Registro Oficial. 2 de JUNIO del 2003

Lunes, 02 de junio de 2003

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE JUNIO DEL 2003
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Lunes, 2 de junio del 2003 - R. O. No. 94

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

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DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

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 SUMARIO
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FUNCION\n LEGISLATIVA

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EXTRACTOS:

\n\n

24-076 Proyecto de Ley Reformatoria\n al Código de Procedimiento Penal

\n\n

24-077 Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley\n del Anciano

\n\n

24-078 Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley\n de Aguas.

\n\n

FUNCION\n JUDICIAL

\n\n

CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO PENAL:

\n\n

Recursos de casación\n en los juicios penales seguidos en contra de las siguientes personas:

\n\n

37-03 Maria Edelina Tutillo Villalba,\n autora del delito previsto y reprimido en el Art. 442 del Código\n Penal en perjuicio de Rosa Maria Pucha Lema

\n\n

38-03 María Karina Alvarez León,\n por el delito de abuso de confianza tipificado y sancionado en\n el Art. 560 del Código Penal

\n\n

42-03 Hitler Betancourt Mendoza Vera, por el\n delito de abuso de confianza tipificado y sancionado en el Art.\n 560 del Código Penal

\n\n

43-03 Angel Bolívar Guaraca\n Aynaguano por el delito d robo en perjuicio del doctor Alonso\n Roberto Avalos Toledo

\n\n

44-03 Propuesto por Isolina Marina\n Yacelga Proaño en contra de Laura Beatriz Félix\n Proaño y otros.

\n\n

49-03 José Miguel Jumbo Zhamungui\n por homi-cidio simple de Julián Jumbo Chamba .

\n\n

50-03 Miguel Enrique Campoverde Jara\n por estafa en perjuicio de Luis Humberto Valdez Calle

\n\n

52-03 Miguel Angel Cobeña\n Reedwood por el delito de robo tipificado en el Art. 550 y reprimido\n en el Art. 552 del Código Penal

\n\n

53-03 Víctor Fernando Méndez\n Idrovo autor del delito de estafa

\n\n

54-03 Gavino Eudoro Cajo Samaniego\n por lesiones a Angel Eudoro Gadvay Parra.

\n\n

55-03 Propuesto por Fausto Córdova\n Parreño y otra en contra de Luis Humberto Morocho Pérez\n y otros

\n\n

56-03 Propuesto por José Salomón\n Chávez Pinargote y otros en contra de Santiago Ceferino\n Chávez y otro.

\n\n

58-03 Víctor Angel Toapanta\n autor del delito de homicidio simple tipificado y reprimido en\n el Art. 449 del Código Penal.

\n\n

59-03 María Olga Susana Vaca\n Ramos y otros por lesiones a Maria Villacís

\n\n

ACUERDO\n DE CARTAGENA

\n\n

PROCESO:

\n\n

109-IP-2002 Interpretación prejudicial\n de las dispo-siciones previstas en los artículos 81, 82,\n literales a) y h), 83, literales a) y d), 93 y 95 de la Decisión\n 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada\n por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala,\n Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación\n de oficio de los artículos 83, literal e), 84 y 102 eiusdem.\n Parte actora: sociedad BRINKER INTERNATIONAL INC. Marca: "CHILIS\n Y DISEÑO". Expediente interno: Nº 6523-99 L.Y.M.

\n\n

TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL

\n\n

RESOLUCIONES:

\n\n

029-2002-TC Acéptase parcialmente la demanda\n de inconstitucionalidad y declárase la inconstitucionalidad\n por el fondo de la Disposición Transitoria Primera del\n Reglamento Sobre el Control de Abusos de Posiciones Monopólicas\n en las Actividades del Sector Eléctrico

\n\n

033-2002-AA Deséchase la demanda\n de inconstitucionalidad presentada por el señor Tnte.\n Tec. de Avc. Edwin Raúl Jaramillo Abarca.

\n\n

795-2002-RA Revócase la resolución\n del Tribunal de instancia, acéptase el amparo solicitado\n y suspéndense los efectos de la resolución impugnada

\n\n

0800-2002-RA Confirmase la resolución\n pronunciada por el Juez Primero de lo Civil de Morona Santiago\n que desecha el amparo constitucional interpuesto por el licenciado\n Carlos Arturo López Chocho

\n\n

0001-2003-CI\n Emítase\n dictamen favorable previo a la aprobación del Convenio\n para la aplicación del procedimiento de consentimiento\n fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos\n peligrosos objeto de comercio internacional, Convenio Rótterdam

\n\n

0013-2003-HC\n Confirmase la\n resolución subida en grado, dictada por la Segunda Vicepresidenta\n del Concejo del Distrito Metropolitano de Quito y niégase\n el recurso de hábeas corpus interpuesto por el señor\n Diego Grijalva y otro, por improcedente

\n\n

ORDENANZAS\n MUNICIPALES:

\n\n

- Gobierno Municipal del Cantón\n Yacuambi: De\n aplicación y cobro del consumo de agua potable

\n\n

- Cantón Montúfar: Que crea la bonificación\n como incentivo para la jubilación o renuncia voluntaria\n a favor de los trabajadores pertenecientes al Sindicato de Obreros\n Municipales.

\n\n

ORDENANZA\n PROVINCIAL:

\n\n

- Provincia\n de Sucumbíos: Administrativa para recoger la denominación\n tipificada en la Constitución Política de la República\n del Ecuador como Gobierno Provincial Autónomo\n

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CONGRESO NACIONAL

\n\n

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
\n ART. 150 DE LA CONSTITUCION POLITICA

\n\n

NOMBRE: "REFORMATORIA AL CODIGO\n DE PROCEDIMIENTO PENAL".

\n\n

CODIGO: 24-076.

\n\n

AUSPICIO: H.\n RODRIGO GARCIA BARBA.

\n\n

COMISION: DE\n LO CIVIL Y PENAL.

\n\n

FECHA DE
\n INGRESO:
15-05-2003.

\n\n

FECHA DE ENVIO
\n A COMISION:
20-05-2003.

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\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

La Constitución Política en el artículo\n 192 dice, que el sistema procesal será un medio para la\n realización de la justicia y hacer efectivas las garantías\n del debido procesos y además velará por el cumplimiento\n de los principios de inmediación, celeridad y eficiencia\n en la administración de justicia.

\n\n

OBJETIVOS BASICOS:

\n\n

La Ley Procesal, debe volver a incorporar sanciones para los\n jueces que de manera arbitraria y en contra de principios jurídicos\n proceden a violentar un derecho universalmente reconocido como\n es la libertad, sin existir los elementos que la Ley Procesal\n establece necesarios para su limitación.

\n\n

CRITERIOS:

\n\n

Frente a la necesidad de garantizar un debido proceso, es\n menester la búsqueda de medidas de sanción para\n los jueces que, en cumplimiento de sus funciones abusen de las\n atribuciones que la Constitución y la ley les otorgan.

\n\n

f.) Dr. John Argudo Pesantez, Prosecretario General del Congreso\n Nacional.

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CONGRESO\n NACIONAL

\n\n

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
\n ART. 150 DE LA CONSTITUCION POLITICA

\n\n

NOMBRE: "REFORMATORIA\n A LA LEY DEL ANCIANO".

\n\n

CODIGO: 24-077.

\n\n

AUSPICIO: H.\n RODRIGO GARCIA BARBA.

\n\n

COMISION: DE\n LO LABORAL Y SOCIAL.

\n\n

FECHA DE
\n INGRESO:
15-05-2003.

\n\n

FECHA DE ENVIO
\n A COMISION:
20-05-2003.

\n\n

 

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

El Ecuador ha arrastrado una crisis económica desde\n algunos años atrás, que se ha ido agravando por\n el mal manejo de los recursos económicos, trayendo como\n consecuencia inmediata el incremento de la pobreza, la falta\n de atención a ciertos sectores, entre los cuales se cuentan\n a las personas de la tercera edad.

\n\n

OBJETIVOS BASICOS:

\n\n

Es deber primordial del Estado garantizar que se cumpla con\n el mandato contenido en el artículo 54 de la Constitución\n Política de la República, procurar un nivel de\n vida digno a las personas de la tercera edad, brindarles asistencia\n económica que les permita satisfacer sus necesidades vitales\n y, por lo tanto, darles un tratamiento preferente en aspectos\n tributarios y de servicios.

\n\n

CRITERIOS:

\n\n

Factores como la inflación y la especulación\n de precios, hacen imposible que los ecuatorianos que están\n en capacidad de obtener ingresos para subsistir puedan acceder\n a la canasta básica familiar, peor aún quienes\n por su avanzada edad ya no pertenecen a la población económicamente\n activa.

\n\n

f.) Dr. John Argudo Pesántez, Prosecretario General\n del Congreso Nacional.

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CONGRESO\n NACIONAL

\n\n

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
\n ART. 150 DE LA CONSTITUCION POLITICA

\n\n

NOMBRE: "REFORMATORIA\n A LA LEY DE AGUAS".

\n\n

CODIGO: 24-078.

\n\n

AUSPICIO: H.\n LUIS FERNANDO TORRES

\n\n

COMISION: DE\n LO ECONOMICO, AGRARIO, INDUSTRIAL Y COMERCIAL.

\n\n

FECHA DE
\n INGRESO:
15-05-2003.
\n

\n\n

FECHA DE ENVIO
\n A COMISION:
20-05-2003.

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

La Ley de Aguas debe contribuir a la aplicación de\n los preceptos constitucionales, entre ellos, el señalado\n en el artículo 249 de la Constitución Política\n de la República, que establece como responsabilidad del\n Estado la provisión del servicio público de riego\n y el establecimiento de tarifas equitativas.

\n\n

OBJETIVOS BASICOS:

\n\n

No es procedente que el Estado, directamente o por intermedio\n de las corporaciones regionales de riego o de las agencias de\n agua, cobre una tarifa más, la tarifa básica, para\n recuperar las inversiones hechas en la construcción de\n canales de riego, cuando éstos son administrados, operados\n y mantenidos por usuarios privados, generalmente agricultores\n pequeños y medianos, sometidos a difíciles condiciones\n económicas por los elevados costos de producción,\n la competencia exterior y la inseguridad jurídica.

\n\n

CRITERIOS:

\n\n

Los usuarios de los sistemas de riego pagan ya una tarifa\n interna, conocida como tarifa volumétrica, para manteni-miento,\n operación y administración de canales, además\n del pago de los derechos de concesión por uso de agua.

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f.) Dr. John Argudo Pesántez, Prosecretario General\n del Congreso Nacional.

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No. 37-03

\n\n

Juicio penal No. 67-01 seguido en contra\n de Maria Edelina Tutillo Villalba autora del delito previsto\n y reprimido en el Art. 442 del Código Penal en perjuicio\n de Rosa Maria Pucha Lema.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO PENAL

\n\n

Quito, enero 14 de 2003; las 17h00.

\n\n

VISTOS: A fs. 141 la procesada Maria Edelina Tutillo Villalba\n interpone recurso de revisión de la sentencia pronunciada\n por el Tribunal Penal Cuarto de Pichincha el 1 de noviembre del\n año 2000, a las 15h00, que declara a la ahora recurrente\n autora responsable del delito previsto y reprimido en el Art.\n 442 inciso segundo del Código Penal, por lo cual le impone\n la pena de ocho meses de prisión correccional, y las adicionales\n de pago de costas y resarcimiento de daños y perjuicios.\n En virtud del pertinente sorteo, corresponde a esta Segunda Sala\n de lo Penal el conocimiento de la impugnación y habiendo\n llegado el asunto al estado de ser resuelto, para hacerlo se\n considera: PRIMERO.- Si bien en el escrito que pretende ser de\n fundamentación del recurso, Tutillo Villalba no determina\n cuál es el caso, de los fijados en el Art. 385 del Código\n de Procedimiento Penal de 1983, que invoca en apoyo del recurso,\n de la lectura de dicho memorial puede colegirse que la recurrente\n basa la revisión en el número 2 del antes citado\n precepto adjetivo penal, esto es, en que por error se ha condenado\n a un inocente, en lugar del culpable. Alega que desde en particular\n punto de vista y teniendo como antecedente el historial clínico\n de la perjudicada Rosa María Pucha Lema, ésta había\n sido golpeada por otras personas, a quienes la ofendida está\n encubriendo. Cita parte de un supuesto informe presentado por\n el doctor Mario Femando Rueda Buitrón el 4 de febrero\n de 1999, instrumento que no se encuentra agregado a los autos.\n Aduce que el Tribunal Penal no ha considerando ni analizado minuciosamente\n todas las pruebas actuadas dentro del proceso, y que no ha tomado\n en cuenta las contradicciones que aparecen en los testimonios\n rendidos por los testigos de cargo, quienes se han limitado a\n decir "si" a cada una de las preguntas formuladas por\n la acusadora particular. Afirma que en la sentencia no se hace\n referencia alguna a la prueba de descargo, y concluye su exposición\n sosteniendo que solamente ha actuado en defensa propia. SEGUNDO.-\n En su dictamen la señora Ministra Fiscal General destaca\n que la causal segunda del Art. 385 del Código de Procedimiento\n Penal no ha sido probada por la recurrente, por lo cual es improcedente\n el recurso de revisión de la sentencia condenatoria dictada\n en contra de María Edelina Tutillo Villalba. TERCERO.-\n El recurso especial de revisión, que pretende dejar sin\n efecto una sentencia condenatoria que ha causado estado, exige\n que, como en el caso sub-examine, el recurrente produzca prueba\n nueva, distinta a la que obra de autos, que demuestre de modo\n categórico el error de hecho en que incurrió el\n Tribunal juzgador al condenar a un encausado inocente, en lugar\n del culpable.- Pero Tutillo Villalba, no ha solicitado la actuación\n de prueba alguna demostrativa del error cuya enmienda demanda,\n pues se ha limitado a presentar una alegación que deviene\n ineficaz e insuficiente al anotado propósito, por lo cual\n su recurso carece de asidero legal. En estas consideraciones,\n "ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR\n AUTORIDAD DE LA LEY", se declara improcedente el recurso\n de revisión intentado por la sentenciada María\n Edelina Tutillo Villalba. Devuélvase el proceso al Tribunal\n de origen. Notifíquese.

\n\n

Fdo.) Dres. Milton Moreno Aguirre, Magistrado - Presidente,\n Arturo J. Donoso Castellón, Magistrado y Jorge Andrade\n Lara, Conjuez Permanente.

\n\n

Certifico.- f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario\n Relator.

\n\n

Certifico que la copia que antecede es igual a su original.-\n Quito, 24 de abril de 2003.

\n\n

f.) Secretario Relator.

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No. 38-03

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Juicio penal No. 228-02 seguido en contra\n de María Karina Alvarez León por el delito de abuso\n de confianza tipificado y sancionado en el Art. 560 del Código\n Penal.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO PENAL

\n\n

Quito, enero 21 de 2003; las 17h00.

\n\n

VISTOS: El Tribunal Segundo de lo Penal de Tungurahua dieta\n sentencia condenatoria en contra de Maria Karina Alvarez León,\n imponiéndole la pena modificada de sesenta días\n de prisión correccional, por el delito tipificado y sancionado\n en el Art. 560 del Código Penal, en concordancia con los\n Arts. 29 y 72 ibídem. Respecto de esta sentencia la sentenciada\n interpone recurso de nulidad rechazado por la Segunda Sala de\n la Corte Superior de Justicia de Tungurahua, además de\n recurso de casación que ha correspondido resolver a esta\n Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, la\n que siendo competente y encontrándose el trámite\n en estado de resolución, considera: PRIMERO.- La recurrente\n en su escrito de fundamentación, de fs. 3 a 3 vta, del\n cuadernillo del recurso, se limita en forma totalmente insuficiente\n a afirmar, desde su particular punto de vista, que el acusador\n particular en este proceso actuó en forma indebida y a\n nombre y representación de una compañía\n diferente a la que tiene que ver con los hechos motivo del proceso,\n intentando impugnar la validez de la representación de\n las compañías como lo prescribe la ley de la materia\n y el Código de Procedimiento Civil, para concluir afirmando\n que se ha violado el Art. 24 de la Constitución Política\n del Estado, sin especificar en forma alguna en qué consiste\n tal violación. SEGUNDO.- Al contestar el traslado al escrito\n de fundamentación de la recurrente, de fs. 10 a 10 vta.,\n el Ministro Fiscal General subrogante, hace notar que no hay\n fundamentación adecuada del recurso de casación\n ya que las alegaciones de la recurrente no son en absoluto materia\n del recurso, concluyendo en su opinión que debe declararse\n improcedente la casación planteada. TERCERO.- -Del análisis\n procesal que corresponde al trámite de este recurso de\n casación, la Sala en primer lugar declara la improcedencia\n de la alegación de prescripción que hace la recurrente,\n porque no se cumple en la especie lo determinado en el Art. 101\n del Código Penal. En segundo lugar, del análisis\n de la sentencia recurrida, se encuentra que, las alegaciones\n de la recurrente, fueron motivo de análisis y resolución\n en cada momento procesal, tanto por parte del Tribunal Penal\n juzgador, como de la Segunda Sala de la Corte Superior de Tungurahua,\n por lo que todo lo afirmado en el escrito de fundamentación\n presentado en el proceso, es absolutamente ajeno a. la casación\n e improcedente por lo mismo. Por otro lado, el fallo dictado\n por el Tribunal Penal, guarda perfecta armonía entre la\n parte considerativa, motiva y resolutiva, configurándose\n en la especie el tipo penal de abuso de confianza previsto en\n el Art. 560 del Código Penal, de tal manera que la sentencia\n presenta una armonía lógica que no podía\n concluir sino la imposición de la pena modificada por\n atenuantes, sin que se observe violación legal alguna\n en dicho fallo.- Por todas estas consideraciones la Segunda Sala\n de lo Penal, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara improcedente el recurso de\n casación interpuesto y ordena devolver el proceso. Agréguese\n los escritos presentados. Notifíquese.

\n\n

Fdo.) Dres. Milton Moreno Aguirre, Magistrado - Presidente,\n Arturo J. Donoso Castellón, Magistrado y Jorge Andrade\n Lara, Conjuez Permanente.

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Certifico.

\n\n

f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario Relator.

\n\n

Certifico que la copia que antecede es igual a su original.-\n Quito, 24 de abril de 2003.

\n\n

f.) Secretario Relator.

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No. 42-03

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Juicio penal No. 512-01 seguido en contra\n de Hitler Betancourt Mendoza Vera por el delito de abuso de confianza\n tipificado y sancionado en el Art. 560 del Código Penal.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO PENAL

\n\n

Quito, 21 de enero de 2003; las 11h00.

\n\n

VISTOS: El sentenciado Hitler Betancourt Mendoza Vera por\n el Tribunal Cuarto de lo Penal de Manabí a cumplir la\n pena de un año de prisión en aplicación\n del Art. 560 del Código Penal interpone recurso de casación\n que ha llegado a conocimiento de esta Segunda Sala de lo Penal\n de la Corte Suprema de Justicia, competente para conocerlo y\n resolverlo, para lo cual se considera: PRIMERO.- El recurso de\n casación tiene que tramitarse en relación a su\n finalidad de naturaleza extraordinaria, que es determinar las\n posibles violaciones a ley en la sentencia sea por contravenir\n expresamente a su texto, o por haberse hecho una falsa aplicación\n o una errónea interpretación de la norma, en consecuencia,\n es ajeno a la casación penal, pretender que la Sala reexamine\n las pruebas motivo del proceso, como el recurrente pretende cuando\n en un insuficiente escrito de fundamentación de fs. 4\n del cuadernillo del recurso se limita a alegar desde su particular\n punto de vista que se ha infringido la ley, en especial el Art.\n 560 del Código Penal, porque afirma sin fundamentar en\n qué consiste la violación de la ley en la sentencia\n que, en su caso, no existe estafa ni abuso de confianza, y sin\n éxito, pretende que la Sala reexamine las pruebas sobre\n los hechos que presenta el recurrente desde su propia perspectiva,\n equivocando la vía de la casación penal. SEGUNDO.-\n De fs. 7 a 7 vta, consta la contestación que efectúa\n el Ministro Fiscal General subrogante al traslado que se le ha\n hecho con la fundamentación del recurrente y, luego de\n una relación de las afirmaciones del recurrente, como\n de los hechos constantes del proceso, dice que la estafa prevista\n y reprimida en el Art. 560 del Código Penal, admite la\n realización de actos fraudulentos en beneficio del sujeto\n activo de la infracción y en perjuicio de otro de dineros,\n billetes, mercancías u otros efectos de comercio que hubieren\n sido distraídos una vez que al infractor le fueron entregados\n con la condición de restituirlos o de hacer de ellos un\n uso o empleo determinado y concluye diciendo que el recurrente\n no ha determinado en qué consiste la violación\n a la ley en la sentencia porque de las constancias procesales\n dicho procesado no estaba facultado para adueñarse del\n artefacto en la forma que lo ha hecho con el ánimo de\n hacerlo suyo, por lo que considera que la casación no\n procede. TERCERO.- La Sala hace notar que, en el fallo recurrido\n consta con precisión en forma lógica y armoniosa\n la relación de los hechos procesales de las pruebas practicadas\n y la conclusión resolutiva, consecuente de la expositiva\n y motiva de la sentencia, por la que el Tribunal Penal en aplicación\n del Art. 560 del Código Penal condenó al recurrente\n a cumplir la pena correspondiente pero es importante también\n señalar y aclarar que, el Art. 560 del Código Penal\n no tipifica el delito de estafa como afirma el Ministerio Fiscal,\n sino que el tipo penal es el de abuso de confianza, como en la\n especie se determina en el fallo recurrido, porque dicho abuso\n consiste en la distracción o disipación en perjuicio\n de otro de efectos, dinero mercancías, billetes, finiquitos,\n escritos de cualquier especie que le hubieren sido entregados\n al sujeto activo de la infracción con la condición\n de restituirlos, o de hacer de ellos un uso o empleo determinado,\n es decir, el elemento objetivo del abuso de confianza consiste\n en la conducta que atenta contra la obligación de honrar\n la confianza en virtud de la cual, quien resulta perjudicado,\n entregó a quien se convierte en sujeto activo de la infracción,\n cualquier objeto, o valor económico con una finalidad\n que equivale a un auténtico mandato o encargo de cumplimiento,\n resultando por la maniobra fraudulenta del encargado, que la\n finalidad del mandante no se vio cumplida sino, por el contrario,\n resultó perjudicado en sus intereses patrimoniales porque\n no se cumplió con el deber de restitución como\n tenía obligación de hacerlo el infractor que recibió\n el encargo de cumplimiento, el que por el contrario, distrajo\n o dispuso en perjuicio de otro traicionando la confianza en él\n depositada. Estos elementos del abuso de confianza aparecen claramente\n en el caso, sin que en modo alguno el recurrente haya logrado\n desvirtuar los fundamentos en que se base el Tribunal Penal,\n para imponerle la pena que debe cumplir. Por todas estas consideraciones\n la Segunda Sala de lo Penal, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE\n DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara improcedente\n el recurso de casación interpuesto y ordena devolver el\n proceso. Notifíquese.

\n\n

f.) Dr. Milton Moreno Aguirre, Magistrado - Presidente.

\n\n

f.) Dr. Arturo J. Donoso Castellón, Magistrado.

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f.) Dr. Jorge Andrade Lara, Conjuez Permanente.

\n\n

Certifico.- f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario\n Relator.

\n\n

Certifico que la copia que antecede es igual a su original.-\n Quito, 24 de abril de 2003.- f.) Secretario Relator.

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No. 43-03

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Juicio penal No. 378-01 seguido en contra\n de Angel Bolívar Guaraca Aynaguano por el delito de robo\n en perjuicio del doctor Alfonso Roberto Avalos Toledo.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO PENAL

\n\n

Quito, 21 de enero de 2003; las 10h00.

\n\n

VISTOS: El Primer Tribunal Penal de Chimborazo dicta sentencia\n absolutoria para Angel Bolívar Guaraca Aynaguano, respecto\n del cual fallo interpone recurso de casación el doctor\n Alonso Roberto Avalos Toledo, acusador particular.- Ha correspondido\n a esta Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia,\n el conocimiento de esta causa, y siendo competente para resolver,\n considera: PRIMERO.- El recurso de casación por su propia\n naturaleza extraordinaria, exige que quien recurre por esta vía\n determine en qué consisten las violaciones a la ley en\n la sentencia, sea por contravenir expresamente el texto legal\n o por haberse hecho una falsa aplicación o una errónea\n interpretación de la norma. Por consiguiente, no se puede\n confundir la casación penal con un recurso de apelación\n ni pretender que la Sala vuelva a examinar las pruebas en las\n que basó su decisión el Tribunal Penal juzgador.\n SEGUNDO.- En el caso de fs. 4 a 5 del cuadernillo del recurso,\n el recurrente se limita a afirmar, desde su particular punto\n de vista que no se ha cumplido con los numerales 8 y 9 y el inciso\n tercero del Art. 333 del Código de Procedimiento Penal\n de 1983 aplicable al caso manifestando que no se consignan en\n el fallo recurrido los fundamentos en que se apoya la decisión\n judicial, añadiendo que no se expresa en la sentencia\n los fundamentos de la sana crítica, violando los Arts.\n 64 y 67 del mismo Código Adjetivo Penal porque, dice el\n recurrente, no se ha hecho una valoración adecuada de\n las pruebas respecto tanto a la prueba material de la infracción,\n como sobre la responsabilidad del procesado, para concluir afirmando\n que debió aplicarse el Art. 550 en concordancia con el\n Art. 552 numerales 2 y 3 del Código Penal. TERCERO.- Al\n contestar el traslado respecto del escrito de fundamentación\n (fs. 8 a 9), el Ministro Fiscal General subrogante, hace notar\n que conforme la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema\n de Justicia, no incumbe a la Sala en la casación penal\n ni volver a valorar la prueba dentro de una revisión total\n del proceso por ser esta pretensión ajena a este recurso\n extraordinario, ni tampoco corresponde analizar e incidir en\n el criterio judicial del Tribunal Penal, más aún\n si por lo dispuesto en el Art. 4 del Código Penal, hay\n que aplicar el principio in dubio pro reo respecto de la duda\n existente sobre la responsabilidad del procesado; añade\n la opinión fiscal que, en la especie, el recurrente equivoca\n la naturaleza de la casación penal, pues pretende un re\n examen de las pruebas, lo cual es improcedente, más aún\n si aunque se encuentra probada la materialidad de la infracción,\n no hay prueba suficiente sobre la culpabilidad del procesado,\n por lo que concluye manifestando que la casación planteada\n deviene improcedente. CUARTO.- Del examen de la sentencia recurrida,\n la Sala no encuentra violación legal alguna, porque el\n fallo mantiene perfecta armonía lógica entre la\n parte expositiva, motiva y resolutiva, al llegar en forma natural,\n de acuerdo con la sana crítica, a la conclusión\n de que en la especie, si bien se ha comprobado la materialidad\n de la infracción, existe duda más allá de\n razonable respecto a la culpabilidad del procesado, por lo que\n bien hizo el Tribunal Penal al declarar absuelto al acusado en\n aplicación estricta de mandatos constitucionales y legales.\n Por todas estas consideraciones, la Segunda Sala de lo Penal,\n ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD\n DE LA LEY, declara improcedente el recurso de casación\n interpuesto y ordena devolver el proceso. Notifíquese.

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f.) Dr. Milton Moreno Aguirre, Magistrado - Presidente.

\n\n

f.) Dr. Arturo J. Donoso Castellón, Magistrado.

\n\n

f.) Dr. Jorge Andrade Lara, Conjuez Permanente.

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Certifico.- f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario\n Relator.

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Certifico que la copia que antecede es igual a su original.-\n Quito, 24 de abril de 2003.

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f.) Secretario Relator.
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No. 44-03

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Juicio colusorio No. 448-01, propuesto\n por Isolina Marina Yacelga Proaño en contra de Laura Beatriz\n Félix Proaño, Robertina Félix Proaño,\n Alda Félix Proaño, Segundo Jacinto Gallegos Zurita,\n Segundo Fabián Ramos de la Cruz y Efrén Patricio\n Proaño Proaño.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO PENAL

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Quito, 21 de enero de 2003; las 10h00.

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VISTOS: De la sentencia dictada por la Primera Sala de la\n Corte Superior de Justicia de Ibarra, en la que desecha la demanda\n sin costas, interpone recurso de apelación la actora Isolina\n Marina Yacelga Proaño, concedido el mismo, ha correspondido\n su conocimiento a la Sala, que para resolver considera: PRIMERO.-\n El señor Ministro Fiscal General subrogante en dictamen\n constante a fs, 4 a 6 del cuaderno de la instancia, luego de\n analizar las pruebas presentadas por las partes, expresa que\n la actora estaba obligada de acuerdo con el Art. 117 del Código\n de Procedimiento Civil, a probar fehaciente e irrefutablemente\n la existencia del pacto fraudulento entre los demandados, así\n como el perjuicio real ocasionado, lo que en el presente caso\n no se ha llegado a justificar, por lo que pide que se desestime\n el recurso de apelación y se confirme la sentencia. SEGUNDO.-\n La demandante Isolina Marina Yacelga Proaño, en síntesis\n manifiesta que es propietaria de un inmueble que conforma un\n solo cuerpo cierto ubicado en el cantón Urcuquí,\n provincia de Imbabura, adquirido en parte por compra a los cónyuges\n Jorge Clérque y Alda María Félix, en otra\n parte por compra a Héctor Alcides Ponce Obando y señora,\n y en otra parte por adjudicación a quien fuera su marido\n Luis Gustavo Félix Proaño, en la partición\n realizada en 1977, que como no tuvo descendencia con dicho señor\n el inmueble le pertenece a ella en su totalidad, que al fallecimiento\n de su marido su cuñada Laura Beatriz Félix Proaño,\n hermana del mismo, en forma colusoria ha demandado la prescripción\n extraordinaria adquisitiva de dominio de parte del inmueble suyo,\n eh el Juzgado Quinto de lo Civil de Ibarra, dirigiendo la demanda\n a los herederos de Florentino Félix Estévez, padre\n de su marido y herederos Robertina y Alda Félix Proaño,\n expresando falsamente en la demanda que se encuentra en posesión\n pacífica e ininterrumpida desde 1980, lo cual es falso,\n pues su difunto cónyuge recién fallece el 18 de\n febrero de 1996, fecha en la que conjuntamente con la accionante\n estaban en posesión material, pacífica e ininterrumpida\n del inmueble, continúa expresando que actuando en forma\n colusoria con las nombradas hermanas y utilizando a los testigos\n perjuros Segundo Fabián Ramos de la Cruz, Efrén\n Patricio Proaño Proaño y Segundo Jacinto Gallegos\n Zurita, obtiene sentencia aceptando la demanda la que se ejecutoría\n por el ministerio de la ley, que con aquella demanda no se citó\n a la actora, que es la verdadera heredera, sino a otras personas\n que nada tienen que ver en el inmueble, que la sentencia dictada\n por el Juez se protocoliza en la ciudad de Cotacachi el 20 de\n enero de 1998, conociendo que hasta la fecha de la demanda no\n se ha podido inscribir, porque de su parte ha dado en venta el\n inmueble al señor Leonardo Yacelga, encontrándose\n protocolizada e inscrita esta escritura pública, sin embargo\n Laura Beatriz Félix es quien está en posesión\n ilegal y arbitraria del inmueble, por lo que demanda en juicio\n colusorio a los nombrados Laura Beatriz Félix Proaño,\n Robertina Félix Proaño, Alda Félix Proaño,\n Segundo Jacinto Gallegos Zurita, Segundo Fabián Ramos\n de la Cruz y Efrén Patricio Proaño Proaño,\n la nulidad del juicio de prescripción adquisitiva de dominio,\n que se restituya el goce de los derechos de dominio y posesión\n del inmueble "a favor del actual propietario señor\n Leonardo Yacelga Proaño", que se imponga las penas\n de prisión a los demandados, se les condene al pago de\n daños y perjuicios y costas procesales. Con la contestación\n de los demandados, abierta la causa a prueba, las partes han\n presentado las pruebas pertinentes y por parte de la actora copias\n de las escrituras de la propiedad sobre el inmueble y del juicio\n de prescripción adquisitiva de dominio propuesto por Laura\n Beatriz Félix Proaño. TERCERO.- Además de\n la prueba que queda analizada aparecen copias de la querella\n de usurpación propuesta por Isolina Marina Yacelga contra\n Alda Félix, la que ha sido desechada y confirmada esta\n resolución por la Corte Superior de Ibarra. Consta también\n que la misma accionante demanda la nulidad de la sentencia de\n prescripción extraordinaria de dominio contra Laura Beatriz\n Félix el 2 de febrero de 1998, demanda calificada el 17\n de los mismos mes y año. Que el inmueble en referencia\n ha sido vendido a la Dra. Diana Monserate Tinta, quien a su vez\n lo vendió a Leonardo Yacelga. Consta también que\n Robertina Félix Proaño ha demandado la prescripción\n adquisitiva de dominio sobre una casa con interior adjunto ubicada\n en la calle Antonio Ante de la ciudad de Urcuquí, que\n tiene que ver con los inmuebles dejados por Luis Gustavo Félix,\n dirigida contra Laura Beatriz y Alda Félix y herederos\n presuntos y desconocidos, habiéndose aceptado la demanda\n y concedido el dominio a la actora por parte del Juez Segundo\n de lo Civil de Ibarra. CUARTO.- Si la propia accionante demandó\n la nulidad de la sentencia de prescripción adquisitiva\n de dominio dictada a favor de Laura Beatriz Félix, por\n una parte y por otra, vendió el inmueble que afirma ser\n de su propiedad, a favor de Leonardo Yacelga, no procede la demanda\n colusoria, porque ya perdió el derecho sobre tal bien,\n y además ha formulado la reclamación civil pertinente,\n que en este juicio colusorio nuevamente la plantea. Finalmente\n no ha probado la accionante que hubiese existido pacto fraudulento\n y ficticio entre los demandados, incluidos los testigos que declararon\n en el juicio de prescripción adquisitiva de dominio, requisito\n indispensable para la existencia del acto colusorio de acuerdo\n con el Art. 1 de la Ley para el Juzgamiento de la Colusión\n y la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia. Con\n estas consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA\n REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, desechándose el recurso\n de apelación interpuesto por Isolina Marina Yacelga Proaño,\n se confirma en todas sus partes la sentencia dictada por la Primera\n Sala de la Corte Superior de Imbabura. Sin costas. Notifíquese.

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Fdo.) Dres. Milton Moreno Aguirre, Magistrado - Presidente,\n Arturo J. Donoso Castellón, Magistrado y Jorge Andrade\n Lara, Conjuez Permanente.

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Certifico.

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f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario Relator.

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Certifico que la copia que antecede es igual a su original.-\n Quito, 24 de abril de 2003.

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f.) Secretario Relator.
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No. 49-03

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Juicio penal No. 342-02 seguido en contra\n de José Miguel Jumbo Zhamungui por homicidio simple de\n Julián Jumbo Chamba.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO PENAL

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Quito, enero 22 de 2003; las 17h00.

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VISTOS: La presente causa sube en casación por recurso\n que el procesado José Miguel Jumbo Zhamungui, interpone\n contra la sentencia condenatoria de fs. 198-212, pronunciada\n por el Tribunal Segundo de lo Penal de Loja, que declara a dicho\n Jumbo Zhamungui autor responsable del delito de homicidio simple\n cometido en la persona de quien fue Julián Jumbo Chamba,\n infracción punible prevista y sancionada por el Art. 449\n del Código Penal, imponiéndole la pena de diez\n años de reclusión mayor, más las accesorias\n de pago de costas procesales y resarcimiento de daños\n y perjuicios.- Fijada la competencia en esta Segunda Sala de\n la Corte Suprema de Justicia, y cumplidas las actuaciones propias\n de la sustanciación de la impugnación, para decidir\n se considera: PRIMERO.- En el escrito que contiene la fundamentación\n del recurso, el procesado Jumbo Zhamungui impugna la validez\n de la citación a los sindicados con el auto cabeza de\n proceso, así como alega la inobservancia de lo dispuesto\n en el inciso tercero del Art. 225 del Código de Procedimiento\n Penal (se refiere al de 1983), en la citación efectuada\n a la defensora de oficio señora Karina Andrade. Aduce\n que, en la forma en que se ha efectuado la citación del\n auto de incoación, se ha atentado contra las garantías\n del debido proceso consagradas en el número 12 del Art.\n 24 de la Constitución Política, deficiencia que\n determinó que los encartados no hayan podido ejercer su\n derecho a la defensa, y que en esta forma se quebrantó\n lo dispuesto en el numeral 10 del citado Art. 24 de la Constitución\n Política en vigencia, precepto que también constaba\n en el literal d) del Art. 17 de la Constitución Política\n en vigor a la fecha de las mencionadas actuaciones procesales.-\n Concluye esta parte de su exposición sosteniendo que el\n incumplimiento de las formalidades legales en la citación\n ocasiono la nulidad procesal a partir de la citación con\n el auto cabeza de proceso.- Luego, ciñéndose a\n lo que es propiamente materia de recurso de casación,\n acusa que en la sentencia que impugna, los considerandos en los\n cuales se analiza la prueba testimonial e instrumental, no mantienen\n coherencia con la tipificación del delito y la pena impuesta,\n pues según su punto de vista, sus conclusiones nacen de\n ciertas apreciaciones subjetivas del Tribunal, que da por ciertos\n hechos y circunstancias que no han sido probados procesalmente,\n mientras que desecha o deja de valorar en su verdadera importancia\n y alcance, hechos que sí se encuentran demostrados en\n autos. Afirma que la tipificación del delito y la pena\n impuesta no se ajustan a disposiciones expresas del Código\n Penal y que "se ha omitido aplicar principios fundamentales\n como aquel relativo a que en caso de duda se interpretará\n en el sentido más favorable al reo "-De seguido transcribe\n parte de la declaración que rindió ante el Tribunal\n Penal juzgador, destaca luego parte de su versión de los\n hechos y trata de descalificar a los testigos de cargo, porque\n son referenciales, y porque son vecinos, compadres y deudores\n del fallecido y de su conviviente.- Concluye su manifiesto solicitando\n que se tenga en cuenta todo lo que ha manifestado y se lo compare\n con las pruebas y la sentencia recurrida. SEGUNDO.- Al contestar\n el traslado que se le corrió con la fundamentación\n del recurso, el señor Director General de Asesoría\n subrogante de la Ministra Fiscal General, expresa que: "...el\n hecho declarado en la sentencia con todas las circunstancias\n corresponde precisamente al tipo del delito aplicado por el Tribunal\n Penal, por lo que en mi opinión no encuentro que se haya\n violado la ley en el fallo impugnado. Consecuentemente, debe\n declararse improcedente el recurso de casación interpuesto\n por el encausado; tanto más cuanto que, las causas alegadas\n por el reo, fueron resueltas por la Tercera Sala de la Corte\n Superior de Loja, lo que no es en este caso la esencia del recurso,\n el mismo que por ser extraordinario y especial sólo permite\n examinar la sentencia para determinar si en ella se ha violado\n la ley por cualquiera de las formas previstas en el Art. 349\n del Código de Procedimiento Penal". TERCERO.- La\n casación tiene como objetó la sentencia definitiva\n que ha sido impugnada. Para la procedencia de este recurso, es\n imprescindible que se haga cita de los preceptos legales que\n se afirman han sido violados en el fallo, a parte de la determinación\n de las causas que se invoquen como fundamento, que no pueden\n ser otras que las establecidas en el Art. 373 del Código\n de Procedimiento Penal de 1983 (Art. 349 del Código de\n Procedimiento Penal actualmente en vigor), esto es, por contravenir\n expresamente al texto de la ley, o por haberse hecho una falsa\n aplicación de la norma, o por haberla interpretado erróneamente.-\n No es propio de la casación el examen total del proceso,\n ni efectuar nueva valoración de las pruebas actuadas,\n pues se trata de una impugnación que da margen a un juicio\n que comprende básicamente el examen de los errores in\n iudicando que la parte recurrente imputa a la sentencia de mérito.\n CUARTO.- En la especie sub examine, la única censura a\n la sentencia es aquella en la que el procesado Jumbo Zhamungui\n encuentra, según su entender, la falta de congruencia\n entre los considerandos en que se analiza la prueba, la tipificación\n de la infracción y la pena impuesta, pero sin que haga\n alguna precisión que apoye su crítica, pues con\n vaguedad únicamente se refiere a ciertos hechos y circunstancias\n que no han sido probados procesalmente, mientras que desecha\n o deja de valorar en verdadera importancia y alcance, hechos\n que si se encuentran demostrados".- Los demás señalamientos\n están referidos a omisión de ritualidades o violaciones\n adjetivas que, caso de ser demostradas, dan base a la formulación\n de recurso de nulidad, lo cual así fue entendido por el\n encausado, quien interpuso en su oportunidad recurso de nulidad\n que fue denegado por la Tercera Sala de la Corte Superior de\n Justicia de Loja (fs. 220 y vta.). QUINTO.-Analizada la sentencia\n expedida por el Tribunal Segundo de lo Penal de Loja, se encuentra\n que reúne los requisitos que exigen los Arts. 326 y 333\n del Código de Procedimiento Penal de 1983, aplicable al\n caso. En los considerandos segundo, tercero, cuarto y quinto,\n hacen un examen prolijo de los actos procesales con los cuales\n se ha comprobado, conforme a derecho, la existencia del delito\n objeto de investigación, así como de la prueba\n incriminatoria que ha permitido a los jueces integrantes del\n Tribunal formarse el convencimiento de la participación\n y consiguiente grado de responsabilidad del procesado. No autoriza\n recurrir en casación la desestimación de actos\n probatorios o de argumentaciones desarrolladas por la defensa,\n pues es facultad privativa del juzgador apreciar el caudal probatorio\n observando las reglas de la sana crítica, sin que pueda\n esta Sala de Casación juzgar el raciocinio con el cual\n el Tribunal Penal apreció la credibilidad de la prueba.\n Las alegaciones del recurrente no demuestran error de juicio\n en la sentencia definitiva, pues presentan solamente conceptos\n personales del recurrente que no menguan la fuerza jurídica\n del fallo impugnado. En fin, se observa que en la sentencia el\n análisis y valoración de la prueba de cargo y la\n de descargo mantiene un orden lógico con la norma utilizada,\n por lo cual no aparece error in iudicando que afecte la legalidad\n del fallo.- En estas consideraciones, que imponen acoger la opinión\n del Ministerio Público, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE\n DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se declara la improcedencia\n del recurso de casación planteado por el sentenciado de\n nombres José Miguel Jumbo Zhamungui. Devuélvase\n los autos al Tribunal Penal de origen. Notifíquese.

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Fdo.) Dres. Milton Moreno Aguirre, Magistrado - Presidente,\n Arturo J. Donoso Castellón, Magistrado y Jorge Andrade\n Lara, Conjuez Permanente.

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Certifico.- f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario\n Relator.

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Certifico que la copia que antecede es igual a su original.-\n Quito, 24 de abril de 2003.- f.) Secretario Relator.

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No. 50-03

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Juicio penal No. 223-01 seguido en contra\n de Miguel Enrique Campoverde Jara por estafa en perjuicio de\n Luis Humberto Valdez Calle.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SEGUNDA SALA DE LO PENAL

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Quito, enero 22 de 2003; las 17h00.

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VISTOS: El Primer Tribunal Penal del Azuay dicta sentencia\n absolutoria para Miguel Enrique Campoverde Jara respecto de esta\n sentencia interpone recurso de casación penal, tanto el\n acusador particular Luis Humberto Valdez Calle y el doctor Oscar\n Medardo Guillén, Fiscal Segundo lo Penal del Azuay, habiendo\n llegado el trámite para conocimiento de esta Segunda Sala\n de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, competente para\n resolver y para lo cual se considera: PRIMERO.- El Ministro Fiscal\n General subrogante (fs. 4 a 5 vta, del cuadernillo del recurso),\n fundamenta el recurso interpuesto por el Agente Fiscal del Azuay,\n manifiesta que el Tribunal juzgador ha violado las reglas de\n valoración de la prueba al desatender lo dispuesto en\n los Arts. 61, 64, 157, 326 y 333 del Código de Procedimiento\n Penal de 1983, aplicable al caso, puesto que en el considerando\n segundo del fallo recurrido sobre la existencia material del\n delito de estafa existen los requisitos de ese tipo penal mediante\n prueba válidamente actuada como son los testimonios respecto\n de la entrega de nueve mil novecientos cincuenta dólares\n por parte del acusador particular al procesado, debido a la oferta\n que este había hecho de obtener las visas legales, lo\n cual no era la primera vez que hacía, pues había\n llevado a Estados Unidos de América a otras seis personas,\n porque tenía un familiar que trabaja en el Consulado de\n ese país; estos hechos coinciden con el testimonio indagatorio\n en lo que tiene que ver con la recepción del dinero, pero\n dice la fundamentación fiscal, aduciendo de manera inverosímil\n que era para entregar a una señora determinada, de lo\n que no existe prueba en el proceso; añade que de todas\n las constancias procesales aparecen los elementos constitutivos\n de la estafa incluyendo el engaño o maquinación\n fraudulenta sin que se trate de un acto meramente civil ya que\n se indujo a error y se convenció al acusador particular\n para que entregara el dinero, y que la afirmación en la\n sentencia de que no hay perjuicio ni ánimo de lucro, ni\n enriquecimiento ilícito, resulta absurda y mendaz, por\n lo que se han configurado cada uno de los elementos tipificados\n en el Art. 563 del Código Penal, además de que\n el procesado es reincidente específico conforme aparece\n en la copia certificada de la sentencia dictada por el Tribunal\n Segundo de lo Penal del Azuay, el 16 de diciembre de 1999, para\n concluir solicitando que se enmiende la violación de la\n ley en la sentencia y se case la misma. SEGUNDO.- Por su parte\n el acusador particular (fs. 6 a 6 vta.), dice que se ha comprobado\n conforme a derecho la existencia del delito de estafa, porque\n el procesado abusó de la confianza y credibilidad para\n hacerse entregar el dinero y apropiarse en su beneficio personal,\n lo cual no es un asunto meramente civil por lo que considera\n que el Tribunal Penal del Azuay hizo una mala aplicación\n de los Arts. 61, 64, 157, 326 y 333 del Código de Procedimiento\n Penal aplicable, habiéndose cumplido con los elementos\n constitutivos del delito de estafa y solicita que se case la\n sentencia. TERCERO.- La Sala establece del examen del fallo recurrido\n que, como lo señalan tanto el Ministerio Público\n como el acusador particular, el Tribunal Penal del Azuay violó\n la ley faltando a la más elemental l&o

 

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