera encargada de la Universidad\n de Guayaquil el 12 de mayo de 1999 interpone recurso de casación\n en contra de la sentencia de 5 de los propios mes y año\n expedida por la Sala Unica del Tribunal Distrital Nº 2 con\n sede en la ciudad de Guayaquil, dentro del juicio de excepciones\n a la coactiva Nº 2206-1419-98, propuesto por el lng. Agr.\n Ricardo Dávila Espinel, Gerente General de la Compañía\n CENATIC S.A. Concedido el recurso, la empresa lo ha contestado\n señalando que la Universidad de Guayaquil ha adecuado\n inequívocamente su conducta a la norma contenida en el\n Art. 18 de la Ley de Casación, por lo que solicita se\n le condene en costas, así como también se le imponga\n la multa que corresponda por interponer un recurso sin base legal\n con el único afán de retardar la ejecución\n del fallo, pedidos los autos para resolver se considera: PRIMERO.-\n La Sala es competente para conocer el recurso, en conformidad\n al Art. 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO.- La universidad\n fundamenta el recurso en las causales 1 y 3 del Art. 3 de la\n Ley de Casación. Expresa que se han infringido las siguientes\n normas: numeral 10 del Art. 213 del Código Tributario;\n los artículos 1 y 2 de la Ley 70-06, publicada en el Registro\n Oficial Nº 413 de abril 17 de 1970, indica que existe aplicación\n indebida de las normas mencionadas, y que además existe\n indebida aplicación y errónea interpretación\n de preceptos jurídicos referentes a la valoración\n de la prueba que han conducido a una equivocada aplicación\n de tales normas en la sentencia. Sustenta que la empresa actora\n tenía su domicilio en la ciudad de Guayaquil en donde\n ejercía actividades comerciales y que estaba afiliada\n a la Cámara de Comercio; que continúa ejerciendo\n esas actividades en la ciudad de Milagro; que la empresa está\n obligada a pagar el impuesto por el año 1997 en conformidad\n al Art. 2 de la Ley 70-06, no habiendo el Tribunal Distrital\n aplicado esa norma y habiendo, por el contrario, aplicado indebidamente\n el numeral 10 del Art. 213 del Código Tributario; que\n por las pruebas presentadas por la propia actora se concluye\n que la reforma de su estatuto en la cual se cambió su\n domicilio y el objeto social se efectué en el mes de mayo\n de 1996 y que dejó de constar como afiliada a la Cámara\n de Comercio de Guayaquil en el mes de marzo de 1997. TERCERO.-\n En conformidad a lo que prevé la ley y a lo que ha resuelto\n en forma reiterada esta Sala, no corresponde en casación\n examinar los problemas atinentes a la apreciación de la\n prueba. Por lo tanto la conclusión del Tribunal Distrital\n de que la empresa actora se dedica a la actividad agrícola,\n no cabe que sea desconocida por esta Sala. La universidad sustenta\n que se han infringido en la sentencia normas sobre evaluación\n de la prueba. Entendiéndose que lo que se alega es que\n existe aplicación indebida, falta de aplicación\n y errónea interpretación de los preceptos jurídicos\n referentes a la valoración de la prueba, es de notar que\n la recurrente no expresa, ni determina en forma precisa qué\n preceptos han sido infringidos o desatendidos. Por esta razón,\n no cabe dar curso a la alegación propuesta a este respecto.\n CUARTO.-La nulidad del título de crédito de que\n trata el numeral 10 del Art. 213 del Código Tributario,\n en conformidad con los considerandos quinto y sexto del fallo\n impugnado, se basa en que se ha aparejado al procedimiento coactivo\n un título de crédito que no correspondía\n expedir, en razón de que el impuesto en cuestión\n no incumbe a la actividad agrícola propia de la empresa\n actora. Este aserto dimana de la apreciación de la prueba\n efectuada por la Sala juzgadora, punto que queda indicado, no\n cabe que sea analizado por la casación. En consecuencia,\n no se ha establecido que al expedir la sentencia impugnada se\n han violado las disposiciones aludidas por la recurrente, en\n mérito de lo cual, la Sala Especializada de lo Fiscal\n de la Corte Suprema, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza el recurso interpuesto. Sin\n costas. Notifíquese, publíquese devuélvase.

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Fdo.) Dres. José Vicente Troya Jaramillo, Hernán\n Quevedo Terán, Ministros Jueces y Gustavo Durango Vela,\n Conjuez Permanente.

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Certifico.- f.) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario, Sala\n de lo Fiscal.

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ACLARACION

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SALA ESPECIALIZADA DE LO FISCAL

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Quito, 26 de febrero de 2003; las 11h00.

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VISTOS: El economista Alberto Espinoza Velarde, por los derechos\n que representa de la Empresa CENATIC S.A., solicita se aclare\n los fundamentos jurídicos en que se basé para emitir\n el fallo de mayoría. Corrido traslado con tal petición,\n la Directora Financiera de la Universidad de Guayaquil, no ha\n contestado. El fallo de mayoría en los considerandos cuarto,\n quinto, sexto y séptimo, con absoluta claridad ha motivado\n su decisión, por lo que de ninguna manera puede considerarse\n incurso en el supuesto previsto en el inciso segundo del Art.\n 289 del Código Tributario para que proceda su aclaración.\n Por lo expuesto, se deniega la solicitud formulada por el economista\n Alberto Espinoza Velarde, representante legal de CENATIC S.A.-\n Notifíquese y sin más dilaciones devuélvase\n el proceso al Tribunal de origen.

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Fdo.) Dres. José Vicente Troya Jaramillo (V.S.), Hernán\n Quevedo Terán, Ministros Jueces y Gustavo Durango Vela,\n Conjuez Permanente.

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Certifico.- f.) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario, Sala\n de lo Fiscal.

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VOTO SALVADO DEL SEÑOR DOCTOR JOSE VICENTE TROYA\n JARAMILLO, MINISTRO JUEZ DE LA SALA DE LO FISCAL.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SALA ESPECIALIZADA DE LO FISCAL

\n\n

Quito, 26 de febrero de 2003; las 11h00.

\n\n

VISTOS: Por haber salvado mi voto en la sentencia dictada\n el 18 de noviembre de 2002, me corresponde igualmente salvar\n mi voto respecto a la petición de aclaración del\n fallo de mayoría solicitada por el economista Alberto\n Espinosa Velarde representante legal de CENATIC S.A., el 3 de\n diciembre de 2002.- Notifíquese.

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Fdo.) Dres. José Vicente Troya Jaramillo, Hernán\n Quevedo Terán, Ministros Jueces y Gustavo Durango Vela,\n Conjuez Permanente de la Sala Especializada de lo Fiscal de la\n Corte Suprema de Justicia.

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Certifico.- f.) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario, Sala\n de lo Fiscal.

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Nº 64-2000

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JUICIO DE IMPUGNACION

\n\n

ACTOR: Carlos Mosquera Pesantes en representación\n del Banco Amazonas S.A.

\n\n

DEMANDADO:\n Director del Departamento Financiero Municipal del Distrito Metropolitano\n de Quito.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SALA ESPECIALIZADA DE LO FISCAL

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Quito, 10 de enero de 2003; las 16h00.

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VISTOS: Carlos Mosquera Pesantes en representación\n del Banco Amazonas S.A. el 9 de febrero de 2000 interpone recurso\n de casación en contra de la sentencia de 10 de los propios\n mes y año expedida por la Primera Sala del Tribunal Distrital\n de lo Fiscal Nº 1 dentro del juicio de impugnación\n Nº 153 19 propuesto por el mencionado banco en contra del\n Director del Departamento Financiero Municipal del Distrito Metropolitano\n de Quito. Concedido el recurso, no lo ha contestado la administración\n y pedidos los autos para resolver se considera: PRIMERO.- La\n Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso\n en conformidad al Art. 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO.-\n El recurrente funda el recurso en las causales primera y segunda\n del Art. 3 de la ley de la materia. Asevera que al expedirse\n la sentencia se han infringido las siguientes normas: el inciso\n segundo del Art. 32 de la Ley de Control Tributario y Financiero;\n el inciso segundo del Art. 12, el inciso segundo del Art. 274,\n el inciso segundo del Art. 287, el inciso primero del Art. 288\n y el Art. 293 del Código Tributario; la regla primera\n del Art. 18 del Código Civil; el Art. 10 de la Ley de\n Régimen Tributario Interno; los artículos 23, numeral\n 27 y 24, numeral 17 de la Constitución Política\n de la República. Afirma que el inciso segundo del Art.\n 32 de la Ley de Control Tributario, y Financiero, prevé\n que para el cálculo del impuesto a los activos totales,\n se deducirá los pasivos contingentes, mas, no efectúa\n al respecto distinción ni excepción alguna, ni\n menos determina que no serán deducibles los pasivos contingentes\n que se revelen en cuentas contingentes, sino exclusivamente en\n cuentas del pasivo del balance general, según se consigna\n en la sentencia; que el inciso segundo del Art. 12 del Código\n Tributario estatuye que las palabras empleadas en las leyes tributarias\n se entenderán en su sentido jurídico, técnico\n o usual, a menos que se las hubiere definido expresamente; que\n tal expresión pertenece a la ciencia y técnica\n contables y debe ser entendida en el sentido en que es empleada\n en ellas, habiendo la sentencia infringido en la norma mencionada,\n pues, a la indicada locución "Pasivos Contingentes"\n se le atribuye el significado correspondiente a pasivos acumulados;\n que la regla 1ª del Art. 18 del Código Civil determina\n que cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá\n su tenor natural a pretexto de consultar su espíritu;\n que la aludida expresión no es obscura y que por ello\n no era necesario recurrir a la historia del inciso segundo\n del Art. 32 de la Ley de Control Tributario y Financiero;\n que de acuerdo al inciso segundo del Art. 272 del Código\n Tributario corresponde a la administración la carga\n de la prueba, no habiendo la parte demandada presentado\n prueba alguna, a pesar de lo cual la sentencia recurrida\n manda pagar la obligación determinada por la parte\n contraria; que el inciso 1º del Art. 287 del Código\n Tributario establece que el Tribunal debe examinar los\n vicios de nulidad de que adolezca la resolución\n y declararla cuando se haya impedido la clara determinación\n del derecho o hubiere influido en la decisión \n del asunto, y que los actos que ha producido la administración,\n cuales son, la determinación tributaria, la resolución\n expedida ante la reclamación y la resolución\n expedida ante el recurso de reposición no fueron\n debidamente motivadas y que por lo tanto carecen de valor\n en conformidad al Art. 24, numeral 13 de la Constitución\n y 9 del Código Tributario, omisiones que debieron\n ser tomadas en cuenta al expedir el fallo, al tenor \n del inciso primero del artículo 287 aludido; que\n no se ha notificado a las partes para sentencia, de \n acuerdo a lo que prevé el inciso primero del Art.\n 288 del código indicado; que se ha infringido el\n Art. 293 del Código Tributario, pues, existen fallos\n dictados por cada una de las salas de los tribunales\n distritales de lo Fiscal, que se pronuncian en sentido\n contrario al de la sentencia impugnada y que constituyen\n precedentes de aplicación de las leyes y reglamentos.\n Por las alegaciones mencionadas solicita se case la sentencia.\n TERCERO.- El inciso segundo del Art. 32 de la Ley 006 de Control\n Tributario y Financiero, respecto de la liquidación del\n impuesto del 1.5 por mil anual sobre los activos totales, dispone\n que se deducirán las obligaciones de hasta un año\n plazo y los pasivos contingentes. Dice el mencionado inciso:\n "Para efecto del impuesto que se establece, las personas\n naturales o jurídicas, sociedades de hecho y negocios\n individuales que estén obligados a llevar contabilidad\n de acuerdo con lo que expone la Ley de impuesto a la renta y\n su reglamento, deducirán las obligaciones de hasta un\n año plazo y los pasivos contingentes". La discrepancia\n surgida entre la administración y el banco atañe\n a lo que se debe entender por pasivos contingentes. En conformidad\n al inciso segundo del Art. 12 del Código Tributario, las\n palabras empleadas en la Ley Tributaria se entenderán\n conforme a su sentido jurídico, técnico o usual,\n a menos que se las haya definido expresamente, esta disposición\n concuerda con las consignadas en la regla segunda y tercera del\n Art. 18 del Código Civil que se refiere al significado\n de las palabras. No existe una definición consignada en\n ley de la expresión "Pasivos Contingentes",\n la cual es de carácter técnico y que pertenece\n al ramo contable. Para solventar el diferente alcance y significado\n que dan a esta expresión las partes es necesario acudir\n a la ciencia contable. El actor acepta esta forma de plantear\n el tema en el libelo de demanda, fs. 2 de los autos, así\n como en el escrito que contiene el recurso de casación,\n fs. 166 de los autos. El Código Tributario, particularmente\n sus artículos 12 y 13, regula la interpretación\n de la Ley Tributaria. Al efecto, acepta los métodos admitidos\n en derecho, en tanto tengan en cuenta su significación\n económica. Por añadidura, privilegia los principios\n básicos de la tributación, así como los\n de igualdad y generalidad. Es más allá de evidente\n que cuando el Art. 12, para la interpretación de la Ley\n Tributaria se refiere a los métodos admitidos en derecho,\n alude a las normas que sobre el punto obran en el Código\n Civil, especialmente, en su título preliminar, por lo\n que es dable asegurar que el sistema de interpretación\n de la ley que consta en el Código Civil, es aplicable\n al campo tributario, siempre con la cualificación de que\n se ha de tener en cuenta la significación económica\n y los principios de la tributación. Para situar debidamente\n el problema es necesario considerar lo que sigue: 1.- Que según\n queda indicado lo fundamental de la discrepancia estriba en el\n alcance de la expresión "Pasivos Contingentes",\n la cual, al no estar definida por la ley, debe ser desentrañada\n con el auxilio de la ciencia contable. 2.- Otros arbitrios interpretativos,\n cuales son acudir a la historia de la ley, el interpretarla de\n modo que exista coherencia entre sus diferentes partes, el acudir\n al espíritu general de la legislación o a la equidad\n natural, no pueden dejar de considerarse, aunque es evidente\n que para el caso presente, tienen un carácter mediático,\n pues, lo principal está en lo que queda consignado en\n el numeral 1 que antecede. 3.- La discrepancia entre las partes\n se contrae además a la forma como figura el pasivo contingente.\n La administración ha sustentado que no se considera el\n valor de SI. 30.511596.993,00, como pasivo contingente, "En\n vista de que se encuentra fuera de la línea del Balance\n General y por lo tanto no son rubros deducibles", según\n así lo expresa en la Resolución Nº 0006828\n de 10 de febrero de 1993 expedida por el Director Financiero\n Municipal de Quito. El banco de su parte, afirma que los pasivos\n contingentes no forman parte del balance y que pese a ello deben\n ser considerados como deducibles para el cálculo del impuesto\n del 1.5 por mil a los activos totales. CUARTO.- Se entiende por\n pasivos contingentes a las obligaciones eventuales, vale decir\n aquellas que actualmente no son tales pero que podrían\n llegar a serlo. Este concepto es aceptado por el banco en la\n demanda y concuerda con lo que al propósito, en lo sustancial,\n aceptan los manuales de contabilidad, particularmente aquellos\n citados en la sentencia impugnada. Tienen importancia al caso\n los conceptos consignados en la Resolución Nº SC-91-l-5-3-009\n expedida por la Superintendencia de Compañías,\n publicada en el Registro Oficial Nº 751 de 20 de agosto\n de 1991. A fs. 6 y 7 del mencionado Registro Oficial constan\n los conceptos concernientes a contingencias y sucesos que ocurren\n después de la fecha del balance. En la parte de las definiciones\n se dice a la letra: "Una contingencia: es una condición\n o situación cuyo resultado final, ganancia o pérdida\n solo se confirmarán si acontecen uno o más sucesos\n futuros inciertos". Esta definición en lo medular\n sigue los enunciados que anteceden. Igual ocurre con la definición\n contenida en la Norma Ecuatoriana de Contabilidad Nº 4,\n NEC Nº 4, aprobada junto con otras normas por la Superintendencia\n de Compañías y de Bancos y por el Servicio de Rentas\n Internas. Dice la definición: "Una contingencia es\n una condición o situación cuyo resultado final,\n ganancia o pérdida, solo se confirmará si acontecen\n o deja de acontecer uno o más sucesos futuros e inciertos".\n (Suplemento del Registro Oficial Nº 291 de 5 de octubre\n de 1999 pp. 121). QUINTO.- El Director General de Bancos Privados\n de la Superintendencia de Bancos, fs. 24 a 26 de los autos, a\n pedido del banco opina que de acuerdo a las normas del Catálogo\n Unico de Cuentas, las cuentas contingentes se registran fuera\n de los activos y pasivos del balance. La propia Superintendencia,\n sin embargo, en oficio, suscrito igualmente por el Director General\n de Bancos Privados, fs. 30 a 33 de los autos, deja constancia\n que el mencionado parecer no tiene fuerza obligatoria para las\n partes en conflicto, y menos aún para resolver controversias,\n a efecto de lo cual será necesario que la Dirección\n General de Rentas emita su pronunciamiento. Igual salvedad aparece\n en el oficio de 21 de febrero de 1992, suscrito por el propio\n Superintendente de Bancos, fs. 37 y 38. En la sentencia recurrida,\n considerando octavo se hace referencia a la discusión\n surgida en el Congreso, previa a la expedición del Art.\n 32 indicado y se consigna que ha pedido del H. Alvarez Grau,\n al tratar de las deducción, se suprimieron las cuentas\n de orden y se dejaron únicamente las obligaciones de hasta\n un año plazo y los pasivos contingentes. Con ello se demuestra\n meridianamente cual fue la intención de los legisladores.\n En el Catálogo Unico de Cuentas de la Superintendencia\n de Bancos, constan las cuentas contingentes deudoras (61) y acreedoras\n (62); deudoras - operaciones en divisas a futuro (63) y acreedoras\n operaciones en divisas a futuro (64); y, cuentas de orden deudoras\n (71). En el balance general del Banco Amazonas cortado al 31\n de diciembre de 1991, fs. 12 de los autos aparecen bajo la línea\n total del pasivo, patrimonios y egresos las cuentas contingentes\n que alcanzan a un monto total de S/. 30.51 1'596.993,32\n que comprenden los siguientes ítem: avales, fianzas,\n cartas de crédito y anticipos; créditos otorgados\n no desembolsados; intereses y comisiones de clientes; compromisos\n futuros; compras en moneda extranjera; ventas en moneda\n extranjera. Estos rubros deben revelarse en los estados\n financieros singularmente tratándose de la actividad\n bancaria que conlleva contingencias y compromisos revocables\n o irrevocables que frecuentemente son importantes en monto\n y notoriamente más cuantiosos que en la generalidad\n de otras empresas comerciales. Así lo conceptúa\n la norma cuarta de contabilidad (fs. 85, Registro Oficial 291\n de 5 de octubre de 1999). Las indicadas notas de los estados\n financieros no constituyen registros contables sino explicaciones\n relativas a los asientos contables que facilitan las lecturas\n de los estados financieros. Cuando se estableció que los\n pasivos contingentes sirven para depurar la base imponible del\n impuesto del 1.5 por mil a los activos totales, se quiso que\n se deduzcan del activo total las cuentas contingentes acreedoras,\n vale decir aquellas que pueden afectar la solvencia y liquidez\n del banco que puede llegar a asumir un pasivo y en contra partida\n generar un activo no programado. Las cuentas contingentes son\n de enorme importancia para determinar el patrimonio técnico\n de los bancos, pues, es demostrativo de la solvencia y liquidez\n de esas instituciones financieras. El valor de los pasivos contingentes,\n por lo tanto, debe estar revelado en la propia contabilidad y\n amparado en los registros que tengan documentos de soporte. SEXTO.-\n En la sentencia impugnada no se ha infringido el inciso segundo\n del Art. 32 de la Ley de Control Tributario y Financiero, ni\n el inciso segundo del Art. 12 del Código Tributario, por\n cuanto lo que se ha hecho es desentrañar el verdadero\n alcance y sentido de una expresión de carácter\n técnico, la de "pasivos contingentes". Antes\n bien, haciendo mérito de lo que estatuyen el Art. 12 inciso\n segundo del Código Tributario y las normas segunda y tercera\n del Art. 18 del Código Civil, se ha determinado el verdadero\n alcance de dicha expresión. Inclusive, para llegar a esa\n conclusión se ha hecho mérito de los antecedentes\n legislativos que mediaron para la expedición del inciso\n segundo del Art., 32 indicado. Tampoco se ha infringido en la\n sentencia el inciso primero del Art. 274 del Código Tributario,\n pues, según queda expuesto desde el comienzo, la discrepancia\n se contrae a establecer el alcance de la expresión "pasivos\n contingentes", y a la forma como debe presentárselos.\n De allí que no quepa hacer referencia a la presunción\n de validez de los hechos, actos y resoluciones de las administraciones\n tributarias, particularmente en lo tocante a la prueba de los\n hechos que le sirven de basamento. La omisión de no haber\n notificado a las partes para dictar sentencia no es de aquellas\n que inciden en la validez misma del proceso, pues, no causan\n indefensión. Sería exorbitante aceptar que tal\n omisión comporta violación del Art. 23, numeral\n 27 de la Constitución Política que se refiere al\n debido proceso y a la justicia sin dilaciones, pues, la misma\n no ha impedido que la parte actora goce de las garantías\n fundamentales que el sistema consagra para acceder a la justicia.\n Los actos administrativos de determinación de la obligación\n tributaria que obran a fs. 5, 13 y 14, sustentados por el informe\n que obra a fs. 20 y 21 de los autos no carecen de motivación,\n razón por la cual no existe violación del Art.\n 81 del Código Tributario. La disposición del numeral\n 13 del Art. 24 de la Constitución Política expedida\n en 1998 referente a la obligación de enunciar las normas\n o principios jurídicos en que se halla fundado el actuar\n de la administración y la explicación de pertinencia\n no es aplicable a los mencionados actos de determinación\n tributaria que fueron expedidos con anterioridad a la vigencia\n de la Constitución. Por las consideraciones que quedan\n expuestas, y por cuanto existe pronunciamiento sobre los puntos\n de la controversia, en los casos 14-2000 y 82-2000, esta Sala\n Especializada de lo Fiscal de la Corte Suprema, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n desecha el recurso de casación interpuesto en contra de\n la sentencia, expedida el 10 de febrero del año 2000 por\n la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 1\n y reconoce la validez y legitimidad de la Resolución Nº\n 0007052 de 29 de abril de 1993, expedida por el Director Financiero\n Municipal de Quito. Sin costas. Notifíquese, publíquese\n y devuélvase.

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Fdo.) Dres. José Vicente Troya Jaramillo, Hernán\n Quevedo Terán (VS.), Ministros Jueces y Gustavo Durango\n Vela, Conjuez Permanente.

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Certifico.

\n\n

f.) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario, Sala de lo Fiscal.

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VOTO SALVADO DEL SEÑOR DOCTOR HERNAN QUEVEDO TERAN,\n MINISTRO JUEZ DE LA SALA DE LO FISCAL.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SALA ESPECIALIZADA DE LO FISCAL

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Quito, 10 de enero de 2003; las 16h00.

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VISTOS: Carlos Mosquera Pesantes en representación\n del Banco Amazonas SA. el 9 de febrero de 2000 interpone recurso\n de casación en contra de la sentencia de 10 de los propios\n mes y año expedida por la Primera Sala del Tribunal Distrital\n de lo Fiscal Nº 1 dentro del juicio de impugnación\n Nº 153 19 propuesto por el mencionado banco en contra del\n Director del Departamento Financiero Municipal del Distrito Metropolitano\n de Quito. Concedido el recurso, no lo ha contestado la administración\n y pedidos los autos para resolver se considera: PRIMERO.- La\n Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso\n en conformidad al Art. 1 de la Ley de Casación: SEGUNDO.-El\n recurrente funda el recurso en las causales primera y segunda\n del Art. 3 de la ley de la materia. Asevera que al expedirse\n la sentencia se han infringido las siguientes normas: el inciso\n segundo del Art. 32 de la Ley de Control Tributario y Financiero;\n el inciso segundo del Art. 12, el inciso segundo del Art. 274,\n el inciso segundo del Art. 287, el inciso primero del Art. 288\n y el Art. 293 del Código Tributario; la regla primera\n del Art. 18 del Código Civil; el Art. 10 de la Ley de\n Régimen Tributario Interno; los artículos 23, numeral\n 27 y 24, numeral 17 de la Constitución Política\n de la República. Afirma que el inciso segundo del Art.\n 32 de la Ley de Control Tributario y Financiero, prevé\n que para el cálculo del impuesto a los activos totales,\n se deducirá los pasivos contingentes. Más, no efectúa\n al respecto distinción ni excepción alguna, ni\n menos determina que no serán deducibles los pasivos contingentes\n que se revelen en cuentas contingentes, sino exclusivamente en\n cuentas del pasivo del balance general, según se consigna\n en la sentencia; que el inciso segundo del Art. 12 del Código\n Tributario estatuye que las palabras empleadas en las leyes tributarias\n se entenderán en su sentido jurídico, técnico\n o usual, a menos que se las hubiere definido expresamente; que\n tal expresión pertenece a la ciencia y técnica\n contables y debe ser entendida en el sentido en que es empleada\n en ellas, habiendo la sentencia infringido en la norma mencionada,\n pues, a la indicada locución "Pasivos Contingentes"\n se le atribuye el significado correspondiente a pasivos acumulados;\n que la regla 10 del Art. 18 del Código Civil determina\n que cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá\n su tenor natural a pretexto de consultar su espíritu;\n que la aludida expresión no es obscura y que por ello\n no era necesario recurrir a la historia del inciso segundo del\n Art. 32 de la Ley de Control Tributario y Financiero; que de\n acuerdo al inciso segundo del Art. 272 del Código Tributario\n corresponde a la administración la carga de la prueba,\n no habiendo la parte demandada presentado prueba alguna, a pesar\n de lo cual la sentencia recurrida manda pagar la obligación\n determinada por la parte contraria; que el inciso 1º del\n Art. 287 del Código Tributario establece que el Tribunal\n debe examinar los vicios de nulidad de que adolezca la resolución\n y declararla cuando se haya impedido la clara determinación\n del derecho o hubiere influido en la decisión del asunto,\n y que los actos que ha producido la administración, cuales\n son, la determinación tributaria, la resolución\n expedida ante la reclamación y la resolución expedida\n ante el recurso de reposición no fueron debidamente motivadas\n y que por lo tanto carecen de valor en conformidad al Art. 24,\n numeral 13 de la Constitución y 9 del Código Tributario,\n omisiones que debieron ser tomadas en cuenta al expedir el fallo,\n al tenor del inciso primero del artículo 287 aludido;\n que no se ha notificado a las partes para sentencia, de acuerdo\n a lo que prevé el inciso primero del Art. 288 del código\n indicado; que se ha infringido el Art. 293 del Código\n Tributario, pues, existen fallos dictados por cada una de las\n salas de los tribunales distritales de lo Fiscal, que se pronuncian\n en sentido contrario al de la sentencia impugnada y que constituyen\n precedentes de aplicación de las leyes y reglamentos.\n Por las alegaciones mencionadas solicita se case la sentencia.\n TERCERO.- El inciso segundo del Art. 32 de la Ley 006 de Control\n Tributario y Financiero, respecto de la liquidación del\n impuesto del 1.5 por mil anual sobre los activos totales, dispone\n que se deducirán las obligaciones de hasta un año\n plazo y los pasivos contingentes. Dice el mencionado inciso:\n "Para efecto del impuesto que se establece, las personas\n naturales o jurídicas, sociedades de hecho y negocios\n individuales que estén obligados a llevar contabilidad\n de acuerdo con lo que expone la Ley de impuesto a la renta y\n su reglamento, deducirán las obligaciones de hasta un\n año plazo y los pasivos contingentes". CUARTO.- La\n disposición legal establecida en el inciso segundo del\n artículo 32 de la Ley de Control Tributario y Financiero,\n refiriéndose a la forma de liquidar el impuesto del uno\n punto cinco por mil, sobre los activos totales, dispone que se\n deducirán para el efecto de establecer la base imponible\n para dicho impuesto, las obligaciones de hasta un año\n plazo y los pasivos contingentes. Aparentemente, hay una confusión\n entre activos, contingentes y cuentas de orden, que están\n conceptualmente diferenciadas para cualquier contador bancario,\n ya que este tipo de empresas son las que más utilizan\n las cuentas contingentes y las de orden. El activo es todo lo\n que la empresa tiene para el servicio de sus obligaciones para\n con terceros o sus accionistas. Contingentes, refleja obligaciones\n eventuales, que se convertirán en tales, de darse un hecho\n particular. No todo los contingentes terminan como pasivos. Algunos\n desaparecen porque cumplido su plazo, no se da el hecho particular.\n Un ejemplo de ello es una carta de garantía, cuyo\n pago está sujeto a la presentación de una\n comunicación suscrita por el beneficiario, estableciendo\n que el ordenante no ha cumplido con determinada condición.\n Si hasta el vencimiento de la carta de garantía,\n no se presenta la indicada comunicación, la garantía\n no se convierte en pasivo. Pero en caso de que la\n comunicación se presente, oportunamente, la garantía\n se convierte en obligación del banco o pasivo\n a plazo, generalmente, a plazos menores de un año.\n Por principio contable, las cuentas contingentes deudoras\n o activas son iguales a las acreedoras o pasivas. La cuenta de\n orden por otro lado, refleja activos y pasivos entregados en\n custodia o garantía por la institución o recibidos\n por ella. Es una cuenta de control ya que no representa obligaciones\n ni derechos en ese momento. QUINTO.- El libro "Contabilidad:\n Teoría y Práctica" de Roy B. Kester (Editorial\n Barcelona Labor S.A., 1986), en su página 8 define como\n activo: "el total de bienes de todas las clases que posea\n una persona o entidad, aplicables o sujetos al pago de deudas".\n Esta definición no incluye el contingente. Néstor\n Alvarez Peralta (II edición, Me Graw Hill, Bogotá\n 1993) en su libro "Curso Básico de Contabilidad",\n define el activo como "todos los bienes de la empresa apreciables\n en dinero" (pág. 30). De acuerdo con estos principios,\n el catálogo de cuentas de la Superintendencia de Bancos,\n define los activos como sigue: "Bienes y derechos de propiedad\n de la entidad, susceptibles de ser cuantificados objetivamente.\n Incluye los gastos en que se haya incurrido para la constitución\n y organización de la entidad, cuya afectación a\n períodos o ejercicios futuros esté expresamente\n autorizada. Las cuentas que integran este elemento tendrán\n siempre saldos deudores con excepción de las provisiones,\n depreciaciones y amortizaciones, que serán deducidas de\n los rubros correspondientes" (Res. 86-442 de junio 27 de\n 1986, elemento 1). SEXTO.- Los Principios de Contabilidad aceptados,\n definen como contingencia "cuando una condición o\n situación presente, o un conjunto de circunstancias implican\n varios grados de incertidumbre y pueden, a través de un\n hecho futuro resultar en la adquisición o pérdida\n de un activo o que se incurra o se evite un pasivo (Gula de PCGA,\n Martín A. Millar, CPA, Oscar J. Holzmann, Ph. D. Traductor,\n 1988, Pág. 601). Basado en estos conceptos, la Resolución\n 86-442 de 27 de junio de 1986, que contiene la explicación\n de cuentas del catálogo de la Superintendencia de Bancos,\n describe a las cuentas contingentes de la siguiente forma: "...\n las cuentas originadas en operaciones con terceros y sus correspondientes\n costos financieros, así como los compromisos futuros de\n crédito otorgados por la institución, no utilizados\n por los clientes, que por su naturaleza pueden significar en\n un futuro eventual pago o desembolso, afectando la situación\n económica financiera de la entidad". SEPTIMO.- Por\n Otro lado, como principio contable, existe el principio de partida\n doble, es decir que todo asiento contable tiene una contrapartida.\n Existen cuenta contingentes acreedoras (pasivas) y deudoras (activas),\n y la contrapartida de la una es la otra. Las normas contables\n de la misma Superintendencia mencionan entre las cuentas contingentes\n acreedoras las siguientes: avales, fianzas, cartas de crédito\n y anticipos, operaciones en divisas a futuro y, como contingentes\n deudoras, a las cuentas contingentes por contra. OCTAVO.- Las\n pasivas registran a los acreedores contingentes y las activas\n a los deudores de las mismas contingencias. Así, cuando\n el banco emite una garantía a favor de A por cuenta de\n B, registra A como acreedor y a B como deudor, ya que se convierte\n en codeudor solidario de B. Si se llegare a requerir el pago\n al banco de dicha garantía, se registra primero la obligación\n de pagar de A, como pasivo y la obligación de cobro al\n cliente, como activo. Posteriormente, se registra el pago con\n cargo a caja y se mantiene la cuenta por cobrar al cliente hasta\n que se recauda o se convierta en pérdida. Es decir, el\n contingente se transforma en obligaciones de plazo menor de un\n año, antes de efectuar el pago. Estos dos conceptos están\n claros y bien diferenciados. El concepto de activo es uno y el\n de contingente es otro. Por otro lado, es común que las\n obligaciones contingentes se conviertan en obligaciones a plazos\n menores de un año. NOVENO.-Néstor Alvarez Peralta\n define como cuenta de orden a "aquellas que representan\n los valores que están al cuidado de la empresa, además,\n de no generar deudas ni ser propiedad de la empresa, no afectan\n el pasivo, ni el activo ni el capital". Posteriormente define\n a las cuentas de orden como bienes y valores entregados en custodia,\n bienes y valores entregados en garantía, bienes y valores\n en poder de terceros, bienes y valores recibidos en custodia\n y, bienes y valores en poder de terceros, bienes y valores recibidos\n en custodia y bienes y valores recibidos en garantía.\n DECIMO.- En definitiva, la norma legal es meridianamente clara\n en que para efectos del pago del impuesto del uno punto cinco\n por ciento, se debe deducir de los activos totales, las obligaciones\n de hasta un a&nti

 

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