Registro Oficial. 23 de JUNIO del 2003

Lunes, 23 de junio de 2003

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

\n \n \n \n
   MES DE JUNIO DEL 2003
\n \n \n \n
\n

\n
 
\n

 
\n

Viernes, 6 de junio del 2003 - R. O. No. 98

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR
\n

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

RESOLUCIONES:

\n\n

CONSEJO\n NACIONAL DE VALORES:

\n\n

CNV.002.2003\n Modifícase\n la Resolución Nº CNV. 007.2002 de 8 de mayo de 2002,\n publicada en el Registro Oficial Nº 595 de 12 de junio de\n 2002 que modifica la tabla de contribuciones para el año\n 2003

\n\n

DIRECCION\n GENERAL DEL REGISTRO CIVIL:

\n\n

2003-003-DIR-G Autorízase al personal\n de la Jefatura Provincial de Pastaza, ubicada en la ciudad del\n Puyo, para que laboren en jornada única de trabajo con\n horario de 08h00 hasta las 16h30, con renta minutos de refrigerio\n desde las 12h30 hasta las 13h00

\n\n

FUNCION\n JUDICIAL

\n\n

CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL:

\n\n

59-2003 Recurso de casación\n en el juicio seguido por la Contraloría General del Estado\n en contra del Municipio de Cuenca y otros

\n\n

ACUERDO\n DE CARTAGENA

\n\n

PROCESOS:

\n\n

8-IP-2003 Interpretación prejudicial\n de la disposición prevista en el artículo 83, literal\n a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo\n de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República\n de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección\n Primera, e interpretación de oficio de los artículos\n 81 y 82, literal a), eiusdem. Parte actora: KOTOBUKI & CO.\n LTD. Marca: GRAFICA. Expediente interno Nº 5901

\n\n

14-IP-2003 Interpretación prejudicial\n de las disposiciones previstas en los artículos 81 y 83,\n literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del\n Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de\n la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,\n Sección Primera, e interpretación de oficio del\n artículo 83. literales e) y f.), eiusdem. Parte actora:\n COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A. Marca: "CALARCA\n + gráfica". Expediente interno Nº 5486

\n\n

ORDENANZAS\n MUNICIPALES:

\n\n

- Cantón Cayambe: Que establece la tasa para la\n licencia anual de funcionamiento de los establecimientos turísticos\n

\n\n

- Cantón Balao: Que reglamenta la presentación\n del servicio del camal municipal y la determinación y\n recaudación de la tasa de rastro

\n\n

- Cantón Balao: Que regula la determinación,\n administración y recaudación del impuesto a los\n predios urbanos
\n - Cantón Balao: Que regula el cobro del impuesto\n sobre el derecho de registro o inscripción obligatoria\n de los actos, contratos o documentos que deben inscribirse en\n el Registro de la Propiedad

\n\n

- Cantón Balao: Para la determinación,\n administración, control y recaudación del impuesto\n a los espectáculos públicos

\n\n

- Cantón Balao: Para el cobro de la tasa por\n concepto del servicio de aferición de pesas y medidas\n \n

\n \n
\n

 

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

Nº CNV.002.2003

\n\n

EL CONSEJO NACIONAL DE VALORES

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Resolución Nº CNV.007.2002 de 8 de\n mayo de 2002, publicada en el Registro Oficial Nº 595 de\n 12 de junio de 2002, el Consejo Nacional de Valores expidió\n la tabla de contribuciones para el año 2003 que deben\n pagar los partícipes del mercado de valores, inscritos\n en el registro del mercado de valores; y, de derechos por inscripción\n de emisiones de valores;

\n\n

Que mediante Resolución Nº CNV.013.2002 de 13\n de noviembre de 2002, publicada en el Registro Oficial No. 729\n de 20 de diciembre del mismo año, el Consejo Nacional\n de Valores reformé el artículo tercero del reglamento\n mencionado en el anterior considerando;

\n\n

Que es necesario propiciar el desarrollo del mercado de valores,\n para llegar a consolidar una profunda participación de\n los emisores;

\n\n

Que es menester estimular la emisión, de valores de\n deuda y de acciones, en montos significativos;

\n\n

Que de conformidad con lo que determina el artículo\n 1 del Código Tributario, los derechos no constituyen tributos,\n por lo que, la vigencia de una norma referente a estos derechos\n o sus reformas puede regir a partir de su expedición;

\n\n

Que el Consejo Nacional de Valores considera necesario reformar\n la tabla mencionada en el primero y segundo considerandos; y,

\n\n

En uso de las facultades que le concede la ley,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Modificar la tabla de contribuciones, para el año 2003,\n que deben pagar los participes del mercado de valores, inscritos\n en el Registro de Mercado de Valores y, de derechos por inscripción\n de emisiones de valores, de la siguiente manera:

\n\n

ARTICULO UNICO.- Sustitúyese el texto del artículo\n tercero por el siguiente:

\n\n

"ARTICULO TERCERO.

\n\n

Los derechos que por inscripción de emisiones de valores\n deben pagar: los emisores de valores tanto específicos\n como genéricos; las emisiones de valores producto de procesos\n de Titularización; y, las emisiones de cuotas de participación\n en fondos colectivos, a la Superintendencia de Compañías,\n de conformidad con lo que dispone el artículo 236 de la\n Ley de Mercado de Valores, serán del 0.5 por mil del monto\n total de la emisión, hasta un monto máximo de dos\n mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América,\n para las emisiones especificas de títulos de inscripción\n específica, sin excepción; y hasta por un monto\n máximo de cinco mil dólares de los Estados Unidos\n de América, sin excepción, para los títulos\n de inscripción genérica. Estos valores se determinarán\n de la siguiente manera:

\n\n

1. Para títulos de inscripción específica.-\n El Registro del Mercado de Valores emitirá una orden de\n cobro por el 0.5 por mil del monto de la emisión de valores\n a inscribirse, la misma que deberá pagarse previamente\n a la inscripción, de la manera que establece el Capítulo\n Sexto del Reglamento para la Determinación, Liquidación\n y Recaudación de las Contribuciones y Derechos que deben\n pagar las personas, entes y valores que intervienen en el Mercado\n de Valores.

\n\n

2. Para títulos de inscripción genérica.-\n Se pagará el equivalente al 0.5 por mil del monto de los\n valores negociados, en el mercado primario, cuando éstos\n sean a un año plazo. En caso de valores a plazos inferiores\n a un año, estos serán calculados, proporcionalmente,\n a su propio plazo.

\n\n

Los bancos e instituciones del Sector Financiero informarán\n hasta el 31 de marzo de cada año, el monto que por cada\n título de inscripción genérica hayan negociado\n en el año fiscal anterior tanto en el mercado primario\n bursátil como en el extrabursátil. Esta información\n la presentarán junto con la información continua\n anual. Esto significa que al momento de inscribirse no pagarán\n derecho alguno debido a que no se conoce el monto por el que\n se emitirá y negociará. La emisión de títulos\n de crédito, recaudación y demás fases, se\n sujetarán a lo que dispone el Reglamento para la Determinación,\n Liquidación y Recaudación de las Contribuciones\n y Derechos que deben pagar las personas y entes que intervengan\n en el Mercado de Valores".

\n\n

DISPOSICION TRANSITORIA.

\n\n

Por este año 2003, hasta el 30 de junio, se emitirán\n los títulos de crédito por este concepto, cuyos\n valores deberán pagarse hasta el 31 de julio de 2003.

\n\n

De igual manera, solo por el presente año, los bancos\n e instituciones del sector financiero presentarán la información\n de la que trata el numeral 2, inciso segundo del artículo\n único de la presente es función hasta el 15 de\n junio de 2003.

\n\n

La presente resolución tendrá vigencia a partir\n de su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Comuníquese y publíquese.

\n\n

Dada y firmada en Quito, a 27 de mayo de 2003.

\n\n

f.) Fabián Albuja Chaves, Superintendente de Compañías,\n Presidente del Consejo Nacional de Valores.

\n\n

Es fiel copia del original que reposa en los archivos de esta\n Secretaría.- f.) Ab. Marcia Villalobos de Gangotena, Secretaria\n del Consejo Nacional de Valores.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

No. 2003-003-DIR-G

\n\n

LA DIRECTORA GENERAL DEL REGISTRO CIVIL,\n IDENTIFICACION Y CEDULACION

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, el artículo 54 del Reglamento General de Aplicación\n a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, determina\n la jornada ordinaria regular de trabajo para las entidades del\n sector público, debe desarrollarse en dos sesiones, excepto\n para las ciudades de Quito y Guayaquil; por resolución\n de la Dirección Nacional de Personal se podrá aplicar\n la jornada única en otras ciudades del país;

\n\n

Que, mediante Ley No. 16, publicada en el Registro Oficial\n No. 143 del 7 de marzo de 1989, la Dirección Nacional\n de Personal fue integrada a la Secretaría Nacional de\n Desarrollo Administrativo, como una unidad dependiente de la\n Presidencia de la República;

\n\n

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 041 del 21 de agosto de\n 1998, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 11\n del 25 del mismo mes y año, se suprimió la Secretaria\n Nacional de Desarrollo Administrativo, creán-dose la Oficina\n de Servicio Civil y Desarrollo Institucional;

\n\n

Que, el Art. 5 del Decreto Ejecutivo No. 041 del 21 de agosto\n de 1998, transfiere las facultades de la Dirección Nacional\n de Personal establecidas en las leyes de Servicio Civil y Carrera\n Administrativa, y de Remuneraciones de los Servidores Públicos\n y sus reglamentos; a las unidades de Personal o de Recursos Humanos\n de las entidades y organismos del sector público, exceptuándose\n lo referente a reclasificaciones, valoraciones, revaloraciones\n de puestos y la administración del sistema de remuneraciones;

\n\n

Que, el artículo 2 de la Ley de Registro Civil faculta\n al Director General del Registro Civil, Identificación\n y Cedulación, para organizar y administrar los asuntos\n concernientes a esta Dirección;

\n\n

Que, Gestión de Recursos Humanos de la Dirección\n General del Registro Civil, Identificación y Cedulación,\n emite criterio favorable mediante oficio No 290/GRH de 26 de\n mayo de 2003, para que el personal de la Jefatura Provincial\n del Registro Civil, Identificación y Cedulación\n de la ciudad del Puyo, labore en jornada única de conformidad\n con los antecedentes y consideraciones señaladas; y,.

\n\n

En uso de la facultad que le confiere la ley,

\n\n

 

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1.- Autorizar para que el personal de la Jefatura Provincial\n del Registro Civil, Identificación y Cedulación\n de la provincia de Pastaza, ubicada en la ciudad del Puyo, labore\n en jornada única de trabajo con horario de 08h00 hasta\n las 16h30, con treinta minutos para el refrigerio desde las 12h30\n hasta las 13h00 horas.

\n\n

Art. 2.- De la ejecución de la presente resolución,\n encárguese a Gestión de Recursos Humanos de la\n Dirección General de Registro Civil, Identificación\n y Cedulación.

\n\n

La presente resolución entrará en vigencia a\n partir de su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Comuníquese.- Dado en Quito, Distrito Metropolitano,\n el veinte y siete de mayo de 2003.

\n\n

f.) Ab. Teresa Nuques Martínez, Directora General del\n Registro Civil, Identificación y Cedulación.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

Nº 59-2003

\n\n

ACTORA: Contraloría General del\n Estado.

\n\n

DEMANDADOS: Arq.\n Fernando Cordero Cueva, Alcalde de Cuenca, doctor Tarquino Orellana\n Serrano, Procurador Síndico-Municipal y Rubens Bottery,\n Presidente Ejecutivo de Autoparque S.A.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, 18 de marzo e 2003; las 15h30.

\n\n

VISTOS: Ha venido por sendos recursos de casación interpuestos\n por los demandados vencidos: Arq. Fernando Cordero Cueva. Alcalde\n de Cuenca, y doctor Tarquino Orellana Serrano, Procurador Sindico-Municipal,\n y, por Rubens Botteri, Presidente Ejecutivo de Autoparque S.A.,\n este juicio ordinario propuesto por la Contraloría General\n del Estado, por intermedio de su titular, doctor Alfredo Corral\n Borrero, el 21 de julio de 2000 (fs. 100 a 109 y 91 a 99 de segundo\n grado). La demanda exhibe la pretensión de que se declare\n la nulidad del contrato de concesión del 26 de marzo de\n 1999, celebrado por los accionados en la Notaría Quinta\n de dicha ciudad, "por adolecer de nulidad absoluta de acuerdo\n a lo ordenado en los Arts. 9 y 1505 del Código Civil,\n es decir contravino a normas expresas del Derecho Público\n contenidas en la Ley de Modernización y su Reglamento,\n consecuentemente se ordene las restituciones mutuas que hayan\n de hacerse los contratantes", además, de conformidad\n con lo dispuesto en el Art. 75 del Código de Procedimiento\n Civil, para el caso de que se pudiese considerar que la nulidad\n del contrato no es absoluta, sino relativa, en forma alternativa\n deduce la acción de nulidad relativa o rescisión\n del contrato. La Municipalidad de Cuenca formula las excepciones:\n I) Ilegitimidad de personería activa, pues no es competencia\n de la Contraloría General del Estado el representar los\n derechos del Estado en las controversias judiciales facultad\n que le corresponde de manera privativa a la Procuraduría\n General del Estado, entidad que ha emitido su pronunciamiento\n jurídico vinculante y obligatorio, no teniendo capacidad\n legal la Contraloría; II) Incompetencia del Juzgado en\n atención al Art. 38 de la Ley de Modernización\n del Estado, Art. 114 (r) de la Ley de Contratación Pública,\n el Art. 82 de la Ley para a Transformación Económica\n del Ecuador y 16 de la Ley de la Promoción de la Inversión\n y Participación Ciudadana; III) Improcedencia de la acción,\n en vista que el referido contrato se basa en la ordenanza municipal,\n que se apoya en los Arts. 14, 263, 276 y 278 de la Ley Orgánica\n de Régimen Municipal; IV) Incompatibilidad y contradicción\n de las acciones alternativas, dado que no cabe demandar a la\n vez la nulidad absoluta y la nulidad relativa del contrato; y,\n V) La negatividad pura y simple de los fundamentos de hecho y\n jurídicos de la demanda, insistiendo finalmente que las\n excepciones se tendrán en cuenta una en subsidio de otra.\n Mientras Autoparque S.A., se excepciona con: 1) Negativa pura\n y simple; II) Improcedencia de la acción, en atención\n a que existe un pronunciamiento obligatorio de la Procuraduría\n General del Estado, al tenor del Art. 9 de la Ley Orgánica\n de la Procuraduría General; III) Incompetencia del Juzgado\n de origen en razón de la materia, en base a los Arts.\n 38 de la Ley de Modernización del Estado, Art. 82 de la\n Ley para la Transformación Económica del Ecuador,\n y el Art. 108 del reglamento a la primeramente legislación\n mencionada (fs. 530 y 531, fs. 532 de primer grado). El Juzgado\n Décimo Sexto de lo Civil, sede Cuenca, desestimando las\n excepciones, debido a que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo\n Nº 3 deseché el 7 de septiembre de 2000 la demanda\n de incompetencia propuesta contra la Contraloría General\n del Estado, y por tener la facultad constitucional y legal de\n controlar y velar por la legalidad de los actos del sector público,\n tanto más que se funda en la Ordenanza que regula la concesión\n de espacios públicos y su contratación de 15 de\n agosto de 1997, no reúne los requisitos de validez, toda\n vez que se refiere a la utilización de espacios públicos,\n que debe asegurar una tasa que es una modalidad de tributo, exigiendo\n la promulgación y la publicación en el Registro\n Oficial, conforme lo mandan los Arts. 133 y 397 de la Ley de\n Régimen Municipal, y, previamente debe contarse con el\n dictamen del Ministerio de Finanzas, en tal virtud al no habérselo\n hecho, esta ordenanza "no entró en vigencia y como\n consecuencia de esto, tampoco pudo estar en vigencia al 30 de\n diciembre de 1997", debiendo haberse aplicado para la promulgación\n de las mismas, la Ley de Modernización, y por consiguiente\n declara la nulidad absoluta conforme a los Arts. 1725, 9 y 10\n del Código Civil por ausencia de formalidades, "manifestación\n de voluntad que se halla supeditada a formas solemnes premeditadas",\n "recursos idóneos, de los que se vale el derecho,\n para su motivación radical, la seguridad, pueda darse"\n (fs. 882 - 884 de primer grado). La Municipalidad y Empresa Autoparque\n S.A., impugnaron el fallo de 24 de enero de 2001 (fs. 885 y 886\n de primer grado). La primera, sosteniendo: la ilegitimidad de\n personería activa alegada, puesto que es la Procuraduría\n General del Estado, órgano autónomo, con competencias\n propias y privativas para representar los intereses del Estado,\n es el único órgano con aptitud legal para defender\n el orden público", "conduce a la ausencia de\n derecho de la Contraloría para actuar en la causa",\n cuanto que "no se han comprometido ni se comprometen recursos\n y fondos públicos sobre los que interviene la Contraloría",\n y se ha olvidado que ha emitido su informe vinculante la Procuraduría,\n que establece la legalidad de las actuaciones de la Municipalidad.\n Insiste en la violación de trámite, prescrito en\n el Art. 1067 del Código de Procedimiento Civil, al habérselo\n distraído de su Juez natural, el Tribunal Distrital de\n lo Contencioso Administrativo unido a que está facultado\n el Municipio a dar concesión y administrar los espacios\n públicos, ya que no es un proceso de desmonopolización\n y privatización ni la concesión de un servicio\n público, sino un servicio al público; en tanto,\n que la compañía demandada, apela manifestando que\n la declaración de la falta de vigencia de las ordenanzas\n municipales no fueron motivo de la litis, dado que no ha sido\n declarada la nulidad ni suspendida su vigencia por el competente\n Tribunal; concuerda que se ignora el pronunciamiento de la Procuraduría\n General, en el sentido "de que no era necesario que los\n trámites precontractuales y contractuales se sujeten a\n las disposiciones de la Ley de Modernización del Estado,\n contraviniendo que sea el Tribunal Distrital de lo Contencioso\n Administrativo el competente para conocer la causa (fs. 3, 5\n a 10 de segundo grado). La Segunda Sala de la Corte Superior\n de Cuenca en sentencia de 5 de julio de 2001, resolviendo las\n apelaciones, confirma la declaratoria de nulidad absoluta dado\n que no surge incompetencia legal para que el Contralor comparezca\n como accionante, quien lo hace por sus propios derechos en interés\n al orden público y de la Ley; debiendo volver las cosas\n al estado anterior a su celebración, ya que no se pronuncia\n acerca de las prestaciones mutuas por no establecerse del proceso\n que se las deben entre ellas las partes, y, tanto más,\n que "las declaratorias de la nulidad absoluta y la rescisoria\n de ninguna manera pueden ser incompatibles, puesto que lejos\n de excluirse la una de la otra, más bien se complementan\n en la forma que se las propone, subsidiariamente o alternativamente,\n como lo preceptúa la ley y las acepta, reiteradamente\n la jurisprudencia, al tenor del Art. 75 del Código de\n Procedimiento Civil, ni tampoco existe la incompetencia en razón\n de la materia ya que "la nulidad y la rescisión no\n atacan a la obligación misma, sino a la fuente de donde\n emanan. La nulidad y la rescisión es la sanción\n establecida por la omisión de los requisitos que la ley\n exige para la validez de los actos jurídicos y que tiene\n su aplicación en las obligaciones convencionales ya que\n ambas tienden a la inexistencia jurídica del contrato,\n que compete conocer a la jurisdicción civil ordinaria,\n luego se ejerce sobre todas las personas y cosas sujetas al fuero\n común. Tampoco acepta la excepción subsidiaria\n de nulidad relativa, argumenta que la nulidad dado que la provisión\n de servicios públicos y su concesión, "tiene\n requisito sustantivo de que, para la concesión, el Estado\n y por éste sus organismos incluyendo a los de régimen\n administrativo seccional, deben sujetarse a la ley que norma\n y rige este tipo de convenciones a nivel nacional que no es otra,\n para el caso, que la Ley de Modernización del Estado y\n su Reglamento, siendo especial como lo señala la norma\n del Art. 66 ibídem, sin que la Municipalidad por declaratoria\n de la Ordenanza pueda sustituir la Ley. Finalmente el Art. 263\n de la Ley de Régimen Municipal se refiere a bienes municipales\n las calles que son de dominio y uso público y por ello\n inalienables- la concesión por mandato constitucional\n debe ceñirse a la ley, esto es la Ley de Modernización\n del Estado y el Reglamento, como preceptúa en concordancia\n al Art. 64 Nº 15 sin que se pueda aceptar la admisión\n de la Municipalidad de haberse apartado de la Ley General en\n procura de su autonomía y de su propia normatividad a\n través de las ordenanzas, ocasionando omisiones de formalidades\n -requisitos en fase precontractual y contractual- según\n la naturaleza de la concesión del servicio público\n de parqueo tarifario en calles de Cuenca o de vialidad; tanto\n más, que el criterio del Procurador General del Estado\n no es vinculante para la Función Judicial, y, la concesión,\n excede el plazo de diez años que señala el Art.\n 276 de la Ley de Régimen Municipal (fs. 78 a 84 de segundo\n grado). Los se dos recursos deducidos fueron concedido por el\n Tribunal inferior (fs. 110 de segundo grado), habiéndose\n admitido al trámite (fs. 6 de este cuaderno) , se ha agotado\n la sustanciación, procede decidir sobre lo principal,\n al hacerlo, se considera: PRIMERO.- Autoparque SA.., sostiene\n en el recurso admitido, que se ha perpetrado la causal 2da. del\n Art. 3 de la Ley de Casación, puesto que la Sala se ha\n arrogado una competencia de la que carece: cuestión que\n obviamente ha influido en la decisión de la causa, al\n criticar el considerando tercero del fallo objetado en la fundamentación,\n afirmando que se ha perpetrado error judicial, cuando "analiza\n la excepción de incompetencia del juez de instancia (e\n incompetencia de la H. Corte Superior del Azuay), por razón\n de la materia, omite cumplir el Art. 38 de la Ley de Modernización\n del Estado, cuyo texto es absoluto y no admite sino una excepción,\n -aludiendo también el Art. 6-, dicho artículo establece:\n que todas las acciones derivadas de los contratos administrativos\n tienen que ser dirigidas y conocidas por el Tribunal de lo Contencioso\n Administrativo.". "La Sala no acata esta norma y para\n no. acatarla, hace una distinción que no está en\n la Ley", concluye: "La Ley no hace más exclusión,\n que la de sometimiento al arbitraje, no hace otra salvedad por\n materia ni por calidad de personas...". La casacionista,\n la Municipalidad de Cuenca con relación a esta misma causal,\n denuncia simultáneamente: "para asumir una competencia\n de la que carecen los señores Jueces Civiles en razón\n de la Materia, contra ley expresa se interpreta erróneamente\n el Art. 38 de la Ley de Modernización del Estado, sustituido\n por el Art. 16 de la Ley para la Promoción de la Inversión\n Ciudadana, infringiendo lo dispuesto en el Art. 10 de la Ley\n de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa que guarda\n relación con el Art. 196 de la Constitución y artículos\n 1 y 3 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa".\n Sin lugar a dudas, que este cargo debe ser resuelto primeramente,\n al efecto, se consigna: 1. 1. Este Tribunal de Casación\n el 20 de junio de 2000 en el juicio CORSICEN el Torres Garcés\n y Torres C. Ltda. y ex INERHI (R.O. Nº 657: 06.09.02), resolvió:\n "La vigencia del Art. 82 de la Ley para la Transformación\n Económica del Ecuador (R.O. 5. Nº 34: 13.03.00),\n que reforma el trámite y la competencia en los procesos\n derivados de controversias en contratos administrativos suscritos\n por el Estado y más entidades del sector público\n sustituyendo el Art. 114 de la Ley de Contratación Pública,\n rige exclusivamente para las causas que se inicien en lo posterior,\n consiguientemente no influye en la competencia que tiene esta\n Sala según la Ley Reformatoria a la Ley de Modernización\n del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios\n por parte de la Iniciativa Privada; tanto más, que se\n puede entender como que esta última ha sido derogada expresamente\n de acuerdo al Art. 100 letra h), puesto que admitir tal interpretación\n sería establecer contradicciones en el texto de una misma\n ley, lo que va contra el principio de hermenéutica jurídica,\n que el legislador no se contradice, unido a que debe interpretarse\n la ley de acuerdo a todo su contexto y la historia fidedigna\n de su expedición. En conclusión, el Art. 18 del\n Código Civil obliga a los jueces a no suspender ni denegar\n la administración de justicia por oscuridad o falta de\n ley, y, el Art. 19 ordena, que "sin perjuicio de juzgar,\n consultarán a la legislatura por medio de la Corte Suprema,\n a fin de obtener una regla cierta para los nuevos casos que incurran".\n En tal virtud, la regla 6ta. del Art. 18 permite concluir: "que\n se interpretarán los pasajes oscuros o contradictorios\n del modo que más conforme parezca el espíritu general\n de la legislación y la equidad natural", que aplicado\n a la situación legal antes descrita, nos hace entender,\n que la derogatoria de la Ley Reformatoria de la Ley de Modernización\n del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios\n por parte de la Iniciativa Privada, solo tiene lugar para las\n causas a iniciarse por controversias originadas en los contratos\n administrativos, imperando a contrario el Art. 82 inciso 2 de\n la Ley para la Transformación Económica del Ecuador\n para las causas anteriormente iniciadas, por reconocer un régimen\n de transición. Además que, por la forma de haberse\n redactado el Art. 100 de la antes citada Ley, solo deroga las\n disposiciones generales y especiales que se le opongan, y ésta\n se opone en el Art. 89, reformatorio a la Ley de Contratación\n Pública, únicamente para el trámite y competencia.\n de las causas a iniciarse a partir de la media noche del 13 de\n marzo de 2000". En esta causa, se presentó la demanda,\n como ya se ha dicho el 21 de julio del 2000, encontrándose\n vigente el Art. 82 de la Ley para la Transformación Económica\n del Ecuador, como al momento de la calificación por el\n Juez a quo el 24 de julio de 2000 (fs. 506 de primer grado);\n preceptos que se complementa con la resolución de la Corte\n Suprema de Justicia de 19 de julio de 2000 (R.O. Nº 136:\n 08.08.2000). En resumen, el mencionado Art. 82 de la Ley para\n la Transformación Económica del Ecuador, disponía:\n "Sustitúyase el Art. 114 se refiere ala Ley de Contratación\n Pública, publicada en el Registro Oficial Nº 501\n de 16 de agosto de 1990 y sus reformas-. De surgir controversias\n en que las partes no concuerden someterlas a los pronunciamientos\n de mediación y arbitraje y decían ir en sede judicial,\n el pronunciamiento se lo ventilará ante los Tribunales\n de lo Contencioso Administrativo aplicando para ello la Ley de\n Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Será competente\n para conocer dichas controversias el Tribunal Distrital que ejerce\n jurisdicción en el domicilio del contratante del Estado\n o de las otras entidades del sector público. En cuanto\n a la prescripción de las acciones derivadas de los contratos,\n se estará a lo dispuesto en el Art. 2439 del Código\n Civil, para las acciones ejecutivas. Estas disposiciones, regirán\n exclusivamente para las causas que se inicien a partir de la\n vigencia de la presente Ley". Posteriormente, la Ley para\n la Promoción de la Inversión y la Participación\n Ciudadana, publicada en el R.O. 5. Nº 144: 18.08.2000, en\n el Art. 16 dispone: "Sustitúyese el Art. 38 por el\n siguiente: Los Tribunales Distritales de lo contencioso - Administrativo\n conocerán y resolverán de toda las demandas y recursos\n derivados de actos, contratos hechos administrativos y reglamentos,\n expedidos, suscritos o producido por las instituciones del Estado\n salvo los derivados de controversias sometidas a mediación\n y arbitraje de conformidad con la Ley. No se exigirá como\n requisito previo para iniciar cualquier acción judicial\n contra las instituciones del Estado el agotamiento o reclamo\n en la vía administrativa. Este derecho será facultativo\n del administrado, siempre y cuando lo ejerciera dentro del término\n de 90 días". Y, el Art. 216 disposición final:\n "Quedan derogadas o reformadas todas las disposiciones que\n se opongan a la presente Ley Reformatoria que entrará\n en vigencia a partir de su promulgación en el Registro\n Oficial.". La anterior disposición del Art. 16 es\n derogada expresamente en la transitoria segunda de la Ley Reformatoria\n al Art. 38 de la Ley de Modernización y el Art. 65 de\n la Ley de la Jurisdicción Contenciosa -Administrativa\n (R.O. Nº 483: 28.12.01). La Codificación de la Ley\n de Contratación Pública (R.O. Nº 272: 22.02.01),\n en los Arts. 108 y 109 establece: que salvo los casos de contratos\n administrativos derivados a acciones judiciales, que se hallen\n en mediación o arbitraje, los demás son de conocimiento\n de los tribunales distritales de lo Contencioso Administrativo.\n Finalmente, la Ley reformatoria al Art. 38 de la Ley de Modernización\n y el Art. 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso\n - Administrativa (R.O. Nº 488: 28.12.01), fija la competencia\n de las acciones sobre contratos administrativos en los tribunales\n distritales de lo Contencioso - Administrativo, no estableciendo\n régimen de transición, abarcando tácitamente\n a las controversias iniciadas desde el 13 de marzo de 2000. 1.2.\n La Ley de Modernización del Estado (L 50-PCL. R.O. Nº\n 349: 31.12.93), en el Art. 1 letra e), señala los principios\n y normas que regulan la prestación de servicios públicos\n y las actividades económicas por parte de la iniciativa\n privada, por tanto se refiere a los bienes y recursos naturales\n no renovables, del subsuelo, y, la provisión de servicios\n públicos, responsabilidad del Estado, entre ellos: vialidad,\n telecomunicaciones, fuerza eléctrica, y otras de naturaleza\n similar, que prescriben los Arts. 247 y 249 de la Constitución.\n Taxativamente establece como ámbito, en el Art. 2, que:\n "las disposiciones contenidas en esta Ley se aplicarán\n a las entidades, organismos y dependencias del Estado y otras\n entidades del sector público, así como a las personas\n jurídicas creadas por Ley para el ejercicio de la potestad\n estatal o para la prestación de servicios públicos\n o para desarrollar actividades económicas asumidas por\n el Estado.". La aplicación de la modernización\n al tenor del Art. 5 letra e) comprende la privatización\n de servicios públicos y de las actividades económicas\n asumidas por el Estado u otras entidades del sector público,\n consecuentemente, las que realiza el régimen seccional.\n Hasta que estuvo en vigencia el Art. 38 ibídem, se determinaba\n la competencia de los tribunales distritales de lo Contencioso\n - Administrativo para conocer y resolver todas las demandas y\n recursos derivados de actos, contratos y hechos que hayan sido\n expedidos, suscritos o producidos por el Estado y otras entidades\n del sector público. Situación especial contemplan\n los asuntos de desmonopolización o privatización\n de los valores de las acciones, participaciones, bienes activos,\n pasivos y derechos de las empresas públicas, cuyas controversias\n se tramitan en conformidad al Art. 63. Además, el Art.\n 66, prescribe: "Derogatorias y Reformas.-La presente Ley\n tiene carácter de especial y por tanto prevalecerá\n sobre cualquier otra que se le oponga.". En conclusión,\n las controversias por los actos, contratos y hechos administrativos,\n se dispone que sean de competencia privativa de los tribunales\n distritales de esa materia. 1.3. El concepto doctrinal más\n lato de contrato administrativo, destaca que: se caracteriza\n por estar investido del imperium estatal, que le dan un régimen\n especial y privativo jurisdiccional, que reconoce desigualdades\n entre los contratantes por el interés público y\n el servicio público que persigue la Administración,\n en que es evidente el predominio de la naturaleza del derecho\n público, en las normas que lo rigen, las que no se identifican\n con los principios de las obligaciones en el derecho común;\n tanto, que, sin consignación taxativa en el convenio administrativo,\n se consagran prerrogativas a la administración por mandato\n legal, especialmente en cuanto a riesgos, fuerza mayor, reajuste\n de precios, declaratoria de terminación unilateral, etc.,\n en atención a que la finalidad de dichos contratos es\n la satisfacción inmediata y directa de las obras y servicios\n públicos, que la Administración está obligada\n a prestar. En anterior caso, ya señalamos las características\n esenciales de los contratos administrativos que ahora reiteramos\n en segunda ocasión. Juicio 29-02 de 23 de enero de 2002,\n verbal sumario Fénix del Ecuador c/Liquidador de INECEL\n (R.O. Nº 589: 04.06.02). En conclusión el contrato\n de concesión de servicio público es de carácter\n administrativo, basta recordar que así lo registra la\n doctrina muestra legislación y jurisprudencia, además\n que en el fondo no es motivo de controversia entre los justiciables,\n sin que valga por tanto el distingo que hace la Municipalidad\n demandada, en el sentido de que el contrato materia dé\n este contencioso tiene como objeto el uso de bienes de dominio\n público, que no es otra cosa por su naturaleza jurídica:\n que un contrato de concesión de obra pública, o,\n concesión de uso, puesto que los particulares no tienen\n otro derecho que: el uso y goce individual y especial, sin afectar\n al uso general a que está destinado por el Estado, pero\n con sujeción a las ordenanzas, el mismo que necesariamente\n no es gratuito, sino que comporta el pago de una tasa, como colaboración\n para el mantenimiento y compensación de gastos, como sucede\n en parquímetros o permisos de estacionamiento. 1.4. Precisamente,\n la explotación económica de los recursos naturales\n y de los servicios públicos que presta el Estado, están\n regulados en el Capítulo V: "De la Desmonopolización,\n Delegación de Servicios Públicos a la Iniciativa\n Privada y Privatización", de la Ley de Modernización\n del Estado, en particular en los Arts. 41 a 43 y 44, desarrollados\n en el Reglamento en el Capítulo II: "De las concesiones",\n Arts. 68, 70, 75 y 73, en que se especifica: pueden acogerse\n los organismos seccionales, teniendo además que aplicar\n las normas genéricas de los antes dichos ordenamientos,\n como la legislación sustantiva de la materia en que versa\n la concesión, ni excluir las normas generales de la contratación\n privada, no así la Ley de Contratación Pública,\n que no sé aplica por mandato expreso del Art. 57 inciso\n 2do. de la Ley de Modernización del Estado. 1.5. Los reclamos\n en vía judicial de los contratos administrativos, en cuanto\n al control de la legalidad y al cumplimiento de sus estipulaciones,\n es propia del recurso o acción de lo contencioso - administrativo,\n materia especializada, propia de la competencia privativa de\n la Jurisdicción Contenciosa -Administrativa; la misma\n que nace de la relación de derecho material, que reconoce\n expresamente el legislador. Consecuentemente la acción\n de nulidad del contrato administrativo no corresponde a la competencia\n ordinaria civil, aunque se invoquen normas legales sustantivas\n que rigen el contrato de naturaleza civil, ya que hacer lo contrario\n es inobservar por falta de aplicación los Arts. 1, 3 y\n 10 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa,\n que regulan ese tipo de litigios, en concordancia con el Art.\n 1 inciso 2do. del Código de Procedimiento Civil. En resumen,\n el Art. 38 (r) de la Ley de Modernización del Estado,\n dispone imperativamente, que los tribunales distritales de lo\n Contencioso Administrativo "conocerán y resolverán\n de todas las demandas", sin distinción alguna, salvo\n los reclamos sometidos a mediación y arbitraje, que se\n refieran a contratos administrativos, entre ellos, por tanto,\n los de concesión de servicios, o concesión de uso\n de bienes públicos; sin que esto, suceda en la especie.\n SEGUNDO.- Coinciden los recurrentes en imputar la causal primera\n del Art. 3 de la Ley de Casación. La Municipalidad de\n Cuenca acusa la aplicación indebida del Art. 19 del Código\n de Procedimiento Civil, como la errónea interpretación\n de los Arts. 119, 211, 212, y la falta de aplicación de\n los Arts. 215 y 216 de la Constitución Política\n del Ecuador en concordancia al Art. 4 letra e) de la Ley Orgánica\n de la Procuraduría General del Estado, con la indebida\n aplicación del Art. 303 Nº 21 de la Ley Orgánica\n de la Administración Financiera y Control, en relación\n al Art. 382 y del Art. 58 de la Ley de Contratación Pública.\n Sostienen que la jurisdicción atribuida a la Contraloría\n es indebidamente invocada en la sentencia, dado que la demanda\n no se propone para la protección de sus derechos institucionales\n sino que sustenta su acción en la llamada defensa del\n interés pública, cuando la defensa de "el\n orden, interés público y el ejercicio del patrocinio\n del Estado por este interés es potestad y competencia\n privativa" de la Procuraduría, tanto más que\n la acción de nulidad "debe ser promovida por la Contraloría,\n mediante excitativa a la Autoridad correspondiente.". Autoparque\n S.A., fundamenta manifestando: hay una indebida interpretación\n del Art. 211 de la Constitución, que le da al Contralor\n facultades de verificación administrativa de determinados\n hechos en los que se comprometen recurso públicos; pero\n no le da faculta" de representación del Estado en\n materia procesal, es de la procuración del Estado, en\n ninguna materia; añade, la debida aplicación de\n los Arts. 303 Nº 21 y 382 de la Ley Orgánica de Administración\n Financiera y Control y del Art. 58 de la Ley de Contratación\n Pública que en ninguna de estas normas, hay, para el Contralor\n facultad del Procurador, ignorando la Sala la facultad del Ministerio\n Público para demandar nulidades absolutas de los contratos,\n cuanto que el convenio objeto de la demanda está destinado\n a recaudar una tarifa y entregar el valor de esta tarifa a la\n Municipalidad, que adquieren con la entrega la calidad de fondos\n públicos, pero no hay destinación alguna de fondos\n o bienes públicos. Al respecto, se hacen las observaciones\n siguientes: 2.1. La competencia son las potestades y atribuciones\n fijadas en la Constitución y la legislación para\n cada función, órgano, institución, organismo.\n dependencia, estaduales, correspondiéndole al funcionario\n público titular actuar dentro de la fijada para éstos;\n consecuentemente, en el Derecho Público, la capacidad\n es la excepción y la regla general es la incapacidad,\n que hace explicable el mandato: que "los funcionarios públicos\n no podrán ejercer otras atribuciones que las consignadas\n en la Constitución y en la Ley". 2.2. La parte orgánica\n de la Carta Suprema en los Arts. 211 inciso 2 y 212, señalan\n la competencia de la Contraloría: "para controlar\n ingresos, gastos, inversión, utilización de recursos,\n administración y custodia de bienes públicos. Realizará\n auditorias de gestión a las entidades y organismos del\n sector público y sus servidores, y se pronunciará\n sobre la legalidad, transparencia y eficacia de los resultados\n institucionales...", "tendrá potestad exclusiva\n para determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas\n e indicios de responsabilidad penal, y hará el seguimiento\n permanente y oportuno para asegurar el cumplimiento de sus disposiciones\n y controles...". En resumen, se entiende que la utilización\n de "recursos públicos", comprende todos los\n bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos,\n rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos\n que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere\n la fuente de la que procedan, inclusive las provenientes de préstamos,\n donaciones y entregas a cualquier otro título", en\n concordancia con el Art. 3 de la Ley Orgánica de la Administración\n Financiera y Control, vigente a la fecha de la celebración\n del contrato que se demanda la nulidad. Igualmente, se entiende\n que el pronunciamiento en las auditorias de la gestión\n pública acerca de la legalidad, se desarrolla en los Arts.\n 31 Nº 4 en concordancia a los Arts. 8 y 31 Nº 30 del\n mismo ordenamiento, consistiendo en el examen y evaluación\n de los actos y contratos establecidos por los funcionarios públicos,\n en las operaciones y programas ejecutados, en que hayan empleado\n recursos y bienes públicos, humanos, materiales, financieros,\n tecnológicos, ambientales y de tiempo, originando los\n diversos tipos de responsabilidades a que están sometidos\n al tenor del Art. 303 Nº 17. La facultad concedida al Contralor\n General del Estado de intervenir como parte, cuando lo tuviese\n a bien, en los juicios penales, civiles o contenciosos- administrativos,\n que traía el Art. 303 Nº 21, en vista de la forma\n de la redacción, implica una intervención coadyuvante\n y de control de la gestión jurídica del funcionario\n que tenga la representación legal, en defensa de los recursos\n públicos, que tuvieran como origen los informes de auditoria,\n en que se descubran delitos e irregularidades en la gestión;\n cuanto más, que, el Legislador específica que cuanto\n únicamente se encuentra facultado el Contralor General\n para iniciar -bajo el anterior sistema inquisitivo- un proceso\n penal. Por tanto, en los otros casos, su intervención\n es una vez ya iniciado el proceso, al ser requerida por las otras\n partes procesales o de oficio decretada por el Juez a quo, pues\n se deja claramente establecido, que su intervención es\n independiente de la que deba realizar en calidad de parte el\n Procurador General del Estado, facultad que se reitera en el\n Art. 31 Nº 13 de la Ley Orgánica de la Contraloría\n General del Estado (ROS. Nº 595: 12.06.02). El Art. 382\n de la Ley Orgánica de Administración Financiera\n y Control, actualmente derogada con la última ley mencionada,\n complementada con el Art. 63 de la Ley de Contratación\n Pública, regula la nulidad de los contratos en que se\n hallen recursos públicos, tiene el carácter de\n norma especial, consagrando taxativamente que: "el Contralor\n General excitará a los funcionarios correspondientes para\n que demanden la nulidad en los casos previstos en los numerales\n que preceden"; en consecuencia, comparada con la norma general\n que fija las atribuciones del Contralor General en estricto cumplimiento\n del Art. 12 del Código Civil, prevalece la disposición\n especial referente a la forma en que este funcionario de control\n debe motivar a los otros que tiene la facultad propia de demandar\n la nulidad de tales contratos, para que la deduzcan, entendiéndose\n en esta forma, el verdadero alcance de la actuación como\n parte procesal del Contralor en los aludidos juicios. 2.3. El\n Art. 216 de la Constitución establece las facultades del\n Procurador General del Estado: el patrocinio y el asesoramiento\n legal, además de las otras determinadas en la legislación\n nacional. La derogada Ley Orgánica de la Procuraduría\n General del Estado en los Arts. 6 letra b) y 11 indicaban el\n campo del patrocinio del Estado y del sector público.\n -Dividido este último, en entidades que no tienen personalidad\n jurídica y las que la tienen-, en lo relacionado a reclamos\n judiciales, acerca del patrimonio, la legalidad de los actos\n y contratos, y el interés público. En cuanto a\n las primeras, sólo da patrocinio, en ausencia de la intervención\n de los representantes legales; pero, ambas situaciones, por ley,\n el mismo Estado se atribuye tener el derecho sustancial, y, en\n las segundas, no es obligatorio el patrocinio, sino que es discrecional,\n de creerlo necesario, según la ley vigente a la presentación\n de la demanda (R.O. Nº 335: 09.07.98). Debe quedar en claro,\n que la actual Ley Orgánica de la Procuraduría General\n del Estado (R.O. Nº 372: 19.07.01), en forma parecida regula\n las funciones de patrocinio y la representación que ejerce\n el Procurador en los Arts. 2 y 3 letras a) y b), 5 letras a),\n b) y e) y, 7, siendo ahora más específica la intervención\n como accionante, demandado o tercerista. En resumen, la Procuraduría\n General del Estado es parte del Ministerio Público, no\n cabe identificar a éste solamente con el Ministerio Fiscal\n General y sus agentes fiscales, empleando restrictivamente las\n expresiones del constituyente; puesto, que, doctrinalmente su\n accionar abarca: "los distintos problemas suscitados por\n los negocios del Estado, las leyes y las costumbres de sus habitantes",\n "le está encomendada la guarda del orden jurídico\n al tener que velar por el cumplimiento del derecho vigente; su\n acción también posee una dosis no menos importante\n de "carga moral", desde que tiene el deber de preservar\n los más caros valores del plexo social en lo atinente\n a su contenido ético, es uno de los organismos mediante\n el cual se ejercita la representación y defensa del Estado\n y de la sociedad" (Enciclopedia Jurídica OMEBA, Tomo\n XIX, pág. 769). En este sentido, es como lo regula nuestra\n legislación secundaria y hasta hace poco, expresamente\n lo decía la Constitución anterior: que el Ministerio\n Público lo comprendía la Procuraduría General\n del Estado y el Ministerio Fiscal (Art. 113), en tal virtud,\n a la Procuraduría General le corresponde el patrocinio\n del Estado en interés del orden público, que es\n la defensa de la moral y de la ley. Por tanto, de la defensa\n del "interés público" y del "orden\n público". En el primer caso, -el interés público-\n no es otro que la utilidad y conveniencia de la sociedad ante\n los particulares y del Estado frente a sus súbditos, pero\n sin que se contraponga al ejercicio pleno de los derechos humanos\n de los habitantes. Las leyes de interés público,\n es necesario precisar: presentan la finalidad de servir a la\n consolidación de la estructura y del ordenamiento en el\n Estado, indispensables para la subsistencia de la convivencia\n y paz social, consagrando la ideología y pensamiento social,\n político y moral, fundamentales de la legislación,\n no pudiendo ser alteradas por la voluntad individual o bilateral\n ni por otra soberanía, primando este carácter en\n las normas de Derecho Público. Mientras, que el "orden\n público", categoría jurídica muy similar\n a la anterior, son las normas que afectan cardinal y sustancialmente\n a la organización estadual, resumiéndose en la\n legislación vigente, incluidos los tratados válidamente\n celebrados. "La defensa del interés público,\n encargado al Ministerio Público en los procesos, busca\n evitar que la falta de iniciativa o la ineficaz iniciativa y\n falta de prosecución de las partes privadas, deje sin\n cumplir las supremas necesidades públicas" (Enrique\n Véscovi. Teoría General del Proceso. Segunda Edición\n actualizada, Edit. Temis 1999, pág. 153). En tal virtud,\n la atribución de patrocinar las acciones judiciales que\n debe plantear el Estado y entidades del sector público,\n específicamente: la nulidad de los contratos suscritos\n por el Estado y entidades del sector público, corresponde\n a la Procuraduría General del Estado; puesto, que, la\n función de control de legalidad de los mismos por parte\n de la Contraloría General, únicamente la faculta\n a declarar en sus resoluciones administrativas que éstos\n son legales o ilegales. Pertenece a la Función Judicial\n la revisión, al igual que la tramitación de la\n acción de nulidad. Instaurado el proceso por los funcionarios\n públicos que tienen la representación legal de\n la entidades públicas o por el Procurador General del\n Estado cuando aquellas carecen de ésta, o, seguir interviniendo\n como simple parte procesal, siempre que se refieran los juicios\n a recursos públicos, en este tipo de intervención,\n el Legislador no le ha conferido a la Procuraduría General\n del Estado la representación de la titularidad del derecho\n o relación jurídica sustancial objeto del proceso,\n sino que únicamente la Procuraduría tiene la capacidad\n jurídica procesal, simplemente para intervenir en el proceso,\n sin que sea sujeto del litigio, que se produce por mandato legal\n para coadyuvar e impulsar u oponerse a la acción deducida.\n En síntesis, no se presenta la excepción de falta\n del presupuesto procesal de legitimatio ad processum o ilegitimidad\n de personería activa de la Contraloría General\n del Estado, como bien anota el Tribunal inferior, ya que más\n bien hay la ausencia de legitimatio ad causam o legitimación\n en la causa activa, que constituye la falta de derecho que tiene\n el sujeto activo de la relación procesal. TERCERO.- Los\n casacionistas, tanto el Municipio de Cuenca como Autoparque SA.,\n sostienen la aplicación indebida Art. 75 del Código.\n de Procedimiento Civil. El primero, alega que: "mientras\n la nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el Juez competente\n de oficio, la relativa sólo puede ser declarada a petición\n de la parte beneficiaria, esto es, la que ha celebrado el acto\n

 

Change password



Loading..