Registro Oficial. 16 de JUNIO del 2003

Lunes, 16 de junio de 2003

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE JUNIO DEL 2003
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Lunes, 16 de junio del 2003 - R. O. No. 104

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR
\n
FUNCION\n LEGISLATIVA

\n\n

EXTRACTO:

\n\n

24-088 Proyecto de Ley que establece\n la tarifa estudiantil en los transportes y espectáculos\n públicos

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

DECRETOS:

\n\n

477 Autorizase al Ministro del\n Ambiente para que proceda a vender y suscribir la correspondiente\n escritura pública en el precio establecido por la DINAC,\n del inmueble de su propiedad ubicado en el sector Parque Zonal\n Luis A. Marín de la parroquia de Conocoto del cantón\n Quito

\n\n

479\n Crease la\n Corporación "Central Unitaria de Comerciantes Minoristas\n y Trabajadores Autónomos del Ecuador"

\n\n

482 Refórmase el Decreto Ejecutivo\n Nº 1666, publicado en el Registro Oficial Nº 370 de\n 17 de julio de 2001

\n\n

483\n Declárase\n el estado de emergencia en todo el territorio nacional, y establécese\n el estado de máxima alerta epidémica contra el\n Síndrome Agudo Respiratorio Severo ­ SARS

\n\n

487 Constitúyese la Dirección\n Nacional de Servicios Educativos - DINSE, como Unidad Ejecutora\n del Ministerio de Educación y Cultura

\n\n

ACUERDO:

\n\n

MINISTERIO\n DE DESARROLLO
\n URBANO Y VIVIENDA:

\n\n

0153 Ratificase la plena vigencia del Reglamento\n Operativo y Orgánico Funcional de la Unidad Coordinadora\n del Programa de Apoyo al Sector Vivienda

\n\n

RESOLUCION:

\n\n

SERVICIO\n ECUATORIANO DE
\n SANIDAD AGROPECUARIA - SESA:

\n\n

014 Suspéndese la importación\n de animales de especies susceptibles como la bovina, ungulados\n exóticos, caprina, ovina, felina y animales de zoológico,\n productos y subproductos de origen pecuario y cualquier otro\n tipo de material de riesgo procedentes de la República\n del Canadá

\n\n

FUNCION\n JUDICIAL

\n\n

CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO PENAL:

\n\n

Recursos de casación\n en los juicios penales seguidos en contra de las siguientes personas:

\n\n

07-03 Jacinto Ramón Barre\n Cuadros por hurto

\n\n

08-03 Economista Danilo Mora Astudillo\n por lesiones

\n\n

11-03 Blanca Lastenia Caragulla por injurias\n en perjuicio de María Moreta Gallegos

\n\n

16-03 Diego Ignacio Valdivieso Paltán\n por robo en perjuicio de José Cruz

\n\n

18-03 Juan Eliceo Montesdeoca Plaza por el delito\n de peculado en perjuicio del Banco Nacional de Fomento

\n\n

46-03 Elber Nicanor Barre Santos por tentativa\n de asesinato en perjuicio de Alfredo Eduardo Harmsen González\n de Riego

\n\n

47-03 Tito José Becerra Ponce por el\n delito de estafa por giro de cheque en cuenta cerrada

\n\n

49-03 Elisa Angélica López Enríquez\n y otros por lesiones en perjuicio de Mariana Imbaquingo

\n\n

50-03 Alfredo Estrada Lombeida por lesiones\n en perjuicio de Martha Tualombo Huilca

\n\n

ORDENANZAS\n MUNICIPALES:

\n\n

- Cantón Guayaquil: Para la instalación de\n rótulos publicitarios

\n\n

- Cantón La Libertad: Sustitutiva de arrendamiento\n y enajenación de terrenos de propiedad municipal

\n\n

AVISOS\n JUDICIALES

\n\n

- Juicio de expropiación seguido por la M. I. Municipalidad\n de Guayaquil en contra de los herederos desconocidos o presuntos\n de Coronado Hernández Adelaida y otros (1ra. publicación)

\n\n

- Juicio de expropiación seguido por el I. Municipio\n del Distrito Metropolitano de Quito en contra de Luis René\n Paccha Agurto y otra (1ra publicación)

\n\n

- Juicio de expropiación seguido por el Concejo Cantonal\n de Manta en contra de Mercedes Margarita Anchundia López\n (1ra. publicación)

\n\n

- Muerte presunta del señor Domingo Benigno\n Ortega Pulla (2da. publicación)

\n\n

- Juicio de expropiación seguido por el Municipio de\n Chone en contra de María de los Angeles Solórzano\n Barberán viuda de Delgado y otros (2da. publicación)

\n\n

- Juicio de expropiación seguido por el Gobierno Municipal\n del Cantón Chone en contra de Flor María Rivera\n Solórzano y otros (3ra. publicación)

\n\n

- Muerte presunta de César Benjamín\n Berzosa Cárdenas (3ra. publicación)
\n \n

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\n\n

CONGRESO NACIONAL

\n\n

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
\n ART. 150 DE LA CONSTITUCION POLITICA

\n\n

NOMBRE: "QUE\n ESTABLECE LA TARIFA ESTUDIANTIL EN LOS TRANSPORTES Y ESPECTACULOS\n PUBLICOS".

\n\n

CODIGO: 24-088.

\n\n

AUSPICIO: H.\n H. XAVIER CAJILEMA, LUIS VILLACIS.

\n\n

COMISION: DE\n EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES.

\n\n

FECHA DE
\n INGRESO:
27-05-2003.

\n\n

FECHA DE ENVIO
\n A COMISION:
30-05-2003.

\n\n

 

\n\n

FUNDAMENTOS:

\n\n

Solo a través de la educación los países\n podrán aléjense del subdesarrollo y marginamiento,\n por lo que constituye tarea de vital importancia de una nación\n la de canalizar todo el esfuerzo posible a favor de la educación,\n de tal manera que pueda llegar como un recurso permanente y de\n calidad a todos los estratos y actores sociales.

\n\n

OBJETIVOS BASICOS:

\n\n

De cara a esta realidad y conscientes de la obligación\n que tiene el Estado de definir y ejecutar políticas, planes\n y programas que apoyen a la familia en el cumplimiento de su\n responsabilidad social, es necesario aprobar una ley que norme,\n de manera permanente y obligatoria, el costo del transporte estudiantil\n y de los espectáculos públicos.

\n\n

CRITERIOS:

\n\n

La elevación de los costos de los servicios como el\n transporte público, provoca un gran impacto y profundizan\n las dificultades económicas de los padres de familia,\n al extremo de determinar procesos de deserción escolar\n como parte del deterioro de la calidad de vida.

\n\n

f.) Dr. Jhon Argudo Pesántez, Prosecretario General\n del Congreso Nacional.

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No 477

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Iván Saltos Salgado, Carlos Espinosa Larreátegui,\n Geovanny Landeta Guerra, Segundo Ronquillo, Rosa Alicia Vega,\n miembros de la Directiva de la Asociación de Empleados\n del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres\n y otros funcionarios de esa entidad, fundamentados en los artículos\n 95 de la Constitución Política de la República\n y 46 y siguientes de la Ley del Control Constitucional interponen\n acción de amparo constitucional contra los señores\n Ministro de Economía y Finanzas, y Ministro de Gobierno\n y Policía. Designan procurador común al señor\n Iván Saltos Salgado.

\n\n

Señalan que en forma regular vienen percibiendo un\n estimulo pecuniario denominado "bonificación trimestral",\n la misma que ha sufrido una disminución sustancial por\n una errónea interpretación en el modo de calcular\n y liquidar ese beneficio y por lo tanto se les está pagando\n en cantidades menores a las debidas. Manifiestan que el beneficio\n fue creado mediante resolución del Consejo Nacional de\n Tránsito y Transporte Terrestres y generalizado por decreto\n ejecutivo por el señor Presidente de la República\n en los términos anteriormente consignados y fue creado\n a su favor por cuanto en "varias Instituciones del Sector\n Público han reconocido a favor de sus servidores bonificaciones\n trimestrales de carácter pecuniario" y por que "se\n debe garantizar los principios de igualdad y generalidad previstos\n en la Constitución de la República y en la Ley\n de Remuneraciones", como establecen los considerandos primero\n y segundo del decreto ejecutivo que establece el beneficio reclamado.\n Añaden que este bono trimestral se les cancela los meses\n de marzo, junio, septiembre y diciembre y debe ser calculado\n en base a la fórmula contenida tanto en la resolución\n que lo crea como en el decreto ejecutivo que lo ratifica, es\n decir, considerando el promedio de todos los ingresos obtenidos\n por los comparecientes en el trimestre y dividido para tres,

\n\n

Tomando en cuenta "todos los rubros que integran el valor\n mensual de nuestras remuneraciones, únicamente con la\n excepción de los viáticos y la propia bonificación".

\n\n

 

\n\n

NORTE.- Predios del Ministerio del Ambiente
\n SUR.- Predios del Ministerio del Ambiente
\n ESTE.- Zanja que separa de la hacienda Armenia y otros terrenos.
\n OESTE.- Predios del Ministerio del Ambiente.

\n\n

Art. 2.- El Ministro del Ambiente previo al ejercicio\n de la presente autorización, deberá cumplir con\n todos los presupuestos establecidos en las normas del Reglamento\n General de Bienes del Sector Público, y contará\n de acuerdo a la cuantía de la venta, con los correspondientes\n informes previos de la Contraloría y Procuraduría\n General del Estado.

\n\n

Art. 3.- De la ejecución del presente decreto\n ejecutivo que entrará en vigencia a partir de su publicación\n en el Registro Oficial, encárguese al Ministro del Ambiente.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 9 de junio de 2003.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

f.) Edgar Isch López, Ministro del Ambiente.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Patricio Acosta Jara, Secretario General de la Administración\n Pública.

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Nº 479

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el Art. 23, numeral 19 de la Constitución Política\n de la República señala que el Estado reconocerá\n y garantizará a las personas la libertad de asociación\n y de reunión con fines pacíficos;

\n\n

Que el Art. 584 del Código Civil establece que no son\n personas jurídicas las fundaciones o corporaciones que\n no se hayan establecido en virtud de una ley, o que no hayan\n sido aprobadas por el Presidente de la República;

\n\n

Que el Art. 2 del Reglamento para la Aprobación, Control\n y Extinción de las Personas Jurídicas de Derecho\n Privado con Finalidad Social y sin Fines de Lucro, que se constituyan\n al amparo de lo dispuesto en el Título XXIX del Libro\n 1 del Código Civil, establece que la integración\n de los organismos de integración nacional denominados\n confederaciones se constituirán como corporaciones;

\n\n

Que el Presidente de la Central Unitaria de Comerciantes Minoristas\n y Trabajadores Autónomos del Ecuador CUCOMITAE, ha solicitado\n se reconozca a dicha organización como persona jurídica\n de derecho privado; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que la confiere el Art. 584\n del Código Civil,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1.- Créase la Corporación Central\n Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores autónomos\n del Ecuador, la cual se constituye como persona jurídica\n de derecho privado con finalidad social, sujeta a las disposiciones\n del Título XXIX del Libro Primero del Código Civil,\n a su estatuto y demás normas legales vigentes.

\n\n

Art. 2.- El estatuto de la referida corporación,\n deberá ser aprobado por el Ministerio de Trabajo y Recursos\n Humanos, de conformidad con la delegación constante en\n el Art. 11 letra k) del Estatuto del Régimen Jurídico\n y Administrativo de la Función Ejecutiva.

\n\n

Art. Final.- De la ejecución del presente decreto\n que entrará en vigencia a partir de su publicación\n en el Registro Oficial, encárguese al Ministro de Trabajo\n y Recursos Humanos.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 9 de junio de 2003.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Patricio Acosta Jara, Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

 

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No 482

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el Consejo Nacional de Competitividad fue creado mediante\n Decreto Ejecutivo No. 1666, publicado en el Registro Oficial\n No. 370 de 17 de julio de 2001, reformado mediante Decreto Ejecutivo\n No. 2258, publicado en el Registro Oficial No. 506 de 31 de enero\n de 2002; y, Decreto Ejecutivo No. 200, publicado en el Registro\n Oficial No. 40 de 14 de marzo de 2003;

\n\n

Que la Agenda Nacional de Competitividad, fue declarada política\n prioritaria del Estado mediante Decreto Ejecutivo No. 2048 de\n 31 de octubre de 2001, publicado en el Registro Oficial No. 503\n de 28 de enero de 2002;

\n\n

Que es necesaria la participación y concertación\n de todos los actores involucrados con el desarrollo productivo\n de los sectores empresarial, productivo, académico y gubernamental;

\n\n

Que el Consejo Nacional de Competitividad constituye el espacio\n adecuado para fomentar la integración de los sectores\n más representativos de los diferentes sectores del país\n en un ambiente de unidad y diversidad; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo\n 171, numeral 9) de la Constitución Política de\n la República; y, el artículo 11, literal h) del\n Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo\n de la Función Ejecutiva,

\n\n

Decreta:

\n\n

Las siguientes reformas al Decreto Ejecutivo No. 1666, publicado\n en el Registro Oficial No. 370 de 17 de julio de 2001.

\n\n

Art. 1.- Suprímase el literal 1) del artículo\n 1 por el siguiente:

\n\n

"f.) Siete representantes del Consejo Consultivo";\n y, al final del mismo artículo 1 agréguese los\n siguientes literales:

\n\n

i) El Ministro de Energía y Minas o su delegado permanente;

\n\n

j) El Ministro de Educación y Cultura o su delegado\n permanente;

\n\n

k) El Secretario de la Producción o su delegado permanente;

\n\n

l) El Secretario de Diálogo Social y Planificación\n de la Presidencia de la República o su delegado permanente;\n y,

\n\n

m) Un representante de los trabajadores.

\n\n

Art. 2.- Suprímase el artículo 4 por\n el siguiente:

\n\n

"Art. 4.- El Consejo Nacional de Competitividad se reunirá\n previa convocatoria, por parte de su Presidente, con un mínimo\n de 10 miembros, de los cuales por lo menos seis serán\n los que tienen derecho a voto, y sus decisiones se tomarán\n por mayoría de votos".

\n\n

Art. 3.- Los miembros que por efecto de este decreto\n y que se detallan en el Art. 1, pasan a formar parte del Consejo\n Nacional de Competitividad, tendrán derecho a participar\n en las sesiones del mismo con voz pero sin voto.

\n\n

Artículo Final.- De la ejecución del\n presente decreto, que entrará en vigencia a partir de\n su publicación en el Registro Oficial encárguese\n a los ministros de Economía y Finanzas y de Comercio Exterior,\n Industrialización, Pesca y Competitividad.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 9 de junio de 2003.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Patricio Acosta Jara, Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

 

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No 483

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que desde el 15 de marzo de 2003, a nivel mundial se declara\n la alerta epidemiológica para enfrentar el riesgo de epidemia\n mundial a causa del Síndrome Agudo Respiratorio Severo\n SARS;

\n\n

Que el Ministerio de Salud Pública del Ecuador desde\n el 25 de marzo de 2003 desarrolla acciones de carácter\n antiepidémico enfocándose en los principales accesos\n aéreos, marítimos y terrestres;

\n\n

Que hasta el 12 de mayo de 2003 se han investigado un total\n de 11 personas, de las cuales 5 son de nacionalidad ecuatoriana\n con resultados negativos para SARS;

\n\n

Que es conocido que el principal riesgo de transmisión\n de esta enfermedad ocurre ante la presencia de personas enfermas\n o contactos de SARS provenientes de países en donde se\n ha reportado la enfermedad;

\n\n

Que este riesgo aumenta en espacios cerrados y en presencia\n de aglomeraciones humanas;

\n\n

Que es alta la frecuencia de viajeros hacia Ecuador desde\n ciudades y países donde se han reportado enfermos de SARS,\n involucrando alrededor de 1.600 personas viajeras al día;

\n\n

Que a pesar de los esfuerzos de educación, prevención,\n medidas de detección oportunas en aeronaves, éstas\n resultan insuficientes;

\n\n

Que el principal objetivo de las acciones antiepidémicas\n contra el SARS es reducir el riesgo de diseminación del\n virus en el Ecuador;

\n\n

Que es deber del Estado prevenir el riesgo de ingreso de personas\n afectadas por la enfermedad a fin de evitar la diseminación\n del SARS, proporcionando los recursos económicos que permitan\n una acción inmediata a fin de controlar este riesgo; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos\n 180 y 181 de la Constitución Política de la República,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1.- Declárase el estado de emergencia,\n en todo el territorio nacional, y establécese el estado\n de máxima alerta epidémica contra el Síndrome\n Agudo Respiratorio Severo - SARS.

\n\n

Art. 2.- Establecer la obligatoriedad del cumplimiento\n de la notificación oportuna de personas con síntomas\n de tos por parte de las autoridades de las aeronaves que ingresan\n a territorio ecuatoriano. Dicha notificación se realizará\n al menos 40 minutos antes de su arribo a cualquiera de nuestros\n aeropuertos. Esta obligatoriedad está amparada en el artículo\n 64 del Código de la Salud y por las normas y métodos\n recomendados internacionales para facilitación Anexo 9\n al Convenio sobre aviación civil internacional décima\n edición, abril 1997, Organización de Aviación\n Civil Internacional Capítulo 6 acápite, ítem\n 6.53.

\n\n

Art. 3.- Disponer que en el caso de los puertos marítimos\n se garanticen las facilidades de comunicación oportuna\n desde los navíos, reportando cualquier persona con enfermedad\n respiratoria o sus síntomas y a las autoridades de puestos\n fronterizos terrestres a facilitar la detención de personas\n enfermas.

\n\n

Art. 4.- Disponer que el Ministerio de Economía\n y Finanzas establezca la disponibilidad presupuestaria para el\n cumplimiento de los fines de este decreto sin afectar el presupuesto\n del Ministerio de Salud Pública.

\n\n

Art. 5.- De la ejecución de este decreto que\n entrará en vigencia desde la presente fecha, sin perjuicio\n de su publicación en el Registro Oficial, encárguese\n al Ministro de Salud Pública que coordinará las\n acciones requeridas.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 9 de junio de 2003.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

f.) Francisco Andino Rodríguez, Ministro de Salud Pública.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Patricio Acosta Jara, Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

 

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\n\n

No 487

\n\n

Lucio Gutiérrez Borbúa
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 66, publicado en el Registro\n Oficial No. 11 de 30 de enero de 2003, se creó la Secretaria\n Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación,\n como organismo rector del depone, educación física\n y recreación, ejerciendo las atribuciones sobre la materia,\n previstas en la Ley de Educación Física, Deportes\n y Recreación;

\n\n

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 495, publicado en el\n Registro Oficial No. 181 de 30 de abril de 1999, se creó\n la Dirección Nacional de Servicios Educativos, DINSE,\n para que se encargue de administrar al personal, funciones y\n atribuciones correspondientes al nivel operativo de las entidades\n suprimidas por el Decreto Ejecutivo No. 683, publicado en el\n Suplemento del Registro Oficial No. 149 de 16 de marzo de 1999;

\n\n

Que con Acuerdo Ministerial No. 4851 de 26 de diciembre de\n 2001, se deroga el Acuerdo Ministerial No. 495, publicado en\n el Registro Oficial No. 181 de 30 de abril de 1999, y se determina\n que la Dirección Nacional de Servicios Educativos-DINSE,\n como dependencia directa del Despacho Ministerial, asuma bajo\n su responsabilidad de manera permanente y desconcentrada varios\n programas de esa Cartera de Estado;

\n\n

Que el Gobierno Nacional se encuentra empeñado en la\n rehabilitación de los locales escolares que se encuentran\n deteriorados y la construcción de nuevos locales, para\n este efecto considera necesario otorgar a la Dirección\n Nacional de Servicios Educativos-DINSE de una estructura más\n dinámica y efectiva para el logro de sus fines;

\n\n

Que por la creación de la Secretaria Nacional del Deporte,\n Educación Física y Recreación, es necesario\n definir las atribuciones, derechos, obligaciones y patrimonio\n de la Dirección Nacional de Servicios Educativos-DINSE;\n y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el número\n 9 del Art. 171 de la Constitución Política de la\n República, el Art. 17 de la Ley de Modernización\n del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios\n por Parte de la Iniciativa Privada; y, el Art. 11 letras g) y\n h) del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo\n de la. Función Ejecutiva,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1.- Constitúyese a la Dirección\n Nacional de Servicios Educativos-DINSE, como Unidad Ejecutora\n del Ministerio de Educación y Cultura, con régimen\n administrativo y financiero propios, y sometido al control de\n la Contraloría General del Estado en cuanto a los recursos\n públicos; con sede en la ciudad de Quito, dirigida por\n el Director Nacional de Servicios Educativos, nombrado por la\n Ministra de Educación y Cultura.

\n\n

Art. 2.- La Dirección Nacional de Servicios\n Educativos (DINSE) se encargará de la planificación,\n adecuación, reparación, mantenimiento y equipamiento\n de los locales escolares a nivel nacional; así como del\n Programa de Almacenes y Libros, por lo tanto será responsable\n de la fabricación, contratación y comercialización\n de cuadernos, textos y ediciones de material educativo, para\n lo cual, podrá hacerlo de manera directa o a través\n de proveedores previamente calificados.

\n\n

Art. 3.- Los programas a cargo de la DINSE, serán\n financiados con recursos que provendrán del Presupuesto\n General del Estado, de la autogestión, de donaciones y\n de convenios nacionales e internacionales; y, otros que por disposiciones\n legales se le asigne.

\n\n

Art. 4.- El Director Nacional de Servicios Educativos,\n es el responsable de los recursos humanos y financieros de esta\n unidad y, designará al personal técnico, profesional\n y administrativo necesario para su funcionamiento, de acuerdo\n con la normatividad legal vigente.

\n\n

Art. 5.- Deróganse todas las normas sobre la\n materia de igual o menor jerarquía, expedidas con anterioridad.

\n\n

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

\n\n

PRIMERA.- El Director Nacional de Servicios Educativos, en\n el plazo de treinta días, someterá a consideración\n y aprobación de la Ministra de Educación y Cultura\n el Reglamento Orgánico Estructural y Funcional de la Dirección\n Nacional de Servicios Educativos-DINSE,

\n\n

SEGUNDA.- Los ministerios de Economía y Finanzas\n y de Educación y Cultura coordinarán los correspondientes\n movimientos presupuestarios que permitan la aplicación\n de este decreto.

\n\n

TERCERA.- Para que la Dirección Nacional de\n Servicios Educativos-DINSE, pueda cumplir a cabalidad sus funciones,\n hasta que se transfieran los recursos presupuestarios asignados\n a ésta, el Ministerio de Educación y Cultura continuará\n otorgando a través de sus unidades Administrativa y Financiera,\n todas las facilidades y fondos necesarios para el pago de salarios,\n remuneraciones, viáticos, suministros, personal adicional\n necesario, etc.

\n\n

ARTICULO FINAL.- El presente decreto entrará\n en vigencia a partir de su publicación en el Registro\n Oficial, y de su ejecución encárguense los ministros\n de Economía y Finanzas y de Educación y Cultura.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 9 de junio de 2003.

\n\n

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional\n de la República.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Patricio Acosta Jara, Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

 

\n\n

No. 0153

\n\n

Ermel Fiallo Grunaguer
\n MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
\n Y VIVIENDA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el Gobierno Ecuatoriano, por intermedio del Ministerio\n de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVI, es el ejecutor del Programa\n de Apoyo al Sector Vivienda II, para cuyo efecto se cuenta con\n el financiamiento parcial del Banco Interamericano de Desarrollo,\n BID, formalizado en el contrato de préstamo No. 1416 OC/FC\n suscrito entre la República del Ecuador y el BID el 16\n de diciembre de 2002;

\n\n

Que el MIDUVI en cumplimiento de las condiciones de elegibilidad\n del contrato de préstamo antes citado, aprobó y\n dispone del Reglamento Operativo del Programa de Apoyo al Sector\n Vivienda, en el que consta la estructura orgánica y funcional\n de la Unidad Coordinadora del Programa, UCP;

\n\n

Que para asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas\n del programa y del contrato de préstamo, así como\n la fluidez de la nueva operación de crédito con\n el BID, es necesario precisar y ratificar las funciones, facultades,\n autorizaciones, atribuciones y competencias de la Unidad Coordinadora\n del Programa y del Coordinador General;

\n\n

Que de conformidad con el artículo 179 de la Constitución\n Política de la República del Ecuador, a los ministros\n de Estado, les corresponde expedir las normas, acuerdos y resoluciones\n que requieran la gestión ministerial;

\n\n

Que, de conformidad con el artículo 18 del Estatuto\n del Régimen Jurídico Administrativo de la Función\n Ejecutiva, los ministros de Estado tienen competencia para el\n despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin\n necesidad de autorización alguna del Presidente de la\n República, salvo los casos expresamente señalados\n en una ley especial; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones legales,

\n\n

Acuerda:

\n\n

PRIMERO.- Ratificar la plena vigencia del Reglamento\n Operativo y Orgánico Funcional de la Unidad Coordinadora\n del Programa de Apoyo al Sector Vivienda, aprobado por el MIDUVI,\n puesto en conocimiento del BID, como requisito previo al primer\n desembolso.

\n\n

SEGUNDO.- La Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo\n al Sector Vivienda, UCP-SI V-MIDUVI, de conformidad con el reglamento\n operativo vigente, es una dependencia del despacho ministerial\n y actúa por autoridad delegada del Ministro de Desarrollo\n Urbano y Vivienda, en el Nivel Ejecutivo de la estructura orgánica\n de la institución.

\n\n

TERCERO.- La Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo\n al Sector Vivienda, UCP-SIV-MIDUVI tiene todas las facultades\n para emitir las normas de interpretación, instructivos\n o informes relacionados a los procesos operativos del Sistema\n de Incentivos para Vivienda, así como en los casos de\n duda respecto de la aplicación e interpretación\n de las normas relacionadas con el programa, los cuales serán\n puestos en conocimiento de las direcciones provinciales del MIDUVI\n y se aplicarán con carácter obligatorio a efecto\n de lo cual la Subsecretaria de Vivienda, ejecutará las\n acciones de difusión y control. En consecuencia, corresponderá\n al Coordinador General del Programa de Apoyo al Sector Vivienda,\n adoptar las decisiones pertinentes, observando las normas legales\n vigentes y precautelando en todo momento los altos intereses\n nacionales e institucionales.

\n\n

CUARTO.- Designar al Coordinador General del Programa,\n como representante del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda,\n organismo ejecutor del Programa de Apoyo al Sector Vivienda,\n en los actos relacionados con la ejecución del contrato\n de préstamo suscrito entre el Gobierno de la República\n del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo, conlleva\n las siguientes facultades y atribuciones:

\n\n

1. Realizar los procesos de selección, calificación\n y negociación en las contrataciones de las consultorías\n previstas en la ejecución del programa, conforme a las\n normas y procedimientos previstos en el contrato de préstamo.

\n\n

2. Realizar el seguimiento, supervisión, evaluación\n y aprobación de informes y autorizaciones de pago en los\n contratos que se requieran para cabal ejecución del programa.

\n\n

3. Suscribir contratos de consultoría, ejecución\n de obras adquisiciones de bienes y prestación de servicios\n hasta los montos facultados para el nivel de subsecretarios ministeriales,\n observando los procedimientos y condiciones del contrato de crédito\n y de la legislación ecuatoriana.

\n\n

4. Participar válidamente y sin necesidad de convalidación\n posterior en las gestiones, trámites, pedidos y actuaciones\n que se deban ejecutar ante el BID con ocasión de la ejecución\n del programa.

\n\n

QUINTO.- La delegación del señor Coordinador\n General de la Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo al Sector\n Vivienda (UCP), le asigna el rango, jerarquía y tratamiento\n de Subsecretario, con todas las atribuciones y facultades necesarias\n para la adecuada operación del programa, inclusive la\n de ordenador de gasto del Programa de Apoyo al Sector Vivienda\n II; y, en consecuencia los niveles asesor, de apoyo y operativo\n dentro de la estructura orgánica del Ministerio de Desarrollo\n Urbano y Vivienda, prestarán toda la colaboración\n y apoyo que desde la Coordinación General del Programa\n se requiera.

\n\n

SEXTO.- El Coordinador General de la UCP-SIV-MIDUVI,\n tendrá la facultad y atribuciones suficientes para, según\n el caso y siempre que se presenten los justificativos necesarios,\n autorizar la ampliación de plazos de vigencia de bonos\n o la sustitución de garantías, emitiendo la resolución\n correspondiente.

\n\n

El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de\n la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en\n el Registro Oficial.

\n\n

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 4 de junio de\n 2003.

\n\n

f.) Ermel Fiallo Grunaguer, Ministro de Desarrollo Urbano\n y Vivienda.

\n\n

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.- Certifico que\n este documento es fiel copia del original.- f.) Secretaria General.-\n Fecha: 9 de junio de 2003.

\n\n

 

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No 014

\n\n

EL DIRECTOR DEL SERVICIO ECUATORIANO\n DE SANIDAD AGROPECUARIA - SESA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que al Noroeste de Edmonton, provincia de Alberta, República\n del Canadá se ha confirmado la presencia de un caso de\n Encefalopatía Espongiforme Bovina -EEB (BSE);

\n\n

Que algunos productos de origen pecuario originarios de la\n República de Canadá incluso animales en pie son\n utilizados en Ecuador para la fabricación de alimentos\n o para progenie;

\n\n

Que es mandato legal controlar y reforzar las medidas de prevención\n sanitaria, con la finalidad de evitar la introducción\n de enfermedades exóticas al país; y,

\n\n

Que en cumplimiento a las atribuciones que le concede el literal\n d) del artículo 11 del título 8 "Del Servicio\n Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria - SESA", Libro III "Texto\n Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de\n Agricultura y Ganadería", publicado en el Registro\n Oficial, "Edición Especial Nº 1" del 20\n de marzo de 2003,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1.- Suspender la importación de animales de especies\n susceptibles como la bovina, ungulados exóticos, caprina,\n ovina, felina y animales de zoológico, productos y subproductos\n de origen pecuario y cualquier otro tipo de material de riesgo\n procedentes de la República del Canadá, hasta que\n las autoridades sanitarias del mencionado país en concordancia\n con las normas de la OlE, hayan dispuesto levantar las medidas\n sanitarias y cuarentenarias impuestas.

\n\n

Art. 2.- Prohibir la desaduanización de animales de\n especies susceptibles como la bovina, ungulados exóticos,\n caprina, ovina, felina y animales de zoológico, productos\n y subproductos de origen pecuario y cualquier otro tipo de material\n de riesgo, procedentes de Canadá.

\n\n

Art. 3.- Comunicar a la Aduana, Ejército y Policía\n Nacional, a fin de tener el respaldo de la fuerza pública\n para el cumplimiento de la presente resolución.

\n\n

Art. 4.- Esta resolución entrará en vigencia\n a partir de la fecha de emisión, sin prejuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en Quito, 27 de mayo de 2003.

\n\n

Comuníquese.

\n\n

f.) Dr. Estuardo Villagómez Q., Director Ejecutivo\n del SESA.

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No. 07-03

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO PENAL

\n\n

Quito, 17 de enero de 2003; las 10h00.

\n\n

VISTOS: Con arreglo a los preceptos del Código de Procedimiento\n Penal de 1983 relativos a casación, Jacinto Ramón\n Barre Cuadros impugna la sentencia del Cuarto Tribunal Penal\n de Manabí que lo condena a tres años de prisión\n como autor reincidente del delito de hurto tipificado por el\n artículo 547 y sancionado con el artículo 548 en\n armonía con los artículos 77 y 80 numeral séptimo\n del Código Penal. El trámite del reclamo ha concluido\n y para sentencia la Sala considera: PRIMERO.- Que tiene competencia\n para resolver el recurso según lo dispuesto en los artículos\n 200 de la Constitución Política, 60 de la Ley Orgánica\n de la Función Judicial; y, 373 del Código de Procedimiento\n Penal. SEGUNDO.- El recurso ha sido tramitado conforme a la Constitución\n y la ley, sin omisión de requisito o solemnidad que afecte\n a su validez. TERCERO.- En escrito de folios dos del presente\n cuaderno el sentenciado Barre Cuadros, expresa que "no se\n ha comprobado el cuerpo del delito, ni el delito en la forma\n como establecen los artículos 88, 157, 215 y 326 del Código\n de Procedimiento Penal, por no haberse justificado la existencia\n de la cosa supuestamente sustraída y el lugar donde estuvo\n al momento de la sustracción. Que sin prueba alguna del\n delito es ilógico que se hable de responsabilidad".\n El recurso por tanto, se contrae a la valoración de estas\n normas por su aplicación falsa para el caso y por interpretación\n errónea de su texto, según la fundamentación\n que formula el procesado. CUARTO.- Habiendo sustentado su recurso\n en audiencia ante este Tribunal de Casación, Barre Cuadros\n expone que desiste de su impugnación estando el proceso\n para dictamen fiscal opuesto al recurso por estimar que la sentencia\n "es el resultado de la evaluación total de la prueba\n y el análisis jurídico aplicado al caso".\n QUINTO.- El examen de la sentencia en relación con los\n autos y el acta de la audiencia de juzgamiento dejan en claro\n de manera incontrastable, que la resolución impugnada\n guarda conformidad con la ley. En el considerando segundo del\n fallo condenatorio, el juzgador refiriéndose a la denunciante\n Baltazar Victoria Intriago Alcívar, consigna el soporte\n probatorio de la materialidad de la infracción; y, en\n el considerando quinto, el Tribunal Penal concreta mediante valoración\n en sana crítica de orden lógico y congruente con\n los autos y antecedentes penales del recurrente, su responsabilidad\n en esta causa. En consecuencia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE\n DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, la Sala de conformidad\n con el artículo 382 el Código de Procedimiento\n Penal estima improcedente el recurso de casación interpuesto,\n lo declara así y ordena devolver el proceso al Tribunal\n Penal de origen para lo efectos de ley.- Notifíquese y\n cúmplase.

\n\n

Fdo.) Dres. Gonzalo Zambrano Palacios, Magistrado -Presidente,\n Eduardo Brito Mieles y Carlos Riofrío Corral, Magistrados.

\n\n

Certifico.- f.) Secretario Relator.

\n\n

Corte Suprema de Justicia.- La Sala de lo Penal.- Es fiel\n copia de su original. Quito, a 29 de abril de 2003.-Certifico.-\n f.) Secretario Relator.

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No. 08-03

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE CASACION PENAL

\n\n

Quito, 8 de enero de 2003; las 14h30.

\n\n

VISTOS: El economista Danilo Mora Astudillo interpone recurso\n de casación de la sentencia condenatoria dictada en su\n contra por el Primer Tribunal Penal de El Oro, que le impuso\n la pena de ocho días de prisión correccional, más\n el pago de daños y perjuicios, por el cometimiento del\n delito de lesiones tipificado en el inciso primero del artículo\n 466 del Código Penal. Habiendo concluido el trámite\n del recurso, que se radicó por sorteo en esta Sala, para\n sentencia se considera: PRIMERO.- Esta Sala tiene jurisdicción\n y competencia para decidir la impugnación por lo dispuesto\n en el artículo 200 de la Constitución Política,\n artículo 349 del Código de Procedimiento Penal\n y artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función\n Judicial. SEGUNDO.- El trámite es válido por sustanciado\n el recurso conforme al rito procesal pertinente sin omisión\n de solemnidad alguna. TERCERO.- El recurrente fundamenta su recurso\n alegando que la sentencia no se halla de acuerdo con los méritos\n del proceso ni con la ley, pues se ha desestimado las declaraciones\n de los testigos presentados por el procesado y en su lugar se\n han aceptado los testimonios de personas que fueron presionados\n para que rindan declaraciones parcializadas, que hubo influencia\n directa de un Ministro Juez de la Corte de Machala y que el acusador\n se encontraba en total estado de embriaguez cuando se cayó\n y lesionó cuando el acusado se encontraba en forma pacífica\n y tranquila conversando con su padre, momentos en que intervino\n un hermano del procesado según reconocimiento del acusador\n particular hecho en la audiencia de juzgamiento. CUARTO.- El\n artículo 377 del Código de Procedimiento Penal\n de 1983, aplicable en este enjuiciamiento, exige como requisito\n formal de la fundamentación del recurso la exposición\n precisa de los hechos que, según la sentencia, son constitutivos\n del delito, así como la cita de la ley violada y los fundamentos\n jurídicos en que se basa el recurso. En el caso sub júdice\n el recurrente incumple aquellos requisitos y ni siquiera menciona\n cuál es la norma jurídica violada, limitándose\n a impugnar el fallo por presuntas influencias sobre los testigos\n y sobre los vocales del Tribunal Penal, lo que lleva implícita\n la solicitud de que se revalorice la prueba ya analizada por\n el Tribunal de la sentencia, lo cual no procede en casación,\n salvo cuando el Tribunal Penal hubiere violado en el análisis\n de la prueba el artículo 64 del Código de Procedimiento\n Penal, por haberse apartado de las reglas de la sana crítica\n en la valoración de las mismas, lo que no ocurre en el\n presente caso.- RESOLUCION: Por lo expuesto, sin siquiera existir\n la enunciación de la norma jurídica violada por\n el juzgador en la sentencia, esta Primera Sala de Casación\n Penal, estimando improcedente el recurso deducido por el economista\n Danilo Mora Astudillo, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA\n REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, así lo declara y\n ordena devolver el proceso al Tribunal Penal de origen para los\n fines de ley. Notifíquese.

\n\n

Fdo.) Dres. Carlos Xavier Riofrío Corral, Magistrado\n - Presidente, Eduardo Brito Mieles y Gonzalo Zambrano Palacios,\n Magistrados.

\n\n

Certifico.- f.) Secretario Relator.

\n\n

Corte Suprema de Justicia.- 18 Sala de lo Penal.- Es fiel\n copia de su original.- Quito, a 29 de abril de 2003.-Certifico.-\n f.) Secretario Relator.

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No. 11-03

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\n PRIMERA SALA DE LO PENAL

\n\n

Quito, 22 de enero de 2003; las 11h00.

\n\n

VISTOS: María Piedad Moreta Gallegos, comparece ante\n el Juez de lo Penal de Ibarra y señala que, el día\n viernes 5 de enero del año 2001, a eso de la 11h30 de\n la mañana, encontrándose en la carretera Panamericana\n en el sector que queda junto a la calle General Enríquez,\n que conduce a la parroquia Andrade Marín, del cantón\n Antonio Ante, de la provincia de Imbabura, apareció Lastenia\n Caragulla y en forma alevosa y a traición sin que le diera\n motivo alguno, trató de agredirla con arma blanca, y al\n no alcanzar su propósito, le injurió con los términos\n insultantes que aparecen de la querella; por lo que, enjuició\n penalmente a su ofensora acusándola de haber cometido\n el delito, previsto y sancionado en el artículo 489 del\n Código Penal, en concordancia con el artículo 491\n de la misma ley. Concluido el juicio, el Juez Quinto de lo Penal\n de Imbabura, considerando que la acusadora particular había\n comprobado los hechos señalados en su primer escrito,\n en sentencia de 15 de junio de 2001 notificada a las partes en\n la misma fecha, declaró a Blanca Lastenia Caragulla autora\n del delito tipificado en el artículo 490, numeral primero\n y sancionado por el artículo 495 del Código Penal,\n imponiéndole la pena de tres meses de prisión correccional\n y el pago de daños y perjuicios. Blanca Lastenia Caragulla\n interpuso el 18 de junio de 2001 el recurso de apelación\n en el plazo legal y Maria Piedad Moreta, el mismo recurso de\n manera extemporánea, el día 20 de los mismos mes\n y año, y sin embargo, el Juez de la causa, ilegalmente,\n en providencia de 21 de aquel mes, admite también el recurso\n de Maria Piedad Moreta, para quien quedó ejecutoriado\n aquel fallo, habiéndose radicado el proceso ante la Segunda\n Sala de la Corte Superior de Ibarra, que absolvió a Blanca\n Lastenia Caragulla, desechando la acusación particular\n por no haber demostrado conforme a derecho la existencia del\n delito imputado, pero declarando que no existe en ella malicia\n ni temeridad. De este fallo la querellante interpuso recurso\n de casación y el sorteo de ley ha radicado la causa ante\n esta Sala, que para decidir consigna las reflexiones siguientes:\n PRIMERA.- Este Tribunal dispone por lo que mandan la Constitución\n Política de la República, el Código de Procedimiento\n Penal y la Resolución 89-98-lS expedida por el Tribunal\n Constitucional, de facultades suficientes para resolver la impugnación.\n SEGUNDA.- Esta causa ha sido sustanciada de conformidad con la\n ley y no existe causa alguna de nulidad que declarar. TERCERA.-\n La Corte Superior analiza con detenimiento la única prueba\n que presentó la querellante, esto es, los testimonios\n de Maria Encamación Morales de fojas 21, de Pablo Javier\n Vega de fojas 23 y 24, de Luz Maria Yaselga de fojas 24 y de\n Rafael de la Torre, de fojas 45. Con respecto a la primera, el\n fallo reconoce que la testigo vio que querellante y querellada\n discutían y peleaban, y que le dio recelo acercarse hasta\n el lugar del incidente, pero afirma luego "que la señora\n Blanca Caragulla le ha dicho en verdad en ofensa de Maria Moreta\n todos los insultos que aparecen de la acusación panicular".\n Si la deponente no estuvo en el lugar y le dio recelo acercarse,\n se vuelve evidente que no pudo escuchar las expresiones injuriosas\n y por eso esta testigo no señala ni declara que oyó\n las injurias. CUARTA.- El segundo testigo, esto es Pablo Javier\n Hernández Vega, indica que la señora Caragulla\n insultaba a la señora Moreta, pero concluye sus afirmaciones,\n señalando que no conoce a Blanca Lastenia Caragulla, lo\n cual vuelve inadmisible su atestación. La tercera testigo,\n Luz María Yaselga Duque, afirma que oyó gritos\n que profería la querellada, sin embargo de lo cual, concluye\n su declaración señalando que no conoce a Blanca\n Caragulla y lo que es mas "solo por ese problema no más\n le vi". No se admite con sana crítica, cómo\n la testigo puede atribuir las expresiones injuriosas a una persona\n que no conocía. Finalmente, el último testigo se\n limita a indicar que es verdad lo que se le pregunta, sin dar\n ninguna razón de sus dichos, por lo que su testimonio\n carece de las condiciones que la ley impone para apreciar esta\n prueba en su idoneidad y eficacia. QUINTA.- No queda duda que,\n el análisis que hace la Corte Superior de Ibarra -Segunda\n Sala-, con respecto a la única prueba que aparece del\n proceso, esto es la testimonial para descartarla, es conforme\n a derecho, pues con testimonios de tal modo referenciales, débiles\n e inadmisibles, no puede aceptarse la acción, tanto más\n que no existe otra justificación probatoria de la que\n hacer mérito. Por lo expuesto, no existiendo violación\n de la ley en la sentencia, esta Primera Sala de Casación\n Penal, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR\n AUTORIDAD DE LA LEY, declara improcedente el recurso de casaci&oac

 

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