Registro Oficial. 19 de JUNIO del 2003

Jueves, 19 de junio de 2003

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE JUNIO DEL 2003
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Jueves, 19 de junio del 2003 - R. O. No. 107

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR
\n

\n\n

 

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

ACUERDOS:

\n\n

MINISTERIO\n DE ECONOMIA Y FINANZAS:

\n\n

174 Desígnase a la Subsecretaria\n Jurídica como unidad administrativa encargada de manejar\n los temas relativos a la Comisión de Coordinación\n Pública para los Derechos Humanos3

\n\n

MINISTERIOS\n DE RELACIONES EXTERIORES Y DE ECONOMIA Y FINANZAS:

\n\n

0001 Reglaméntase el pago\n de viáticos en el exterior para los funcionarios y empleados\n de organismos y dependencias del Estado, de instituciones públicas,\n así como de derecho privado con finalidad social o pública

\n\n

CONTRALORIA\n GENERAL:

\n\n

012\n CG Expídese\n el Manual General de Auditoría Gubernamental \n

\n\n

RESOLUCIONES:

\n\n

SUPERINTENDENCIA\n DE COMPAÑIAS:

\n\n

Q.IMV.03.004\n Autorízase\n a la Corporación Civil Bolsa de Valores de Quito, la utilización\n y funcionamiento del Sistema de Subasta Serializada e Interconectada\n denominado "Advanced Trader"

\n\n

FUNCION\n JUDICIAL

\n\n

CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA SALA ESPECIALIZADA DE LO FISCAL:

\n\n

Recursos de casación\n en los juicios seguidos por las siguientes personas e instituciones

\n\n

135-2000\n Empresa Eléctrica\n Manabí S.A. en contra de la Directoria General del Servicio\n de Rentas Internas.

\n\n

47-2002 Novopan del Ecuador S.A. en\n contra del Servicio de Rentas Internas11

\n\n

84-2002 Fábrica de Hilados y\n Tejidos del Ecuador en contra de la Directora General del Servicio\n de Rentas lnternas1

\n\n

92-2002\n Compañía\n Pinturas Cóndor SA. en contra del Procurador Fiscal de\n la autoridad

\n\n

98-2002 Frisonex Frison Importadora\n Exportadora Cía Ltda., en contra del Gerente General de\n la Corporación Aduanera Ecuatoriana.

\n\n

99-2002 Empresa Eléctrica Azogues\n SA. en contra de la I. Municipalidad de Azogues.

\n\n

103-2002 Compañía Operado\n a y Procesadora de Productos Marinos Omarsa, Sociedad Anónima\n en contra de la Directora General del Servicio de Rentas internas1

\n\n

SEGUNDA\n SALA DE LO PENAL:

\n\n

Recursos de casación\n en los juicios penales seguidos en contra de las siguientes personas:

\n\n

60-03 Alberto Amaguaña Maldonado\n por delito de abuso de confianza.

\n\n

62-03 Omar Enrique González\n Camacho por el delito tipificado en el Art. 64 de la Ley de Sustancias\n Estupefacientes y Psicotrópicas1

\n\n

67-03\n José\n Antonio Potosí Camuendo por el delito de plagio tipificado\n en el Art. 188 del Código Penal.

\n\n

68-03 Martha Cecilia Sánchez\n Sánchez por el delito tipificado en el Art. 64 de la Ley\n de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

\n\n

69-03\n Isaías\n Erasmo Ortiz Yépez por asesinato de Apolonio Nicolta Erazo.\n

\n\n

71-03 Jaime Omar Buenaño Valencia\n y otros por los delitos de falsificación de documento\n público, falsificación de cheque, asociación\n ilícita y tentativa de hurto \n

\n\n

72-03 Carlos Humberto Secaira Paredes\n por homicidio de Rocío Araceli Villacrés Haro

\n\n

73-03\n Enma Beatriz\n Morales Chicaiza por el delito tipificado en el Art. 64 de la\n Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. .

\n\n

75-03\n Jorge Miguel\n Pico Vaca por el delito tipificado y sancionado en los Arts.\n 187 y 450 del Código Penal en perjuicio de Agnelio de\n la Cruz Agualongo..

\n\n

ACUERDO\n DE CARTAGENA

\n\n

-\n Acta de Depósito del Instrumento de Ratificación del "Tratado\n constitutivo del Parlamento Andino modificatorio del Tratado\n Constitutivo de 1979" y del "Protocolo adicional al\n Tratado Constitutivo del Parlamento Andino sobre Elecciones Directas\n y Universales de sus Representantes" .

\n\n

RESOLUCION:

\n\n

725\n Recursos de\n reconsideración presentados por la República del\n Perú, la República de Colombia y la empresa colombiana\n COLCERAMICA S.A., contra la Resolución 690 de la Secretaría\n General.

\n\n

ORDENANZAS\n MUNICIPALES:

\n\n

-\n Gobierno Municipal del Cantón Putu-mayo: Para el servicio de agua potable

\n\n

-\n Cantón San Francisco de Puebloviejo: Que reglamenta la determinación,\n recaudación, administración y control del impuesto\n a los espectáculos públicos. \n

\n \n
\n

 

\n\n


\n No. 174

\n\n

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 3493 de 31 de diciembre\n de 2002 se creó la Comisión de Coordinación\n Pública para los Derechos Humanos;

\n\n

Que en el artículo 4 del mencionado decreto se establece\n que los miembros permanentes de la comisión estarán\n representados por delegados de los titulares de las carteras\n de Estado con rango de Viceministro y/o subsecretarios;

\n\n

Que el artículo 7 del decreto ejecutivo en mención\n dispone que los miembros permanentes de la Comisión de\n Coordinación Pública para los Derechos Humanos,\n adscribirán mediante acuerdo ministerial a una dependencia\n específica de su organigrama institucional el manejo del\n tema que le incumbe gestionar en el marco de dicha comisión;\n y,

\n\n

En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo\n 179, numeral 6 de la Constitución Política de la\n República,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Art. 1.- Designase a la Subsecretaría Jurídica\n del Ministerio de Economía y Finanzas como la unidad administrativa\n encargada de manejar los temas relativos a la Comisión\n de Coordinación Pública para los Derechos Humanos.

\n\n

Art. 2.- Designase a los siguientes funcionarios de la Subsecretaría\n Jurídica como delegados a los correspondientes grupos\n de trabajo:

\n\n

Dra. Mónica Narváez: Grupo "Formas de discriminación\n hacia la mujer".

\n\n

Dr. Jorge Bedoya: Grupo "Sobre derechos políticos\n y civiles.".

\n\n

Ab. Miguel García Falconí: Grupo "Sobre\n discriminación racial".

\n\n

Comuníquese. Quito, 4 de junio de 2003.

\n\n

f.) Mauricio Pozo Crespo, Ministro de Economía y Finanzas.

\n\n

Es copia. Certifico.

\n\n

f.) Julio César Moscoso S., Secretario General del\n Ministerio de Economía y Finanzas.

\n\n

 

\n\n

No. 0001

\n\n

LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES\n Y EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el artículo 41 de la Ley de Servicio Civil y Carrera\n Administrativa dispone que los viáticos por comisiones\n de servicio en el exterior serán determinados, mediante\n acuerdo conjunto, por los ministerios de Relaciones Exteriores\n y de Economía y Finanzas;

\n\n

Que mediante Acuerdo Interministerial No. 0001, publicado\n en el Registro Oficial No. 734 de 28 de abril de 1984 y sus reformas\n se reguló el pago de viáticos en el exterior para\n los funcionarios que viajen en comisión de servicios;

\n\n

Que la situación actual de los costos de vida en el\n exterior hace necesario revisar los valores básicos diarios\n y la escala de coeficientes establecidos en el acuerdo interministerial\n señalado en el considerando precedente; y

\n\n

En uso de las atribuciones que les confiere la ley,

\n\n

Acuerdan:

\n\n

ARTICULO PRIMERO.- Reglamentar el pago de viáticos\n en el exterior para los funcionarios y empleados de organismos\n y dependencias del Estado, de instituciones públicas,\n así como de derecho privado con finalidad social o pública,\n que deban cumplir alguna misión especial o transitoria,\n en comisión de servicios fuera de la sede permanente de\n sus cargos. El valor de los viáticos será el resultado\n de multiplicar el básico diario que se detalla a continuación,\n por los coeficientes que se mencionan en el artículo segundo:

\n\n

Funcionarios Valor básico diario dólares

\n\n

Presidente de la Corte Suprema de Justicia,
\n ministros de Estado, Contralor y Procurador
\n General del Estado, superintendentes de Bancos
\n y de Compañías y los que tuvieren similar
\n jerarquía. 250

\n\n

Subsecretarios de Estado y gerentes
\n generales. 238

\n\n

Gerentes y subgerentes, directores ejecutivos
\n nacionales y generales; y otros funcionarios con
\n sueldo básico mensual
\n igual o superior a US$ 210. 216

\n\n

Funcionarios comprendidos en las categorías y
\n remuneraciones establecidas por la escala
\n de sueldos básicos y otros regímenes especiales\n
\n del sector público:

\n\n

Sueldo básico mensual menor a US$ 210. 192

\n\n

ARTICULO SEGUNDO.- Para el cálculo de los viáticos\n diarios se aplicará la siguiente escala de coeficientes\n de acuerdo a los lugares a los que viajen en comisión\n de servicios los funcionarios y empleados:

\n\n

(Anexo 19JNT1;4)

\n\n

ARTICULO TERCERO.- Cuando la comisión de servicios\n en el exterior dure más de treinta días, el funcionario\n percibirá el 90% del básico establecido en el artículo\n primero, sobre el exceso de (30) treinta días.

\n\n

ARTICULO CUARTO.- Para la determinación del valor básico\n diario de los funcionarios o empleados cuyos sueldos no se ajusten\n a la escala mencionada en el artículo primero, se considerará\n el nivel inmediatamente superior del sueldo básico que\n presupuestariamente se haya asignado al funcionario.

\n\n

ARTICULO QUINTO.- Para el pago de los viáticos de los\n funcionarios, directores o asesores ad-honorem se establecerá\n el valor básico diario de US$ 200.oo (doscientos dólares)\n multiplicado por el coeficiente que corresponda, según\n el artículo segundo de este acuerdo.

\n\n

ARTICULO SEXTO.- El coeficiente establecido en el artículo\n segundo para el Ecuador, se aplicará exclusivamente para\n el pago de viáticos de los funcionarios ecuatorianos que\n teniendo residencia permanente en el exterior, vinieren al país\n llamados por el gobierno en comisión de servicios.

\n\n

ARTICULO SEPTIMO.- Cuando los funcionarios: Presidente de\n la Corte Suprema de Justicia, ministros de Estado, Contralor\n y Procurador General del Estado, superintendentes de Bancos y\n de Compañías y los que tuvieren similar jerarquía\n viajen al exterior presidiendo delegaciones que lleven la representación\n oficial del país, se les reconocerá un valor diario\n complementario al viático en concepto de gastos de representación\n hasta por el equivalente del 100% del viático diario y,\n para los viceministros y subsecretarios el 50% de los viáticos\n diarios correspondientes,. a petición del más alto\n funcionario de cada institución, lo cual deberá\n constar en el respectivo decreto ejecutivo, acuerdo o resolución,\n según sea el caso. El dictamen favorable para el pago\n de este rubro, lo emitirá el Ministro de Economía\n y Finanzas.

\n\n

ARTICULO OCTAVO.- Para el viaje de funcionarios al exterior\n que llevan la representación oficial del país es\n indispensable la promulgación del correspondiente decreto\n ejecutivo.

\n\n

ARTICULO NOVENO.- En otros casos, las comisiones de servicios\n se autorizarán por necesidades del servicio, mediante\n acuerdo emitido por el respectivo Ministro de Estado o resolución\n de la correspondiente. institución y previo informe favorable\n del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Presidencia\n de la República, salvo el caso de los miembros del Servicio\n Exterior y las Fuerzas Armadas que se rigen por leyes especiales.

\n\n

ARTICULO DECIMO.- El pago de viáticos se efectuará\n estrictamente por el número de días que debe durar\n la comisión y los días indispensables para la movilización\n de ida y retorno. Si ésta se prolongare, el Ministerio\n o institución cubrirá la diferencia, siempre y\n cuando existan los dictámenes legales pertinentes. Caso\n contrario, si la comisión se interrumpiere, el funcionario\n está obligado a reembolsar el sobrante de lo recibido,\n con sujeción a la escala establecida en los artículos\n anteriores de este acuerdo.

\n\n

ARTICULO UNDECIMO.- El presente acuerdo entrará en\n vigencia desde la fecha de su publicación en el Registro\n Oficial y se deroga el Acuerdo Interministerial No. 0001, publicado\n en el Registro Oficial No. 734 de 28 de abril de 1984, sus reformas\n y cualquier otra disposición que se le oponga.

\n\n

Comuníquese. Quito, a 2 de junio de 2003.

\n\n

f.) Nina Pacari Vega, Ministra de Relaciones Exteriores.

\n\n

f.) Econ. Mauricio Pozo Crespo, Ministro de Economía\n y Finanzas.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

N0 012\n CG

\n\n

EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO, SUBROGANTE

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el H. Congreso Nacional expidió la nueva Ley Orgánica\n de la Contraloría General del Estado, publicada en el\n Suplemento del Registro Oficial N0 595 de 12 de junio de 2002;

\n\n

Que el numeral 22 del artículo 31 de la Ley Orgánica\n de la Contraloría General del Estado, faculta al Organismo\n Técnico Superior de Control dictar regulaciones de carácter\n general para la práctica de la auditoria gubernamental;

\n\n

Que mediante Acuerdo No. 017-CG, promulgado en el Registro\n Oficial No. 41 de octubre 6 de 1992, se expidió el Manual\n General de Auditoría Gubernamental, estructurado sobre\n la base de las políticas y normas de auditoría\n emitidas en 1977;

\n\n

Que es necesario armonizar el contenido del Manual General\n de Auditoría Gubernamental, con las nuevas disposiciones\n de la Ley Orgánica de la Contraloría General del\n Estado y la normativa de auditoría emitida mediante Acuerdo\n N0 019-CG, publicada en la Edición Especial N0 6 del Registro\n Oficial de 10 de octubre de 2002, a fin de contar con un instrumento\n de trabajo que permita la práctica de la auditoría\n gubernamental con eficiencia y oportunidad; y,

\n\n

En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos\n 211 de la Constitución Política de la República;\n y, 31, numeral 22, y 95 de la Ley Orgánica de la Contraloría\n General del Estado,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Art. 1.- Expedir el Manual General de Auditoría Gubernamental,\n que regirá para las unidades de auditoria de la Contraloría\n General del Estado, unidades de auditoría interna de las\n entidades y organismos del sector público que se encuentran\n bajo el ámbito de competencia del Organismo Técnico\n Superior de Control y para las firmas privadas de auditoria contratadas.

\n\n

Art. 2.- Los directores de auditoria conjuntamente con la\n Asesoría General delegarán a los funcionarios respectivos,\n para que investiguen los nuevos pronunciamientos de la profesión,\n los que serán incorporados al presente manual previa a\n la autorización del Contralor General del Estado.

\n\n

Art. 3.- El Manual General de Auditoria Gubernamental, servirá\n de referencia y fundamento para la emisión de los manuales\n especializados de auditoria por parte de la Contraloría\n General del Estado y de los manuales específicos de auditoría\n interna por parte de las respectivas entidades.

\n\n

Los manuales de auditoria interna, para su vigencia deberán\n ser aprobados por la Contraloría General del Estado.

\n\n

Art. 4.- Derogar los acuerdos 017-CG y 028-CG de septiembre\n 23 de 1992 y junio 14 de 1994, publicados en los registros oficiales\n Nos. 41 y 469 de octubre 6 de 1992 y junio 24 de 1994, respectivamente,\n mediante los cuales se expidieron, en su orden, el Manual General\n de Auditoria Gubernamental, y la Guía de Supervisión.

\n\n

Art. 5.- El presente acuerdo entrará en vigencia a\n partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n a 6 junio de 2003.

\n\n

Comuníquese.

\n\n

f) Dr. Genaro Peña Ugalde, Contralor General del Estado\n subrogante.

\n\n

Dictó y firmó el acuerdo que antecede, el señor\n doctor don Gerardo Peña Ugalde, Controlador General del\n Estado subrogante, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito\n Metropolitano, a los seis días del mes de junio del año\n dos mil tres.

\n\n

Certifico.

\n\n

 

\n\n

f.) Dr. César Mejía Freire, Secretario General\n de la Contraloría (E).

\n\n

 

\n\n

No. Q.IMV.03.004

\n\n

Econ. Fabián Albuja Chaves
\n SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, la Corporación Civil Bolsa de Valores de Quito\n solicitó a esta Superintendencia la aprobación\n del Sistema de Subasta Serializada e Interconectada, desarrollado\n por esa corporación, denominado "Advanced Trader";

\n\n

Que, conforme lo previsto en el artículo 12 del Reglamento\n de Subasta Serializada e Interconectada para las Inversiones\n y Compraventa de Activos Financieros que realicen las entidades\n del sector público, esta Superintendencia de Compañías\n conjuntamente con los participes del mercado de valores ha realizado\n una serie de pruebas y simulacros a fin de verificar el eficiente\n funcionamiento del sistema, los cuales se realizaron a nivel\n nacional el 15 de noviembre de 2002 y 30 de enero de 2003;

\n\n

Que, el artículo 49 de la Ley de Mercado de Valores\n faculta a la Superintendencia de Compañías a autorizar\n otros mecanismos de negociación implementados por las\n bolsas de valores, alternativos a los previstos en dicho artículo;

\n\n

Que, el artículo 37 de la ley ibídem en concordancia\n con el artículo 7 del Reglamento para la Participación\n del Sector Público en el Mercado de Valores, dispone que\n las inversiones y compraventa de activos financieros que realicen\n directa o indirectamente las entidades y organismos del sector\n público, que excedan mensualmente el valor equivalente\n a un mil unidades de valor constante, deberán realizarse\n obligatoriamente a través de los sistemas de negociación\n bursátiles interconectados entre las bolsas de valores\n establecidas en el país; y,

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias,

\n\n

Resuelve:

\n\n

ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR a la Corporación Civil\n Bolsa de Valores de Quito, la utilización y funcionamiento\n del Sistema de Subasta Serializada e Interconectada, denominado\n "Advanced Trader". Sin perjuicio de la facultad de\n esta Superintendencia, de realizar el respectivo seguimiento\n mediante verificaciones técnicas de funcionamiento, acorde\n a las necesidades propias del mercado y su desarrollo.

\n\n

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que se notifique con el contenido\n de la presente resolución a las corporaciones civiles\n Bolsa de Valores de Quito y Bolsa de Valores de Guayaquil.

\n\n

DISPOSICION FINAL.- La presente resolución entrará\n en vigencia a partir de su publicación en el Registro\n Oficial.

\n\n

Comuníquese y publíquese.- Dada y firmada en\n la Superintendencia de Compañías en el Distrito\n Metropolitano de Quito, a 9 de junio de 2003.

\n\n

f.) Econ. Fabián Albuja Chaves.

\n\n

Es fiel copia del original.- Certifico.- Quito, junio 9 de\n 2003.

\n\n

f.) Dr. Víctor Cevallos Vásquez, Secretario\n General.

\n\n

 

\n\n

No. 135-2000

\n\n

JUICIO DE IMPUGNACION

\n\n

ACTORA: Empresa Eléctrica Manabí\n S.A.
\n DEMANDADA: Directora General del Servicio de Rentas Internas.

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SALA ESPECIALIZADA DE LO FISCAL

\n\n

Quito, 23 de abril de 2003; las 16h00.

\n\n

VISTOS: El abogado José Luis Loor Vivas, como procurador\n de la Directora General del Servicio de Rentas Internas, el 17\n de agosto de 2000 interpone recurso de casación de la\n sentencia dictada por la Sala Unica del Tribunal de lo Fiscal\n No. 4 con sede en Portoviejo en el juicio No. 21-2000 el 10 de\n agosto de 2000, juicio seguido por la Empresa Eléctrica\n Manabí S.A., en contra de la Directora General del Servicio\n de Rentas Internas. Concedido el recurso y corrido traslado con\n el mismo a la empresa actora el representante legal de la misma\n lo ha contestado. Pedidos los autos en relación, para\n resolver se considera: PRIMERO. - Esta Sala es competente para\n conocer y resolver el presente recurso con apego al Art. 1 de\n la Ley de Casación. SEGUNDO.- El recurrente funda su recurso\n en el artículo 2 y en la causal Ira, del Art. 3 de la\n Ley de Casación por aplicación indebida de normas\n de derecho, errónea interpretación de normas legales\n y falta de aplicación de disposiciones legales. Considera\n que las normas de derecho violadas son los artículos 46\n y 47 de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas,\n publicada en el Registro Oficial No. 181 de 30 de abril de 1999,\n que no han sido aplicados en la sentencia; el Art. 5 del Reglamento\n del impuesto al Patrimonio de las Sociedades que tampoco ha sido\n aplicado en el fallo junto al Art. 431 de la Ley de Compañías;\n los artículos 30 y 34 del Código Tributario y el\n Art. 118, numeral 6 de la Constitución Pública\n de República que han sido aplicados en forma indebida.\n Indica que en la demanda se ha dicho que la Empresa Eléctrica\n Manabí S.A., es una compañía privada de\n servicio público que goza de las exenciones generales\n de tributos establecida por el Art. 34 del Código Tributario.\n Que al contestar la demanda ha expresado que el Art. 44 de la\n Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas, norma tributaria\n especial posterior al Art. 34 del Código Tributario establece\n para 1999 el impuesto a las sociedades controladas por la Superintendencia\n de Compañías y que el Art. 47 de la ley primeramente\n indicada, establece que las exoneraciones y reducciones consagradas\n por leyes generales o especiales tributarias no serán\n aplicadas para ese impuesto del que están exentos únicamente\n las instituciones financieras del Estado señaladas en\n los reglamentos dentro de los que no encaja la Empresa Eléctrica\n Manabí S.A., que es una compañía anónima\n sujeta al control de la Superintendencia de Compañías.\n Que en la sentencia se ha aceptado la demanda de impugnación\n del requerimiento para el pago del impuesto al patrimonio de\n las empresas de 1999 según el Art. 34 del Código\n Tributario, a pesar de que esta norma exonera de impuestos pero\n no de tasas ni contribuciones especiales al Estado, sus instituciones\n y a las entidades de derecho privado con finalidad social o pública,\n exoneración que se ha interpretado mal porque al decir\n que sin perjuicio de lo que dispongan leyes especiales debe prevalecer\n la norma especial y no la del Art. 34 indicado porque los artículos\n 44, 45 y 47 de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas\n que crea el impuesto al patrimonio de las sociedades expresa\n cuáles son los sujetos exonerados. Indica que la sentencia\n ha violado el numeral 6 del Art. 118 de la Constitución\n Política de la República, ya que la sentencia recurrida\n ubica a la empresa actora entre las entidades del sector público\n lo que es garrafal, porque siempre fue empresa privada sometida\n al control de la Superintendencia de Compañías.\n Que el fallo recurrido inaplica disposiciones tributarias especiales\n y en particular el Art. 44 de la Ley para la Reforma de las Finanzas\n Públicas que indica que para 1999 son contribuyentes del\n impuesto del 1% al patrimonio de las sociedades las controladas\n por la Superintendencia de Compañías y que tampoco\n aplica el Art. 47 de esa misma ley que trata de las exoneraciones.\n Que el fallo interpreta erróneamente el Art. 2 del Código\n Tributario, por lo cual pide se case la sentencia y que se dicte\n la que en su lugar corresponda. Al contestar el traslado corrido,\n el ingeniero Eloy Virgilio Reyes Cárdenas, Gerente General\n de la Empresa Eléctrica Manabí S.A., expresa que\n nadie ni la sentencia recurrida niega la existencia de la Ley\n Especial para la Reforma de las Finanzas Públicas y que\n se reconoce que los artículos que invoca el recurrente\n como violadas están vigentes, por lo que hace una reproducción\n de los artículos 44 y 47; indica también que no\n se discute ni desconoce que la empresa de su representación,\n está controlada por la Superintendencia de Compañías,\n pero que en relación a lo dispuesto en el Art. 34 del\n Código Tributario la sentencia recurrida lo ha aplicado\n correctamente en el sentido de que la Empresa Eléctrica\n Manabí S.A., es de derecho privado con finalidad social\n y pública, por lo que goza de los beneficios de exoneración\n tributaria, por lo que al ser evidente que la empresa presta\n servicio público goza de los beneficios de exoneración\n tributaria, indica que la sentencia no ha violado ni ha dejado\n de aplicar ninguna de las normas que el recurrente señala.\n TERCERO.- De acuerdo a la forma en que se ha iniciado el juicio\n ante el Tribunal de instancia, el acto administrativo, que ha\n originado la controversia es un requerimiento para que la empresa\n actora pague el impuesto del 1% al patrimonio de las sociedades\n creado por el Art. 44 de la Ley para la Reforma de las Finanzas\n Públicas, publicada en el Registro Oficial No. 181 de\n 30 de abril de 1999. Necesario se hace por lo mismo establecer\n si ese acto administrativo que consta a fojas 21 del proceso\n formado ante el Tribunal de instancia, es una notificación\n por falta de declaración de impuestos, No. 13-642-000020\n de 4 de febrero de 2000, suscrita por el Director Regional del\n Servicio de Rentas Internas de Manabí. Según el\n texto del mismo, no se trata de un acto administrativo de determinación\n de obligaciones tributarias, sino solamente de un requerimiento\n para el pago de obligaciones que la Administración Tributaria\n Regional de Manabí ha estimado que la empresa a la que\n se dirige se halla en mora; tal requerimiento, no reúne\n los requisitos mínimos indispensables de un acto administrativo\n de determinación tributaria, en la forma en que se indica\n en los artículos 68, 81, 101, numeral 2 del Código\n Tributario y, en especial del Art. 24, numeral 13 de la Constitución\n Política de la República en vigencia desde el II\n de agosto de 1998; por no ser tal acto de determinación\n tributaria, no existe constancia de que se lo hubiera notificado\n en la forma exigida por el Art. 85 del Código Tributario\n para que pueda ser exigible. Establecido lo anterior, el Tribunal\n Distrital de lo Fiscal No. 4 con sede en Portoviejo debió\n pronunciarse en el sentido de si el requerimiento que ha sido\n impugnado reúne o no los requisitos de un acto de determinación\n tributaria, y puede producir efectos jurídicos, antes\n de pronunciarse sobre las cuestiones relacionadas a los artículos\n 44, 45 y 47 de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas\n o el Art. 34 del Código Tributario que son cuestiones\n que deben necesariamente vincularse con el acto de determinación\n tributaria que debe practicarse con arreglo a la ley por ser\n acto reglado. Por las consideraciones indicadas, la Sala de lo\n Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA\n EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara\n la nulidad de lo actuado ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal\n No. 4 con sede en Portoviejo. Notifíquese, publíquese\n y devuélvase.

\n\n

Fdo.) Dres. Alfredo Contreras Villavicencio, José Vicente\n Troya Jaramillo y Hernán Quevedo Terán (VS.), Ministros\n Jueces.

\n\n

Certifico. - f.) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario, Sala\n de lo Fiscal.

\n\n

VOTO SALVADO DEL SEÑOR DOCTOR HERNAN QUEVEDO TERAN,\n MINISTRO JUEZ DE LA SALA DE LO FISCAL.

\n\n

 

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SALA ESPECIALIZADA DE LO FISCAL

\n\n

Quito. 23 de abril de 2003; las 16h00.

\n\n

VISTOS: El abogado José Luis Loor Vivas, como procurador\n de la Directora General del Servicio de Rentas Internas, el 17\n de agosto de 2000 interpone recurso de casación de la\n sentencia dictada por la Sala Unica del Tribunal de lo Fiscal\n No. 4 con sede en Portoviejo en el juicio No. 2 1-2000 el 10\n de agosto de 2000, juicio seguido por la Empresa Eléctrica\n Manabí SA., en contra de la Directora General del Servicio\n de Rentas Internas. Concedido el recurso y corrido traslado con\n el mismo a la empresa actora el representante legal de la misma\n lo ha contestado. Pedidos los autos en relación, pera\n resolver se considera: PRIMERO. - Esta Sala es competente para\n conocer y resolver el presente recurso con apego al Art. 1 de\n la Lev de Casación. SEGUNDO.- El recurrente funda su recurso\n en el artículo 2 y en la causal 1ra. del Art. 3 de la\n Ley de Casación por aplicación indebida de normas\n de derecho, errónea interpretación de normas legales\n y falta de aplicación de disposiciones legales. Considera\n que las normas de derecho violadas son los artículos 46\n y 47 de la Lev para la Reforma de las Finanzas Públicas,\n publicada en el Registro Oficial No. 181 de 30 de abril de 1999,\n que no han sido aplicadas en la sentencia; el Art. 5 del Reglamento\n del Impuesto al Patrimonio de las Sociedades que tampoco ha sido\n aplicado en el fallo junto al Art. 431 de la Ley de Compañías\n los artículos 30 y 34 del Código Tributario y el\n Art. 118, numeral 6 de la Constitución Política\n de la República que han sido aplicados en forma indebida.\n Indica que en la demanda se ha dicho que la Empresa Eléctrica\n Manabí S.A., es una compañía privada de\n servicio público que goza de as exenciones generales de\n tributos establecida por el Art. 34 del Código Tributario.\n Que al contestar la demanda expresado que el Art. 44 de la Ley\n para la Reforma de las Finanzas Públicas, norma tributaria\n especial posterior al Art. 31 del Código Tributario establece\n para 1999 el impuesto a las sociedades controladas por la Superintendencia\n de Compañías y que el Art. 47 de la ley primeramente\n indicada, establece que las exoneraciones y reducciones consagradas\n por leyes generales o especiales, tributarias no serán\n aplicadas para ese impuesto del que están exentos únicamente\n las instituciones financieras del Estado, señaladas en\n los reglamentos dentro de los que no encaja la Empresa Eléctrica\n Manabí S.A., que es una compañía anónima\n sujeta al control de la Superintendencia de Compañías.\n Que en la sentencia se ha aceptado la demanda de impugnación\n del requerimiento para el pago del impuesto al patrimonio de\n las empresas de 1999, según el Art. 34 del Código\n Tributario, a pesar de que esta norma exonera de impuestos pero\n no de tasas ni contribuciones especiales al Estado, sus instituciones\n y a las entidades de derecho privado con finalidad social o pública,\n exoneración que se ha interpretado mal porque al decir\n que sin perjuicio de lo que dispongan leyes especiales debe prevalecer\n la norma especial y no la del Art. 34 indicado porque los artículos\n 44, 45 y 47 de la Ley para la Reforma de la Finanzas Públicas\n que crea el impuesto al patrimonio de las sociedades expresa\n cuáles son los sujetos exonerados. Indica que la sentencia\n ha violado el numeral 6 del Art. 118 de la Constitución\n Política de la República, ya que la sentencia recurrida\n ubica a la empresa actora entre las entidades del sector público\n lo que es garrafal, porque siempre fue empresa privada sometida\n al control de la Superintendencia de Compañías.\n Que el fallo recurrido inaplica disposiciones tributarias especiales\n y en especial el Art. 44 de la Ley para la Reforma de las Finanzas\n Públicas que indica que para 1999 son contribuyentes del\n impuesto del 1% al patrimonio de las sociedades las controladas\n por la Superintendencia de Compañías y que tampoco\n aplica el Art. 47 de esa misma ley que trata de las exoneraciones.\n Que el fallo interpreta erróneamente el Art. 2 del Código\n Tributario por lo cual pide se case la sentencia y que se dicte\n la que en su lugar corresponda. Al contestar el traslado corrido,\n el ingeniero Eloy Virgilio Reyes Cárdenas, Gerente General\n de la Empresa Eléctrica Manabí SA., expresa que\n nadie ni la sentencia recurrida niega la existencia de la Ley\n Especial para la Reforma de las Finanzas Públicas y que\n se reconoce que los artículos que invoca el recurrente\n como violadas están vigentes, por lo que hace una reproducción\n de los artículos 44 y 47; indica también que no\n se discute ni desconoce que la empresa de su representación\n está controlada por la Superintendencia de Compañías,\n pero que en relación a lo dispuesto en el Art. 34 del\n Código Tributario la sentencia recurrida lo ha aplicado\n correctamente en el sentido de que la Empresa Eléctrica\n Manabí SA., es de derecho privado con finalidad social\n y pública, por lo que goza de los beneficios de exoneración\n tributaria, por lo que al ser evidente que la empresa presta\n servicio público goza de los beneficios de exoneración\n tributaria. Indica que la sentencia no ha violado ni ha dejado\n de aplicar ninguna de las normas que el recurrente señala.\n TERCERO.- De acuerdo a la forma en que se ha iniciado el juicio\n ante el Tribunal de instancia, el acto administrativo que ha\n originado la controversia es un requerimiento para que la empresa\n actora pague el impuesto del 1% al patrimonio de las sociedades\n creado por el Art. 44 de la Ley para la Reforma de las Finanzas\n Públicas, publicada en el Registro Oficial No. 181 de\n 30 de abril de 1999. Necesario se hace por lo mismo establecer\n si ese acto administrativo que consta a fojas 21 del proceso\n formado ante el Tribunal de instancia, es una notificación\n por falta de declaración de impuestos, No. 13-642-000020\n de 4 de febrero de 2000, suscrita por el Director Regional del\n Servicio de Rentas Internas de Manabí. Según el\n texto del mismo, no se trata de un acto administrativo de determinación\n de obligaciones tributarias, sino solamente de un requerimiento\n para el pago de obligaciones que la Administración Tributaria\n Regional de Manabí ha estimado que la empresa a la que\n se dirige se halla en mora; tal requerimiento no reúne\n los requisitos mínimos indispensables de un acto administrativo\n de determinación tributaria, la forma en que se indica\n en los artículos 68, 81, 101, numeral 2 del Código\n Tributario y, en especial del Art. 24, numeral 13 de la Constitución\n Política de la República en vigencia desde el II\n de agosto de 1998; por no ser tal acto de determinación\n tributaria, no existe constancia de que se lo hubiera notificado\n en la forma exigida por el Art. 85 del Código Tributario\n para que pueda ser exigible. Establecido lo anterior, el Tribunal\n Distrital de lo Fiscal No. 4 con sede en Portoviejo debió\n pronunciarse en el sentido de si el requerimiento que ha sido\n impugnado reúne o no los requisitos de un acto de determinación\n tributaria; y puede producir efectos jurídicos, antes\n de pronunciarse sobre las cuestiones relacionadas a los artículos\n 44, 45 y 47 de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas\n o el Art. 34 del Código Tributario que son cuestiones\n que deben necesariamente vincularse con el acto de determinación\n tributaria que debe practicarse con arreglo a la ley por ser\n acto reglado. CUARTO.- En adición a lo expuesto es pertinente\n considerar el hecho de que a fojas 184 del segundo cuerpo, consta\n la certificación otorgada por el Contralor General de\n la Empresa Eléctrica Manabí S.A., con la conformación\n de su capital, que está compuesto por: El Consejo Provincial\n de Manabí, INECEL, Municipio de Bolívar, Municipio\n de Chone, Municipio de Jipijapa, Municipio de Junín, Municipio\n de Manta, Municipio de Santa Ana y Municipio de Sucre, es decir\n que todo el aporte accionario es de entidades correspondientes\n al sector público, por lo cual estaría comprendida\n la empresa dentro de lo establecido por el artículo 118\n de la actual Constitución Política, artículo\n que guarda estricta correlación por lo dispuesto por el\n quinto numeral del artículo 383 de la Ley Orgánica\n de Administración Financiera y Control, entonces vigente.\n Debido a ello, el artículo 34 del Código Tributario\n trata de las exenciones generales argumentando "sin perjuicio\n de lo que dispongan leyes especiales" y en el numeral segundo\n se refiere a este tipo de entidades, además, el segundo\n párrafo del siguiente artículo del mismo código,\n esto es el 35, puntualiza aún más el hecho de la\n exención, guardando estricta relación con el artículo\n 31 del código ya tratado, cuyo título es "Previsión\n en Ley". La autoridad tributaria en él proceso, respecto\n de que no corre la exención del 34 ya citado, manifiesta\n que para el ejercicio económico de 1999, existía\n ley especial, olvidándose que a partir del 10 de agosto\n de 1998 en la Constitución Política vigente, ya\n no existen leyes especiales, en el artículo 142 se dice:\n "las leyes serán orgánicas y ordinarias".\n Si la única posibilidad de no aplicarse en su integridad\n el aludido artículo 34 del Código Tributario, era\n el que se oponga alguna ley especial y sin, ya existir leyes\n especiales en nuestro ordenamiento jurídico, su aplicabilidad\n resulta obligatoria. Por las consideraciones expuestas, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n se acepta el recurso de casación propuesto, se declara,\n expresamente, que el acto administrativo impugnado y que ha originado\n la controversia, es una notificación por falta de declaración\n de impuesto, pero no se trata de un acto administrativo de determinación\n de obligación tributaria, debido a lo cual, con ese documento\n no pudo calificarse la demanda. Pese a ello tómese, necesariamente,\n en cuenta lo expuesto en el considerando cuarto. Notifíquese,\n devuélvase y publíquese.

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Fdo) Dres. Alfredo Contreras Villavicencio, José Vicente\n Troya Jaramillo y Hernán Quevedo Terán, Ministros\n Jueces.

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Certifico.

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f.) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario, Sala de lo Fiscal.

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No. 47-2002

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JUICIO DE PAGO INDEBIDO

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ACTOR: Arq. Andrés Chiriboga,\n representante legal de Novopan del Ecuador SA.

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DEMANDADO: Servicio de Rentas Internas.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SALA ESPECIALIZADA DE LO FISCAL

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Quito, 5 de mayo de 2003; las 16h30.

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VISTOS: La Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal\n No. 1, con sede en la ciudad de Quito, el 10 de mayo de 2002,\n expide sentencia, rechazando la demanda de pago indebido, propuesta\n por el arquitecto Andrés Chiriboga, representante legal\n de "NOVOPAN DEL ECUADOR SA." en contra del Servicio\n de Rentas Internas. Frente a ello, el representante legal de\n Novopan, interpone recurso de casación, el mismo que es\n calificado por el Tribunal juzgador, situación que produce\n que suba a conocimiento de esta Sala Especializada de lo Fiscal\n de la Corte Suprema de Justicia, en donde se le ha dado el trámite\n de ley y habiéndose concluido con su sustanciación\n se ha dictado la providencia de autos en relación, por\n lo que es su estado el de resolver, para lo cual se considera:\n PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer y resolver el\n presente recurso, de conformidad con lo que dispone el artículo\n 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO.- El recurrente funda\n su recurso en la causal primera del artículo 3. de la\n Ley de Casación y estima infringidas las siguientes normas:\n los artículos 235, numeral 2, inciso segundo; 235, numeral\n 2; y, 324, inciso 3 del Código Tributario; el artículo\n 107 de la Ley de Impuesto a la Renta, reformado por el artículo\n 49 de la Ley de Control Tributario y Financiero; el artículo\n 82 de la misma Ley de Impuesto a la Renta reformado por el artículo\n 44 de la Ley de Control Tributario y Financiero; y, el segundo\n artículo innumerado, inciso 2 del artículo 56 de\n la Ley de Control Tributario y Financiero. TERCERO.- El asunto\n a dilucidarse es si el crédito tributario producido por\n el pago del impuesto a la renta con anticipos y retenciones en\n la fuente, satisfechos en el ejercicio económico del año\n 1989, es o no un pago indebido. Para ello es necesario remitirse\n al artículo 323 del Código Tributario que define\n lo que debe entenderse por pago indebido, en su texto dice: "Concepto.\n Se considerará pago indebido, el que se realice por un\n tributo no establecido legalmente o del que haya exención\n por mandato legal; el efectuado sin que haya nacido la respectiva\n obligación tributaria, conforme a los supuestos que configuran\n el respectivo hecho generador; o el que resulte excesivo, en\n relación a la justa medida de la obligación que\n corresponda satisface..". El impuesto a la renta está\n legalmente establecido, la Empresa Novopan, por su condición\n de persona jurídica, está obligada a cumplir con\n el pago anual de este impuesto, por lo que la obligación\n existe; es en la última posibilidad en la que se puede\n presentar la condición de si es o no un pago indebido.\n CUARTO.- La Segunda Sala en la parte considerativa de la sentencia\n manifiesta que "nadie puede distinguir lo que la ley no\n distingue, pues de haber querido el legislador excluir un hecho\n de la norma legal, así lo hubiera hecho expresamente y\n si no aparecen en ella no es lícito suponerlos.".\n El recurrente, en su petición, cae en una contradicción,\n ya que asegura que el pago era debido por tratarse del cumplimiento\n de la obligación del impuesto a la renta, que a la época,\n se lo hacia con anticipos y con retenciones en la fuente, pero\n solicitan, mediante acción de pago indebido, la devolución\n de S/. 2'224.709 con una nota de crédito, más los\n intereses de ley, considerado como crédito tributario.\n QUINTO.- No se puede alegar que era indebido; cuando se reconoce\n que fue un pago debido, en cuanto al crédito tributario\n puede beneficiar al sujeto pasivo, pero no es objeto de devolución;\n Novopan es una persona jurídica que no ha dejado de existir,\n por lo tanto, el crédito tributario que se formó\n en el año 1989, la podía hacer uso en el ejercicio\n de 1990. SEXTO.- Las normas legales señaladas como infringidas,\n esto es el inciso 2 del artículo 82.de la Ley del Impuesto\n a la Renta, sustituido por el artículo 44 de la Ley de\n Control Tributario y Financiero; el literal b) del artículo\n 107 de la Ley de Impuesto a la Renta, reformado por el artículo\n 49 de la Ley de Control Tributario y Financiero del inciso 2\n del segundo artículo innumerado del artículo 56\n del mismo cuerpo legal, no ha lugar por cuanto no se discute\n que exista crédito tributario y las normas en referencia\n aluden al crédito. El numeral 2, inciso 2 del artículo\n 235 del Código Tributario se refiere a la competencia\n que tiene el Tribunal Distrital de lo Fiscal para conocer una\n de la acciones directas que le sean propuestas, punto que tampoco\n se discute; el artículo 325 del mismo código habla\n sobre el reclamo administrativo de pago indebido y cuenta con\n dos numerales y el dos que es el citado por el recurrente nada\n tiene que ver con la esencia del caso que nos ocupa. Finalmente,\n el artículo 324, inciso segundo, es el que se confiere\n a la prescripción para presentar la acción de pago\n indebido, no el inciso tercero que señala el recurrente.\n En la especie, el crédito tributario producido por el\n pago del impuesto a la renta en el ejercicio del año de\n 1989 podía hacer uso en el ejercicio siguiente, pero como\n el representante legal de Novopan presenta la acción de\n pago indebido el 16 de diciembre de 1994, reclamando la devolución\n del crédito tributario que se forma del pago del impuesto\n a la renta del ejercicio de 1989 y que en la demanda, primera\n y segunda línea de la foja 6 del primer cuerpo, se lee:\n "por no haber sido compensado en la declaración de\n renta de Novopan por 1989", este sí prescribe, ya\n que la acción de pago indebido prescribe en el plazo de\n tres años, contados desde la fecha de pago. Por las consideraciones\n expuestas, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y\n POR AUTORIDAD DE LA LEY, se rechaza el recurso de casación\n planteado. Notifíquese, devuélvase y publíquese.

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Fdo.) Dres. Alfredo Contreras Villavicencio, José Vicente\n Troya Jaramillo y Hernán Quevedo Terán, Ministros\n Jueces.

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Certifico.

\n\n

f.) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario, Sala de lo Fiscal.

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No. 84-2002

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JUICIO DE IMPUGNACION

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ACTOR: Gerente General y representante\n legal de Fábrica de Hilados y Tejidos del Ecuador.

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DEMANDADA: Directora General del Servicio\n de Rentas Internas.

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n SALA ESPECIALIZADA DE LO FISCAL

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Quito, 23 de abril de 2003; las 09h00.

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VISTOS: La Directora General del Servicio de Rentas Internas\n el 5 de julio de 2002 ratifico el escrito de casación\n propuesto por la doctora Ana María Luna Dueñas,\n en contra de la sentencia expedida el 21 de junio del propio\n año por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal\n No. 1, dentro del juicio de impugnación 17981-1738 propuesto\n por el Gerente General y representante legal de Fábrica\n de Hilados y Tejidos del Ecuador. Concedido el recurso lo ha\n contestado la empresa el 23 de septiembre de 2002 y habiéndose\n pedido los autos para resolver se considera: PRIMERO.- Esta Sala\n es competente para conocer el recurso en conformidad al Art.\n 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO.- La administración\n fundamenta el recurso en la causal 1ª del Art. 3 de la Ley\n de Casación y alega que al expedirse la sentencia recurrida\n se han incumplido los artículos 82, inciso segundo del\n 95, 273 y 277 del Código Tributario. Sustenta que en la\n sentencia impugnada se ha interpretado indebidamente el inciso\n segundo del Art. 95 del Código Tributario, pues, habiéndose\n concluido el proceso fiscalizatorio y habiéndose interrumpido\n oportunamente la caducidad, mal cabe que se sostenga que dicho\n proceso se ha suspendido por más de quince días\n y que al propósito se tomen en cuenta los días\n decurridos desde la mencionada terminación de la fiscalización\n hasta la notificación de las actas respectivas; que tal\n forma de aplicar dicho inciso ha afectado particularmente al\n impuesto a las transacciones mercantiles por el lapso que va\n desde el 1 de enero de 1985 hasta el 31 de agosto de 1987 que\n los actos de determinación efectuados por la administración\n y las posteriores resoluciones emitidas por ella, gozan de las\n presunciones de legitimidad y ejecutoriedad que no han sido desvirtuadas\n por la empresa, que la actora no ha cumplido con su obligación\n de probar ante la negativa de los fundamentos que propuso en\n su contestación la demandada, que no es verdad que la\n empresa haya quedado en indefensión, que la Segunda Sala,\n si consideraba necesario bien podía haber dispuesto la\n práctica de pruebas de oficio y no lo hizo. La empresa,\n de su parte, en el mencionado escrito de contestación\n de 23 de septiembre de 2002, solícita rechazar el recurso\n y sustenta que la doctora Ana María Luna Dueñas,\n ha interpuesto el recurso sin haber intervenido en la fase administrativa\n habiendo con posterioridad a esa interposición legitimado\n su intervención; que en la sentencia no se ha infringido\n el inciso segundo del Art. 95 del Código Tributario y\n que se debe diferenciar, según lo ha hecho la jurisprudencia,\n entre la terminación del proceso fiscalizatorio y su culminación;\n que si bien los actos administrativos, gozan de las presunciones\n de legitimidad y ejecutoriedad es admisible evacuar pruebas con\n las que se desvanezcan esas presunciones de hecho; que la sentencia\n no ha infringido el Art. 273 del Código Tributario, y\n que para la Segunda Sala era facultativo ejercitar la facultad\n de disponer la práctica de pruebas en forma oficiosa en\n conformidad al Art. 277 del Código Tributario. TERCERO.-\n La intervención de la Directora General del Servicio de\n Rentas Internas se encuentra fuera de discusión co

 

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